EXJEFE POLICIACO LIGADO A LOS CHAPITOS PONE CONTRA LAS CUERDAS A MORENA EN SINALOA
Por: EXPEDIENTE SECRETO
De acuerdo con la acusación estadounidense, Almanza Avilés
habría recibido sobornos mensuales de aproximadamente 300 mil pesos de la
facción criminal de "Los Chapitos" a cambio de brindar protección
institucional, facilitar operaciones de narcotráfico, liberar detenidos y
perseguir a rivales de la organización.
Los señalamientos son de una gravedad extraordinaria. No se
trata únicamente de un funcionario presuntamente corrupto, sino de quien
encabezó una de las áreas más sensibles de investigación criminal en Sinaloa,
una posición desde la cual, según la acusación, habría utilizado recursos del
Estado para favorecer los intereses de una organización criminal.
La pregunta que inevitablemente surge es cuántos funcionarios
conocían lo que ocurría y durante cuánto tiempo operó esta presunta red de
protección sin que existieran consecuencias administrativas, penales o
políticas.
El caso cobra especial relevancia porque ocurre mientras el gobernador
morenista Rubén Rocha Moya continúa enfrentando críticas de diversos sectores
que consideran insuficientes las explicaciones sobre la penetración del
narcotráfico en las instituciones estatales.
A ello se suma la figura del senador Enrique Inzunza Cázares,
exsecretario general de Gobierno durante la administración de Rocha Moya y uno
de los hombres más cercanos políticamente al mandatario estatal. Hasta ahora,
ninguno de los escándalos relacionados con presuntas redes de protección al
crimen organizado ha derivado en investigaciones políticas de alto nivel dentro
del partido gobernante.
La situación también alcanza al gobierno federal encabezado
por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sus adversarios han cuestionado que
Morena mantenga un respaldo político firme hacia Rocha Moya pese a que las
investigaciones, detenciones y procesos judiciales en Estados Unidos continúan
involucrando a exfuncionarios que formaron parte de las estructuras de
seguridad de Sinaloa.
Para la oposición, el problema ya no radica únicamente en las
acusaciones contra exmandos policiacos, sino en la negativa de Morena a asumir
costos políticos mientras continúan apareciendo nombres de funcionarios
vinculados con investigaciones sobre narcotráfico.
La entrega de Almanza Avilés podría convertirse en una pieza
clave para los fiscales estadounidenses. Su eventual cooperación con las
autoridades norteamericanas podría revelar cómo operaban los mecanismos de
protección institucional al crimen organizado, quiénes participaban en ellos y
hasta dónde llegaban las cadenas de mando.
Por ahora, el caso vuelve a colocar a Morena frente a una
incómoda contradicción: mientras Estados Unidos continúa procesando a
exfuncionarios mexicanos presuntamente ligados al narcotráfico, en México
persisten las resistencias políticas para deslindar responsabilidades o exigir
rendición de cuentas a quienes estuvieron al frente de las administraciones
donde esos funcionarios ejercieron poder.
La captura o entrega de un mando policiaco puede explicarse
como un hecho aislado. Sin embargo, cuando los expedientes comienzan a
acumularse, las preguntas dejan de dirigirse únicamente a los acusados y
empiezan a alcanzar a quienes los nombraron, los respaldaron o decidieron
mantenerlos dentro de las estructuras de gobierno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario