MORELOS: EL CRIMEN YA COBRA IMPUESTOS Y EL ESTADO SOLO OBSERVA
Por: EXPEDIENTE SECRETO
Las cifras son demoledoras. En septiembre de 2024, al cierre
del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se registraron al menos 20 víctimas
de extorsión. Para abril de 2026, la cifra subió a 84. El incremento es brutal:
320 por ciento en apenas 19 meses. Detrás del dato frío aparecen 762 denuncias
acumuladas; es decir, más de una víctima por día que decidió romper el silencio
aun sabiendo que denunciar en México puede equivaler a firmar una sentencia de
muerte.
Pero las estadísticas apenas alcanzan a retratar una parte de
la tragedia. La verdadera dimensión del colapso fue expuesta por el obispo de
Cuernavaca, Ramón Castro Castro, quien describió una realidad que exhibe la
desaparición práctica del Estado en algunas regiones de Morelos.
En Huautla, comunidad perteneciente al municipio de Tlaquiltenango,
familias enteras deben pagar 200 pesos mensuales por cada integrante del hogar
para que el crimen organizado “proteja” sus viviendas. No se trata de un
impuesto oficial ni de una contribución gubernamental. Es un cobro criminal
para poder seguir viviendo.
Una madre con cinco hijos debe entregar actualmente mil 400
pesos al mes. Y ni siquiera a un solo grupo delictivo. La población está
atrapada entre las disputas de La Familia Michoacana y Cártel Jalisco Nueva
Generación, lo que ha generado una especie de doble tributación criminal donde
los ciudadanos pagan dos veces para no ser asesinados.
Quien no paga enfrenta represalias inmediatas: incendios
provocados, disparos contra viviendas, amenazas y desplazamiento forzado. El
terror se volvió rutina. Incluso un párroco tuvo que abandonar su comunidad
luego de ser amenazado de muerte por permitir el ingreso de la Guardia Nacional
durante Semana Santa, como exigían los habitantes desesperados por recuperar
algo de seguridad.
Mientras tanto, desde el gobierno federal, la respuesta parece
reducida a la burocracia y la simulación. La presidenta Claudia Sheinbaum
insiste en que basta con llamar al 089 para denunciar. Como si una llamada
telefónica pudiera desmontar estructuras criminales que hoy cobran piso,
controlan comunidades y desafían abiertamente a las instituciones.
En el ámbito estatal, el secretario de Gobierno de Morelos, Édgar
Maldonado, habla de “caminar juntos” con empresarios y líderes religiosos. El
problema es que mientras el discurso oficial habla de coordinación, las calles
hablan otro idioma: miedo, abandono y resignación.
La señora que vende tamales, el comerciante que baja la
cortina antes del anochecer, la familia que paga cuotas para no perder la vida,
todos entendieron ya una verdad devastadora: están solos.
Solos frente a grupos criminales que cobran impuestos sin
emitir facturas. Solos frente a autoridades que organizan mesas de trabajo
mientras el territorio cambia de manos. Solos frente a un sistema incapaz de
garantizar lo más básico: el derecho a vivir sin miedo.
Y todavía hay quienes exigen pruebas de que el crimen
organizado está devorando al país. Como si las amenazas dejaran recibos
fiscales. Como si los negocios incendiados necesitaran validación estadística.
Como si los huérfanos del abandono institucional pudieran esperar a que el
gobierno “investigue”.
En Morelos, la soberanía ya no parece ejercerse desde el
Palacio de Gobierno. El verdadero poder se impone desde el miedo, desde las
armas y desde las cuotas criminales que miles pagan en silencio para seguir
respirando un día más.

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