CHAPINGO, EL BOTÍN DE LOS GRUPOS DE PODER: ZOQUIAPAN, ANTORCHA Y LAS SOMBRAS DE HIGINIO MARTÍNEZ
*Mientras mil 640 hectáreas
permanecen ocupadas, estudiantes son expulsados de sus espacios de
investigación y la Rectoría se enfrasca en una disputa política, las preguntas
sobre la presunta influencia de Antorcha Campesina y los intereses que rodean a
la universidad siguen sin respuesta
Por: EXPEDIENTE SECRETO
De acuerdo con la columna publicada
el 8 de octubre de 2026 por el periodista Zósimo Camacho en Luces del Siglo,
desde octubre de 2025 alrededor de mil 640 hectáreas asignadas a Chapingo desde
1972 permanecen ocupadas por pobladores. En el lugar habrían proliferado
construcciones irregulares, hornos de carbón y actividades ganaderas. La
situación escaló en febrero de 2026, cuando estudiantes fueron amenazados y
expulsados, impidiéndoles continuar sus prácticas académicas.
¡Que quede claro! No estamos
hablando de un terreno abandonado ni de cualquier propiedad en disputa. Estamos
hablando de instalaciones destinadas a la investigación forestal y a la
formación de profesionales de una universidad pública.
Lo más grave es que, según los
antecedentes expuestos por Camacho, Chapingo cuenta con documentación que
acredita la posesión del predio y registros que descartarían una sobreposición
con terrenos ejidales. Entonces, ¿por qué no se ha concretado su recuperación?
¿Quién está impidiendo que se haga valer el patrimonio universitario?
Aquí aparece un nombre que incomoda
a las estructuras políticas: el Movimiento Antorchista Nacional. La columna de
Zósimo Camacho recoge cuestionamientos sobre la presunta influencia de esta
organización en las estructuras de poder de Chapingo y sus posibles vínculos
con los grupos relacionados con la ocupación de Zoquiapan.
Antorcha ha rechazado ejercer ese
control. Sin embargo, una negativa pública no sustituye la obligación de
esclarecer los hechos. Durante décadas, el antorchismo construyó una estructura
de movilización política que tuvo en el PRI uno de sus principales vehículos de
participación. Su trayectoria también ha estado marcada por señalamientos sobre
el control de organizaciones sociales, la gestión de recursos públicos y la
utilización política de demandas populares.
Su discurso de combate a la pobreza
merece contrastarse con sus prácticas, su estructura económica y los intereses
que representa. Porque una cosa es defender legítimamente a comunidades
vulnerables y otra muy distinta es convertir las necesidades sociales en
instrumentos de presión, control territorial y negociación política.
Las denuncias sobre presuntas
invasiones de predios, intermediación en la regularización de asentamientos y
concentración de beneficios económicos no pueden despacharse automáticamente
como ataques políticos. Deben investigarse, documentarse y, cuando corresponda,
sancionarse.
Tampoco basta con calificar de
«calumnia burguesa» las publicaciones de EXPEDIENTE SECRETO. El periodismo de
denuncia no está obligado a guardar silencio para proteger la comodidad de
ninguna organización. Pero hay algo todavía más delicado.
HIGINIO MARTÍNEZ: EL NOMBRE DETRÁS
DE LOS CUESTIONAMIENTOS
El senador morenista Higinio
Martínez Miranda, actual presidente de la Mesa Directiva del Senado, también
aparece en el terreno de los cuestionamientos políticos relacionados con
Chapingo.
La columna de Camacho recoge
señalamientos sobre una presunta articulación de intereses entre sectores de
Morena, Antorcha Campesina y grupos de poder universitarios, en la que se
menciona al legislador mexiquense.
Antorcha ha rechazado públicamente
cualquier vínculo político con Martínez Miranda y con el rector Ángel Garduño
García. Por tanto, no se trata de presentar una alianza como un hecho probado,
sino de exigir que se esclarezcan las relaciones políticas que se han señalado.
La pregunta es inevitable: ¿qué
relación existe entre estos actores y qué papel han desempeñado, si alguno, en
el conflicto que amenaza el patrimonio de Chapingo? Si no hay acuerdos,
compromisos o intervención política, que lo expliquen con claridad. Si existen,
la comunidad universitaria y la sociedad tienen derecho a conocerlos. El
silencio no constituye una respuesta.
Para 2026, Chapingo cuenta con un
presupuesto de 3 mil 586 millones de pesos, de acuerdo con la cifra
proporcionada para esta denuncia. Sin embargo, mientras se dispone de recursos
públicos de esa magnitud, Zoquiapan continúa en conflicto y otras sedes, como
San Luis Acatlán, Mérida, Zacatecas y Puyacatengo, enfrentan incertidumbre
sobre su continuidad, amenazas de cierre o restricciones presupuestales.
A esto se suma la controversia por
la decisión de la administración del rector Ángel Garduño García de impulsar el
adelanto de cuatro meses del proceso de elección de Rectoría, medida
cuestionada por estudiantes y profesores que exigen transparencia.
La contradicción es evidente:
mientras la comunidad demanda certidumbre académica y defensa patrimonial, la
institución permanece atrapada en disputas por el control de su gobierno
interno. ¿Esa es la prioridad de quienes administran una universidad pública?
EL DISCURSO DE LA POBREZA Y LOS
INTERESES ECONÓMICOS
Antorcha Campesina ha construido
buena parte de su identidad pública alrededor de la lucha contra la pobreza y
la exigencia de justicia social. Pero ese discurso no puede funcionar como
escudo frente al escrutinio.
A lo largo de su trayectoria, la
organización ha sido objeto de señalamientos sobre la expansión de estructuras
empresariales y patrimoniales vinculadas con dirigentes y grupos afines,
incluidos negocios de transporte, construcción, gasolineras y distribución de
combustibles.
Esas acusaciones deben sustentarse
con registros mercantiles, contratos, concesiones y documentación patrimonial.
No basta con repetirlas; hay que investigar quiénes son los propietarios,
quiénes reciben los beneficios y de dónde provienen los recursos.
Porque si una organización que dice
representar a los pobres termina acumulando poder económico y capacidad de
negociación política, la sociedad tiene derecho a preguntar quién se beneficia
realmente de esa estructura. La pobreza no puede convertirse en una bandera
para justificar privilegios.
CHAPINGO NO ES PROPIEDAD DE NINGÚN
GRUPO POLÍTICO
Lo que sucede en Zoquiapan debe
dejar de ser tratado como un problema secundario. La ocupación de mil 640
hectáreas, las amenazas contra estudiantes y la falta de resultados para
recuperar el espacio constituyen asuntos que requieren respuestas institucionales
inmediatas.
La Rectoría debe explicar qué
acciones legales ha emprendido. Las autoridades agrarias y ambientales deben
informar qué han investigado. El gobierno del Estado de México debe aclarar qué
intervención ha tenido. Y los actores políticos mencionados en las denuncias
deben responder sobre los señalamientos que los involucran.
La comunidad universitaria tampoco
puede permitir que la elección de Rectoría desplace la discusión fundamental:
defender la institución. La pregunta que queda en el aire es brutal: ¿quién
está defendiendo a Chapingo mientras otros disputan su control?
Si Antorcha no controla Chapingo,
que se demuestre. Si Higinio Martínez no interviene en esa disputa, que se
aclare. Si el rector está defendiendo el patrimonio universitario, que presente
resultados.
MORENA Y ANTORCHA: ¿UNA ALIANZA QUE
SUS BASES ESTÁN DISPUESTAS A ACEPTAR?
Hay otra pregunta que no puede
quedar fuera de esta discusión: ¿las bases de Morena están dispuestas a caminar
de la mano con Antorcha Campesina?
Muchos militantes y simpatizantes
de Morena construyeron su participación política bajo la promesa de combatir el
viejo corporativismo, los cacicazgos y las prácticas clientelares que durante
décadas caracterizaron al sistema político priista. Por eso, los señalamientos
sobre una posible convergencia de intereses entre sectores de Morena y el
Movimiento Antorchista merecen una explicación pública.
¿Dónde quedaron los principios de
transformación si ahora se contempla la posibilidad de compartir espacios de
poder con una organización cuya trayectoria política estuvo históricamente
ligada al PRI?
¿Las bases morenistas fueron
consultadas? ¿Están de acuerdo con que personajes y estructuras provenientes
del viejo régimen encuentren espacios de influencia dentro de instituciones
públicas como Chapingo?
No se trata de descalificar a todos
los integrantes de Antorcha ni de atribuir responsabilidades colectivas. Se
trata de exigir congruencia política y transparencia.
Morena no puede pedir a sus
militantes que defiendan una transformación mientras, al mismo tiempo, se
multiplican los cuestionamientos sobre posibles entendimientos con
organizaciones y grupos de poder cuya actuación merece escrutinio.
