ANTORCHA: EL DISCURSO DE LA DEMOCRACIA DESDE LA COMODIDAD DEL PODER

 

*Mientras Abel Pérez Zamorano alerta sobre el avance de la derecha en América Latina, la organización enfrenta cuestionamientos por su liderazgo perpetuo, su modelo de control político y la pérdida de respaldo ciudadano en sus antiguos bastiones

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHIMALHUACÁN, Estado de México, 4 de julio de 2026.- Lo dicho por Abel Pérez Zamorano en Antorcha TV no pareció el análisis de un dirigente político preocupado por el futuro de América Latina. Sonó, más bien, como el discurso de una organización que observa cómo el poder que acumuló durante décadas comienza a escapársele de las manos.

 

El dirigente de Antorcha Campesina aseguró que la "ultraderecha" avanza peligrosamente en el continente. Citó los cambios de gobierno registrados en diversos países y advirtió que México podría recorrer el mismo camino si Morena no atiende con mayor decisión a las clases trabajadoras. Incluso responsabilizó al llamado "imperialismo" de impulsar ese supuesto reacomodo político.

 

Pero mientras Abel Pérez Zamorano señala enemigos externos, guarda absoluto silencio sobre los problemas internos de Antorcha que durante años han desgastado la credibilidad de la organización.

 

Hablar de democracia resulta difícil cuando Antorcha Campesina continúa bajo el liderazgo histórico y vitalicio de Aquiles Córdova Morán, fundador y principal dirigente del movimiento desde hace décadas. La renovación de liderazgos, la pluralidad y la alternancia que hoy exige para los gobiernos son principios que, nunca se han reflejado en la estructura interna de la organización a la que el pertenece.

 

Resulta igualmente contradictorio escuchar llamados en favor de los trabajadores provenientes de un movimiento que durante años ha sido acusado de convertir a miles de personas de escasos recursos en su principal instrumento de presión política. Obligándolos a participar en marchas, plantones, bloqueos y movilizaciones, durante décadas, ha sido el sello distintivo de Antorcha Campesina.

 

El discurso también pierde fuerza cuando se confronta con la realidad económica de la propia organización. Mientras condena el poder del capital y de las élites económicas, Antorcha Campesina ha construido una importante estructura empresarial que, de acuerdo con información pública y diversas investigaciones periodísticas, incluye gasolineras, restaurantes, instituciones educativas y otros negocios que permite a los líderes vivir como virreyes. Esa situación ha dado pie a cuestionamientos sobre la coherencia entre su narrativa política y el patrimonio asociado al movimiento.

 

LA MAYOR CONTRADICCIÓN, SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA EN LAS URNAS

 

Si Antorcha Campesina presume ser un movimiento disciplinado, ideológicamente sólido y con respaldo popular, la pregunta es inevitable: ¿por qué nunca ha logrado consolidarse como una fuerza política propia capaz de competir con éxito a nivel local o nacional?

 

La pérdida de municipios emblemáticos como Chimalhuacán e Ixtapaluca marcó el inicio del declive político de una organización que durante años convirtió esas administraciones en su principal escaparate de poder.

 

Hoy, lejos de recuperar por sí misma la confianza ciudadana, el movimiento enfrenta versiones sobre acercamientos con distintos actores políticos, entre ellos el senador Higinio Martínez Miranda, con la intención de construir acuerdos rumbo al proceso electoral de 2027. Esas versiones alimentan la percepción de que Antorcha Campesina solo busca mantenerse vigente mediante alianzas políticas, más que a través de un crecimiento electoral propio.

 

Y mientras sus dirigentes advierten que la democracia está en riesgo, en municipios donde gobernaron durante años persiste un recuerdo que continúa pesando en la memoria colectiva. La mayoría de ciudadanos identifican aquellos gobiernos con un modelo de control político que privilegiaba a sus liderazgos y no a los ciudadanos, las movilizaciones permanentes y la concentración del poder son parte de los recuerdos. Por ello, consideran que Antorcha Campesina nunca debe de regresar a gobernar.

 

El discurso de Abel Pérez Zamorano pretende presentar a Antorcha Campesina como el último bastión de la izquierda popular. Sin embargo, antes de señalar a la derecha, al imperialismo o a los adversarios ideológicos, la organización tendría que responder por qué perdió el respaldo en los territorios que gobernó durante décadas y por qué su modelo político genera hoy más dudas que entusiasmo.

 

Porque la democracia no se defiende únicamente con discursos transmitidos por televisión. También se demuestra con alternancia, con autocrítica, con transparencia y con la disposición de someterse al juicio de los ciudadanos.

 

Y precisamente ahí es donde, para muchos ciudadanos, Antorcha Campesina mantiene su mayor deuda.

DENUNCIA PENAL POR $40.7 MILLONES SACUDE AL GOBIERNO DE VALLE DE BRAVO

*La ASF llevó el caso ante la FGR por presuntas irregularidades en recursos federales; la investigación pone bajo presión a la alcaldesa morenista Michelle Núñez y abre un nuevo frente político para su grupo

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

VALLE DE BRAVO, Estado de México, 4 de julio de 2026.- La administración municipal del municipio de Valle de Bravo enfrenta uno de los episodios más delicados de su historia reciente. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las presuntas irregularidades detectadas en el manejo de 40 millones 717 mil 575 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), correspondientes a la Cuenta Pública 2024.

 

La denuncia coloca bajo la lupa el manejo de recursos federales durante la administración municipal encabezada por la alcaldesa de Morena Michelle Núñez, quien ha rechazado públicamente las observaciones y sostiene que su gobierno cuenta con la documentación necesaria para acreditar la correcta aplicación del dinero público.

 

Sin embargo, para la ASF las explicaciones resultaron insuficientes.

 

La investigación deriva de la Auditoría número 980 y del Pliego de Observaciones 2024-D-15110-19-0980-06-001, mediante los cuales el máximo órgano de fiscalización del país concluyó la existencia de un probable daño a la Hacienda Pública Federal por más de 40.7 millones de pesos, al no acreditarse documentalmente el destino de la totalidad de los recursos revisados.

 

De acuerdo con el informe oficial, la auditoría comprendió diez obras de infraestructura financiadas con recursos federales. Durante la revisión fueron detectadas múltiples deficiencias, entre ellas la ausencia o insuficiencia de expedientes técnicos, procedimientos de contratación, documentación financiera, comprobantes de pago, evidencia de ejecución de las obras y demás elementos indispensables para demostrar que el dinero público fue ejercido conforme a la ley.

 

Tras revisar la información presentada por el Ayuntamiento, la ASF determinó que ésta no logró solventar las observaciones, por lo que decidió promover la denuncia penal ante la FGR.

 

La denuncia forma parte de un paquete nacional de 21 denuncias penales promovidas por la Auditoría Superior de la Federación derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024. Ahora corresponderá al Ministerio Público Federal integrar la carpeta de investigación, reunir pruebas y determinar las responsabilidades de los servidores públicos que participaron en la autorización, administración, contratación, supervisión, ejecución y comprobación de los recursos federales observados.

 

Aunque hasta ahora la ASF no ha revelado los nombres de los funcionarios denunciados, por la naturaleza de los hechos la investigación podría alcanzar a quienes estuvieron al frente de la Tesorería Municipal, la Dirección de Obras Públicas y a los servidores públicos que intervinieron en los procesos de contratación, autorización de pagos, supervisión y recepción de las obras financiadas con recursos del FAISMUN.

 

Será la Fiscalía General de la República la que determine, con base en las pruebas, el grado de participación y responsabilidad de cada uno de los funcionarios involucrados.

 

De acreditarse conductas ilícitas, los responsables podrían enfrentar procesos por delitos previstos en el Código Penal Federal, entre ellos peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito del servicio público o ejercicio abusivo de funciones. Paralelamente, también podrían iniciarse procedimientos por faltas administrativas graves, con sanciones que incluyen multas, inhabilitación y destitución del cargo, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

La denuncia representa un severo golpe para la credibilidad del gobierno municipal de Valle de Bravo, pues no se trata únicamente de observaciones administrativas, sino del inicio de una investigación penal derivada de presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a infraestructura social, recursos que tienen como finalidad atender necesidades básicas de la población.

 

En el ámbito político, el caso revive uno de los episodios más controvertidos del proceso electoral intermedio de 2021, cuando la entonces candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Zudikey Rodríguez, denunció haber sido interceptada y amenazada por presuntos integrantes de La Familia Michoacana para abandonar la contienda.

 

Aunque nunca se acreditó ni autoridad alguna señaló que la entonces candidata de Morena y hoy alcaldesa hubiera participado en esos hechos, la salida de la contendiente modificó el escenario político de la elección y finalmente favoreció el triunfo electoral de la actual presidenta municipal, un antecedente que vuelve a ser recordado ahora que su administración enfrenta una investigación penal por el manejo de recursos federales.

 

En el terreno político, la investigación también podría generar un costo para el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, quien ha sido identificado como uno de los principales operadores de Morena en la entidad y mantiene una estrecha relación política con la alcaldesa Michelle Núñez. De confirmarse responsabilidades derivadas de la denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación.

 

El caso podría convertirse en un flanco de crítica para el grupo de Morena que apoyan Al senador Higinio Martínez y que están en contra de Horacio Duarte y representar un desgaste para el grupo político encabezado por Duarte Olivares, particularmente ante las expectativas que existen en torno a su futuro político dentro de la 4T.

LA PAZ, BAJO EL IMPERIO DEL MIEDO; OTRO ATAQUE ARMADO EXHIBE EL FRACASO TOTAL DE MARTHA GUERRERO

 

*Un hombre fue baleado dentro de una tienda Elektra, en una de las zonas más transitadas del municipio; no hubo detenidos y la supuesta estrategia de inteligencia volvió a quedar en evidencia

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 4 de julio de 2026.- La violencia continúa imponiendo su ley en La Paz y el gobierno municipal parece incapaz de contenerla. La promesa de la alcaldesa morenista Martha Guerrero de devolver la tranquilidad a los habitantes se desmorona con cada nuevo hecho delictivo, mientras la percepción ciudadana es la de un municipio abandonado por sus autoridades.

 

A ello se suma un escenario político que ha sido motivo de constantes señalamientos: en la práctica pareciera que en La Paz existen dos presidentes municipales. Por un lado, Martha Guerrero, quien fue electa democráticamente; por el otro, su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, quien es señalado por intervenir en las decisiones del gobierno municipal como si también ostentara el cargo. Sin embargo, más allá de quién ejerza realmente el poder, el resultado es el mismo: una administración rebasada por la delincuencia.

 

El reciente episodio ocurrió el pasado 2 de julio, alrededor de las 19:00 horas, cuando un hombre fue atacado a balazos en el interior de la tienda Elektra, ubicada sobre la carretera federal México-Texcoco, kilómetro 22.5, en la colonia Magdalena Atlicpac, uno de los puntos con mayor afluencia de vehículos y personas en el municipio.

 

De acuerdo con el reporte del gerente del establecimiento, Marco Antonio Flores, dos sujetos ingresaron al negocio siguiendo a otro hombre. Al llegar al área de cajas, los agresores sacaron un arma de fuego, lo despojaron del dinero en efectivo que llevaba consigo y posteriormente le dispararon en el abdomen. La víctima cayó herida en el lugar sin que se conociera su identidad.

 

Paramédicos de la unidad 7204 acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de emergencia a la Clínica 53 del IMSS.

 

Mientras tanto, los responsables escaparon sin que ninguna autoridad lograra detenerlos.

 

El ataque ocurrió en una vialidad de alta circulación, con intenso movimiento vehicular y comercial, lo que vuelve a exhibir la ausencia de una estrategia preventiva eficaz y la incapacidad de reacción de la corporación policiaca municipal.

 

Frente a estos hechos vuelve a surgir una pregunta inevitable: ¿dónde está la inteligencia que presume la alcaldesa Martha Guerrero cada vez que intenta justificar la actuación de su gobierno?

 

Los constantes hechos violentos, los homicidios, robos y ataques armados registrados durante la actual administración contrastan con el discurso oficial que insiste en hablar de estrategias exitosas, cuando la realidad muestra una policía incapaz de prevenir los delitos y mucho menos de capturar a sus responsables.

 

También crecen los cuestionamientos sobre la permanencia de Eduardo Fouilloux, comisario y director general de Seguridad y Prevención Ciudadana; Isaías Ramírez Leal, director operativo de Seguridad Ciudadana, Tránsito Municipal y Movilidad; y Miguel Ángel Cisneros Mancilla, encargado del despacho del área de Inteligencia.

 

Las cifras y los hechos parecen condenar su gestión. A pesar de la sucesión de episodios violentos y de los reiterados fracasos operativos, los tres continúan al frente de áreas estratégicas sin que exista una explicación pública convincente de por qué permanecen en sus cargos.

 

La administración de Martha Guerrero ha insistido en presumir resultados en materia de seguridad; sin embargo, la realidad que enfrentan diariamente los habitantes de Los Reyes La Paz parece contar una historia completamente distinta. Los delincuentes actúan con una confianza que hace pensar que saben que difícilmente serán detenidos, mientras la población vive con el temor de convertirse en la siguiente víctima.

 

Cada ataque sin detenidos, cada crimen impune y cada operativo fallido fortalecen la percepción de que la delincuencia mantiene el control de las calles, mientras el gobierno municipal sigue sin ofrecer respuestas que devuelvan la tranquilidad a un municipio que, para miles de familias, se ha convertido en un territorio marcado por el miedo.

EXPEDIENTE SECRETO RECHAZA CUALQUIER PACTO CON MANDO DE INTELIGENCIA DE NEZAHUALCÓYOTL

*El medio desmiente versiones atribuidas a Francisco Michael Pérez Ramírez y reafirma que continuará investigando la corrupción al interior de la policía municipal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México, 4 de julio de 2026.- Quienes integramos EXPEDIENTE SECRETO rechazamos de manera categórica las versiones que pretenden hacer creer que este medio de comunicación mantiene algún tipo de acuerdo, compromiso o arreglo con Francisco Michael Pérez Ramírez, titular de la Coordinación de Inteligencia de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl.

 

Lo anterior surge luego de que, tras la publicación realizada el pasado 15 de junio de 2026, en la que se documentaron denuncias por presunta tortura, privación ilegal de la libertad y fabricación de delitos en contra de dos mujeres, el alcalde morenista Adolfo Cerqueda Rebollo y el comisario Vicente Ramírez García exigieran a dicho mando policial esclarecer el contenido de la investigación periodística.

 

De acuerdo con la información dada a conocer por este medio, Francisco Michael Pérez Ramírez habría respondido a ambos funcionarios que "ya le había llegado al precio" a los reporteros de EXPEDIENTE SECRETO, asegurando que la conciencia del medio ya había sido comprada y que, por ello, dejarían de publicarse investigaciones en contra de la Coordinación de Inteligencia.

 

ESA AFIRMACIÓN ES ABSOLUTAMENTE FALSA

EXPEDIENTE SECRETO no sostiene ni sostendrá acuerdos con servidores públicos señalados por presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad o fabricación de delitos. Nuestra única responsabilidad es con los ciudadanos y con el ejercicio libre del periodismo.

 

La investigación publicada el 15 de junio documentó las denuncias de Ximena Ibarra Helu y Nicole Daniela Vega Helu, quienes señalaron directamente a Francisco Michael Pérez Ramírez y a elementos bajo su mando por presuntos actos de tortura para obligarlas a autoinculparse. El caso derivó en que un juez declarara ilegal la detención y ordenara dar vista a las fiscalías especializadas en tortura y combate a la corrupción, además de que existen investigaciones administrativas abiertas por estos hechos.

 

En lugar de intentar desacreditar el trabajo periodístico con versiones falsas, resultaría más sensato que el alcalde morenista Adolfo Cerqueda Rebollo y el comisario Vicente Ramírez García revisen la permanencia de mandos que hoy enfrentan señalamientos de extrema gravedad y que, de confirmarse, representarían un verdadero riesgo para la ciudadanía y para la propia institución policial.

 

Por nuestra parte, refrendamos el compromiso de EXPEDIENTE SECRETO de continuar investigando y documentando los presuntos actos de corrupción, abuso de poder y las irregularidades que, de acuerdo con múltiples denuncias, han penetrado diversas áreas de la policía municipal de Nezahualcóyotl.

 

Las presiones, descalificaciones o intentos de desacreditar nuestro trabajo no modificarán nuestra línea editorial ni impedirán que la sociedad conozca hechos de interés público debidamente sustentados.

CAE ALTO FUNCIONARIO DE DELFINA GÓMEZ POR PRESUNTOS NEXOS CON EL CRIMEN; EL SILENCIO DEL GOBIERNO DESATA CUESTIONAMIENTOS

*La captura de Lino Rodríguez González por presuntos delitos de secuestro y delincuencia organizada coloca bajo presión a la administración estatal, mientras crecen las dudas sobre quién sabía de sus presuntos vínculos y por qué permaneció en un cargo estratégico

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 3 de julio de 2026.- La detención de Lino Rodríguez González, coordinador general de Gobierno de la zona sur-sureste del Estado de México, representa uno de los golpes políticos más delicados para la administración de la gobernadora morenista Delfina Gómez Álvarez. No se trata de un funcionario menor, sino de un operador regional con acceso permanente a alcaldes, corporaciones de seguridad y mesas de gobernabilidad, ahora investigado por presuntos delitos de secuestro y delincuencia organizada.

 

La captura fue ejecutada el pasado jueves 2 de julio por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con apoyo de autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Marina, como parte del Operativo Enjambre, la estrategia diseñada para investigar a servidores públicos con presuntos vínculos con organizaciones criminales.

 

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Rodríguez González fue trasladado e ingresado posteriormente al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, donde quedó a disposición de un juez. Aunque la Fiscalía mexiquense no ha confirmado oficialmente los delitos que se le imputan, diversas fuentes señalan que enfrenta investigaciones por secuestro y delincuencia organizada.

 

La gravedad del caso radica en que Rodríguez González no era un funcionario de segundo nivel. Desde el inicio del gobierno de Delfina Gómez ocupó la Coordinación General de Gobierno para la región Sur-Sureste, una posición adscrita a la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Horacio Duarte Olivares. Su superior inmediato era el subsecretario general de Gobierno, Alejandro Viedma González.

 

Su responsabilidad consistía en mantener el enlace político entre el Gobierno del Estado y los municipios del sur mexiquense, coordinar reuniones con alcaldes, atender conflictos sociales, dar seguimiento a gestiones municipales y participar en espacios relacionados con seguridad y gobernabilidad.

 

Lo que hoy resulta especialmente delicado es que el funcionario mantenía actividad pública hasta prácticamente el momento de su captura. Apenas el pasado 1 de julio participó en la denominada Mesa de la Transformación de la Región 19, con sede en Tejupilco, donde intervino en reuniones relacionadas con programas sociales y coordinación territorial.

 

El caso adquiere todavía mayor relevancia porque Rodríguez González es originario de Temascalcingo, una región donde desde hace años se ha documentado la presencia e influencia del grupo criminal conocido como "La Nueva Familia Michoacana", encabezado por los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias "El Pez", y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias "El Fresa", ambos considerados objetivos prioritarios y con recompensas ofrecidas por autoridades estadounidenses.

 

Antes de llegar al gobierno estatal, Lino Rodríguez desarrolló una carrera política en el ámbito municipal, donde fue regidor y secretario del Ayuntamiento de Temascalcingo. También pertenece a una familia con presencia política en esa región, al ser hijo de Joaquín Rodríguez Díaz, exdirigente del PRD en ese municipio.

 

Su nombre tampoco era desconocido dentro de la administración estatal. En enero de 2025 fue identificado como representante del Gobierno del Estado durante mesas de diálogo en municipios como Luvianos y Ocuilan, donde intervenía en conflictos políticos y sociales que requerían la presencia directa de la administración estatal.

 

La detención ocurre dentro del Operativo Enjambre, iniciado en noviembre de 2024 tras el hallazgo de restos humanos en pozos del municipio de Nicolás Romero. Desde entonces, la estrategia ha derivado en investigaciones contra expresidentes municipales, integrantes de cabildos, comisarios, directores de seguridad pública y policías señalados por presuntos delitos como homicidio, extorsión, desaparición forzada, secuestro y colaboración con organizaciones criminales.

 

Sin embargo, el impacto político rebasa el ámbito judicial.

 

Hasta el momento, ni la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ni el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, han emitido un posicionamiento público sobre la captura de uno de sus principales operadores regionales.

 

Ese silencio alimenta los cuestionamientos que comienzan a surgir dentro y fuera del propio gobierno estatal. Diversas versiones que circulan al interior de la administración sostienen que existían señalamientos previos sobre los presuntos vínculos del ahora detenido con grupos criminales, pero que nunca se adoptaron medidas para separarlo del cargo o investigar su actuación.

 

Lo que constituye un hecho es que, mientras el gobierno de Morena sostenía el discurso de combate a la delincuencia y recuperación de la gobernabilidad en el sur del Estado de México, uno de sus propios operadores políticos terminó detenido por la Fiscalía bajo acusaciones relacionadas con delincuencia organizada.

 

La captura de Lino Rodríguez González abre una nueva crisis política para el gobierno estatal y coloca bajo escrutinio los mecanismos de control interno, los procesos de selección de funcionarios y la capacidad de detectar posibles infiltraciones del crimen organizado en áreas estratégicas de la administración pública.

 

Más allá del proceso penal que apenas comienza, el caso deja una pregunta inevitable: si un funcionario con responsabilidades directas en gobernabilidad y seguridad terminó siendo investigado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, ¿quién supervisaba realmente a quienes tenían en sus manos la estabilidad política del sur mexiquense?

LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBEN EL FRACASO DE LA INTELIGENCIA

 QUE LLEGO DEMASIADO TARDE

 

*Documentos oficiales exhiben que, mientras el gobierno de Martha Guerrero presume la captura del presunto asesino de Ian, las alertas previas no evitaron el crimen y la primera puesta a disposición fue por cohecho, no por homicidio, dejando serias dudas sobre la actuación de la corporación policial

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 2 de julio de 2026.- El asesinato del niño Ian Alexis García Juárez, de apenas tres años de edad, no comenzó el día en que su cuerpo fue localizado sin vida. La tragedia comenzó mucho antes, cuando los llamados de auxilio, las denuncias vecinales y las señales de violencia presuntamente fueron ignorados por las autoridades municipales encargadas de proteger a la población.

 

Hoy, mientras el gobierno de la alcaldesa morenista Martha Guerrero intenta presentar la captura del presunto responsable como un éxito de su estrategia de inteligencia, los propios documentos ministeriales muestran una historia distinta: una corporación que reaccionó después del crimen, no antes; una investigación que presume eficacia cuando la víctima ya había perdido la vida; y un procedimiento policial que deja abiertas numerosas interrogantes.

 

Detrás del discurso oficial aparecen tres nombres que inevitablemente forman parte del escrutinio público: el contralmirante Eduardo Fouilloux, comisario y director general de Seguridad y Prevención Ciudadana; Isaías Ramírez Leal, director operativo de Seguridad Ciudadana, Tránsito Municipal y Movilidad; y Miguel Ángel Cisneros Mancilla, encargado del despacho del área de Inteligencia.

 

Los tres dirigen la estructura policial que tiene la obligación constitucional de prevenir delitos, atender reportes ciudadanos y proteger a la población. Sin embargo, la pregunta que hoy permanece sin respuesta es inevitable:

 

¿Dónde estuvo esa inteligencia cuando Ian todavía estaba vivo?

 

Vecinos del domicilio donde vivía el menor han relatado públicamente que desde hacía tiempo escuchaban los constantes llantos del niño y que, incluso, habían realizado diversos llamados solicitando la intervención de las autoridades, preocupados por la violencia que presuntamente sufría el menor.

 

De confirmarse plenamente esos reportes, el caso evidenciaría que el problema no fue únicamente la actuación del presunto homicida, sino también la capacidad institucional para responder oportunamente a señales de riesgo.

 

El municipio de Los Reyes La Paz ya había enfrentado severos cuestionamientos por el caso del menor conocido públicamente como Fernandito, cuya muerte también generó críticas sobre la actuación preventiva de las autoridades municipales.

 

Lejos de convertirse en un punto de inflexión para fortalecer los mecanismos de protección infantil, el homicidio de Ian vuelve a colocar a la administración municipal bajo cuestionamiento.

 

Tras la indignación social, el gobierno municipal difundió comunicados asegurando que, gracias a trabajos de inteligencia e investigación, había sido localizado el presunto responsable.

 

Pero los documentos ministeriales revelan una secuencia distinta.

 

La investigación por el homicidio quedó registrada bajo la carpeta NUC: TLA/FEF/FEF/104/176319/26/06.

 

Sin embargo, cuando Sergio Quintana Miranda fue presentado ante el Ministerio Público, no quedó inicialmente a disposición por el homicidio del menor. Fue presentado por un delito completamente distinto.

 

La carpeta de investigación TLA/TLA/00/MPI/076/02451/26/07 establece que la puesta a disposición ocurrió por el delito de cohecho.

 

De acuerdo con la declaración ministerial del elemento policiaco, alrededor de las tres de la madrugada se encontraba realizando diligencias relacionadas con la investigación del homicidio cuando observó al ahora detenido dentro de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Tlalnepantla.

 

Según el testimonio ministerial, Sergio Quintana Miranda se acercó voluntariamente y presuntamente ofreció cinco mil pesos para que dejaran de investigar "lo del niño".

 

Ante ello, el policía informó que ofrecer dinero para impedir el cumplimiento de funciones oficiales constituía el delito de cohecho y procedió a su detención aproximadamente a las 03:05 horas.

 

Posteriormente fue registrado en el Registro Nacional de Detenciones bajo el folio MC/FC/105/01072026/0020 y trasladado nuevamente ante el Ministerio Público. Todo el procedimiento quedó sustentado en el delito de cohecho.

 

Es precisamente ahí donde aparecen las mayores interrogantes.

 

Si la Policía de Inteligencia ya había identificado plenamente al presunto homicida y realizaba un seguimiento puntual, como sostuvo públicamente el gobierno municipal, surgen preguntas legítimas que las autoridades deberían responder:

 

¿Por qué la primera puesta a disposición fue por cohecho y no por homicidio? ¿Existía una orden de aprehensión o un mandamiento judicial para detenerlo por el asesinato del menor?

 

¿La corporación tenía plenamente acreditada su identidad al momento de la detención o fue el propio comportamiento del sospechoso lo que derivó en su aseguramiento?

 

¿Por qué el discurso oficial presenta una captura derivada de inteligencia cuando los documentos muestran un procedimiento que inició por un delito distinto?

 

Estas preguntas no desacreditan por sí mismas la investigación penal, pero sí evidencian contradicciones entre la narrativa institucional y los documentos ministeriales.

 

Toda operación policial tiene responsables.

 

La estructura de mando de la corporación municipal recaía en:

 

El contralmirante Eduardo Fouilloux, como director general de Seguridad y Prevención Ciudadana. Isaías Ramírez Leal, como director operativo y Miguel Ángel Cisneros Mancilla, responsable del despacho de Inteligencia.

 

Si la inteligencia funcionó para localizar al presunto responsable después del homicidio, corresponde a esos mandos explicar qué acciones preventivas se realizaron antes del crimen, cómo se atendieron los reportes ciudadanos y qué protocolos se activaron para proteger al menor.

 

La seguridad pública no puede medirse únicamente por el número de detenidos. Su principal objetivo es impedir que los delitos ocurran.

 

EL ACTUAR DEL GRUPO TITÁN

 

En la intervención participaron los elementos de la unidad SPM-338 del segundo turno: Jesús Adalberto Montes Zamarripa, Eduardo Vázquez Torres, Marcos Alberto Velázquez Gallarda, Brenda Romero Reyna y Victorino Rufino Rodríguez Cuéllar.

 

Ellos trasladaron al detenido hasta las instalaciones ministeriales, donde formalizaron la puesta a disposición. Sin embargo, el procedimiento también deja abierta otra interrogante jurídica:

 

Si el objetivo principal era esclarecer el homicidio de Ian Alexis García Juárez, ¿por qué el primer acto procesal quedó sustentado en el delito de cohecho?

 

MÁS QUE UNA DETENCIÓN

 

La captura del presunto responsable representa un avance importante para que el homicidio no quede impune. Pero una detención no sustituye la prevención.

 

Tampoco elimina las responsabilidades administrativas o institucionales que pudieran derivarse si se acredita que existieron reportes previos desatendidos o fallas en la actuación de las autoridades.

 

Mientras el gobierno municipal celebra la captura como un triunfo político, la realidad es mucho más dolorosa. Un niño de tres años fue asesinado. La inteligencia llegó cuando ya no podía salvarle la vida.

 

Y ninguna conferencia de prensa, ningún boletín oficial y ninguna estrategia de comunicación puede ocultar la pregunta que hoy sigue pesando sobre la administración municipal:

 

¿Qué hizo el gobierno de Los Reyes La Paz para proteger a Ian antes de que fuera demasiado tarde?

 

Porque detener a un presunto responsable después de un crimen es una obligación legal.

 

Evitar que ese crimen ocurra era la verdadera responsabilidad del gobierno.

OTRO NIÑO ASESINADO EN LA PAZ: LAS ADVERTENCIAS IGNORADAS Y UN PATRÓN QUE VUELVE A EXHIBIR AL GOBIERNO DE MARTHA GUERRERO

 

*Aunque el presunto asesino ya fue detenido, vecinos denuncian que las autoridades ignoraron durante meses las alertas sobre la violencia que sufría el menor. Un año después del caso de Fernandito, Los Reyes La Paz vuelve a enfrentar un crimen que exhibe posibles omisiones institucionales y el fracaso de los mecanismos de protección a la infancia

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 2 de julio de 2026.- El asesinato de un niño de apenas tres años de edad volvió a colocar a Los Reyes La Paz en el centro de la indignación nacional. Más allá del crimen, el caso abre una nueva línea de cuestionamientos sobre la actuación —o la falta de ella— del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez, luego de que vecinos aseguran haber advertido en diversas ocasiones sobre la violencia que sufría el menor sin que las autoridades intervinieran.

 

Mientras el gobierno municipal intentó contener la crisis mediante un video y un comunicado en el que la alcaldesa expresó condolencias a la familia, la reacción fue considerada por diversos sectores de la población como insuficiente frente a la gravedad de los hechos. Para muchos habitantes, el mensaje oficial no respondió a la pregunta central: ¿por qué nadie actuó cuando las alertas ya existían?

 

De acuerdo con el reporte policial, el crimen ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Girasol, colonia San José de las Palmas. Sobre la banqueta fue localizado sin vida un menor identificado con las iniciales I.A.J., de tres años de edad.

 

La primera persona que solicitó ayuda fue la vecina Abigail Reyes González, quien declaró que escuchó los gritos del niño y, al asomarse, observó al padrastro, Sergio Quintana, de 23 años, golpeándolo violentamente. Según su testimonio, cuando el agresor notó que el menor había dejado de llorar huyó del lugar con rumbo desconocido.

 

Los servicios de emergencia acudieron a la vivienda y únicamente pudieron confirmar que el menor ya no presentaba signos vitales.

Poco después arribó la madre del niño, María Isabel Gracia Juárez, de 33 años, quien manifestó que regresaba de su jornada laboral y desconocía lo ocurrido. Posteriormente fue trasladada ante el Ministerio Público para rendir su declaración.

 

Habitantes de la colonia aseguran que desde tiempo atrás el menor era víctima constante de violencia física y que esa situación fue reportada en diversas ocasiones a la Policía municipal de Género.

 

De acuerdo con sus testimonios, realizaron llamadas telefónicas y solicitaron apoyo porque con frecuencia escuchaban al niño llorar durante la madrugada y en distintos momentos del día. Aseguran incluso que existen registros de esas comunicaciones.

 

Según los vecinos, las respuestas fueron insuficientes o simplemente nunca hubo una intervención efectiva para proteger al menor.

 

De confirmarse estas versiones mediante las investigaciones correspondientes, el caso no sólo evidenciaría un homicidio, sino también posibles omisiones institucionales en los mecanismos de protección a la infancia.

 

EL DIF MUNICIPAL, NUEVAMENTE BAJO CUESTIONAMIENTOS

 

La tragedia también vuelve a colocar bajo escrutinio el funcionamiento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

 

El organismo es presidido honoríficamente por Ana María Guerrero Sánchez, hermana de la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez, un nombramiento que es para beneficiar a la familia de la mandataria, sin embargo, no cuenta con un perfil especializado que requiere ese cargo.

 

Vecinos consultados sostienen que el DIF municipal opera como una institución distante de la ciudadanía y con escasa capacidad de respuesta para atender casos de violencia familiar o riesgo contra menores.

 

Hasta el momento, el gobierno municipal no ha informado públicamente si existían antecedentes, expedientes, reportes o intervenciones relacionadas con el entorno familiar del menor asesinado.

 

UN AÑO DESPUÉS, LA HISTORIA PARECE REPETIRSE

 

El nuevo crimen revive inevitablemente uno de los episodios más dolorosos registrados en el municipio.

 

En julio de 2025 fue asesinado Fernandito, un niño de cinco años cuyo caso provocó indignación nacional después de haber sido secuestrado y posteriormente privado de la vida por presuntos prestamistas, quienes, de acuerdo con las investigaciones difundidas en aquel momento, actuaron como represalia por una deuda de mil pesos que la madre no pudo cubrir.

 

En ese caso, la madre del menor denunció públicamente que acudió al DIF municipal, a la Policía Municipal y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México buscando ayuda mientras su hijo permanecía secuestrado. Según su versión, ninguna autoridad actuó con la rapidez necesaria para localizar al menor.

 

Tras el homicidio, la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez y la gobernadora morenista Delfina Gómez Álvarez acudieron al domicilio de la familia. Diversas versiones difundidas públicamente señalaron que ofrecieron dinero a los familiares a cambio de su silencio, desde entonces, no se supo más del asesinato de Fernandito.

 

DOS CASOS, UN MISMO CUESTIONAMIENTO

 

Aunque las circunstancias de ambos homicidios son distintas, existe un elemento que hoy vuelve a generar cuestionamientos entre la población: las denuncias de que existieron alertas previas que no derivaron en acciones eficaces de protección.

 

Especialistas en protección infantil sostienen que cuando existen reportes reiterados sobre posibles agresiones contra menores, las instituciones encargadas de la seguridad, asistencia social y procuración de justicia deben activar protocolos de evaluación de riesgo e intervención inmediata.

 

UNA CRISIS QUE REBASA LOS DISCURSOS

 

La muerte de otro menor coloca nuevamente al gobierno municipal frente a una severa crisis de credibilidad.

 

Más allá de los mensajes de condolencia, la principal exigencia ciudadana apunta a conocer si las denuncias vecinales existieron, qué dependencia las recibió, quién decidió no intervenir y por qué los mecanismos de protección infantil volvieron a fallar.

 

La captura del presunto homicida podrá cerrar una parte de la investigación penal, pero no devuelve la vida al niño de tres años. Tampoco elimina las dudas sobre el desempeño del gobierno municipal.

 

Si se confirma que existieron denuncias previas ignoradas por las autoridades, el caso dejaría de ser únicamente un homicidio para convertirse también en un ejemplo del fracaso institucional para proteger a un menor cuya situación de riesgo, según los vecinos, había sido advertida con anticipación.

 

La responsabilidad del agresor deberá ser determinada por los tribunales, pero las posibles omisiones de los servidores públicos también tendrían que ser investigadas y, en su caso, sancionadas.

OTRO NIÑO MUERTO, OTRA TRAGEDIA ANUNCIADA: VECINOS DENUNCIAN OMISIÓN Y MORENA VUELVE A QUEDAR BAJO CUESTIONAMIENTO EN LA PAZ

 

*Vecinos afirman que denunciaron en repetidas ocasiones el presunto maltrato, pero aseguran que la Policía de Género nunca intervino

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 1 de julio de 2026.- La muerte de un niño de apenas cinco años volvió a exhibir la incapacidad de las autoridades municipales de Los Reyes La Paz para actuar frente a casos de violencia familiar que, según denuncian vecinos, eran del conocimiento de la policía municipal desde hacía tiempo.

 

El menor fue localizado sin vida al interior de una vivienda de la colonia Lomas de San José Las Palmas. Las primeras investigaciones apuntan a que habría sido víctima de constantes agresiones físicas presuntamente cometidas por su padrastro.

 

Sin embargo, para los habitantes de la zona, la tragedia pudo evitarse.

 

Vecinos relataron que el niño era víctima frecuente de golpes, gritos y maltratos. Aseguran que en varias ocasiones escucharon cómo era agredido y que incluso presentaba visibles huellas de violencia cuando salía de su domicilio. Pese a ello, nadie intervino de manera efectiva para protegerlo.

 

También aseguran, a través de redes sociales, que la situación de violencia que presuntamente sufría el menor ya era del conocimiento de la encargada de la Policía de Género, Mérida Rangel, así como de su compañero Antonino Horacio.

 

De acuerdo con los testimonios, desde hacía varias semanas realizaron llamadas en distintas ocasiones para solicitar la intervención de las autoridades, debido a que con frecuencia escuchaban al niño llorar durante la madrugada y también a lo largo del día. Incluso afirman que sabían que el menor permanecía solo en la vivienda por largos periodos.

 

Los vecinos relatan que, al no obtener respuesta a las llamadas realizadas a los números telefónicos proporcionados por la corporación, acudieron en al menos tres ocasiones al módulo de la Policía de Género ubicado sobre la avenida Pantitlán. Señalan que cada vez que se comunicaban por teléfono les indicaban que debían presentar la denuncia de manera presencial.

 

Según su versión, cuando finalmente acudieron al módulo fueron atendidos por una mujer de cabello rubio y con lentes, quien se identificó como psicóloga y especialista en el área de género. Ahí, aseguran, se les informó que se programaría una visita domiciliaria para atender el caso.

 

Sin embargo, los vecinos sostienen que dicha visita nunca se realizó. Afirman que la funcionaria les aseguró que daría seguimiento al caso y que se haría cargo de la situación, pero, según su testimonio, las autoridades jamás acudieron al domicilio para verificar las condiciones en las que se encontraba el menor.

 

Las denuncias ciudadanas vuelven a colocar bajo cuestionamiento al gobierno municipal encabezado por la morenista Martha Guerrero Sánchez, cuya administración ya había sido severamente criticada tras el caso del menor conocido como "Fernandito", otro niño que murió en circunstancias similares luego de que también existieran señales de violencia que, presuntamente, no fueron atendidas oportunamente.

 

Para muchos habitantes de La Paz, el asesinato de este nuevo menor confirma que las autoridades municipales no aprendieron absolutamente nada del caso anterior.

 

Lejos de fortalecer mecanismos de prevención, atención inmediata y protección de niñas, niños y adolescentes en riesgo, la administración de Morena continúa reaccionando únicamente cuando las tragedias ya son irreversibles.

 

Vecinos cuestionan la ausencia de campañas permanentes para detectar violencia infantil, la falta de coordinación entre el DIF municipal, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las áreas de seguridad pública, así como la inexistencia de protocolos eficaces que permitan intervenir antes de que los casos terminen en homicidios.

 

"La violencia era evidente. Todos sabían que ese niño sufría. ¿Cómo es posible que ninguna autoridad hiciera nada?", expresó una vecina de la colonia, quien pidió reservar su identidad por temor a represalias.

 

La indignación crece porque este no es un hecho aislado. Organizaciones civiles y habitantes recuerdan que el caso de Fernandito generó promesas de reforzar la protección de la infancia, revisar protocolos de actuación y evitar que otra familia viviera una tragedia similar. Hoy, aseguran, esas promesas quedaron únicamente en discursos.

 

Para los vecinos, este nuevo crimen no sólo representa el fracaso de una familia que violentó a un menor, sino también el de un gobierno que, pese a los antecedentes, no construyó una red efectiva de prevención para proteger a los más vulnerables.

 

Porque cuando un caso se repite bajo circunstancias prácticamente idénticas, la indignación deja de ser únicamente por el crimen y se convierte en un severo cuestionamiento hacia quienes tenían la responsabilidad institucional de prevenirlo.