EL “HOMBRE DE NEZA” Y LA SEGURIDAD QUE NO APARECE EN EL
DISCURSO
*Mientras Juan Carlos Vicente Bárcenas presume orden, ética y
una policía de respuesta inmediata, señalamientos sobre presunta protección a
narcomenudistas colocan al gobierno de Adolfo Cerqueda ante una pregunta
incómoda: ¿quién protege realmente a los habitantes de Nezahualcóyotl?
Por: EXPEDIENTE SECRETO
CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México, 1 de septiembre de
2026.- El discurso suena impecable: un funcionario formado en la cultura del
esfuerzo, con 25 años de servicio público, defensor de la legalidad, de la
disciplina y de la educación cívica, que asegura que en Nezahualcóyotl existen
106 cuadrantes, patrullajes permanentes, redes vecinales y tiempos de respuesta
de hasta tres minutos.
Pero detrás de la entrevista de Juan Carlos Vicente Bárcenas,
coordinador municipal de Protección Civil, conocido como “El Duro”, hay una
realidad que obliga a poner en duda la fotografía agradable que se pretende
vender de la seguridad en Neza.
Bárcenas habló ante Lore Molecula, una de las mascotas de la
información de Morena, también hablo de ética, firmeza y cero tolerancias.
Incluso aseguró que cuando llega a un área establece una regla tajante: “el
primero que cometa un error se va”. También presumió que la seguridad del
municipio está respaldada por mediciones del INEGI y que Nezahualcóyotl sería
el municipio más seguro del Estado de México.
El problema es que la seguridad de un municipio no puede
medirse únicamente por discursos, encuestas, patrullas o tiempos de respuesta.
También debe medirse por la capacidad de las instituciones para impedir que sus
propios elementos sean señalados como presuntos protectores de actividades
criminales. Y ahí aparece una historia mucho menos cómoda.
El pasado 2 de marzo, elementos de inteligencia de la policía
municipal detuvieron a varios presuntos vendedores de droga. Durante la
revisión de sus teléfonos celulares, de acuerdo con la información
proporcionada, los agentes localizaron un número telefónico atribuido al
comandante Artemio Trejo Hernández, coordinador de la zona poniente.
Según las declaraciones que habrían realizado los detenidos,
Trejo Hernández sería presuntamente uno de los mandos que les brindaba
protección a cambio de pagos periódicos. Pero el señalamiento no terminaría
ahí.
Los detenidos habrían asegurado que una patrulla perteneciente
al agrupamiento metropolitano “Titanes” había pasado recientemente a recoger la
llamada “renta”, es decir, el pago que presuntamente se entregaba para poder
comercializar droga sin ser molestados por la autoridad.
Si esas declaraciones son ciertas, no estaríamos frente a un
simple problema de delincuencia en las calles, sino ante algo infinitamente más
grave: la posibilidad de que determinados sectores de la policía municipal
hayan sido utilizados para garantizar la operación de vendedores de droga. Y
eso cambia completamente la conversación.
Porque los sectores que se encuentran bajo la responsabilidad
de Trejo Hernández incluyen zonas como El Sol, Maravillas y Pantitlán,
territorios donde, según los señalamientos referidos, existirían múltiples
puntos de venta de droga.
Por eso la pregunta no es solamente cuántas patrullas existen
o cuánto tarda una unidad en llegar a una emergencia. La pregunta
verdaderamente incómoda es:
¿Qué ha hecho el gobierno de Adolfo Cerqueda frente a los
señalamientos contra mandos policiales? ¿se abrió una investigación interna? ¿se
dio vista a la Fiscalía?
¿Se revisaron los teléfonos, patrullas, bitácoras y
movimientos de los elementos involucrados? ¿se investigó la presunta existencia
de pagos periódicos a mandos policiales? ¿se verificó si las unidades de
“Titanes” participaron en alguna recolección de dinero?
Porque presumir que existe una policía eficiente resulta
insuficiente cuando existen acusaciones de que algunos elementos podrían estar
actuando en sentido contrario.
“El Shagui”, otro nombre que vuelve a aparecer. La historia
tampoco termina con Trejo Hernández.
Otro personaje mencionado dentro de la estructura policial es Juan
Iván García Parea, alias “El Shagui”, quien habría sido chofer del exdirector
de la policía municipal Jorge Amador Amador, igual que el comandante Trejo. El exdirector
policiaco, es ampliamente conocido como “La Jirafa” o “El Doctor”.
“El Shagui” se habría desempeñado como jefe de servicios del
agrupamiento metropolitano “Titanes” y, de acuerdo con los antecedentes
señalados, pasó un periodo muy largo recluido en el penal Neza-Bordo para
posteriormente reincorporarse a la estructura policial.
La circunstancia resulta particularmente delicada porque se
estaría hablando de la reincorporación de una persona con antecedentes
penitenciarios a una posición dentro de una corporación encargada de combatir
precisamente a quienes operan fuera de la ley.
Y aquí aparece nuevamente el nombre de Jorge Amador Amador. De
acuerdo con los señalamientos proporcionados, el exjefe policiaco ha sido
relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se le atribuye
influencia en la formación y colocación de mandos policiales en distintos
municipios del Valle de México.
Estas acusaciones, por su gravedad, requieren investigación y
pruebas antes de convertirse en conclusiones, pero precisamente por eso no
pueden ser ignoradas.
La paradoja de “El Duro”. La entrevista de Bárcenas pretende
construir la imagen de un funcionario inflexible: un hombre que habla de reglas
claras, disciplina, cero tolerancia y servicio público.
Incluso relata que su mayor satisfacción sería que un
ciudadano acudiera a una ventanilla y pudiera retirarse sin pagar “un solo
centavo”. Es un discurso políticamente atractivo.
Pero si realmente existe esa filosofía de servicio, entonces
debería aplicarse también a la seguridad pública.
Porque no basta con exigirle al ciudadano que respete la ley
si dentro de las instituciones existen señalamientos de posibles pactos entre
policías y delincuentes.
No basta con hablar de civismo mientras un vecino puede
preguntarse quién controla una determinada calle.
No basta con presumir 106 cuadrantes si en alguno de ellos un
grupo criminal pudiera operar bajo la presunta protección de un servidor
público. Y mucho menos basta con citar al INEGI como certificado de seguridad.
El INEGI puede medir percepción, victimización y otros
indicadores; ninguna encuesta puede sustituir una investigación ministerial
cuando existen señalamientos concretos contra servidores públicos.
¿Seguridad o una paz comprada? La tesis más preocupante que se
desprende de los señalamientos es que una eventual disminución de determinados
delitos no necesariamente significaría que la delincuencia haya sido derrotada.
También podría ocurrir —si se acreditaran las acusaciones— que
determinados grupos criminales hayan encontrado mecanismos para operar con
menor confrontación mediante acuerdos ilegales con integrantes de las propias
corporaciones policiacas. Eso no sería seguridad. Sería una paz sostenida por
pactos clandestinos.
Y si esos pactos existieran, los ciudadanos no estarían más
seguros: simplemente estarían viviendo bajo reglas que no conocen, pero que
alguien más habría impuesto.
Por eso la entrevista de “El Hombre de Neza” deja una pregunta
que ningún discurso institucional puede responder:
¿De qué sirve hablar de ética, disciplina y tiempos de
respuesta de tres minutos si nadie explica qué ocurrió con los señalamientos
que apuntan a una posible protección policial al narcomenudeo?
Juan Carlos Vicente Bárcenas asegura que “el primero que
cometa un error se va”. Perfecto.
Entonces la ciudadanía tiene derecho a saber qué funcionarios
fueron investigados, cuáles fueron separados de su cargo, cuáles fueron
sancionados y qué resultados tuvieron esas investigaciones cuando aparecieron
señalamientos de esta naturaleza.
Porque en materia de seguridad, la verdadera prueba de la
rectitud no está frente a una cámara ni en una entrevista complaciente.
Está en lo que un gobierno hace cuando descubre que la
corrupción podría estar sentada dentro de su propia patrulla.
