SINALOA ARDE TRAS CAÍDA DE ROCHA: EJECUTAN A LÍDER SINDICAL
EN PLENA DISPUTA DEL NARCOPODER
*El asesinato de Homar Salas exhibe que la guerra entre
facciones del Cártel de Sinaloa sigue intacta, mientras Morena intenta contener
el impacto político de las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha
Moya
Por: EXPEDIENTE SECRETO
El líder sindical fue ejecutado a tiros afuera de su
domicilio, en el fraccionamiento Las Brisas, junto a su escolta. El crimen
confirmó que la disputa entre grupos criminales por el control político,
económico y sindical de Sinaloa no solo continúa, sino que se encuentra en
plena escalada.
La ejecución ocurre en medio de un escenario explosivo, luego
de que autoridades estadounidenses acusaran a Rocha Moya de haber recibido
apoyo electoral del Cártel de Sinaloa a cambio de entregar protección
institucional desde áreas estratégicas del gobierno estatal, incluyendo
seguridad pública, finanzas, la fiscalía y el Ayuntamiento de Culiacán.
El asesinato de Homar Salas no es un hecho aislado. Desde hace
meses, las facciones conocidas como Los Chapitos y La Mayiza mantienen una
feroz disputa por el control del STASAC, considerado uno de los sindicatos más
influyentes del estado debido a su cercanía con el aparato gubernamental de
Culiacán.
Previo a la renovación sindical, dos aspirantes a la
dirigencia fueron obligados a renunciar repentinamente “por motivos
personales”, horas después de anunciar su participación. Uno de ellos ni
siquiera acudió a registrar formalmente su planilla. Fuentes de inteligencia
señalaron que operadores de Los Chapitos buscaban imponer perfiles afines
dentro del sindicato.
En paralelo, el exalcalde de Culiacán y dirigente estatal de
Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, también intentó impulsar una
candidatura cercana a su grupo político. Sin embargo, a finales de enero
sobrevivió a un atentado armado que dejó gravemente herida a una legisladora de
Movimiento Ciudadano que lo acompañaba.
La espiral de violencia en Sinaloa parece haber entrado en una
nueva etapa tras las revelaciones de Washington. Lejos de provocar un repliegue
criminal, las acusaciones detonaron incertidumbre y reacomodos entre grupos del
narcotráfico que buscan mantener o ampliar su control territorial y político.
Tan solo el pasado 30 de abril se registraron 10 homicidios
dolosos en la entidad, equivalente al 20% de todos los asesinatos ocurridos ese
día en México. Varias de las ejecuciones fueron perpetradas por comandos
armados.
De acuerdo al periodista, Héctor De Mauleón, en Morena crece
el nerviosismo. Aunque diversas figuras del partido intentaron cerrar filas en
defensa de Rocha Moya, alegando “falta de pruebas” y denunciando presunto
injerencismo estadounidense, dentro del Congreso Nacional de Morena la
instrucción habría sido actuar con cautela y evitar una defensa abierta del
mandatario sinaloense.
Así mismo, asegura que, versiones surgidas desde Palacio
Nacional sostienen que el gobierno de Claudia Sheinbaum ya tendría en sus manos
nombres adicionales entregados por la embajada de Estados Unidos, relacionados
con presuntos vínculos entre políticos y grupos criminales.
El temor dentro de la llamada 4T no es menor. La preocupación
central radica en que funcionarios señalados en Sinaloa busquen acuerdos
judiciales con Estados Unidos para convertirse en testigos protegidos, lo que
podría detonar revelaciones sobre supuestos esquemas de apoyo electoral del
crimen organizado a candidaturas de Morena en distintas entidades del país.
Fuentes cercanas al gobierno federal afirman que la
advertencia ya habría llegado incluso a Andrés Manuel López Obrador, en medio
de presiones internas para sostener políticamente a Rocha Moya.
En este contexto, Sinaloa aparece hoy como el epicentro de una
crisis que rebasa la seguridad pública y amenaza con convertirse en una
fractura política de dimensiones nacionales. La ejecución de Homar Salas dejó
claro que el narcopoder sigue operando, que las estructuras señaladas por
Estados Unidos continúan intactas y que el derrumbe político alrededor de Rocha
Moya apenas comienza.
Rubén Rocha Moya, es el caso más prominente, señalado
formalmente por el Departamento de Justicia de EE. UU. Sin embargo, la lista es
larga, Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco y exsecretario de
Gobernación, es señalado por presuntos nexos con el grupo criminal "La
Barredora" y por la protección a funcionarios locales vinculados al
crimen.
Otro más, es Américo Villareal, gobernador de Tamaulipas:
Acusado de recibir financiamiento ilícito del crimen organizado para su campaña
electoral. Marina del Pilar Ávila gobernadora de Baja California: Señalada por
presuntos vínculos con grupos delictivos, reportándose además la revocación de
su visa estadounidense.
Alfonso Durazo, gobernador de Sonora: Señalado dentro de
listas de políticos con supuestos nexos con grupos del narcotráfico. Alfredo Ramírez
Bedolla, gobernador de Michoacán: Vinculado presuntamente a organizaciones
criminales locales conocidas como "Cárteles Unidos". La lista es
interminable, ahora solo falta ver como Morena enfrenta esta avalancha de
denuncias.
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