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DELFINA PROTEGE A POLICÍAS BAJO SOSPECHA DE NEXOS CON EL NARCO

 

*El secretario de Seguridad del Edomex, Cristóbal Castañeda Camarillo, y mandos traídos de Sinaloa arrastran señalamientos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, mientras la violencia se desborda en la entidad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Méx.- Lo que comenzó como una crisis de inseguridad en el Estado de México terminó por convertirse en un escándalo político de dimensiones nacionales que hoy amenaza directamente la credibilidad del gobierno de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. La violencia no cede, los homicidios y las extorsiones siguen golpeando a millones de mexiquenses y, en medio del colapso de seguridad, crecen las acusaciones sobre una presunta infiltración criminal dentro de la propia estructura policiaca estatal.

 

En el centro de esa tormenta aparece el nombre de Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad mexiquense, cuya trayectoria arrastra desde Sinaloa señalamientos por presuntos nexos con facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente con “Los Chapitos” y operadores ligados a Ismael 'El Mayo' Zambada.

 

La situación escaló todavía más tras las acusaciones y presiones judiciales que rodean al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, un personaje políticamente ligado al mismo grupo de poder del que emergió Cristóbal Castañeda. El golpe político ya no se limita a Sinaloa: ahora alcanza directamente al Estado de México.

 

Y es que cuando Cristóbal Castañeda llegó a la Secretaría de Seguridad mexiquense, el 18 de junio de 2024, no arribó solo. Lo hizo acompañado de un grupo completo de mandos importados desde Sinaloa, colocados en posiciones estratégicas dentro de inteligencia, operaciones y control territorial.

 

Entre ellos destacan Carlos Alberto Hernández Leyva, nombrado subsecretario de la Policía Estatal; Víctor Antonio Cisneros Díaz, colocado al frente de la Unidad de Información; así como Jesús Astorga Ríos, instalado como director de Operaciones del C5 en Ecatepec, uno de los municipios más violentos y codiciados por las organizaciones criminales.

 

DESDE ENTONCES COMENZARON LAS ALERTAS

 

Mandos internos, actores políticos y distintos sectores advirtieron sobre los presuntos vínculos de ese grupo policiaco con estructuras criminales sinaloenses. Sin embargo, el gobierno estatal optó por ignorar los señalamientos y mantener intacto el aparato de seguridad.

 

HOY, ESA DECISIÓN PERSIGUE POLÍTICAMENTE A DELFINA GÓMEZ

 

Mientras Estados Unidos endurece investigaciones y presiona judicialmente a personajes cercanos al poder sinaloense, en el Estado de México continúa operando una estructura policiaca conformada por funcionarios provenientes de una entidad históricamente marcada por el dominio del narcotráfico.

 

Las sospechas internas explotaron en septiembre de 2025, tras la captura de Alejandro Gimare Mendoza, alias “El Choko”, identificado como líder del grupo criminal “La Chokiza”. La detención provocó una fractura dentro de la Secretaría de Seguridad estatal. El entonces director de Investigación adscrito a la Dirección General de Información, René Terrón Escobar, protagonizó un fuerte enfrentamiento con Cristóbal Castañeda Camarillo luego de que surgieran versiones sobre presunta protección institucional hacia “El Choko” desde áreas de inteligencia de la propia corporación.

 

De acuerdo con versiones cercanas al caso, el secretario de Seguridad encaró violentamente a Terrón exigiéndole explicaciones. Pero la respuesta terminó por incendiar aún más el conflicto interno. “Usted sabe perfectamente quién tiene vínculos con los criminales”, habría respondido Terrón. La frase cayó como una bomba dentro de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

 

Horas después, René Terrón presentó su renuncia, dejando además constancia de que se mantenía a disposición de cualquier investigación legal. Tras su salida, áreas sensibles de inteligencia quedaron bajo control de operadores cercanos a Cristóbal Castañeda.

 

Versiones internas sostienen que esos grupos hoy controlan espacios estratégicos desde donde presuntamente se negocian favores, protección y cobros multimillonarios con organizaciones criminales que operan en territorio mexiquense. El problema para Delfina Gómez dejó de ser únicamente político.

 

AHORA TAMBIÉN ES MORAL

 

Porque mientras miles de familias viven atrapadas entre el miedo, el cobro de piso, las desapariciones y la violencia cotidiana, el gobierno mexiquense mantiene en funciones a funcionarios públicamente señalados por presuntos nexos con el narcotráfico.

 

Las acusaciones contra Cristóbal Castañeda no son nuevas. La periodista Anabel Hernández documentó parte de esos señalamientos en su libro La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa, donde expone presuntos acuerdos políticos y criminales relacionados con la elección sinaloense de 2021.

 

Según esa investigación, “Los Chapitos” habrían condicionado apoyos políticos a cambio de frenar persecuciones y colocar perfiles afines dentro de instituciones de seguridad. En ese contexto aparece mencionado el nombre de Cristóbal Castañeda.

 

A ello se suma otro episodio que persigue al actual secretario mexiquense: el llamado Culiacanazo de octubre de 2019, cuando el gobierno federal intentó capturar a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo Guzmán” y terminó replegándose ante la violenta reacción del Cártel de Sinaloa.

 

En aquel momento, Cristóbal Castañeda se encontraba al frente de la policía estatal sinaloense. La corporación bajo su mando nunca fue incorporada al operativo federal, debido —según versiones ampliamente difundidas— a la desconfianza existente sobre la infiltración criminal dentro de esa institución.

 

Castañeda permaneció en el cargo hasta agosto de 2023, meses después del segundo operativo contra Ovidio Guzmán, y posteriormente fue rescatado políticamente por el gobierno mexiquense.

 

Ahora, con las nuevas revelaciones en las que los exfuncionarios sinaloenses, Gerardo Mérida Sánchez exsecretario de Seguridad y Enrique Díaz Vega exsecretario de Administración y Finanzas quienes se entregaron voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos. Vuelven a colocar bajo presión al secretario de Seguridad del Estado de México.

 

Y LA PREGUNTA YA COMENZÓ A RECORRER LOS CÍRCULOS POLÍTICOS Y POLICIACOS

 

¿Cuánto tiempo más resistirá Cristóbal Castañeda Camarillo al frente de la seguridad mexiquense? Pero la interrogante más grave apunta directamente hacia Palacio de Gobierno en Toluca:

 

¿Cuánto tiempo más soportará la gobernadora Delfina Gómez cargar con un gabinete policiaco señalado de convivir con estructuras criminales mientras el Estado de México continúa desangrándose bajo el terror de los cárteles?