AMLO Y LAS NEGOCIACIONES CON EL NARCO
Por: Anabel Hernández en Contracorriente
Tras los comicios del 6 de junio, y el triunfo de Morena en
11 de las 15 gubernaturas en disputa, la 4T de AMLO planea negociar
‘pacificación’ con narcos, escribe Anabel Hernández.
Tras los resultados en las elecciones del 6 de junio, el
triunfo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 11 de las
15 gubernaturas en disputa podría tener un impacto no solo en la geopolítica de
México sino también en geo-criminalidad; es decir, en un reacomodo de las
distintas organizaciones criminales que tienen presencia en 10 de los 11
estados ganados por el partido oficial.
De acuerdo con fuentes de información que conocen el tema de
primera mano, tras la victoria del partido oficial en Baja California, Baja
California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora
y Zacatecas, donde tienen presencia uno o más carteles de la droga, el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estaría planeando iniciar un plan que denominan
"pacificación”.
Este plan consistiría en negociar "nuevas
reglas”, según le llaman internamente, con los distintos carteles de la droga
que operan en los estados ganados.
El objetivo principal es que disminuyan los homicidios
dolosos y algunos tipos de criminalidad a cambio de que el gobierno local y
federal se hagan de la vista gorda del negocio de producción y tráfico de
estupefacientes como en realidad sucede ya desde ahora, pero con las llamadas
"nuevas reglas”.
En pocas palabras se trataría de una versión Cuarta
Transformación (4T) de la pax mafiosa que operaba el régimen del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando era el partido
hegemónico, como lo es ahora Morena. Una negociación Estado-mafia,
Estado-carteles de la droga, cuyas guerras y las redes de
corrupción creadas en distintos niveles de gobierno han causado masacres
infames, el éxodo de miles de mexicanos al obligarlos a abandonar sus
comunidades, más de 80 mil desaparecidos, y cerca de 300 mil personas
ejecutadas en los últimos 15 años.
Si este plan se concretara, se convertiría en la expresión
más clara de la política de ‘abrazos no balazos' ofrecida por AMLO al inicio de
su mandato cuando declaró el fin de la guerra contra los carteles de la droga.
Lo que quiere hacer ver, o creer, es que su plan funciona. Incluso se plantea
la entrega voluntaria de miembros de algunos grupos criminales a cambio de una
amnistía y de que no sean extraditados.
"Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la
paz”, dijo el mandatario mexicano en febrero de 2019, aunque dicha paz no ha
llegado.
"No hay que olvidar que la política, entre otras cosas,
se inventó para evitar la confrontación, para evitar la guerra, por eso cuando
se declara la guerra al narcotráfico, la política se va al carajo”, insistió el
mandatario el 25 de febrero de 2021, durante el proceso electoral.
Llama la atención que luego de las elecciones del 6 de
junio, el Presidente de México vea como enemiga a la clase media que en
la Ciudad de México no votó por su gobierno, y que los regañe e insulte cada
mañana, pero que agradezca públicamente el comportamiento del crimen
organizado en la jornada electoral.
¿Son más enemigos de AMLO una sociedad pensante que los
criminales? Quizá se deba a que con los primeros no puede negociar, debe dar
resultados, y con los segundos sí.
EL PRIMER INTENTO FRACASÓ
El plan de la 4T de negociar con los carteles no es nuevo,
solo que no habían las condiciones necesarias para ponerlo en práctica. No solo
bastaba encabezar gobierno Federal como lo consiguió AMLO en 2018, sino para
dar certezas en la negociación debía encabezar también el gobierno estatal,
siendo estos dos niveles de gobierno los principales responsables del combate
al narcotráfico y crimen de alto impacto.
Por ejemplo, AMLO ya había arrasado en la elección presidencial
en estados como Sinaloa, y había logrado posicionarse de manera importante en
el congreso local y algunas alcaldías importantes como Culiacán y Mazatlán, dos
localidades fundamentales para el Cartel de Sinaloa, pero no tenía control del
gobierno del estado.
Ahora, Morena y sus aliados tienen 11 nuevas gubernaturas,
más las que ya tenían: Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Puebla y
Morelos. Es decir, cuando los gobernadores electos el 6 de junio tomen posesión
del cargo, Morena gobernará en 18 de los 32 estados y estarían en mejor
posición para negociar con los carteles.
El plan de la "pacificación” en estos términos estaba
desde la campaña presidencial, según lo escuché decir a diversos integrantes
del equipo. Cuando López Obrador ganó la elección presidencial en julio de 2018
, Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, anunció
que había recibido la instrucción de AMLO para hacer lo que fuera necesario
para "pacificar” al país. "Es hora de que se deje de simular”,
afirmó.
Desde diciembre de 2018, Sánchez Cordero es la titular de la
Secretaría de Gobernación (Segob). En mayo de 2019 invitó a trabajar con ella a
Ricardo Peralta Saucedo, con el cargo de Subsecretario. Él había trabajado en
el sexenio de Felipe Calderón como jefe de oficina del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Alguien lo
recomendó tan bien con la 4T, que cuando comenzó el gobierno de AMLO le dieron
el estratégico cargo de titular de la Administración General de Aduanas.
Llegó a la Segob luego de haber dejado en aduanas una larga
estela de corrupción que incluía la presunta recepción de sobornos millonarios
a cambio de dejar entrar a México sin complicaciones mercancía de origen legal
e ilegal.
Ya como subsecretario en Segob, de acuerdo con fuentes
de información directas, Peralta Saucedo se decía enviado del gobierno de AMLO
y presumía sus presuntas reuniones con el crimen organizado buscando la pax mafiosa.
Se supo públicamente de sus reuniones con grupos criminales
en Michoacán y él, por su parte, habría narrado a diversas personas que se
reunió con Ismael "El Mayo” Zambada, líder del Cartel de Sinaloa,
para plantear la negociación a nombre del gobierno de AMLO.
No sería el último de la 4T en reunirse con el capo y
presumir de ello. Se recordará que en esta columna se reveló en abril pasado
que igual lo hizo Rubén Rocha Moya entonces candidato de Morena a la
gubernatura de Sinaloa, quien se reunió con "El Mayo” y recibió de este su
bendición y preferencia. El 6 de junio, Rocha Moya arrasó en las elecciones.
Algunos de los candidatos y partidos de oposición fueron amenazados y
secuestrados.
Peralta Saucedo decía tener buenos contactos con otros
bandos como Los Zetas y el Cartel del Golfo a través del abogado Juan Pablo
Penilla, socio de otro licenciado llamado Sergio Ramírez Muñoz, amigo de
Peralta Saucedo, quien se hace llamar el abogado de la 4T.
Ramírez Muñoz también tiene vínculos con el crimen
organizado, específicamente con Roberto Mollado alias "El Betito”, líder
del sanguinario cartel Unión Tepito que opera en la Ciudad de México. No solo
se han filtrado públicamente fotografías de él y "El Betito”, arrestado en
2018 ; sino que el jefe de la Unión Tepito fue uno de los invitados de honor al
bautizo de la hija de Sergio Ramírez Muñoz, celebrado en el Campo Deportivo
del entonces Estado Mayor Presidencial. Varios invitados al festejo lo vieron y
recuerdan al detalle su presencia, según me narran de primera mano.
Sergio Ramírez se hizo muy cercano al senador de Morena
Martí Batres, y gracias a eso ha tenido acceso a muchos otros miembros de la
flamante 4T que sin fobias, ni filtros, ni anticuerpos se abre a este tipo de
personajes.
Peralta Saucedo terminó abruptamente el encargo en agosto de
2020. Fue acusado por el alcalde de Tijuana de amenazas, pero oficialmente
Sánchez Cordero dijo que salió por las medidas de austeridad del gobierno de
AMLO y lo despidió con un comunicado en el que agradeció su "enorme
compromiso y honrosa labor al servicio de la patria”.
De acuerdo con la información obtenida en este nuevo intento
de la 4T para hacer un acuerdo con los narcos, las negociaciones serían
directamente con el poder federal central, pero aún no se identifica quien o
quienes serían quienes encabezarían por parte del gobierno federal la llamada
"pacificación”.
EL VIEJO ESPEJISMO
De 1970 a 1999, el gobierno federal emanado del PRI llevó a
cabo una negociación con todas las organizaciones criminales en México
repartiendo el territorio, estableciendo lo que ellos llamaban "reglas no
escritas” de no violencia y dejándolos ejercer el narcotráfico y otros
crímenes con libertad.
Esto permitió a las organizaciones criminales crecer y
empoderarse ocupando los espacios que las autoridades adrede fueron dejando
vacíos. La violencia sin freno y la impunidad que se vive hoy en México son
fruto podrido de ese árbol de la negociación con criminales.
Con el comienzo del siglo XXI, los gobiernos emanados del
PAN encabezados por Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012),
intentaron emular al PRI copiando el esquema de negociación, solo que con un
solo cartel, el Cartel de Sinaloa (CS), y usaron el aparato de estado contra
los otros carteles. El pretexto político era tener un solo interlocutor y así
"controlar” mejor el país.
La realidad es que el CS pagó millonarios sobornos por ese
favoritismo. El mejor ejemplo lo encarna Genaro García Luna, titular de la
Agencia Federal de Investigación con Fox, y secretario de seguridad pública
federal con Calderón, hoy encarcelado en Nueva York acusado de traficar drogas
y trabajar para el CS de 2002 al 2019.
De acuerdo a las versiones que escuché, algunos de los
carteles de la droga en México conocen ya este plan de la 4T y algunos habrían
dado señales de que lo verían positivo, principalmente el CS en cuyo territorio
donde tiene hegemonía ganó de manera aplastante Morena en las elecciones del 6
de junio. Quizá eso sea lo que explique la bendición de "El Mayo” a Rocha
Moya y su encuentro con él y otros integrantes de la 4T.
En otros estados donde hay presencia de dos y tres
organizaciones criminales como Michoacán y Guerrero, las negociaciones sin duda
serían más complejas.
El proyecto del gobierno federal sería regresar al espejismo
con el que fueron seducidos sus antecesores. El gobierno federal no podrá
evitar la violencia que ejercen las organizaciones criminales atomizadas en
decenas, distribuidas por todo el país que no responden a ningún cartel. Si
continúa quedándose de brazos cruzados ante el crimen, esperando negociar con
ellos, continuará la masacre de civiles inocentes como la ocurrida en Reynosa,
Tamaulipas, hace apenas unos días.
Tampoco la 4T podrá evitar la corrupción de sus funcionarios
antes, durante o después de las negociaciones, inherente al contacto con la
delincuencia organizada. Ni tampoco podrá cambiar el ADN de los carteles de la
droga y eliminar su eterna tentación de adueñarse del territorio del competidor
porque eso le generaría millones de dólares en ganancias.
Lo peor de todo es que si se pusiera en marcha ese plan de
"pacificación” el gobierno de AMLO no podría quedar bien con los carteles
y con ciudadanos simultáneamente, porque en cualquier mesa de negociación entre
una autoridad con los grupos criminales dedicados a la producción y tráfico de
droga, lo que está sobre la mesa de negociación es el destino de miles de
personas, los consumidores de esas drogas dentro y fuera de México.
LOS CIUDADANOS COMO CARNE DE CAÑÓN
En contraparte a las intenciones federales de negociar con
el crimen, los nuevos 11 gobernadores de Morena tendrán que enfrentarse
inmediatamente a un alto índice de violencia y a la conciencia de los ciudadanos
de la inseguridad.
En 2020 cinco de los once estados ganados por el partido
oficial en junio pasado, encabezaron la lista de las 10 entidades con mayor
índice de homicidios dolosos en México: Baja California, Sonora, Zacatecas,
Michoacán y Guerrero.
En concordancia con estos índices de criminalidad, los
ciudadanos de muchas de las principales ciudades de esos estados viven con la
clara percepción de la inseguridad.
De acuerdo a la última encuesta de seguridad urbana
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2021, en
Tijuana, Baja California, el 77 por ciento de la población piensa que la ciudad
es insegura. En Ciudad de Carmen, Campeche, el 61 por cierto; en Manzanillo el
68 por ciento. En Acapulco, Guerrero, el 79 por ciento de la gente piensa que
hay inseguridad. En Uruapan, Michoacán, el 86 por ciento; en Culiacán, Sinaloa,
el 59 por ciento. Y en Hermosillo, la capital de Sonora, el 63 por ciento.
¿Qué pensarían esos ciudadanos conscientes de la inseguridad
que votaron por Morena, si los nuevos gobiernos negociaran con el crimen
organizado?
