LA REALIDAD DE LA NOTICIA

LA PAZ SE TIÑE DE SANGRE; MARTHA GUERRERO Y TRANQUILINO  RESPONDEN CON PROPAGANDA   *Dos cuerpos encobijados aparecen en San Sebastián y...

domingo, 30 de agosto de 2026

LA PAZ SE TIÑE DE SANGRE; MARTHA GUERRERO Y TRANQUILINO

 RESPONDEN CON PROPAGANDA

 

*Dos cuerpos encobijados aparecen en San Sebastián y otro hombre es localizado con huellas de tortura; mientras crece la violencia, el gobierno de Morena apuesta por boletines y ataques contra medios incómodos

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 30 de agosto de 2026.- Mientras la presidenta municipal morenista Martha Guerrero Sánchez y su esposo Tranquilino Lagos Buenabad intentan construir, a golpe de boletines y propaganda, una imagen de supuesto control gubernamental, la realidad en las calles de Los Reyes La Paz vuelve a exhibir un escenario brutal: la sangre sigue corriendo y los cadáveres continúan apareciendo en distintos puntos del municipio.

 

La propaganda oficial puede intentar maquillar la realidad, pero no puede desaparecer los cuerpos.

 

La mañana de ayer sábado, habitantes localizaron dos personas sin vida, un hombre y una mujer, cuyos cuerpos se encontraban encobijados y abandonados en un lote baldío ubicado sobre la calle El Pino, casi esquina con 3 de Mayo, en la colonia San Sebastián.

 

El hallazgo vuelve a encender las alarmas entre los habitantes, quienes observan con creciente preocupación cómo la violencia se extiende por colonias y calles del municipio sin que exista, hasta ahora, una respuesta contundente de la administración municipal.

 

PERO EL EPISODIO DE SAN SEBASTIÁN NO ES UN HECHO AISLADO

 

El pasado miércoles 26 de agosto, pobladores alertaron a las autoridades sobre la presencia de un hombre tirado y con visibles huellas de tortura en la zona de las calles Río Grande y Río Hondo, en la colonia El Salado, a un costado del canal de aguas negras.

 

Dos hechos violentos en apenas unos días vuelven a colocar a Los Reyes La Paz frente a una pregunta que la administración municipal parece empeñada en evitar: ¿quién está realmente gobernando la seguridad del municipio?

 

EL “PRESIDENTE” QUE NO FUE ELECTO

 

Entre habitantes y sectores políticos de La Paz crece también el cuestionamiento sobre el papel que desempeña Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa.

 

Ciudadanos y fuentes locales lo señalan como quien, en los hechos, interviene y toma decisiones que corresponderían a la presidenta municipal, pese a que él no fue electo para ocupar la Presidencia Municipal. La ciudadanía votó por Martha Guerrero, no por su esposo.

 

Sin embargo, en el municipio se ha extendido la percepción de que Lagos Buenabad actúa como si fuera el verdadero jefe político y administrativo de La Paz.

 

Mientras tanto, según las denuncias recabadas, desde el entorno municipal se habría emprendido una estrategia para desacreditar a medios de comunicación que publican información crítica sobre la administración.

 

Elementos de la propia policía municipal confirman el señalamiento de que Tranquilino Lagos habría ordenado a policías municipales impedir o agredir a periodistas para evitar que cubran hechos violentos.

 

De acuerdo con estas denuncias, algunos reporteros han dejado de acudir a determinados puntos donde ocurren hechos sangrientos por temor a sufrir agresiones por parte de elementos policiacos.

 

Si estas acusaciones son ciertas, el problema ya no sería solamente la incapacidad para contener la violencia: sería el intento deliberado de ocultarla.

 

“EL GALLO”, EL HOMBRE QUE MANDA EN LA POLICÍA

 

En este escenario aparece Isaías Ramírez Leal, “El Gallo”, quien ostenta el cargo de director operativo de la Policía Municipal y es señalado por distintas fuentes como el verdadero responsable de las operaciones de seguridad en el municipio.

 

Reportes y señalamientos previos han relacionado públicamente a Ramírez Leal con presuntos vínculos con integrantes de “La Familia Michoacana”. Tales acusaciones, hasta donde se conoce, deberán ser investigadas y acreditadas por las autoridades competentes.

 

Lo que sí resulta cuestionable es que, pese a los señalamientos que han surgido desde su llegada al cargo, la administración de Martha Guerrero haya decidido mantenerlo al frente de la operación policial.

 

Y mientras “El Gallo” permanece en su posición, los habitantes continúan enfrentando asesinatos, cuerpos abandonados y hechos violentos. La pregunta vuelve a ser inevitable:

 

¿Por qué Martha Guerrero mantiene en su puesto a un jefe policiaco sobre quien pesan señalamientos tan delicados?

 

EL AGUA, LAS EXTORSIONES Y EL SINDICATO 22 DE OCTUBRE

 

A la crisis de seguridad se suma otro de los asuntos más delicados que enfrenta el municipio: el control y manejo del agua.

 

En Los Reyes La Paz han aumentado los señalamientos contra el entorno de Tranquilino Lagos Buenabad por presuntos acuerdos con el grupo delictivo anteriormente identificado como Sindicato 22 de Octubre, actualmente denominado Federación Unida 22 de Octubre, encabezado por Héctor Becerril.

 

Entre las acusaciones destaca que Lagos Buenabad habría permitido que este grupo obtuviera influencia sobre la distribución y comercialización del agua en distintas zonas del municipio.

 

También existen señalamientos que relacionan a integrantes de esta organización con presuntas prácticas de extorsión contra comerciantes y habitantes.

 

Un gobierno serio debería de iniciar una investigación ministerial y judicial, pero el silencio del gobierno municipal frente a estas acusaciones alimenta todavía más las dudas entre los ciudadanos.

 

Porque cuando una administración es señalada reiteradamente por presuntos acuerdos con grupos de presión o criminales y sus integrantes no ofrecen explicaciones claras, el silencio deja de ser una respuesta política y comienza a convertirse en un problema de credibilidad.

 

PROPAGANDA CONTRA PERIODISTAS, EN LUGAR DE SEGURIDAD

 

Mientras las calles de La Paz acumulan historias de violencia, desde el entorno de la presidenta municipal y su esposo se estaría destinando dinero a páginas y espacios digitales cuya finalidad sería atacar o desacreditar a periodistas y medios que cuestionan al gobierno.

 

La estrategia resulta tan vieja como inútil: si no pueden resolver el problema, intentan desacreditar a quien lo denuncia. Pero ningún boletín puede levantar un cadáver.

 

Ninguna campaña de propaganda puede borrar un cuerpo encobijado. Ninguna página de internet puede hacer desaparecer las huellas de tortura. Y ningún ataque contra la prensa puede cambiar la realidad que viven diariamente los habitantes.

 

Los recursos públicos deberían estar dirigidos a capacitar a los policías, mejorar sus salarios, dotarlos de equipo, fortalecer la vigilancia y recuperar las zonas controladas por la delincuencia, no a intentar construir una realidad paralela en redes sociales.

 

Porque mientras Martha Guerrero y Tranquilino Lagos buscan controlar el discurso público, Los Reyes La Paz enfrenta una crisis que no se puede maquillar. Dos cuerpos abandonados en San Sebastián. Un hombre con aparentes huellas de tortura en El Salado.

 

Periodistas que denuncian agresiones y restricciones para cubrir la violencia. Un jefe operativo cuestionado por presuntos vínculos criminales. Señalamientos sobre el control del agua. Denuncias de extorsión.

 

Y una administración que, en lugar de ofrecer explicaciones contundentes, parece concentrarse en defender su imagen. Ese es el verdadero rostro que hoy enfrenta Los Reyes La Paz.

 

La propaganda podrá intentar ocultarlo. La sangre, no.

sábado, 29 de agosto de 2026

SELLOS, COBROS Y HARTAZGO: NEZA SE LEVANTA CONTRA CERQUEDA


*Comerciantes bloquean dos de las principales avenidas del municipio y exigen frenar las clausuras; denuncias previas por presuntos cobros de hasta 150 mil pesos exhiben el oscuro negocio de los trámites municipales

 


CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México, 29 de agosto de 2026.- El hartazgo de comerciantes frente a la actuación del gobierno municipal de Adolfo Cerqueda Rebollo volvió a quedar expuesto en las calles. Ayer, propietarios de bares y chelerías clausurados por trabajadores del ayuntamiento bloquearon el cruce de las avenidas López Mateos y Chimalhuacán, a unos metros del Palacio Municipal, en protesta por lo que calificaron como irregularidades durante los procedimientos de clausura.

 

La movilización paralizó durante varias horas uno de los principales puntos de conexión entre la Ciudad de México y Nezahualcóyotl, afectando a automovilistas provenientes de la alcaldía Iztapalapa y a quienes pretendían dirigirse hacia Bordo de Xochiaca.

 

Los inconformes exigieron al ayuntamiento revisar caso por caso las clausuras y demandaron que sus establecimientos sean reabiertos de inmediato, al señalar que decenas de familias dependen económicamente de estos negocios.

 

El gobierno municipal, encabezado por el morenista Adolfo Cerqueda Rebollo, respondió con diálogo para intentar retirar el bloqueo y recuperar la circulación.

 

Pero detrás de esta protesta existe un conflicto mucho mayor: el creciente enfrentamiento entre pequeños y medianos comerciantes y una estructura municipal de inspecciones, permisos y clausuras que ha sido cuestionada públicamente por ciudadanos y empresarios.

 

Nadie puede defender que un bar o una chelería opere fuera de la ley. Si existen establecimientos sin permisos, que incumplen medidas de seguridad, venden alcohol de manera irregular o están relacionados con delitos, corresponde a la autoridad clausurarlos y, en su caso, poner a disposición de las autoridades competentes a quienes resulten responsables.

 

El problema aparece cuando los propios comerciantes denuncian que los procedimientos no son transparentes y que las clausuras pueden convertirse en una pesada carga burocrática para quienes intentan volver a abrir sus negocios.

 

El antecedente más grave se registró meses atrás, cuando propietarios de farmacias, tiendas y establecimientos de abarrotes denunciaron públicamente que funcionarios de Protección Civil les exigían cantidades de hasta 150 mil pesos para entregarles el visto bueno necesario para continuar operando.

 

El escándalo alcanzó tal dimensión que el alcalde Adolfo Cerqueda terminó despidiendo al encargado de esa área. La pregunta, sin embargo, sigue vigente: ¿Fue un caso aislado o solamente la punta del iceberg? Porque las denuncias de comerciantes no terminaron con la salida de ese funcionario.

 

Actualmente pueden encontrarse en distintos puntos de Nezahualcóyotl negocios de diversos giros con calcomanías que anuncian una “suspensión temporal”.

 

Zapaterías, construcciones de casas, tiendas, restaurantes, fondas y otros establecimientos han quedado marcados por estos sellos administrativos.

 

Para un funcionario pueden representar simplemente el resultado de una inspección. Para un comerciante significan otra cosa: la imposibilidad de trabajar, la pérdida de ingresos, trabajadores sin sueldo y familias enteras enfrentando incertidumbre.

 

De acuerdo con testimonios de comerciantes, una vez colocado el sello comienza un recorrido por distintas oficinas del ayuntamiento para intentar regularizar la situación.

 

Y es precisamente en ese proceso donde algunos afectados aseguran que aparecen exigencias económicas, cobros elevados o conceptos que, según denuncian, serían utilizados para permitirles continuar con sus actividades.

 

Si esas acusaciones son falsas, el gobierno municipal tiene una salida sencilla: transparentar los expedientes, publicar los conceptos cobrados, explicar cada clausura y demostrar que todos los pagos están sustentados legalmente.

 

Pero si existen funcionarios que están utilizando las facultades municipales para obtener dinero de los comerciantes, entonces el problema sería mucho más grave.

 

El gobierno de Cerqueda ha intensificado los operativos contra establecimientos con venta de alcohol.

 

Uno de los más recientes ocurrió en abril, cuando autoridades municipales suspendieron 14 establecimientos ubicados en las colonias Estado de México y Virgencitas, aparentemente sin que existiera un motivo de peso para ello.

 

Es importante que, la existencia de establecimientos posiblemente irregulares no puede utilizarse como argumento para justificar abusos contra quienes sí cumplen con la ley. La discusión, por tanto, no debería ser si el ayuntamiento tiene facultades para clausurar.

 

La discusión es cómo las utiliza, bajo qué criterios, con qué controles y qué ocurre después de que coloca el sello de suspensión.

 

El conflicto ocurre además en un municipio marcado por una característica política que sus críticos consideran fundamental: la ausencia de alternancia real durante por lo menos 15 años.

 

El grupo político que durante años gobernó Nezahualcóyotl bajo las siglas del PRD ahora forma parte, en buena medida, de Morena y de la llamada Cuarta Transformación. Es decir, los grupos políticos y las estructuras podridas de poder han permanecieron.

 

Esa continuidad ha generado críticas de ciudadanos que consideran que la falta de una oposición fuerte y de contrapesos efectivos ha permitido que los funcionarios municipales actúen con demasiada libertad frente a los habitantes.

 

La percepción que empieza a crecer entre comerciantes es preocupante: que abrir un negocio en Nezahualcóyotl puede ser relativamente sencillo, pero mantenerlo abierto frente a la maquinaria burocrática municipal puede convertirse en una auténtica batalla legal y de corrupción. Las denuncias sobre presuntos cobros irregulares no son un asunto menor.

 

Cuando un comerciante recibe una suspensión, queda obligado a acudir a distintas áreas del gobierno municipal: Protección Civil, Desarrollo Urbano, Reglamentos, Tesorería u otras dependencias, dependiendo del giro y del supuesto incumplimiento. Cada trámite implica tiempo y dinero.

 

Y si, como denuncian algunos comerciantes, en ese laberinto aparecen funcionarios que condicionan la solución a pagos indebidos, la inspección deja de ser una herramienta de orden y se convierte en un mecanismo de presión.

 

Por eso el caso de los bares y chelerías que ayer bloquearon López Mateos y Chimalhuacán debería servir para revisar algo más que las clausuras.

 

Debería servir para auditar toda la cadena de inspección, suspensión, multa, regularización y reapertura de establecimientos en Nezahualcóyotl.

 

El alcalde Adolfo Cerqueda enfrenta así una situación políticamente incómoda.

 

Mientras mantiene una agenda pública marcada por actividades, eventos y actos políticos, en las calles se acumulan las quejas de comerciantes que aseguran estar cansados de enfrentar trámites, clausuras, multas y cobros que consideran excesivos.

 

El problema es que cada negocio cerrado representa una familia que deja de recibir ingresos.

 

Y cada denuncia de corrupción que no se investiga alimenta la percepción de que en Nezahualcóyotl existen funcionarios que se sienten intocables.

 

Cerqueda ya tuvo que remover a un funcionario luego del escándalo por las acusaciones de cobros de hasta 150 mil pesos.

 

Ahora tiene nuevamente frente a Palacio Municipal a comerciantes reclamando por sus clausuras.

 

La respuesta no puede limitarse a negociar el retiro de un bloqueo.

 

El gobierno municipal debe explicar públicamente qué negocios fueron clausurados, por qué motivo, qué funcionarios participaron, cuánto deben pagar los propietarios para regularizarse y qué cantidades ingresaron legalmente a las arcas municipales.

 

Porque si todo está en regla, transparentarlo debería ser lo más sencillo.

 

El bloqueo de ayer dejó una imagen difícil de ignorar: comerciantes desesperados cerrando las principales avenidas de Neza para ser escuchados por su propio gobierno. 

viernes, 28 de agosto de 2026

HIGINIO VA POR EL SENADO… Y POR EL EDOMEX: LA GUERRA

 CONTRA DELFINA Y DUARTE ESCALA

 

*La llegada del texcocano a la presidencia del Senado exhibe la ruptura del Grupo Texcoco y abre una nueva batalla por la sucesión mexiquense; detrás aparecen Antorcha Campesina, Chapingo y el conflicto de Zoquiapan

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


TOLUCA, Estado de México, 28 de agosto de 2026.- La guerra interna de Morena en el Estado de México dejó de ser un pleito de pasillo para convertirse en una disputa por el poder con alcances nacionales.

 

En el centro de la confrontación aparece el senador Higinio Martínez Miranda, quien, después de una década de retrocesos, desplazamientos y derrotas políticas, estaría a punto de recuperar una posición privilegiada: la presidencia del Senado de la República.

 

Y el mensaje político es brutal: el viejo Grupo Texcoco está roto y sus antiguos pupilos, Delfina Gómez Álvarez y Horacio Duarte, ahora son adversarios de quien durante años fue su jefe político.

 

Martínez Miranda, vicecoordinador de membrete de la bancada de Morena en el Senado, habría superado en la carrera por la presidencia de la Cámara Alta al tabasqueño Óscar Cantón Zetina, quien contaba con el respaldo de personajes de enorme peso dentro del morenismo, entre ellos Ignacio Mier y Adán Augusto López, ambos cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

 

La diferencia, de acuerdo con las versiones que circulan dentro del Senado, habría sido una sola: el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

 

Y si Higinio llega finalmente a la presidencia del Senado para el periodo septiembre de 2026-agosto de 2027, no solamente ocupará uno de los cargos legislativos más poderosos del país.

 

Tendrá también una plataforma privilegiada para disputar el futuro político del Estado de México.

 

El regreso del cacique: Higinio Martínez lleva años intentando regresar al primer plano de la política mexiquense.

 

Su historia está íntimamente ligada a Texcoco y al denominado Grupo Texcoco, una estructura política que comenzó a consolidarse hace aproximadamente 26 años bajo su liderazgo, primero dentro del PRD y posteriormente en Morena.

 

El grupo llegó a convertirse en una de las principales fuerzas políticas del oriente mexiquense, con influencia que se extendió hasta municipios como Ecatepec.

 

Martínez fue presidente municipal de Texcoco entre 2003 y 2006. Antes de él había gobernado el municipio Horacio Duarte, entre 2000 y 2003; años después, Delfina Gómez ocupó la alcaldía entre 2013 y 2015.

 

Los tres fueron durante años parte del mismo proyecto político. Hoy, prácticamente todo aquello quedó reducido a cenizas.

 

Delfina Gómez llegó a la gubernatura en 2023 y, en una de las mayores afrentas políticas para Martínez Miranda, no lo colocó como secretario general de Gobierno. Eligió a Horacio Duarte. La decisión no solamente dejó fuera al viejo cacique texcocano de una posición estratégica.

 

También fortaleció a su antiguo pupilo y convirtió a Duarte en uno de los principales operadores del gobierno estatal.

 

Desde entonces, la disputa por el control político de Texcoco y por el futuro del Estado de México se convirtió en una guerra de posiciones.

 

La eventual llegada de Higinio Martínez a la presidencia del Senado adquiere por ello una dimensión que va mucho más allá del Poder Legislativo.

 

Quienes conocen los movimientos internos de Morena sostienen que la presidenta Claudia Sheinbaum habría identificado en Martínez Miranda una pieza útil para contener el peso político de Adán Augusto López dentro del Senado, particularmente de cara al proceso electoral de 2027.

 

Adán Augusto y la senadora Andrea Chávez han mantenido sus propios proyectos políticos, entre ellos la disputa por la candidatura de Morena en Chihuahua. De acuerdo con las versiones internas, ambos habrían rechazado la posibilidad de que Chávez compitiera por la alcaldía de Ciudad Juárez, dejando el camino a Cruz Pérez Cuéllar rumbo a la gubernatura. En ese tablero, colocar a Higinio al frente del Senado significaría introducir una pieza de contrapeso.

 

Pero el problema es que el contrapeso nacional puede convertirse en una bomba política dentro del Estado de México.

 

Porque mientras Sheinbaum podría estar utilizando a Higinio para equilibrar fuerzas en el Senado, Delfina Gómez y Horacio Duarte tienen razones de sobra para impedir que el senador fortalezca su estructura rumbo a la sucesión mexiquense.

 

LA ELECCIÓN DE 2027 SERÁ DETERMINANTE

 

Estarán en juego gubernaturas, diputaciones federales, congresos locales y presidencias municipales. Y el Estado de México será una pieza fundamental debido a su enorme peso electoral y a la cantidad de diputaciones federales que representa en San Lázaro. Por eso, la verdadera batalla no estaría en quién preside el Senado.

 

La verdadera batalla es quién llegará con mayor fuerza al momento de definir la candidatura de Morena al gobierno mexiquense.

 

Higinio quiere regresar. Delfina quiere conservar el control. Duarte quiere consolidar el suyo.

 

Y entre los tres existe una historia política común que ahora se convirtió en una factura pendiente.

 

La llegada del texcocano al Senado mandaría, además, una señal que incomoda profundamente al morenismo mexiquense: la sucesión del Estado de México podría dejar de depender exclusivamente de Andrés Manuel López Obrador y comenzar a definirse desde Palacio Nacional bajo la conducción de Claudia Sheinbaum.

 

Si esa lectura es correcta, se trataría de una de las mayores fracturas políticas dentro de Morena desde su llegada al poder. Pero la disputa no termina en los cargos políticos.

 

Alrededor del grupo de Higinio Martínez existen situaciones muy preocupantes. Los señalamientos sobre la relación política con sectores de Antorcha Campesina, organización que, según diversas voces, ha ganado espacios y desplazado a liderazgos tradicionales de Morena en distintas regiones del Estado de México.

 

Las acusaciones son especialmente delicadas en la Universidad Autónoma Chapingo, donde sectores universitarios denuncian una intromisión política que estaría afectando programas académicos, estructuras administrativas, derechos laborales y proyectos regionales.

 

Entre los señalamientos se encuentra la intención de modificar programas universitarios para orientarlos hacia intereses de corporaciones agroalimentarias y agroexportadoras, incluso mediante la creación de programas relacionados con cadenas productivas como el aguacate y los llamados frutos berries.

 

También se denuncia un proceso de debilitamiento o desaparición de unidades regionales de Chapingo en Mérida, Zacatecas y San Luis Acatlán, Guerrero, mientras la Unidad Regional Sur-Sureste de Puyacatengo, Tabasco, enfrentaría una reducción de estudiantes y apoyos.

 

Todo ello requiere una investigación seria, pública y documentada.

 

Porque si detrás de estas decisiones existen intereses políticos o económicos ajenos a la comunidad universitaria, el problema dejaría de ser una disputa administrativa para convertirse en un intento de captura política de una institución educativa estratégica para el campo mexicano.

 

ZOQUIAPAN: EL CONFLICTO QUE NADIE QUIERE EXPLICAR

 

El caso más delicado es el de la Estación Forestal Experimental Zoquiapan.

 

Las acusaciones que circulan dentro de Chapingo vinculan el conflicto con una presunta alianza política entre operadores de Higinio Martínez y sectores de Antorcha Campesina.

 

De acuerdo con testimonios universitarios, el conflicto comenzó a escalar el 15 de octubre de 2025, cuando ejidatarios de Río Frío cerraron el acceso principal a la estación e introdujeron maquinaria pesada para abrir caminos.

 

Los estudiantes de Ciencias Forestales intentaron continuar con sus prácticas utilizando rutas alternas.

 

La situación habría empeorado el 15 de febrero de 2026, cuando, según testimonios, estudiantes fueron enfrentados y amenazados con machetes para impedirles el acceso.

 

“Estos son nuestros bosques”, habría sido la advertencia. Finalmente, el 28 de mayo, los caminos y veredas restantes fueron cerrados. Desde entonces, profesores y estudiantes dejaron de acudir a la estación ante el temor de una confrontación violenta.

 

La acusación más grave sostiene que detrás del conflicto existiría una operación política para reconocer como propietarios a ejidatarios de Río Frío sobre aproximadamente 1,640 hectáreas.

 

Y aquí aparecen dos nombres más: los diputados federales de Morena Armando Corona Arvizu y Jesús Cuanalo, quienes son señalados de haber realizado gestiones ante distintas dependencias para respaldar las demandas de los ejidatarios.

 

Si esas gestiones existieron, deben transparentarse. Si hubo intervención política, debe explicarse. Y si Higinio Martínez ha intentado utilizar una disputa agraria para construir una estructura electoral, la sociedad tiene derecho a saberlo.

 

¿DESPOJO O NEGOCIACIÓN POLÍTICA?

 

Las versiones más severas sostienen que Higinio Martínez y Antorcha Campesina habrían intervenido políticamente para favorecer el reconocimiento de los ejidatarios y facilitar el control de los terrenos.

 

Son acusaciones extremadamente graves que deben ser investigadas por las autoridades competentes.

 

Porque si se demostrara que funcionarios, legisladores, dirigentes políticos o grupos de presión participaron en una operación para apropiarse de tierras pertenecientes a una institución pública, estaríamos frente a algo mucho más serio que una disputa entre ejidatarios y estudiantes.

 

Estaríamos frente a un posible negocio político con territorio, una universidad y recursos públicos como moneda de cambio.

 

EL SILENCIO TAMBIÉN ES POLÍTICO

 

Lo preocupante es que las denuncias sobre Chapingo y Zoquiapan ya habrían llegado hasta las conferencias presidenciales. Las mañaneras, sin que hasta ahora exista una solución contundente que satisfaga a las partes.

 

¿Quién protege a los estudiantes? ¿quién garantiza que puedan realizar sus prácticas? ¿quién determina legalmente la propiedad de las tierras? ¿quién autorizó las gestiones políticas? ¿quién está detrás de ellas? ¿y qué papel juegan Higinio Martínez y Antorcha Campesina?

 

Cuando están involucradas tierras, estudiantes, trabajadores, recursos públicos y una universidad estratégica para el país, la transparencia no puede ser opcional.

 

HIGINIO REGRESA, PERO LA GUERRA APENAS COMIENZA

 

La ruptura del Grupo Texcoco ya no es reversible. Delfina Gómez no parece dispuesta a entregarle el control político del Estado de México.

 

Horacio Duarte tampoco. Y Higinio, con la presidencia del Senado en las manos, tendrá una plataforma desde la cual podrá reconstruir su estructura. Por eso la disputa apenas comienza.

 

El Senado puede convertirse en su trampolín hacia la candidatura mexiquense.

 

Chapingo puede convertirse en uno de los escenarios más incómodos de esa batalla. Zoquiapan, en una prueba de fuego para todos los involucrados.

miércoles, 26 de agosto de 2026

POLICÍAS DE TLALNEPANTLA, ATRAPADOS EN LA EXTORSIÓN


*Cuatro agentes fueron detenidos tras ser exhibidos presuntamente extorsionando a un transportista; el caso pone bajo la lupa al comisario Jorge Alberto Gómez Estrella y obliga al alcalde Raciel Pérez Cruz a explicar qué ocurre dentro de su corporación

 

Por: EXEDIENTE SECRETO

 


TLALNEPANTLA DE BAZ, Estado de México, 26 de agosto de 2026.- La corrupción volvió a quedar al descubierto en las filas de la policía municipal de Tlalnepantla de Baz. Cuatro elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, luego de ser señalados por presuntamente extorsionar a un transportista y posteriormente intentar comprar su impunidad.

 

Se trata de César Alberto “N”, Florencio “N”, Erick “N” y Eusebio “N”, quienes la noche del pasado 4 de agosto fueron captados por cámaras de Telediario Mx cuando presuntamente extorsionaban a un transportista sobre la avenida Ceylán, casi en su incorporación con Periférico Norte.

 

El caso resulta particularmente grave porque, de acuerdo con la información conocida, cuando el comisario Jorge Alberto Gómez Estrella tuvo conocimiento de los hechos ordenó un pase de lista de los agentes de tránsito que se encontraban en turno. Fue entonces cuando los cuatro uniformados, lejos de enfrentar de inmediato las consecuencias de sus actos, habrían ofrecido dinero a su propio mando para evitar una sanción.

 

Ahí se terminó de exhibir el verdadero rostro del problema: policías señalados por extorsionar a ciudadanos y, posteriormente, intentando comprar protección dentro de la propia corporación.

 

Los cuatro fueron finalmente detenidos por policías municipales y trasladados ante la Fiscalía Anticorrupción, donde quedaron a disposición de la autoridad por su presunta participación en el delito de cohecho. Paralelamente, el área de Asuntos Internos inició un procedimiento administrativo y se determinó su baja de la corporación.

 

Pero el asunto no termina con cuatro detenidos. ¿Quién controla realmente a la policía de Tlalnepantla?

 

El escándalo obliga a mirar hacia arriba y preguntar qué está ocurriendo dentro de la corporación que encabeza Jorge Alberto Gómez Estrella, particularmente porque elementos de la propia tropa han señalado presuntas prácticas de cobro de cuotas y castigos económicos al interior de la institución.

 

Según los señalamientos de policías, existirían cobros por prácticamente todo: faltas laborales, utilización de patrullas y diversas situaciones administrativas, además de pagos para evitar castigos. Acusaciones que, por su gravedad, deberían ser investigadas a fondo y no simplemente desestimadas como conflictos internos.

 

La pregunta inevitable para el alcalde morenista Raciel Pérez Cruz es sencilla: ¿qué clase de policía está construyendo su gobierno y quién está realmente al frente de ella?

 

Porque resulta contradictorio que un gobierno que llegó al poder prometiendo acabar con las viejas prácticas políticas permita que dentro de su policía municipal surjan señalamientos de extorsión, cohecho y presuntas cuotas internas.

 

La sombra de Nezahualcóyotl. A este escándalo se suma un elemento que no puede ignorarse.

 

Jorge Alberto Gómez Estrella es señalado como uno de los policías que se formaron bajo las órdenes de Jorge Amador Amador, conocido como “La Jirafa” o “El Doctor”, quien durante más de una década tuvo una posición de enorme influencia en la seguridad pública de Nezahualcóyotl.

 

Diversas publicaciones periodísticas han relacionado a Amador Amador con presuntos vínculos con estructuras delictivas, enfáticamente con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y con la formación de mandos policiales que habrían servido a intereses criminales. Esas acusaciones deben ser investigadas y acreditadas por las autoridades competentes, pero su existencia vuelve indispensable revisar con lupa la trayectoria y las redes de mando que rodean a la actual dirección policial de Tlalnepantla.

 

Lo verdaderamente preocupante es que, mientras la ciudadanía exige policías capaces de enfrentar a la delincuencia, cuatro agentes municipales terminan detenidos precisamente por hechos relacionados con corrupción y presunta extorsión.

 

De la “policía ejemplar” a los acuerdos bajo sospecha. Durante años se ha intentado vender la imagen de que la policía de Nezahualcóyotl es una de las mejores del país. Sin embargo, una corporación no puede medirse únicamente por discursos, estadísticas o reconocimientos: también debe responder por lo que ocurre con sus mandos, sus redes internas y sus posibles vínculos con grupos criminales.

 

Los señalamientos sobre supuestos acuerdos entre actores políticos, policías y organizaciones delictivas en Nezahualcóyotl son graves y requieren pruebas, investigaciones ministeriales y rendición de cuentas. No pueden convertirse en una verdad conveniente ni tampoco en acusaciones utilizadas sin sustento, se requiere una profunda investigación.

 

Precisamente por eso, el caso de Tlalnepantla merece una investigación mucho más profunda. Cuatro policías fueron detenidos, pero el verdadero problema podría estar varios escalones arriba.

 

Si existen cobros ilegales dentro de la corporación, si se exigen cuotas a los agentes, si hay mandos que utilizan su posición para obtener dinero o si existen redes de protección para policías corruptos, el alcalde Raciel Pérez Cruz tiene la obligación de aclararlo. No basta con presumir que los agentes fueron dados de baja.

 

Se debe de investigar quién los dejó operar, quién los supervisaba, quién recibió o pudo haber recibido dinero y si se trata de cuatro policías corruptos o de una estructura de corrupción mucho más amplia.

 

La ciudadanía de Tlalnepantla no necesita una policía que únicamente reaccione cuando una cámara de televisión descubre a sus elementos.

 

Necesita una corporación que no extorsione, no cobre cuotas, no proteja delincuentes y no convierta el uniforme en una licencia para abusar del ciudadano.

 

Y si el gobierno de Raciel Pérez Cruz realmente pretende demostrar que Morena llegó para “purificar” la vida pública, este caso es una prueba ineludible.

 

Porque cuatro policías detenidos pueden ser un problema de corrupción. Pero si la corrupción llega a los mandos, entonces ya no estamos hablando de cuatro malos elementos: estamos hablando de una posible enfermedad institucional. En la que el alcalde tiene la última palabra. Y, sobre todo, tiene la obligación de investigar hasta las últimas consecuencias.

“USTED NOS MINTIÓ”: VECINOS ENFRENTAN A AZUCENA CISNEROS

 

*Vecinos de Las Américas acusan al gobierno de Ecatepec de imponer obras, cerrar el diálogo y utilizar a policías para contener las protestas; el choque con Azucena Cisneros exhibe el creciente malestar ciudadano

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


ECATEPEC, Estado de México, 26 de agosto de 2026.- El discurso de “gobierno del pueblo” se desmoronó frente a los vecinos de Las Américas. La alcaldesa morenista Azucena Cisneros Coss acudió el martes 25 de agosto a una de las llamadas mesas de paz y terminó protagonizando un tenso enfrentamiento verbal con habitantes que, lejos de recibirla con aplausos, la recibieron con pancartas, reclamos y una acusación que se repitió una y otra vez: “¡Usted nos mintió!”

 

En un video difundido por vecinos en redes sociales quedó registrado el momento en que Cisneros Coss intentaba defender su administración ante una comunidad inconforme.

 

“Nunca voy a hacer una obra o una acción en contra del pueblo que tanto amo y quiero y a quien me debo”, aseguró la presidenta municipal. La respuesta fue inmediata: “¡No es cierto!”

 

La alcaldesa insistió en que “el diálogo está abierto”, pero los habitantes le respondieron a gritos que no estaba abierto. Cuando Cisneros Coss argumentó que las obras eran “regionales” y que ninguna colonia podía actuar por sí sola, los vecinos volvieron a confrontarla: “¡Usted nos mintió!”

 

La tensión aumentó. Visiblemente molesta, la presidenta municipal terminó elevando la voz: “¡No nos entendemos, compañeros!”

 

Pero los vecinos no cedieron. “Usted nos mintió!”, insistieron desesperadamente.

 

El episodio resulta particularmente incómodo para una administración que presume cercanía con la ciudadanía. Lo ocurrido en Las Américas muestra, al menos en el terreno político, una fractura entre el discurso oficial y el malestar de habitantes que aseguran que sus reclamos no están siendo escuchados.

 

Cisneros Coss pidió calma y sostuvo que se requería información clara para evitar la “desinformación”. Sin embargo, la tranquilidad tampoco llegó del lado de los funcionarios municipales.

 

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, elementos de la Policía Municipal presentes durante el encuentro asumieron una actitud que los habitantes calificaron como intimidatoria y represiva.

 

Entre los mandos policiacos violentos fue identificado Israel Perales Sánchez, quien años atrás se desempeñó como subdirector metropolitano de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl y que, al inicio de la administración de Cisneros Coss, fungió como encargado de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal ante la ausencia de un titular.

 

Vecinos de Neza en diferentes ocasiones han señalaron a Perales Sánchez por sus negros antecedentes. Perales presuntamente brindar protección a una banda delictiva en la que, según las acusaciones, habrían participado familiares suyos. Estas imputaciones son señalamientos de los vecinos de Neza, sin embargo, nunca fueron investigadas, por lo que la alcaldesa debería de ordenar investigarse. Porque esa podría ser una de las razones por las que la violencia no disminuye en Ecatepec.

 

La presencia de los elementos policiacos, lejos de contener la inconformidad, terminó alimentando la percepción de los habitantes de que el gobierno municipal pretendía controlar la protesta de manera violenta en lugar de atender sus demandas.

 

Los vecinos del Fraccionamiento Las Américas solicitaron hacer públicas las agresiones y represión que, aseguran, sufrieron durante la reunión del 25 de agosto.

 

El reclamo de fondo tiene que ver con una obra que, de acuerdo con los habitantes, afectaría severamente la calidad de vida de la comunidad y cuyo costo consideran injustificado.

 

La inconformidad no es nueva. Los habitantes aseguran que en días anteriores bloquearon la Avenida Central para exigir respuestas y reclamaron la destitución de personal de SAPASE Ecatepec y de trabajadores de la UTC50, a quienes responsabilizan de las acciones que, según ellos, han incrementado el conflicto.

 

Para los vecinos, las llamadas mesas de paz se han convertido en escenarios donde la ciudadanía tendría que acudir a escuchar explicaciones oficiales, pero no necesariamente a cuestionar las decisiones del gobierno. Porque corren el riesgo de ser agredidos.

 

Y ahí está precisamente el problema para la administración de Cisneros Coss: cuando los ciudadanos dejan de aplaudir y comienzan a cuestionar, el diálogo se convierte en confrontación.

 

Los habitantes sostienen que diversos servidores públicos municipales actuaron como un grupo de choque, una práctica que —ironizan— el propio discurso de Morena suele condenar cuando se atribuye a gobiernos anteriores.

 

Los inconformes aseguran que el gobierno municipal pretende imponer la obra pese a las advertencias de los habitantes sobre sus posibles consecuencias.

 

La acusación es grave: que las decisiones sobre infraestructura pública ya estarían tomadas y que las mesas de diálogo solamente funcionarían como una escenografía política para justificar decisiones previamente adoptadas, sin escuchar a la población.

 

Por ello, los vecinos demandaron la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión del Agua del Estado de México, ante lo que consideran una situación que rebasa el ámbito municipal.