OCUILAN ARDE ENTRE TALA ILEGAL, SANGRE E IMPUNIDAD
POR EXPEDIENTE SECRETO
La diputada Vanesa Linares reconoció públicamente lo que
durante años autoridades estatales y municipales intentaron minimizar: que la
tala ilegal creció bajo la protección de funcionarios coludidos y que hoy los
grupos criminales ligados a este negocio operan con el respaldo de la
delincuencia organizada.
“El Estado de México está viviendo momentos críticos en el
tema de la tala clandestina. Esto viene de años atrás. Sabíamos que había funcionarios
coludidos”, sostuvo la legisladora, dejando al descubierto una red de
corrupción que permitió que los bosques mexiquenses fueran saqueados durante
décadas.
La situación en Ocuilan refleja el abandono institucional.
Familias enteras han sido absorbidas por el negocio ilegal de la madera,
mientras los verdaderos beneficiarios continúan intocables. Según Linares,
alrededor de 300 familias participan en actividades relacionadas con la tala
clandestina, aunque aclaró que la mayoría apenas sobrevive como mano de obra
explotada por empresarios madereros que obtienen ganancias multimillonarias.
“Les pagan menos del salario mínimo para cortar árboles. Los
millonarios son los empresarios madereros”, afirmó.
Pero el problema ya rebasó cualquier dimensión ambiental. La
propia legisladora advirtió que los grupos dedicados a este delito hoy también
secuestran y asesinan, generando terror en regiones enteras y provocando que
muchos ayuntamientos simplemente dejaran de intervenir por miedo a represalias.
La devastación ecológica es brutal. Zonas emblemáticas como
las Lagunas de Zempoala prácticamente fueron destruidas por la explotación
ilegal. De acuerdo con Linares, de las 20 lagunas históricas de la región,
actualmente sobreviven apenas dos. La pérdida forestal también impacta
directamente en la crisis hídrica que vive el Estado de México. “No hay agua
porque no hay árboles”, sentenció.
El corredor de Chichinautzin, fundamental para el
abastecimiento hídrico del Valle de México, también enfrenta daños severos mientras
las autoridades reaccionan tarde y de manera insuficiente.
Aunque recientemente se endurecieron las penas por tala
clandestina, convirtiéndola en delito grave con sanciones que pueden superar
los 100 años de prisión, la realidad demuestra que la impunidad continúa
intacta. La diputada anunció que impulsa la creación de una fiscalía
especializada en protección de bosques, ante la incapacidad de las
instituciones actuales para contener el avance de los talamontes.
Y es ahí donde las críticas inevitablemente alcanzan a la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a su titular, José Luis
Cervantes Martínez. Porque mientras comunidades enteras viven bajo amenaza, los
operativos siguen siendo aislados, tardíos y sin consecuencias reales contra las
estructuras financieras y políticas detrás del negocio ilegal de la madera.
Cada enfrentamiento, cada bosque devastado y cada asesinato
relacionado con este delito evidencian que la fiscalía no está actuando con la
autonomía y firmeza que exige el cargo. La percepción ciudadana es clara: la
procuración de justicia en el Estado de México continúa subordinada a intereses
políticos.
Las críticas también alcanzan directamente a la gobernadora Delfina
Gómez Álvarez, cuya administración prometió combatir la corrupción y devolver
la seguridad a la entidad, pero que enfrenta crecientes cuestionamientos por la
persistencia de redes criminales enquistadas en distintos niveles del gobierno
mexiquense.
Porque la tala clandestina no opera sola. Detrás existen redes
de protección política, corrupción policial, complicidades municipales y
estructuras económicas que durante años permitieron el saqueo forestal sin
consecuencias. Y mientras eso no se ataque de raíz, los discursos oficiales
seguirán siendo insuficientes frente a una realidad marcada por violencia,
destrucción ambiental y control criminal de amplias regiones del Estado de
México.
Lo ocurrido en Santa Martha, Ocuilan, donde comuneros
terminaron enfrentándose armados contra presuntos talamontes, debería ser una señal
de alarma para todo el gobierno estatal. La pregunta sigue siendo la misma:
¿qué más tiene que pasar para que las autoridades actúen de fondo y no
únicamente cuando la violencia ya dejó muertos sobre el camino?
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