VIDEO EXHIBE A POLICÍAS DE CHIMALHUACÁN PIDIENDO

 DINERO A COMERCIANTES

 

*La sombra de la extorsión vuelve a alcanzar al gobierno de Morena

 

CHIMALHUACÁN, Estado de México, 25 de julio de 2026.- La llamada "Cuarta Transformación" prometió acabar con la corrupción y los abusos de autoridad. Sin embargo, un video difundido en redes sociales vuelve a exhibir una realidad completamente distinta en Chimalhuacán: un elemento de la Policía Municipal desciende de una patrulla oficial sobre la avenida Sindicalismo para recibir dinero de comerciantes ambulantes, una escena que ha provocado indignación entre la ciudadanía.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

La persona que graba el video desde su vehículo y cuestiona cómo es posible que un policía, cuyo salario es pagado con los impuestos de los ciudadanos, termine cobrando dinero a quienes apenas logran sostener sus pequeños negocios. A juicio del denunciante, la conducta observada tiene todas las características de un acto de extorsión.

 

Pero el escándalo no se limita al actuar del uniformado captado en video.

 

Desde hace tiempo circulan señalamientos públicos que apuntan hacia una presunta cadena de cobros ilegales dentro de la corporación policiaca. Esas acusaciones sostienen que existirían presiones económicas desde los altos mandos de la Comisaria de Seguridad Pública Municipal. Sin embargo, las autoridades competentes nunca han querido investigarlas.

 

Las denuncias mencionan directamente a la presidenta municipal morenista Xóchitl Flores Jiménez; al comisario de Seguridad Pública Municipal, Salvador Hernández Torrez; y al director operativo Arturo Hernández Ortega, con el indicativo "Centurión", quienes son señalados por denunciantes y policías municipales de formar parte de una estructura de exigencias económicas dentro de la corporación. Es decir, se trata de una red de corrupción profundamente arraigada en la institución. Que debería de estar encargada de proteger a los ciudadanos, pero es todo lo contrario.

 

Habitantes de Chimalhuacán también han denunciado reiteradamente abusos cometidos por policías, incluyendo robos de combustible de las patrullas, asaltos a ciudadanos y posibles vínculos de elementos policiacos con grupos delictivos. Estas denuncias, muy graves, requieren ser investigadas por las autoridades competentes para determinar el grado de responsabilidades de la alcaldesa, del comisario y del director operativo.

 

Es alarmante que otra vez un video que hoy circula en redes sociales, vuelva a poner en evidencia la crisis de confianza que enfrenta la Policía Municipal.

 

La administración encabezada por Xóchitl Flores Jiménez tiene ahora la obligación de explicar a la ciudadanía si los hechos captados corresponden a un caso aislado o si reflejan un problema institucional de corrupción dentro de la corporación policiaca.

 

Porque cuando un comerciante teme más a quien porta un uniforme que al delincuente común, la seguridad pública deja de cumplir su función esencial y se convierte en motivo de miedo.

 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los órganos internos de control y confianza, las autoridades competentes tendrían que investigar tanto la conducta captada en el video como los señalamientos públicos dirigidos contra Xóchitl Flores Jiménez, Salvador Hernández Torrez y Arturo Hernández Ortega ("Centurión"), a fin de determinar si existen responsabilidades administrativas o penales y, en su caso, sancionar conforme a derecho a quienes resulten responsables.

 

En un municipio golpeado por la inseguridad, la corrupción y la desconfianza, el silencio oficial frente a imágenes como estas sólo profundiza la percepción ciudadana de que quienes deberían combatir la extorsión terminan siendo señalados, precisamente, por prácticas que la ley castiga.

NEZAHUALCÓYOTL: EL REGRESO DEL VIEJO CHANTAJE POLÍTICO; FELIPE RODRÍGUEZ QUIERE CONVERTIR OTRA VEZ A MORENA EN BOTÍN

 

*El controvertido dirigente de la UPREZ busca nuevamente el poder, arrastrando un historial de señalamientos por presunto chantaje político y negociaciones que marcaron la vida pública de Nezahualcóyotl

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México.– Mientras Morena asegura que sus candidaturas se definirán mediante encuestas y procesos internos, en Nezahualcóyotl ha reaparecido uno de los personajes más controvertidos de la política mexiquense. Felipe Rodríguez Aguirre, dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), anunció que buscará participar en el proceso interno para obtener la candidatura a la presidencia municipal, siempre y cuando –afirmó– exista un procedimiento "democrático" y se respeten los resultados de las mediciones.

 

La declaración ha generado cuestionamientos debido a que Rodríguez Aguirre arrastra desde hace años una imagen severamente desgastada entre diversos sectores políticos y ciudadanos, quienes lo identifican como un dirigente que ha basado su poder en la movilización permanente y la presión política para negociar con los gobiernos en turno, siempre buscando sus veneficios personales.

 

Durante una conferencia de prensa, el líder de la UPREZ sostuvo que Morena debe actuar con transparencia y evitar decisiones alejadas de la voluntad de la militancia. También aseguró que respetará el resultado de las encuestas si otro aspirante resulta favorecido.

 

Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la percepción que existe sobre su trayectoria política. Rodríguez Aguirre afirmó que en anteriores procesos internos obtuvo resultados favorables en las encuestas para contender por la alcaldía de Nezahualcóyotl, una versión que nunca ha sido creída y mucho menos respaldada públicamente con información verificable.

 

Asimismo, prometió que, de llegar a competir, impulsaría un gobierno con mayor eficiencia en el gasto público, participación ciudadana y mejores obras para el municipio, además de criticar la actual administración por la falta de infraestructura de salud, proyectos urbanos y acciones para atender los problemas ambientales que persisten en el antiguo tiradero de Neza I.

 

No obstante, más allá del discurso, la figura de Felipe Rodríguez continúa ligada a múltiples señalamientos políticos que han marcado su ambiciosa carrera política.

 

Diversos liderazgos de Morena y ciudadanos lo consideran uno de los operadores de presión política más cuestionados del Estado de México. Entre las acusaciones que se le atribuyen se encuentra el presunto uso de estudiantes de instituciones vinculadas con la UPREZ para organizar marchas, bloqueos y plantones con el propósito de presionar a los gobiernos estatal y municipal y obtener recursos públicos mediante oscuras negociaciones políticas.

 

A ello se suma un episodio que durante años ha formado parte de la narrativa política de Nezahualcóyotl: la versión de que habría negociado con el entonces candidato perredista Juan Hugo de la Rosa la derrota electoral de su esposa, Eliza Nava Hernández, quien contendía por la presidencia municipal. De acuerdo con versiones ampliamente difundidas en el ámbito político local, esa negociación habría significado un beneficio económico de 50 millones de pesos.

 

En los círculos políticos también persisten versiones sobre conflictos personales al interior de su propio grupo, incluyendo señalamientos de que privilegiaba políticamente a colaboradoras cercanas por encima de su entonces esposa, Eliza Nava Hernández, situación que durante años fue motivo de comentarios dentro de la clase política local. Estas afirmaciones forman parte de versiones atribuidas al ámbito político y no constituyen hechos judicialmente acreditados.

 

Pese a ese historial de controversias, Rodríguez Aguirre insiste en que la UPREZ mantiene una alianza histórica con el movimiento fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que su intención es contribuir a la continuidad de la denominada Cuarta Transformación.

 

El problema para Morena no parece ser únicamente quién gane una encuesta, sino el mensaje político que enviaría si uno de sus personajes más controvertidos terminara encabezando la candidatura en uno de los municipios más importantes del Estado de México.

 

La eventual postulación de Felipe Rodríguez Aguirre reabriría un viejo debate en Nezahualcóyotl: si el partido gobernante privilegiará perfiles con respaldo ciudadano o permitirá el regreso de liderazgos cuya trayectoria ha estado acompañada de señalamientos públicos, movilizaciones de presión y controversias políticas que, durante años, han dividido a la vida pública del municipio.

 

En un momento en que Morena asegura combatir las prácticas del pasado, la posible candidatura de Rodríguez Aguirre representa una prueba de credibilidad para el partido. La decisión que adopte en Nezahualcóyotl será observada no sólo por su militancia, sino por una ciudadanía que exige procesos internos transparentes y candidatos con una trayectoria pública capaz de fortalecer, y no de debilitar, la confianza en las instituciones democráticas.

NAUCALPAN: CUANDO LA POLICÍA AGREDE A PERIODISTAS

 EN LUGAR DE COMBATIR AL CRIMEN

 

*Mientras la violencia golpea al municipio, uniformados son acusados de atacar a comunicadores que cubrían un hecho delictivo

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

NAUCALPAN, Estado de México, 24 de julio de 2026. Mientras la violencia sigue cobrando víctimas en Naucalpan, un nuevo episodio vuelve a colocar a la corporación policiaca en el centro de la polémica. Lo ocurrido la noche del jueves no solo representa una presunta agresión contra dos periodistas que realizaban su labor informativa, sino que también alimenta las dudas sobre las prioridades de quienes tienen la obligación de proteger a la ciudadanía.

 

De acuerdo con la denuncia difundida por Telediario MX, los reporteros Miguel Sarmiento y Leonardo Sánchez fueron golpeados por elementos de la policía municipal cuando daban cobertura a un homicidio ocurrido en el municipio.

 

Lejos de concentrar sus esfuerzos en preservar la escena del crimen y facilitar el trabajo de investigación, los uniformados habrían dirigido la fuerza contra quienes documentaban los hechos. La acusación es todavía más grave porque, además de la agresión física, se señala que los policías se apoderaron de teléfonos celulares y equipo de audio perteneciente a los comunicadores.

 

Si estos hechos se confirman, no se trataría únicamente de un abuso de autoridad, sino de posibles conductas delictivas cometidas por servidores públicos, quienes habrían utilizado el uniforme y el poder del Estado para intimidar a representantes de la prensa y despojarlos de sus herramientas de trabajo.

 

El episodio vuelve a exhibir un problema recurrente: corporaciones que muestran mayor firmeza frente a ciudadanos y periodistas que frente a quienes generan la violencia que diariamente golpea a Naucalpan. En un municipio donde los homicidios y otros delitos siguen siendo motivo de preocupación, resulta difícil entender que la respuesta policial termine enfocando toda su furia contra quienes documentan la realidad y no en quienes la provocan.

 

La administración del presidente municipal Isaac Montoya enfrenta ahora la obligación de aclarar lo ocurrido. El silencio institucional o la defensa automática de los elementos involucrados solo profundizarían la percepción de impunidad y de falta de control sobre la policía municipal.

 

Asimismo, corresponde al Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez realizar una investigación imparcial, identificar a los responsables y, en caso de acreditarse los hechos denunciados, ejercer acción penal por las agresiones y por el robo del equipo de los periodistas.

 

La libertad de prensa no puede quedar a merced del criterio de policías que, en lugar de garantizar condiciones para informar, son señalados de convertir la cobertura periodística en un riesgo adicional. Una democracia se debilita cuando quienes documentan la violencia terminan siendo víctimas de quienes deberían impedirla.

 

Si las acusaciones son ciertas, el problema no es únicamente la conducta de algunos uniformados, sino el mensaje que envía una corporación cuando la fuerza pública se utiliza para silenciar cámaras y micrófonos, mientras la delincuencia continúa operando en las calles. La exigencia ciudadana debe ser clara: una investigación transparente, sanciones ejemplares y una depuración de la policía municipal para evitar que hechos como éste vuelvan a repetirse.

POLICÍA DETENIDO POR PRESUNTOS ABUSOS EXHIBE EL

 SILENCIO DEL ALCALDE DE TEXCOCO

 

*Comerciantes aseguran que el uniformado los despojaba de dinero y mercancía; exigen una depuración total de la corporación y respuestas de Nazario Gutiérrez

 

Por EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 23 de julio de 2026.- La detención de un elemento de la Policía Municipal de Texcoco, señalado por comerciantes de presuntamente extorsionarlos y despojarlos de dinero y mercancía, no sólo exhibe un posible caso de corrupción dentro de la corporación, sino también el silencio del gobierno encabezado por el alcalde morenista Nazario Gutiérrez Martínez, cuya ausencia de explicaciones ha comenzado a generar más cuestionamientos que certezas.

 

La noche de ayer miércoles, comerciantes de la zona turística de El Molino de las Flores, cansados —según denunciaron— de los constantes abusos del uniformado, decidieron retenerlo y entregarlo a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

 

El policía conducía la patrulla TEX-C-165 y, mientras era asegurado por los agentes estatales, los comerciantes lanzaban una frase que refleja la profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones: "¡Va a salir, va a salir!", convencidos de que, como en otros casos, la impunidad terminará imponiéndose.

 

Aunque los policías estatales intentaban tranquilizar a los presentes asegurando que el procedimiento seguiría su curso, la respuesta de la población fue de incredulidad. Para muchos habitantes, el problema no es únicamente un policía, sino un sistema que durante años ha permitido que malos elementos permanezcan en las corporaciones sin consecuencias.

 

El caso abre interrogantes que el gobierno municipal no ha respondido: ¿cómo ingresó este elemento a la Policía Municipal?, ¿qué controles de confianza aprobó?, ¿qué formación recibió?, ¿existían denuncias previas en su contra?, ¿cuántos ciudadanos fueron víctimas de presuntos abusos antes de que los comerciantes decidieran detenerlo por su propia cuenta?

 

La falta de una postura pública del alcalde Nazario Gutiérrez Martínez ha sido interpretada por diversos sectores como un intento de minimizar un hecho que pone en entredicho los procesos de selección, supervisión y control de la policía municipal.

 

Más allá de la responsabilidad individual del elemento detenido, el episodio evidencia la necesidad de una revisión integral de toda la corporación policiaca de Texcoco, incluyendo controles de confianza, evaluaciones patrimoniales, investigaciones sobre posibles redes de corrupción y mecanismos eficaces para atender las denuncias ciudadanas.

 

Cuando son los propios comerciantes quienes se ven obligados a detener a un policía al que acusan de despojarlos de su patrimonio, el problema deja de ser un hecho aislado y se convierte en un síntoma de una institución cuya credibilidad se encuentra seriamente deteriorada.

 

Mientras el gobierno municipal guarda silencio, crece la exigencia ciudadana de que el alcalde deje de evadir el tema, informe con transparencia qué ocurrió y ordene una depuración profunda de la corporación, porque la confianza en la policía no se recupera ocultando los problemas, sino enfrentándolos con investigaciones serias, sanciones ejemplares y una rendición de cuentas clara.

MIENTRAS LA PAZ MUERE DE SED, EL AGUA FLUYE EN CHIMALHUACÁN

 

*Denuncian presunto desvío de pipas, señalamientos sobre el control de pozos y una crisis de agua que el gobierno municipal no ha logrado explicar

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 22 de julio de 2026.- La indignación social volvió a estallar en Los Reyes La Paz. Mientras miles de familias sobreviven entre tandeos, pipas insuficientes y una escasez de agua que se ha convertido en una constante, habitantes denunciaron que unidades del OPDAPAS continúan abasteciendo colonias del municipio de Chimalhuacán, una situación que califican como un insulto para quienes llevan meses padeciendo la falta del servicio.

 

Durante la tarde de este miércoles, vecinos reportaron la presencia de una pipa del organismo municipal repartiendo agua en la Cerrada Nayarit, esquina con avenida Nuevo León, en la colonia Villa San Agustín Atlápulco, Chimalhuacán, mientras en numerosas colonias de La Paz los habitantes siguen esperando que el líquido llegue a sus hogares.

 

La molestia ciudadana se dirige directamente contra la presidenta municipal Martha Guerrero Sánchez y contra su esposo Tranquilino Lagos Buenabad, a quienes responsabilizan políticamente de permitir que el agua del municipio salga de La Paz, mientras la población enfrenta una crisis que, aseguran, se ha agravado durante su administración.

 

De acuerdo con los señalamientos realizados por vecinos, Iván Vilchis, trabajador de la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de La Paz y residente de San Agustín Atlápulco, sería uno de los operadores que, mantiene acuerdos para que las pipas abastezcan esa zona de Chimalhuacán, situación que los inconformes consideran inadmisible en medio de la emergencia hídrica que vive el municipio.

 

Los habitantes sostienen que no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica que, afirman, lleva tiempo ocurriendo mientras las autoridades municipales permanecen en silencio. Aseguran que durante meses han denunciado públicamente la falta de agua potable sin obtener una respuesta clara del gobierno municipal.

A este escenario se suman señalamientos aún más delicados. Vecinos y trabajadores del organismo operador, quienes solicitaron mantener en reserva su identidad por temor a represalias, exigieron nuevamente que Tranquilino Lagos Buenabad se deslinde públicamente de las versiones que lo relacionan con el grupo delictivo "Sindicato 22 de Octubre".

 

Los denunciantes afirman que, según información que dicen conocer por su trabajo cotidiano, dicho grupo tendría influencia sobre la operación de varios pozos de agua del municipio y, aunque hasta el momento no existe una resolución judicial que acredite esos señalamientos. El gobierno municipal no ha emitido una postura pública que responda a estas acusaciones.

 

Asimismo, trabajadores de pozos de agua consultados bajo condición de anonimato sostienen que, presuntamente, desde diversas instalaciones se extraerían diariamente decenas de pipas de agua para su comercialización fuera del municipio, incluso con destino a la Ciudad de México. Los denunciantes estiman que podrían ser cientos de pipas por día.

 

Para los habitantes de La Paz, el contraste resulta indignante: mientras denuncian que el agua sale del municipio, miles de familias continúan comprando pipas particulares o pasando días completos sin una gota en sus viviendas.

 

La inconformidad crece porque, aseguran, el gobierno municipal no ha transparentado el destino de las pipas del OPDAPAS, los criterios para su distribución ni el volumen de agua que diariamente se extrae de los pozos municipales.

 

Ante ello, vecinos exigieron una investigación por parte de las autoridades competentes, auditorías al manejo del organismo operador y explicaciones públicas de la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez sobre el destino del agua que, sostienen, debería atender primero las necesidades de los habitantes de Los Reyes La Paz antes que las de cualquier otro municipio.

 

Para una ciudadanía cansada de abrir la llave y encontrar únicamente aire, la pregunta ya no es únicamente dónde está el agua, sino quién se está beneficiando de un recurso cuya escasez golpea diariamente a miles de familias del municipio.

NI UN HOSPITAL QUISO SALVARLO: MENOR RECORRE HOSPITALES MIENTRAS EL GOBIERNO PRESUME MILES DE MILLONES INVERTIDOS

 

*Entre puertas cerradas, falta de especialistas y hospitales rebasados, un niño de Chicoloapan lucha por su vida mientras su madre pregunta dónde quedaron los 75 mil millones de pesos que presume el Gobierno del Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHICOLOAPAN, Estado de México, 22 de julio de 2026.- Mientras el gobierno de la morenista Delfina Gómez Álvarez asegura haber destinado más de 75 mil millones de pesos para transformar la zona oriente del Estado de México, la realidad que enfrentan miles de familias parece contar una historia completamente distinta: hospitales sin equipo, sin especialistas, sin capacidad de respuesta y pacientes condenados a recorrer un verdadero calvario para intentar salvar la vida.

 

Ese infierno comenzó durante la madrugada de este miércoles para A.G.H., un menor de edad de Chicoloapan que despertó alrededor de las cuatro de la mañana con un dolor abdominal insoportable.

 

Su madre, Yesica Hernández, desempleada desde hace poco tiempo, tuvo que tocar las puertas de sus vecinos en la unidad habitacional Ciudad Galaxia para pedir dinero prestado y poder trasladar a su hijo a recibir atención médica.

 

Lo que siguió fue un recorrido que exhibe el colapso del sistema de salud estatal.

 

Primero acudieron a un centro de salud en San Vicente Chicoloapan, donde no encontraron ayuda. Después llegaron al Hospital General de 90 Camas, en Chimalhuacán, donde les informaron que no contaban con el equipo necesario para realizar los estudios que requería el menor.

 

Sin otra alternativa fueron enviados al Hospital General de San Agustín, donde finalmente le practicaron algunos estudios. Ahí los médicos determinaron que el niño necesitaba una cirugía urgente y ordenaron su traslado al Hospital General Gustavo Baz, en Nezahualcóyotl.

 

Sin embargo, al llegar a ese hospital, la esperanza volvió a desplomarse.

 

De acuerdo con el testimonio de Yesica Hernández, ni siquiera revisaron inmediatamente al menor y, tras varias horas de espera, la respuesta fue devastadora: tampoco podían operarlo porque carecían de las condiciones necesarias para realizar la intervención.

 

La madre, agotada física y emocionalmente, decidió trasladarse por sus propios medios al Hospital General La Perla, también en Nezahualcóyotl.

 

Ahí un médico al menos examinó al niño, pero el diagnóstico fue el mismo: requiere cirugía urgente, aunque el hospital carece de cirujano y del especialista indispensable para atenderlo.

 

A las cinco de la tarde, Yesica seguía recorriendo hospitales, ahora en la Ciudad de México, con lágrimas en los ojos y el miedo permanente de que cada minuto perdido pudiera costarle la vida a su hijo.

 

El caso vuelve a colocar bajo severo cuestionamiento el estado en que se encuentra la infraestructura hospitalaria del Estado de México.

 

Apenas el pasado 13 de julio, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez anunció públicamente que su administración ha invertido más de 75 mil millones de pesos para impulsar el desarrollo de la zona oriente de la entidad.

 

Sin embargo, para Yesica Hernández esas cifras no significan absolutamente nada frente a la realidad que ha vivido durante más de doce horas buscando un hospital capaz de atender a su hijo.

 

Su pregunta resume la indignación de miles de familias mexiquenses:

 

¿Dónde están esos 75 mil millones de pesos?

 

Porque mientras el gobierno presume inversiones históricas, la realidad es que una madre tuvo que pedir dinero prestado para buscar atención médica y terminó recorriendo hospital tras hospital sin encontrar un quirófano disponible, un especialista o un sistema de salud capaz de responder a una emergencia.

 

Si los hechos narrados por la familia se confirman, este caso no solo reflejaría una grave deficiencia en la capacidad de atención hospitalaria, sino también un problema estructural en la red pública de salud que obliga a pacientes en estado delicado a peregrinar entre instituciones en busca de un servicio que debería estar garantizado.

 

Para Yesica Hernández, las cifras oficiales ya no tienen valor. Lo único que importa es que su hijo siga con vida. Y hasta el cierre de esta edición, esa respuesta seguía sin llegar.

MIENTRAS EL GOBIERNO PRESUME RESULTADOS, LA REALIDAD CONTRADICE EL DISCURSO OFICIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO

 

*Sheinbaum deja "tareas" a Delfina Gómez porque la estrategia de seguridad sigue sin resolver la extorsión, la violencia y las inundaciones que afectan a millones de mexiquenses

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 22 de julio de 2026.- Si la estrategia de seguridad en el Estado de México fuera tan exitosa como lo presume el gobierno, difícilmente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habría instruido públicamente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez fortalecer el combate a la extorsión, revisar la infraestructura y reforzar los programas sociales.

 

El mensaje presidencial deja una lectura distinta a la presentada en el boletín oficial: si hay que fortalecer las acciones, es porque los resultados aún son insuficientes frente a uno de los estados con mayores problemas de violencia, cobro de derecho de piso, desapariciones y presencia del crimen organizado.

 

Mientras la administración estatal presume reducciones porcentuales en distintos delitos y asegura que el Mando Unificado Oriente ha disminuido los homicidios, miles de habitantes de municipios como Ecatepec, Chimalhuacán, La Paz, Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl continúan denunciando extorsiones, robos, homicidios y la operación de grupos criminales que mantienen control territorial en diversas zonas.

 

Más aún, la propia gobernadora reconoció que una de las prioridades será fortalecer la estrategia contra la extorsión, delito que comerciantes, transportistas y empresarios denuncian desde hace años como uno de los principales problemas que enfrentan diariamente.

EL GRAN PENDIENTE: LA FAMILIA MICHOACANA

 

Uno de los temas que continúa generando cuestionamientos es la permanencia en libertad de Johnny Hurtado Olascoaga, alias "El Pez", y José Alfredo Hurtado Olascoaga, "El Fresa", identificados por autoridades estatales y federales como líderes de la organización criminal conocida como Familia Michoacana.

 

A pesar de los múltiples operativos y de los constantes anuncios oficiales sobre capturas de objetivos criminales, ambos continúan prófugos.

 

Su permanencia fuera del alcance de las autoridades ha alimentado señalamientos y especulaciones en distintos sectores sociales sobre posibles redes de protección institucional entre los líderes criminales y funcionarios estatales, federales y militares. Las dudas persisten debido a que a lo largo tiempo que han permanecido operando sin ser capturados.

 

Para numerosos ciudadanos resulta difícil entender cómo uno de los grupos criminales con mayor presencia en el Estado de México continúa activo mientras el gobierno sostiene que la estrategia de seguridad avanza con éxito.

 

MILLONES INVERTIDOS... PERO LAS INUNDACIONES CONTINÚAN

 

El gobierno estatal también volvió a presumir inversiones por más de 75 mil millones de pesos dentro del llamado Plan Integral para la Zona Oriente. Sin embargo, para miles de familias la realidad sigue siendo distinta.

 

Cada temporada de lluvias, municipios como Chalco, La Paz, Valle de Chalco, Ecatepec, Neza y Chimalhuacán vuelven a registrar severas inundaciones que afectan viviendas, negocios y vialidades.

 

Habitantes de la región cuestionan dónde se reflejan las inversiones anunciadas en obras hidráulicas, colectores, cárcamos y drenajes, pues año tras año las imágenes de calles anegadas y colonias bajo el agua siguen repitiéndose.

 

La contradicción entre el discurso oficial y las condiciones que viven miles de mexiquenses ha incrementado el escepticismo hacia los anuncios gubernamentales.

 

MUCHOS NÚMEROS, POCA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

 

Durante la conferencia presidencial se presentaron reducciones de 19 por ciento en delitos de alto impacto, 40 por ciento en incidencia mensual y 53 por ciento en homicidios en municipios del oriente.

 

Sin embargo, para numerosos ciudadanos esas estadísticas contrastan con la percepción cotidiana de inseguridad, la presencia de grupos criminales, el cobro de derecho de piso y los hechos violentos que continúan registrándose en distintas regiones del estado.

 

Los anuncios sobre miles de detenidos, armas aseguradas y operativos especiales tampoco han disipado la preocupación social respecto a la capacidad de las organizaciones criminales para seguir operando.

 

Mientras el gobierno celebra cifras y reuniones de coordinación, una parte importante de la población continúa esperando resultados que puedan percibirse en las calles y no únicamente en conferencias de prensa.

 

Para muchos mexiquenses, la instrucción de Claudia Sheinbaum para reforzar la estrategia representa, en los hechos, un reconocimiento implícito de que la seguridad, el combate a la extorsión y la infraestructura siguen siendo asignaturas pendientes en el Estado de México.

OTRO FEMINICIDIO SACUDE AL EDOMEX; LA VIOLENCIA DESMIENTE EL

 DISCURSO OFICIAL DE DELFINA GÓMEZ

 

*Una mujer fue hallada semidesnuda, golpeada y sin vida en Texcoco; el crimen exhibe la incapacidad de las autoridades para contener la violencia de género

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 21 de julio de 2026.- Mientras el gobierno estatal insiste en presumir avances en materia de seguridad y reducción de delitos de alto impacto, la realidad vuelve a exhibir un escenario completamente distinto. El hallazgo del cuerpo de una mujer semidesnuda, con visibles huellas de violencia, en un terreno baldío de Texcoco representa un nuevo golpe a la credibilidad de la estrategia encabezada por la gobernadora morenista Delfina Gómez Álvarez, el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, y el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo.

 

La tarde del pasado sábado, alrededor de las 13:45 horas, elementos policiacos fueron alertados sobre la presencia de una persona tirada en el cruce de San Pedro y Vía Lago, en la colonia San Felipe, a espaldas de la Plaza de las Tradiciones.

 

Al arribar al sitio confirmaron que se trataba de una mujer de aproximadamente 45 años de edad, quien permanecía sin vida y con escasa ropa. Vestía una chamarra Adidas, un short azul y una playera con la leyenda "Esc. Sec. Of. No. 0130 Nezahualcóyotl".

 

Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales y que presentaba múltiples golpes, indicios de una agresión violenta. Horas después, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde permanece en calidad de desconocida mientras continúan las investigaciones.

 

Con este crimen, suman 67 feminicidios registrados en el Estado de México durante 2026, de acuerdo con el recuento realizado por diversos medios de comunicación de la entidad.

 

El caso vuelve a colocar bajo severo cuestionamiento la política de seguridad del gobierno estatal. A pesar de los constantes mensajes oficiales que hablan de disminuciones en homicidios, feminicidios y otros delitos de alto impacto, los hechos continúan mostrando una realidad marcada por asesinatos, violencia contra las mujeres y una persistente percepción de inseguridad.

 

Cada nuevo feminicidio representa no sólo una investigación pendiente, sino también un desafío para las instituciones encargadas de prevenir la violencia, investigar los delitos y garantizar el acceso a la justicia. El hallazgo ocurrido en Texcoco se suma a una serie de casos que mantienen la atención sobre la eficacia de las acciones emprendidas por las autoridades estatales.

 

Mientras los discursos gubernamentales hablan de avances y resultados, la aparición de otra mujer asesinada en condiciones violentas vuelve a recordar que, para muchas familias mexiquenses, la inseguridad sigue siendo una realidad cotidiana y que el Estado de México continúa enfrentando uno de los mayores desafíos del país en materia de violencia contra las mujeres.

LOS COLGADOS DE ZACATECAS

*El dantesco escenario está dirigido a las estructuras políticas del estado. El gobernador David Monreal ha guardado absoluto silencio. La línea principal de investigación está encaminada a posible colusión de servidores públicos con la delincuencia organizada.

 

Héctor De Mauleón

Ciudad de México, 20 de julio de 2026.- El Mundial terminó en México de manera sombría, con los cuerpos de cinco personas colgados de un puente en la comunidad de Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco, en Zacatecas, y con el hallazgo de otros cinco cadáveres en Morelos (donde aparecieron 4) y de uno más en Saín Alto. Todas las víctimas están vinculadas al municipio de Fresnillo, Zacatecas.

 

Diez cadáveres en total.

 

Eso, sin contar el descubrimiento de un onceavo cuerpo: el de un comandante de la Policía Metropolitana que fue hallado dentro de un Sentra gris, una muerte que inicialmente fue considerada un suicidio, aunque el Sentra presentaba impactos de bala en la ventanilla trasera y –se ven las imágenes– la policía colocó varios conos de señalización balística alrededor del auto. De manera extraoficial, se ha indicado que el cadáver del comandante presentaba dos impactos de bala en la cabeza.

 

Las víctimas son funcionarios y exfuncionarios, así como empresarios ligados al ramo de la minería, la proveeduría de obras y los centros nocturnos, según informó anoche el secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza.

 

Ocho de esas personas murieron por estrangulamiento. Dos más por impacto de proyectil de arma de fuego. Entre las víctimas se hallan el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón (2016-2018), empresario minero que fue extraído de su domicilio en la madrugada del sábado; Fidel Alvarado, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, así como un funcionario de Protección Civil de Fresnillo: Jesús Gerardo Muñetón.

 

Según el fiscal general del estado, Cristian Paul Camacho, en los exámenes toxicológicos, dos de los funcionarios dieron positivo a consumo de estupefacientes.

 

Entre las víctimas había también un exdirector de la policía de Durango, un empresario enfocado en la distribución de pipas de agua, y un expresidente municipal de Canatlán: Andrés Vázquez.

 

Lo más preocupante es que no se trató, como otras veces, de un ajuste de cuentas entre cárteles.

 

Al lado de los cuerpos fueron colocados mensajes enviados por un grupo de la delincuencia organizada (no se ha precisado cuál):

 

“Esto nos pasó por desviar recursos de gobierno y culpar a la organización”.

 

El mensaje se dirigía también a dos personajes “señores Serve y Lentitos”, a los que se advirtió: “Ustedes saben de qué se habla, el mensaje es claro. Dejen de hacer películas y crucificar gente inocente si no quieren que los expongamos”.

 

Había una referencia también al “señor de la noche y de la federación”. Fuentes de inteligencia asocian al “señor de la noche” con “Batman”, el secretario de seguridad Omar García Harfuch, y al “señor de la federación”, con el titular de la Sedena.

 

El mensaje dice: “Nuestros respetos a ustedes por su gran trabajo que han hecho, fuera bueno y de la manera más atenta que le diera una checada con su personal de confianza a las corporaciones locales (…) así se dará cuenta la realidad para que no llegue las novedades como teléfono descompuesto para que no digan que nuestra organización roba y extorsiona porque es totalmente falso” (sic).

 

Hace solo unos días, el 7 de julio, en una nevería de Guadalajara fue asesinado de un tiro en la cabeza el exalcalde de Fresnillo Benjamín Medrano Quezada, quien llegó al cargo en 2013. Las autoridades se tardaron tres días en identificarlo. Su agresor escapó en una motocicleta.

 

Medrano Quezada, cantante y promotor artístico, estaba ligado también al giro de los negocios nocturnos: presidió el patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, fue acusado del desvío de 60 millones de pesos y se le dictó orden de aprehensión, aunque esta fue revocada por un tribunal de circuito. Se había escondido en Tijuana, Nayarit y Estados Unidos, hasta que finalmente lo encontraron.

 

El dantesco escenario de este sábado está dirigido a las estructuras políticas del estado. El gobernador David Monreal ha guardado absoluto silencio. Anoche, el fiscal del estado, Cristian Paul Camacho, el secretario de Seguridad, el general Arturo Medina Mayoral, y el secretario de Gobierno Reyes Mugüerza informaron que se dejó de tener contacto con cuatro de las víctimas desde el 16 de julio, con cinco desde el 17 y con otro desde el 18.

 

En ninguno de los casos se levantó denuncia o reporte por desaparición.

 

La línea principal de investigación está encaminada a posibles actos de extorsión y colusión de servidores públicos con la delincuencia organizada.

 

Terminó el Mundial. Volvió la realidad: narcos y políticos, dicen en Estados Unidos, ocupando la misma cama.

CHIMALHUACÁN, A MERCED DEL CRIMEN: DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO DE MORENA ABANDONÓ A LOS GASEROS

 

*Mientras la extorsión se expande en al menos 30 expendios, empresarios acusan omisión de las autoridades y piden la intervención urgente del Ejército y la Guardia Nacional

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHIMALHUACÁN, Estado de México, 18 de julio de 2026.- La extorsión parece haber encontrado un terreno fértil en Chimalhuacán. Empresarios gaseros aseguran que, mientras el crimen organizado amenaza con incendiar negocios y asesinar trabajadores y clientes, el gobierno municipal de Morena permanece inmóvil, pese a que desde hace semanas conoce las denuncias, las pruebas y la identidad del grupo que presuntamente está detrás de los ataques.

 

Para los afectados, el problema ya no es únicamente la presencia de la delincuencia, sino el abandono institucional que, afirman, ha permitido que los extorsionadores operen con absoluta impunidad.

 

Integrantes de la asociación de gaseros y permisionarios denunciaron que al menos 30 expendios de Gas LP han recibido cartas donde presuntos integrantes del grupo criminal "La Chokiza" exigen el pago de 15 mil pesos semanales como derecho de piso. De negarse, advierten que incendiarán las estaciones de servicio y atacarán tanto a empleados como a clientes.

 

La amenaza quedó documentada en un video que circula en redes sociales, donde dos hombres armados llegan en motocicleta a una gasera, entregan la carta de extorsión a una trabajadora y se retiran sin que nadie los moleste.

 

Lo que más preocupa a los empresarios es que los documentos contienen información detallada de cada establecimiento: número de empleados, horarios de trabajo e incluso domicilios particulares de algunos trabajadores, lo que demuestra, aseguran, que el grupo criminal mantiene vigilancia permanente sobre sus víctimas.

 

Pese a haber presentado al menos cinco denuncias ante el Ministerio Público, los empresarios sostienen que no existe un solo resultado que les permita confiar en las autoridades. Por el contrario, aseguran que las amenazas continúan y que en cinco gaseras ya se registraron agresiones contra empleados e intentos por incendiar las instalaciones.

 

Los denunciantes afirmaron que el comisario de la Policía Municipal, Salvador Hernández Torrez; la alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez; y el director operativo Arturo Hernández Ortega, con indicativo "Centurión", tienen conocimiento de lo que ocurre. Además, señalaron que este último presuntamente instruye al grupo de inteligencia de la policía municipal para brindar protección a los extorsionadores, una acusación que hasta el momento no ha sido respondida públicamente.

 

"Por eso creemos que están coludidos o algo pasa ahí. Esa inacción de las autoridades da mucho miedo", expresó el representante legal de una de las empresas afectadas, quien pidió el anonimato.

 

Los empresarios también manifestaron su temor de dar seguimiento a las investigaciones, pues sospechan que podría existir filtración de información hacia los grupos criminales.

 

Frente a este escenario, hicieron un llamado urgente al Gobierno de México para que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas asuman el control de la seguridad en el municipio antes de que las amenazas se conviertan en una tragedia.

 

Para los gaseros, la pregunta ya no es si la delincuencia está operando en Chimalhuacán, sino por qué, pese a las denuncias, las pruebas videográficas y los ataques registrados, los responsables siguen actuando con total libertad.