EL MUNDO AL REVÉS: PREMIAN A CERQUEDA MIENTRAS LA DELINCUENCIA INFILTRA LA POLICÍA DE NEZAHUALCÓYOTL
*El alcalde morenista asume la
presidencia de la Conferencia Nacional de Seguridad Municipal 2026-2028, pese
al escándalo por la detención de tres policías municipales presuntamente
vinculados con una estructura criminal relacionada con el CJNG. ¿Reconocimiento
institucional o premio a una administración que debe rendir cuentas?
Por: EXPEDIENTE SECRETO
El pasado 12 de noviembre, el
presidente municipal morenista fue presentado como nuevo presidente de la
Conferencia Nacional de Seguridad Municipal para el periodo 2026-2028. Desde
esa posición, tendrá la responsabilidad de coordinar trabajos, dirigir asambleas
y promover estrategias de prevención del delito, profesionalización policial y
fortalecimiento de las instituciones municipales.
En el discurso oficial todo parece
ejemplar. Cerqueda Rebollo promete fortalecer las policías municipales,
impulsar la proximidad social, dignificar el trabajo policial, consolidar la
justicia cívica y atender las causas de la violencia.
Sin embargo, hay una pregunta que
su nombramiento no puede borrar: ¿con qué autoridad moral y resultados pretende
encabezar la seguridad municipal del país un alcalde cuya policía está bajo la
lupa por presuntos vínculos de sus integrantes con la delincuencia organizada?
El miércoles 28 de octubre, un
operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),
la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General
de la República sacudió las estructuras de seguridad de Nezahualcóyotl.
Las fuerzas federales intervinieron
domicilios particulares de tres policías municipales en activo: el comandante
regional Jesús Rubio, el oficial José Galindo y el agente Salim Mendoza. La
operación se habría realizado bajo absoluto hermetismo, sin alertar previamente
al alcalde Adolfo Cerqueda precisamente para evitar posibles filtraciones que
permitieran a los investigados escapar.
De acuerdo con los señalamientos
sobre la investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia
Organizada (FEMDO), los tres elementos presuntamente habrían utilizado sus
cargos, uniformes, armas oficiales y patrullas para proporcionar cobertura,
facilitar operaciones logísticas e intervenir en secuestros, invasiones de
casas, cobro de extorsiones, distribución de drogas y cometer asesinatos
atribuidos a una estructura criminal encabezada por un sujeto identificado con
el alias de "El Gigant".
Es decir, no se está hablando de
simples policías que traicionaron su juramento, sino de una posible estructura
de protección criminal que habría utilizado los recursos del Estado para
favorecer actividades delictivas. El uniforme que debía proteger a los
ciudadanos habría terminado, al servicio de quienes los mantenían sometidos al
miedo.
La gravedad del caso no termina con
la detención de tres elementos. La verdadera dimensión política e institucional
del escándalo está en determinar cómo pudieron operar estas redes dentro de la
corporación sin que sus mandos detectaran, denunciaran o desarticularan
oportunamente las actividades investigadas.
El comisario Vicente Ramírez García
tiene mucho que explicar sobre los mecanismos de supervisión, control interno y
vigilancia de los comandantes regionales. Y Adolfo Cerqueda Rebollo, como
responsable político de la administración municipal, tampoco puede refugiarse
indefinidamente en el argumento de que la seguridad corresponde a una
responsabilidad operativa de sus mandos.
No se trata de atribuirle
automáticamente delitos al presidente municipal, sino de exigir que las
autoridades investiguen si existieron omisiones, encubrimientos, conocimiento
previo o cualquier otra responsabilidad administrativa o penal.
¿Quién supervisaba a los
comandantes? ¿Quién investiga las denuncias de corrupción? ¿Quién controla el
uso de las patrullas y las armas oficiales? ¿Por qué tuvieron que intervenir
las fuerzas federales sin informar al presidente municipal? Son preguntas que
merecen respuestas públicas, no boletines triunfalistas.
LA HERENCIA DE JORGE AMADOR AMADOR
Otro nombre que necesariamente debe
aparecer en esta investigación es el de Jorge Amador Amador, exdirector de
Seguridad Pública municipal, quien encabezó durante más de una década la
estructura policial de Nezahualcóyotl.
Sobre su gestión existen
señalamientos que lo relacionan presuntamente con una estructura de protección
al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También se ha cuestionado que varios
de los mandos y comandantes regionales que permanecen dentro de la corporación
fueron parte de la estructura que él dejó organizada.
Ahora que tres elementos han sido
detenidos en una investigación federal por presuntos vínculos criminales,
resulta indispensable revisar a fondo la cadena de mando, los nombramientos,
las relaciones operativas y los mecanismos de control heredados de aquella
administración.
Si existen indicios de que otros
mandos participan en el cobro de extorsiones o brindan protección a grupos
delictivos, corresponde a la FGR y a las instancias competentes investigar
hasta dónde llegaba esa red.
La edad o el retiro de Jorge Amador
Amador no pueden convertirse en un escudo frente a una investigación. Si
existen elementos de prueba, Amador Amador también debe responder ante las
autoridades por los hechos que legalmente pudieran atribuírsele.
El contraste resulta todavía más
escandaloso cuando se revisa el discurso que llevó a Cerqueda Rebollo a ocupar
la presidencia nacional de la Conferencia. El alcalde presume que
Nezahualcóyotl cuenta con más de 13 años de experiencia en el modelo de Policía
Vecinal de Proximidad, distribuido en 15 sectores y 106 cuadrantes.
Según su versión, este esquema
permite mantener contacto directo con las comunidades, atender reportes,
realizar patrullajes, prevenir delitos y construir confianza entre los
ciudadanos y sus policías.
Pero aquí aparece una contradicción
monumental: ¿de qué sirve dividir un municipio en sectores y cuadrantes si algunos
de los responsables de vigilar las calles están relacionados con organizaciones
criminales?
¿De qué sirve la proximidad
ciudadana si los vecinos no tienen garantías de que quienes portan el uniforme
están verdaderamente al servicio de la población? ¿De qué sirve hablar de
profesionalización policial cuando existen investigaciones federales que
obligan a revisar la integridad de los mandos?
La proximidad no puede medirse
únicamente por el número de cuadrantes, patrullas o reuniones vecinales. Se
mide por la confianza, la honestidad y la capacidad real de proteger a la
población. Y esa confianza queda profundamente cuestionada cuando policías
municipales terminan bajo investigación por estar relacionados con actividades
criminales.
Omar García Harfuch ha insistido en
la necesidad de fortalecer la coordinación entre los gobiernos municipales,
estatales y federales. También ha reconocido la experiencia de Nezahualcóyotl
en materia de proximidad policial. Sin embargo, el reconocimiento de una
estrategia territorial no puede confundirse con una certificación de honestidad
de toda una corporación.
La ciudadanía no está pidiendo
discursos, fotografías con funcionarios federales ni reconocimientos
institucionales. Está exigiendo saber quién permitió que presuntos delincuentes
utilizaran los recursos públicos, quién conocía sus actividades y qué mandos
deben responder por lo ocurrido.
Se necesita una investigación
profunda, una revisión de los comandantes regionales, auditorías sobre el uso
de patrullas y armamento, y una depuración policial sustentada en pruebas y
procedimientos legales.
También es indispensable que
Vicente Ramírez García comparezca ante las instancias correspondientes para
explicar la cadena de mando y los mecanismos de supervisión de los elementos
detenidos.
