EL VACÍO DE ESTADO, ASIDERO DEL CRIMEN ORGANIZADO
Ricardo
Ravelo
Ciudad de
México 30 de agosto de 2019. El ataque al bar “El Caballo Blanco”, en
Coatzacoalcos, Veracruz, evidencia por donde se le vea que el Gobierno de la
Cuarta Transformación carece de una estrategia para enfrentar los embates
terroristas del crimen organizado. El Estado simplemente está ausente, por
ello, donde hay vacío de poder el crimen encuentra su mejor asidero.
El
Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue pensando que la pobreza causa
delincuencia y pierde de vista que la delincuencia aumenta en los territorios
donde hay vacíos de Estado.
A nueve
meses de Gobierno, no ha implementado acciones contundentes para despojar al
crimen de sus capitales; tampoco parece estar dispuesto a procesar a la clase
política y empresarial que está aliada con los mafiosos ni mucho menos se ve
para cuando empiece el desmantelamiento de los cuerpos de policía municipales,
el brazo armado de la delincuencia organizada.
Simplemente,
no hay estrategia.
Y esto es
grave en un país que ve trastocada su gobernabilidad por los embates de los
cárteles que operan en el país y que en la mayoría de los casos están ligados a
los intereses políticos.
El
lamentable suceso de Coatzacoalcos, que dejó 28 muertos, empañó los festejos de
primer informe de Gobierno que con días de anticipación al 1 de septiembre
comenzó el Presidente Andrés Manuel López Obrador con un amplio despliegue
publicitario –al más puro estilo del viejo régimen –con el que el mandatario
festina sus logros: las becas para los estudiantes, los apoyos a los adultos
mayores, el respaldo para los aprendices, la creación de empleos y la atención
directa a los más pobres, su más poderosa estructura electoral.
A través de
los spots y en sus conferencias mañaneras, a penas y reconoce que su Gobierno
no ha podido frenar a la delincuencia organizada, la cual crece por todas
partes y, desafiante ante un Gobierno tibio, asesina multitudes, descuartiza
cuerpos y con toda saña emprende actos que rayan en el terrorismo, como ocurría
en los peores tiempos de la violencia que se vivió en Colombia como
consecuencia de la guerra entre cárteles.
Llama la
atención la desatención del Presidente cuando un grupo de personas de Veracruz
le piden que intervenga el Ejército porque ya no saben qué hacer con tanta
violencia.
Y el
Presidente responde un sinsentido: que los criminales también son parte del
pueblo y que no utilizará al ejército para reprimir al pueblo. ¿Qué hay detrás
de esta respuesta? ¿Es la inconsciencia presidencial? ¿Hay pactos con el crimen
organizado o realmente el Presidente ya cayó en la ceguera que causa el
poder absoluto?
El mes de
agosto –por citar sólo uno de los nueve meses de Gobierno fallido en materia de
seguridad –fue uno de los más críticos: el día 19, en Uruapan, Michoacán,
irrumpió un grupo armado cuyos hombres se identificaron como miembros del
Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Anunciaban el inicio de una guerra
sin tregua en ese territorio. Un día antes, el CJNG había asesinado a 19
personas: algunas de ellas fueron descuartizadas y otras colgadas en un puente.
Fue toda una carnicería humana. El Presidente López Obrador sólo lamentó los
hechos y añadió un lacónico mensaje a los autores materiales: “Pórtense bien”.
A estos
hechos violentos siguieron otros en Tamaulipas, tierra de nadie; luego tronó la
polémica por el supuesto acercamiento del Gobierno federal con grupos armados y
de autodefensas que se habían sentado a dialogar, en La Huacana, Michoacán, con
Ricardo Peralta, Subsecretario de Gobernación.
Todo parecía
ser una línea de trabajo –la negociación –del Gobierno Federal para pacificar
el territorio y hasta la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo
muy optimista que había avances en las negociaciones con los grupos armados,
que ellos querían deponer sus armas porque deseaban la paz.
Sin embargo,
al trascender que el Gobierno Federal estaba negociando con criminales, el
Presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió Sánchez Cordero y dijo que su
Gobierno no negocia con criminales y que el Estado tiene la obligación de
garantizar la paz en el país.
Pero en
estricto sentido el Gobierno de López Obrador no ha mostrado capacidad para
garantizar no sólo la paz en el país: no tiene con qué garantizar la vida ni el
patrimonio de nadie.
El caso más
ejemplificativo por ser reciente es el incendio que provocó un grupo de
criminales del CJNG en Coatzacoalcos, Veracruz, donde murieron 28 personas
quemadas. Esa región petrolera lleva veinte años sumida en la violencia y
ningún Gobierno ha podido rescatar ese territorio que hoy sigue en manos del
crimen.
En abril
último, otro episodio violento sacudió al sur de Veracruz: un grupo armado
irrumpió en una fiesta, en el municipio de Minatitlán, a menos de diez
kilómetros de Coatzacoalcos, para ejecutar a catorce personas. El caso, dijeron
las autoridades, tuvo relación con disputas por temas de drogas, pero lo
extraño es que los verdaderos autores de esa masacre siguen libres.
Este hecho
estruendoso hizo que el Presidente López Obrador pusiera en marcha a la Guardia
Nacional precisamente en el municipio de Minatitlán. Se desplazaron unos 600
elementos de esa corporación –insuficientes para el tamaño del problema –pero
de nada sirvió: los homicidios continuaron ocurriendo lo mismo que los
secuestros y los robos.
El problema
de Coatzacoalcos y de buena parte de la región sur de Veracruz es el mismo que
en todo el país: hay ausencia del Estado y, por ende, mucha presencia del
crimen organizado. Las policías del corredor Minatitlán-Coatzacoalcos-Molocaán,
Nanchital-Las Choapas están coludidas con el crimen, por ello, no pueden
responder a la seguridad que reclaman los ciudadanos.
El incendio
ocurrido en el bar “El Caballo Blanco” –un centro nocturno donde había
espectáculo de Table Dance, venta de droga y prostitución –fue provocado porque
el dueño se negó a pagar el derecho de piso correspondiente, al cual estaba
obligado por los miembros del CJNG para que pudiera seguir operando el negocio.
El trágico
hecho causó, otra vez, corto circuito entre el Gobernador de Veracruz,
Cuitláhuac García y el fiscal Jorge Winkler –éste aliado del ex Gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares –porque un tal Ricardo N., alias “La Loca” –señalado
como presunto autor del incendio –supuestamente había sido detenido por la
Fiscalía del estado y luego puesto en libertad.
Con este
dato, Cuitláhuac García embarcó al Presidente López Obrador, quien acusó a la
Fiscalía encabezada por Winkler de haber dejado ir al principal sospechoso del
incendio en Coatzacoalcos y, por ende, responsable de la muerte de 28 personas.
Winkler atajó la acusación presidencial con un documento en el que demostró
que, en efecto, el sujeto apodado “La Loca” había sido detenido y puesto en
libertad pero por la Fiscalía General de la República y no por la que él
representa. El hecho es que el trágico caso de Coatzacoalcos sigue bajo
investigación y hasta la fecha ni la Fiscalía del Estado ni la General de la
República saben a ciencia cierta si “La Loca” participó o no en los hechos. El
presunto delincuente se deslindó de los hechos a través de un video que subió a
las redes sociales.
Lo que
resulta verdaderamente escandaloso es que, a nueve meses de Gobierno, y cuando
el Presidente festina su primer informe resaltando las bondades de su
administración, no existe una estrategia de seguridad para atajar la violencia
del crimen organizado.
López
Obrador aduce que su Gobierno no va a reprimir a nadie porque “estamos atacando
las causas”, pero lo que el Presidente debe tener claro es que la pobreza no
causa la delincuencia, de ahí las fallas en este rubro.
La violencia
se genera porque el Estado está ausente en la mayor parte del territorio y ese
vacío lo aprovecha el crimen organizado. El Gobierno no ha implementado el
desmantelamiento financiero del crimen, tampoco está en la cabeza del
Presidente procesar a la clase política y empresarial ligada a los intereses de
la criminalidad y al lavado de dinero, por esa razón, los cárteles tienen
capacidad de maniobra: disponen de toda la fuerza de sus aliados y, además,
tienen el capital para generar desestabilización y seguir corrompiendo a las
instituciones.
El Gobierno
de López Obrador –como lo estuvo el de Fox, Calderón y Peña –está maniatado por
el crimen: existen zonas del país donde la sociedad está feudalizada por la
delincuencia organizada. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay vacío de Estado. El
Estado está ausente y los territorios donde hay vacío de poder se convierten en
el mejor asidero para el crimen organizado. Y un caso ejemplificativo es
Veracruz, donde tres cárteles se disputan el control de la entidad.
Para ganar
esta batalla no se necesita repartirle dinero a los pobres para que no los
enganche el crimen: lo que el Presidente debe atender es el vacío de poder.
Mientras el
Estado esté ausente, el crimen organizado estará presente.
