SONABA BIEN, PERO SÓLO EMPEORÓ
*En seguridad, este gobierno no solo no ha cumplido con
aquellas propuestas vanguardistas y disruptivas, sino que tampoco ha sido capaz
de aprovechar los instrumentos que tiene a su disposición.
Ciudad de México, 16 de Mayo de 2022. Uno de los temas en
los que el Presidente generó más expectativas durante su campaña de 2018 fue el
de la seguridad. Los postulados que él, y algunos de su equipo, expusieron eran
disruptivos pero interesantes, y muy distintos a lo que por 12 años escuchamos de
los gobiernos anteriores.
Hablaban de propuestas y conceptos que en muchos causaban
reticencia y hasta shock, por novedosos, pero que en muchos otros, más
entendidos de la problemática, llevaban automáticamente a un claro beneficio de
la duda.
El entonces candidato, tuvo como una de sus banderas el
impulsar la ley de amnistía. El argumento era sólido: excarcelar a aquellas
personas presas por abortar, por delinquir bajo coerción del crimen organizado
(si no era delito grave), indígenas sin acceso ha debida defensa, entre otros
conceptos.
La amnistía ya se había usado en otros países, con éxito. Y
en México se había usado al menos en cuatro ocasiones, principalmente por
motivos políticos. Por eso, ante el profundo entorno de violencia generado
desde 2007, y ante el hacinamiento carcelario, parecía una alternativa
relevante.
¿Qué pasó? Muy poco, o casi nada. Menos de 50 personas han
salido en libertad mediante el uso de la ley de amnistía. Si bien se han dado
preliberaciones en otras condiciones, por la ley en sí el número es irrisorio.
Otra propuesta importante de campaña, principalmente
abanderada por la exministra Sánchez Cordero, era la legalización y regulación
del uso de la mariguana. Fue uno de los temas que más atractivo tuvo en su
momento entre expertos en drogas y seguridad.
A cuatro años de que ganó la Presidencia, tres y medio de
ser Presidente, la propuesta sigue durmiendo el sueño de los (in)justos.
Sánchez Cordero ya fue senadora, después miembro del Gabinete (no recuerdo el
cargo), regresó al Senado como su Presidenta, y sigue sin haber legislación.
No solo eso, tardaron dos años en emitir el reglamento de la
importantísima e icónica reforma de 2017, con la que se permitió el uso
medicinal, terapéutico y científico de la cannabis, además de liberarse el uso
industrial del cáñamo. Y el mediocre reglamento ni siquiera se ha aplicado a
cabalidad.
Un beneficio claro de lograr una regulación integral de
cannabis sería el de reorientar muy necesarias energías y fuerzas de seguridad
en combatir delitos mayores, además de minimizar la entrada de personas a las
cárceles por portar la ridícula cantidad de más de 5 gramos de esta planta.
También se habló mucho en campaña de la justicia
restaurativa, como parte de los esfuerzos integrales para revertir los
problemas de inseguridad y violencia, y para lograr una reinserción social
efectiva. De esto, nada se ha hablado ya durante la administración.
Pero este gobierno no solo no ha cumplido con aquellas
propuestas vanguardistas y disruptivas, sino que tampoco ha sido capaz de
aprovechar todos los instrumentos jurídicos que tiene a su disposición.
El actual gobierno debe ser al que mejor marco legal y
regulatorio se le heredó al momento de su toma de protesta. En materia de
seguridad y justicia, este gobierno tiene herramientas que ninguno tuvo;
buenas, regulares o malas, pero las tiene.
A este Presidente, derivado de la reforma de 2008 al sistema
de justicia penal que ni Calderón ni Peña lograron implementar, se le dejó un
Código Nacional de Procedimientos Penales, instrumento mucho más moderno para
agilizar la impartición de justicia, garantizando derechos de las víctimas.
Se le dejó una importante reforma del sistema penitenciario,
que buscaba que las cárceles dejaran de ser las grandes escuelas de crimen y
los grandes centros de violaciones a los derechos humanos. Volverlos verdaderos
centros de readaptación y de reinserción en la sociedad.
Además de impulsar que se otorguen habilidades de trabajo,
atención en salud, y deporte a las personas en prisión, se introdujo el
principio de justicia terapéutica para propiciar la rehabilitación de personas
sentenciadas por consumo de sustancias.
Lejos de saber usar este instrumento, el actual gobierno ha
descuidado aún más el sistema penitenciario, volviéndolo formalmente en el gran
centro de operaciones de extorsión, y buscando cómo encarcelar a más personas
al tratar de revertir los límites de la prisión preventiva oficiosa.
Y como estos instrumentos, hay un largo etcétera, como la
ley de Tortura, la legislación sobre desaparición forzada, entre muchos otros
que deberían darle muchas ventajas al gobierno para combatir la degradación actual
del país.
Finalmente, la 4T no ha movido un dedo en materia de
prevención social de la violencia, la principal herramienta que debería usar, a
pesar de contar con un sólido marco en la materia. Y ha quitado todo el
presupuesto de seguridad a la primea línea de batalla, que son los gobiernos
municipales.
Eso sí, ha profundizado de manera inusitada la
militarización que caracterizó a Calderón y Peña, pero ahora sin la menor
estrategia, con icónicos episodios como el desastre de la detención/liberación
del chapito, o su fraternal relación con la madre del Chapo.
La semana pasada todo quedó claro. Al Presidente le preocupa
más “cuidar” a los criminales que a la propia sociedad. Así que los siguientes
dos años y medio podemos esperar mayor descomposición y menor efectividad.
El tema de seguridad y violencia, junto con el tema
energético, serán de los principales desestabilizadores que la 4T le heredará a
un México ya de por sí endeble. Regresión sin cortapisas.
