OPERATIVOS DE UTILERÍA Y UN MUNICIPIO BAÑADO EN SANGRE
*La Paz: operativos de show y ejecuciones sin freno
Por: EXPEDIENTE SECRETO
La escena es grotesca: patrullas, cámaras, discursos de
“combate a la delincuencia” y recorridos nocturnos para las redes sociales,
mientras en las calles la realidad es otra. Venta de cocaína, cristal, cobro de
piso, control del agua y asesinatos continúan funcionando con una normalidad
que ya parece institucionalizada. La pregunta que muchos habitantes se hacen no
es si existe crimen organizado en el municipio, sino quién lo protege.
El pasado 25 de mayo, mientras el gobierno municipal presumía
“acciones de seguridad”, otro cadáver apareció tirado sobre la calle Camino al
Cerro, en la colonia El Potrero. Un hombre de aproximadamente 38 años fue
encontrado sin vida, con visibles huellas de tortura. Vecinos alertaron a las
autoridades, pero para entonces el mensaje ya estaba enviado: en La Paz manda
el terror, no el gobierno.
Y, aun así, el discurso oficial insiste en vender la idea de
que todo está bajo control.
Los habitantes de la localidad llevan meses denunciando que la
violencia se disparó en calles, hoteles, bares y colonias enteras, donde las
ejecuciones se han vuelto parte del paisaje cotidiano. Mujeres asesinadas, comerciantes
aterrorizados y transportistas obligados a pagar cuotas forman parte de un
sistema criminal que opera con absoluta impunidad.
En el centro de las acusaciones aparece nuevamente el nombre
de Héctor Becerril y el grupo delictivo conocido como “Sindicato 22 de
Octubre”, señalado por vecinos y diversas voces locales como una estructura
dedicada al control territorial mediante extorsión, intimidación y violencia.
Las denuncias apuntan a que este grupo criminal no solo controla la
distribución ilegal de agua y el cobro de derecho de piso, sino que habría
extendido su dominio sobre comerciantes, tianguistas, taxistas y negocios
nocturnos, replicando el mismo modelo de terror que durante años ha operado en
Chalco.
Lo verdaderamente alarmante no es únicamente la presencia
criminal, sino el silencio político.
Ni Martha Guerrero ni Tranquilino Lagos Buenabad han salido
públicamente a responder de frente las acusaciones que desde hace meses
circulan entre habitantes y medios locales sobre presuntos acuerdos con esa
estructura criminal. El vacío de explicaciones alimenta la sospecha social y
fortalece la percepción de que el municipio dejó de combatir al crimen para
aprender a convivir con él.
Porque cuando un gobierno prefiere organizar operativos
teatrales mientras las ejecuciones siguen apareciendo una tras otra, el mensaje
es devastador: la seguridad pública se convirtió en propaganda.
La tragedia de Los Reyes La Paz no solo es la sangre
derramada. Es la normalización de un modelo político donde la simulación sustituye
a la justicia, donde los operativos sirven para la fotografía y no para
desmantelar redes criminales, y donde el miedo de la población parece valer
menos que la narrativa oficial.
Mientras no exista una investigación seria, transparente y
pública sobre los presuntos vínculos entre operadores políticos y grupos
criminales, la violencia seguirá creciendo bajo la sombra de un gobierno que
cada vez convence menos y despierta más sospechas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario