EL "PACTO DE SINALOA" BLINDA LA RED DE EXTORSIÓN EN PENALES DEL EDOMEX
*Detrás de la destitución de 20 directores, la opacidad de
Cristóbal Castañeda encubre un negocio millonario operado por su subsecretario
penitenciario
Por: EXPEDIENTE SECRETO
El titular de la dependencia, Cristóbal Castañeda Camarillo,
omitió los datos más elementales de la investigación: no reveló la identidad de
los funcionarios destituidos, no precisó a qué centros penitenciarios
pertenecían y calló por completo sobre la naturaleza de las
"irregularidades" que dieron pie a las responsabilidades legales de
los ocho directores señalados de forma directa.
Detrás de este velo de opacidad institucional, las miradas
apuntan hacia la Subsecretaría de Control Penitenciario, encabezada por Víctor
Manuel Martínez Mendoza, cuya posición de aparente intocabilidad criminal y
administrativa cobra sentido únicamente al rastrear su historial de complicidad
política.
EL "PACTO DE SINALOA": LA LÍNEA QUE UNE A TOLUCA CON
CULIACÁN
La relación entre Cristóbal Castañeda Camarillo y Víctor
Manuel Martínez Mendoza no comenzó en territorio mexiquense; se fraguó en uno
de los escenarios más complejos de la seguridad pública en el país: Sinaloa.
Mientras Castañeda Camarillo fungía como el poderoso
Secretario de Seguridad Pública en aquella entidad norteña, Martínez Mendoza se
desempeñaba en paralelo como Delegado Estatal de la entonces Procuraduría
General de la República (PGR). La importación de este cuadro sinaloense al
organigrama del Estado de México plantea interrogantes que la SSEM ha evitado
responder. Este vínculo de origen, descrito al interior de la corporación como
una estrecha amistad, se ha convertido en el blindaje perfecto que mantiene a
Martínez Mendoza al margen de cualquier indagatoria o llamado a rendir cuentas,
a pesar de ser el responsable directo del sistema carcelario del Estado de
México.
EL INFIERNO DE NEZA-BORDO: LA CAJA CHICA DEL SISTEMA
Mientras la narrativa oficial se concentra en la destitución
de mandos, en las prisiones del Estado de México el sistema de extorsión
institucionalizada opera sin interrupciones. El Centro Penitenciario de Neza-Bordo
funciona como un claro botón de muestra de una maquinaria de tortura física y
financiera operada bajo el amparo de la Subsecretaría.
Testimonios e información recabada exponen un catálogo de
tarifas delictivas impuestas a las familias de las Personas Privadas de su
Libertad (PPL):
"Cuota de protección": Los familiares deben
desembolsar hasta 5,000 pesos semanales para garantizar que los internos no
sean brutalmente golpeados o sometidos a torturas físicas por parte de grupos
de control y custodios.
Los filtros de la visita: Durante los días de visita, ingresar
al penal implica cruzar aduanas internas donde se cobran 50 pesos por filtro.
Los cobros ilegales se extienden a "permisos" para introducir
alimentos no autorizados, multas arbitrarias por no vestir la ropa con el color
reglamentario o pagos directos para evitar revisiones degradantes.
Extorsión clínica diagnóstica: El mecanismo de captación
económica inicia el primer día. Al ingresar, los internos son sometidos a una
supuesta revisión médica que en realidad funciona como un interrogatorio
financiero. Ahí se les cuestiona sobre los ingresos de sus padres, cónyuges o
hermanos, el negocio familiar y su lugar de residencia. Con esos datos, la
estructura penitenciaria elabora un diagnóstico socioeconómico preciso para
fijar el monto de las extorsiones que se exigirán de inmediato a las familias.
Esta red criminal interna cuenta con operadores específicos en
el terreno: el jefe de custodios y la directora del penal, Nelly Ingrid Cuéllar
Romero. Resulta inverosímil que el subsecretario Martínez Mendoza ignore las
dinámicas de un penal que ha sido repetidamente señalado por organismos de
derechos humanos.
CONCLUSIÓN: EL VERDADERO FONDO DEL "TEATRO"
PENITENCIARIO
La remoción de los 20 directores aparece entonces no como un
acto de justicia, sino como un mecanismo de contención de daños o una
reorganización de plazas. Al no tocar la estructura de la Subsecretaría de
Control Penitenciario ni señalar a los verdaderos beneficiarios de la red de
extorsión, la estrategia de la SSEM elude el problema de fondo.
La opacidad de Cristóbal Castañeda Camarillo en sus
declaraciones públicas busca proteger una realidad insostenible: que las
prisiones mexiquenses siguen operando como centros de recaudación millonaria
donde el dolor de los internos y el patrimonio de sus familias se convierten en
el negocio de los mandos intocables traídos desde Sinaloa. Mientras el
subsecretario Víctor Manuel Martínez Mendoza no sea llamado a cuentas, las
purgas de directores no serán más que una puesta en escena.
