LA AUSTERIDAD DE MORENA TERMINÓ DONDE EMPIEZAN LAS MANSIONES

 

*La mansión de 36 millones exhibe el doble discurso de austeridad que Morena convirtió en bandera política

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TECÁMAC, Estado de México, 22 de mayo de 2026.- La llamada “Cuarta Transformación” prometió acabar con los excesos, los privilegios y la corrupción de la vieja clase política. Juraron vivir en la justa medianía, combatir el enriquecimiento inexplicable y transparentar hasta el último peso del patrimonio de sus funcionarios. Ocho años después, la realidad volvió a golpear el discurso oficial: casas de lujo, propiedades ocultas, declaraciones patrimoniales incompletas y explicaciones que insultan la inteligencia de la gente.

 

AHORA EL ESCÁNDALO TIENE NOMBRE: MARIELA GUTIÉRREZ ESCALANTE

 

La senadora morenista intenta convencer a la opinión pública de que una residencia valuada en más de 36.5 millones de pesos no representa ningún problema porque “ya no es suya”, aunque siga viviendo ahí gracias a un usufructo vitalicio. Es decir, la propiedad está a nombre de sus hijos, pero ella mantiene el control y disfrute de la mansión. Una fórmula legal quizá válida en el papel, pero políticamente devastadora para un movimiento que construyó su narrativa atacando precisamente ese tipo de simulaciones patrimoniales.

 

Lo más grave no es solamente el valor de la propiedad ubicada en Ozumbilla, en Tecámac. Lo verdaderamente escandaloso es el contraste brutal entre el discurso de austeridad republicana y la realidad inmobiliaria de muchos cuadros de Morena, a quienes —misteriosamente— comienzan a aparecerles residencias millonarias, terrenos gigantescos y lujos imposibles de justificar únicamente con salarios públicos.

 

Porque mientras millones de mexicanos sobreviven entre inflación, inseguridad y precariedad laboral, la élite morenista parece haberse mudado a otra dimensión: la de las casas con techos de cristal, jardines monumentales, espejos de agua, esculturas decorativas y estacionamientos enormes. La “transformación” terminó transformando a varios políticos de supuestos luchadores sociales en nuevos integrantes de una clase privilegiada que vive exactamente igual —o mejor— que aquellos a quienes juraron combatir.

 

La explicación de Mariela Gutiérrez tampoco resuelve las dudas centrales. Si la propiedad dejó de pertenecerle desde 2014, ¿por qué continuó habitándola como residencia principal? ¿Por qué no transparentar desde el inicio el usufructo vitalicio? ¿Por qué hasta ahora, después del reportaje y del escándalo mediático, decidió “actualizar” su declaración patrimonial? En política, las omisiones también hablan. Y aquí las omisiones pesan toneladas.

 

El caso revive además una constante cada vez más evidente dentro de Morena: funcionarios que reportan austeridad en el discurso, pero cuyos patrimonios parecen crecer a velocidades imposibles de explicar. Casas de lujo, relojes caros, ranchos, departamentos exclusivos y redes familiares beneficiadas se han vuelto parte recurrente del paisaje político de un movimiento que llegó prometiendo superioridad moral.

 

La defensa de “no es delito tener propiedades” tampoco elimina el problema de fondo. Nadie cuestiona el derecho de una persona a tener patrimonio. Lo que la sociedad cuestiona es la opacidad, las inconsistencias y el doble discurso. Morena convirtió durante años la crítica patrimonial en arma política contra sus adversarios; hoy, cuando las sospechas apuntan hacia sus propios cuadros, las respuestas se reducen a tecnicismos legales y explicaciones familiares.

 

El caso también deja muy mal parado al discurso anticorrupción del oficialismo. Porque mientras se exige transparencia absoluta a opositores, periodistas, empresarios y ciudadanos, varios integrantes de la 4T parecen operar bajo una lógica distinta: ocultar primero, aclarar después y victimizarse cuando aparecen las investigaciones.

 

En el fondo, el escándalo de la residencia en Ozumbilla no es solamente un problema inmobiliario. Es el símbolo del desgaste moral de un proyecto político que prometió ser diferente y terminó reproduciendo las mismas prácticas que durante décadas denunció. La diferencia es que ahora los privilegios se justifican en nombre del pueblo.

 

Y mientras la narrativa oficial sigue hablando de austeridad, la realidad vuelve a exhibir algo mucho más incómodo: en Morena, la pobreza parece ser únicamente para el discurso.

ANTORCHA CAMPESINA Y EL VIEJO MODELO DE PODER

 QUE MORENA JURÓ COMBATIR

 

*Morena en Tlaxcala enfrenta tensión interna por la cercanía del gobierno municipal con Antorcha Campesina y operadores ligados al viejo PRI

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TLAXCALA, México, 22 de mayo de 2026.- El festejo por el 35 aniversario del Movimiento Antorchista en Tlaxcala no fue únicamente un acto político; fue la confirmación de que una de las organizaciones más cuestionadas del país sigue encontrando refugio en el poder, pese a su largo historial de señalamientos, privilegios y presuntas redes de protección política.

 

Mientras su dirigente nacional, Aquiles Córdoba Morán hablaba de “gestión social” y apoyo a los sectores vulnerables, la realidad es que el discurso de Antorcha Campesina hace años dejó de convencer incluso dentro de sus propios sectores. La razón es simple: durante décadas, la organización construyó un gigantesco aparato económico y político bajo la bandera de la pobreza, mientras sus líderes acumulaban poder, propiedades y negocios.

 

El propio ex presidente Andrés Manuel López Obrador denunció públicamente en distintas conferencias mañaneras que Antorcha Campesina recibía 20 mil millones de pesos al año, dinero público, que, en teoría, debía llegar a las personas más pobres del país. Según esos señalamientos, el dinero terminó sirviendo para consolidar un verdadero emporio económico con gasolineras, hoteles y centros comerciales, mientras la organización perfeccionaba un modelo basado en presión política, movilización callejera y negociación permanente con los gobiernos en turno.

 

No se trata de acusaciones menores. Antorcha Campesina ha sido históricamente una de las organizaciones con mayor capacidad de protesta y chantaje político en México. Bloqueos, marchas, plantones y movilizaciones masivas fueron durante años su herramienta principal para obtener recursos, posiciones y protección. Bajo el argumento de “gestión social”, la organización construyó un esquema donde la pobreza terminó funcionando como instrumento político.

 

A ello se suma el largo historial de controversias legales que ha perseguido a la organización y a varios de sus dirigentes: denuncias por presuntos despojos, investigaciones relacionadas con manejo irregular de recursos y múltiples señalamientos públicos que, casualmente, terminaban diluyéndose después de negociaciones políticas o movilizaciones masivas. En otras palabras, la presión social convertida en mecanismo de impunidad.

 

Por eso preocupa el acercamiento entre Antorcha Campesina y el alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, quien además cuenta con el respaldo político del grupo de poder encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. En Morena comienzan a encenderse las alertas porque entienden perfectamente lo que significa abrirle espacio a una organización que históricamente ha operado mediante estructuras clientelares y control político territorial.

 

El problema de fondo es que Morena prometió combatir precisamente ese viejo sistema de privilegios, corporativismo y manipulación social. Sin embargo, en Tlaxcala parece estar ocurriendo exactamente lo contrario: la incorporación silenciosa de un grupo que durante décadas sobrevivió gracias a los acuerdos con el poder.

 

Y como si eso no fuera suficiente, otro actor político aparece en el tablero: Alejandra Del Moral. Al interior de Morena existe preocupación por la operación política que la priista estaría realizando en Tlaxcala, aprovechando los vínculos familiares y políticos de su entorno. No es un dato menor que el padre de su esposo haya gobernado esa entidad y que exista la aspiración de recuperar poder en el estado.

 

La presencia de Del Moral alrededor de este entramado político confirma algo todavía más delicado: en la práctica, viejos grupos priistas, operadores regionales y organizaciones clientelares parecen estar encontrando espacios dentro de estructuras vinculadas a Morena. El discurso cambia, los colores cambian, pero los métodos siguen siendo los mismos.

 

En Tlaxcala, muchos dentro del oficialismo ya entienden el riesgo. Antorcha Campesina no llega sola ni gratis; llega con intereses políticos, estructuras de presión y ambiciones de control. Y cuando una organización con ese historial comienza a acercarse demasiado al poder municipal y estatal, lo que se pone en duda no es únicamente la congruencia de Morena, sino la posibilidad de que Tlaxcala termine atrapada nuevamente en las prácticas que el país dijo querer dejar atrás.

 EL EDOMEX NO MERECE IMPORTAR EL FRACASO DE SINALOA

 

*Mientras Sinaloa se hundía en la violencia y el poder criminal, el Edomex abrió sus instituciones de seguridad a mandos foráneos señalados por su cercanía con estructuras ligadas al narcotráfico y al fracaso policiaco

 

TOLUCA, Estado de México, 21 de mayo de 2026.- El problema ya no es únicamente la violencia. El verdadero escándalo es que el Gobierno del Estado de México parece decidido a convertir a la entidad en una sucursal política y operativa de Sinaloa, uno de los estados más golpeados por la narco-política, el control criminal y el colapso institucional.

 

Mientras en Sinaloa la violencia dejó ciudades paralizadas, negocios cerrados y una sociedad sometida por el miedo, en el Estado de México la administración de la morenista Delfina Gómez Álvarez abrió las puertas de la seguridad pública a un grupo de mandos importados que llegan cargando señalamientos, sospechas y un historial profundamente cuestionado, porque lejos de velar por la seguridad de aquel estado, le servían a “Los Chapitos” y a “El Mayo Zambada.

 

La cabeza visible de esta operación es Cristóbal Castañeda Camarillo, ex secretario de Seguridad en Sinaloa, estado donde el crimen organizado creció hasta convertirse prácticamente en una autoridad paralela. Y aun así, lejos de rendir cuentas por los resultados en aquella entidad, aterrizó en el Edomex acompañado de su propio círculo de poder.

 

No llegó solo. Trajo consigo a funcionarios como Carlos Alberto Hernández Leyva, Víctor Antonio Cisneros Díaz, Jesús Astorga Ríos y Gonzalo Hernández Durazo, este último ex Delegado de la PGR y señalado por su oscuro paso dentro de estructuras federales en Sinaloa.

 

La pregunta es inevitable: ¿qué experiencia vienen a exportar al Estado de México? ¿La de un estado incendiado por la guerra entre grupos criminales? ¿La de ciudades enteras sometidas por el miedo? ¿O la de gobiernos incapaces de contener a organizaciones como “Los Chapitos” y la estructura de Ismael “El Mayo” Zambada?

 

La indignación crece porque no se trata únicamente de nombramientos administrativos. Se trata del control de la seguridad pública, de la inteligencia policial y de la formación de nuevos elementos mexiquenses. La Universidad Mexiquense de Seguridad, institución clave para la capacitación policial, terminó convertida en enclave político del llamado “Grupo Sinaloa”, desplazando perfiles locales y dejando la impresión de que la lealtad política pesa más que la capacidad o la confianza ciudadana.

 

El mensaje para los mexiquenses es demoledor: mientras millones de ciudadanos viven atrapados entre extorsiones, desapariciones, ejecuciones y cobro de piso, el gobierno estatal coloca en puestos estratégicos a personajes ligados a uno de los modelos de seguridad más cuestionados del país.

 

Y el problema es todavía más profundo. Porque cuando un gobierno importa mandos policiacos desde una entidad señalada por presuntos vínculos entre poder político y crimen organizado, también importa desconfianza, sospechas y temor.

 

La administración de Delfina Gómez Álvarez prometió transformación, austeridad y cercanía con la gente. Pero la realidad parece distinta: un aparato de seguridad cerrado, opaco y dominado por operadores externos que desconocen la complejidad social, territorial y criminal del Estado de México.

 

Ecatepec, Toluca, Naucalpan, Chimalhuacán, La Paz, Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, Amecameca, San Vicente Chicoloapan, Texcoco, Nezahualcóyotl, etcétera, etcétera, etcétera, viven una crisis brutal de violencia. En lugar de fortalecer a perfiles locales con conocimiento del territorio, la estrategia fue entregar posiciones clave a un grupo que llega desde un estado hundido en una de las peores crisis de seguridad de México.

 

La pregunta política comienza a tomar fuerza dentro y fuera de Morena: ¿cuánto más resistirá Delfina Gómez Álvarez sosteniendo a Cristóbal Castañeda Camarillo y a su bloque sinaloense?

 

Porque cada día que pasa, el costo ya no es únicamente político. El costo lo pagan millones de mexiquenses que observan cómo la seguridad de sus familias quedó en manos de funcionarios marcados por el fracaso, la sospecha y la sombra permanente de la narco-política.

MORELOS: EL CRIMEN YA COBRA IMPUESTOS Y EL ESTADO SOLO OBSERVA

*La extorsión creció 320 por ciento en apenas 19 meses; familias pagan cuotas mensuales a dos cárteles para seguir con vida mientras el gobierno responde con discursos, líneas telefónicas y promesas vacías

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

MORELOS, México, 21 de mayo de 2026.- En Morelos, la extorsión dejó de ser un delito aislado para convertirse en un sistema de control territorial, económico y social que opera frente a la mirada impotente —o indiferente— de las autoridades. Lo que ocurre en la entidad ya no puede explicarse únicamente como un problema de inseguridad: es la consolidación de un poder criminal que impone reglas, cobra cuotas, desplaza al gobierno y condena a miles de ciudadanos a sobrevivir bajo amenaza permanente.

 

Las cifras son demoledoras. En septiembre de 2024, al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se registraron al menos 20 víctimas de extorsión. Para abril de 2026, la cifra subió a 84. El incremento es brutal: 320 por ciento en apenas 19 meses. Detrás del dato frío aparecen 762 denuncias acumuladas; es decir, más de una víctima por día que decidió romper el silencio aun sabiendo que denunciar en México puede equivaler a firmar una sentencia de muerte.

 

Pero las estadísticas apenas alcanzan a retratar una parte de la tragedia. La verdadera dimensión del colapso fue expuesta por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, quien describió una realidad que exhibe la desaparición práctica del Estado en algunas regiones de Morelos.

 

En Huautla, comunidad perteneciente al municipio de Tlaquiltenango, familias enteras deben pagar 200 pesos mensuales por cada integrante del hogar para que el crimen organizado “proteja” sus viviendas. No se trata de un impuesto oficial ni de una contribución gubernamental. Es un cobro criminal para poder seguir viviendo.

 

Una madre con cinco hijos debe entregar actualmente mil 400 pesos al mes. Y ni siquiera a un solo grupo delictivo. La población está atrapada entre las disputas de La Familia Michoacana y Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha generado una especie de doble tributación criminal donde los ciudadanos pagan dos veces para no ser asesinados.

 

Quien no paga enfrenta represalias inmediatas: incendios provocados, disparos contra viviendas, amenazas y desplazamiento forzado. El terror se volvió rutina. Incluso un párroco tuvo que abandonar su comunidad luego de ser amenazado de muerte por permitir el ingreso de la Guardia Nacional durante Semana Santa, como exigían los habitantes desesperados por recuperar algo de seguridad.

 

Mientras tanto, desde el gobierno federal, la respuesta parece reducida a la burocracia y la simulación. La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que basta con llamar al 089 para denunciar. Como si una llamada telefónica pudiera desmontar estructuras criminales que hoy cobran piso, controlan comunidades y desafían abiertamente a las instituciones.

 

En el ámbito estatal, el secretario de Gobierno de Morelos, Édgar Maldonado, habla de “caminar juntos” con empresarios y líderes religiosos. El problema es que mientras el discurso oficial habla de coordinación, las calles hablan otro idioma: miedo, abandono y resignación.

 

La señora que vende tamales, el comerciante que baja la cortina antes del anochecer, la familia que paga cuotas para no perder la vida, todos entendieron ya una verdad devastadora: están solos.

 

Solos frente a grupos criminales que cobran impuestos sin emitir facturas. Solos frente a autoridades que organizan mesas de trabajo mientras el territorio cambia de manos. Solos frente a un sistema incapaz de garantizar lo más básico: el derecho a vivir sin miedo.

 

Y todavía hay quienes exigen pruebas de que el crimen organizado está devorando al país. Como si las amenazas dejaran recibos fiscales. Como si los negocios incendiados necesitaran validación estadística. Como si los huérfanos del abandono institucional pudieran esperar a que el gobierno “investigue”.

 

En Morelos, la soberanía ya no parece ejercerse desde el Palacio de Gobierno. El verdadero poder se impone desde el miedo, desde las armas y desde las cuotas criminales que miles pagan en silencio para seguir respirando un día más.

OCUILAN ARDE ENTRE TALA ILEGAL, SANGRE E IMPUNIDAD

*Diputada exhibe colusión de funcionarios y acusa que grupos criminales ligados a la tala clandestina ya secuestran y asesinan mientras la fiscalía mexiquense sigue rebasada

 

POR EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 21 de mayo de 2026.- La tala clandestina dejó de ser desde hace años un simple delito ambiental en el Estado de México. Hoy es una estructura criminal que mezcla violencia, control territorial, corrupción política, impunidad institucional y negocios millonarios protegidos desde las sombras del poder. Lo ocurrido recientemente en Ocuilan, donde un operativo derivó en un enfrentamiento armado entre comuneros y presuntos talamontes, con saldo de dos muertos y bloqueos carreteros, es apenas una muestra del nivel de descomposición que enfrenta la entidad.

 

La diputada Vanesa Linares reconoció públicamente lo que durante años autoridades estatales y municipales intentaron minimizar: que la tala ilegal creció bajo la protección de funcionarios coludidos y que hoy los grupos criminales ligados a este negocio operan con el respaldo de la delincuencia organizada.

 

“El Estado de México está viviendo momentos críticos en el tema de la tala clandestina. Esto viene de años atrás. Sabíamos que había funcionarios coludidos”, sostuvo la legisladora, dejando al descubierto una red de corrupción que permitió que los bosques mexiquenses fueran saqueados durante décadas.

 

La situación en Ocuilan refleja el abandono institucional. Familias enteras han sido absorbidas por el negocio ilegal de la madera, mientras los verdaderos beneficiarios continúan intocables. Según Linares, alrededor de 300 familias participan en actividades relacionadas con la tala clandestina, aunque aclaró que la mayoría apenas sobrevive como mano de obra explotada por empresarios madereros que obtienen ganancias multimillonarias.

 

“Les pagan menos del salario mínimo para cortar árboles. Los millonarios son los empresarios madereros”, afirmó.

 

Pero el problema ya rebasó cualquier dimensión ambiental. La propia legisladora advirtió que los grupos dedicados a este delito hoy también secuestran y asesinan, generando terror en regiones enteras y provocando que muchos ayuntamientos simplemente dejaran de intervenir por miedo a represalias.

 

 

La devastación ecológica es brutal. Zonas emblemáticas como las Lagunas de Zempoala prácticamente fueron destruidas por la explotación ilegal. De acuerdo con Linares, de las 20 lagunas históricas de la región, actualmente sobreviven apenas dos. La pérdida forestal también impacta directamente en la crisis hídrica que vive el Estado de México. “No hay agua porque no hay árboles”, sentenció.

 

El corredor de Chichinautzin, fundamental para el abastecimiento hídrico del Valle de México, también enfrenta daños severos mientras las autoridades reaccionan tarde y de manera insuficiente.

 

Aunque recientemente se endurecieron las penas por tala clandestina, convirtiéndola en delito grave con sanciones que pueden superar los 100 años de prisión, la realidad demuestra que la impunidad continúa intacta. La diputada anunció que impulsa la creación de una fiscalía especializada en protección de bosques, ante la incapacidad de las instituciones actuales para contener el avance de los talamontes.

 

Y es ahí donde las críticas inevitablemente alcanzan a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a su titular, José Luis Cervantes Martínez. Porque mientras comunidades enteras viven bajo amenaza, los operativos siguen siendo aislados, tardíos y sin consecuencias reales contra las estructuras financieras y políticas detrás del negocio ilegal de la madera.

 

Cada enfrentamiento, cada bosque devastado y cada asesinato relacionado con este delito evidencian que la fiscalía no está actuando con la autonomía y firmeza que exige el cargo. La percepción ciudadana es clara: la procuración de justicia en el Estado de México continúa subordinada a intereses políticos.

 

Las críticas también alcanzan directamente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuya administración prometió combatir la corrupción y devolver la seguridad a la entidad, pero que enfrenta crecientes cuestionamientos por la persistencia de redes criminales enquistadas en distintos niveles del gobierno mexiquense.

 

Porque la tala clandestina no opera sola. Detrás existen redes de protección política, corrupción policial, complicidades municipales y estructuras económicas que durante años permitieron el saqueo forestal sin consecuencias. Y mientras eso no se ataque de raíz, los discursos oficiales seguirán siendo insuficientes frente a una realidad marcada por violencia, destrucción ambiental y control criminal de amplias regiones del Estado de México.

 

Lo ocurrido en Santa Martha, Ocuilan, donde comuneros terminaron enfrentándose armados contra presuntos talamontes, debería ser una señal de alarma para todo el gobierno estatal. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué más tiene que pasar para que las autoridades actúen de fondo y no únicamente cuando la violencia ya dejó muertos sobre el camino?

LA AUSTERIDAD DE DISCURSO Y LOS PRIVILEGIOS DE NÓMINA EN MORENA

 

*Entre discursos de “pobreza franciscana” y nóminas millonarias, alcaldes morenistas del Oriente mexiquense exhiben el verdadero rostro de la llamada austeridad republicana

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 19 de mayo de 2026.- La llamada “austeridad republicana” de Morena volvió a quedar exhibida como un simple discurso político, especialmente en municipios del Oriente del Estado de México, donde alcaldes morenistas cobran salarios que contrastan brutalmente con la pobreza, inseguridad y abandono que padecen millones de ciudadanos.

 

De acuerdo al portal IPOMEX que utilizan los gobiernos municipales para transparentar su gestión, publicando de manera obligatoria información sobre sueldos, presupuestos, contratos y trámites. Mismo que arroja datos que contrastan con el discurso de Morena, de purificar la vida pública y el combatir la corrupción.

 

El caso más indignante es el de Martha Guerrero Sánchez y su esposo Tranquilino Lagos Buenabad, quienes durante años han construido un discurso basado en la supuesta honestidad, la “transformación” y la austeridad, mientras en los hechos disfrutan de salarios privilegiados financiados con recursos públicos.

 

De acuerdo con los datos publicados en IPOMEX, la alcaldesa de La Paz reporta un ingreso bruto mensual de 104 mil 517 pesos, una cifra escandalosa para un municipio que apenas supera los 300 mil habitantes y que enfrenta graves problemas de inseguridad, servicios deficientes, calles destruidas y una evidente crisis de gobierno.

 

Pero el problema no es únicamente el monto. La contradicción es política y moral. Mientras Martha Guerrero y Tranquilino Lagos recorren medios y eventos presumiendo “finanzas sanas” y “austeridad republicana”, la realidad demuestra que el poder terminó convirtiéndose en privilegio personal.

 

La incongruencia llega al absurdo cuando en el propio registro oficial la alcaldesa aparece con la denominación de “Policía Tercero”, aunque adscrita al área de Presidencia Municipal. Un detalle que no solo refleja desorden administrativo, sino que exhibe la opacidad con la que muchos gobiernos municipales manejan la información pública.

 

En Morena repiten constantemente que “primero los pobres”, pero en municipios como La Paz parece que primero están los altos salarios de la clase política. Porque mientras miles de familias apenas sobreviven con ingresos mínimos, sus gobernantes se asignan percepciones que la mayoría de ciudadanos jamás alcanzará en toda su vida laboral.

 

La situación se repite en otros municipios gobernados por Morena. Azucena Cisneros Coss aparece con un salario bruto mensual de más de 120 mil pesos; Adolfo Cerqueda Rebollo supera los 100 mil pesos; Nazario Gutiérrez Martínez ronda los 97 mil; y Abigail Sánchez Martínez reporta casi 94 mil pesos mensuales.

 

La pregunta es inevitable: ¿dónde quedó la austeridad que Morena prometió como bandera ética y política?

 

Porque si algo ha quedado claro es que la narrativa de la “transformación” se ha convertido en una herramienta propagandística mientras los gobiernos municipales mantienen estructuras burocráticas costosas, salarios elevados y administraciones que siguen sin resolver los problemas básicos de la población.

 

Incluso el caso de Xóchitl Flores Jiménez, quien reporta el sueldo más bajo entre los municipios revisados, evidencia la enorme disparidad salarial existente dentro de gobiernos emanados del mismo partido.

 

En total, los salarios brutos mensuales de estos alcaldes morenistas superan los 810 mil pesos, lo que representa más de 9.6 millones de pesos al año. Dinero público que termina financiando una clase política que llegó al poder prometiendo exactamente lo contrario.

 

Y mientras eso ocurre, las calles siguen inseguras, los servicios públicos colapsan, el agua escasea, el transporte es deficiente y la ciudadanía continúa esperando resultados reales.

 

Morena llegó al poder criticando los excesos del pasado. Hoy, muchos de sus gobiernos parecen haber aprendido demasiado rápido las viejas mañas del sistema que juraron combatir.

TRANQUILINO LAGOS: EL OPERADOR QUE HOY PRETENDE BORRAR SU PROPIO PASADO POLÍTICO EN LOS REYES LA PAZ

 

*Mientras acusa al viejo PRI de corrupción y nexos criminales, el esposo de la alcaldesa Martha Guerrero carga con señalamientos de pactos políticos, control de poder y presuntos vínculos con grupos delictivos en Los Reyes La Paz

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 19 de mayo de 2026.- La columna publicada por Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa morenista Martha Guerrero, más que un ejercicio de memoria política, parece un desesperado intento por reescribir la historia de Los Reyes La Paz y colocarse del lado de los “transformadores”, cuando durante décadas formó parte del mismo sistema que hoy dice combatir.

 

En su texto, Lagos Buenabad se lanza contra los gobiernos del viejo PRI, acusándolos de corrupción, saqueo, complicidad con grupos criminales, obras fantasmas, despojos y utilización del poder para enriquecerse. Sin embargo, lo que omite deliberadamente es que él mismo fue parte activa de ese entramado político durante años y que su grupo participó directamente en las administraciones municipales que hoy pretende condenar.

 

Tranquilino habla como si hubiera sido un observador ajeno, como si hubiera vivido exiliado del poder, cuando la realidad política de La Paz demuestra exactamente lo contrario: entre el año 2000 y 2024 no gobernó únicamente el PRI. Durante al menos nueve años, el grupo político al que pertenece Lagos Buenabad tuvo participación directa en el manejo del municipio, colocando funcionarios, operadores y representantes populares dentro de distintas administraciones.

 

La incongruencia es todavía mayor cuando en su columna escribe: “Nosotros gobernamos con vocación de justicia social”. La frase no pasó desapercibida entre ciudadanos y actores políticos locales, porque deja abierta una pregunta inevitable: ¿quién gobierna realmente en Los Reyes La Paz? Porque la ciudadanía votó por Martha Guerrero, no por su esposo. Sin embargo, el lenguaje utilizado por Lagos Buenabad refleja la percepción cada vez más extendida de que detrás del gobierno municipal existe un poder paralelo encabezado por él mismo.

 

Pero, además, la memoria selectiva del morenista deja fuera episodios fundamentales de su propia trayectoria.

 

Se le olvida, por ejemplo, que Martha Guerrero fue regidora y el director del OPDAPAS durante el gobierno perredista de Agustín Corona entre 2006 y 2009. Se le olvida que su grupo político colocó regidores y operadores prácticamente en todas las administraciones municipales, independientemente del partido que gobernara. Se le olvida todos los millones que despilfarro cuando fue candidato del PRD a la alcaldía de La Paz y perdió la elección porque la ciudadanía lo repudia.

 

También pretende ignorar su cercanía política con la morenista Olga Medina, quien en su momento colocó una enorme manta en la fachada del palacio municipal acusando directamente a Lagos Buenabad y a su esposa de estar al servicio del PRI controlado entonces por el expresidente municipal Rolando Castellanos.

 

La historia política de Tranquilino Lagos no es la de un opositor al sistema; es la historia de un operador que transitó cómodamente entre distintos grupos de poder, adaptándose a cada circunstancia y conservando cuotas políticas sin importar los colores partidistas.

 

Y hay un tema aún más delicado que en su columna evita cuidadosamente tocar: las acusaciones sobre presuntos acuerdos con grupos criminales que operan en la región.

 

Diversos señalamientos locales lo vinculan políticamente con Héctor Becerril, identificado como líder del grupo criminal “Sindicato 22 de Octubre”. Acusaciones que, lejos de disiparse, han crecido en medio de la ola de violencia que actualmente sacude a Los Reyes La Paz y que ha dejado decenas de asesinatos en apenas unos meses.

 

Si realmente, como afirma en su texto, su gobierno representa un rompimiento con las viejas prácticas del PRI, entonces la exigencia ciudadana es simple: que él y Martha Guerrero se deslinden públicamente de cualquier relación o acuerdo con grupos criminales. Principalmente con el “Sindicato 22 de Octubre”, pero, el silencio, en este contexto, solo alimenta las sospechas.

 

Porque mientras Lagos Buenabad presume alumbrado, senderos seguros y limpieza de camellones, la realidad cotidiana de muchas colonias sigue marcada por ejecuciones, extorsiones, cobro de piso, desapariciones y una creciente disputa territorial entre organizaciones criminales.

 

Hablar de “transformación” en medio de una guerra sangrienta resulta, para muchos habitantes, una burla.

 

Y como si el pasado no pesara lo suficiente, existe un episodio que vuelve todavía más incómoda su narrativa actual: el atentado que sufrió el 5 de noviembre de 2008, cuando era director del OPDAPAS.

 

Aquella tarde, tres sicarios intentaron asesinarlo frente a su domicilio en la colonia Ejidal El Pino. Lagos Buenabad sobrevivió con heridas en el hombro izquierdo. Sin embargo, de acuerdo con versiones surgidas entonces desde la Procuraduría mexiquense, la agresión habría estado relacionada con presuntos incumplimientos de acuerdos pactados con un grupo criminal. El caso nunca fue esclarecido públicamente y el propio Lagos Buenabad evitó profundizar en el tema.

 

Por eso resulta contradictorio que hoy pretenda presentarse como víctima del viejo régimen, cuando su trayectoria política está llena de episodios oscuros, alianzas cuestionadas y participación directa en las estructuras de poder que ahora condena.

 

La Paz no necesita discursos de superioridad moral ni columnas redactadas desde la conveniencia política. Necesita respuestas claras sobre la violencia, el control territorial del crimen y el verdadero papel que juegan quienes hoy gobiernan el municipio.

 

Porque al final, el problema no es solamente la memoria selectiva de Tranquilino Lagos Buenabad.

 

El problema es que los ciudadanos comienzan a concluir que, detrás del discurso de Morena, siguen operando las mismas prácticas, los mismos grupos y los mismos intereses que durante años hundieron a Los Reyes La Paz.

DELFINA PROTEGE A POLICÍAS BAJO SOSPECHA DE NEXOS CON EL NARCO

 

*El secretario de Seguridad del Edomex, Cristóbal Castañeda Camarillo, y mandos traídos de Sinaloa arrastran señalamientos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, mientras la violencia se desborda en la entidad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Méx.- Lo que comenzó como una crisis de inseguridad en el Estado de México terminó por convertirse en un escándalo político de dimensiones nacionales que hoy amenaza directamente la credibilidad del gobierno de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. La violencia no cede, los homicidios y las extorsiones siguen golpeando a millones de mexiquenses y, en medio del colapso de seguridad, crecen las acusaciones sobre una presunta infiltración criminal dentro de la propia estructura policiaca estatal.

 

En el centro de esa tormenta aparece el nombre de Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad mexiquense, cuya trayectoria arrastra desde Sinaloa señalamientos por presuntos nexos con facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente con “Los Chapitos” y operadores ligados a Ismael 'El Mayo' Zambada.

 

La situación escaló todavía más tras las acusaciones y presiones judiciales que rodean al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, un personaje políticamente ligado al mismo grupo de poder del que emergió Cristóbal Castañeda. El golpe político ya no se limita a Sinaloa: ahora alcanza directamente al Estado de México.

 

Y es que cuando Cristóbal Castañeda llegó a la Secretaría de Seguridad mexiquense, el 18 de junio de 2024, no arribó solo. Lo hizo acompañado de un grupo completo de mandos importados desde Sinaloa, colocados en posiciones estratégicas dentro de inteligencia, operaciones y control territorial.

 

Entre ellos destacan Carlos Alberto Hernández Leyva, nombrado subsecretario de la Policía Estatal; Víctor Antonio Cisneros Díaz, colocado al frente de la Unidad de Información; así como Jesús Astorga Ríos, instalado como director de Operaciones del C5 en Ecatepec, uno de los municipios más violentos y codiciados por las organizaciones criminales.

 

DESDE ENTONCES COMENZARON LAS ALERTAS

 

Mandos internos, actores políticos y distintos sectores advirtieron sobre los presuntos vínculos de ese grupo policiaco con estructuras criminales sinaloenses. Sin embargo, el gobierno estatal optó por ignorar los señalamientos y mantener intacto el aparato de seguridad.

 

HOY, ESA DECISIÓN PERSIGUE POLÍTICAMENTE A DELFINA GÓMEZ

 

Mientras Estados Unidos endurece investigaciones y presiona judicialmente a personajes cercanos al poder sinaloense, en el Estado de México continúa operando una estructura policiaca conformada por funcionarios provenientes de una entidad históricamente marcada por el dominio del narcotráfico.

 

Las sospechas internas explotaron en septiembre de 2025, tras la captura de Alejandro Gimare Mendoza, alias “El Choko”, identificado como líder del grupo criminal “La Chokiza”. La detención provocó una fractura dentro de la Secretaría de Seguridad estatal. El entonces director de Investigación adscrito a la Dirección General de Información, René Terrón Escobar, protagonizó un fuerte enfrentamiento con Cristóbal Castañeda Camarillo luego de que surgieran versiones sobre presunta protección institucional hacia “El Choko” desde áreas de inteligencia de la propia corporación.

 

De acuerdo con versiones cercanas al caso, el secretario de Seguridad encaró violentamente a Terrón exigiéndole explicaciones. Pero la respuesta terminó por incendiar aún más el conflicto interno. “Usted sabe perfectamente quién tiene vínculos con los criminales”, habría respondido Terrón. La frase cayó como una bomba dentro de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

 

Horas después, René Terrón presentó su renuncia, dejando además constancia de que se mantenía a disposición de cualquier investigación legal. Tras su salida, áreas sensibles de inteligencia quedaron bajo control de operadores cercanos a Cristóbal Castañeda.

 

Versiones internas sostienen que esos grupos hoy controlan espacios estratégicos desde donde presuntamente se negocian favores, protección y cobros multimillonarios con organizaciones criminales que operan en territorio mexiquense. El problema para Delfina Gómez dejó de ser únicamente político.

 

AHORA TAMBIÉN ES MORAL

 

Porque mientras miles de familias viven atrapadas entre el miedo, el cobro de piso, las desapariciones y la violencia cotidiana, el gobierno mexiquense mantiene en funciones a funcionarios públicamente señalados por presuntos nexos con el narcotráfico.

 

Las acusaciones contra Cristóbal Castañeda no son nuevas. La periodista Anabel Hernández documentó parte de esos señalamientos en su libro La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa, donde expone presuntos acuerdos políticos y criminales relacionados con la elección sinaloense de 2021.

 

Según esa investigación, “Los Chapitos” habrían condicionado apoyos políticos a cambio de frenar persecuciones y colocar perfiles afines dentro de instituciones de seguridad. En ese contexto aparece mencionado el nombre de Cristóbal Castañeda.

 

A ello se suma otro episodio que persigue al actual secretario mexiquense: el llamado Culiacanazo de octubre de 2019, cuando el gobierno federal intentó capturar a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo Guzmán” y terminó replegándose ante la violenta reacción del Cártel de Sinaloa.

 

En aquel momento, Cristóbal Castañeda se encontraba al frente de la policía estatal sinaloense. La corporación bajo su mando nunca fue incorporada al operativo federal, debido —según versiones ampliamente difundidas— a la desconfianza existente sobre la infiltración criminal dentro de esa institución.

 

Castañeda permaneció en el cargo hasta agosto de 2023, meses después del segundo operativo contra Ovidio Guzmán, y posteriormente fue rescatado políticamente por el gobierno mexiquense.

 

Ahora, con las nuevas revelaciones en las que los exfuncionarios sinaloenses, Gerardo Mérida Sánchez exsecretario de Seguridad y Enrique Díaz Vega exsecretario de Administración y Finanzas quienes se entregaron voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos. Vuelven a colocar bajo presión al secretario de Seguridad del Estado de México.

 

Y LA PREGUNTA YA COMENZÓ A RECORRER LOS CÍRCULOS POLÍTICOS Y POLICIACOS

 

¿Cuánto tiempo más resistirá Cristóbal Castañeda Camarillo al frente de la seguridad mexiquense? Pero la interrogante más grave apunta directamente hacia Palacio de Gobierno en Toluca:

 

¿Cuánto tiempo más soportará la gobernadora Delfina Gómez cargar con un gabinete policiaco señalado de convivir con estructuras criminales mientras el Estado de México continúa desangrándose bajo el terror de los cárteles?

ANTORCHA BUSCA REFUGIO EN EL VERDE; COUTTOLENC

 ABRE LA PUERTA AL VIEJO APARATO PRIISTA

 

*El Verde abre la puerta a Antorcha mientras crece el rechazo ciudadano contra los viejos operadores del priismo en el Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Chimalhuacán, Estado de México, 18 de mayo de 2026.- Mientras dentro de Morena crece el rechazo contra cualquier pacto con la organización priista Antorcha Campesina, el grupo político encabezado por Higinio Martínez Miranda sigue generando tensión interna al mantener acercamientos con una de las estructuras más cuestionadas y repudiadas del Estado de México. Pero ante el rechazo que enfrentan dentro del morenismo, los líderes antorchistas ya comenzaron a mover su “plan B”: infiltrarse y negociar posiciones con el Partido Verde Ecologista de México.

 

La operación política ya no se esconde. Vehículos vinculados a liderazgos antorchistas y operadores del Partido Verde son vistos constantemente en el Huitzi Café, ubicado en avenida Arca de Noé esquina Tizoc, en Chimalhuacán, negocio que es identificado públicamente como propiedad de la dirigencia de Antorcha Campesina. Ahí, según versiones de operadores políticos locales, se han realizado reuniones para construir acuerdos rumbo al proceso electoral de 2027.

 

La noche del domingo 17 de mayo, alrededor de las 9:30, volvieron a reunirse dirigentes de Antorcha Campesina con cuadros del Partido Verde mexiquense. El mensaje es claro: la organización que durante décadas operó bajo el amparo del viejo régimen priista sabe perfectamente que carga con un enorme desprestigio social y que difícilmente podría sobrevivir políticamente por sí sola. Por eso ahora busca reciclarse bajo las siglas del Verde.

 

Y es ahí donde aparece el nombre de José Alberto Couttolenc Buentello, mejor conocido como “Pepe” Couttolenc, quien estaría cometiendo uno de los errores políticos más graves de cara a la elección por la gubernatura mexiquense: abrirle las puertas de su partido a un grupo señalado históricamente por prácticas de presión, control y abuso contra la población más vulnerable.

 

El enlace entre Antorcha y el Verde no sería casual. Detrás de las negociaciones aparece el operador priista Luis Enrique Miranda Nava, personaje identificado con el llamado Grupo Atlacomulco y uno de los hombres más cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto. Miranda Nava habría servido como puente entre la cúpula antorchista y el Verde mexiquense para garantizar acuerdos políticos rumbo al 2027.

 

La jugada revela mucho más que una simple alianza electoral: exhibe cómo las viejas estructuras del priismo buscan mantenerse vivas utilizando partidos satélites para seguir negociando poder y presupuesto. Antorcha Campesina entiende perfectamente que el desgaste social que arrastra es profundo. En municipios del oriente mexiquense, la organización es recordada por señalamientos de despojo de predios, presión sobre estudiantes y familias humildes para acudir a marchas y plantones, así como cobro constante de cuotas disfrazadas de “aportaciones” para oficinas y movilizaciones.

 

Durante años, miles de familias pobres fueron utilizadas como masa política mientras los dirigentes antorchistas acumulaban poder económico y propiedades. La inconformidad social creció precisamente porque la promesa de apoyo popular terminó convertida en un esquema de control político donde los únicos beneficiados fueron los líderes de la organización.

 

Por eso, dentro de Morena muchos consideran inadmisible cualquier acercamiento con Antorcha Campesina. La organización representa exactamente lo contrario al discurso de transformación que prometió erradicar los abusos del viejo régimen. Sin embargo, mientras una parte del morenismo rechaza tajantemente esos acuerdos, el Partido Verde parece dispuesto a recoger nuevamente los restos políticos que otros partidos ya no quieren cargar.

 

La apuesta de Pepe Couttolenc podría salirle muy cara. En lugar de construir una identidad propia, el Verde mexiquense corre el riesgo de convertirse en refugio de estructuras desacreditadas, operadores priistas reciclados y grupos señalados por décadas de manipulación política. Y en el camino, terminar hundido junto con ellos.