LA REALIDAD DE LA NOTICIA

ECATEPEC: DOS CADÁVERES EMBOLSADOS EXHIBEN EL FRACASO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE MORENA   *Mientras el gobierno de Delfina Gómez p...

jueves, 9 de julio de 2026

ECATEPEC: DOS CADÁVERES EMBOLSADOS EXHIBEN EL FRACASO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE MORENA

 

*Mientras el gobierno de Delfina Gómez presume una reducción de homicidios, la violencia vuelve a colocar a Ecatepec en el centro de la crisis de inseguridad del Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


ECATEPEC, Estado de México, 9 de julio de 2026.- Ayer martes, la población otra vez la población se conmociono, con la aparición de dos hombres ejecutados, envueltos en bolsas de plástico y abandonados en distintos puntos de Ecatepec, el terrorífico hallazgo, volvió a exhibir la enorme distancia entre el discurso oficial y la realidad que enfrentan diariamente millones de mexiquenses.

 

Mientras la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el secretario general de Gobierno Horacio Duarte Olivares, el fiscal general José Luis Cervantes Martínez y el secretario de Seguridad estatal Cristóbal Castañeda Camarillo, insisten en conferencias de prensa y actos públicos en presumir supuestos avances en materia de seguridad, las calles del Estado de México siguen convirtiéndose en escenarios de ejecuciones, abandono de cadáveres y violencia extrema.

 

El primer hallazgo ocurrió en un lote baldío de la avenida Texcoco, en la colonia Lomas de San Carlos, donde vecinos reportaron un bulto sospechoso. Policías municipales confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre de entre 30 y 35 años de edad, envuelto en una bolsa de plástico negra, amarrado con cinta canela y con visibles huellas de estrangulamiento.

 

Horas después, un segundo cadáver fue localizado sobre la calle Urano, en la colonia Media Luna. La víctima también estaba envuelta en una bolsa de plástico negra y presentaba signos evidentes de violencia, además de una herida de arma de fuego en la cabeza.

 

Ambos casos son “investigados” por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para determinar si existe relación entre ellos. Sin embargo, para miles de ciudadanos la investigación llega después de que el crimen ya consumó otro golpe contra la seguridad pública.

 

Los dos homicidios representan un nuevo revés para la narrativa del gobierno estatal, que de manera constante sostiene que los delitos de alto impacto van disminuyendo. La percepción ciudadana, sin embargo, parece contar otra historia: cuerpos abandonados en la vía pública, ejecuciones cada vez más violentas y comunidades que viven bajo el temor permanente.

 

En Ecatepec, además, el silencio de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss resulta políticamente costoso. La administración municipal enfrenta crecientes cuestionamientos sobre la efectividad de sus políticas de prevención del delito y sobre la capacidad de sus cuerpos de seguridad para contener la violencia que continúa golpeando al municipio.

 

A ello se suma que diversos sectores sociales y políticos han cuestionado públicamente fotografías y videos difundidos en el pasado donde la presidenta municipal aparecía con personas posteriormente señaladas en investigaciones relacionadas con actividades delictivas.

 

La pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde están los trabajos de inteligencia?, ¿qué resultados concretos están ofreciendo las mesas de coordinación para la construcción de la paz?, ¿por qué continúan apareciendo víctimas ejecutadas y abandonadas en plena vía pública si la estrategia oficial asegura estar funcionando?

 

Más allá de los discursos, las cifras o las conferencias de prensa, la realidad termina imponiéndose. Cada cuerpo abandonado representa no sólo una investigación pendiente, sino también un recordatorio de que la estrategia de seguridad continúa siendo insuficiente para garantizar la tranquilidad de los mexiquenses.

 

Porque mientras el gobierno estatal siga privilegiando la narrativa del éxito sobre la rendición de cuentas, y mientras las autoridades municipales no ofrezcan resultados verificables frente a la violencia, la credibilidad de sus instituciones continuará deteriorándose. La ciudadanía no demanda más discursos triunfalistas; exige seguridad, resultados y justicia.

miércoles, 8 de julio de 2026

XTAPALUCA: POLICÍAS IRRUMPEN EN ESCUELA, GOLPEAN A MAESTROS

 Y PADRES; ARVIZU GUARDA SILENCIO

 

*Operativo sin explicación oficial, presuntas detonaciones, uso de gas lacrimógeno y denuncias por abuso de autoridad reavivan el historial de mandos policiacos vinculados al Operativo Enjambre

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


IXTAPALUCA, Estado de México, 8 de julio de 2026.- En un hecho que ha desatado indignación entre la comunidad educativa y reavivado las denuncias por abuso de autoridad en Ixtapaluca, elementos de la Policía Municipal ingresaron de manera violenta a la Unidad Pedagógica y Cultural "Celestin Freinet", ubicada en la colonia 20 de Noviembre, provocando enfrentamientos con maestros, padres de familia y personal administrativo, mientras decenas de alumnos permanecían al interior del plantel.

 

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 7 de julio y ya derivaron en denuncias por el presunto uso excesivo de la fuerza pública, además de un bloqueo sobre la autopista México-Puebla encabezado por padres de familia y docentes que exigieron justicia y el castigo a los responsables.

 

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, los uniformados irrumpieron en las instalaciones educativas con la intención de detener a directivos que presuntamente estarían relacionados con una investigación por un supuesto caso de abuso contra una alumna. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha informado oficialmente la existencia de una orden de aprehensión, una orden de cateo o el sustento jurídico que justificara el ingreso de los policías al centro escolar.

 

La intervención ocurrió cuando todavía había estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria dentro de las instalaciones, situación que generó pánico entre alumnos, maestros y padres de familia.

 

Videos difundidos ampliamente en redes sociales muestran a elementos municipales forcejeando y golpeando a profesores y padres de familia que intentaban impedir el ingreso de los uniformados. En otras grabaciones también se escuchan diversas detonaciones de arma de fuego, cuyo origen no ha sido aclarado oficialmente. Testigos sostienen que los disparos habrían sido realizados por policías municipales.

 

La propia institución educativa denunció los hechos mediante un comunicado en el que calificó el operativo como una grave violación a la integridad de la comunidad escolar.

 

Según el documento, maestros fueron detenidos de forma arbitraria y se empleó un uso desproporcionado de la fuerza pública. Además, denunciaron agresiones físicas y verbales contra docentes, personal administrativo, trabajadores de intendencia, padres de familia y vecinos.

 

También acusaron a los policías municipales de utilizar gas lacrimógeno, realizar detonaciones con sus armas de cargo y causar daños al mobiliario y a la infraestructura del plantel.

 

Para la comunidad educativa, el operativo no solamente representó una agresión contra los trabajadores de la institución, sino un atentado contra la seguridad de cientos de menores de edad que se encontraban dentro de la escuela al momento de la irrupción.

 

Como respuesta, padres de familia, docentes y personal administrativo bloquearon durante varias horas la autopista México-Puebla, en dirección hacia la Ciudad de México, generando importantes afectaciones viales y exigiendo justicia, respeto a los derechos humanos y el esclarecimiento inmediato de los hechos.

 

El caso revive además los antecedentes de la corporación policiaca de Ixtapaluca.

 

Durante el denominado Operativo Enjambre fueron detenidos Rodolfo "N" y Roberto "N", mandos de la Policía Municipal, quienes posteriormente fueron vinculados a proceso por una jueza de control del Estado de México al considerar que existían elementos suficientes para procesarlos por el delito de secuestro exprés agravado en agravio de comerciantes y empresarios.

 

Lejos de representar un hecho aislado, lo ocurrido en la Unidad Pedagógica y Cultural "Celestin Freinet" vuelve a colocar bajo severo cuestionamiento el desempeño de la Policía Municipal y de sus mandos.

 

Hasta el momento, el presidente municipal morenista, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, no he emitido una postura pública sobre un operativo que terminó con maestros golpeados, denuncias de abuso policial, detonaciones de arma de fuego y menores expuestos a una situación de alto riesgo dentro de un centro educativo.

 

En cualquier administración comprometida con la legalidad y la rendición de cuentas, un episodio de esta magnitud obligaría, al menos, a la separación del cargo del comisario de la Policía Municipal, Jacinto Ramos Bonilla, y del director de Seguridad

Ciudadana, Juan Antonio Soberanes, mientras se desarrolla una investigación independiente que determine responsabilidades administrativas y penales.

 

Resulta igualmente cuestionable que Ixtapaluca mantenga simultáneamente un director de Seguridad Ciudadana y un comisario de Seguridad Pública, una estructura que, lejos de traducirse en mejores resultados para la población, continúa acumulando señalamientos por presuntos abusos contra ciudadanos.

 

La principal interrogante sigue sin respuesta: ¿con qué fundamento legal puede una corporación policiaca ingresar por la fuerza a una escuela donde hay menores de edad, sin informar públicamente la existencia de una orden judicial? Esa explicación corresponde ofrecerla al gobierno municipal.

martes, 7 de julio de 2026

CERQUEDA, PREMIADO ENTRE LAS DUDAS DE SEGURIDAD

 

*Mientras el alcalde es designado representante del Estado de México en materia de seguridad, persisten denuncias de presuntas torturas, la captura de un policía municipal por delitos contra la salud y reportes federales que mantienen bajo escrutinio a la estructura policial del municipio

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


TOLUCA, Estado de México, 7 de julio de 2026.- En política, los nombramientos suelen enviar mensajes. El designar al presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, como representante del Estado de México ante la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal debería interpretarse como un reconocimiento al desempeño institucional de su administración. Sin embargo, la realidad que enfrenta la policía municipal de Nezahualcóyotl plantea una interrogante de enorme interés público: ¿bajo qué indicadores fue seleccionado un municipio cuya corporación permanece envuelta en denuncias, investigaciones ministeriales y reportes de inteligencia federal?

 

La designación se realizó durante la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con la presencia de la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, además de representantes de los tres órdenes de gobierno.

 

En su mensaje, Cerqueda Rebollo aseguró que el cargo permitirá intercambiar estrategias y fortalecer la coordinación para ofrecer mejores resultados en materia de seguridad.

 

No obstante, una revisión de los acontecimientos registrados en Nezahualcóyotl durante los últimos meses muestra un escenario muy distinto al discurso institucional.

 

UN INMUEBLE SEÑALADO POR PRESUNTAS TORTURAS

 

Uno de los casos más delicados es el relacionado con las instalaciones utilizadas por el Sistema de Información Criminal (SIC), ubicadas en la calle Caballo Bayo.

 

De acuerdo con las denuncias presentadas por Ximena Ibarra Helu y Nicole Daniela Vega Helu, ambas detenidas el 4 de mayo pasado, dentro de ese inmueble habrían sido sometidas presuntamente a golpes, asfixia y descargas eléctricas, incluso en zonas íntimas.

 

Según sus testimonios, el objetivo era obligarlas a desbloquear sus teléfonos celulares y obtener información que fortaleciera una investigación penal.

 

Las denunciantes señalaron a integrantes del grupo de inteligencia municipal y mencionaron a Francisco Michael Pérez Ramírez, coordinador de esa área, como uno de los presuntos responsables de los hechos. Esas acusaciones deberán ser investigadas y resueltas por las autoridades judiciales competentes.

 

De acreditarse dichas denuncias, el caso trascendería la responsabilidad individual y abriría la discusión sobre posibles fallas en los mecanismos internos de supervisión y control de la corporación.

 

UN POLICÍA DETENIDO CON ARMAS Y PRESUNTA DROGA

 

El 26 de junio, elementos de la Policía de Investigación realizaron un cateo en un inmueble de la colonia Benito Juárez.

 

En el lugar fue detenido César Damián "N", quien se identificó como policía municipal en activo adscrito al Sector 8 Metropolitano.

 

Durante el operativo fueron aseguradas armas de fuego, cargadores, cartuchos calibre .40, chalecos balísticos, uniformes con insignias oficiales y cientos de dosis de una sustancia con características de metanfetamina, además de bolsas utilizadas presuntamente para su distribución.

 

El caso volvió a exhibir una preocupación recurrente: los riesgos que representa la infiltración de servidores públicos en actividades ilícitas y la necesidad de fortalecer los controles de confianza dentro de las instituciones policiales.

 

LOS REPORTES DE INTELIGENCIA FEDERAL

 

A estos acontecimientos se suman informes de inteligencia elaborados por autoridades federales que, según diversas fuentes oficiales, documentan la operación de una presunta estructura criminal en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl.

 

Esos reportes refieren posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sostienen que la organización habría buscado construir una red de protección institucional para facilitar actividades como extorsión y narcomenudeo.

 

Dentro de esos documentos se menciona a José Jorge Amador Amador, conocido como "El Doctor" o "La Jirafa", quien fue director de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl por más de una década y posteriormente asesor de seguridad en el municipio de Ecatepec, “El Doctor” o “La Jirafa”, debería de ser una persona cuya gestión debería ser motivo de análisis por estar presuntamente relacionadas con investigaciones criminales.

 

Asimismo, los informes hacen referencia a la presunta permanencia de mandos policiales nombrados durante administraciones anteriores. Tales señalamientos forman parte de líneas de investigación y deberán ser corroborados mediante los procedimientos legales correspondientes.

 

EL PESO POLÍTICO DEL NOMBRAMIENTO

 

Más allá del protocolo, el nombramiento de Cerqueda Rebollo tiene una dimensión política.

 

Quien representa al Estado de México ante la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal se convierte en uno de los interlocutores de los gobiernos municipales frente a la Federación y los estados.

 

Por ello, la decisión inevitablemente será evaluada a la luz de los resultados en materia de seguridad de Nezahualcóyotl y de la capacidad de su administración para responder a las denuncias e investigaciones que pesan sobre distintas áreas de la corporación.

 

En cualquier democracia, la confianza ciudadana en las instituciones policiales depende no de los reconocimientos oficiales, sino de la transparencia, la rendición de cuentas y el esclarecimiento puntual de las denuncias.

 

Mientras existan investigaciones abiertas, denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos y expedientes relacionados con elementos de la propia corporación, el debate sobre la pertinencia de este nombramiento permanecerá abierto. La principal exigencia social no es la entrega de representaciones honoríficas, sino la certeza de que quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad pública actúan con legalidad, profesionalismo y pleno respeto a los derechos humanos.

lunes, 6 de julio de 2026

EJECUCIÓN FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EXHIBE EL FRACASO DE LA SEGURIDAD DE MARTHA GUERRERO

 

*Otro ataque armado sin detenidos revive los cuestionamientos contra la estrategia policiaca del gobierno de Los Reyes La Paz y aumenta la presión para que las autoridades investiguen el crecimiento de la violencia y la extorsión

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 6 de julio de 2026.- La estrategia de seguridad que la alcaldesa morenista Martha Guerrero presume como un modelo basado en inteligencia policial vuelve a quedar desmentida por la realidad. Mientras el gobierno municipal insiste en destacar la conformación de un grupo especializado de inteligencia, las ejecuciones continúan, la violencia se recrudece y la ciudadanía sigue atrapada entre el miedo y la impunidad.

 

Los hechos más recientes ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado 5 de julio, cuando Eleazar González García, de 48 años de edad, fue ejecutado a balazos frente al bar El Paraíso, ubicado en la calle Libertad número 63, colonia Los Reyes Centro, a escasos 200 metros del Palacio Municipal. Su hijo, José Armando González Herrada, de 24 años, resultó gravemente herido y permanece hospitalizado debatiéndose entre la vida y la muerte.

 

De acuerdo con la información disponible, padre e hijo permanecían en el acceso del establecimiento cuando dos sujetos armados llegaron a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra para después escapar sin ser detenidos.

 

Durante las diligencias periciales, en la escena del crimen fueron localizados 12 casquillos percutidos calibre 9 milímetros, evidencia que da cuenta de la violencia con la que fue perpetrado el ataque y de la capacidad de los agresores para actuar y huir sin enfrentar resistencia alguna por parte de las autoridades.

 

Mientras fuentes oficiales sostienen que ambas víctimas trabajaban como porteros del establecimiento, personas que se encontraban en el lugar afirman que eran los propietarios del negocio y que el ataque habría estado relacionado con una presunta negativa a pagar extorsiones.

 

El comando armado ejecutó el ataque con múltiples disparos prácticamente frente a la sede del gobierno municipal y logró escapar sin que la policía realizara detenciones. El caso vuelve a exhibir las graves deficiencias operativas de una corporación que presume inteligencia, pero que no logra prevenir delitos de alto impacto ni capturar a quienes los cometen.

 

El fracaso de esa estrategia alcanza directamente a la administración de Martha Guerrero y a los principales responsables de la seguridad pública: el comisario Eduardo Fouilloux; el director operativo de Seguridad Ciudadana, Isaías Ramírez Leal; y el encargado del despacho del área de Inteligencia, Miguel Ángel Cisneros Mancilla. Los resultados de su gestión son motivo de fuertes cuestionamientos debido al incremento de hechos violentos y a la ausencia de resultados visibles en materia de prevención e investigación.

 

Las preguntas son inevitables: ¿de qué ha servido el grupo de inteligencia del que tanto presume el gobierno municipal? ¿Cómo es posible que un ataque armado con al menos doce disparos ocurra en pleno centro del municipio, a unos metros del Palacio Municipal, y que los responsables huyan sin dejar rastro? ¿Por qué, pese a la persistencia de estos hechos, los responsables de la seguridad permanecen en sus cargos?

 

Habitantes de Los Reyes La Paz sostienen que la percepción de inseguridad ha aumentado desde el inicio de la actual administración. Empresarios, comerciantes y vecinos también denuncian que la extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas para la actividad económica del municipio.

 

Diversos sectores sociales han expresado preocupación por el crecimiento de la presencia del grupo criminal conocido como "Sindicato 22 de Octubre". En ese contexto han surgido cuestionamientos públicos sobre el papel de las autoridades municipales y sobre la influencia política que ejerce Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa, en las decisiones del gobierno local y su presunta relación de amistad con el líder del grupo delictivo, Héctor Becerril.

 

Corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investigar cualquier posible relación entre organizaciones criminales y servidores públicos. Hasta ahora no existe una resolución judicial que acredite responsabilidades de funcionarios municipales en esos hechos, sin embargo, todo mundo sabe que el incremento de las extorsiones están relacionadas con la complicidad de las autoridades locales.

 

A ello se suma la denuncia constante de ciudadanos y periodistas, quienes afirman que policías municipales intentan impedir la toma de fotografías o videos durante hechos violentos, situación que, de confirmarse, representaría un intento por limitar el registro público de la violencia en lugar de enfrentar sus causas.

 

Los doce casquillos percutidos abandonados sobre el pavimento no sólo forman parte de la evidencia pericial. También simbolizan el tamaño del desafío que enfrenta un municipio donde las promesas de inteligencia policial contrastan con una realidad marcada por homicidios, ataques armados e impunidad. Mientras las autoridades mantienen el discurso de que la estrategia funciona, los habitantes de Los Reyes La Paz siguen esperando resultados que, hasta ahora, no llegan.

domingo, 5 de julio de 2026

ANTORCHA: EL DISCURSO DE LA DEMOCRACIA DESDE LA COMODIDAD DEL PODER

 

*Mientras Abel Pérez Zamorano alerta sobre el avance de la derecha en América Latina, la organización enfrenta cuestionamientos por su liderazgo perpetuo, su modelo de control político y la pérdida de respaldo ciudadano en sus antiguos bastiones

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


CHIMALHUACÁN, Estado de México, 4 de julio de 2026.- Lo dicho por Abel Pérez Zamorano en Antorcha TV no pareció el análisis de un dirigente político preocupado por el futuro de América Latina. Sonó, más bien, como el discurso de una organización que observa cómo el poder que acumuló durante décadas comienza a escapársele de las manos.

 

El dirigente de Antorcha Campesina aseguró que la "ultraderecha" avanza peligrosamente en el continente. Citó los cambios de gobierno registrados en diversos países y advirtió que México podría recorrer el mismo camino si Morena no atiende con mayor decisión a las clases trabajadoras. Incluso responsabilizó al llamado "imperialismo" de impulsar ese supuesto reacomodo político.

 

Pero mientras Abel Pérez Zamorano señala enemigos externos, guarda absoluto silencio sobre los problemas internos de Antorcha que durante años han desgastado la credibilidad de la organización.

 

Hablar de democracia resulta difícil cuando Antorcha Campesina continúa bajo el liderazgo histórico y vitalicio de Aquiles Córdova Morán, fundador y principal dirigente del movimiento desde hace décadas. La renovación de liderazgos, la pluralidad y la alternancia que hoy exige para los gobiernos son principios que, nunca se han reflejado en la estructura interna de la organización a la que el pertenece.

 

Resulta igualmente contradictorio escuchar llamados en favor de los trabajadores provenientes de un movimiento que durante años ha sido acusado de convertir a miles de personas de escasos recursos en su principal instrumento de presión política. Obligándolos a participar en marchas, plantones, bloqueos y movilizaciones, durante décadas, ha sido el sello distintivo de Antorcha Campesina.

 

El discurso también pierde fuerza cuando se confronta con la realidad económica de la propia organización. Mientras condena el poder del capital y de las élites económicas, Antorcha Campesina ha construido una importante estructura empresarial que, de acuerdo con información pública y diversas investigaciones periodísticas, incluye gasolineras, restaurantes, instituciones educativas y otros negocios que permite a los líderes vivir como virreyes. Esa situación ha dado pie a cuestionamientos sobre la coherencia entre su narrativa política y el patrimonio asociado al movimiento.

 

LA MAYOR CONTRADICCIÓN, SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA EN LAS URNAS

 

Si Antorcha Campesina presume ser un movimiento disciplinado, ideológicamente sólido y con respaldo popular, la pregunta es inevitable: ¿por qué nunca ha logrado consolidarse como una fuerza política propia capaz de competir con éxito a nivel local o nacional?

 

La pérdida de municipios emblemáticos como Chimalhuacán e Ixtapaluca marcó el inicio del declive político de una organización que durante años convirtió esas administraciones en su principal escaparate de poder.

 

Hoy, lejos de recuperar por sí misma la confianza ciudadana, el movimiento enfrenta versiones sobre acercamientos con distintos actores políticos, entre ellos el senador Higinio Martínez Miranda, con la intención de construir acuerdos rumbo al proceso electoral de 2027. Esas versiones alimentan la percepción de que Antorcha Campesina solo busca mantenerse vigente mediante alianzas políticas, más que a través de un crecimiento electoral propio.

 

Y mientras sus dirigentes advierten que la democracia está en riesgo, en municipios donde gobernaron durante años persiste un recuerdo que continúa pesando en la memoria colectiva. La mayoría de ciudadanos identifican aquellos gobiernos con un modelo de control político que privilegiaba a sus liderazgos y no a los ciudadanos, las movilizaciones permanentes y la concentración del poder son parte de los recuerdos. Por ello, consideran que Antorcha Campesina nunca debe de regresar a gobernar.

 

El discurso de Abel Pérez Zamorano pretende presentar a Antorcha Campesina como el último bastión de la izquierda popular. Sin embargo, antes de señalar a la derecha, al imperialismo o a los adversarios ideológicos, la organización tendría que responder por qué perdió el respaldo en los territorios que gobernó durante décadas y por qué su modelo político genera hoy más dudas que entusiasmo.

 

Porque la democracia no se defiende únicamente con discursos transmitidos por televisión. También se demuestra con alternancia, con autocrítica, con transparencia y con la disposición de someterse al juicio de los ciudadanos.

 

Y precisamente ahí es donde, para muchos ciudadanos, Antorcha Campesina mantiene su mayor deuda.

sábado, 4 de julio de 2026

DENUNCIA PENAL POR $40.7 MILLONES SACUDE AL GOBIERNO DE VALLE DE BRAVO


*La ASF llevó el caso ante la FGR por presuntas irregularidades en recursos federales; la investigación pone bajo presión a la alcaldesa morenista Michelle Núñez y abre un nuevo frente político para su grupo

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


VALLE DE BRAVO, Estado de México, 4 de julio de 2026.- La administración municipal del municipio de Valle de Bravo enfrenta uno de los episodios más delicados de su historia reciente. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las presuntas irregularidades detectadas en el manejo de 40 millones 717 mil 575 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), correspondientes a la Cuenta Pública 2024.

 

La denuncia coloca bajo la lupa el manejo de recursos federales durante la administración municipal encabezada por la alcaldesa de Morena Michelle Núñez, quien ha rechazado públicamente las observaciones y sostiene que su gobierno cuenta con la documentación necesaria para acreditar la correcta aplicación del dinero público.

 

Sin embargo, para la ASF las explicaciones resultaron insuficientes.

 

La investigación deriva de la Auditoría número 980 y del Pliego de Observaciones 2024-D-15110-19-0980-06-001, mediante los cuales el máximo órgano de fiscalización del país concluyó la existencia de un probable daño a la Hacienda Pública Federal por más de 40.7 millones de pesos, al no acreditarse documentalmente el destino de la totalidad de los recursos revisados.

 

De acuerdo con el informe oficial, la auditoría comprendió diez obras de infraestructura financiadas con recursos federales. Durante la revisión fueron detectadas múltiples deficiencias, entre ellas la ausencia o insuficiencia de expedientes técnicos, procedimientos de contratación, documentación financiera, comprobantes de pago, evidencia de ejecución de las obras y demás elementos indispensables para demostrar que el dinero público fue ejercido conforme a la ley.

 

Tras revisar la información presentada por el Ayuntamiento, la ASF determinó que ésta no logró solventar las observaciones, por lo que decidió promover la denuncia penal ante la FGR.

 

La denuncia forma parte de un paquete nacional de 21 denuncias penales promovidas por la Auditoría Superior de la Federación derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024. Ahora corresponderá al Ministerio Público Federal integrar la carpeta de investigación, reunir pruebas y determinar las responsabilidades de los servidores públicos que participaron en la autorización, administración, contratación, supervisión, ejecución y comprobación de los recursos federales observados.

 

Aunque hasta ahora la ASF no ha revelado los nombres de los funcionarios denunciados, por la naturaleza de los hechos la investigación podría alcanzar a quienes estuvieron al frente de la Tesorería Municipal, la Dirección de Obras Públicas y a los servidores públicos que intervinieron en los procesos de contratación, autorización de pagos, supervisión y recepción de las obras financiadas con recursos del FAISMUN.

 

Será la Fiscalía General de la República la que determine, con base en las pruebas, el grado de participación y responsabilidad de cada uno de los funcionarios involucrados.

 

De acreditarse conductas ilícitas, los responsables podrían enfrentar procesos por delitos previstos en el Código Penal Federal, entre ellos peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito del servicio público o ejercicio abusivo de funciones. Paralelamente, también podrían iniciarse procedimientos por faltas administrativas graves, con sanciones que incluyen multas, inhabilitación y destitución del cargo, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

La denuncia representa un severo golpe para la credibilidad del gobierno municipal de Valle de Bravo, pues no se trata únicamente de observaciones administrativas, sino del inicio de una investigación penal derivada de presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a infraestructura social, recursos que tienen como finalidad atender necesidades básicas de la población.

 

En el ámbito político, el caso revive uno de los episodios más controvertidos del proceso electoral intermedio de 2021, cuando la entonces candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Zudikey Rodríguez, denunció haber sido interceptada y amenazada por presuntos integrantes de La Familia Michoacana para abandonar la contienda.

 

Aunque nunca se acreditó ni autoridad alguna señaló que la entonces candidata de Morena y hoy alcaldesa hubiera participado en esos hechos, la salida de la contendiente modificó el escenario político de la elección y finalmente favoreció el triunfo electoral de la actual presidenta municipal, un antecedente que vuelve a ser recordado ahora que su administración enfrenta una investigación penal por el manejo de recursos federales.

 

En el terreno político, la investigación también podría generar un costo para el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, quien ha sido identificado como uno de los principales operadores de Morena en la entidad y mantiene una estrecha relación política con la alcaldesa Michelle Núñez. De confirmarse responsabilidades derivadas de la denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación.

 

El caso podría convertirse en un flanco de crítica para el grupo de Morena que apoyan Al senador Higinio Martínez y que están en contra de Horacio Duarte y representar un desgaste para el grupo político encabezado por Duarte Olivares, particularmente ante las expectativas que existen en torno a su futuro político dentro de la 4T.

LA PAZ, BAJO EL IMPERIO DEL MIEDO; OTRO ATAQUE ARMADO EXHIBE EL FRACASO TOTAL DE MARTHA GUERRERO

 

*Un hombre fue baleado dentro de una tienda Elektra, en una de las zonas más transitadas del municipio; no hubo detenidos y la supuesta estrategia de inteligencia volvió a quedar en evidencia

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 4 de julio de 2026.- La violencia continúa imponiendo su ley en La Paz y el gobierno municipal parece incapaz de contenerla. La promesa de la alcaldesa morenista Martha Guerrero de devolver la tranquilidad a los habitantes se desmorona con cada nuevo hecho delictivo, mientras la percepción ciudadana es la de un municipio abandonado por sus autoridades.

 

A ello se suma un escenario político que ha sido motivo de constantes señalamientos: en la práctica pareciera que en La Paz existen dos presidentes municipales. Por un lado, Martha Guerrero, quien fue electa democráticamente; por el otro, su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, quien es señalado por intervenir en las decisiones del gobierno municipal como si también ostentara el cargo. Sin embargo, más allá de quién ejerza realmente el poder, el resultado es el mismo: una administración rebasada por la delincuencia.

 

El reciente episodio ocurrió el pasado 2 de julio, alrededor de las 19:00 horas, cuando un hombre fue atacado a balazos en el interior de la tienda Elektra, ubicada sobre la carretera federal México-Texcoco, kilómetro 22.5, en la colonia Magdalena Atlicpac, uno de los puntos con mayor afluencia de vehículos y personas en el municipio.

 

De acuerdo con el reporte del gerente del establecimiento, Marco Antonio Flores, dos sujetos ingresaron al negocio siguiendo a otro hombre. Al llegar al área de cajas, los agresores sacaron un arma de fuego, lo despojaron del dinero en efectivo que llevaba consigo y posteriormente le dispararon en el abdomen. La víctima cayó herida en el lugar sin que se conociera su identidad.

 

Paramédicos de la unidad 7204 acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de emergencia a la Clínica 53 del IMSS.

 

Mientras tanto, los responsables escaparon sin que ninguna autoridad lograra detenerlos.

 

El ataque ocurrió en una vialidad de alta circulación, con intenso movimiento vehicular y comercial, lo que vuelve a exhibir la ausencia de una estrategia preventiva eficaz y la incapacidad de reacción de la corporación policiaca municipal.

 

Frente a estos hechos vuelve a surgir una pregunta inevitable: ¿dónde está la inteligencia que presume la alcaldesa Martha Guerrero cada vez que intenta justificar la actuación de su gobierno?

 

Los constantes hechos violentos, los homicidios, robos y ataques armados registrados durante la actual administración contrastan con el discurso oficial que insiste en hablar de estrategias exitosas, cuando la realidad muestra una policía incapaz de prevenir los delitos y mucho menos de capturar a sus responsables.

 

También crecen los cuestionamientos sobre la permanencia de Eduardo Fouilloux, comisario y director general de Seguridad y Prevención Ciudadana; Isaías Ramírez Leal, director operativo de Seguridad Ciudadana, Tránsito Municipal y Movilidad; y Miguel Ángel Cisneros Mancilla, encargado del despacho del área de Inteligencia.

 

Las cifras y los hechos parecen condenar su gestión. A pesar de la sucesión de episodios violentos y de los reiterados fracasos operativos, los tres continúan al frente de áreas estratégicas sin que exista una explicación pública convincente de por qué permanecen en sus cargos.

 

La administración de Martha Guerrero ha insistido en presumir resultados en materia de seguridad; sin embargo, la realidad que enfrentan diariamente los habitantes de Los Reyes La Paz parece contar una historia completamente distinta. Los delincuentes actúan con una confianza que hace pensar que saben que difícilmente serán detenidos, mientras la población vive con el temor de convertirse en la siguiente víctima.

 

Cada ataque sin detenidos, cada crimen impune y cada operativo fallido fortalecen la percepción de que la delincuencia mantiene el control de las calles, mientras el gobierno municipal sigue sin ofrecer respuestas que devuelvan la tranquilidad a un municipio que, para miles de familias, se ha convertido en un territorio marcado por el miedo.

EXPEDIENTE SECRETO RECHAZA CUALQUIER PACTO CON MANDO DE INTELIGENCIA DE NEZAHUALCÓYOTL


*El medio desmiente versiones atribuidas a Francisco Michael Pérez Ramírez y reafirma que continuará investigando la corrupción al interior de la policía municipal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México, 4 de julio de 2026.- Quienes integramos EXPEDIENTE SECRETO rechazamos de manera categórica las versiones que pretenden hacer creer que este medio de comunicación mantiene algún tipo de acuerdo, compromiso o arreglo con Francisco Michael Pérez Ramírez, titular de la Coordinación de Inteligencia de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl.

 

Lo anterior surge luego de que, tras la publicación realizada el pasado 15 de junio de 2026, en la que se documentaron denuncias por presunta tortura, privación ilegal de la libertad y fabricación de delitos en contra de dos mujeres, el alcalde morenista Adolfo Cerqueda Rebollo y el comisario Vicente Ramírez García exigieran a dicho mando policial esclarecer el contenido de la investigación periodística.

 

De acuerdo con la información dada a conocer por este medio, Francisco Michael Pérez Ramírez habría respondido a ambos funcionarios que "ya le había llegado al precio" a los reporteros de EXPEDIENTE SECRETO, asegurando que la conciencia del medio ya había sido comprada y que, por ello, dejarían de publicarse investigaciones en contra de la Coordinación de Inteligencia.

 

ESA AFIRMACIÓN ES ABSOLUTAMENTE FALSA


EXPEDIENTE SECRETO no sostiene ni sostendrá acuerdos con servidores públicos señalados por presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad o fabricación de delitos. Nuestra única responsabilidad es con los ciudadanos y con el ejercicio libre del periodismo.

 

La investigación publicada el 15 de junio documentó las denuncias de Ximena Ibarra Helu y Nicole Daniela Vega Helu, quienes señalaron directamente a Francisco Michael Pérez Ramírez y a elementos bajo su mando por presuntos actos de tortura para obligarlas a autoinculparse. El caso derivó en que un juez declarara ilegal la detención y ordenara dar vista a las fiscalías especializadas en tortura y combate a la corrupción, además de que existen investigaciones administrativas abiertas por estos hechos.

 

En lugar de intentar desacreditar el trabajo periodístico con versiones falsas, resultaría más sensato que el alcalde morenista Adolfo Cerqueda Rebollo y el comisario Vicente Ramírez García revisen la permanencia de mandos que hoy enfrentan señalamientos de extrema gravedad y que, de confirmarse, representarían un verdadero riesgo para la ciudadanía y para la propia institución policial.

 

Por nuestra parte, refrendamos el compromiso de EXPEDIENTE SECRETO de continuar investigando y documentando los presuntos actos de corrupción, abuso de poder y las irregularidades que, de acuerdo con múltiples denuncias, han penetrado diversas áreas de la policía municipal de Nezahualcóyotl.

 

Las presiones, descalificaciones o intentos de desacreditar nuestro trabajo no modificarán nuestra línea editorial ni impedirán que la sociedad conozca hechos de interés público debidamente sustentados.

viernes, 3 de julio de 2026

CAE ALTO FUNCIONARIO DE DELFINA GÓMEZ POR PRESUNTOS NEXOS CON EL CRIMEN; EL SILENCIO DEL GOBIERNO DESATA CUESTIONAMIENTOS


*La captura de Lino Rodríguez González por presuntos delitos de secuestro y delincuencia organizada coloca bajo presión a la administración estatal, mientras crecen las dudas sobre quién sabía de sus presuntos vínculos y por qué permaneció en un cargo estratégico

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


TOLUCA, Estado de México, 3 de julio de 2026.- La detención de Lino Rodríguez González, coordinador general de Gobierno de la zona sur-sureste del Estado de México, representa uno de los golpes políticos más delicados para la administración de la gobernadora morenista Delfina Gómez Álvarez. No se trata de un funcionario menor, sino de un operador regional con acceso permanente a alcaldes, corporaciones de seguridad y mesas de gobernabilidad, ahora investigado por presuntos delitos de secuestro y delincuencia organizada.

 

La captura fue ejecutada el pasado jueves 2 de julio por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con apoyo de autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Marina, como parte del Operativo Enjambre, la estrategia diseñada para investigar a servidores públicos con presuntos vínculos con organizaciones criminales.

 

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Rodríguez González fue trasladado e ingresado posteriormente al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, donde quedó a disposición de un juez. Aunque la Fiscalía mexiquense no ha confirmado oficialmente los delitos que se le imputan, diversas fuentes señalan que enfrenta investigaciones por secuestro y delincuencia organizada.

 

La gravedad del caso radica en que Rodríguez González no era un funcionario de segundo nivel. Desde el inicio del gobierno de Delfina Gómez ocupó la Coordinación General de Gobierno para la región Sur-Sureste, una posición adscrita a la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Horacio Duarte Olivares. Su superior inmediato era el subsecretario general de Gobierno, Alejandro Viedma González.

 

Su responsabilidad consistía en mantener el enlace político entre el Gobierno del Estado y los municipios del sur mexiquense, coordinar reuniones con alcaldes, atender conflictos sociales, dar seguimiento a gestiones municipales y participar en espacios relacionados con seguridad y gobernabilidad.

 

Lo que hoy resulta especialmente delicado es que el funcionario mantenía actividad pública hasta prácticamente el momento de su captura. Apenas el pasado 1 de julio participó en la denominada Mesa de la Transformación de la Región 19, con sede en Tejupilco, donde intervino en reuniones relacionadas con programas sociales y coordinación territorial.

 

El caso adquiere todavía mayor relevancia porque Rodríguez González es originario de Temascalcingo, una región donde desde hace años se ha documentado la presencia e influencia del grupo criminal conocido como "La Nueva Familia Michoacana", encabezado por los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias "El Pez", y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias "El Fresa", ambos considerados objetivos prioritarios y con recompensas ofrecidas por autoridades estadounidenses.

 

Antes de llegar al gobierno estatal, Lino Rodríguez desarrolló una carrera política en el ámbito municipal, donde fue regidor y secretario del Ayuntamiento de Temascalcingo. También pertenece a una familia con presencia política en esa región, al ser hijo de Joaquín Rodríguez Díaz, exdirigente del PRD en ese municipio.

 

Su nombre tampoco era desconocido dentro de la administración estatal. En enero de 2025 fue identificado como representante del Gobierno del Estado durante mesas de diálogo en municipios como Luvianos y Ocuilan, donde intervenía en conflictos políticos y sociales que requerían la presencia directa de la administración estatal.

 

La detención ocurre dentro del Operativo Enjambre, iniciado en noviembre de 2024 tras el hallazgo de restos humanos en pozos del municipio de Nicolás Romero. Desde entonces, la estrategia ha derivado en investigaciones contra expresidentes municipales, integrantes de cabildos, comisarios, directores de seguridad pública y policías señalados por presuntos delitos como homicidio, extorsión, desaparición forzada, secuestro y colaboración con organizaciones criminales.

 

Sin embargo, el impacto político rebasa el ámbito judicial.

 

Hasta el momento, ni la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ni el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, han emitido un posicionamiento público sobre la captura de uno de sus principales operadores regionales.

 

Ese silencio alimenta los cuestionamientos que comienzan a surgir dentro y fuera del propio gobierno estatal. Diversas versiones que circulan al interior de la administración sostienen que existían señalamientos previos sobre los presuntos vínculos del ahora detenido con grupos criminales, pero que nunca se adoptaron medidas para separarlo del cargo o investigar su actuación.

 

Lo que constituye un hecho es que, mientras el gobierno de Morena sostenía el discurso de combate a la delincuencia y recuperación de la gobernabilidad en el sur del Estado de México, uno de sus propios operadores políticos terminó detenido por la Fiscalía bajo acusaciones relacionadas con delincuencia organizada.

 

La captura de Lino Rodríguez González abre una nueva crisis política para el gobierno estatal y coloca bajo escrutinio los mecanismos de control interno, los procesos de selección de funcionarios y la capacidad de detectar posibles infiltraciones del crimen organizado en áreas estratégicas de la administración pública.

 

Más allá del proceso penal que apenas comienza, el caso deja una pregunta inevitable: si un funcionario con responsabilidades directas en gobernabilidad y seguridad terminó siendo investigado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, ¿quién supervisaba realmente a quienes tenían en sus manos la estabilidad política del sur mexiquense?