LA PAZ: OPERATIVOS DE TEATRO Y PACTOS CRIMINALES
Por: EXPEDIENTE SECRETO
Lo insultante no es únicamente el montaje. Lo verdaderamente
ofensivo es que pretenden presentar como un logro histórico la suspensión
temporal de cinco antros de mala muerte y el aseguramiento administrativo de 17
motocicletas, mientras el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso y el
control criminal del agua potable siguen creciendo descaradamente bajo sus
narices.
Porque en La Paz todos saben perfectamente quién manda realmente
en amplias zonas del municipio. Y todos saben también del presunto pacto
político y criminal que señalan ciudadanos y comerciantes entre el gobierno
morenista y el grupo delictivo “Sindicato 22 de Octubre”, encabezado
presuntamente por Héctor Becerril. Un grupo señalado de operar con violencia,
amenazas, extorsiones y control territorial.
La pregunta que nadie en el gobierno municipal quiere
responder es muy simple: ¿por qué Tranquilino Lagos Buenabad no sale
públicamente a deslindarse de Héctor Becerril y del “Sindicato 22 de Octubre”?
¿Por qué nunca condenan directamente a esa organización? ¿Por qué guardan
silencio mientras comerciantes, vecinos y transportistas denuncian amenazas y
cobros ilegales?
Mientras graban videos propagandísticos para redes sociales,
la ciudadanía vive aterrorizada. Los bares y antros del municipio no solamente
son señalados por venta irregular de alcohol, sino por operar como puntos de
distribución de cocaína y cristal. Sin embargo, en los espectaculares
“operativos coordinados”, jamás aparecen detenidos los narcomenudistas. Nunca
hay aseguramientos relevantes. Nunca aparecen los verdaderos responsables. Todo
termina reduciéndose a clausuras administrativas que sirven más para tomarse
fotografías que para combatir el crimen.
La situación resulta todavía más grave porque el “Sindicato 22
de Octubre” no solamente ha sido relacionado con actividades de extorsión y
control comercial, sino también con la distribución de agua mediante pipas en
diversas zonas del municipio. Vecinos denuncian desde hace tiempo que el acceso
al agua se convirtió en un mecanismo de presión política y sometimiento social.
Quien no se alinea, quien no coopera o quien no simpatiza con Morena,
simplemente es castigado.
Eso no es gobernar. Eso es utilizar las necesidades básicas de
la población como instrumento de control político y terror social. Y mientras
tanto, Martha Guerrero y Tranquilino Lagos Buenabad siguen escondidos detrás de
videos institucionales que ya nadie cree.
La violencia, además, dejó de ser una amenaza aislada para
convertirse en parte cotidiana del municipio. En antros de la localidad ya se
han registrado ataques armados y asesinatos de mujeres inocentes, así como amenazas
y narcomensajes firmados presuntamente a nombre del Cártel Jalisco Nueva
Generación. Y no puede ignorarse que autoridades mexiquenses ya han documentado
operaciones del “Sindicato 22 de Octubre” vinculadas al CJNG en municipios
cercanos como Chalco.
Es decir, mientras el gobierno municipal presume “orden y
legalidad”, el crimen organizado avanza territorialmente con amenazas,
ejecuciones y control económico.
El caso del tianguis de la cabecera municipal es quizá una de
las pruebas más escandalosas de la descomposición institucional. Sujetos
armados ingresaron para amenazar comerciantes prácticamente frente al palacio
municipal y a escasos metros de la policía local. Nadie intervino. Nadie actuó.
Nadie protegió a los comerciantes. Y según testimonios, Tranquilino Lagos ya
tenía conocimiento de la situación y pidió que no se hiciera pública, prometiendo
resolver el problema. No resolvió nada.
Eso explica perfectamente por qué los “operativos” generan más
burlas que confianza.
Pero el deterioro institucional no termina ahí. Entre los
personajes reciclados por este gobierno morenista aparece Francisco Felipe
Villa Campa, actual director de Protección Civil y Bomberos, arrastrando
señalamientos de corrupción, presuntas extorsiones y presuntos vínculos con
grupos criminales desde otros cargos públicos.
Empresarios de Ciudad Nezahualcóyotl ya habían protestado
anteriormente por presuntos intentos de extorsión cuando ocupó cargos en esa
región. En Veracruz también enfrentó cuestionamientos severos durante su paso
por la policía municipal de Xalapa. Sin embargo, lejos de representar un
impedimento, ese historial parece haber sido suficiente mérito para ser
incorporado al gobierno de Martha Guerrero.
Ahora, tras las clausuras de bares y antros, muchos
empresarios temen que el siguiente paso sea el de siempre: presuntas
extorsiones disfrazadas de “regularización”, donde funcionarios municipales
convierten las clausuras en negocio personal.
La Paz no necesita videos propagandísticos ni montajes
mediáticos. Necesita autoridades que rompan públicamente cualquier vínculo o
sospecha con estructuras criminales, que enfrenten al narcomenudeo real y que
dejen de utilizar las instituciones para administrar miedo, impunidad y
simulación.
Porque mientras el gobierno presume patrullas y operativos
teatrales, los ciudadanos siguen viviendo entre amenazas, extorsiones, balaceras
y silencio oficial.
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