FISCALÍA DEL EDOMEX: 70 MIL DESAPARECIDOS, ERRORES
MASIVOS Y UN FISCAL REBASADO
*Mientras la FGJEM presume depuración de registros, miles de
familias siguen atrapadas entre expedientes duplicados, omisiones ministeriales
y una crisis de desapariciones que mantiene al Estado de México como el peor
del país
Por: EXPEDIENTE SECRETO
El reconocimiento oficial exhibe no sólo el colapso
administrativo de la Fiscalía mexiquense, sino también la incapacidad de un
fiscal que, pese a los años al frente de la institución, sigue justificando
errores históricos mientras miles de familias viven atrapadas en la
incertidumbre, el abandono y el dolor.
Las cifras son demoledoras. Según el Cuarto Informe de Gestión
2025-2026 de la FGJEM, la entidad acumuló 70 mil 139 reportes de desaparición.
El crecimiento más alarmante ocurrió entre 2012 y 2019, cuando los casos
pasaron de 910 a 6 mil 862 denuncias, un incremento brutal de 654% en apenas
siete años.
Aunque la Fiscalía presume una reducción de reportes entre
2024 y 2025, al pasar de 5 mil 988 a 5 mil 285 denuncias, la realidad es que el
Estado de México se mantiene como la entidad con más personas desaparecidas y
no localizadas de todo el país, con 14 mil 772 casos vigentes, superando
incluso a entidades históricamente marcadas por la violencia como Tamaulipas y Jalisco.
Detrás de las estadísticas hay un reconocimiento todavía más
grave: la Fiscalía admitió que durante años mantuvo registros erróneos de
personas que aparecían oficialmente como desaparecidas pese a haber sido
encontradas. Es decir, ni siquiera la institución encargada de buscar personas
tenía claridad sobre quién seguía desaparecido y quién no.
El propio informe reconoce que las inconsistencias derivaron
de duplicidad de expedientes, omisiones ministeriales, falta de actualización
de carpetas de investigación, errores de seguimiento y fallas en la
coordinación entre bases de datos estatales y nacionales.
En otras palabras: la Fiscalía perdió el control de la
información más sensible relacionada con miles de víctimas.
La dependencia intentó justificar el desastre argumentando que
algunas familias no notificaron la localización de sus seres queridos o que
ciertas personas pidieron mantenerse como desaparecidas para escapar de
violencia familiar o deudas. Sin embargo, esas explicaciones no reducen la
gravedad de los hechos; por el contrario, evidencian la ausencia de protocolos
eficientes y la precariedad institucional bajo la gestión de Cervantes Martínez.
Resulta escandaloso que una Fiscalía que presume tecnología,
inteligencia y capacidad operativa haya permitido durante años la existencia de
expedientes duplicados y registros falsamente activos en uno de los temas más
delicados del país.
La FGJEM presume que el 77% de las personas reportadas han
sido localizadas y que 65% aparecieron durante los primeros cinco días. Sin
embargo, el mismo documento revela otra cifra alarmante: apenas 7.2% fueron
encontradas el mismo día en que el Ministerio Público recibió el reporte. Es
decir, la reacción inmediata sigue siendo mínima en una crisis donde las
primeras horas suelen definir entre la vida y la muerte.
Además, aunque la institución sostiene que más del 95% de las
personas localizadas sin vida murieron por accidentes, suicidios o problemas de
salud, también reconoce que miles de casos estuvieron relacionados con delitos
graves como homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata y privación ilegal
de la libertad.
La tragedia no es solamente estadística. Son miles de madres
buscando a sus hijos, familias enteras destruidas y colectivos de búsqueda
haciendo el trabajo que el Estado no ha podido resolver.
Lo más preocupante es que el reconocimiento de errores ocurre
después de años de crisis, presión social y exigencias de colectivos. La
Fiscalía ahora asegura que desde 2022 todo reporte debe integrarse
obligatoriamente en carpetas de investigación y promete fortalecer “análisis de
contexto” para detectar patrones de desaparición. Pero esas medidas llegan
tarde para miles de víctimas que quedaron atrapadas entre la negligencia
institucional, la simulación y el desorden burocrático.
PORQUE ADMITIR ERRORES NO BASTA
Un funcionario medianamente responsable, después de reconocer
semejante nivel de fallas estructurales, inconsistencias y omisiones en una
tragedia de dimensiones históricas, tendría que asumir consecuencias políticas
y morales. Permanecer en el cargo mientras el Estado de México ocupa el primer
lugar nacional en desapariciones sólo confirma que la crisis ya rebasó por
completo a la Fiscalía mexiquense.
Las desapariciones no son simples números en un informe de
gestión. Son vidas humanas. Y cada expediente mal integrado, cada carpeta
duplicada y cada registro alterado representa una familia condenada a vivir entre
el abandono institucional y el sufrimiento interminable.
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