MAPA CRIMINAL EXHIBE PRESUNTA PROTECCIÓN DE MORENA Y EL PVEM A SINDICATOS LIGADOS A EXTORSIÓN EN EL EDOMEX
Por: EXPEDIENTE SECRETO
Porque mientras la Fiscalía asegura tener plenamente
identificados a más de 20 grupos criminales, sus zonas de operación, sus
actividades ilícitas y hasta sus estructuras de control territorial, la
pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué continúan operando con absoluta
impunidad?
La respuesta parece encontrarse en la protección política. Y
es ahí donde el gobierno de Delfina Gómez queda severamente cuestionado.
Lejos de emprender una limpia profunda dentro de Morena y de
los gobiernos municipales señalados por sus presuntos nexos con estas
estructuras, la mandataria mexiquense ha optado por el silencio, el
encubrimiento político y la simulación institucional.
Uno de los casos más graves es el del llamado Sindicato 22 de
Octubre, organización señalada por la propia Fiscalía por presuntos delitos
relacionados con extorsión, control territorial, invasión de predios y presión
contra comerciantes y transportistas.
Sin embargo, el líder de esta agrupación en Chalco —hoy
encarcelado— no surgió de la clandestinidad ni del anonimato criminal: era
regidor emanado del Partido Verde Ecologista de México, aliado político de
Morena en el Estado de México.
Es decir, mientras el gobierno estatal hablaba de combate al
crimen, personajes vinculados a organizaciones señaladas por la propia Fiscalía
ocupaban cargos públicos y operaban políticamente desde las instituciones.
En Los Reyes La Paz, las denuncias ciudadanas son todavía más
delicadas. Habitantes acusan desde hace años que el Sindicato 22 de Octubre
controla presuntamente pozos de agua, la distribución y venta del líquido,
además de intentar apoderarse de los tianguis locales para imponer cobros de
derecho de piso.
Todo ello, afirman diversas voces locales, bajo presuntos
acuerdos políticos ligados al entorno del gobierno municipal morenista.
El escándalo también alcanza a Ecatepec con el grupo conocido
como “La Chokiza”, señalado por actividades de presión y extorsión. Diversas
versiones apuntan a la cercanía de sus operadores con personajes del entorno
político de la alcaldesa morenista Azucena Cisneros Coss.
Frente a este escenario, la gobernadora Delfina Gómez no puede
seguir fingiendo desconocimiento.
Porque si la Fiscalía tiene plenamente identificadas estas
organizaciones, entonces el gobierno estatal también sabe perfectamente quiénes
son los funcionarios, regidores, operadores políticos y alcaldes que permitieron
su crecimiento.
El problema ya no es únicamente de seguridad. Es un problema
de presunta complicidad política.
Mientras Morena presume discursos de transformación y combate
a la corrupción, en municipios mexiquenses continúan creciendo estructuras criminales
que operan bajo la fachada de sindicatos, movimientos sociales o agrupaciones
populares, muchas de ellas con presuntos vínculos con actores políticos en
funciones.
Y aunque el gobierno estatal insiste en hablar de estrategia y
coordinación, la realidad es que los ciudadanos siguen viviendo bajo extorsión,
violencia, cobro de cuotas, despojo de propiedades y amenazas constantes.
El mapa criminal presentado por la Fiscalía, bajo las órdenes
del Fiscal General de Justicia, José Luis Cervantes Martínez, termina siendo,
en realidad, un retrato devastador del fracaso institucional de Morena en el
Estado de México.
Porque de nada sirve identificar a los criminales si el poder
político continúa protegiendo a quienes los hicieron crecer.
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