EN LA PAZ: SANGRE, MIEDO Y UN GOBIERNO REBASADO
*Entre ejecuciones, señalamientos de corrupción policial y un gobierno dedicado a la propaganda, habitantes de La Paz denuncian que el municipio quedó en manos del crimen
Por EXPEDIENTE SECRETO
La víctima fue identificada por sus familiares como Andrés
Páez Fernández, de 33 años. Según los testimonios, alrededor de la 9 de la
noche, apenas había salido de su domicilio cuando se escucharon las
detonaciones. Segundos después, su cuerpo yacía sobre el asfalto. Los paramédicos
solo llegaron para confirmar la muerte. Los asesinos, según vecinos, escaparon
tranquilamente a bordo de un Tsuru blanco. Como ocurre casi siempre, las
patrullas aparecieron únicamente para acordonar la escena cuando todo había
terminado.
La historia se repite una y otra vez en un municipio
convertido en terreno fértil para sicarios, extorsionadores y narcomenudistas.
La ciudadanía vive abandonada mientras el gobierno municipal parece más preocupado
por fabricar propaganda política que por recuperar la seguridad. Porque mientras
las ejecuciones aumentan, desde el círculo cercano de la alcaldesa se insiste
en construir una narrativa ficticia de “gobernabilidad” y “aceptación
ciudadana”.
Y es ahí donde el nombre de Tranquilino Lagos Buenabad vuelve
a aparecer. El esposo de la alcaldesa presume públicamente ser operador
político de Morena en el municipio, pero bajo esa estructura política el crimen
organizado parece operar con absoluta comodidad. Los delincuentes saben
perfectamente que en La Paz difícilmente serán perseguidos y mucho menos
detenidos.
Las sospechas sobre presuntos nexos entre mandos policiacos y
grupos criminales crecen cada día. Policías municipales, bajo condición de
anonimato, aseguran que Isaías Ramírez Ariel, director operativo de la
corporación, con indicativo “Gallo”, habría ordenado a los elementos no actuar
contra integrantes de la delincuencia organizada. De ser ciertas estas
declaraciones, se trataría de un hecho gravísimo: una policía municipal
sometida, paralizada y presuntamente infiltrada.
A ello se suma el severo cuestionamiento contra el titular de
Seguridad Pública municipal, el contraalmirante Eduardo Fouilloux Batalle, a
quien elementos de la propia corporación describen como un mando ausente,
desconectado y sin control real sobre la crisis de violencia que consume al
municipio. Mientras tanto, las ejecuciones continúan, los criminales operan con
impunidad y la población queda atrapada entre el terror y la indiferencia
institucional.
La pregunta ya no es si La Paz está fuera de control. La
verdadera pregunta es cuánto más tendrá que soportar la ciudadanía antes de que
las autoridades estatales y federales intervengan seriamente en un municipio
donde la violencia parece haberse normalizado y donde la autoridad llega siempre
tarde… o nunca llega.
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