LA REALIDAD DE LA NOTICIA

PIDEN AYUDA PARA LOCALIZAR A EDER ISRAEL ALEJANDRE RAMÍREZ, DESAPARECIDO EN NEZAHUALCÓYOTL   *Familiares piden apoyo urgente de la ciuda...

miércoles, 3 de junio de 2026

PIDEN AYUDA PARA LOCALIZAR A EDER ISRAEL ALEJANDRE RAMÍREZ, DESAPARECIDO EN NEZAHUALCÓYOTL

 

*Familiares piden apoyo urgente de la ciudadanía para difundir su fotografía y cualquier información que ayude a localizarlo

 


CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México, 3 de junio de 2026.– Familiares y amigos solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar al adolescente Eder Israel Alejandre Ramírez, de 14 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 2 de junio de 2026 en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

 

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el menor cuenta con las siguientes características físicas:

 

Edad: 14 años.

 

Tez: morena.

 

Cara: cuadrada.

 

Ojos: cafés, medianos y almendrados.

 

Desde el momento de su desaparición, familiares han iniciado una intensa búsqueda y piden a la población compartir su fotografía e información con la finalidad de ampliar su localización.

 

Cualquier persona que cuente con datos que permitan ubicar a Eder Israel Alejandre Ramírez puede comunicarse de inmediato con sus familiares o con las autoridades correspondientes.

 

La difusión oportuna de la información puede ser fundamental para lograr su pronto regreso a casa.

 

Se solicita a la ciudadanía compartir esta información en redes sociales y grupos vecinales.

 

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BALACERA EN CHALCO DEJA DOS MUERTOS Y REAVIVA

 DENUNCIAS POR IMPUNIDAD


*Mientras autoridades hablan de paz, vecinos acusan que la violencia, las extorsiones y la falta de resultados siguen marcando la realidad del municipio

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


CHALCO, Estado de México, 3 de junio de 2026.– La balacera registrada la tarde del pasado 28 de mayo en el barrio San Sebastián, a escasas cuadras del centro histórico de Chalco, volvió a poner bajo la lupa la grave crisis de inseguridad que enfrenta el municipio gobernado por Morena.

 

De acuerdo con reportes difundidos por vecinos y usuarios de redes sociales, los hechos ocurrieron sobre la calle Valientes, esquina Niño Artillero, detrás de la base de combis con dirección a Mixquic, donde se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego que provocaron pánico entre los habitantes y una intensa movilización de cuerpos de seguridad.

 

Los reportes preliminares señalan que el saldo fue de dos personas muertas y varios lesionados. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido información amplia sobre el caso ni han dado a conocer resultados concretos de las investigaciones.

 

Versiones difundidas entre habitantes de la zona apuntan a que el ataque podría estar relacionado con disputas entre grupos dedicados a actividades ilícitas, particularmente la venta de drogas. No obstante, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades ministeriales.

 

Lo que sí genera indignación entre vecinos es que, según denuncian, existen diversos puntos identificados por la propia comunidad donde presuntamente se desarrollan actividades relacionadas con el narcomenudeo, sin que se observen acciones contundentes para combatirlas. Habitantes consultados afirman que estos lugares operan desde hace tiempo ante la aparente indiferencia de las autoridades.

 

La violencia ocurrida en Chalco coincidió con la participación de la presidenta municipal, Abigail Sánchez Martínez, en la instalación de los Consejos de Paz y Justicia Cívica del Estado de México y sus municipios, celebrada en Toluca. El contraste entre los discursos institucionales sobre la construcción de paz y la realidad que se vive en diversas colonias del municipio provocó numerosas críticas entre la población.

 

Vecinos señalan que la inseguridad continúa siendo uno de los principales problemas de Chalco. A ello se suman denuncias recurrentes por robos, extorsiones, comercio informal y descontrolado, así como diversas actividades ilícitas que, aseguran, afectan la vida cotidiana de comerciantes, transportistas y ciudadanos.

 

Asimismo, habitantes expresan preocupación por las denuncias públicas que desde hace años vinculan al denominado "Sindicato 22 de Octubre" con presuntos cobros de derecho de piso a diversos sectores del transporte. Estas acusaciones no han derivado en acciones visibles por parte de las autoridades municipales que permitan esclarecer la situación y brindar certeza a la población.

 

La principal preocupación entre los ciudadanos es la percepción de impunidad. Tras cada episodio de violencia, señalan, las autoridades suelen desplegar operativos, acordonar las zonas de los hechos e iniciar carpetas de investigación; sin embargo, rara vez se informa sobre detenciones o sentencias relacionadas con los responsables.

 

Mientras la administración municipal participa en foros y consejos destinados a fortalecer la paz, las calles de Chalco continúan siendo escenario de hechos violentos que mantienen en alerta a la población. Para muchos habitantes, el problema ya no es únicamente la inseguridad, sino la falta de resultados tangibles que permitan recuperar la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el orden y la tranquilidad pública.

martes, 2 de junio de 2026

SECUESTRAN A PERIODISTA EN VERACRUZ Y LA IMPUNIDAD

 VUELVE A EXHIBIR EL FRACASO DEL ESTADO

 

*La desaparición de Roxana Guzmán reabre la herida de la violencia contra la prensa en un país donde los ataques a periodistas rara vez encuentran castigo

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


NANCHITAL, Veracruz, 2 de junio de 2026.- El secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, vuelve a exhibir la fragilidad de la libertad de expresión en México y la incapacidad histórica del Estado para proteger a quienes ejercen el periodismo en regiones dominadas por la violencia y el miedo.

 

La mañana de este martes, sujetos armados irrumpieron violentamente en un domicilio de Nanchital y se llevaron por la fuerza a la comunicadora. Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que tres hombres encapuchados y armados derriban la puerta e ingresan apuntando con armas de fuego a los presentes, en una escena que recuerda más a un operativo criminal que a un hecho aislado.

 

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la apertura de una carpeta de investigación por la privación ilegal de la libertad de la periodista y aseguró que realiza labores para localizarla. Sin embargo, para organizaciones defensoras de la prensa, las promesas institucionales suelen llegar después de los hechos consumados y rara vez terminan en justicia.

 

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) confirmó que Roxana Guzmán fue sustraída por la fuerza y desplegó personal especializado para acompañar a sus familiares. Mientras tanto, la incertidumbre crece en torno al paradero de la comunicadora.

 

El caso ocurre en un país donde informar sigue siendo una actividad de alto riesgo. México se mantiene desde hace años entre las naciones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos de guerra. La desaparición de periodistas, las amenazas, los atentados y los asesinatos forman parte de una realidad que los gobiernos de distintos partidos no han logrado revertir.

 

Las cifras son demoledoras. Desde el año 2000, al menos 174 periodistas han sido asesinados y 33 permanecen desaparecidos. La mayoría de los expedientes continúan sin resolverse, alimentando un círculo de impunidad que envía un mensaje devastador: en México, atacar a la prensa sigue siendo un delito con escasas consecuencias.

 

Durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al menos 12 periodistas fueron asesinados y uno más desapareció, de acuerdo con registros de organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión. Los números contradicen el discurso oficial de fortalecimiento institucional y evidencian que las agresiones contra comunicadores continúan siendo una emergencia nacional.

 

Aún más alarmante es el desempeño de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Desde su creación en 2010 y hasta septiembre de 2025, apenas logró nueve sentencias por asesinato de periodistas y cuatro por tentativa de homicidio. El contraste es brutal: en ese mismo periodo, organizaciones especializadas documentaron al menos 126 periodistas asesinados y 17 desaparecidos.

 

La desaparición de Roxana Guzmán no solo representa un ataque contra una periodista; constituye una agresión directa al derecho de la sociedad a estar informada. Cada comunicador silenciado amplía las zonas de oscuridad donde prosperan la corrupción, el crimen organizado y los abusos de poder.

 

Mientras las autoridades prometen investigaciones, una pregunta vuelve a resonar con fuerza en Veracruz y en todo México: ¿cuántos periodistas más tendrán que ser secuestrados, desaparecidos o asesinados antes de que la protección a la prensa deje de ser un discurso y se convierta en una realidad?

CAE “EL BORREGAS”; QUEDAN INTACTAS LAS REDES

 POLÍTICAS QUE LO PROTEGIERON


*La captura del presunto operador criminal exhibe vínculos históricos entre sindicatos fachada, poder municipal y funcionarios que aún no enfrentan la justicia

 



Por: EXPEDIENTE SECRETO


ECATEPEC, Estado de México, 2 de junio de 2026. La detención de Misael Rodríguez Fragoso, alias “El Borregas”, no debería ser presentada como un triunfo aislado de las autoridades. Por el contrario, pone nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda que durante años ha permanecido sin respuesta: ¿cómo fue posible que personajes vinculados a estructuras criminales crecieran, operaran y consolidaran poder político, económico y territorial sin la protección o la omisión de funcionarios municipales?

 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la captura de Misael Rodríguez Fragoso, identificado como integrante relevante de agrupaciones que operaban bajo la fachada de sindicatos y que actualmente es investigado por delitos como extorsión, secuestro, robo con violencia y despojo. Sin embargo, el caso va mucho más allá de un solo detenido.

 

Su primo, Guillermo Fragoso Báez, conocido como “El Memo” o “El Jefe”, permanece prófugo de la justicia pese a contar con una orden de aprehensión por los delitos de extorsión agravada, extorsión a mototaxistas, taxistas y piperos, radicada en la causa penal 88/2025. Lo más grave es que no se trata de un personaje desconocido para la vida pública de Ecatepec. Fue regidor durante la administración 2019-2021, en el primer gobierno del entonces alcalde morenista y hoy diputado federal Fernando Vilchis Contreras, demostrando que los presuntos vínculos entre política y estructuras criminales no surgieron de la nada.

 

La historia se vuelve todavía más preocupante cuando se recuerda que Merced Guillermo Fragoso Estévez, padre de Guillermo Fragoso Báez, fue nombrado director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal durante la misma administración. Desde esa posición estratégica se presume que operaron estructuras de poder que hoy son objeto de investigaciones judiciales.

 

La captura de “El Borregas” también revive los cuestionamientos sobre la relación que diversos actores políticos mantuvieron con estos grupos. Durante años, Guillermo Fragoso presumió cercanía con personajes del poder local. Fotografías públicas donde aparece junto a la actual alcaldesa morenista Azucena Cisneros Coss han generado cuestionamientos legítimos sobre la naturaleza de esa relación y sobre el nivel de conocimiento que existía respecto a las actividades de quienes hoy son señalados por la justicia.

 

Pero el problema no termina en Ecatepec. Las investigaciones apuntan a organizaciones como USON, 25 de Marzo y Piperos de Ecatepec y Estado de México, estructuras que durante años se presentaron como sindicatos, aunque las autoridades ahora las vinculan con actividades delictivas. Su presencia se habría extendido a municipios como Chalco, Valle de Chalco, Chicoloapan y Amecameca, además de diversas alcaldías de la Ciudad de México.

 

Particular atención merece el denominado Sindicato 22 de Octubre, relacionado con la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), organización que ha sido señalada por su influencia en la distribución y comercialización de agua mediante pipas en distintas localidades mexiquenses.

 

Hoy la estructura criminal “Sindicato 22 de Octubre”, se encuentra operando en Los Reyes La Paz con el permiso y la presunta complicidad de Tranquilino Lagos Buenabad, esposo da la alcaldesa morenista, Martha Guerrero, quien le ha dado todas las facilidades al grupo criminal para imponer un sistema de extorsión. Se trata de un negocio multimillonario que durante años ha prosperado en medio de la escasez del líquido y la incapacidad gubernamental para garantizar el suministro regular a la población.

 

Ante este escenario, resulta inevitable preguntarse por qué las autoridades federales y estatales continúan actuando únicamente sobre operadores de nivel medio mientras las estructuras políticas, financieras y de protección institucional permanecen intactas. Cada detención parece formar parte de una estrategia mediática para demostrar resultados, pero no de una verdadera ofensiva para erradicar las redes que permitieron el crecimiento de estos grupos.

 

Si realmente existe voluntad de combatir a estas organizaciones, la investigación tendría que alcanzar a quienes les abrieron las puertas de los gobiernos municipales, a quienes les otorgaron espacios de poder, a quienes les permitieron controlar territorios y a quienes, por acción u omisión, facilitaron que se convirtieran en actores dominantes en amplias regiones del Estado de México.

 

La captura de “El Borregas” podría representar el inicio de una limpieza institucional o convertirse en otro episodio de simulación gubernamental. Por ahora, los hechos parecen apuntar a lo segundo: golpes espectaculares contra algunos integrantes, mientras las estructuras políticas que los cobijaron continúan intactas y sin rendir cuentas ante la ciudadanía.

lunes, 1 de junio de 2026

CANJEAN ARMAS, PERO NO DETIENEN LA IMPUNIDAD EN ECATEPEC

 

*Ausencia de Azucena Cisneros, ciudadanos obligados a esperar horas y cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad empañan el arranque del programa estatal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


ECATEPEC, Estado de México, 1 de junio de 2026.- Mientras las autoridades estatales presumían el arranque del Programa de Canje de Armas 2026 en Ecatepec como una estrategia para promover la paz y reducir la violencia, la realidad que enfrentan diariamente miles de habitantes del municipio terminó por exhibir el enorme contraste entre el discurso oficial y la crisis de inseguridad que continúa golpeando a una de las localidades más violentas del Estado de México.

 

El módulo de recepción fue instalado frente al Palacio Municipal para recibir de manera voluntaria y anónima armas de fuego, municiones y otros artefactos a cambio de una compensación económica. Además, se habilitó un programa de intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos con el propósito de fomentar una cultura de paz entre niñas, niños y adolescentes.

 

Sin embargo, para muchos ciudadanos presentes en el evento, la ceremonia estuvo marcada por la ausencia de resultados concretos en materia de seguridad y por la falta de atención de las autoridades municipales.

 

De acuerdo con datos oficiales, durante 2025 fueron entregadas en Ecatepec 31 armas de fuego y 868 cartuchos útiles, por los cuales se otorgaron más de 202 mil pesos en compensaciones económicas. No obstante, diversos vecinos cuestionaron la efectividad de estas cifras frente a la magnitud de la violencia que enfrenta el municipio.

 

"Treinta y una armas retiradas en un año representan poco frente a una realidad donde continúan registrándose homicidios, extorsiones, robos y operaciones criminales en distintas colonias", señalaron algunos asistentes.

 

En representación del gobierno municipal acudió el comisario de Seguridad Pública, Capitán de Marina Luis Alberto Taylor González. Sin embargo, entre elementos de la corporación y ciudadanos persisten críticas sobre el desempeño de la estrategia de seguridad implementada en la localidad, la cual no ha logrado revertir la percepción de inseguridad que prevalece en amplias zonas del municipio.

 

Durante el acto protocolario, Juan Carlos Sánchez, subdirector de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, destacó que Ecatepec se ubicó entre los cinco municipios con mayor participación en el programa de canje de armas durante el año pasado, junto con Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Toluca.

 

Las autoridades también aseguraron que en diferentes jornadas han sido entregadas armas de uso exclusivo del Ejército, armamento de alto calibre e incluso explosivos que posteriormente fueron destruidos bajo protocolos especiales. Sin embargo, durante el evento no se presentaron evidencias documentales o estadísticas detalladas que permitieran dimensionar el impacto real de estas acciones sobre los índices delictivos.

 

LA SITUACIÓN SE TENSÓ AÚN MÁS DEBIDO A LA AUSENCIA DE LA ALCALDESA MORENISTA AZUCENA CISNEROS COSS

 

Padres de familia, estudiantes y docentes manifestaron su molestia luego de permanecer durante varias horas en la explanada municipal bajo la expectativa de que la presidenta municipal encabezaría el evento. Según los inconformes, fueron citados desde las 9 de la mañana y permanecieron en el lugar hasta aproximadamente las 2 de la tarde sin recibir explicación alguna sobre la inasistencia de la edil.

 

"Nos hicieron venir para llenar el evento y ni siquiera tuvo la atención de presentarse", reclamaron algunos asistentes.

 

Otros cuestionaron que decenas de estudiantes fueran movilizados para un acto oficial sin que se les proporcionaran condiciones mínimas de atención, como agua o espacios adecuados para resguardarse.

 

PERO LAS CRÍTICAS MÁS SEVERAS SE CENTRARON EN EL FONDO DEL PROBLEMA

 

Especialistas en seguridad consultados por diversos medios han sostenido que programas como el canje de armas tienen efectos limitados si no se acompañan de investigaciones profundas sobre las estructuras criminales, las redes de corrupción institucional y la posible colusión entre autoridades y grupos delictivos.

 

En ese contexto, nuevamente resurgen los cuestionamientos políticos que durante años han acompañado a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

 

Uno de los señalamientos más recurrentes ha sido su relación política con Alejandro Gilmaré Mendoza, alias "El Choko", identificado por autoridades como líder de "La Chokiza", grupo que ha sido vinculado con actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidios, invasiones de vivienda y despojos de propiedades.

 

Las declaraciones realizadas en el pasado por la propia Cisneros Coss, cuando calificó públicamente a "El Choko" como un "luchador social" y un "gran ser humano", continúan presentes en la sociedad que cuestionan su criterio político y exigen explicaciones sobre dichas expresiones.

 

Las dudas crecieron tras recientes episodios relacionados con la presencia de integrantes de grupos criminales al interior de un hotel y operando en el municipio sin que existieran acciones contundentes por parte de la autoridad local.

 

Ante este escenario, ciudadanos y diversos sectores sociales han solicitado a las autoridades federales reforzar las investigaciones sobre posibles redes de protección institucional y ampliar las acciones de inteligencia contra organizaciones criminales que operan en Ecatepec.

 

Porque para miles de habitantes de la localidad, el problema de fondo no radica únicamente en las armas que algunos ciudadanos entregan voluntariamente, sino en la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales que continúan disputándose territorios, extorsionando comerciantes y sembrando miedo en una población que, una vez más, observa cómo los eventos oficiales generan más propaganda que respuestas.