CANJEAN ARMAS, PERO NO DETIENEN LA IMPUNIDAD EN ECATEPEC

 

*Ausencia de Azucena Cisneros, ciudadanos obligados a esperar horas y cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad empañan el arranque del programa estatal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ECATEPEC, Estado de México, 1 de junio de 2026.- Mientras las autoridades estatales presumían el arranque del Programa de Canje de Armas 2026 en Ecatepec como una estrategia para promover la paz y reducir la violencia, la realidad que enfrentan diariamente miles de habitantes del municipio terminó por exhibir el enorme contraste entre el discurso oficial y la crisis de inseguridad que continúa golpeando a una de las localidades más violentas del Estado de México.

 

El módulo de recepción fue instalado frente al Palacio Municipal para recibir de manera voluntaria y anónima armas de fuego, municiones y otros artefactos a cambio de una compensación económica. Además, se habilitó un programa de intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos con el propósito de fomentar una cultura de paz entre niñas, niños y adolescentes.

 

Sin embargo, para muchos ciudadanos presentes en el evento, la ceremonia estuvo marcada por la ausencia de resultados concretos en materia de seguridad y por la falta de atención de las autoridades municipales.

 

De acuerdo con datos oficiales, durante 2025 fueron entregadas en Ecatepec 31 armas de fuego y 868 cartuchos útiles, por los cuales se otorgaron más de 202 mil pesos en compensaciones económicas. No obstante, diversos vecinos cuestionaron la efectividad de estas cifras frente a la magnitud de la violencia que enfrenta el municipio.

 

"Treinta y una armas retiradas en un año representan poco frente a una realidad donde continúan registrándose homicidios, extorsiones, robos y operaciones criminales en distintas colonias", señalaron algunos asistentes.

 

En representación del gobierno municipal acudió el comisario de Seguridad Pública, Capitán de Marina Luis Alberto Taylor González. Sin embargo, entre elementos de la corporación y ciudadanos persisten críticas sobre el desempeño de la estrategia de seguridad implementada en la localidad, la cual no ha logrado revertir la percepción de inseguridad que prevalece en amplias zonas del municipio.

 

Durante el acto protocolario, Juan Carlos Sánchez, subdirector de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, destacó que Ecatepec se ubicó entre los cinco municipios con mayor participación en el programa de canje de armas durante el año pasado, junto con Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Toluca.

 

Las autoridades también aseguraron que en diferentes jornadas han sido entregadas armas de uso exclusivo del Ejército, armamento de alto calibre e incluso explosivos que posteriormente fueron destruidos bajo protocolos especiales. Sin embargo, durante el evento no se presentaron evidencias documentales o estadísticas detalladas que permitieran dimensionar el impacto real de estas acciones sobre los índices delictivos.

 

LA SITUACIÓN SE TENSÓ AÚN MÁS DEBIDO A LA AUSENCIA DE LA ALCALDESA MORENISTA AZUCENA CISNEROS COSS

 

Padres de familia, estudiantes y docentes manifestaron su molestia luego de permanecer durante varias horas en la explanada municipal bajo la expectativa de que la presidenta municipal encabezaría el evento. Según los inconformes, fueron citados desde las 9 de la mañana y permanecieron en el lugar hasta aproximadamente las 2 de la tarde sin recibir explicación alguna sobre la inasistencia de la edil.

 

"Nos hicieron venir para llenar el evento y ni siquiera tuvo la atención de presentarse", reclamaron algunos asistentes.

 

Otros cuestionaron que decenas de estudiantes fueran movilizados para un acto oficial sin que se les proporcionaran condiciones mínimas de atención, como agua o espacios adecuados para resguardarse.

 

PERO LAS CRÍTICAS MÁS SEVERAS SE CENTRARON EN EL FONDO DEL PROBLEMA

 

Especialistas en seguridad consultados por diversos medios han sostenido que programas como el canje de armas tienen efectos limitados si no se acompañan de investigaciones profundas sobre las estructuras criminales, las redes de corrupción institucional y la posible colusión entre autoridades y grupos delictivos.

 

En ese contexto, nuevamente resurgen los cuestionamientos políticos que durante años han acompañado a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

 

Uno de los señalamientos más recurrentes ha sido su relación política con Alejandro Gilmaré Mendoza, alias "El Choko", identificado por autoridades como líder de "La Chokiza", grupo que ha sido vinculado con actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidios, invasiones de vivienda y despojos de propiedades.

 

Las declaraciones realizadas en el pasado por la propia Cisneros Coss, cuando calificó públicamente a "El Choko" como un "luchador social" y un "gran ser humano", continúan presentes en la sociedad que cuestionan su criterio político y exigen explicaciones sobre dichas expresiones.

 

Las dudas crecieron tras recientes episodios relacionados con la presencia de integrantes de grupos criminales al interior de un hotel y operando en el municipio sin que existieran acciones contundentes por parte de la autoridad local.

 

Ante este escenario, ciudadanos y diversos sectores sociales han solicitado a las autoridades federales reforzar las investigaciones sobre posibles redes de protección institucional y ampliar las acciones de inteligencia contra organizaciones criminales que operan en Ecatepec.

 

Porque para miles de habitantes de la localidad, el problema de fondo no radica únicamente en las armas que algunos ciudadanos entregan voluntariamente, sino en la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales que continúan disputándose territorios, extorsionando comerciantes y sembrando miedo en una población que, una vez más, observa cómo los eventos oficiales generan más propaganda que respuestas.

CHOFER DE CAMIÓN RECOLECTOR DE FIERRO VIEJO MATA A VECINO EN CHIMALHUACÁN

 

*Familiares de Agustín Ramírez Rojas denuncian que el presunto responsable escapó tras la agresión y acusan que la Fiscalía de Chimalhuacán mantiene retenido el cuerpo, impidiendo darle sepultura mientras exigen justicia

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHIMALHUACÁN, Estado de México, 30 de mayo de 2026.- La tragedia y la indignación se han apoderado de una familia de escasos recursos en Chimalhuacán, luego de que Agustín Ramírez Rojas perdiera la vida presuntamente a manos del conductor de una camióneta que compra fierro viejo y tambores de cama, quien tras los hechos logró escapar sin ser detenido.

 

De acuerdo con testimonios de vecinos y familiares, los acontecimientos ocurrieron el pasado miércoles 26 de mayo sobre las calles Melchor Ocampo y Arenal, en la colonia Cerro de las Palomas. Ahí, el operador del camión recolector de fierrp viejo que cotidianamente pasa por la zona atropello a la víctima y luego de sostener una discusión el conductor lo sometió a golpes.

 

Según la versión de los denunciantes, el conductor descendió del vehículo visiblemente alterado y comenzó a golpear a la víctima. Instantes después, Ramírez Rojas se desplomó y perdió la vida. Aunque al lugar acudieron cuerpos de emergencia del Ayuntamiento de Chimalhuacán, encabezado por la alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez, el presunto responsable logró darse a la fuga.

 

A varios días de los hechos, familiares del fallecido aseguran que no sólo enfrentan el dolor de la pérdida, sino también una serie de obstáculos institucionales que consideran injustificados. Denuncian que el cuerpo de Agustín Ramírez Rojas permanece retenido y que el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Chimalhuacán, lejos de iniciar la investigacion para detener al responsable se ha negado a entregarlo para que puedan realizar los servicios funerarios correspondientes.

 

La situación ha generado fuertes cuestionamientos sobre la actuación tanto de las autoridades municipales como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Los familiares sostienen que existe una aparente protección hacia el trabajador involucrado y exigen que se esclarezcan los hechos, se identifique plenamente al responsable y se ejerza acción penal en su contra.

 

El caso también ha despertado críticas entre habitantes de la zona, quienes consideran inaceptable que el responsable esta señalado por provocar la muerte de un ciudadano pueda evadir la justicia mientras una familia de condición económica precaria enfrenta sola los costos emocionales y legales derivados de la tragedia.

 

Mientras el presunto responsable permanece prófugo y el cuerpo de la víctima continúa sin ser entregado a sus familiares, crece la exigencia de justicia en un municipio donde, aseguran los vecinos, la impunidad parece pesar más que los derechos de quienes menos tienen.

 

La familia de Agustín Ramírez Rojas demanda que las autoridades estatales intervengan para garantizar una investigación transparente, evitar cualquier posible acto de encubrimiento y permitir que el fallecido reciba finalmente sepultura conforme a las tradiciones y deseos de sus seres queridos.

CJNG DIFUNDE AMENAZAS EN VIDEO Y NARCOMANTA; ASEGURA

 PRESENCIA EN XOCHIMILCO Y TLALPAN

 

*Video armado y narcomanta exhiben la disputa por el control criminal en el sur de la Ciudad de México, mientras autoridades guardan silencio

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de mayo de 2026.- La presunta expansión de grupos del crimen organizado en la capital del país volvió a encender las alertas luego de que supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) difundieran un video y colocaran una narcomanta en la alcaldía Xochimilco, en los que aseguran tener presencia tanto en esa demarcación como en Tlalpan.

 

El material audiovisual fue dado a conocer el pasado jueves por el periodista Antonio Nieto a través de sus redes sociales. En la grabación aparecen varios hombres armados, vestidos con equipo táctico y con el rostro cubierto, quienes lanzan amenazas contra personas y grupos a los que acusan de participar en actividades delictivas como extorsión, cobro de piso, secuestro y robo.

 

Durante el mensaje, los sujetos afirman que “la limpia ya empezó” y advierten que tomarán represalias contra quienes identifican como responsables de diversos delitos que afectan a los habitantes de ambas alcaldías. También señalan a algunas bases de taxis, a las que acusan de funcionar como grupos de choque y de colaborar con organizaciones criminales.

 

Los encapuchados mencionan además a diversos grupos conocidos como “Low Rider”, “LV”, “Uniendo Raza”, “Puro Equipo” y “Puro Mexicano”, a cuyos supuestos integrantes responsabilizan de actividades ilícitas. En el mensaje advierten que actuarán contra vehículos que porten insignias relacionadas con estas agrupaciones.

 

Según el video, los presuntos miembros del CJNG sostienen que su confrontación no está dirigida contra las autoridades, sino contra personas a quienes consideran extorsionadores, secuestradores y generadores de violencia en la zona. Asimismo, exhortan a la población a no brindar apoyo ni protección a los individuos señalados.

 

La difusión del video ocurrió prácticamente al mismo tiempo que fue reportada la colocación de una narcomanta en el pueblo de San Andrés Ahuayucan, en la alcaldía Xochimilco. De acuerdo con los reportes, el mensaje fue retirado poco después por las autoridades.

 

Diversos medios de comunicación solicitaron información a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México sobre el hallazgo de la manta y el contenido de las amenazas; sin embargo, hasta el momento no se ha emitido una postura oficial al respecto.

 

El texto de la manta coincide con el contenido del video y aparece firmado por el CJNG y las siglas “GDS”. En ambos mensajes se advierte a los habitantes de Tlalpan y Xochimilco que no respalden a otros grupos criminales, al tiempo que se asegura que la organización ya opera en la zona.

 

La aparición de este tipo de mensajes representa un nuevo desafío para las autoridades capitalinas, que durante años han sostenido que la Ciudad de México no enfrenta los niveles de control territorial observados en otras entidades del país. No obstante, la difusión pública de amenazas, la colocación de narcomantas y la presencia de grupos armados en videos difundidos en redes sociales mantienen la preocupación sobre la capacidad de las organizaciones criminales para operar e influir en distintas zonas de la capital.

EXJEFE POLICIACO LIGADO A LOS CHAPITOS PONE CONTRA LAS CUERDAS A MORENA EN SINALOA

*La entrega de Marco Almanza en Estados Unidos revive cuestionamientos sobre el respaldo político a Rubén Rocha y la falta de responsabilidades dentro del partido gobernante

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de mayo de 2026.- La entrega a las autoridades estadounidenses de Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa, amenaza con convertirse en mucho más que un caso judicial. Las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos vuelven a colocar bajo presión al gobierno de Sinaloa y a Morena, partido que ha cerrado filas en torno al gobernador Rubén Rocha Moya pese a los constantes cuestionamientos sobre la infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder de la entidad.

 

De acuerdo con la acusación estadounidense, Almanza Avilés habría recibido sobornos mensuales de aproximadamente 300 mil pesos de la facción criminal de "Los Chapitos" a cambio de brindar protección institucional, facilitar operaciones de narcotráfico, liberar detenidos y perseguir a rivales de la organización.

 

Los señalamientos son de una gravedad extraordinaria. No se trata únicamente de un funcionario presuntamente corrupto, sino de quien encabezó una de las áreas más sensibles de investigación criminal en Sinaloa, una posición desde la cual, según la acusación, habría utilizado recursos del Estado para favorecer los intereses de una organización criminal.

 

La pregunta que inevitablemente surge es cuántos funcionarios conocían lo que ocurría y durante cuánto tiempo operó esta presunta red de protección sin que existieran consecuencias administrativas, penales o políticas.

 

El caso cobra especial relevancia porque ocurre mientras el gobernador morenista Rubén Rocha Moya continúa enfrentando críticas de diversos sectores que consideran insuficientes las explicaciones sobre la penetración del narcotráfico en las instituciones estatales.

 

A ello se suma la figura del senador Enrique Inzunza Cázares, exsecretario general de Gobierno durante la administración de Rocha Moya y uno de los hombres más cercanos políticamente al mandatario estatal. Hasta ahora, ninguno de los escándalos relacionados con presuntas redes de protección al crimen organizado ha derivado en investigaciones políticas de alto nivel dentro del partido gobernante.

 

La situación también alcanza al gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sus adversarios han cuestionado que Morena mantenga un respaldo político firme hacia Rocha Moya pese a que las investigaciones, detenciones y procesos judiciales en Estados Unidos continúan involucrando a exfuncionarios que formaron parte de las estructuras de seguridad de Sinaloa.

 

Para la oposición, el problema ya no radica únicamente en las acusaciones contra exmandos policiacos, sino en la negativa de Morena a asumir costos políticos mientras continúan apareciendo nombres de funcionarios vinculados con investigaciones sobre narcotráfico.

 

La entrega de Almanza Avilés podría convertirse en una pieza clave para los fiscales estadounidenses. Su eventual cooperación con las autoridades norteamericanas podría revelar cómo operaban los mecanismos de protección institucional al crimen organizado, quiénes participaban en ellos y hasta dónde llegaban las cadenas de mando.

 

Por ahora, el caso vuelve a colocar a Morena frente a una incómoda contradicción: mientras Estados Unidos continúa procesando a exfuncionarios mexicanos presuntamente ligados al narcotráfico, en México persisten las resistencias políticas para deslindar responsabilidades o exigir rendición de cuentas a quienes estuvieron al frente de las administraciones donde esos funcionarios ejercieron poder.

 

La captura o entrega de un mando policiaco puede explicarse como un hecho aislado. Sin embargo, cuando los expedientes comienzan a acumularse, las preguntas dejan de dirigirse únicamente a los acusados y empiezan a alcanzar a quienes los nombraron, los respaldaron o decidieron mantenerlos dentro de las estructuras de gobierno.

AGUA BAJO CONTROL CRIMINAL EN LA PAZ

*Mientras vecinos sufren desabasto, el “Sindicato 22 de Octubre” reparte pipas y crecen sospechas de presuntos pactos entre el grupo delictivo y el gobierno de Martha Guerrero

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 28 de mayo de 2026.- Mientras cientos de familias sobreviven entre cubetas vacías, tinacos secos y protestas desesperadas por la falta de agua, en el municipio de La Paz crecen las sospechas de que el gobierno morenista encabezado por Martha Guerrero y su esposo y operador político, Tranquilino Lagos Buenabad, habría permitido que un grupo criminal tomara el control de uno de los recursos más sensibles para la población: el agua potable.

 

En distintas colonias de la localidad, vecinos han salido a las calles en los últimos días para denunciar la incapacidad del ayuntamiento para resolver la crisis hídrica. Sin embargo, detrás del desabasto, emerge una acusación todavía más grave: que el llamado “Sindicato 22 de Octubre” controla pozos, pipas, distribución y venta de agua en el municipio, operando con total impunidad y presunta protección política.

 

La situación ya dejó de ser un rumor de pasillo. En La Paz, cada vez más habitantes señalan que el acceso al agua está condicionado, manipulado y convertido en un mecanismo de presión política y control social.

 

De acuerdo con denuncias vecinales, en las zonas altas y marginadas del municipio, personas vinculadas al “Sindicato 22 de Octubre” exigen afiliaciones o respaldo político a Morena a cambio de entregar apenas 300 litros de agua por semana a familias que viven en condiciones precarias. Al mismo tiempo, pipas de agua son comercializadas hasta en dos mil pesos, convirtiendo la necesidad humana en un negocio lucrativo.

 

El problema adquiere dimensiones todavía más delicadas debido a que los pozos señalados por vecinos y líderes sociales son infraestructura pública, que legalmente debería estar bajo control de las autoridades municipales y organismos operadores. A pesar de ello, ni el ayuntamiento ni la alcaldesa han aclarado públicamente quién administra realmente esos pozos ni bajo qué facultades operan grupos externos distribuyendo agua en el municipio.

 

EL SILENCIO OFICIAL HA ALIMENTADO AÚN MÁS LAS SOSPECHAS

 

Diversos sectores políticos y ciudadanos han retado públicamente a Martha Guerrero y a Tranquilino Lagos a deslindarse abiertamente del “Sindicato 22 de Octubre” y de sus operadores en la región, entre ellos Héctor Becerril. Hasta ahora, no existe un posicionamiento contundente ni una negación frontal sobre los presuntos vínculos.

 

La polémica escaló todavía más este jueves, cuando, en medio de las protestas por la escasez, el propio grupo difundió un comunicado en redes sociales anunciando que pondría pipas de agua a disposición de las colonias afectadas.

 

“¡La Unión hace la fuerza! La Federación 22 de Octubre se solidariza con La Paz”, publicó la organización, asegurando que trabajaban “por el bienestar de la comunidad”.

 

Lejos de tranquilizar a la población, el mensaje provocó nuevas dudas y alarma entre habitantes, quienes cuestionan cómo un grupo señalado por presuntas actividades criminales tiene capacidad para abastecer de agua a comunidades enteras mientras el gobierno municipal permanece rebasado.

 

Las interrogantes son inevitables: ¿Quién autorizó al grupo operar sobre infraestructura pública? ¿De dónde obtiene el agua? ¿Por qué una organización señalada por presuntos delitos aparece resolviendo una crisis que corresponde al ayuntamiento? ¿Y por qué el gobierno local no actúa contra quienes presuntamente controlan ilegalmente un recurso público?

 

Para muchos habitantes, el comunicado terminó por exhibir lo que durante meses se denunció en voz baja: una presunta convivencia entre el poder político y estructuras criminales que han encontrado en el agua un mecanismo de negocio, presión y control territorial.

 

EL CONTEXTO QUE RODEA AL “SINDICATO 22 DE OCTUBRE” VUELVE TODAVÍA MÁS DELICADO EL ESCENARIO

 

La organización forma parte de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON), cuyo dirigente, Guillermo Fragoso Báez, alias “El Memo” o “El Jefe”, permanece prófugo señalado por delitos como extorsión al autotransporte, cobro ilegal a conductores de pipas y secuestro exprés.

 

A ello se suma el caso de Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, sexto regidor, identificado como líder del grupo en Chalco, actualmente preso en un penal de Coahuila por delitos de extorsión, invasión de predios y presuntos homicidios.

 

Pese a esos antecedentes, hoy el “Sindicato 22 de Octubre” aparece públicamente como el supuesto “salvador” de un ayuntamiento incapaz de garantizar un derecho humano básico.

 

LA CIUDADANÍA, SIN EMBARGO, OBSERVA CON MIEDO

 

Muchos vecinos temen recibir agua distribuida por la organización, bajo la sospecha de que tarde o temprano el apoyo será cobrado mediante cuotas, favores políticos o nuevas formas de control social. Otros advierten que desde la llegada de Martha Guerrero al poder, la presencia del grupo se volvió más visible y agresiva en el municipio.

 

Comerciantes, dueños de bares y empresarios locales también han denunciado en distintos momentos presuntos intentos de extorsión y cobro de piso. Paralelamente, la violencia y los asesinatos han aumentado, mientras los grupos ligados al “Sindicato 22 de Octubre” operan cada vez con mayor exposición pública.

 

Para amplios sectores de La Paz, el problema ya no es únicamente la falta de agua. El verdadero temor es que el municipio esté transitando hacia un modelo donde grupos criminales sustituyen funciones del Estado, controlan servicios públicos y se fortalecen bajo la sombra del poder político.

 

Y mientras la gente sigue esperando agua, también espera respuestas.

HIGINIO ROMPE A MORENA Y DESATA GUERRA POR EL EDOMEX

*El senador lanzó amenazas políticas, defendió a sus aliados, atacó al gobierno de Delfina Gómez Álvarez y advirtió que, si Morena no impone a “todos” sus candidatos, el partido podría pagar el costo electoral en el Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 27 de mayo de 2026.- El senador mexiquense Higinio Martínez Miranda volvió a exhibir públicamente la fractura, el canibalismo político y la guerra de facciones que se vive al interior de Morena en el Estado de México. Lo hizo como acostumbra: con soberbia, amenazas veladas, ataques contra su propio partido y dejando claro que, si no se postulan sus candidatos y su grupo político que conserva el control de los principales municipios mexiquenses, está dispuesto a incendiar la estabilidad interna del movimiento que llevó al poder a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

 

Desde el inicio de la entrevista, con el periodista, José Alan Chávez Jacobo, del medio informativo CALLEJÓN: Higinio dejó ver los aires de grandeza que lo han caracterizado durante décadas. Presumió ser “el senador más votado” y prácticamente se colocó por encima de sus propios compañeros de bancada, minimizando incluso a los legisladores de oposición por haber llegado por la vía plurinominal. Una vez más, el llamado “Grupo Texcoco” mostró el verdadero rostro de una corriente política que durante años ha operado como un cacicazgo dentro de Morena.

 

Sin embargo, lo más grave no fue la arrogancia del senador, sino la forma en que abrió fuego contra su propio partido, contra el gobierno estatal y contra figuras centrales de Morena, dejando entrever una profunda ruptura política con el grupo que hoy gobierna el Estado de México.

 

En un hecho sumamente delicado, Higinio Martínez reconoció implícitamente que existen figuras de Morena bajo sospecha de vínculos criminales. Cuando se le cuestionó sobre los señalamientos de narcogobierno y sobre los escándalos relacionados con personajes cercanos al poder federal, el senador utilizó una frase que cimbró al morenismo: “mejor que digan que es uno o dos o tres senadores”. Es decir, lejos de desmentir tajantemente cualquier infiltración criminal, terminó sugiriendo que podrían existir legisladores vinculados con estructuras ilícitas.

 

La declaración resulta demoledora políticamente, porque proviene de uno de los hombres más influyentes de Morena en el Estado de México y porque ocurre en medio del creciente desgaste nacional provocado por acusaciones, investigaciones y señalamientos que persiguen a distintos actores de la llamada Cuarta Transformación, por presuntos nexos con la delincuencia organizada.

 

Pero Higinio no se detuvo ahí. También arremetió contra el Congreso local mexiquense, al que acusó de vivir sometido al poder estatal y de actuar sin oposición real. Acusó que en el Estado de México “no se permite la mínima crítica” contra la gobernadora Delfina Gómez o contra funcionarios estatales. Es decir, el propio fundador de Morena en la entidad terminó calificando al gobierno de su partido como un aparato intolerante, autoritario y cerrado a cualquier señalamiento.

 

Las palabras del senador son especialmente graves porque durante años él mismo fue uno de los principales operadores del sistema político mexiquense. Fue diputado local en múltiples ocasiones, alcalde de Texcoco y líder absoluto de un grupo político que hoy controla alcaldías, diputaciones y estructuras territoriales. Ahora pretende presentarse como víctima de un sistema que él ayudó a construir.

 

En realidad, detrás de su discurso de “crítica interna” parece esconderse una amenaza política directa: o Morena postula a los perfiles del Grupo Texcoco, o el partido podría enfrentar divisiones internas capaces de poner en riesgo municipios estratégicos rumbo al próximo proceso electoral.

 

Eso quedó completamente claro cuando lanzó advertencias abiertas sobre las candidaturas y reelecciones. Higinio prácticamente condicionó la estabilidad política de Morena a que se permita la continuidad de todos sus aliados. “Si Morena va a la reelección, es todos”, sentenció en tono de presión política.

 

La lista de protegidos del senador incluye a figuras sumamente cuestionadas políticamente como Azucena Cisneros Coss en Ecatepec, Martha Guerrero Sánchez en La Paz, Nazario Gutiérrez Martínez, Isaac Montoya Márquez, además de los grupos políticos que gobiernan Ixtapaluca y Chimalhuacán tras desplazar a Antorcha Campesina.

 

El mensaje fue brutalmente claro: nadie debe tocar a los aliados del senador.

 

Incluso, Higinio explotó públicamente contra el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y contra el secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García, simplemente porque acudieron a Ecatepec a la inauguración de una obra, acompañados de una diputada local, sin invitar a Azucena Cisneros. El senador llegó al extremo de acusarlos de actuar con “mentalidad facciosa” y de intentar hacer a un lado a la alcaldesa.

 

La escena retrata el verdadero fondo de la disputa: Morena en el Estado de México ya no está unido por un proyecto político, sino dividido por cuotas de poder, intereses territoriales, candidaturas y control presupuestal.

 

También quedó evidenciada la ruptura entre Higinio Martínez y la dirigencia estatal de Morena encabezada por Luz María Hernández Bermúdez, a quien acusó de favorecer a determinados grupos políticos. Incluso lanzó advertencias sobre posibles malos resultados electorales en el 2027 si continúan las decisiones “facciosas” dentro del partido.

 

Más delicado aún fue el momento en que prácticamente suplicó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para frenar al grupo que actualmente controla el gobierno mexiquense. Higinio aseguró que su “esperanza” está puesta en Sheinbaum y advirtió que, si las decisiones quedan en manos de “caprichos”, “vendettas” y “amiguismos”, Morena podría sufrir consecuencias electorales.

 

En otras palabras, el senador dejó ver que la guerra interna dentro del morenismo mexiquense ya alcanzó niveles de confrontación alarmantes.

 

El discurso de Higinio también estuvo cargado de contradicciones. Mientras defendía a algunos de sus aliados políticos bajo el argumento de que realizan gobiernos “honestos” y “transparentes”, evitó responder directamente a los señalamientos sobre presuntos nexos criminales, corrupción o irregularidades que persiguen a distintos actores políticos cercanos a su grupo.

 

Por momentos, la entrevista pareció más una advertencia mafiosa que una reflexión política. “Cuando hable yo más, no van a amanecer del coraje”, lanzó el senador en tono desafiante, dejando entrever que posee información delicada contra funcionarios del gobierno estatal y contra actores de Morena.

 

El problema de fondo es que las declaraciones de Higinio Martínez confirman algo que Morena ha intentado negar durante años: el movimiento en el Estado de México está fracturado, dividido en tribus políticas y atrapado en una lucha interna por el control absoluto del poder.

 

Lo que hoy ocurre en Morena no es debate democrático, sino una guerra entre grupos políticos que buscan imponer candidatos, proteger aliados y conservar territorios electorales rumbo a las próximas elecciones.

 

Y mientras los liderazgos morenistas se despedazan entre sí, el Estado de México sigue hundido en inseguridad, violencia, corrupción, crisis de movilidad y abandono institucional.

 

La llamada transformación mexiquense, reconoció incluso el propio Higinio Martínez, simplemente no llegó.

 

Y quizá esa sea la confesión más demoledora de todas.

ECATEPEC BAJO SOSPECHA: NARCOFIESTA ARMADA DESTAPA PRESUNTOS VÍNCULOS ENTRE CRIMINALES Y AUTORIDADES MUNICIPALES

 

*Detenidos aseguraron tener protección local; policías revelan que recibieron órdenes de no intervenir durante la reunión armada en hotel de Ecatepec

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ECATEPEC, Estado de México, 27 de mayo de 2026.- Lo que ocurrió el pasado 24 de mayo en el hotel MODENA, ubicado sobre avenida Reforma y Vía Morelos, en la colonia San José Jalpa, no fue una simple reunión clandestina. De acuerdo con información obtenida de autoridades de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se trató de una auténtica narcofiesta encabezada presuntamente por integrantes del grupo delictivo “La Unión Tepito”, quienes convivían con armas largas, pistolas, alcohol y drogas, sin que la policía municipal de Ecatepec interviniera en ningún momento.

 

La gravedad del caso no radica únicamente en la presencia de hombres y mujeres armados en uno de los municipios más violentos del país, sino en las declaraciones posteriores de algunos detenidos, quienes afirmaron tener una relación cercana con autoridades locales y aseguraron que en Ecatepec “no los molestan”, razón por la cual —dijeron— no era la primera vez que realizaban este tipo de festejos en la localidad.

 

Las investigaciones federales revelan además un dato todavía más delicado: policías municipales habrían recibido instrucciones de sus mandos para no intervenir durante el evento, pese a que se reportó la presencia de sujetos armados con rifles y pistolas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

 

La operación fue finalmente ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes detuvieron a más de 20 personas presuntamente relacionadas con “La Unión Tepito”. La carpeta de investigación quedó registrada bajo el número FED/MEX/ECAT/0001554/2026 por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

 

Durante el operativo fueron aseguradas 22 armas largas y cortas. Entre los detenidos se encuentran: Bryan Erasmo Jiménez Salazar, Leonardo Gael Bautista Hernández, Mayrin Esmeralda Torres Campos, Ahzli Rocha Martínez, Shamira Montserrat Ojeda Robles, Cheisi Jetzemany Rivera Pérez, Zara Malinali Aguirre Cruz, Camila Alexandra Munguía Urbina, Abril Betzabel Ramírez Hernández, Ángel Gabriel Apolíneo Pérez, Hilary Danea Torres Acosta, Edgar David Ruiz Albino, Dereck Yandel Morales Alcázar, Alan Brandon Reyes Pérez, Kevin Oswaldo Maldonado Yáñez, Diego Armando Espinoza Sebastián, Kalid Israel Carrillo Ruiz, Abraham Aguilera Castañeda, Antwan Peralta Sánchez, Fabricio Martínez Rodríguez.

 

El caso vuelve a colocar bajo presión a la administración de la morenista Azucena Cisneros Coss, señalada desde hace años por presuntos vínculos políticos y personales con personajes relacionados con estructuras criminales en el Valle de México.

 

Uno de los nombres que más ha perseguido públicamente a la alcaldesa es el de Alejandro Gilmaré Mendoza, alias “El Choko”, presunto líder de “La Chokiza”, grupo ligado a “La Unión Tepito” y relacionado por autoridades con delitos de extorsión, homicidio, narcomenudeo, invasión de viviendas y despojo de propiedades.

 

Pese a ello, Cisneros Coss llegó a referirse públicamente a “El Choko” como un “luchador social” y un “gran ser humano”, declaraciones que hoy cobran una nueva dimensión tras el hallazgo de presuntos integrantes de “La Unión Tepito” celebrando armados dentro de Ecatepec sin ser molestados por la policía municipal.

 

La coincidencia entre los testimonios de policías y las declaraciones de los detenidos abre una línea de investigación políticamente explosiva: la posibilidad de que grupos criminales operen con tolerancia institucional dentro del municipio más poblado del Estado de México.

 

Porque mientras el discurso oficial presume operativos, recorridos y estrategias de seguridad, la realidad parece mostrar otra cosa: criminales festejando con armas de guerra en hoteles de Ecatepec, bajo la sombra de una autoridad que prefirió no intervenir.

 OPERATIVOS DE UTILERÍA Y UN MUNICIPIO BAÑADO EN SANGRE

 

*La Paz: operativos de show y ejecuciones sin freno

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 27 de mayo de 2026.- En Los Reyes La Paz la violencia ya no se esconde, se administra. Mientras la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez y su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, montan espectáculos mediáticos con supuestos operativos en bares y antros de mala muerte, las ejecuciones, la extorsión y el control criminal siguen creciendo sin ningún freno real.

 

La escena es grotesca: patrullas, cámaras, discursos de “combate a la delincuencia” y recorridos nocturnos para las redes sociales, mientras en las calles la realidad es otra. Venta de cocaína, cristal, cobro de piso, control del agua y asesinatos continúan funcionando con una normalidad que ya parece institucionalizada. La pregunta que muchos habitantes se hacen no es si existe crimen organizado en el municipio, sino quién lo protege.

 

El pasado 25 de mayo, mientras el gobierno municipal presumía “acciones de seguridad”, otro cadáver apareció tirado sobre la calle Camino al Cerro, en la colonia El Potrero. Un hombre de aproximadamente 38 años fue encontrado sin vida, con visibles huellas de tortura. Vecinos alertaron a las autoridades, pero para entonces el mensaje ya estaba enviado: en La Paz manda el terror, no el gobierno.

 

Y, aun así, el discurso oficial insiste en vender la idea de que todo está bajo control.

 

Los habitantes de la localidad llevan meses denunciando que la violencia se disparó en calles, hoteles, bares y colonias enteras, donde las ejecuciones se han vuelto parte del paisaje cotidiano. Mujeres asesinadas, comerciantes aterrorizados y transportistas obligados a pagar cuotas forman parte de un sistema criminal que opera con absoluta impunidad.

 

En el centro de las acusaciones aparece nuevamente el nombre de Héctor Becerril y el grupo delictivo conocido como “Sindicato 22 de Octubre”, señalado por vecinos y diversas voces locales como una estructura dedicada al control territorial mediante extorsión, intimidación y violencia. Las denuncias apuntan a que este grupo criminal no solo controla la distribución ilegal de agua y el cobro de derecho de piso, sino que habría extendido su dominio sobre comerciantes, tianguistas, taxistas y negocios nocturnos, replicando el mismo modelo de terror que durante años ha operado en Chalco.

 

Lo verdaderamente alarmante no es únicamente la presencia criminal, sino el silencio político.

 

Ni Martha Guerrero ni Tranquilino Lagos Buenabad han salido públicamente a responder de frente las acusaciones que desde hace meses circulan entre habitantes y medios locales sobre presuntos acuerdos con esa estructura criminal. El vacío de explicaciones alimenta la sospecha social y fortalece la percepción de que el municipio dejó de combatir al crimen para aprender a convivir con él.

 

Porque cuando un gobierno prefiere organizar operativos teatrales mientras las ejecuciones siguen apareciendo una tras otra, el mensaje es devastador: la seguridad pública se convirtió en propaganda.

 

La tragedia de Los Reyes La Paz no solo es la sangre derramada. Es la normalización de un modelo político donde la simulación sustituye a la justicia, donde los operativos sirven para la fotografía y no para desmantelar redes criminales, y donde el miedo de la población parece valer menos que la narrativa oficial.

 

Mientras no exista una investigación seria, transparente y pública sobre los presuntos vínculos entre operadores políticos y grupos criminales, la violencia seguirá creciendo bajo la sombra de un gobierno que cada vez convence menos y despierta más sospechas.

HELICÓPTERO FANTASMA: EL BLACK HAWK QUE MORENA COMPRÓ, PERO NADIE ENCUENTRA EN EL EDOMEX

 

*Mientras la inseguridad golpea al Estado de México, el gobierno de Delfina Gómez enfrenta un nuevo escándalo: un helicóptero Black Hawk de 4 millones de dólares que presuntamente fue pagado, pero jamás apareció

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 26 de mayo de 2026.- Al interior del gobierno mexiquense comenzó a estallar un escándalo que amenaza con convertirse en uno de los casos más delicados de presunto desvío de recursos públicos durante la administración de la morenista Delfina Gómez Álvarez. La historia gira en torno a una aeronave militar, usada, Sikorsky UH-60 Black Hawk valuada en 4 millones de dólares, que habría sido adquirida desde enero pasado por el gobierno estatal, pero que simplemente no aparece.

 

No está en los hangares del aeropuerto de Toluca. No opera para la Secretaría de Seguridad del Estado de México. No existe evidencia pública de su entrega. Y, pese a ello, presuntamente ya se pagan espacios para resguardarlo con recursos públicos.

 

Fuentes consultadas al interior de la administración estatal aseguran que la compra del helicóptero fue impulsada directamente por el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien habría encabezado las negociaciones relacionadas con la adquisición del aparato. El problema es monumental: el Black Hawk nunca llegó.

 

La operación, según personal vinculado a la Dirección de Normatividad del gobierno mexiquense, comenzó a generar conflictos internos desde enero pasado, cuando diversas áreas empezaron a cuestionar la inexistencia física de la aeronave, mientras continuaban fluyendo pagos relacionados con su supuesto resguardo.

 

De acuerdo con información proporcionada a Expediente Secreto, incluso se estaría pagando mensualmente un espacio en hangares del aeropuerto de Toluca para mantener la aeronave “en un lugar seguro y digno”, aunque trabajadores y operadores aeroportuarios aseguran que el helicóptero jamás ha sido visto en la terminal aérea.

 

El costo de arrendamiento de un espacio para una aeronave de estas dimensiones puede oscilar entre 100 mil y 150 mil pesos mensuales, dependiendo del aeropuerto y los servicios incluidos. En este caso, el dinero saldría directamente del erario mexiquense.

 

La pregunta que ya comienza a recorrer pasillos gubernamentales y oficinas policiacas es brutal: ¿dónde quedó el dinero?

 

UN GOBIERNO ATRAPADO ENTRE OPACIDAD Y SOSPECHAS

 

El escándalo ocurre en un momento particularmente delicado para el gobierno estatal. Aunque la administración mexiquense insiste en presumir disminuciones en algunos indicadores delictivos, la percepción ciudadana de inseguridad continúa siendo una de las más altas del país, según mediciones recientes del INEGI.

 

Mientras millones de mexiquenses viven entre asaltos, extorsiones, desapariciones y violencia cotidiana, el gobierno estatal aparece involucrado en una operación opaca relacionada con equipo táctico militar de alto costo.

 

Y lo más grave es que, lejos de transparentar el caso, desde el entorno de la gobernadora habría existido un intento por contener el escándalo.

 

Dentro del propio gobierno mexiquense crece la molestia porque, pese a las acusaciones y señalamientos internos, Delfina Gómez Álvarez mantiene intacto a Cristóbal Castañeda Camarillo al frente de la seguridad estatal.

 

Funcionarios consultados cuestionan por qué el secretario sigue protegido políticamente cuando, en cualquier administración mínimamente funcional, una denuncia de este tamaño habría derivado en investigaciones inmediatas, separación del cargo y vigilancia institucional para evitar una posible fuga. Pero en el Edomex ocurre lo contrario.

 

EL GRUPO SINALOENSE QUE TOMÓ EL CONTROL DE LA SEGURIDAD MEXIQUENSE

 

La llegada de Cristóbal Castañeda Camarillo al Estado de México nunca estuvo libre de polémica.

 

El ex secretario de Seguridad de Sinaloa arribó acompañado de un grupo de mandos importados desde aquella entidad, varios de ellos señalados y cuestionados por su desempeño durante uno de los periodos más violentos en la historia reciente del estado gobernado por Rubén Rocha Moya.

 

Entre los perfiles que aterrizaron en territorio mexiquense aparecen: Carlos Alberto Hernández Leyva, nombrado subsecretario de la Policía Estatal, Víctor Antonio Cisneros Díaz, puesto al frente de la Unidad de Información (Inteligencia), Jesús Astorga Ríos, nombrado director de Operaciones del C5 en Ecatepec, uno de los municipios más violentos y codiciados por las organizaciones criminales, así como Gonzalo Hernández Durazo,  ex Delegado de la PGR y señalado por su oscuro paso dentro de estructuras federales en Sinaloa, fue nombrado titular de la Universidad Mexiquense de Seguridad y Justicia.  

 

Todos forman parte del círculo cercano de Castañeda Camarillo y todos llegaron a posiciones estratégicas dentro de la estructura de seguridad mexiquense.

 

Además, policías municipales y estatales cuestionan la estrategia de colocar militares o marinos retirados al frente de corporaciones locales en municipios gobernados por Morena, una política promovida por Castañeda Camarillo y que, aseguran, terminó agravando problemas operativos, administrativos y de coordinación, pues la mayoría no acredito los exámenes de control y confianza.

 

SINALOA: EL PASADO QUE PERSIGUE A CASTAÑEDA

 

La sombra de Sinaloa persigue permanentemente al actual secretario de Seguridad del Edomex.

 

Durante su gestión en aquella entidad, el crimen organizado no disminuyó. Por el contrario, el poder de las organizaciones criminales, como la de “Los Chapitos” y “El Mayo Zambada”, se consolidaron hasta convertirse en dueños de regiones enteras. En territorios prácticamente paralizados por la violencia.

 

Hoy, dentro de sectores policiacos y políticos mexiquenses, las preguntas son cada vez más incómodas: ¿por qué el gobierno mexiquense abrió sus puertas a mandos arrastrando señalamientos tan delicados?, ¿por qué siguen siendo protegidos?, ¿y por qué el caso del Black Hawk parece intocable?

 

La adquisición fallida o inexistente del helicóptero podría convertirse en mucho más que un escándalo administrativo. Si se confirma el presunto desvío de recursos, el caso tendría implicaciones federales, financieras y penales. Porque aquí no se habla únicamente de corrupción.

 

Se habla de millones de dólares públicos desaparecidos, de estructuras de seguridad infiltradas por sospechas, de opacidad institucional y de un gobierno que prometió ser distinto, pero que cada vez enfrenta más acusaciones de repetir —o incluso superar— las prácticas que durante años criticó.

 

La llamada “Cuarta Transformación” prometió terminar con los excesos y la corrupción. Sin embargo, en el Estado de México, el supuesto Black Hawk fantasma amenaza con convertirse en el símbolo perfecto de una administración atrapada entre el discurso de austeridad y las sospechas de un presunto saqueo silencioso.