HARFUCH SE CONTRADICE PARA DEFENDER A MARINA DEL PILAR Y PONE EN ENTREDICHO LA UTILIDAD DE LAS MESAS DE SEGURIDAD

 

*Al minimizar el contenido de las reuniones entre autoridades federales, estatales y municipales, el secretario de Seguridad envía un mensaje que cuestiona el propósito mismo de la estrategia nacional contra la delincuencia

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de julio de 2026.- Las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para defender a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, han abierto un debate sobre la importancia y el contenido de las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad, uno de los principales mecanismos de coordinación del Gobierno de México.

 

Tras difundirse audios en los que la propia gobernadora reconoce sostener una conversación con personas que se presentaban como supuestos agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, García Harfuch aseguró que en las reuniones de seguridad entre la Federación y las entidades federativas no se comparte información sensible cuya divulgación pueda poner en riesgo las operaciones.

 

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la SSPC afirmó que de las grabaciones "no se infiere que se vaya a dar información confidencial" y sostuvo que en las reuniones del Gabinete de Seguridad "no hay una información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartida con alguna autoridad".

 

También señaló que no existe certeza sobre la identidad de las personas con las que conversaba la mandataria bajacaliforniana, por lo que pidió tomar con cautela el contenido de los audios.

 

Sin embargo, horas antes, la propia Marina del Pilar Ávila reconoció públicamente la autenticidad de las grabaciones, aunque aseguró que se trató de una conversación privada con personas que se presentaron como representantes de autoridades estadounidenses sin acreditar oficialmente esa calidad. La gobernadora afirmó que nunca entregó información oficial y que cualquier asunto de esa naturaleza debía

 

ATENDERSE EXCLUSIVAMENTE POR LAS VÍAS INSTITUCIONALES

 

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esa versión al señalar que, de acuerdo con la explicación de la gobernadora, no se comprometió información relacionada con la seguridad nacional ni con la seguridad pública de Baja California y que las gestiones estaban vinculadas con asuntos personales relacionados con su visa estadounidense.

 

No obstante, las declaraciones de García Harfuch han generado cuestionamientos de fondo.

 

Si en las Mesas de Seguridad —a las que diariamente asisten mandos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, fiscalías estatales, secretarios de Seguridad y autoridades municipales— no se intercambia información estratégica ni datos relevantes para combatir a la delincuencia, resulta inevitable preguntarse cuál es el verdadero alcance de esos encuentros.

 

Las Mesas de Seguridad fueron creadas precisamente para coordinar operativos, compartir inteligencia, analizar la incidencia delictiva y definir acciones conjuntas contra los grupos criminales. Reducirlas, como interpretan diversos analistas a partir de las declaraciones del secretario, a reuniones donde no existe información sensible, termina por restarles valor institucional y proyectar una imagen de burocracia antes que de eficacia operativa.

 

En el intento por cerrar filas con una gobernadora políticamente presionada, García Harfuch corre el riesgo de debilitar el discurso que durante años ha presentado a las Mesas de Seguridad como el eje de la coordinación nacional en materia de combate al crimen.

 

La polémica ya no se limita a los audios de Marina del Pilar. Ahora alcanza al propio secretario de Seguridad, cuya explicación ha provocado que se cuestione si esas reuniones realmente generan inteligencia útil o si, como consecuencia de sus propias declaraciones, la ciudadanía debe creer que en ellas no se discute información de relevancia para la seguridad pública.

 

La controversia coloca a la estrategia de seguridad del Gobierno Federal frente a una disyuntiva incómoda: si las Mesas de Seguridad sí son espacios donde se comparte información estratégica, las declaraciones del secretario resultan difíciles de conciliar con ese objetivo; pero si, como él afirmó, no contienen información sensible, entonces queda abierta la pregunta sobre el verdadero alcance y utilidad de un mecanismo al que diariamente se destinan importantes recursos humanos, logísticos e institucionales para enfrentar a la delincuencia organizada. 

TEOTIHUACÁN BAJO LAS BALAS: OTRO ATAQUE CONTRA UN EXCANDIDATO EXHIBE EL FRACASO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN EL EDOMEX

 

*José Marcial Arpide volvió a ser blanco de un atentado, cinco años después del ataque en el que fue asesinado su hijo. Mientras la violencia golpea nuevamente a un actor político, el discurso oficial sobre la disminución de los delitos enfrenta nuevos cuestionamientos.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEOTIHUACÁN, Estado de México, 15 de julio de 2026.- La violencia volvió a estallar en el Estado de México y, una vez más, alcanzó a un personaje de la vida política sin que existan, hasta ahora, responsables detenidos.

 

José Marcial Arpide, excandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Teotihuacán, fue atacado a balazos la tarde del martes cuando circulaba en una camioneta sobre la calle Jorge Jiménez Cantú, a escasos metros de la Catedral de Teotihuacán.

 

Sujetos armados interceptaron el vehículo y dispararon en repetidas ocasiones. En el lugar quedaron decenas de casquillos percutidos y la camioneta presentó múltiples impactos de bala en el costado izquierdo. El exaspirante resultó herido y fue trasladado a un hospital, mientras que otras dos personas también sufrieron lesiones: uno de sus acompañantes y un vecino que quedó atrapado en la línea de fuego.

 

Como ocurre una y otra vez en los hechos de alto impacto registrados en la entidad, la escena fue acordonada por policías municipales y estatales; peritos levantaron evidencias y comenzaron las investigaciones. Sin embargo, hasta el cierre de esta información no se había informado sobre personas detenidas.

 

El atentado cobra una dimensión aún más preocupante porque no se trata de un hecho aislado.

 

En 2021, José Marcial Arpide ya había sobrevivido a otro ataque armado. Aquella agresión terminó con el asesinato de su hijo, Sixto Arpide. Cinco años después, la historia parece repetirse en un municipio donde la violencia continúa imponiéndose sobre la capacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia.

 

Este nuevo episodio vuelve a poner bajo la lupa la estrategia de seguridad del Gobierno del Estado de México.

 

Mientras la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el fiscal general José Luis Cervantes Martínez y el secretario general de Gobierno Horacio Duarte Olivares sostienen de manera reiterada que los delitos de alto impacto muestran una tendencia a la baja, los ataques armados, homicidios y agresiones contra personajes públicos continúan ocurriendo en distintos municipios mexiquenses.

 

Cada conferencia oficial presume estadísticas; cada Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz habla de avances; cada comunicado insiste en una disminución de la violencia. Sin embargo, para los ciudadanos que observan balaceras en plena vía pública, asesinatos casi diarios y atentados como el ocurrido en Teotihuacán, la percepción dista mucho del optimismo gubernamental.

 

La pregunta resulta inevitable: ¿de qué sirven las reuniones de seguridad si los hechos violentos continúan registrándose con la misma frecuencia y, en muchos casos, sin responsables capturados?

 

El atentado contra José Marcial Arpide no sólo representa un ataque contra una persona. También reaviva el debate sobre la eficacia de las instituciones encargadas de prevenir la violencia, investigar los delitos y garantizar condiciones mínimas de seguridad para la población.

 

La ciudadanía no evalúa una estrategia por el número de conferencias de prensa ni por los discursos oficiales. La juzga por los resultados. Y cuando un político sobrevive a un segundo atentado, después de haber perdido a un hijo en un ataque previo, resulta comprensible que vuelvan a surgir cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para contener la violencia y esclarecer estos hechos.

 

Mientras las investigaciones continúan, permanece la exigencia de que las autoridades determinen si ambos ataques guardan relación y, sobre todo, de que el caso no se sume a la larga lista de expedientes sin una resolución clara. Porque detrás de cada cifra presentada en los informes oficiales hay víctimas, familias y comunidades que siguen esperando algo más que estadísticas. Exigen resultados.

CJNG DECLARA LA GUERRA A LA UNIÓN TEPITO Y AL CÁRTEL DE TLÁHUAC; EL CONFLICTO AMENAZA CON EXTENDERSE AL ORIENTE DEL EDOMEX

 

*Video armado revive el fantasma de la narcoguerra mientras Ecatepec, Tecámac, Texcoco y la zona oriente aparecen en la disputa criminal; crecen los llamados para investigar posibles redes de protección institucional.

 

Por: EXPEDIETE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de julio de 2026.- Un nuevo episodio de intimidación del crimen organizado volvió a encender las alertas en la Zona Metropolitana del Valle de México. Un video difundido masivamente en redes sociales, atribuido a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), anuncia una ofensiva contra la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac, dos de las organizaciones criminales con mayor presencia en la capital del país y municipios del Estado de México.

 

La grabación, de casi un minuto de duración, muestra a más de una decena de hombres encapuchados portando rifles AK y chalecos tácticos con las siglas del CJNG. En el mensaje, leído desde un teléfono celular, los sujetos acusan a integrantes de la Unión Tepito y del Cártel de Tláhuac de utilizar el nombre del CJNG para extorsionar comerciantes, cobrar derecho de piso y asesinar personas inocentes.

 

Durante el video son mencionados por nombre presuntos operadores criminales conocidos como "El Yayo", "El Masero" y "Lic. Vallarta", a quienes señalan de mantener una red de extorsión supuestamente protegida desde la Fiscalía Regional de Ecatepec, una acusación de enorme gravedad que, de confirmarse, implicaría posibles vínculos entre servidores públicos y estructuras del crimen organizado.

 

Los encapuchados también enviaron un mensaje directo a los habitantes de Ecatepec, Tecámac, Texcoco y Tizayuca, asegurando que "la limpia ya empezó" e invitando a la población a no dejarse intimidar por los grupos que, según ellos, extorsionan utilizando el nombre del CJNG.

 

Hasta el momento, tanto autoridades de la Ciudad de México como del Estado de México analizan la autenticidad del material y buscan determinar quiénes aparecen en él, cuál es su origen y si representa una amenaza operativa real o una estrategia de propaganda criminal.

 

UN CONFLICTO QUE PUEDE ESCALAR

 

El video aparece en un contexto particularmente delicado.

 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tenía identificados hasta mayo de 2025 al menos 62 grupos delictivos operando en la capital, muchos de ellos disputándose el control del narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso.

 

No es la primera vez que el CJNG utiliza mensajes audiovisuales para marcar territorio en la Ciudad de México.

 

Desde la narcomanta colocada en la colonia Tlaxpana en 2018; el asesinato de dos ciudadanos israelíes en Plaza Artz Pedregal en 2019; el atentado contra Omar García Harfuch en Paseo de la Reforma en 2020; las amenazas contra la periodista Azucena Uresti en 2021; y los videos difundidos en mayo pasado contra grupos criminales de Xochimilco y Tlalpan, la organización ha buscado proyectar capacidad operativa mediante acciones de alto impacto mediático.

 

En octubre de 2024, diversos reportes periodísticos documentaron una presunta alianza entre el CJNG y la Anti-Unión Tepito para disputar el control criminal de la colonia Morelos, escenario donde en apenas cuatro días fueron ejecutadas seis personas, obligando al despliegue masivo de fuerzas federales y capitalinas.

 

LA EXPANSIÓN HACIA EL ESTADO DE MÉXICO

 

Diversos informes de inteligencia también han señalado desde hace años que la expansión del CJNG no se limita a la Ciudad de México.

 

De acuerdo con investigaciones atribuidas a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el grupo habría establecido bases de operación en diversos municipios del sur y oriente del Valle de México.

 

Entre los operadores mencionados aparece el llamado "Comandante Flaco", identificado como uno de los responsables de disputar el control criminal a la Unión Tepito y con presencia, según esos reportes, en Xochimilco, Chalco, Los Reyes La Paz y Nezahualcóyotl.

 

Estas versiones incrementan la preocupación sobre la creciente penetración del crimen organizado en municipios estratégicos de la zona oriente del Estado de México.

 

UNA PREGUNTA QUE LAS AUTORIDADES YA NO PUEDEN SEGUIR IGNORANDO

 

El nuevo mensaje criminal también vuelve a colocar bajo presión a las autoridades federales, capitalinas y mexiquenses.

 

Si desde hace años existen informes de inteligencia que ubican células del CJNG operando en municipios gobernados por Morena y alcaldías controladas por ese mismo partido, la exigencia social apunta ahora a esclarecer si existen únicamente disputas territoriales entre organizaciones criminales o si también hay redes de protección política, institucional o policial que han permitido su expansión.

 

No se trata únicamente de verificar la autenticidad de un video difundido en redes sociales.

 

Se trata de investigar por qué organizaciones criminales mencionan municipios específicos del Estado de México, lanzan acusaciones directas contra autoridades y continúan enviando mensajes públicos con total impunidad mientras miles de comerciantes siguen denunciando cobros de piso, amenazas y violencia cotidiana.

 

Porque cuando son los propios grupos criminales quienes anuncian el inicio de una guerra, el verdadero riesgo es que la población termine atrapada entre balas, extorsiones y disputas territoriales mientras las instituciones llegan tarde o simplemente permanecen en silencio.

NO BASTA UNA FOTO CON CÁRDENAS PARA HEREDAR SU LEGADO

 

*El senador texcocano busca reivindicar su imagen con el legado cardenista, pero enfrenta señalamientos por las fracturas internas de Morena y sus alianzas políticas

 

TEXCOCO, Estado de México, 14 de julio de 2026.- Hay políticos que construyen un legado con sus ideas, sus libros, sus luchas y la congruencia de toda una vida. Y hay otros que, cuando su capital político comienza a agotarse, recurren a las fotografías del pasado para intentar convencer a la opinión pública de que la historia también les pertenece.

 

Eso está ocurriendo con el senador morenista Higinio Martínez Miranda, quien ahora pretende cobijarse bajo la figura histórica de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano para proyectarse nuevamente como un referente de la izquierda mexicana.

 

Pero una fotografía no transfiere principios. Mucho menos hereda autoridad moral.

 

Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en un símbolo nacional por enfrentar al régimen, por encabezar una lucha democrática y por colocar sus convicciones por encima de sus intereses personales.

 

La pregunta inevitable es: ¿qué legado propio puede presentar hoy Higinio Martínez?

 

Fuera de su larga carrera política, cuesta encontrar una obra intelectual, un libro, una aportación doctrinaria o una propuesta de alcance nacional que lleve su firma y que haya marcado la vida pública del país. Su trayectoria está ligada principalmente al ejercicio del poder político y a la construcción de un grupo de influencia en el Estado de México.

 

Durante años, su principal fortaleza ha sido Texcoco, municipio donde muchos consideran que su influencia política ha permanecido prácticamente intacta, al grado de que numerosos actores locales lo señalan como el verdadero poder detrás de las administraciones municipales que se han sucedido.

 

Pero el balance de un liderazgo no sólo se mide por el tiempo que permanece en el poder. También por las consecuencias que deja.

 

En el Estado de México, una de las críticas más frecuentes hacia Higinio Martínez es la profunda división que hoy vive Morena. Diversos liderazgos del partido le atribuyen buena parte de los enfrentamientos internos derivados de la disputa por el control político de la entidad y de sus aspiraciones a la gubernatura, conflictos que durante años debilitaron la cohesión del movimiento.

 

A ello se suma otro tema que sigue generando cuestionamientos entre militantes y ciudadanos: los acercamientos políticos con Antorcha Campesina, organización ampliamente cuestionada por sus métodos de operación y por el control político que ha ejercido durante décadas sobre comunidades donde habita la gente más pobre.

 

Para muchos simpatizantes de Morena, esos acuerdos representaron una contradicción con el discurso que prometía terminar con las viejas prácticas del clientelismo político.

 

Por eso resulta difícil aceptar que hoy el “líder” del grupo Texcoco invoque el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas como si bastara con recordar reuniones de hace casi cuatro décadas para acreditar una coincidencia de principios.

 

LOS LEGADOS NO SE HEREDAN POR PROXIMIDAD. SE CONSTRUYEN

 

Y mientras Cuauhtémoc Cárdenas será recordado por encabezar una lucha democrática que transformó la historia política de México, Higinio Martínez todavía enfrenta el juicio de una parte importante de la militancia mexiquense que le reclama las fracturas internas de Morena, los acuerdos políticos que considera incongruentes y una forma de ejercer el poder que muchos identifican más con el control territorial que con la renovación democrática.

 

La historia suele ser implacable. Porque al final no recuerda quién apareció en una fotografía junto a un personaje histórico. Recuerda a quien escribió su propia historia y este no es el caso de Higinio Martínez. Conocido cacique de Texcoco.

JAVIER MENDOZA Y "EL PERRO": LA ALIANZA QUE INDIGNA A CHICOLOAPAN

 

*Las llamadas "Asambleas por la Soberanía" son señaladas como actos de promoción política financiados con recursos cuya procedencia exige transparencia, mientras la presencia de "El Perro" profundiza la polémica

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

SAN VICENTE CHICOLOAPAN, Estado de México, 14 de julio de 2026.— Lo que el gobierno municipal llama "Asambleas Informativas por la Soberanía" se ha convertido, para buena parte de la ciudadanía, en un escaparate político que cada día genera más dudas que respuestas.

 

Mientras las colonias continúan enfrentando problemas de inseguridad, servicios públicos deficientes y demandas sociales sin resolver, el alcalde morenista Javier Mendoza Vázquez despliega eventos multitudinarios que, para numerosos habitantes, tienen el claro sello de una campaña política anticipada, organizada en horarios laborales y con el uso de recursos públicos.

 

La primera pregunta resulta obligada: ¿cuánto dinero del erario municipal se está destinando a estas concentraciones políticas? Ese recurso podría invertirse en patrullas, luminarias, calles, agua potable o programas sociales, en lugar de financiar actos cuya utilidad para la población es prácticamente nula.

 

PERO EXISTE UNA INTERROGANTE TODAVÍA MÁS DELICADA

 

En prácticamente todos estos eventos aparece Reinaldo Castaneyra Ruiz, alias "El Perro", padre del primer regidor Edgar Ruiz Aguilera. Comerciantes fijos y semifijos de Chicoloapan lo señalan públicamente como el líder del grupo conocido como "Los Talibanes" y como la persona que, de acuerdo a las denuncias, recauda el dinero derivado de extorsiones contra los comerciantes de la localidad.

 

Pese a ello, lejos de mantener distancia, el alcalde lo integra a su comitiva y lo presenta públicamente como "licenciado", una expresión que numerosos ciudadanos consideran una burla, pues sostienen que dicho título no corresponde con su formación académica.

 

Más allá del calificativo, la presencia permanente de "El Perro" junto al presidente municipal abre interrogantes que el gobierno no ha querido responder.

 

¿Qué relación política mantiene Javier Mendoza con reinaldo Castaneyra Ruiz?

 

¿Qué compromiso existe para exhibirlo como parte del primer círculo del gobierno municipal?

 

Y una pregunta que hoy comienza a escucharse con insistencia entre los propios habitantes de Chicoloapan:

 

¿Está aportando "El Perro" recursos económicos para la organización de estos eventos públicos? Si es así, ¿de dónde proviene ese dinero? Si no es así, ¿por qué el alcalde permite que se genere esa percepción sin transparentar el origen de los recursos utilizados en las asambleas?

 

LA FALTA DE RESPUESTAS ÚNICAMENTE FORTALECE LA SOSPECHA CIUDADANA

 

Morena llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción, combatir la delincuencia y separar definitivamente al poder político de cualquier interés criminal. Sin embargo, las imágenes que hoy circulan desde Chicoloapan muestran exactamente lo contrario: un presidente municipal que no sólo convive con un personaje ampliamente cuestionado por diversos sectores de la población, sino que además lo coloca en un sitio de privilegio durante actos públicos.

 

EL CONTEXTO VUELVE AÚN MÁS DELICADO ESTE EPISODIO

 

Hace apenas unos días fue detenido Marco Antonio Gómez Vargas, alias "El Kino", identificado por las autoridades como líder de una célula de La Familia Michoacana. Su captura provocó un fuerte impacto político por tratarse del hermano de la exalcaldesa morenista Nancy Gómez Vargas y cuñado del diputado local Samuel Ríos Moreno.

 

Durante años, opositores y diversos sectores ciudadanos sostuvieron que "El Kino" operó sin ser molestado mientras su hermana gobernaba Chicoloapan.

 

Ahora, habitantes del municipio aseguran que "Los Talibanes" y Reinaldo Castaneyra Ruiz, alias "El Perro", habrían ocupado el espacio que anteriormente se atribuía a "El Kino" dentro de las estructuras delictivas locales. Esos señalamientos deben ser investigados por las autoridades competentes; sin embargo, la cercanía política entre el alcalde y un personaje señalado por la población vuelve inevitable el escrutinio público.

 

LA PREGUNTA FINAL ES LA MÁS INCÓMODA PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL

 

¿Hasta cuándo seguirá Javier Mendoza Vázquez brindando respaldo político y legitimidad pública a Reinaldo Castaneyra Ruiz, alias "El Perro"?

 

Y OTRA MÁS QUE MERECE UNA RESPUESTA INMEDIATA

 

¿Quién paga realmente las "Asambleas Informativas por la Soberanía": los contribuyentes de Chicoloapan, el partido político... o existen aportaciones privadas que el gobierno municipal está obligado a transparentar?

 

Porque en un municipio donde la confianza en las instituciones se encuentra profundamente deteriorada, la opacidad no hace más que alimentar las sospechas. La ciudadanía tiene derecho a conocer quién financia los actos públicos del gobierno, cuánto cuestan y por qué un personaje señalado por comerciantes como presunto operador de extorsiones ocupa un lugar privilegiado al lado del alcalde.

 

Cuando las respuestas se esconden, las dudas crecen. Y cuando un gobierno normaliza la cercanía con personajes controvertidos, la credibilidad institucional comienza a derrumbarse.

LA CAPTURA DE "EL KINO" DEJA A SAMUEL RÍOS Y NANCY

 GÓMEZ SIN MARGEN POLÍTICO

 

*La captura de "El Kino" revive cuestionamientos sobre el gobierno de Nancy Gómez y coloca al diputado Samuel Ríos bajo una intensa presión política

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

SAN VICENTE CHICOLOAPAN, Estado de México, 13 de julio de 2026.- La detención de Marco Antonio Gómez Vargas, alias "El Kino", no representa únicamente un golpe contra un presunto operador criminal. También coloca bajo un intenso escrutinio público el legado político de la exalcaldesa morenista de San Vicente Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas, y de su esposo, el actual diputado local de Morena, Samuel Ríos Moreno.

 

Después de conocerse la captura de su hermano, Nancy Gómez difundió un video en el que sostiene que cada persona responde por sus propios actos y que ella no puede ser responsabilizada por las decisiones de terceros, aun cuando se trate de familiares. Esa afirmación es correcta: la responsabilidad penal es individual. Sin embargo, en política no basta con deslindarse mediante un mensaje en redes sociales. La ciudadanía también exige explicaciones sobre el entorno en el que se ejerció el poder.

 

Las autoridades identifican a "El Kino" como presunto jefe de plaza de un grupo delictivo, “La Familia Michoacana”, a partir de que su hermana tomo las riendas del ayuntamiento y, lo relacionan con otros objetivos prioritarios, además de señalar que enfrenta diversos procesos judiciales. La gravedad de esas imputaciones hace inevitable preguntarse cómo pudo consolidarse durante los años en que su hermana ocupó la Presidencia Municipal de Chicoloapan y por qué, si existían investigaciones en su contra, no fue detenido sino hasta después de que ella dejó el cargo.

 

Las dudas aumentan al recordar que, en enero de 2021, durante la captura de Bryan "N", alias "El Panqué", considerado entonces uno de los principales operadores del mismo grupo criminal, la Fiscalía mexiquense desplegó un grupo táctico especializado. De acuerdo a que en ese momento señalo la Institución, que policías municipales intentaron obstaculizar el operativo, un episodio que marcó profundamente la administración encabezada por la morenista Nancy Gómez y que nunca fue esclarecido de manera convincente ante la opinión pública.

 

A ello se suma el antecedente de la detención, en julio de 2023, de Alexis Gómez Vargas, alias "El Honda", otro hermano, “criminal” de la exalcaldesa, quien fue asegurado por agentes de la Fiscalía del Edomex y elementos del Ejército Mexicano cuando transportaba barios kilo de marihuana y armas de grueso calibre. Se sabe que en ese hecho intervino un influyente senador morenista de Texcoco quien ayudo al hermano de Nancy Gómez a salir bien librado del asunto. Luego el caso prácticamente desapareció del debate público, alimentando especulaciones y cuestionamientos sobre la actuación de las instituciones.

 

En este sentido, es importante puntualizar que el medio informativo: EXPEDIENTE SECRETO, de acuerdo a fuentes consultadas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguraron que “El Kino” seria detenido hasta que su hermana dejara el poder, debido a que estaba influyendo de manera directa para evitar que su hermano terminara en la cárcel.  

 

En este contexto, el video difundido por Nancy Gómez difícilmente puede cerrar la discusión. Por el contrario, abre nuevas preguntas sobre el ejercicio del poder, los mecanismos de control institucional y las responsabilidades políticas de quienes gobernaron Chicoloapan.

 

Pero la crisis no alcanza únicamente a la exalcaldesa. También golpea directamente al cuñado de “El Kino”, al diputado local Samuel Ríos Moreno, su posición política resulta cada vez más complicada. La ciudadanía tiene derecho a preguntarse qué conocía sobre el entorno familiar que hoy se encuentra bajo investigación y cuáles fueron las acciones que emprendió, pues es claro que existieron señales de alarma.

 

En política, la confianza pública se sostiene no sólo en la legalidad, sino también en la credibilidad. Cuando alrededor de una misma familia aparecen de manera reiterada detenciones, investigaciones y presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado, la exigencia de rendición de cuentas deja de ser una estrategia de oposición para convertirse en una obligación democrática.

 

Más allá de la responsabilidad penal que determinarán exclusivamente los tribunales, el costo político para Morena en Chicoloapan es profundo. La narrativa de combate a la corrupción y de transformación ética pierde fuerza cuando personajes cercanos a quienes ejercieron el poder terminan enfrentando acusaciones de esta magnitud.

 

Samuel Ríos Moreno enfrenta ahora un desafío que ningún discurso podrá resolver por sí solo. Permanecer en el cargo sin ofrecer explicaciones claras sólo profundiza el desgaste de su imagen y de la fuerza política que representa. La sociedad merece respuestas, transparencia y una investigación exhaustiva que esclarezca si durante aquellos años existieron omisiones institucionales o mecanismos de protección indebidos.

 

La captura de "El Kino" no cierra un capítulo; apenas comienza uno de los episodios más delicados para la vida política de Chicoloapan. Y mientras las investigaciones avanzan, las preguntas seguirán creciendo. Porque en democracia, la confianza se construye con hechos, no con deslindes difundidos en video.

"EL KINO" EXHIBE LOS FILTROS DE MORENA; LA CAPTURA DEL HERMANO DE UNA EXALCALDESA SACUDE AL PARTIDO

 

*Mientras la justicia alcanza al presunto operador de La Familia Michoacana tras seis años prófugo, crecen los cuestionamientos sobre las candidaturas y los controles internos del partido en el Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 11 de julio de 2026.- Durante más de seis años, uno de los presuntos operadores de La Familia Michoacana logró mantenerse fuera del alcance de las autoridades. Cambió de identidad, se refugió en Chiapas e intentó escapar cuando finalmente fue ubicado. Sin embargo, la captura de Marco Antonio Gómez Vargas, alias "El Kino", no sólo representa un resultado para las corporaciones de seguridad; también reabre un debate político que Morena difícilmente podrá esquivar.

 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que, en coordinación con autoridades federales, logró detener a quien identifica como presunto jefe de plaza y generador de violencia, además de señalarlo como lugarteniente de "Osiris" y "El Tuerto", presuntos líderes de La Familia Michoacana en territorio mexiquense. El detenido también es requerido por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

 

PERO EL EXPEDIENTE NO TERMINA EN EL ÁMBITO CRIMINAL

 

"El Kino" es hermano de la expresidenta municipal morenista de Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas, quien en su momento reconoció públicamente ese parentesco al ser cuestionada por medios de comunicación. La captura vuelve inevitable una pregunta que desde hace años acompaña a la clase política mexiquense: ¿cómo es posible que personajes señalados por las autoridades como presuntos operadores de grupos criminales permanezcan durante años prófugos mientras sus familiares ocupan posiciones de poder?

 

La discusión adquiere una nueva dimensión porque el detenido también es cuñado del diputado local Samuel Ríos Moreno, quien ha expresado públicamente su intención de competir por la presidencia municipal de Chimalhuacán bajo las siglas de Morena.

 

En política no basta con la ausencia de responsabilidades penales. La confianza ciudadana también se construye a partir de la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad de los partidos para evitar que cualquier aspirante con vínculos familiares o políticos que generen dudas razonables deteriore su credibilidad.

 

Morena ha insistido en que aplicará filtros rigurosos para impedir el registro de perfiles cuestionados. Esa promesa cobra ahora especial relevancia. Si el partido pretende sostener un discurso de combate a la corrupción y de separación entre el poder político y las estructuras criminales, este caso será una prueba concreta de la consistencia de sus procesos internos.

 

No se trata de atribuir responsabilidades penales por parentesco, pues éstas son individuales y deben acreditarse conforme a la ley. Se trata de una exigencia política: que quienes aspiran a representar a la ciudadanía resistan el más alto nivel de escrutinio público y disipen cualquier duda sobre su entorno y sus relaciones.

 

La captura de "El Kino" también deja otra interrogante incómoda para las instituciones de seguridad: ¿cómo pudo permanecer prófugo durante más de seis años un objetivo considerado prioritario por las autoridades? Si era identificado como un presunto generador de violencia y operador de una organización criminal, resulta pertinente conocer qué factores permitieron que evitara la acción de la justicia durante tanto tiempo.

 

Hoy la detención representa un golpe contra una estructura criminal, pero también un recordatorio de que la lucha contra la delincuencia organizada no puede limitarse a los operativos policiales. La credibilidad institucional también depende de que los partidos políticos sean capaces de revisar con rigor a quienes buscan una candidatura y de responder con hechos, no sólo con discursos, a las exigencias de una sociedad cansada de que el crimen organizado y la política aparezcan una y otra vez en la misma conversación.

 

La captura de "El Kino" deja una pregunta que Morena tendrá que responder con decisiones, no con comunicados: ¿sus filtros internos serán realmente un mecanismo de depuración o volverán a convertirse en una promesa que termina cediendo ante los intereses políticos?

 

LINO "N": EL EXPEDIENTE QUE PONE A MORENA FRENTE A SU MAYOR CRISIS DE CREDIBILIDAD EN EL ESTADO DE MÉXICO

 

*Las preguntas ya no son quién cayó, sino quién lo protegió, quién lo nombró y quién permitió que operara desde una posición estratégica del Gobierno mexiquense

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 11 de julio de 2026.- La detención de Lino "N" no representa únicamente la caída de un funcionario estatal; representa el derrumbe del discurso de honestidad, combate a la corrupción y depuración institucional que Morena prometió al llegar al poder en el Estado de México. Hoy, el verdadero escándalo no es solamente que un coordinador regional sea investigado por presuntos vínculos con grupos criminales, sino que nadie dentro del Gobierno parece dispuesto a explicar cómo llegó hasta ahí.

 

Desde la tribuna del Congreso mexiquense, el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, hizo lo que hasta ahora ningún integrante del gabinete estatal había hecho: formular las preguntas que millones de mexiquenses esperan escuchar respondidas.

 

¿Quién autorizó la contratación de Lino "N"? ¿Quién lo recomendó? ¿Quién firmó su nombramiento? ¿Quién certificó que era un perfil confiable para representar al Gobierno en una de las regiones más conflictivas del Estado de México?

 

Las interrogantes son demoledoras porque exhiben una realidad incómoda: un funcionario de ese nivel no llega por accidente. No se trata de un empleado administrativo ni de un servidor público de bajo rango. Era un operador político con responsabilidades estratégicas dentro de la Secretaría General de Gobierno.

 

Por ello, el cuestionamiento alcanza inevitablemente al secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares. La responsabilidad política no desaparece con una detención. Si Lino "N" fue designado durante su administración, la sociedad tiene derecho a conocer quién avaló su ingreso, cuáles fueron los filtros aplicados y si existieron alertas que fueron ignoradas.

 

PORQUE CUALQUIERA DE LOS ESCENARIOS RESULTA ALARMANTE

 

Si nadie detectó antecedentes preocupantes, el Gobierno del Estado exhibe un sistema de control absolutamente ineficiente.

 

Pero si esos antecedentes existían y, aun así, fue promovido a un cargo de alta responsabilidad, el problema deja de ser administrativo para convertirse en un asunto de enorme gravedad política.

 

Más preocupante aún resulta el papel de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

 

Octavio Martínez no sólo cuestionó la actuación del fiscal José Luis Cervantes Martínez; habló de un presunto "desaseo institucional", una expresión que refleja el creciente desgaste de una institución que enfrenta constantes cuestionamientos por la lentitud con la que avanza en investigaciones de alto impacto político y por la percepción de que la justicia sigue siendo distinta dependiendo del nombre del investigado.

 

La exigencia de solicitar la intervención de la Fiscalía General de la República no es un gesto menor. Es, en los hechos, un voto de desconfianza hacia la capacidad de la Fiscalía mexiquense para investigar con independencia a funcionarios del propio poder.

 

LA LISTA DE INTERROGANTES TAMPOCO TERMINA CON LINO "N"

 

Desde la tribuna también se preguntó por qué el diputado federal Fernando Vilchis Contreras continúa sin enfrentar un proceso judicial pese a los señalamientos públicos que pesan en su contra y quién estaría impidiendo que las investigaciones avancen.

 

A ello se suma el caso de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, quien enfrenta un proceso legal en libertad por el presunto delito de secuestro simulado. Las investigaciones buscan determinar si fingió su desaparición para ocultar un presunto desfalco millonario en el ayuntamiento.

 

Casos como éste alimentan una percepción profundamente arraigada entre los ciudadanos: que en el Estado de México existen dos sistemas de justicia. Uno expedito y severo para el ciudadano común, y otro lento, permisivo y generoso cuando los investigados pertenecen a las estructuras del poder político.

 

La coincidencia entre estos expedientes comienza a dibujar un patrón que las autoridades ya no pueden seguir ignorando. Cuando funcionarios de alto nivel son detenidos, alcaldes enfrentan procesos penales sin prisión y otros personajes permanecen intocados pese a los señalamientos públicos, la confianza ciudadana se erosiona peligrosamente.

 

EL CASO LINO "N" TAMPOCO PODRÁ RESOLVERSE SACRIFICANDO ÚNICAMENTE A UN FUNCIONARIO

 

Si el Gobierno estatal pretende convencer a la opinión pública de que combate realmente la infiltración del crimen organizado, deberá responder preguntas concretas: quién lo nombró, quién lo protegió, quién supervisó su trabajo y por qué nadie detectó —o quiso detectar— las irregularidades que hoy forman parte de una investigación penal.

 

Porque la responsabilidad política no termina con una orden de aprehensión.

 

Empieza exactamente en el momento en que alguien decide abrirle las puertas del gobierno a un personaje que jamás debió ocupar un cargo público.

 

Y mientras esas respuestas sigan ausentes, cada silencio será interpretado como una forma de encubrimiento político y cada omisión seguirá debilitando la credibilidad de un gobierno que llegó prometiendo ser distinto, pero que hoy enfrenta el desafío de demostrar que la ley alcanza también a quienes forman parte de su propia estructura de poder.

CERQUEDA PREMIA A POLICÍAS BAJO INVESTIGACIÓN POR PRESUNTA TORTURA

 

*Crece la indignación dentro de la corporación policial de Nezahualcóyotl

 

*Mientras el alcalde presume una policía ejemplar, uniformados denuncian que entre los galardonados figuran integrantes del área de Inteligencia

 

*Son señalados por presuntos actos de tortura y fabricación de delitos; la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Tortura ya conocen del caso

 

Por EXPEDIENTE SECRETO

 

NEZAHUALCÓYOTL, Méx.– Lo que el gobierno municipal pretendía presentar como una ceremonia para reconocer la labor policial terminó convirtiéndose en un nuevo foco de controversia para la administración del alcalde morenista Adolfo Cerqueda Rebollo.

 

La entrega de estímulos y recompensas a elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana provocó un profundo malestar al interior de la corporación, luego de que policías consultados señalaran que entre los galardonados se encuentran integrantes de la Coordinación de Inteligencia, grupo que enfrenta graves señalamientos por presuntos actos de tortura, abuso de autoridad e intento de fabricar delitos contra dos mujeres detenidas.

 

Durante la ceremonia, realizada en el auditorio del Plurinacional, ubicado en la colonia José Vicente Villada, Cerqueda aseguró que los reconocimientos corresponden al compromiso, la valentía y la vocación de servicio de los policías de Nezahualcóyotl.

 

"Este reconocimiento es un agradecimiento al trabajo que realizan todos los días para proteger a las familias de Nezahualcóyotl, mantener el orden y contribuir a la construcción de un municipio más seguro", afirmó el alcalde, quien sostuvo además que fortalecer a la corporación significa reconocer el esfuerzo, la disciplina y los resultados de quienes sirven "con honor y responsabilidad".

 

Sin embargo, el discurso oficial contrasta con la inconformidad expresada por numerosos elementos policiacos, quienes consideran ofensivo que se premie a integrantes de un grupo que se encuentra señalado en denuncias de enorme gravedad.

 

De acuerdo con los propios uniformados, varios de los policías reconocidos pertenecen a Inteligencia, área que opera bajo el mando de Francisco Michael Pérez Ramírez, titular de la Coordinación de Inteligencia Municipal, y de Juan Carlos Galeote Flores, segundo al mando de esa área.

 

ACUSACIONES DE EXTREMA GRAVEDAD

 

El caso que hoy persigue a esa unidad deriva de la detención de Ximena Ibarra Helu y Nicole Daniela Vega Helu, quienes denunciaron que, tras ser aseguradas, fueron trasladadas a un inmueble ubicado sobre la calle Caballo Bayo, a un costado del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl.

 

En sus declaraciones sostienen que dentro de esas instalaciones fueron sometidas durante varias horas a una serie de agresiones físicas y psicológicas.

 

Las denunciantes aseguran haber recibido golpes reiterados, métodos de asfixia y descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo, incluso en zonas íntimas, con el propósito de obligarlas a desbloquear sus teléfonos celulares y construir una acusación por delitos graves.

 

También afirmaron que durante el tiempo que permanecieron retenidas gritaron, pidieron auxilio y suplicaron que cesaran las agresiones, mientras diversos policías transitaban por el inmueble sin intervenir para detener los presuntos actos de violencia.

 

EL CASO YA LLEGÓ A DOS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS

 

La gravedad de las acusaciones obligó al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl a ordenar que se diera vista tanto a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción como a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura.

 

Esa determinación quedó formalmente acreditada mediante el informe rendido por el agente del Ministerio Público Jorge Ambrosio González Rocha, quien comunicó al órgano jurisdiccional el cumplimiento de la orden judicial.

 

En el documento se establece que el 10 de mayo de 2026 fue iniciada la carpeta de investigación NEZ/NEZ/NZ3/062/125518/26/05 por la posible comisión de hechos delictivos en agravio de Ximena Ibarra Helu y Nicole Daniela Vega Helu.

 

Posteriormente, el 14 de mayo, dicha investigación fue remitida a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde quedó bajo conocimiento del Ministerio Público Missael Morales Gálvez.

 

Asimismo, el 18 de mayo de 2026 fue remitido el desglose correspondiente a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, donde se inició una nueva carpeta identificada con el número TOL/CCF/FTT8107/136254/26/05, a cargo del Ministerio Público Félix Alejandro Gómez Montoya.

 

La existencia de ambas carpetas confirma que las denuncias trascendieron el ámbito administrativo y actualmente son materia de investigación por autoridades ministeriales especializadas.

 

RECONOCIMIENTOS BAJO LA SOMBRA

 

La decisión del gobierno municipal de entregar estímulos económicos y reconocimientos públicos a integrantes del área de Inteligencia, mientras existen investigaciones abiertas derivadas de denuncias por presunta tortura, ha generado severas críticas dentro y fuera de la corporación.

 

Policías consultados consideran que el mensaje enviado por la administración municipal resulta contradictorio, pues mientras las autoridades estatales analizan posibles responsabilidades penales, el Ayuntamiento optó por distinguir públicamente a integrantes del mismo grupo operativo.

 

Para numerosos elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, la ceremonia dejó de representar un reconocimiento al trabajo policial para convertirse en un acto que, lejos de fortalecer la confianza ciudadana, profundiza las dudas sobre los mecanismos internos de evaluación, supervisión y rendición de cuentas dentro de la policía municipal de Nezahualcóyotl.

 

La polémica ahora alcanza directamente al gobierno de Adolfo Cerqueda, cuya administración enfrenta cuestionamientos sobre la oportunidad y el criterio con el que decidió premiar a elementos pertenecientes a un grupo cuyos mandos y actuaciones se encuentran bajo el escrutinio de las autoridades ministeriales y judiciales.