FISCALÍA MEXIQUENSE: LA CORRUPCIÓN QUE CERVANTES YA NO QUIERE TOCAR
*Entre rotaciones, renuncias y escándalos internos, la Fiscalía
mexiquense exhibe una corrupción estructural que el fiscal José Luis Cervantes
Martínez ya no logra —o no quiere— contener
Por: EXPEDIENTE SECRETO
Las cifras son demoledoras: 579 servidores públicos fueron
dados de baja entre abril de 2025 y marzo de 2026. De ellos, 281 eran Agentes
del Ministerio Público; 115 Policías de Investigación; 119 trabajadores
administrativos; además de peritos, conciliadores y mandos medios y superiores.
Es decir, prácticamente todas las áreas estratégicas de la Fiscalía están
contaminadas.
Y aunque el documento intenta disfrazar la crisis señalando
que “la mayoría” de las bajas fueron voluntarias, la realidad es que el propio
informe reconoce renuncias derivadas de actos de corrupción, investigaciones
penales y procedimientos internos. Lo alarmante no es únicamente el número de
funcionarios involucrados, sino que la corrupción parece operar como una
estructura normalizada dentro de la institución.
El discurso de la “nueva construcción institucional” quedó
reducido a un simple mecanismo de rotación de personal. Más de mil 60 servidores
públicos fueron cambiados de adscripción bajo el argumento de evitar malas
prácticas. Sin embargo, dentro de la propia Fiscalía se sabe que los
funcionarios señalados por corrupción no son separados realmente del sistema:
simplemente son movidos de oficina, protegidos y reciclados.
La podredumbre es tan profunda que el propio informe admite
110 investigaciones contra Policías de Investigación por probables actos
delictivos. Muchas de esas carpetas surgieron tras publicaciones en redes
sociales donde se denunciaban presuntos vínculos criminales, extorsiones y
abusos. Incluso fueron identificados 39 servidores públicos relacionados con
esos hechos.
Diez funcionarios fueron separados, entre ellos coordinadores
regionales y jefes de grupo. Pero la pregunta inevitable es: ¿Cuántos más
siguen operando con total impunidad?
Porque para nadie es un secreto que muchas agencias del
Ministerio Público en el Estado de México dejaron de ser espacios de
procuración de justicia y se transformaron en auténticas oficinas recaudadoras
de dinero sucio. Dinero que, en numerosos casos, proviene de víctimas
desesperadas, de carpetas de investigación manipuladas y de acuerdos
construidos entre corrupción y criminalidad.
Y de todo ello tienen conocimiento tanto el fiscal José Luis
Cervantes Martínez como la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Sin embargo, el
informe entregado al Poder Legislativo evita profundizar en las redes de
protección interna, en los cobros ilegales y en los funcionarios que llevan
años enriqueciéndose bajo el amparo institucional.
La realidad es que Cervantes Martínez ya no es aquel
funcionario que llegó prometiendo sacudir la estructura corrupta heredada
durante décadas. Hoy, dentro y fuera de la Fiscalía, comienza a consolidarse la
percepción de un fiscal tibio, rebasado o, peor aún, cómodo frente al sistema
de corrupción que supuestamente iba a combatir.
El caso de Oscar Mendoza Paulin, jefe de departamento en la
Fiscalía de Los Reyes La Paz, ejemplifica perfectamente el deterioro
institucional. De acuerdo con versiones de trabajadores de la propia
dependencia, luego de ser enviado a otra sede en la zona norte de Ciudad Nezahualcóyotl,
presuntamente habría pagado cerca de 200 mil pesos para regresar a Los Reyes La
Paz.
La pregunta es inevitable: ¿Por qué alguien estaría dispuesto
a pagar semejante cantidad por volver a la jefatura de una Agencia de
Ministerio Publico?
La respuesta, aseguran empleados de la propia Fiscalía, sería
simple: control territorial, relaciones políticas, contactos criminales y
enormes beneficios económicos. Mendoza Paulin lleva más de una década operando
en esa región; conoce a líderes locales, funcionarios de distintos partidos y
el funcionamiento interno de las redes de poder.
Entonces surge otra interrogante todavía más grave: ¿De verdad
el fiscal general desconoce este tipo de movimientos internos o simplemente
decidió mirar hacia otro lado?
Porque mientras los ciudadanos continúan siendo víctimas de
extorsiones, carpetas fabricadas, corrupción ministerial y abuso de autoridad,
la Fiscalía mexiquense parece más preocupada por maquillar cifras que por
desmontar el aparato corrupto que consume a la institución desde dentro.
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