LA AUSTERIDAD DE MORENA TERMINÓ DONDE EMPIEZAN LAS MANSIONES
*La mansión de 36 millones exhibe el doble discurso de
austeridad que Morena convirtió en bandera política
Por: EXPEDIENTE SECRETO
AHORA EL ESCÁNDALO TIENE NOMBRE: MARIELA GUTIÉRREZ ESCALANTE
La senadora morenista intenta convencer a la opinión pública
de que una residencia valuada en más de 36.5 millones de pesos no representa
ningún problema porque “ya no es suya”, aunque siga viviendo ahí gracias a un
usufructo vitalicio. Es decir, la propiedad está a nombre de sus hijos, pero
ella mantiene el control y disfrute de la mansión. Una fórmula legal quizá válida
en el papel, pero políticamente devastadora para un movimiento que construyó su
narrativa atacando precisamente ese tipo de simulaciones patrimoniales.
Lo más grave no es solamente el valor de la propiedad ubicada
en Ozumbilla, en Tecámac. Lo verdaderamente escandaloso es el contraste brutal
entre el discurso de austeridad republicana y la realidad inmobiliaria de
muchos cuadros de Morena, a quienes —misteriosamente— comienzan a aparecerles
residencias millonarias, terrenos gigantescos y lujos imposibles de justificar
únicamente con salarios públicos.
Porque mientras millones de mexicanos sobreviven entre
inflación, inseguridad y precariedad laboral, la élite morenista parece haberse
mudado a otra dimensión: la de las casas con techos de cristal, jardines
monumentales, espejos de agua, esculturas decorativas y estacionamientos
enormes. La “transformación” terminó transformando a varios políticos de
supuestos luchadores sociales en nuevos integrantes de una clase privilegiada
que vive exactamente igual —o mejor— que aquellos a quienes juraron combatir.
La explicación de Mariela Gutiérrez tampoco resuelve las dudas
centrales. Si la propiedad dejó de pertenecerle desde 2014, ¿por qué continuó
habitándola como residencia principal? ¿Por qué no transparentar desde el
inicio el usufructo vitalicio? ¿Por qué hasta ahora, después del reportaje y
del escándalo mediático, decidió “actualizar” su declaración patrimonial? En
política, las omisiones también hablan. Y aquí las omisiones pesan toneladas.
El caso revive además una constante cada vez más evidente
dentro de Morena: funcionarios que reportan austeridad en el discurso, pero
cuyos patrimonios parecen crecer a velocidades imposibles de explicar. Casas de
lujo, relojes caros, ranchos, departamentos exclusivos y redes familiares
beneficiadas se han vuelto parte recurrente del paisaje político de un
movimiento que llegó prometiendo superioridad moral.
La defensa de “no es delito tener propiedades” tampoco elimina
el problema de fondo. Nadie cuestiona el derecho de una persona a tener
patrimonio. Lo que la sociedad cuestiona es la opacidad, las inconsistencias y
el doble discurso. Morena convirtió durante años la crítica patrimonial en arma
política contra sus adversarios; hoy, cuando las sospechas apuntan hacia sus
propios cuadros, las respuestas se reducen a tecnicismos legales y
explicaciones familiares.
El caso también deja muy mal parado al discurso anticorrupción
del oficialismo. Porque mientras se exige transparencia absoluta a opositores,
periodistas, empresarios y ciudadanos, varios integrantes de la 4T parecen
operar bajo una lógica distinta: ocultar primero, aclarar después y
victimizarse cuando aparecen las investigaciones.
En el fondo, el escándalo de la residencia en Ozumbilla no es
solamente un problema inmobiliario. Es el símbolo del desgaste moral de un
proyecto político que prometió ser diferente y terminó reproduciendo las mismas
prácticas que durante décadas denunció. La diferencia es que ahora los
privilegios se justifican en nombre del pueblo.
Y mientras la narrativa oficial sigue hablando de austeridad,
la realidad vuelve a exhibir algo mucho más incómodo: en Morena, la pobreza
parece ser únicamente para el discurso.
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