EN LA PAZ: SANGRE, MIEDO Y UN GOBIERNO REBASADO

 

*Entre ejecuciones, señalamientos de corrupción policial y un gobierno dedicado a la propaganda, habitantes de La Paz denuncian que el municipio quedó en manos del crimen

Por EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 5 de mayo de 2026.- Mientras la alcaldesa morenista Martha Guerrero presume supuestos niveles de aprobación pagados en encuestas de dudosa procedencia, las calles del municipio vuelven a teñirse de sangre. La noche del domingo, un hombre fue ejecutado a balazos en plena vía pública, en la esquina de Vicente Guerrero y Allende, en San Sebastián Chimalpa, confirmando lo que miles de habitantes repiten todos los días: en La Paz gobierna el miedo y la impunidad.

 

La víctima fue identificada por sus familiares como Andrés Páez Fernández, de 33 años. Según los testimonios, alrededor de la 9 de la noche, apenas había salido de su domicilio cuando se escucharon las detonaciones. Segundos después, su cuerpo yacía sobre el asfalto. Los paramédicos solo llegaron para confirmar la muerte. Los asesinos, según vecinos, escaparon tranquilamente a bordo de un Tsuru blanco. Como ocurre casi siempre, las patrullas aparecieron únicamente para acordonar la escena cuando todo había terminado.

 

La historia se repite una y otra vez en un municipio convertido en terreno fértil para sicarios, extorsionadores y narcomenudistas. La ciudadanía vive abandonada mientras el gobierno municipal parece más preocupado por fabricar propaganda política que por recuperar la seguridad. Porque mientras las ejecuciones aumentan, desde el círculo cercano de la alcaldesa se insiste en construir una narrativa ficticia de “gobernabilidad” y “aceptación ciudadana”.

 

Y es ahí donde el nombre de Tranquilino Lagos Buenabad vuelve a aparecer. El esposo de la alcaldesa presume públicamente ser operador político de Morena en el municipio, pero bajo esa estructura política el crimen organizado parece operar con absoluta comodidad. Los delincuentes saben perfectamente que en La Paz difícilmente serán perseguidos y mucho menos detenidos.

 

Las sospechas sobre presuntos nexos entre mandos policiacos y grupos criminales crecen cada día. Policías municipales, bajo condición de anonimato, aseguran que Isaías Ramírez Ariel, director operativo de la corporación, con indicativo “Gallo”, habría ordenado a los elementos no actuar contra integrantes de la delincuencia organizada. De ser ciertas estas declaraciones, se trataría de un hecho gravísimo: una policía municipal sometida, paralizada y presuntamente infiltrada.

 

A ello se suma el severo cuestionamiento contra el titular de Seguridad Pública municipal, el contraalmirante Eduardo Fouilloux Batalle, a quien elementos de la propia corporación describen como un mando ausente, desconectado y sin control real sobre la crisis de violencia que consume al municipio. Mientras tanto, las ejecuciones continúan, los criminales operan con impunidad y la población queda atrapada entre el terror y la indiferencia institucional.

 

La pregunta ya no es si La Paz está fuera de control. La verdadera pregunta es cuánto más tendrá que soportar la ciudadanía antes de que las autoridades estatales y federales intervengan seriamente en un municipio donde la violencia parece haberse normalizado y donde la autoridad llega siempre tarde… o nunca llega.

HABLAN DE SOBERANÍA, PERO ENTREGARON LA PAZ AL CRIMEN

 

*Mientras Tranquilino Lagos presume lealtad y soberanía en el Congreso de Morena, en Los Reyes La Paz crecen las acusaciones por presuntos vínculos del poder municipal con el cobro de piso, el control criminal del agua y la violencia que mantiene sometida a la población

 

Por. EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México.- Durante una entrevista con medios de comunicación a las puertas del Congreso Nacional de Morena, realizado ayer domingo 3 de mayo de 2026, Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa morenista de Los Reyes La Paz, Martha Guerrero, intentó vestirse de defensor de la soberanía nacional y de la “lealtad” al movimiento. Sin embargo, en La Paz la realidad dista mucho del discurso político que presume frente a las cámaras.

 

Porque mientras Lagos Buenabad habla de “no intervención”, “autodeterminación” y respaldo absoluto a Morena, en Los Reyes La Paz la ciudadanía vive atrapada por la violencia, el cobro de derecho de piso y el avance de grupos criminales que, durante años, han operado con total impunidad.

 

Resulta insultante escuchar discursos patrióticos de quien, en los hechos, permitió que el grupo criminal conocido como Sindicato 22 de Octubre, encabezado en la zona por Héctor Becerril, extendiera su influencia en la localidad. Vecinos y comerciantes señalan desde hace tiempo que el control territorial, las extorsiones y hasta el manejo de servicios públicos estratégicos, como los pozos de agua, terminaron bajo intereses ajenos a la ciudadanía.

 

Mientras en el Congreso de Morena se hablaba de soberanía y de presuntas conspiraciones internacionales, en las calles de La Paz la gente sigue padeciendo amenazas, violencia y miedo. Esa es la verdadera crisis que Tranquilino Lagos evita mencionar.

 

El esposo de la alcaldesa defendió incluso la decisión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de separarse del cargo tras los señalamientos de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos criminales. Pero jamás mostró la misma preocupación por las víctimas de la inseguridad en su propio municipio, gobernado por su esposa.

 

La contradicción es evidente: Tranquilino habla de dignidad nacional mientras en La Paz el crimen organizado gana espacios que debería controlar la autoridad. Hablan de “no sumisión” frente a Estados Unidos, pero guardan silencio ante los grupos criminales que someten a comerciantes, transportistas y ciudadanos.

 

Más grave aún es que Lagos Buenabad asegure que Morena no permitirá ser señalado de “narcoterrorista” o vinculado a la narcoviolencia, cuando cada vez son más los ciudadanos que cuestionan la cercanía de operadores políticos con estructuras delictivas en distintas regiones del país.

 

Por eso el Congreso morenista celebrado este fin de semana ya es señalado públicamente como una “cumbre de narcopolíticos”, no por una campaña extranjera, sino por la creciente desconfianza social hacia dirigentes y funcionarios señalados por presuntos nexos criminales.

 

La verdadera amenaza para México no está únicamente fuera del país. También está dentro de los gobiernos que prefieren construir discursos ideológicos mientras permiten que la delincuencia organizada se incruste en la vida pública y controle territorios completos, como ocurre en Los Reyes La Paz.

ENTRE DISCURSOS Y SILENCIO: CUESTIONAN A IRENE MONTIEL POR

 OLVIDAR LA LUCHA FEMINISTA DESDE EL PODER

 

*La regidora morenista es señalada de utilizar las demandas de las mujeres como plataforma política, mientras guarda silencio ante feminicidios y violencia en Los Reyes La Paz

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 4 de mayo de 2026.- Mientras colectivos de madres buscadoras afinan detalles para participar este próximo 10 de mayo en la 14 Marcha de la Dignidad Nacional “Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”, bajo el lema “Las madres llegaremos al final”, en el municipio de Los Reyes La Paz crece el enojo ciudadano contra Irene Montiel González, a quien acusan de haber convertido las causas feministas en una herramienta de promoción personal y conveniencia política.

 

La movilización nacional partirá en la Ciudad de México desde el Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia y buscará aprovechar la narrativa internacional del Mundial de Futbol 2026 para visibilizar la tragedia de miles de familias mexicanas que continúan buscando a sus desaparecidos. Sin embargo, mientras madres buscadoras preparan una nueva jornada de exigencia y dignidad, en La Paz la indignación se concentra en el silencio de personajes políticos que antes aseguraban encabezar luchas sociales.

 

En ese contexto, ciudadanos y activistas cuestionan severamente a Irene Montiel, hoy regidora de Morena, debido a que —afirman— cuando le convenía políticamente se asumía como defensora de las mujeres, feminista y activista contra la violencia de género, pero una vez instalada en el poder y con un cargo público bien remunerado, simplemente guardó silencio frente a la violencia que azota al municipio.

 

Las críticas no son menores. Durante años, la propia Irene Montiel aseguró que su lucha estaba enfocada en combatir los feminicidios, exigir seguridad para las mujeres y promover políticas públicas con perspectiva de género en Los Reyes La Paz. No obstante, habitantes del municipio consideran que todo ese discurso quedó sepultado desde que dio el salto político a Morena y obtuvo un espacio en el gobierno municipal.

 

La molestia social crece debido a que, durante el gobierno de la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez, al menos una decena de mujeres han sido asesinadas en hechos violentos ocurridos en hoteles, afuera de bares y centros nocturnos, e incluso mientras realizaban actividades cotidianas como hacer ejercicio y hasta una mujer policía fue asesinada. Pese a ello, aseguran que Irene Montiel no ha emitido una sola postura pública contundente, ni siquiera mensajes de solidaridad hacia las víctimas o sus familias.

 

Para muchos ciudadanos, el silencio resulta todavía más grave porque contrasta con la actitud que la hoy regidora mantuvo cuando formaba parte de la oposición. Acusan que antes denunciaba, protestaba y exigía justicia; hoy, desde el gobierno, únicamente aplaude las decisiones de Morena, exactamente igual —señalan— como antes respaldaba a la administración priista de Cristina González Cruz.

 

“Cuando era oposición gritaba y exigía; ahora que cobra del erario, calla”, es una de las frases que más se repiten entre sectores inconformes del municipio.

 

La inconformidad también revive declaraciones que Irene Montiel realizó en diciembre de 2023, cuando asumió la coordinación municipal para el fortalecimiento del PRD. En aquel momento afirmó que las mujeres habían dejado de ser espectadoras para convertirse en protagonistas de la vida pública del Estado de México y sostuvo que todavía faltaban muchas barreras por romper. Sin embargo, críticos consideran que todo ese discurso quedó reducido a simple retórica política tras su incorporación a Morena.

 

Para sectores ciudadanos, el caso de Irene Montiel representa el ejemplo de cómo algunos actores políticos utilizan causas legítimas, como la defensa de las mujeres y la violencia de género, únicamente como trampolín electoral o herramienta de posicionamiento público, olvidando las demandas sociales una vez que alcanzan cargos, salarios y privilegios del poder.

 

Ahora, frente a la movilización nacional de madres buscadoras, ciudadanos consideran que Irene Montiel debería acompañar y respaldar públicamente estas exigencias, aunque sea para demostrar que aún recuerda que en México existen cientos de miles de mujeres desaparecidas y cientos de miles de madres que continúan buscando justicia en medio del abandono institucional provocado por Morena.

SINALOA ARDE TRAS CAÍDA DE ROCHA: EJECUTAN A LÍDER SINDICAL

 EN PLENA DISPUTA DEL NARCOPODER

 

*El asesinato de Homar Salas exhibe que la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa sigue intacta, mientras Morena intenta contener el impacto político de las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de mayo de 2026.- Apenas un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a una decena de altos funcionarios de operar presuntamente al servicio de la facción de Los Chapitos, la violencia volvió a sacudir al estado con un mensaje brutal: el asesinato del secretario general electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC), Homar Salas Gastélum.

 

El líder sindical fue ejecutado a tiros afuera de su domicilio, en el fraccionamiento Las Brisas, junto a su escolta. El crimen confirmó que la disputa entre grupos criminales por el control político, económico y sindical de Sinaloa no solo continúa, sino que se encuentra en plena escalada.

 

La ejecución ocurre en medio de un escenario explosivo, luego de que autoridades estadounidenses acusaran a Rocha Moya de haber recibido apoyo electoral del Cártel de Sinaloa a cambio de entregar protección institucional desde áreas estratégicas del gobierno estatal, incluyendo seguridad pública, finanzas, la fiscalía y el Ayuntamiento de Culiacán.

 

El asesinato de Homar Salas no es un hecho aislado. Desde hace meses, las facciones conocidas como Los Chapitos y La Mayiza mantienen una feroz disputa por el control del STASAC, considerado uno de los sindicatos más influyentes del estado debido a su cercanía con el aparato gubernamental de Culiacán.

 

Previo a la renovación sindical, dos aspirantes a la dirigencia fueron obligados a renunciar repentinamente “por motivos personales”, horas después de anunciar su participación. Uno de ellos ni siquiera acudió a registrar formalmente su planilla. Fuentes de inteligencia señalaron que operadores de Los Chapitos buscaban imponer perfiles afines dentro del sindicato.

 

En paralelo, el exalcalde de Culiacán y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, también intentó impulsar una candidatura cercana a su grupo político. Sin embargo, a finales de enero sobrevivió a un atentado armado que dejó gravemente herida a una legisladora de Movimiento Ciudadano que lo acompañaba.

 

La espiral de violencia en Sinaloa parece haber entrado en una nueva etapa tras las revelaciones de Washington. Lejos de provocar un repliegue criminal, las acusaciones detonaron incertidumbre y reacomodos entre grupos del narcotráfico que buscan mantener o ampliar su control territorial y político.

 

Tan solo el pasado 30 de abril se registraron 10 homicidios dolosos en la entidad, equivalente al 20% de todos los asesinatos ocurridos ese día en México. Varias de las ejecuciones fueron perpetradas por comandos armados.

 

De acuerdo al periodista, Héctor De Mauleón, en Morena crece el nerviosismo. Aunque diversas figuras del partido intentaron cerrar filas en defensa de Rocha Moya, alegando “falta de pruebas” y denunciando presunto injerencismo estadounidense, dentro del Congreso Nacional de Morena la instrucción habría sido actuar con cautela y evitar una defensa abierta del mandatario sinaloense.

 

Así mismo, asegura que, versiones surgidas desde Palacio Nacional sostienen que el gobierno de Claudia Sheinbaum ya tendría en sus manos nombres adicionales entregados por la embajada de Estados Unidos, relacionados con presuntos vínculos entre políticos y grupos criminales.

 

El temor dentro de la llamada 4T no es menor. La preocupación central radica en que funcionarios señalados en Sinaloa busquen acuerdos judiciales con Estados Unidos para convertirse en testigos protegidos, lo que podría detonar revelaciones sobre supuestos esquemas de apoyo electoral del crimen organizado a candidaturas de Morena en distintas entidades del país.

Fuentes cercanas al gobierno federal afirman que la advertencia ya habría llegado incluso a Andrés Manuel López Obrador, en medio de presiones internas para sostener políticamente a Rocha Moya.

 

En este contexto, Sinaloa aparece hoy como el epicentro de una crisis que rebasa la seguridad pública y amenaza con convertirse en una fractura política de dimensiones nacionales. La ejecución de Homar Salas dejó claro que el narcopoder sigue operando, que las estructuras señaladas por Estados Unidos continúan intactas y que el derrumbe político alrededor de Rocha Moya apenas comienza.

 

Rubén Rocha Moya, es el caso más prominente, señalado formalmente por el Departamento de Justicia de EE. UU. Sin embargo, la lista es larga, Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, es señalado por presuntos nexos con el grupo criminal "La Barredora" y por la protección a funcionarios locales vinculados al crimen.

 

Otro más, es Américo Villareal, gobernador de Tamaulipas: Acusado de recibir financiamiento ilícito del crimen organizado para su campaña electoral. Marina del Pilar Ávila gobernadora de Baja California: Señalada por presuntos vínculos con grupos delictivos, reportándose además la revocación de su visa estadounidense.

 

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora: Señalado dentro de listas de políticos con supuestos nexos con grupos del narcotráfico. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán: Vinculado presuntamente a organizaciones criminales locales conocidas como "Cárteles Unidos". La lista es interminable, ahora solo falta ver como Morena enfrenta esta avalancha de denuncias.

TEXCOCO ENTRE LA SIMULACIÓN, LA CRISIS DEL AGUA Y

 LOS PACTOS RUMBO AL 2027

 

*Antorcha Campesina se deslinda de una nota sobre el desabasto de agua en Texcoco, mientras crecen versiones sobre acuerdos políticos con Higinio Martínez y Morena rumbo a la sucesión mexiquense

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO 

TEXCOCO, Estado de México, 4 de mayo de 2026.- En Texcoco, la crisis del agua terminó exhibiendo algo más profundo que la incapacidad institucional para garantizar el suministro a miles de familias: dejó al descubierto el doble discurso político de organizaciones y actores que hoy juegan a la confrontación pública mientras negocian acuerdos en lo oscuro rumbo a las elecciones de 2027.

 

El pasado 30 de abril, el medio Quadratín Edomex publicó la nota titulada “Aumenta crisis de agua en Texcoco; vecinos acusan abandono de Nazario”, firmada por el periodista Luis Ayala. En ella se denunciaba el deterioro de la infraestructura hidráulica, el aumento de los tandeos y el abandono que padecen colonias como Leyes de Reforma, donde vecinos incluso tuvieron que organizar por cuenta propia una videoinspección técnica del pozo que abastece la zona.

 

La información retrata una realidad inocultable: en Texcoco el acceso al agua se ha convertido en una pesadilla cotidiana para miles de familias que sobreviven almacenando agua por horarios, mientras el gobierno municipal encabezado por el morenista Nazario Gutiérrez Martínez parece rebasado por el problema. Sin embargo, lo verdaderamente escandaloso ocurrió después.

 

El 2 de mayo, el Movimiento Antorchista en Texcoco publicó un comunicado para deslindarse de la nota, pese a que las fotografías utilizadas correspondían precisamente a actividades de la organización. En su posicionamiento, Antorcha aseguró que las imágenes habían sido retomadas “fuera de contexto” y defendió su supuesto actuar institucional y pacífico, insistiendo en que no participa en campañas de descalificación. Pero detrás del comunicado comenzó a emerger otra versión mucho más incómoda.

 

Fuentes internas de la propia organización aseguran que sí existió participación de Antorcha en la denuncia difundida por Quadratín Edomex, pero que el deslinde se produjo porque la intención original era golpear políticamente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y no al alcalde texcocano Nazario Gutiérrez.

 

Según estas versiones, el periodista terminó enfocando la crítica en el gobierno municipal y no en la administración estatal morenista, situación que obligó a los dirigentes antorchistas a recular públicamente para evitar fracturas con los acuerdos políticos que, presuntamente, ya construyen con el senador Higinio Martínez Miranda rumbo al 2027. Y es ahí donde el discurso social comienza a derrumbarse.

 

Porque mientras Antorcha Campesina intenta venderse como una organización independiente y defensora de las causas populares, cada vez son más las voces que señalan que su verdadero papel consiste en operar políticamente para grupos de poder mexiquenses sin que les importe traicionar sus propios “principios”.

 

Incluso, las mismas fuentes afirman que ya existen compromisos para impulsar a perfiles antorchistas como candidatos de Morena en distintos municipios del Estado de México, como parte de la estructura política que estaría construyendo Higinio Martínez para competir por la gubernatura.

 

Es decir, las marchas, protestas y denuncias ya no serían únicamente reclamos sociales, sino piezas de una estrategia política anticipada para debilitar a Delfina Gómez y posicionar al grupo texcocano en la disputa interna de Morena.

 

LA SIMULACIÓN NO TERMINA AHÍ

 

Hace apenas unos días, activistas antorchistas presumieron la construcción de un pequeño paso vehicular financiado —según ellos— con recursos aportados por los propios vecinos, presentándolo como ejemplo de organización ciudadana ante la ausencia gubernamental.

 

Pero nuevamente apareció otra versión: el proyecto habría sido financiado realmente por el propio alcalde Nazario Gutiérrez Martínez, quien presuntamente entregó los recursos económicos para realizar la obra.

 

Si esto es cierto, entonces el montaje resulta grotesco: una organización que acusa abandono gubernamental mientras recibe apoyo económico del mismo gobierno al que critica públicamente.

 

Texcoco se está convirtiendo en el reflejo más claro de cómo la necesidad social puede ser utilizada como herramienta de presión política. La crisis del agua, lejos de resolverse, parece haberse transformado en un campo de batalla entre grupos que buscan posicionarse rumbo al 2027.

 

Mientras tanto, miles de familias siguen sin agua, con pozos deteriorados, redes hidráulicas colapsadas y autoridades más preocupadas por las alianzas, los cálculos electorales y las traiciones internas que por atender una emergencia real.

 

Porque al final, en el Estado de México la lucha por el poder parece avanzar más rápido que las soluciones para la gente.

MONTAJE JUDICIAL Y TERROR POLICIACO SACUDEN LOS REYES LA PAZ

*Tras denunciar una red de extorsión ligada presuntamente al crimen organizado y operadores políticos de Morena, Juan Cerda fue detenido en un operativo plagado de irregularidades, mientras los verdaderos delincuentes siguen libres

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 1 de mayo de 2026.- Lo que debía ser un operativo de justicia terminó convertido en un escándalo que exhibe el uso faccioso de las instituciones de seguridad y procuración de justicia en el Estado de México. El pasado 27 de abril, elementos de la Guardia Nacional, Marina y Fiscalía General de Justicia del Estado de México irrumpieron en el domicilio de Juan Cerda, líder de los comerciantes de la Avenida Morelos, para detenerlo junto con toda su familia, incluida su esposa, sus hijos y hasta un bebé de apenas unos meses de edad.

 

De acuerdo con testimonios de los afectados, los agentes no contaban con órdenes de aprehensión ni con orden de cateo, pero aun así violentaron cerraduras, ingresaron por la fuerza y sometieron a toda la familia. La pregunta que hoy retumba entre comerciantes y vecinos de Los Reyes La Paz es inevitable: ¿cuál era el verdadero objetivo del operativo?, ¿detener delincuentes o silenciar a quien denunció públicamente una red de extorsión protegida políticamente?

 

Aunque la familia de Juan Cerda fue liberada horas después, el líder comerciante permanece detenido bajo acusaciones de robo a mano armada. Sin embargo, el caso comienza a derrumbarse por sí solo. En las audiencias realizadas en los juzgados de Neza-Bordo no se han presentado supuestas víctimas ni denunciantes del delito que se le imputa, alimentando la versión de que se trata de un montaje fabricado para encarcelarlo y callarlo.

 

La situación resulta todavía más delicada porque en el operativo participó la Guardia Nacional, corporación que el gobierno de Morena presume como ejemplo de honestidad y confianza pública. Hoy, esa misma institución aparece señalada de prestarse a una operación que, según comerciantes, busca fabricar delitos para castigar a quien denunció públicamente a grupos criminales que operan en el tianguis de la Avenida Morelos.

 

LA DENUNCIA QUE HABRÍA DESATADO LA PERSECUCIÓN

 

El “pecado” de Juan Cerda habría sido exhibir una presunta red de extorsión encabezada por José Emilio Molina Méndez, alias “El Millones”, su hijo Enrique Molina, conocido como “El Kike”, así como Axel Villaseñor, personajes vinculados presuntamente al grupo criminal “Sindicato 22 de Octubre”, liderado por Héctor Becerril, criminal, con quien el esposo de la alcaldesa morenista presuntamente negocio la explotación de los pozos de agua de la localidad.

 

Los comerciantes aseguran que esta estructura criminal comenzó a operar desde diciembre de 2025 exigiendo cuotas diarias de entre 300 y 400 pesos para permitirles trabajar. Quien no pagaba era desplazado o amenazado, es el mismo modus operandi que implemento Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias, “El Jimmy”, líder del “Sindicato 22 de Octubre”, en Chalco, quien además era regidor por el Partido Verde.

 

La violencia escaló el 10 de febrero, cuando entre 30 y 40 hombres armados irrumpieron en la zona comercial y tomaron por la fuerza varios puestos. Los hechos quedaron grabados en cámaras de seguridad y teléfonos celulares, además de ocurrir prácticamente frente al palacio municipal de Los Reyes La Paz.

 

A PESAR DE ELLO, DENUNCIAN QUE NINGUNA AUTORIDAD ACTUÓ

 

Los comerciantes sostienen que informaron directamente de lo ocurrido a la alcaldesa morenista Martha Guerrero y a su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, quien presuntamente sostuvo reuniones con las víctimas prometiendo resolver el problema y pidiéndoles que evitaran hacerlo público. Nada ocurrió. Por el contrario, denuncian que el grupo criminal continuó expandiendo su control.

 

MANIFESTACIONES, DENUNCIAS Y LIBERACIONES SOSPECHOSAS

 

La desesperación llevó a comerciantes a convocar una conferencia de prensa el pasado 13 de abril para denunciar públicamente la situación. Un día después, cientos de vendedores se manifestaron afuera del Ministerio Público de Los Reyes La Paz tras la detención de un presunto extorsionador identificado como Óscar Pozos Rodríguez.

 

La captura quedó asentada en la carpeta de investigación NUC: TLA/FTR/FTR/013/100462/26/04 por el delito de extorsión. Sin embargo, pese a las acusaciones y protestas, el detenido fue liberado al día siguiente.

 

Para muchos comerciantes, aquello confirmó lo que desde hace meses denuncian: la existencia de protección institucional para grupos criminales que operan en la zona.

 

SEÑALAMIENTOS DE CORRUPCIÓN EN LA FISCALÍA

 

Otro nombre que aparece constantemente en las denuncias es el de Oscar Mendoza Paulin, jefe de departamento de la agencia del Ministerio Público en Los Reyes La Paz, señalado presuntamente por vínculos con grupos delictivos de la región.

 

Versiones internas aseguran que el funcionario había sido removido meses atrás a Nezahualcóyotl, pero que logró regresar recientemente a Los Reyes La Paz gracias al respaldo de altos mandos de la Fiscalía mexiquense. Incluso, dentro de la propia dependencia circula la versión de que el regreso habría costado alrededor de 200 mil pesos.

 

Trabajadores y comerciantes aseguran además que Mendoza Paulin es considerado uno de los funcionarios cercanos al fiscal general José Luis Cervantes Martínez, debido a su supuesta capacidad de “recaudación” con grupos criminales que operan en la zona oriente del Estado de México.

 

Mientras tanto, la pregunta sigue creciendo entre comerciantes y ciudadanos: ¿Por qué se movilizan fuerzas federales para detener a un líder comerciante que denunció extorsiones, pero no para capturar a los grupos armados señalados públicamente desde hace meses?

 

En Los Reyes La Paz, cada vez más personas comienzan a sospechar que el verdadero delito de Juan Cerda no fue un robo, sino haber hablado demasiado.

EDOMEX: EL INFIERNO PARA LAS MUJERES QUE DELFINA

 GÓMEZ INTENTA OCULTAR CON PROPAGANDA

 

*Mientras Morena presume encuestas y propaganda oficial, el Estado de México encabeza delitos brutales contra mujeres y mantiene cifras alarmantes de feminicidio, secuestro y violencia física

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

TOLUCA, Estado de México, 30 de abril de 2026.- Mientras el gobierno estatal presume encuestas pagadas, campañas de imagen y páginas completas en medios afines para presumir una supuesta aprobación ciudadana, la realidad que viven miles de mujeres mexiquenses exhibe el fracaso absoluto de la administración de Delfina Gómez Álvarez en materia de seguridad.

 

Los números oficiales son demoledores y no provienen de la oposición ni de críticos políticos, sino del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre enero y marzo de 2026, el Estado de México registró 11 feminicidios, colocándose en el cuarto lugar nacional. Una de las víctimas era menor de edad.

 

Pero el problema va mucho más allá de esa cifra. El Edomex se convirtió nuevamente en el epicentro nacional de la violencia contra las mujeres. La entidad ocupa el primer lugar en víctimas mujeres de lesiones dolosas y, junto con Guanajuato, concentra el 44.1 por ciento de los 19 mil 530 casos registrados en todo el país durante el primer trimestre del año.

 

Es decir, mientras el discurso oficial intenta vender una entidad en transformación, miles de mujeres siguen siendo golpeadas, agredidas y violentadas en calles, hogares y comunidades donde la autoridad simplemente ha sido rebasada.

 

La situación es todavía más alarmante en materia de secuestro. El Estado de México encabeza también el ranking nacional con 12 víctimas mujeres, equivalente al 42.9 por ciento de todos los casos registrados en México en ese periodo. A ello se suma su presencia entre las entidades con más homicidios dolosos contra mujeres, formando parte del grupo que concentra más de un tercio de las víctimas a nivel nacional.

 

Toluca, capital gobernada bajo el mismo entorno político de Morena, apareció incluso entre los 20 municipios con más feminicidios del país.

 

Y mientras la violencia se multiplica, el gobierno mexiquense parece más preocupado por controlar la narrativa pública que por recuperar la seguridad. La administración de Delfina Gómez ha destinado recursos a la difusión masiva de encuestas donde se asegura que “60 por ciento aprueba su gestión”, apoyándose en estudios como el de la empresa Enkoll, que señala que 49 por ciento tiene una opinión buena o muy buena de la mandataria.

 

Sin embargo, la pregunta inevitable surge desde las propias calles mexiquenses: ¿Cómo puede hablarse de aprobación cuando el Estado de México continúa siendo uno de los lugares más peligrosos del país para ser mujer?

 

Las más de 63 mil llamadas de emergencia al 911 relacionadas con violencia contra mujeres registradas en el país durante los primeros tres meses del año reflejan una realidad que desborda cualquier campaña publicitaria. Detrás de cada cifra existe una víctima, una familia rota y una sociedad que sigue esperando resultados reales.

 

La narrativa triunfalista de Morena en el Estado de México choca frontalmente con la crudeza de los datos oficiales. Porque mientras la propaganda presume popularidad, las mujeres mexiquenses siguen viviendo entre feminicidios, secuestros, desapariciones y agresiones que el gobierno no ha logrado contener.

 

En el Edomex de Delfina Gómez, la percepción puede maquillarse con encuestas; la violencia, no.

EE.UU. PONE CONTRA LAS CUERDAS A RUBÉN ROCHA; SINALOA, ATRAPADO ENTRE LA NARCOPOLÍTICA Y LA CRISIS DE MORENA

 

*La acusación de Washington contra Rocha Moya sacude a Morena y reaviva las sospechas de vínculos entre el poder político y el Cartel de Sinaloa en medio de la crisis de violencia que azota al estado

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de abril de 2026.- La relación entre el poder político y el crimen organizado volvió a golpear de frente al gobierno mexicano, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara formalmente al gobernador de Rubén Rocha Moya de narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración para poseer armamento, en un caso que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos políticos del sexenio de la llamada “cuarta transformación”.

 

La acusación no es menor. Washington sostiene que Rocha Moya habría operado en alianza con el Cartel de Sinaloa y particularmente con “Los Chapitos”, la facción encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para facilitar el tráfico masivo de drogas hacia Estados Unidos. El documento incluso señala que el ahora gobernador de Sinaloa habría recibido apoyo político y presuntamente protección criminal desde su campaña electoral de 2021, cuando llegó al poder cobijado por Morena.

 

Las autoridades estadounidenses describen un esquema de complicidad que, de confirmarse, exhibiría la infiltración absoluta del crimen organizado en las estructuras del gobierno sinaloense. Según la acusación, Rocha permitió que integrantes y operadores cercanos a “Los Chapitos” colocaran funcionarios afines en áreas estratégicas de seguridad y gobierno local, garantizando así protección e impunidad para las operaciones del narcotráfico.

 

La acusación es devastadora porque no se trata únicamente de presuntos vínculos indirectos o rumores políticos. El señalamiento coloca a un gobernador en funciones como supuesto aliado directo del Cartel de Sinaloa, organización criminal responsable de miles de asesinatos, desapariciones y del tráfico de fentanilo que ha provocado una crisis de salud pública en Estados Unidos.

 

Además, el caso revive las sospechas que desde hace años pesan sobre el entorno político sinaloense. En agosto de 2024, Ismael "El Mayo" Zambada aseguró en una carta que el día de su captura acudiría a una reunión en Culiacán donde estaría presente Rocha Moya. En aquel momento, el gobernador minimizó el señalamiento, pero hoy la narrativa toma otra dimensión tras las acusaciones formales del gobierno estadounidense.

 

Mientras tanto, Rocha reaccionó en redes sociales intentando convertir el escándalo judicial en una supuesta agresión política contra Morena y la “cuarta transformación”. Sin embargo, el mensaje dejó entrever algo más: el gobernador parece advertir que no piensa enfrentar solo el costo político y penal de este caso. En otras palabras, si cae Rocha, podría arrastrar a otros actores del movimiento obradorista.

 

El problema para Morena es mayúsculo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en su conferencia mañanera a exigir pruebas contra Rocha Moya y a defender el debido proceso. No obstante, la postura presidencial exhibe una evidente contradicción política: cuando el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna fue acusado y posteriormente condenado en Estados Unidos, Morena celebró el caso incluso cuando gran parte de la evidencia presentada también descansaba en testimonios de narcotraficantes y colaboradores protegidos.

 

Hoy, el discurso cambia radicalmente porque el acusado pertenece al partido gobernante.

 

La doble vara es imposible de ocultar. Lo que antes era considerado prueba suficiente para condenar moralmente a adversarios políticos, ahora es presentado como una persecución extranjera o un intento de intervención contra la soberanía nacional.

 

En este contexto, la Fiscalía General de la República recibió ya solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por Estados Unidos. El fiscal especial Ulises Lara López confirmó que se abrirá una investigación para determinar el sustento de las acusaciones, aunque reconoció que Rocha Moya mantiene fuero constitucional y que sería necesario un proceso legislativo para retirarle la inmunidad.

 

El embajador estadounidense Ronald Johnson lanzó además un mensaje contundente: la corrupción que facilite operaciones del crimen organizado será investigada y procesada bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

 

El caso estalla además en el peor momento para Sinaloa. La entidad vive una de las etapas más violentas de los últimos años, marcada por disputas internas entre facciones del propio Cartel de Sinaloa, desapariciones, ejecuciones y un creciente ambiente de terror en distintas regiones del estado.

 

Por ello, la acusación contra Rocha Moya no sólo representa un golpe personal contra un gobernador de Morena. También alimenta la percepción internacional de que México atraviesa una profunda crisis de narcopolítica, donde las fronteras entre gobierno y crimen organizado parecen cada vez más borrosas.

 

Y mientras en Palacio Nacional intentan contener el daño político, en Estados Unidos ya colocaron al gobernador sinaloense en el mismo tablero donde antes estuvieron alcaldes, policías corruptos y operadores del narcotráfico. La diferencia es que ahora el señalado es un mandatario estatal en funciones, emanado del partido que prometió acabar con la corrupción y pacificar al país.

AL NARCO QUE AMLO DEJÓ CRECER SEIS AÑOS, LO DETUVIERON EN 19 MESES

 

*Habían ensayado durante 100 horas y lograron detenerlo en unas cuantas: esas que el gobierno que lo dejó crecer, no quiso invertir para quitarles su bota de encima a Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Zacatecas

 

Por: Héctor De Mauleón

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, El Mencho, Audías Flores Silva, El Jardinero, no apareció en los reportes de inteligencia de la Marina y el Departamento de Justicia de Estados Unidos como candidato fuerte en la línea de sucesión.

 

Esa lista la encabezaban Juan Carlos Valencia González, El 03, hijastro del extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Hugo González Mendoza, El Sapo, y Abraham Jesús Ambriz Cano, El Yogurt.

 

Se mencionaba también a Julio Castillo Rodríguez, El Chorro, yerno del extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre los jefes regionales más importantes de esta organización criminal.

 

Inteligencia Naval había anticipado la posibilidad de que, a falta de consenso, estos líderes empezaran a actuar de manera semiautónoma. De modo que se iniciaron labores de rastreo en busca de posibles indicadores de que el Cártel Jalisco hubiera acordado una sucesión.

 

No solo se monitorearon cuentas que en las redes sociales suelen funcionar como oficinas de prensa del crimen organizado. Se analizaron posibles cambios en los flujos de metanfetamina y fentanilo en corredores controlados por el CJNG, y se revisaron los patrones de violencia en estados controlados por este grupo delictivo.

 

Se monitorearon incluso narcocorridos, en busca de señales de una posible sucesión.

 

En esa investigación apareció Audías Flores Silva, El Jardinero, moviendo hombres, armas y dinero, a fin de quedarse al frente de la organización.

 

Según los reportes de la Marina, El Jardinero coordinaba operaciones criminales a gran escala en una inmensa franja del Pacífico: desde Nayarit a Guerrero, pasando por Jalisco y Michoacán. A través de grupos operativos extremadamente sanguinarios, había llevado la violencia incluso a Zacatecas, con la intención de meter al Cártel Jalisco al estado de Durango.

 

El gobierno de Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares por él. Desde octubre de 2024, cuando López Obrador se llevó sus “abrazos, no balazos” a su finca de Palenque, y el gobierno de Claudia Sheinbaum dio un giro radical a la estrategia de seguridad, la Marina se lanzó tras su rastro en colaboración con agencias de Estados Unidos, en el marco del llamado Entendimiento Bicentenario, que implica “acciones conjuntas en contra de amenazas comunes”.

 

El Jardinero había comenzado a crecer dentro del cártel tras su salida de la cárcel en 2019. Su ascenso coincidió con el sexenio de AMLO. Tras el abatimiento del Mencho buscó quedarse con el liderazgo del grupo criminal. Sus movimientos se fueron precisando, especialmente a partir de ese acontecimiento.

 

Desde los primeros meses de 2026, la Marina propinó una serie de golpes significativos al Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos golpes incluyeron el aseguramiento de armamentos, buques pesqueros y semisumergibles en Colima y Nayarit, así como una cadena de detenciones y decomisos en los estados de Nayarit, Michoacán y Jalisco.

 

Tras el abatimiento de El Mencho, un reporte de la Semar recomendó ofrecer beneficios a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación de niveles bajos e intermedios, con la intención de que pudieran ofrecer información sobre las finanzas, las rutas y los movimientos del cártel. En vista del “exitoso operativo” que había permitido ubicar a El Mencho en Jalisco, se recomendaba estrechar el intercambio de datos con las agencias de inteligencia de Estados Unidos.

 

Sostiene el secretario de Marina que se desató un seguimiento “sistemático, discreto y sostenido” que permitió establecer las rutas de El Jardinero, así como sus puntos de entrada y salida en 45 ubicaciones. “Se entendió no solo dónde estaba, sino cómo se movía, con quién interactuaba y bajo qué esquemas de seguridad”.

 

Lo que no se hizo en seis años se logró en 19 meses. El 25 de abril se obtuvo la ubicación precisa de El Jardinero, en las inmediaciones de Santa María del Oro, en Nayarit. Con más de 300 elementos y 10 aeronaves se inició el operativo.

 

El Jardinero viajaba en una Suburban. Al verse rodeado abandonó el vehículo y echó a correr. Pero las condiciones accidentadas del terreno no estaban de su parte. Tampoco, su precaria condición física. Se quiso ocultar en un drenaje, debajo de la carretera. Agentes navales saltaron de uno de los helicópteros que lo seguían y lo sometieron con facilidad.

 

Habían ensayado durante 100 horas y lograron detenerlo en unas cuantas: esas que el gobierno que lo dejó crecer, no quiso invertir para quitarles su bota de encima a las poblaciones de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Zacatecas.

 

Estados Unidos solicita desde hace años su extradición.

LA MUERTE DE YOLET SARAY EXHIBE EL FRACASO DE DELFINA

 GÓMEZ Y DE LA FISCALÍA MEXIQUENSE

*Entre promesas vacías y una estrategia de seguridad rebasada, el Estado de México se hunde en una crisis de desapariciones y feminicidios que exhibe la incapacidad de las autoridades encabezadas por Delfina Gómez y el fiscal José Luis Cervantes Martínez. 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

AMANALCO, Estado de México, 29 de abril de 2026.- La localización sin vida de Yolet Saray, una adolescente de apenas 13 años de edad, desaparecida en el municipio de Amanalco, volvió a desnudar la incapacidad, indiferencia y falta de resultados del gobierno estatal encabezado por la morenista Delfina Gómez Álvarez, así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dirigida por José Luis Cervantes Martínez, instituciones que parecen más preocupadas por los discursos y las conferencias que por frenar la violencia brutal que diariamente cobra la vida de niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses.

 

El caso de Yolet Saray no es un hecho aislado. Es parte de una tragedia constante que mantiene al Estado de México entre las entidades con mayores índices de desapariciones y asesinatos de mujeres en el país. Sin embargo, pese a la gravedad del problema, la respuesta oficial sigue siendo la misma de siempre: boletines vacíos, frases recicladas y la promesa interminable de que “se iniciaron investigaciones”.

 

La menor fue vista por última vez el pasado 25 de abril en la comunidad de San Jerónimo Segunda Sección, en Amanalco. Tras su desaparición, familiares y habitantes difundieron su ficha de búsqueda en redes sociales con la esperanza de encontrarla con vida. Apenas un día después, la adolescente fue localizada sin vida, en un desenlace que volvió a sacudir a una sociedad cansada de tanta violencia y de tanta omisión gubernamental.

 

Hasta ahora, las autoridades no han informado oficialmente cuáles fueron las causas del fallecimiento de la menor, ni han dado detalles claros sobre posibles responsables. La Fiscalía mexiquense, como ocurre en prácticamente todos los casos similares, únicamente se limitó a informar que “ya se iniciaron las investigaciones”, una frase que para miles de familias mexiquenses ya no significa absolutamente nada.

 

Porque mientras la Fiscalía presume operativos y estadísticas maquilladas, en las calles del Estado de México continúan desapareciendo mujeres casi todos los días. La percepción ciudadana es contundente: la autoridad llega tarde, investiga mal y rara vez garantiza justicia.

 

La administración de Delfina Gómez prometió un gobierno cercano a la gente y sensible ante las víctimas, pero la realidad demuestra otra cosa. Desde la llegada de Morena al gobierno estatal, la violencia feminicida y las desapariciones continúan fuera de control en diversas regiones del estado, mientras colectivos, madres buscadoras y ciudadanos denuncian abandono institucional, burocracia y negligencia.

 

En municipios como Amanalco, Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz y Toluca, la exigencia ciudadana se repite una y otra vez: seguridad real, investigaciones serias y estrategias efectivas de prevención. No obstante, las respuestas oficiales parecen reducirse a protocolos mediáticos y declaraciones políticamente correctas que no evitan que más familias terminen destrozadas.

 

La muerte de Yolet Saray debería provocar indignación y acciones inmediatas. Sin embargo, en el Estado de México los casos de niñas y mujeres desaparecidas comienzan a normalizarse peligrosamente ante la indiferencia de las autoridades.

 

La gente ya no quiere más discursos ni promesas vacías. Lo que exige son resultados contundentes, castigo ejemplar para los responsables y una estrategia verdadera que impida que más niñas, adolescentes y mujeres sigan desapareciendo y siendo asesinadas en territorio mexiquense.