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jueves, 21 de mayo de 2026

MORELOS: EL CRIMEN YA COBRA IMPUESTOS Y EL ESTADO SOLO OBSERVA


*La extorsión creció 320 por ciento en apenas 19 meses; familias pagan cuotas mensuales a dos cárteles para seguir con vida mientras el gobierno responde con discursos, líneas telefónicas y promesas vacías

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


MORELOS, México, 21 de mayo de 2026.- En Morelos, la extorsión dejó de ser un delito aislado para convertirse en un sistema de control territorial, económico y social que opera frente a la mirada impotente —o indiferente— de las autoridades. Lo que ocurre en la entidad ya no puede explicarse únicamente como un problema de inseguridad: es la consolidación de un poder criminal que impone reglas, cobra cuotas, desplaza al gobierno y condena a miles de ciudadanos a sobrevivir bajo amenaza permanente.

 

Las cifras son demoledoras. En septiembre de 2024, al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se registraron al menos 20 víctimas de extorsión. Para abril de 2026, la cifra subió a 84. El incremento es brutal: 320 por ciento en apenas 19 meses. Detrás del dato frío aparecen 762 denuncias acumuladas; es decir, más de una víctima por día que decidió romper el silencio aun sabiendo que denunciar en México puede equivaler a firmar una sentencia de muerte.

 

Pero las estadísticas apenas alcanzan a retratar una parte de la tragedia. La verdadera dimensión del colapso fue expuesta por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, quien describió una realidad que exhibe la desaparición práctica del Estado en algunas regiones de Morelos.

 

En Huautla, comunidad perteneciente al municipio de Tlaquiltenango, familias enteras deben pagar 200 pesos mensuales por cada integrante del hogar para que el crimen organizado “proteja” sus viviendas. No se trata de un impuesto oficial ni de una contribución gubernamental. Es un cobro criminal para poder seguir viviendo.

 

Una madre con cinco hijos debe entregar actualmente mil 400 pesos al mes. Y ni siquiera a un solo grupo delictivo. La población está atrapada entre las disputas de La Familia Michoacana y Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha generado una especie de doble tributación criminal donde los ciudadanos pagan dos veces para no ser asesinados.

 

Quien no paga enfrenta represalias inmediatas: incendios provocados, disparos contra viviendas, amenazas y desplazamiento forzado. El terror se volvió rutina. Incluso un párroco tuvo que abandonar su comunidad luego de ser amenazado de muerte por permitir el ingreso de la Guardia Nacional durante Semana Santa, como exigían los habitantes desesperados por recuperar algo de seguridad.

 

Mientras tanto, desde el gobierno federal, la respuesta parece reducida a la burocracia y la simulación. La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que basta con llamar al 089 para denunciar. Como si una llamada telefónica pudiera desmontar estructuras criminales que hoy cobran piso, controlan comunidades y desafían abiertamente a las instituciones.

 

En el ámbito estatal, el secretario de Gobierno de Morelos, Édgar Maldonado, habla de “caminar juntos” con empresarios y líderes religiosos. El problema es que mientras el discurso oficial habla de coordinación, las calles hablan otro idioma: miedo, abandono y resignación.

 

La señora que vende tamales, el comerciante que baja la cortina antes del anochecer, la familia que paga cuotas para no perder la vida, todos entendieron ya una verdad devastadora: están solos.

 

Solos frente a grupos criminales que cobran impuestos sin emitir facturas. Solos frente a autoridades que organizan mesas de trabajo mientras el territorio cambia de manos. Solos frente a un sistema incapaz de garantizar lo más básico: el derecho a vivir sin miedo.

 

Y todavía hay quienes exigen pruebas de que el crimen organizado está devorando al país. Como si las amenazas dejaran recibos fiscales. Como si los negocios incendiados necesitaran validación estadística. Como si los huérfanos del abandono institucional pudieran esperar a que el gobierno “investigue”.

 

En Morelos, la soberanía ya no parece ejercerse desde el Palacio de Gobierno. El verdadero poder se impone desde el miedo, desde las armas y desde las cuotas criminales que miles pagan en silencio para seguir respirando un día más.

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