CHALCO: FISCALÍA VA POR HASTA 210 AÑOS DE CÁRCEL CONTRA
FAMILIA, PERO IGNORA SU PROPIA OMISIÓN
Por: EXPEDIENTE SECRETO
CHALCO, Estado de México, 10 de abril de 2026.- La justicia
mexiquense vuelve a exhibir su rostro más implacable… y también el más
cuestionable. La audiencia intermedia de Carlota “N” y sus hijos fue aplazada,
pero la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya adelantó su
intención: buscar una condena de hasta 140 años de prisión para la mujer de 74
años, y 210 años para sus hijos Mariana y Eduardo, por homicidio calificado y
tentativa de homicidio.
La decisión de posponer la audiencia —ahora programada para el
próximo 20 de abril— no obedeció a una estrategia legal de la defensa, sino a
la ausencia del abogado de las presuntas víctimas en la sala de juicios orales
de Chalco. Aun así, el órgano judicial ordenó al Ministerio Público avanzar en
la presentación de pruebas, dejando claro que el proceso seguirá su curso sin
contemplaciones.
Lejos de buscar una salida alterna, Carlota “N” y sus hijos
rechazaron el juicio abreviado, es decir, se negaron a declararse culpables a
cambio de una reducción de pena. Optaron por enfrentar un proceso completo, aun
cuando eso implica exponerse a las penas máximas que ahora exige la fiscalía.
El caso se remonta a abril de 2025, cuando un video se
viralizó en redes sociales: en él, se observa el momento en que se acciona un
arma de fuego y dos personas pierden la vida, en medio de un conflicto por la
invasión de una vivienda en la colonia Ex Hacienda de Guadalupe, en Chalco. La
escena detonó indignación, pero también abrió una grieta incómoda: ¿Qué ocurrió
antes de ese momento?
Hoy, Carlota “N” enfrenta el proceso bajo prisión
domiciliaria, beneficio otorgado por su edad y condiciones de salud, tras haber
salido del penal la semana pasada. Sus hijos, en cambio, permanecen recluidos
bajo la medida de prisión preventiva justificada.
Sin embargo, más allá del expediente judicial, el caso revela
una cadena de omisiones que resultan imposibles de ignorar. La propia familia
había denunciado previamente la invasión de su vivienda. Acudieron ante la
fiscalía, gestionaron apoyo institucional e incluso obtuvieron un mandato
judicial para que la policía municipal les brindara acompañamiento. Nada de eso
se cumplió.
Ni la corporación policiaca respondió, ni la autoridad
municipal —encabezada por la alcaldesa Abigail Sánchez Martínez— garantizó la
seguridad de sus gobernados. El mandato judicial fue, en los hechos, ignorado.
La pregunta entonces es inevitable: ¿por qué la misma fiscalía
que hoy busca imponer castigos ejemplares no actuó cuando tenía la obligación
de prevenir el conflicto?
Bajo la gestión del fiscal José Luis Cervantes Martínez, la
institución vuelve a quedar bajo sospecha. Porque mientras se exige todo el
peso de la ley contra los ciudadanos, persiste la percepción —cada vez más
extendida— de que las autoridades actúan con negligencia, o peor aún, en
complicidad con intereses ajenos a la legalidad.
El caso de Carlota “N” no es un hecho aislado. Es el reflejo
de una realidad más amplia: denuncias ignoradas, órdenes judiciales
desobedecidas y ciudadanos abandonados a su suerte. En ese contexto, la
tragedia no solo es consecuencia de una acción violenta, sino del fracaso
sistemático de las instituciones.
La indignación crece porque el mensaje es claro: en el Estado
de México, la justicia parece llegar tarde… o no llegar.
Y entonces surge la pregunta que nadie responde: ¿Quién juzga
a las autoridades que, por omisión, permiten que estos hechos ocurran?
Porque si la ley pretende ser implacable con los ciudadanos,
también debería serlo con quienes, desde el poder, dejaron que todo esto
pasara.
