MONTAJE JUDICIAL Y TERROR POLICIACO SACUDEN LOS REYES LA PAZ
Por: EXPEDIENTE SECRETO
De acuerdo con testimonios de los afectados, los agentes no
contaban con órdenes de aprehensión ni con orden de cateo, pero aun así
violentaron cerraduras, ingresaron por la fuerza y sometieron a toda la
familia. La pregunta que hoy retumba entre comerciantes y vecinos de Los Reyes
La Paz es inevitable: ¿cuál era el verdadero objetivo del operativo?, ¿detener
delincuentes o silenciar a quien denunció públicamente una red de extorsión
protegida políticamente?
Aunque la familia de Juan Cerda fue liberada horas después, el
líder comerciante permanece detenido bajo acusaciones de robo a mano armada.
Sin embargo, el caso comienza a derrumbarse por sí solo. En las audiencias
realizadas en los juzgados de Neza-Bordo no se han presentado supuestas
víctimas ni denunciantes del delito que se le imputa, alimentando la versión de
que se trata de un montaje fabricado para encarcelarlo y callarlo.
La situación resulta todavía más delicada porque en el
operativo participó la Guardia Nacional, corporación que el gobierno de Morena
presume como ejemplo de honestidad y confianza pública. Hoy, esa misma
institución aparece señalada de prestarse a una operación que, según
comerciantes, busca fabricar delitos para castigar a quien denunció
públicamente a grupos criminales que operan en el tianguis de la Avenida
Morelos.
LA DENUNCIA QUE HABRÍA DESATADO LA PERSECUCIÓN
El “pecado” de Juan Cerda habría sido exhibir una presunta red
de extorsión encabezada por José Emilio Molina Méndez, alias “El Millones”, su
hijo Enrique Molina, conocido como “El Kike”, así como Axel Villaseñor,
personajes vinculados presuntamente al grupo criminal “Sindicato 22 de Octubre”,
liderado por Héctor Becerril, criminal, con quien el esposo de la alcaldesa
morenista presuntamente negocio la explotación de los pozos de agua de la
localidad.
Los comerciantes aseguran que esta estructura criminal comenzó
a operar desde diciembre de 2025 exigiendo cuotas diarias de entre 300 y 400
pesos para permitirles trabajar. Quien no pagaba era desplazado o amenazado, es
el mismo modus operandi que implemento Christian Jesús Castillo Grimaldo,
alias, “El Jimmy”, líder del “Sindicato 22 de Octubre”, en Chalco, quien además
era regidor por el Partido Verde.
La violencia escaló el 10 de febrero, cuando entre 30 y 40
hombres armados irrumpieron en la zona comercial y tomaron por la fuerza varios
puestos. Los hechos quedaron grabados en cámaras de seguridad y teléfonos
celulares, además de ocurrir prácticamente frente al palacio municipal de Los
Reyes La Paz.
A PESAR DE ELLO, DENUNCIAN QUE NINGUNA AUTORIDAD ACTUÓ
Los comerciantes sostienen que informaron directamente de lo
ocurrido a la alcaldesa morenista Martha Guerrero y a su esposo, Tranquilino
Lagos Buenabad, quien presuntamente sostuvo reuniones con las víctimas
prometiendo resolver el problema y pidiéndoles que evitaran hacerlo público.
Nada ocurrió. Por el contrario, denuncian que el grupo criminal continuó
expandiendo su control.
MANIFESTACIONES, DENUNCIAS Y LIBERACIONES SOSPECHOSAS
La desesperación llevó a comerciantes a convocar una
conferencia de prensa el pasado 13 de abril para denunciar públicamente la
situación. Un día después, cientos de vendedores se manifestaron afuera del
Ministerio Público de Los Reyes La Paz tras la detención de un presunto
extorsionador identificado como Óscar Pozos Rodríguez.
La captura quedó asentada en la carpeta de investigación NUC:
TLA/FTR/FTR/013/100462/26/04 por el delito de extorsión. Sin embargo, pese a
las acusaciones y protestas, el detenido fue liberado al día siguiente.
Para muchos comerciantes, aquello confirmó lo que desde hace
meses denuncian: la existencia de protección institucional para grupos
criminales que operan en la zona.
SEÑALAMIENTOS DE CORRUPCIÓN EN LA FISCALÍA
Otro nombre que aparece constantemente en las denuncias es el
de Oscar Paulin, jefe de departamento de la agencia del Ministerio Público en
Los Reyes La Paz, señalado presuntamente por vínculos con grupos delictivos de
la región.
Versiones internas aseguran que el funcionario había sido
removido meses atrás a Nezahualcóyotl, pero que logró regresar recientemente a
Los Reyes La Paz gracias al respaldo de altos mandos de la Fiscalía mexiquense.
Incluso, dentro de la propia dependencia circula la versión de que el regreso
habría costado alrededor de 200 mil pesos.
Trabajadores y comerciantes aseguran además que Paulin es
considerado uno de los funcionarios cercanos al fiscal general José Luis
Cervantes Martínez, debido a su supuesta capacidad de “recaudación” con grupos
criminales que operan en la zona oriente del Estado de México.
Mientras tanto, la pregunta sigue creciendo entre comerciantes
y ciudadanos: ¿Por qué se movilizan fuerzas federales para detener a un líder
comerciante que denunció extorsiones, pero no para capturar a los grupos
armados señalados públicamente desde hace meses?
En Los Reyes La Paz, cada vez más personas comienzan a
sospechar que el verdadero delito de Juan Cerda no fue un robo, sino haber
hablado demasiado.
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