ALERTAN RIESGO DE CENSURA POR NUEVOS LINEAMIENTOS
SOBRE DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS
*El proyecto sometido a consulta pública busca fortalecer la
protección del público, pero organismos del sector advierten ambigüedades que
podrían abrir espacio a la intervención estatal en contenidos informativos y
decisiones editoriales
Por: EXPEDIENTE SECRETO
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sometió a
consulta pública los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos
de las Audiencias, con el propósito de establecer reglas para garantizar
información veraz, diferenciar los contenidos noticiosos de las opiniones y
fortalecer los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos pueden presentar
inconformidades.
El periodo de consulta inició el 27 de julio y concluirá el 21
de agosto.
Aunque el proyecto plantea medidas relacionadas con la
transparencia, la accesibilidad, la identificación de publicidad y la protección
de los derechos del público, representantes de la industria de la radio y la
televisión han advertido que en realidad lo que pretenden es incidir sobre el
alcance de la intervención de la autoridad en contenidos informativos.
La principal preocupación se concentra en la posibilidad de
que conceptos como “información falsa”, “información descontextualizada” o
“veracidad” puedan ser interpretados de manera discrecional y utilizados para
revisar o cuestionar decisiones editoriales.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
(CIRT) señaló que el proyecto contiene disposiciones ambiguas que podrían
permitir a la autoridad ampliar su participación en la evaluación de contenidos
difundidos por concesionarios.
El organismo también expresó preocupación por la relación que
los lineamientos establecerían entre la autoridad y los defensores de las
audiencias, así como por el alcance de las sanciones previstas.
De acuerdo con la postura de la industria, las multas y
mecanismos contemplados en el proyecto podrían superar las facultades
establecidas en la legislación vigente, por lo que pidió revisar el contenido
antes de que los lineamientos sean aprobados.
El debate ocurre en un escenario político marcado por los
constantes señalamientos desde el poder, específicamente desde “La Mañanera” contra
medios, periodistas y analistas que cuestionan las políticas gubernamentales.
Diversos comunicadores han denunciado que las críticas al
gobierno suelen ser respondidas con descalificaciones políticas, acusaciones de
representar intereses conservadores o señalamientos que buscan desacreditar el
contenido de sus investigaciones.
En ese contexto, especialistas y representantes del sector
consideran que cualquier mecanismo que permita a una autoridad evaluar la
veracidad de contenidos periodísticos debe contar con reglas claras, límites
definidos y garantías que impidan su utilización como instrumento de presión.
El riesgo, advierten, no se encuentra únicamente en la
aplicación directa de sanciones, sino en la posibilidad de que los procedimientos
administrativos generen condiciones de autocensura.
Si periodistas, conductores o medios consideran que una
interpretación crítica puede ser clasificada como información
descontextualizada o que una queja puede derivar en una revisión administrativa,
podrían modificar la forma en que abordan determinados temas para evitar
consecuencias regulatorias.
La preocupación es que la regulación termine generando un
efecto inhibidor sobre la libertad de expresión.
Organizaciones defensoras de la libertad de prensa han
señalado en distintos momentos que la censura no siempre se presenta mediante
el cierre de medios o la prohibición abierta de contenidos. También puede
manifestarse a través de sanciones económicas, procedimientos administrativos,
presiones regulatorias o mecanismos que incrementan el costo de publicar
información crítica.
La discusión, por tanto, no se limita a determinar si las
audiencias deben contar con derechos, sino a establecer quién tendrá la
facultad de interpretar las reglas y cuáles serán los límites de la autoridad.
Los medios deben responder por información falsa o incorrecta
cuando exista evidencia de ello y garantizar mecanismos de rectificación,
derecho de réplica y transparencia.
Sin embargo, representantes del sector sostienen que la
responsabilidad periodística debe diferenciarse de cualquier modelo que otorgue
al poder político la capacidad de determinar qué opiniones son aceptables o qué
interpretaciones pueden difundirse.
La libertad de expresión se sustenta en la pluralidad, el
contraste de información, la crítica y la posibilidad de cuestionar a quienes
ejercen el poder.
Por ello, el resultado de la consulta pública será
determinante para conocer si los nuevos lineamientos fortalecen realmente los
derechos de las audiencias o si, como advierten sus críticos, podrían abrir la
puerta a una mayor intervención gubernamental en los contenidos de radio y
televisión.
El desafío será construir reglas que protejan al público sin
convertir a la autoridad en un árbitro de la verdad.
México enfrenta una discusión que podría definir el futuro de
la relación entre el Estado, los medios y la sociedad.
La defensa de las audiencias no debería utilizarse para
limitar la crítica ni para condicionar el trabajo periodístico. El reto será
garantizar información responsable sin debilitar el derecho de los ciudadanos a
recibir opiniones diversas, investigaciones incómodas y contenidos que
cuestionen al poder.
