LA REALIDAD DE LA NOTICIA

ALEJANDRA DEL MORAL, BAJO FUEGO POR PRESUNTO  TRASLADO DE “CASH” A CUBA   *De candidata opositora a pieza de la 4T, Del Moral enfrenta a...

miércoles, 19 de agosto de 2026

ALEJANDRA DEL MORAL, BAJO FUEGO POR PRESUNTO

 TRASLADO DE “CASH” A CUBA

 

*De candidata opositora a pieza de la 4T, Del Moral enfrenta ahora cuestionamientos por presuntos envíos de dólares a Cuba; el silencio oficial mantiene abiertas las dudas sobre el origen y destino de los recursos

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


TOLUCA, Estado de México, 19 de agosto de 2026.- Una nueva tormenta política se cierne sobre Alejandra del Moral Vela. Una investigación publicada por Código Magenta, firmada por el periodista Ramón Alberto Garza y titulada “Alejandra del Moral: La Reina del Cash entre México y Cuba”, coloca a la ex candidata priista al Gobierno del Estado de México en el centro de una serie de señalamientos sobre el supuesto traslado de millones de dólares en efectivo hacia la isla caribeña.

 

La acusación resulta especialmente delicada porque Del Moral no es una funcionaria menor: actualmente encabeza la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), organismo dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores encargado de coordinar la cooperación internacional de México.

 

El Gobierno federal confirmó que Del Moral asumió la dirección ejecutiva de la AMEXCID en octubre de 2024 y que, desde esa posición, ha participado directamente en programas de cooperación con Cuba.

 

De acuerdo con la investigación periodística, los presuntos movimientos de efectivo habrían ocurrido en un contexto de estrechamiento de la relación entre México y Cuba y después de los cuestionamientos generados por el apoyo energético mexicano a la isla.

 

El reportaje sostiene que los recursos habrían sido trasladados fuera de los canales financieros oficiales y plantea interrogantes sobre el origen del dinero, el mecanismo utilizado para transportarlo y el destino final de los recursos. Otras publicaciones que retomaron la investigación señalan que las versiones apuntan a vuelos privados entre Toluca y La Habana.

 

El escándalo no puede despacharse simplemente como una versión sin importancia.

 

La razón es que existe un hecho comprobable: Del Moral sí ha encabezado personalmente la cooperación mexicana con Cuba.

 

En septiembre de 2025 realizó una gira oficial por la isla para dar seguimiento a proyectos de cooperación y participó en la negociación de la segunda fase de Sembrando Vida en Cuba, programa que contempla beneficiar a cinco mil productores cubanos.

 

Incluso medios oficiales cubanos reportaron que Del Moral encabezó una delegación de la AMEXCID que se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel y que participó en la firma de acuerdos de cooperación para beneficiar a productores agropecuarios.

 

Es precisamente esa cercanía institucional la que vuelve explosivas las acusaciones.

 

La investigación de Garza plantea la posibilidad de que detrás de la cooperación formal exista una operación distinta, con recursos en efectivo cuya procedencia y ruta no estarían suficientemente transparentadas. También refiere versiones según las cuales organismos de inteligencia estarían interesados en conocer el origen del dinero y determinar si los recursos provendrían exclusivamente de México o si habría participación de otros gobiernos.

 

La pregunta que queda sobre la mesa es brutalmente explosiva: si se trata de cooperación humanitaria, ¿por qué tendría que existir dinero en efectivo fuera de los mecanismos financieros institucionales?

 

Hasta el momento, no se ha presentado públicamente una respuesta oficial que despeje esas dudas.

 

DE CANDIDATA OPOSITORA A FUNCIONARIA DE LA 4T

 

El episodio adquiere una dimensión política todavía mayor por el controvertido tránsito de Del Moral desde la oposición priista hacia las filas del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

 

En 2023, Del Moral encabezó la coalición Va por el Estado de México, integrada por PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, y enfrentó a Delfina Gómez Álvarez, entonces candidata de Morena.

 

Gómez obtuvo 3 millones 272 mil votos, mientras Del Moral alcanzó 2 millones 755 mil sufragios. La elección convirtió a ambas en las principales protagonistas de una de las contiendas electorales más importantes de la historia reciente del Estado de México.

 

Pero, tras la derrota, Del Moral terminó incorporándose al proyecto político que había combatido.

 

Ese viraje le ganó en amplios sectores de la oposición mexiquense el calificativo de “traidora”, particularmente porque durante la campaña existieron denuncias y testimonios sobre presuntas agresiones, amenazas, levantones e intimidaciones contra operadores políticos de PRI, PAN y PRD en municipios del sur de la entidad.

 

Esas denuncias deberán ser acreditadas caso por caso y no deben confundirse con hechos judicialmente probados. Sin embargo, políticamente dejaron una pregunta que todavía persigue a la ex candidata: ¿por qué no denunció con contundencia aquellos episodios si su propia estructura electoral estaba siendo golpeada?

 

Para analistas, periodistas y la sociedad, aquel silencio alimentó la sospecha de que su ruptura con el bloque opositor no fue una decisión improvisada, sino parte de una estrategia política previamente cordada.

 

Hoy, tres años después de aquella elección, Del Moral ocupa una posición estratégica dentro del gobierno federal y tiene bajo su responsabilidad la política de cooperación internacional.

 

Y es precisamente desde ese cargo desde donde surge ahora el escándalo de los presuntos dólares rumbo a Cuba.

 

EL PROBLEMA YA NO ES SÓLO POLÍTICO: ES LA TRANSPARENCIA

 

La AMEXCID asegura oficialmente que su trabajo está comprometido con la transparencia y que su objetivo es fortalecer la cooperación internacional de México.

 

Por eso, el señalamiento publicado por Código Magenta exige algo más que silencio político.

 

Si los recursos denunciados nunca existieron, la explicación debería ser contundente.

 

Si existieron, pero formaron parte de un programa oficial de cooperación, entonces deben existir documentos que acrediten su origen, monto, autorización, traslado, mecanismos de seguridad y destino.

 

Y si se trató de recursos públicos, la sociedad mexicana tiene derecho a conocer quién los autorizó, cuánto dinero fue utilizado y bajo qué reglas se entregó.

 

Lo que no puede quedar en la oscuridad es una operación millonaria en efectivo supuestamente vinculada con una funcionaria federal que, paradójicamente, tiene entre sus principales responsabilidades garantizar la cooperación internacional bajo criterios institucionales.

 

Porque una cosa es la cooperación internacional y otra muy distinta sería utilizar una estructura gubernamental para mover dinero cuyo origen y destino no puedan ser explicados.

 

Por ahora, las acusaciones siguen siendo eso: acusaciones periodísticas no acreditadas públicamente. Pero el silencio tampoco las convierte automáticamente en falsas.

 

Alejandra del Moral tiene frente a sí una oportunidad para despejar las dudas. Y la pregunta que retumba desde Toluca hasta La Habana es inevitable:

 

¿Qué dinero habría viajado hacia Cuba, de dónde salió, quién lo autorizó y, sobre todo, quién puede demostrar que cada dólar fue manejado legalmente?

 

Mientras esas preguntas permanezcan sin una respuesta documental y pública, la sombra de la “Reina del Cash” seguirá creciendo sobre una de las funcionarias mexiquenses que, después de perder la gubernatura frente a Morena, terminó convirtiéndose en pieza del mismo proyecto político que alguna vez combatió.

GENERAL MÉRIDA SALE DE PRISIÓN EN EU Y CRECE LA ALARMA

 POR SU POSIBLE COOPERACIÓN

 

*General Mérida “salió” de prisión en Estados Unidos y negocia con fiscales, su testimonio podría hundir a Rocha Moya y a la elite de Morena

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


CIUDAD DE MÉXICO, 19 de agosto de 2026.— El caso del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez acaba de entrar en una fase mucho más delicada para México. El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa dejó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn el pasado 11 de agosto, pero no existe confirmación pública de que haya recuperado su libertad.

 

Su nombre desapareció de los registros ordinarios del Buró Federal de Prisiones justo después de que la audiencia que estaba prevista para el 4 de agosto fuera retirada del calendario judicial y quedara sin nueva fecha. La Corte del Distrito Sur de Nueva York confirmó que la diligencia no se realizaría, pero tampoco explicó públicamente cuándo volvería a celebrarse.

 

La combinación de ambos movimientos —salida del centro penitenciario y ausencia de una nueva audiencia— alimenta una hipótesis que, aunque no ha sido confirmada oficialmente por el Departamento de Justicia estadounidense, resulta difícil de ignorar: Mérida podría haber sido trasladado a un esquema de custodia diferente mientras negocia su situación jurídica y su eventual cooperación con los fiscales.

 

De hecho, desde mayo ya existían reportes de que el general había sido aceptado como testigo cooperante y que había proporcionado información inicial a las autoridades estadounidenses. EL UNIVERSAL reportó entonces que una fuente del Departamento de Justicia confirmó esa condición, aunque todavía estaba pendiente determinar si recibiría protección especial.

 

Por eso, lo ocurrido el 11 de agosto no necesariamente significa que Mérida haya quedado libre. El escenario que cobra fuerza es otro: que el hombre que alguna vez estuvo en las entrañas de la inteligencia militar mexicana pueda estar siendo manejado bajo condiciones distintas a las de un reo federal convencional.

 

Y ahí comienza el verdadero problema para México. Mérida no es un funcionario cualquiera.

 

Es un general de división en retiro con formación especializada en inteligencia militar, que llegó a ocupar posiciones de enorme relevancia dentro del aparato castrense antes de convertirse en secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre 2023 y 2024.

 

La acusación estadounidense, hasta ahora, está concentrada en su actuación como funcionario civil. El Departamento de Justicia lo acusa de conspiración para importar narcóticos, delitos relacionados con armas y de haber recibido sobornos para brindar protección y filtrar información sobre operativos de seguridad. La acusación formal incorpora a Mérida junto con otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

 

Pero su valor para los fiscales estadounidenses podría estar precisamente en aquello que no aparece necesariamente en el pliego acusatorio: lo que sabe por su trayectoria militar.

 

Porque un general formado en inteligencia no solamente conoce nombres, expedientes o procedimientos. Conoce estructuras, protocolos, mecanismos de obtención y análisis de información, cadenas de mando y formas de coordinación entre instituciones.

 

Y si efectivamente está cooperando con Washington, la pregunta ya no es solamente qué puede declarar sobre Sinaloa.

 

La pregunta es hasta dónde llega la información que posee.

 

Durante su carrera militar, Mérida estuvo relacionado con áreas de inteligencia y posteriormente dirigió la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Es decir, no únicamente recibió formación en esa materia: también participó en la preparación de personal encargado de obtener y procesar información estratégica.

 

Por eso, su eventual cooperación representa un riesgo político e institucional mucho mayor que el de cualquier funcionario policial de menor rango.

 

EL PROBLEMA PARA ROCHA MOYA

 

Para Rubén Rocha Moya y los demás señalados por Washington, una eventual cooperación plena de Mérida podría modificar radicalmente el escenario.

 

Hasta ahora, la acusación estadounidense se apoya en elementos financieros, registros, comunicaciones y otros indicios que los fiscales aseguran tener en abundancia. En la audiencia del 1 de junio, la jueza Katherine Polk Failla incluso señaló que la evidencia contra Mérida era abundante.

 

Pero un testigo con conocimiento directo de las estructuras de seguridad puede aportar algo diferente: la reconstrucción de decisiones, reuniones, instrucciones y cadenas de mando desde dentro.

 

No es lo mismo presentar una transferencia bancaria que tener a un funcionario explicando quién pidió determinada información, quién ordenó determinado operativo o quién sabía de determinada protección.

 

Eso es precisamente lo que convierte a un eventual cooperante de este perfil en una pieza potencialmente devastadora.

 

LA ALERTA PARA PALACIO NACIONAL

 

El problema tampoco termina en Sinaloa. Si Mérida está colaborando con las autoridades estadounidenses, el gobierno federal mexicano tendría que preguntarse qué información institucional puede estar aportando un general que conoció desde dentro los mecanismos de inteligencia y seguridad del Estado.

 

No se trata de afirmar que Mérida vaya a revelar secretos militares ni de dar por hecho que exista información comprometedora sobre otros mandos. No hay confirmación pública de algo semejante.

 

Pero sería ingenuo minimizar el valor estratégico que puede tener para una fiscalía extranjera el testimonio de un militar de alto rango con años de experiencia en inteligencia.

 

La salida de Mérida del penal de Brooklyn, por tanto, no debe interpretarse como el final del caso.

 

Puede ser exactamente lo contrario. Puede significar que el caso entró en una etapa mucho más reservada.

 

Y mientras en México se discute si las acusaciones estadounidenses contra funcionarios sinaloenses tienen motivaciones políticas, en Nueva York el expediente continúa avanzando. La propia jueza ya había advertido que existen numerosos acusados y que los casos podían avanzar “en olas”.

 

Washington ya demostró que puede llevar ante sus tribunales a funcionarios mexicanos acusados de colaborar con organizaciones criminales sin esperar a que México los procese primero.

 

Ahora podría estar demostrando algo todavía más incómodo: que un general mexicano formado en inteligencia puede convertirse en una de las piezas más valiosas de una investigación estadounidense contra una estructura política y de seguridad.

 

Si Mérida solamente está negociando una reducción de condena, el golpe será judicial.

 

Pero si su cooperación es amplia y alcanza información institucional obtenida durante décadas de servicio militar, el problema para México dejará de ser exclusivamente el expediente penal de un exsecretario de Seguridad de Sinaloa y se convertirá en una crisis de confianza sobre qué información estratégica del Estado mexicano está hoy en manos de Washington.

 

Y esa es la pregunta que, hasta ahora, nadie en Palacio Nacional parece responder públicamente.

martes, 18 de agosto de 2026

PATRULLA SPM-314: POLICÍAS DE LA PAZ, EXHIBIDOS ORDEÑANDO

 GASOLINA Y REPARTIÉNDOSE DINERO

 

*Vecinos exhiben a policías de La Paz “ordeñando” gasolina y repartiéndose dinero; Martha Guerrero guarda silencio ante el escándalo

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 18 de agosto de 2026.- La corrupción y el abuso dentro de la policía municipal de Los Reyes La Paz volvieron a quedar bajo los reflectores luego de que elementos de la corporación fueran exhibidos en video cuando presuntamente extraían combustible de una patrulla oficial y, al mismo tiempo, se repartían dinero en efectivo en un terreno baldío de la colonia Techachatita.

 

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de julio y fueron difundidos por el periodista Carlos Jiménez a través de su cuenta de X, C4 en Alerta, luego de que vecinos de la zona grabaran a los uniformados mientras realizaban estas maniobras alrededor de la patrulla con número económico SPM-314.

 

El video, según lo difundido públicamente, los agentes presuntamente “ordeñan” gasolina directamente del tanque de la unidad oficial, mientras manipulan y se dividen billetes en efectivo.

 

El escándalo no quedó únicamente en las redes sociales. El video también fue retomado por espacios informativos de televisión nacional, entre ellos Telediario CdMx, provocando indignación entre ciudadanos que cuestionaron cómo es posible que una patrulla destinada a brindar seguridad termine presuntamente involucrada en actos de esta naturaleza.

 

El señalamiento es particularmente grave porque no se trata solamente del supuesto robo de combustible de una unidad oficial: las imágenes y videos colocan bajo sospecha la actuación de servidores públicos que deberían ser los primeros obligados a respetar la ley.

 

¿Y EL GOBIERNO DE MARTHA GUERRERO? SILENCIO TOTAL

 

Pese a la difusión del video en redes sociales y medios de comunicación, hasta ahora la presidenta municipal morenista Martha Guerrero Sánchez ha mantenido silencio público sobre el caso de la patrulla SPM-314.

 

Tampoco se ha observado una explicación contundente de su administración sobre qué ocurrió con los policías involucrados, si fueron identificados, separados de sus funciones, investigados o puestos a disposición de alguna autoridad.

 

La ausencia de una respuesta oficial resulta todavía más cuestionable porque el caso no nació de un rumor de redes sociales: existen imágenes difundidas públicamente que muestran a los uniformados y que fueron retomadas por medios de comunicación.

 

Y mientras la ciudadanía exige explicaciones, desde el gobierno municipal parece haberse optado por la estrategia más cómoda: callar y esperar a que el escándalo se enfríe.

 

También ha guardado silencio Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa y personaje que, de acuerdo con las críticas que ha recibido públicamente, suele reaccionar con dureza contra los medios que cuestionan a la administración municipal.

 

Ahora, ante un video que exhibe a policías municipales presuntamente realizando actos ilícitos, tampoco hay respuesta.

 

LA “INFORMACIÓN AMARILLISTA” QUE QUEDÓ GRABADA

 

El problema para el gobierno municipal es que esta vez no se puede culpar a una nota periodística de crear el escándalo: fueron los propios vecinos quienes grabaron las imágenes.

 

Por eso, cualquier intento de descalificar la información como “amarillista” o acusar a los medios de pretender “desinformar” tendría que responder primero a una pregunta elemental:

 

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE CON LOS POLICÍAS DE LA PATRULLA SPM-314?

 

La administración de Martha Guerrero tiene la obligación de explicar si los agentes continúan en funciones, si existe una investigación interna, si se presentó una denuncia y cuál fue el destino del combustible presuntamente extraído de una unidad oficial.

 

Porque mientras el gobierno municipal guarda silencio, los videos y las imágenes siguen circulando y la pregunta permanece sobre la mesa: ¿quién vigila a los policías encargados de vigilar a los ciudadanos?

 

Y quizá lo más preocupante no sea solamente lo que quedó grabado en Techachatita, sino lo que podría estar ocurriendo lejos de las cámaras.

 

En Los Reyes La Paz, donde los habitantes demandan mayor seguridad y policías confiables, resulta inadmisible que una patrulla oficial termine convertida —presuntamente— en fuente de combustible y dinero para sus propios tripulantes.

 

Ahora le corresponde al gobierno de Martha Guerrero Sánchez demostrar, con hechos y no con discursos, que la corrupción policial no será protegida por el silencio institucional.

FISCALÍA BAJO SOSPECHA: CUATRO AGENTES DE LA FGJEM CAEN POR

 EXTORSIÓN Y SECUESTRO EXPRÉS

 

*funcionarios que debían perseguir a extorsionadores terminaron bajo arresto; armas, drogas y equipos electrónicos fueron asegurados durante el operativo federal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


TOLUCA, Estado de México, 18 de agosto de 2026.- 18 de agosto de 2026.- Lo que debería ser una institución encargada de perseguir a delincuentes terminó, una vez más, bajo investigación por la presunta participación de sus propios integrantes en actividades criminales.

 

Cuatro funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) fueron detenidos en Texcoco y Ecatepec, señalados por su probable participación en los delitos de extorsión y secuestro exprés, en un operativo coordinado por autoridades federales que exhibe la dimensión de las sospechas que pesan sobre servidores públicos de la institución.

 

Los detenidos fueron identificados como Benito “N”, de 57 años; María Fernanda “N”, de 38; Efraín “N”, de 65, y Mario “N”, de 43, quienes presuntamente se desempeñaban como agentes investigadores de la Fiscalía mexiquense.

 

Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas de manera simultánea: tres en Texcoco y una en Ecatepec, dentro de una investigación dirigida contra servidores públicos por su probable relación con actividades ilícitas.

 

El operativo formó parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y contó con la participación de la Fuerza de Tarea Marina de Ecatepec, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Secuestro y Extorsión de la FEMDO, la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

 

Cerca de 200 elementos participaron en el despliegue, estableciendo perímetros de seguridad para impedir fugas y garantizar la ejecución simultánea de los mandamientos judiciales.

 

Y el resultado de los cateos no fue menor. Las autoridades aseguraron seis armas de fuego, algunas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cargadores, cartuchos útiles, dosis de drogas sintéticas, teléfonos celulares, computadoras y documentación diversa.

 

Es decir, los cuatro funcionarios no solamente quedaron bajo sospecha por delitos particularmente graves; durante las diligencias también fueron localizados diversos objetos cuya posesión ahora forma parte de las investigaciones.

 

Tras su captura, los cuatro fueron trasladados ante la FEMDO, donde quedaron a disposición de las autoridades federales. Información difundida por medios de comunicación señala que posteriormente fueron vinculados a proceso por los delitos que se les atribuyen.

 

LA FISCALÍA, INVESTIGADA DESDE ADENTRO

 

El escándalo adquiere mayor dimensión porque este no sería un hecho aislado.

 

En enero de este año, la propia FGJEM informó que investigaba denuncias relacionadas con posibles actos de extorsión cometidos presuntamente por personal de la institución en Tecámac y otros municipios de la región.

 

En aquella investigación aparecían un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores. La Fiscalía buscaba determinar si funcionarios o personas ajenas a la institución estaban involucrados.

 

Ahora, meses después, cuatro presuntos agentes investigadores son detenidos en Texcoco y Ecatepec por un caso relacionado precisamente con extorsión y secuestro exprés.

 

La coincidencia resulta imposible de ignorar: mientras la población mexiquense exige que las autoridades combatan a quienes cobran derecho de piso, amenazan y secuestran, algunos servidores públicos de la institución encargada de investigar esos delitos aparecen bajo la lupa por conductas similares.

 

OTRO EXPEDIENTE QUE HUELE A EXTORSIÓN

 

El problema tampoco termina en la FGJEM. Apenas el 10 de agosto, fueron detenidos Raúl “N” y Carlos Eduardo “N”, exservidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, dentro de una investigación por un presunto esquema de extorsión contra propietarios de verificentros.

 

Ambos fueron vinculados a proceso el 16 de agosto: uno por extorsión agravada y otro por abuso de autoridad.

 

De acuerdo con la investigación, presuntamente exigían cuotas mensuales de hasta 200 mil pesos a propietarios de establecimientos de verificación vehicular para permitirles continuar operando, además de otros cobros relacionados con líneas y vehículos verificados.

 

El expediente apunta a que el esquema habría generado cientos de millones de pesos de manera ilícita y que los involucrados pretendían obtener más de 430 millones de pesos adicionales antes de noviembre de 2026.

 

Estos hechos no están relacionados, hasta ahora, con los cuatro agentes detenidos en Texcoco y Ecatepec. Pero juntos dibujan un escenario incómodo para el Gobierno del Estado de México: la extorsión presuntamente infiltrada en las propias estructuras gubernamentales.

 

El problema ya no parece limitarse a delincuentes que operan desde las calles.

 

También alcanza a funcionarios que tienen acceso a información, investigaciones, armas, expedientes y capacidad institucional para perseguir delitos.

 

Y cuando quienes deberían combatir la extorsión son señalados por presuntamente participar en ella, la pregunta deja de ser solamente cuántos delincuentes existen en el Estado de México.

 

La pregunta mucho más grave es: ¿Hasta dónde ha penetrado la delincuencia en las instituciones encargadas de combatirla?

 

Porque si la Fiscalía tiene que detener a sus propios investigadores, el problema ya no solamente está afuera de las instituciones. Está dentro.

LA SALUD SE HUNDE EN EL EDOMEX MIENTRAS DELFINA

 GÓMEZ GUARDA SILENCIO

 

*Trabajadores denuncian salarios retenidos, hospitales sin personal, falta de insumos y equipos; advierten paro estatal mientras pacientes enfrentan retrasos, carencias y una atención médica cada vez más precaria

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México, 18 de agosto de 2026.- El sistema de salud del Estado de México vuelve a exhibir sus miserias: trabajadores sin cobrar, hospitales con plantillas incompletas, falta de insumos y equipo, cirugías retrasadas y pacientes obligados a peregrinar de una unidad médica a otra, mientras la gobernadora morenista Delfina Gómez Álvarez guarda un silencio que resulta cada vez más difícil de justificar.

 

Ayer, prácticamente durante todo el día, trabajadores del sector Salud salieron a las calles en Texcoco, Toluca, Villa Victoria, La Paz, Ecatepec, Chalco, Ciudad Nezahualcóyotl, Acambay, Atizapán e Ixtlahuaca, entre otros municipios, para reclamar algo tan elemental como el salario que debieron recibir el pasado 15 de agosto.

 

No recibieron su quincena.

 

Y detrás de cada trabajador que no cobra hay una familia que también queda atrapada en los problemas administrativos de un gobierno que presume transformación, pero que ni siquiera logra garantizar el pago puntual a quienes mantienen de pie los hospitales públicos.

 

Las protestas comenzaron alrededor de las 11:00 horas. En algunos municipios hubo bloqueos de vialidades y reducción temporal de servicios. Los trabajadores advirtieron que, si este martes el dinero no aparece en sus cuentas, la movilización podría convertirse en un paro estatal de labores.

 

El problema no se limita a una nómina retrasada. Los trabajadores denuncian también adeudos de bonos de salud, canasta básica y complementos salariales, además de falta de personal, medicamentos, insumos y equipo.

 

Y acusan que los problemas se agravaron desde la transferencia de los servicios estatales al IMSS-Bienestar.

 

“Desde que entró IMSS-Bienestar hemos tenido muchos problemas”, señalaron trabajadores, quienes denunciaron que las plantillas de médicos y enfermeras permanecen incompletas.

 

HOSPITALES FUNCIONANDO AL LÍMITE

 

En el Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz”, en Toluca, alrededor de 50 trabajadores bloquearon intermitentemente la lateral de Paseo Tollocan.

 

Pero el problema alcanza a aproximadamente mil 500 empleados de todos los turnos.

 

De acuerdo con el secretario general sindical del hospital, Carlos Camacho, no se han cubierto plazas de trabajadores jubilados, renunciados o cuyos contratos terminaron. La falta de anestesiólogos durante el turno matutino, además, habría provocado retrasos en procedimientos quirúrgicos durante meses.

 

El resultado es una cadena de consecuencias que termina golpeando al ciudadano: menos personal, menos capacidad de atención, procedimientos retrasados y pacientes y familiares enfrentados a médicos y enfermeras que también están trabajando bajo presión. La situación ha llegado a un punto alarmante.

 

Camacho reconoció que algunos médicos y enfermeras han sido víctimas de amenazas de muerte por no poder atender oportunamente a pacientes.

 

Es decir, el fracaso administrativo termina convertido en violencia dentro de los hospitales.

 

En La Paz, médicos y enfermeras del Hospital Materno Infantil “Miguel Hidalgo y Costilla” bloquearon parcialmente la carretera federal México-Texcoco, a la altura de La Magdalena Atlicpac. No es un conflicto nuevo.

 

En enero de 2024, trabajadores de ese mismo hospital ya habían bloqueado la vialidad para exigir pagos, insumos, mejores condiciones laborales y plazas definitivas. En agosto de 2025, personal de limpieza y mantenimiento volvió a protestar por salarios y prestaciones pendientes. Dos años después, los problemas siguen ahí.

 

UNA SALUD PÚBLICA QUE SE DESMORONA

 

Mientras Morena presume que el país y el Estado de México están viviendo una transformación histórica, los trabajadores de la salud exhiben una realidad completamente distinta: hospitales que operan con carencias, trabajadores que no cobran a tiempo y pacientes que terminan pagando las consecuencias de una burocracia incapaz de resolver lo básico.

 

Y AQUÍ APARECE UNA PREGUNTA INEVITABLE: ¿DÓNDE ESTÁ DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ?

 

La gobernadora morenista no puede limitarse a observar desde el silencio mientras los trabajadores de la salud protestan en las calles y los hospitales acumulan carencias. Porque el problema no comenzó ayer.

 

Desde la llegada de Morena al poder, tanto a nivel federal como en el Estado de México, el sistema de salud ha enfrentado una profunda crisis derivada de problemas de abasto, personal, infraestructura, atención y operación institucional. Una crisis que no puede medirse únicamente en pesos, contratos o estadísticas: se mide también en pacientes que no reciben atención a tiempo y en familias que viven auténticas tragedias cuando una enfermedad encuentra un sistema incapaz de responder.

 

Miles de vidas humanas han quedado atrapadas en esta crisis sanitaria, mientras los gobiernos morenistas han convertido muchas veces las deficiencias en discursos, las promesas en propaganda y las responsabilidades en explicaciones administrativas. Y mientras tanto, la gente enferma.

 

En el Estado de México, conseguir una consulta, un estudio, una cirugía o un tratamiento puede convertirse para muchas familias en una auténtica peregrinación: de un hospital a otro, de una ventanilla a otra y de una institución a otra, buscando una atención que debería ser un derecho, no un favor.

 

HASTA LA HEMODIÁLISIS ESTÁ BAJO PRESIÓN

 

El propio IMSS-Bienestar informó que el servicio de hemodiálisis continúa funcionando en las 12 unidades médicas mexiquenses que brindan esta atención y aseguró que ningún paciente ha dejado de recibir su terapia renal.

 

Sin embargo, la institución reconoció fallas en la mayoría de las máquinas de cinco unidades, cuya operación corresponde a la empresa Mantenimiento de Equipo Médico BITA, S.A. de C.V.

 

IMSS-Bienestar aseguró que instaló una mesa de trabajo para reparar los equipos y anunció medidas extraordinarias, incluido el traslado de pacientes a otras unidades cuando sea necesario. Pura mentira.

 

Pero incluso esta explicación deja al descubierto la fragilidad de un sistema en el que un paciente renal —cuya vida depende de recibir su tratamiento puntualmente— puede terminar dependiendo de que una máquina funcione, de que exista personal suficiente y de que otra unidad tenga capacidad para recibirlo.

 

En hospitales de Villa Victoria, Ixtlahuaca, Chalco, Acambay, Ecatepec y Atizapán, las inconformidades también hicieron evidente que el problema es estatal y no un incidente aislado.

 

En Chalco, trabajadores denunciaron que los problemas administrativos han dejado sin ingresos a familias enteras del personal.

 

La frase resume el tamaño del desastre: “Detrás de cada trabajador hay una familia, compromisos y necesidades que no pueden ponerse en pausa por problemas administrativos”.

 

Tampoco pueden ponerse en pausa los infartos, los embarazos de riesgo, las enfermedades renales, los cánceres, las urgencias ni ninguna otra enfermedad.

 

DELFINA NO PUEDE SEGUIR CALLADA

 

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez tiene frente a sí un problema que no se resuelve con comunicados ni propaganda.

 

Tiene trabajadores protestando. Tiene hospitales con plazas vacantes. Tiene denuncias por falta de insumos y equipo. Tiene procedimientos quirúrgicos retrasados. Tiene personal amenazado por pacientes desesperados. Tiene problemas recurrentes en hospitales que ya habían protestado anteriormente.

 

Y ahora tiene a trabajadores reclamando en las calles porque no les pagaron su quincena.

 

El silencio del gobierno estatal resulta todavía más ofensivo para miles de familias mexiquenses que todos los días enfrentan enfermedades y descubren que obtener atención médica digna puede convertirse en una carrera de obstáculos.

Porque una cosa es administrar mal una oficina. Y otra muy distinta es administrar mal un sistema del que depende la vida de millones de personas.

 

Si este martes el salario no aparece en las cuentas de los trabajadores, el conflicto podría escalar a un paro estatal.

 

Y entonces la pregunta dejará de ser solamente cuánto tiempo puede soportar un hospital sin personal suficiente.

 

La pregunta será mucho más brutal: ¿Cuántos pacientes más tendrán que pagar con su salud —o con su vida— por el colapso de un sistema que los gobiernos de Morena prometieron transformar?

 

Mientras tanto, Delfina Gómez permanece callada. Pero los hospitales hablan por ella. Y lo que están diciendo es aterrador.

lunes, 17 de agosto de 2026

LA SANGRE QUE MARTHA GUERRERO NO PUEDE LLAMAR “DESINFORMACIÓN”

 

*La Paz se desangra mientras el gobierno de Martha Guerrero acusa de “amarillistas” a los medios que exhiben la violencia


Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 17 de agosto de 2026.- Mientras el gobierno municipal de Martha Guerrero Sánchez pretende convencer a los habitantes de que en Los Reyes La Paz no existen “percances graves” y acusa a los medios de comunicación de ser un “arma” para desinformar, la realidad se encarga de responderle de la manera más brutal: a balazos.

 

Una niña de apenas 10 años fue asesinada; su padre recibió un disparo en la espalda y su madre resultó herida. Un trabajador de seguridad fue ejecutado afuera de un bar y, días antes, un motociclista fue atacado a plena luz del día.

 

Tres episodios violentos en cuestión de semanas bastan para exhibir la distancia entre el discurso oficial y la realidad que padecen los habitantes de La Paz.

 

Porque una cosa es la propaganda desde el Palacio Municipal y otra muy distinta lo que ocurre en las calles. Y en las calles hay armas, ataques, muertos, heridos y miedo.

 

UNA NIÑA DE 10 AÑOS, LA PRUEBA MÁS BRUTAL

 

El episodio más indignante ocurrió el pasado 9 de agosto, cuando la menor de iniciales E.Y.G.C., de apenas 10 años, perdió la vida durante un ataque armado contra una camioneta Toyota Hiace de transporte público, número económico 102 y placas 187NZ101, perteneciente a la Unión de Taxistas de Servicio Colectivo del Estado de México. En la unidad viajaban la niña y sus padres. Los hechos ocurrieron el domingo 9 de agosto alrededor de las 7:20 de la mañana, en avenida Texcoco Manzana 96 Lote 12, Colonia Ancón.

 

Cristian Alvarado Antonio, de 33 años, recibió un disparo en la espalda, mientras que Blanca Daniela García Cruz, de 32 años, resultó herida en el brazo izquierdo. En el lugar fueron localizados cinco casquillos calibre 9 milímetros. La niña murió, mientras su padre continúa luchando por su vida.

 

De acuerdo con compañeros de la ruta que pidieron permanecer en el anonimato, el ataque estaría relacionado con el cobro de extorsiones o “derecho de piso”, y señalaron que el transportista presuntamente se habría negado en reiteradas ocasiones a pagar las cantidades exigidas por grupos criminales.

 

Los testimonios recabados apuntan a que dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta; uno de ellos abrió fuego contra la unidad y ambos huyeron. Hasta donde se ha informado públicamente, no existe una detención relacionada con este ataque. Eso no es una opinión. Eso ocurrió.

 

MIENTRAS EL GOBIERNO HABLA DE “DESINFORMACIÓN”, LAS BALAS HABLAN POR SÍ MISMAS

 

El 1 de agosto, alrededor de las 23:30 horas, hombres armados llegaron al bar “La Malquerida de Oro”, ubicado sobre la carretera federal México-Puebla, en la colonia Emiliano Zapata, dentro del mismo predio donde opera el corralón Castillo.

El establecimiento pertenece a Arturo Castillo, también propietario de las grúas y el corralón Castillo.

 

De acuerdo con testimonios obtenidos en la zona, dos sujetos que viajaban en motocicleta ingresaron al establecimiento y dispararon contra un hombre de aproximadamente 40 a 45 años, quien se desempeñaba como elemento de seguridad y se disponía a abrir el negocio.

 

El trabajador murió. En el sitio fueron localizados dos casquillos calibre 9 milímetros.

 

Y apenas unos días antes, el 28 de julio, alrededor de las 15:30 horas, otro ataque volvió a demostrar la vulnerabilidad de quienes transitan por las calles de La Paz.

 

Un motociclista circulaba sobre la calle Tenancingo cuando dos sujetos que viajaban en otra motocicleta le cerraron el paso. Sin mediar palabra, abrieron fuego y escaparon. Nuevamente fueron localizados dos casquillos calibre 9 milímetros.

 

Tres hechos. Una niña asesinada. Un padre baleado. Una madre herida. Un trabajador ejecutado. Un motociclista atacado a plena tarde.

 

Y ante esta realidad, el discurso oficial parece concentrarse en desacreditar a quienes la documentan.

 

¿“AMARILLISMO” O UNA REALIDAD QUE EL AYUNTAMIENTO NO QUIERE MIRAR?

 

La administración municipal encabezada formalmente por Martha Guerrero Sánchez ha respondido a las críticas contra su gobierno descalificando a medios y páginas informativas que exhiben los problemas de seguridad y de servicios que enfrenta el municipio.

 

Entre los espacios señalados aparecen Comunicadores en Pie de Lucha, Maroma La Paz, Circo Maroma y Teatro, Palomita Buena Onda, Denuncia Informativa Los Reyes La Paz, Observatorio Ciudadano, La Mediocridad de La Paz, Denuncia Informativa La Paz y Escena Delictiva-MP.

 

La pregunta es inevitable: ¿Son “amarillistas” los medios o son amarillistas las balas? ¿También es “desinformación” una niña de 10 años asesinada? ¿Es “amarillismo” un padre que recibe un disparo en la espalda? ¿Es una “narrativa” una madre herida?

 

¿Es falsa información un trabajador de seguridad ejecutado? ¿También es “desinformación” un motociclista atacado a plena luz del día?

 

Los hechos no necesitan propaganda para existir. La sangre tampoco necesita comunicados de prensa.

 

MARTHA GUERRERO: “LOS MEDIOS PUEDEN SER UN ARMA PARA DESINFORMAR”

 

La postura de la alcaldesa quedó expuesta nuevamente durante la 67ª sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el 16 de agosto, donde cuestionó la información difundida por los medios de comunicación.

 

Durante su intervención sostuvo que los medios pueden convertirse en “un arma muy interesante para desinformar” y pidió a los ciudadanos no creer todo lo que aparece en esos espacios.

 

El problema para la presidenta municipal es que hay hechos que no dependen de lo que diga un periodista, una página de Facebook o un medio de comunicación. Dependen de las balas.

 

Cinco casquillos calibre 9 milímetros no son una campaña mediática. Una niña muerta no es una opinión editorial. Un hombre herido de bala no es “desinformación”. Un trabajador ejecutado no es “amarillismo”.

 

Y una familia atacada dentro de una unidad de transporte público no puede desaparecer de la realidad simplemente porque resulta incómoda para el gobierno municipal.

 

EL PODER PUEDE DESACREDITAR A LOS MEDIOS, PERO NO PUEDE BORRAR LOS MUERTOS

 

La paradoja de Los Reyes La Paz es obscena. Mientras desde el gobierno municipal se intenta construir un discurso de tranquilidad y se cuestiona a quienes informan sobre la violencia, los hechos siguen acumulándose.

 

Transportistas denuncian presiones y extorsiones. Comerciantes viven bajo el yugo del pago de derecho de piso. Los ciudadanos tienen miedo.

 

Y ahora una familia fue alcanzada por las balas, con el resultado más terrible posible: una niña de 10 años perdió la vida.

 

Frente a esto, el gobierno tiene dos caminos. Puede seguir atacando a los medios. O puede responder a los ciudadanos.

 

Porque la obligación de una administración municipal no es pedirle a la población que ignore las noticias que le incomodan al poder.

 

Su obligación es prevenir el delito, proteger a la población, colaborar con las investigaciones y exigir resultados.

 

Y AHORA, EL POLÉMICO MANDO POLICIACO

 

A esta crisis se suma otra interrogante que diversos medios de comunicación han venido planteando desde la llegada de Isaías Ramírez Leal, “El Gallo”, como director operativo de la policía municipal.

 

Desde entonces se han difundido señalamientos relacionados con su trayectoria en corporaciones de municipios del sur del Estado de México y presuntos vínculos con integrantes de La Familia Michoacana.

 

Estos señalamientos deben ser investigados y esclarecidos por las autoridades competentes; no pueden convertirse ni en condenas anticipadas ni en asuntos que simplemente se ignoren.

 

Pero precisamente ahí está el problema ¿Qué ha hecho el gobierno municipal para despejar públicamente esas dudas? ¿Ha presentado investigaciones, certificaciones, antecedentes y controles de confianza que permitan responder a los señalamientos? ¿O simplemente ha optado por cerrar filas y descalificar a quienes preguntan?

 

Porque si un gobierno considera falsas las acusaciones, tiene una obligación elemental: demostrarlo con transparencia.

 

No basta con llamar “amarillistas” a los medios. No basta con decir que existe “desinformación”. No basta con pedirle a la ciudadanía que no crea lo que lee.

 

LA PAZ NO NECESITA PROPAGANDA; NECESITA SEGURIDAD

 

Martha Guerrero y su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad —a quien actores políticos y militantes locales señalan por tener una influencia importante en decisiones del Ayuntamiento, pese a no haber sido electo para ocupar la Presidencia Municipal— pueden intentar controlar el discurso político.

 

Pueden cuestionar a los medios. Pueden señalar páginas. Pueden acusar de “amarillismo” a quienes exhiben los problemas.

 

Pero no pueden controlar las balas. No pueden regresar la vida a una niña de 10 años. No pueden borrar los cinco casquillos encontrados en el lugar del ataque. No pueden desaparecer el disparo que recibió su padre. No pueden curar con discursos la herida de su madre. No pueden revivir al trabajador ejecutado.

 

Y tampoco pueden convencer a los ciudadanos de que un ataque armado ocurrido a plena luz del día nunca sucedió.

 

La verdadera pregunta ya no es qué dicen los medios. La verdadera pregunta es:

 

¿Hasta dónde piensan llegar Martha Guerrero y Tranquilino Lagos Buenabad con una política de gobierno que, en lugar de responder a las denuncias sobre inseguridad, parece más preocupada por desacreditar a quienes las hacen públicas?

 

Porque mientras en el Ayuntamiento hablan de “desinformación”, en las calles de Los Reyes La Paz existe otra versión.

 

Una versión que no necesita micrófonos. Una versión que no necesita propaganda. Una versión escrita con balas. Y hay algo que ningún discurso oficial podrá convertir en “amarillismo”:

 

la sangre de una niña de diez años.