ORIENTE DEL EDOMEX: VIOLENCIA DESBORDADA, MANDOS REPROBADOS Y PRESUNTOS VÍNCULOS POLÍTICOS BAJO SOSPECHA
*Cambio de mandos militares, propaganda millonaria y una
región secuestrada por la inseguridad
Por: EXPEDIENTE SECRETO
Mientras el gobierno estatal presume estrategias de rescate,
mesas de seguridad y operativos coordinados, la realidad es que municipios como
Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz y Chicoloapan continúan
atrapados por la extorsión, el cobro de piso, los asaltos y la infiltración
criminal en corporaciones policiacas.
La llamada Estrategia para el Rescate del Oriente del Edomex
terminó exhibiendo su propia debilidad con la salida del general Alejandro
Alcántara, quien abandonó el mando unificado tras los pobres resultados
obtenidos en los 15 municipios intervenidos por fuerzas estatales y federales.
En su lugar fue designado el general brigadier Raúl Martínez
González, integrante de la Guardia Nacional del Estado Mayor, quien asumió la
coordinación regional de seguridad en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco
de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca,
Los Reyes La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla
de Baz y Tultitlán.
Sin embargo, fuentes de la Fiscalía mexiquense afirman que
Raúl Martínez González carece de experiencia en operación de seguridad pública
urbana y que su estrategia se limita a esquemas de disciplina militar alejados
de la realidad delictiva que enfrentan diariamente millones de ciudadanos.
A esto se suma el señalamiento constante contra funcionarios y
políticos de Morena, a quienes especialistas acusan de tolerar o proteger
presuntas estructuras criminales incrustadas en gobiernos locales.
Uno de los casos más delicados se encuentra en Los Reyes La
Paz, donde Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa morenista Martha
Guerrero, es señalado por presuntos vínculos con el grupo delictivo “Sindicato
22 de Octubre”, organización a la que supuestamente se le entregó el control de
pozos de agua en el municipio. Versiones internas del ayuntamiento incluso
sostienen que dicho grupo busca expandir el cobro de derecho de piso a
comerciantes y dueños de centros nocturnos con respaldo político.
En Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos, los nombres de Adolfo
Cerqueda y Azucena Cisneros Coss aparecen en medio de señalamientos sobre la
permanencia de una estructura ligada presuntamente al Cártel Jalisco Nueva
Generación dentro de ambas corporaciones policiacas.
De acuerdo con fuentes de seguridad, dicho grupo sería
encabezado por Jorge Amador Amador, alias “La Jirafa” o “El Doctor”, exdirector
de la policía de Nezahualcóyotl y exasesor de seguridad en Ecatepec,
identificado como operador de mandos policiacos presuntamente encargados de
recaudar dinero derivado de extorsiones.
En Chicoloapan, el foco rojo apunta hacia el gobierno del
morenista Francisco Javier Mendoza Vázquez, donde el actual primer regidor
Edgar Ruiz Aguilar es hijo de Reinaldo Ruiz Castañeda, alias “El Perro”,
identificado como presunto líder del grupo delictivo “Los Talibanes”,
organización señalada por extorsionar comerciantes en la región.
A ello se suma el caso de Nancy Gómez Vargas, exalcaldesa de
Chicoloapan y hermana de Marco Antonio Gómez Vargas, alias “El Kino”,
identificado como presunto operador de “La Familia Michoacana” y actualmente
prófugo por homicidio y extorsión.
Las críticas también alcanzan al diputado local Edgar Samuel
Ríos Moreno, debido a los vínculos familiares y políticos que rodean el caso,
mientras continúan las preguntas sobre por qué “El Kino” sigue libre pese a ser
plenamente identificado por autoridades.
Especialistas sostienen que mientras no exista una
investigación real contra funcionarios, policías y operadores políticos
presuntamente relacionados con grupos criminales, cualquier estrategia de
seguridad seguirá condenada al fracaso.
Por ello, cada vez más voces responsabilizan directamente a la
gobernadora Delfina Gómez Álvarez de mantener una política basada en propaganda
y control mediático, mientras el oriente mexiquense continúa hundido en
violencia, corrupción y miedo.
Porque, aseguran ciudadanos y expertos, la crisis de seguridad
no se combate con boletines oficiales ni con millones de pesos en publicidad,
sino enfrentando las redes de poder que presuntamente han permitido que el
crimen organizado se incruste en gobiernos municipales y corporaciones
policiacas.
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