LA PAZ: MARTHA GUERRERO GOBIERNA ENTRE PROMESAS RECICLADAS, MIEDO Y UN MUNICIPIO TOMADO POR LA VIOLENCIA
*Entre ejecuciones, extorsiones y abandono policial, la
alcaldesa admite el colapso de la seguridad mientras promete soluciones que
nunca llegan
Por: EXPEDIENTE SECRETO
La propia edil reconoció el tamaño del desastre: admitió que
el municipio, con más de 350 mil habitantes, debería contar con más de 800
policías, pero apenas tiene 426 elementos. Sin embargo, pese al reconocimiento
de la crisis, no explicó por qué durante un año y cinco meses su gobierno no ha
sido capaz de fortalecer a la corporación municipal ni mejorar las condiciones
laborales de los uniformados, quienes apenas perciben alrededor de 3 mil pesos
quincenales, un salario miserable para enfrentar a grupos criminales que operan
con absoluta impunidad.
La alcaldesa presumió la adquisición de nuevas patrullas y
afirmó que contarán con entre 80 y 90 unidades para atender “mapas de calor” y
zonas inseguras. Pero lejos de generar confianza, sus declaraciones levantan
sospechas sobre otro posible negocio millonario disfrazado de arrendamiento
vehicular, mientras la violencia continúa devorando colonias enteras.
Cuando habló de las zonas más peligrosas, mencionó a Lomas de
San Sebastián y la cabecera municipal, aunque intentó minimizar la situación
diciendo que “las colonias cambian”. La realidad es mucho más brutal: en las
últimas semanas, la cabecera municipal ha sido escenario de una ola de
ejecuciones de hombres y mujeres, incluso mujeres asesinadas mientras hacían
ejercicio. Dentro de bares también han sido ejecutadas mujeres, en una
estrategia de terror vinculada al cobro de derecho de piso y al control
criminal del territorio.
Aun así, la alcaldesa habló de la inseguridad como si se tratara
de “un poco” de robos de motocicletas, “un poco” de robo a transeúntes y “un
poco” de robo vehicular. La expresión retrata el nivel de desconexión de un
gobierno que parece incapaz de dimensionar la tragedia diaria que viven miles
de habitantes.
En otro momento de la entrevista, Martha Guerrero Sánchez suspiró
y, con evidente duda, aseguró que para comenzar necesitarían apenas 30 cámaras
de videovigilancia. Luego reconoció que serían insuficientes para cubrir un
municipio rebasado por la delincuencia. El comentario provocó indignación entre
vecinos que hace apenas unos días difundieron videos donde se observa a
policías municipales retirando cámaras de vigilancia particulares sin
explicación alguna, como si la propia corporación actuara más en favor de
grupos criminales que de la ciudadanía.
La contradicción es todavía más grave porque la alcaldesa
admitió tener identificadas al menos 11 cámaras descompuestas en las partes
altas del municipio, precisamente donde la presencia policiaca es prácticamente
inexistente y donde operan grupos criminales ligados al despojo de terrenos,
extorsión y narcomenudeo.
En esas mismas zonas, reconoció que existen delitos de los que
ni siquiera tienen conocimiento. Es decir, la presidenta municipal aceptó
públicamente que hay territorios de La Paz donde el gobierno simplemente no
tiene control.
Pese al escenario de terror, la morenista perdió el piso y
comenzó a repartir promesas: habló de “dar certeza”, “confianza” y “valor a la
palabra”, olvidando que ya lleva más de un año gobernando sin resultados
visibles. La frase resultó todavía más insultante cuando aseguró que si
prometen instalar cámaras “tienen que funcionar”, como si la población no
estuviera cansada de escuchar compromisos incumplidos.
En una contradicción brutal, afirmó que la ciudadanía “confía
mucho” en su administración porque les expresan sus preocupaciones cuando
camina por las colonias. Pero la verdadera pregunta es otra: ¿de qué sirve
escuchar a la población cuando no existen soluciones reales? La propia
alcaldesa terminó por reconocer la gravedad del colapso al revelar que ella
misma ha sido víctima de asaltos y que incluso le han apuntado con una pistola
en la cabeza. Si la alcaldesa no puede sentirse segura, ¿qué queda para los
ciudadanos comunes?
También presumió la llegada del general Raúl Martínez como
nuevo coordinador regional de seguridad en la zona oriente, tras el fracaso de
su antecesor. Pero mientras las autoridades organizan reuniones y recorridos
oficiales, la violencia sigue fuera de control.
La alcaldesa incluso aseguró, con entusiasmo, que cada 15 días
se reúne con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y afirmó que la presidenta Claudia
Sheinbaum Pardo revisa diariamente los índices delictivos de La Paz.
Declaraciones que para muchos habitantes suenan más a propaganda política que a
una estrategia efectiva de seguridad.
Pero quizás lo más delicado es lo que la alcaldesa evita
mencionar. En Los Reyes La Paz es un secreto a voces que su esposo, Tranquilino
Lagos Buenabad, presuntamente habría establecido acuerdos con el grupo criminal
“Sindicato 22 de Octubre”, encabezado en la zona por Héctor Becerril. Versiones
que apuntan a que, a cambio de fuertes cantidades de dinero, se permitió a este
grupo tomar control del negocio de distribución de agua mediante pipas y
comenzar operaciones de extorsión en tianguis y zonas comerciales para imponer
cobros de derecho de piso.
Mientras las ejecuciones aumentan, los robos se multiplican y
las partes altas permanecen prácticamente abandonadas, el gobierno municipal
insiste en discursos optimistas y promesas recicladas. La tragedia de La Paz ya
no puede ocultarse detrás de conferencias, patrullas rentadas o reuniones
políticas. Hoy el municipio parece gobernado por la improvisación, el miedo y
la sombra de la delincuencia organizada.

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