EX BOMBERO DE LOS REYES LA PAZ DENUNCIA ABANDONO INSTITUCIONAL MIENTRAS ENFRENTA PÉRDIDA CASI TOTAL DE LA VISTA

*Jorge Miguel Tapia Torres, tras 18 años y 11 meses de servicio, asegura que el ayuntamiento no le ha entregado su liquidación y pide apoyo para acceder a una cirugía que le permita recuperar parte de su independencia

 

Por: Carlos Recio y Martín Ponce

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 5 de marzo de 2026.— Tras casi dos décadas de servicio en una de las labores más riesgosas del servicio público, un ex elemento del cuerpo de bomberos del municipio denuncia que hoy enfrenta el abandono institucional mientras lucha por no perder por completo la vista.

 

Se trata de Jorge Miguel Tapia Torres, quien trabajó durante 18 años y 11 meses como bombero en el Ayuntamiento de Los Reyes La Paz, tiempo en el que participó en innumerables emergencias, rescates e incendios para proteger a la población. Sin embargo, hoy su historia se ha convertido en un caso que refleja las difíciles condiciones en las que muchos servidores públicos terminan su vida laboral.

 

De acuerdo con su propio testimonio, Tapia Torres enfrenta actualmente una grave afectación en la vista, situación que lo ha llevado prácticamente a la ceguera y que le impide continuar desempeñando sus funciones dentro de la corporación.

 

El ex bombero explicó que el 15 de agosto de 2025 fue inhabilitado de su cargo, fecha en la que, conforme a los acuerdos laborales establecidos con el ayuntamiento, debió recibir la liquidación correspondiente por sus casi 19 años de servicio. No obstante, señala que hasta el día de hoy ese pago no se ha realizado, lo que ha complicado aún más su situación personal y médica.

 

“Únicamente busco hacer visible mi situación y que se respeten los acuerdos”, expresó Tapia Torres, quien también explicó que su principal preocupación es poder acceder a una cirugía especializada que le permita recuperar parcialmente la vista y con ello mantener un grado de independencia en su vida cotidiana.

 

La falta de la liquidación, asegura, le ha impedido reunir los recursos necesarios para atender su problema de salud, el cual requiere atención médica urgente.

 

El caso ha comenzado a generar preocupación entre vecinos y habitantes del municipio, quienes consideran que un elemento que dedicó casi dos décadas al servicio de la comunidad no debería enfrentar solo una situación de esta magnitud, mucho menos cuando su estado de salud está en riesgo.

 

En ese contexto, diversas voces señalan que la presidenta municipal de Los Reyes La Paz, Martha Guerrero, y su esposo Tranquilino Lagos Buenabad —ambos identificados políticamente con Morena y señalados por ciudadanos como actores que de facto cogobiernan el municipio— deberían escuchar el caso de este ex bombero y atender su situación.

 

Habitantes del municipio recuerdan que uno de los principales discursos del movimiento de Morena ha sido el de gobernar para los más pobres y los más desamparados, por lo que consideran que casos como el de Jorge Miguel Tapia Torres deberían ser atendidos con sensibilidad y responsabilidad por parte de las autoridades locales.

 

La labor de los bomberos, subrayan ciudadanos, implica exposición constante a incendios, humo, sustancias tóxicas, accidentes y condiciones extremas, lo que en muchos casos termina por afectar gravemente la salud de quienes integran estas corporaciones.

 

Por ello, consideran que las autoridades municipales tienen la responsabilidad no solo de reconocer el trabajo de quienes arriesgan su vida por la población, sino también de cumplir con los compromisos laborales y brindar apoyo cuando alguno de sus elementos enfrenta una crisis de salud.

 

En medio de su difícil situación, Jorge Miguel Tapia Torres insiste en que su intención no es confrontar a las autoridades, sino simplemente lograr que se respeten los acuerdos establecidos tras su salida del cuerpo de bomberos y poder acceder a la atención médica que necesita.

 

“Solo quiero que se cumpla con lo que corresponde y poder operarme para recuperar un poco de mi independencia”, señaló.

 

Mientras tanto, su caso comienza a resonar entre la comunidad, donde muchos consideran que la historia de un bombero que dedicó casi 19 años al servicio público y hoy enfrenta la posibilidad de quedar ciego sin apoyo institucional merece ser atendida con urgencia por las autoridades municipales.

 ANA KAREN: OTRO FEMINICIDIO QUE EXHIBE EL FRACASO DE

 LA “ESTRATEGIA” DE SEGURIDAD EN EL EDOMEX

 

*Tres días desaparecida, encontrada sin vida en Metepec; mientras tanto, las autoridades presumen cifras y se reúnen en mesas de seguridad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

METEPEC, Estado de México, 4 de marzo de 2026. — Ana Karen salió la noche del sábado 28 de febrero con amigos al fraccionamiento Villas del Sauce, en San Antonio la Isla. Para volver a casa pidió un servicio de DiDi Moto. Nunca llegó.

 

Tres días después, su cuerpo fue localizado sin ropa, con huellas de violencia y abuso, en un terreno baldío a pie de la carretera Toluca–Tenango del Valle, en la delegación de San Miguel Totocuitlapilco, en el municipio de Metepec.

 

Su trayecto quedó grabado por cámaras de seguridad. Su desaparición fue reportada por familiares que difundieron su ficha con fotografías y datos generales. Aun así, no hubo una reacción que evitara el desenlace. El martes, el hallazgo confirmó el peor escenario.

 

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Semefo, donde la necropsia determinará la causa de muerte. Por tratarse de un caso con violencia por condición de género, el expediente fue atraído por el área de feminicidios.

 

Pero más allá del protocolo, la pregunta es inevitable: ¿de qué sirven las mesas de seguridad diarias si las mujeres siguen desapareciendo y siendo asesinadas en el Estado de México?

 

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el secretario de Seguridad estatal Cristóbal Castañeda Camarillo y el fiscal José Luis Cervantes Martínez, junto con mandos de la Guardia Nacional, Marina y Ejército, presumen coordinación y avances en el combate a la delincuencia. Sin embargo, la realidad vuelve a desmentir el discurso oficial.

 

Ana Karen pidió un servicio por aplicación. Su trayecto quedó registrado. Existían cámaras. Existía una denuncia de desaparición. Existían mecanismos de búsqueda. Y, aun así, fue encontrada asesinada a la orilla de una carretera.

 

No se trata solo de un crimen atroz; se trata de un patrón que se repite. De protocolos que llegan tarde. De investigaciones que comienzan cuando la víctima ya no puede ser salvada. De cifras que se presumen mientras las familias entierran a sus hijas.

 

La indignación social no es gratuita. La ciudadanía observa reuniones, comunicados y estadísticas, pero en el terreno baldío donde fue localizada Ana Karen no había estrategia, ni coordinación, ni resultados.

 

Hoy la Fiscalía habla de investigaciones para determinar el móvil. Pero el móvil principal ya es evidente: la violencia contra las mujeres sigue siendo una herida abierta en el Estado de México, y la respuesta institucional continúa siendo reactiva, no preventiva.

 

Ana Karen no es un número. Es el reflejo de un sistema de seguridad que, pese a los discursos oficiales, sigue llegando tarde.

UPREZ VUELVE A LAS CALLES… MIENTRAS SU LÍDER

 CONSOLIDA UN IMPERIO EDUCATIVO

 

*Entre plantones y marchas, crecen los cuestionamientos sobre el imperio educativo y la falta de transparencia en la dirigencia de Felipe Rodríguez Aguirre.

 

Por: Rodolfo Rodríguez, Martín Ponce y Carlos Recio

 

TOLUCA, Estado de México, 3 de marzo de 2026. – La Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) anunció una nueva marcha y plantón en la capital mexiquense para exigir al gobierno estatal el cumplimiento de acuerdos en materia educativa y laboral. Sin embargo, detrás del discurso de “promesas incumplidas” y “derechos vulnerados”, vuelve a colocarse en el centro de la polémica su dirigente histórico, Felipe Rodríguez Aguirre, señalado desde hace años por operar lo que muchos consideran un negocio educativo disfrazado de lucha social.

 

La movilización partió del mercado Benito Juárez hacia Palacio de Gobierno. Entre las demandas se encuentran la entrega de tractores para el campo —de 20 solicitados, dicen, solo recibieron dos—, mantenimiento de bordos, reconocimiento oficial de escuelas de nivel medio superior, la liberación del terreno para la EPO 345, infraestructura, saneamiento del Río Lerma, donación de predios para preparatorias populares y la basificación de docentes.

 

No es la primera vez que la UPREZ recurre a la presión callejera. La fórmula le ha funcionado durante décadas. Pero hoy las críticas no solo apuntan a la estrategia de protesta, sino al contraste entre el discurso de precariedad y la realidad económica de su principal dirigente.

 

Diversas voces en el Estado de México sostienen que Felipe Rodríguez Aguirre es actualmente una de las personas más acaudaladas en el ámbito de las organizaciones sociales de la entidad, gracias al control de al menos un centenar de escuelas. Mientras públicamente enarbola la bandera de la educación popular, los beneficios y apoyos gestionados ante distintos gobiernos —sin importar el partido— habrían fortalecido una estructura que, lejos de transparentarse, se ha consolidado como un emporio educativo bajo control familiar.

 

Sus hijos, Felipe Rodríguez Nava y Jesús Rodríguez Nava, también forman parte de esa estructura. En colonias como Vicente Villada, en Nezahualcóyotl, no son pocos quienes cuestionan las formas y el trato que, aseguran, caracteriza a la familia Rodríguez. Las acusaciones de soberbia y de utilizar la organización como plataforma de poder político y económico han sido constantes.

 

Paradójicamente, la organización se presenta como víctima sistemática de los gobiernos en turno. No obstante, ha logrado obtener terrenos, reconocimientos, infraestructura y recursos públicos a lo largo de varias administraciones. El único mandatario que se atrevió a confrontar abiertamente a Rodríguez Aguirre fue el exgobernador Eruviel Ávila Villegas, durante cuyo gobierno el dirigente fue detenido por daños a las vías de comunicación, en un episodio que marcó uno de los pocos intentos institucionales por frenar sus métodos de presión.

 

La pregunta que comienza a circular entre diversos sectores es si la causa educativa sigue siendo el motor real de estas movilizaciones o si, por el contrario, se ha convertido en un mecanismo recurrente para ampliar cuotas de poder y beneficios.

 

La lucha social y la defensa de derechos son legítimas en cualquier democracia. Pero cuando la dirigencia de una organización acumula poder y recursos durante décadas sin mecanismos claros de rendición de cuentas, el debate deja de ser ideológico y se vuelve ético.

 

Hoy, mientras la UPREZ instala su plantón frente a Palacio de Gobierno, no solo se discuten tractores, plazas o terrenos. También está en juego la transparencia de una estructura que, bajo el discurso de justicia social, ha construido una influencia que pocos se han atrevido a cuestionar abiertamente.

CARMEN DE LA ROSA IMPULSA AGENDA “PROGRESISTA” MIENTRAS SU VERDADERO RESPALDO ES EL APELLIDO

 

*La diputada de Morena promueve programas para mujeres, pero dentro de su propio partido señalan que su principal mérito es ser hija de Juan Hugo de la Rosa, quien busca posicionarla rumbo a la alcaldía de Nezahualcóyotl pese a las dudas sobre su capacidad política

 

Por: Carlos Recio, Martín Ponce y Rodolfo Rodríguez

 

TOLUCA, Estado de México, 3 de marzo de 2026.– Bajo el discurso de apoyo a las mujeres, la diputada local Carmen de la Rosa anunció que este martes se analizará en comisiones su propuesta de “corresponsabilidad familiar para la distribución de trabajos dentro del hogar”, iniciativa que busca convertir en obligación legal lo que, según explicó, hoy es solo un acuerdo tácito en muchas familias.

 

Sin embargo, detrás del discurso progresista, dentro de su propio partido hay voces que cuestionan no solo la viabilidad de sus propuestas, sino su capacidad política y legislativa.

 

Compañeros de bancada en Morena —que piden reserva— aseguran que el único mérito real de la legisladora ha sido su apellido: ser hija del ex alcalde de Nezahualcóyotl y actual secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa, figura señalada como cacique político en el oriente del Estado de México.

 

NEPOTISMO Y PROYECTO FAMILIAR

 

En los pasillos legislativos se comenta que más que una agenda sólida, lo que existe es un proyecto político familiar que apunta a posicionar a Carmen de la Rosa como futura candidata a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl.

 

El problema, dicen incluso algunos morenistas, es que la diputada no ha logrado destacar por capacidad propia. Afirman que ni siquiera logra sostener con soltura una conversación pública sin tropiezos, lo que ha generado dudas internas sobre su preparación para aspirar a gobernar uno de los municipios más complejos del país.

 

PROGRAMAS CON TINTE CLIENTELAR

 

En cuanto a su proyecto “Mujeres de cambio y transformación”, la legisladora informó que 600 mujeres ya se registraron vía internet para aprender a manejar, pintar o adquirir conocimientos de plomería. Destacó que el programa “Mujeres al volante” ha sido el más solicitado y que se gestionará apoyo para el trámite de licencias ante la Secretaría de Movilidad, encabezada justamente por su padre.

 

El detalle no es menor: la dependencia que facilitaría los trámites está dirigida por quien, al mismo tiempo, es el principal operador político del grupo que impulsa la carrera de su hija.

 

Aunque el discurso insiste en que “es tiempo de mujeres”, la pregunta que flota es si realmente se trata de empoderamiento femenino o de consolidación de una dinastía política en Nezahualcóyotl.

 

MÁS APELLIDO QUE TRAYECTORIA

 

Mientras la diputada asegura que seguirá trabajando en unidad y en beneficio de las mujeres mexiquenses, dentro de Morena persiste la inquietud de que el impulso a su figura responda más a acuerdos de grupo que a resultados legislativos tangibles.

 

Porque en política, cuando el mérito principal es el parentesco, el mensaje que se envía no es de transformación, sino de continuidad de las viejas prácticas que tanto se prometió erradicar.

PVEM MARCA DISTANCIA DE LA REFORMA ELECTORAL DE CLAUDIA SHEINBAUM Y DEFIENDE PRESUPUESTO Y PLURINOMINALES

*José Alberto Couttolenc advierte que su respaldo dependerá de que no se afecte el modelo de representación ni el financiamiento de los partidos, reavivando el debate sobre si la prioridad es la ciudadanía o las cúpulas políticas

 

Por: Carlos Recio, Martín Ponce

 

TOLUCA, Estado de México, 3 de marzo de 2026.– Con un discurso terso, pero con un mensaje claro entre líneas, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Alberto Couttolenc Buentello, prácticamente marcó distancia de la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

 

Aunque evitó confrontar de manera directa, el líder del Verde en el Estado de México dejó ver que la propuesta presidencial —que contempla un recorte del 25% al presupuesto de los partidos y una nueva distribución de diputaciones plurinominales— toca intereses sensibles de la clase política.

 

Presupuesto sí, pero “equidad”

 

Couttolenc aseguró que la reforma debe garantizar condiciones más equitativas en materia de presupuesto y representación política.

 

“Queremos que sea más democrática, más equitativa”, señaló, al insistir en la necesidad de establecer una “cancha pareja” en la distribución de recursos públicos entre los partidos.

 

Sin embargo, detrás del discurso sobre la democracia subyace una realidad incómoda: cuando se habla de recortar el financiamiento, los partidos reaccionan. La propuesta presidencial plantea reducir en una cuarta parte los recursos que reciben los institutos políticos, una medida que, en teoría, busca austeridad y racionalización del gasto.

 

La pregunta es inevitable: ¿la defensa es por la representación ciudadana o por la bolsa presupuestal?

 

La bandera de las minorías

 

El dirigente verde recordó que el sistema de representación proporcional es resultado de una lucha histórica iniciada en los años setenta y consolidada en los noventa para dar voz a las minorías políticas.

 

Argumentó que en muchos distritos se gana con entre 50 y 60 por ciento de la votación, lo que deja sin representación directa a casi la mitad del electorado.

 

“Eso implica que casi la mitad de la población no tenga representación, y es importante que esa parte también tenga voz”, subrayó.

 

El planteamiento suena razonable. No obstante, la discusión de fondo vuelve a centrarse en cómo se reparten las posiciones y el presupuesto entre partidos, más que en cómo se fortalece la participación ciudadana real o se reduce la distancia entre políticos y sociedad.

 

Postura condicionada

 

Couttolenc aclaró que aún no conocen el documento final de la reforma, por lo que fijarán postura definitiva cuando llegue al Congreso federal. Adelantó que si el esquema replica el modelo del Estado de México —mitad de diputaciones por lista y mitad por mayoría relativa— el PVEM estaría a favor, al considerarlo un sistema que “ha funcionado”.

 

En otras palabras, el respaldo dependerá de que el nuevo diseño no afecte el equilibrio que actualmente beneficia a las fuerzas políticas.

 

Intereses de cúpula

 

Lo que deja este episodio es una constante en la política mexicana: cuando se tocan los recursos o la representación, emergen las diferencias; cuando se trata de transformar de fondo la relación entre partidos y ciudadanos, el entusiasmo disminuye.

 

La reforma electoral abre un debate necesario. Pero también exhibe que, para buena parte de la clase política, la prioridad sigue siendo conservar espacios, prerrogativas y cuotas de poder.

 

Mientras tanto, los ciudadanos continúan esperando una democracia que no solo sea equitativa para los partidos, sino justa y funcional para la sociedad.

ANTORCHA, EL VERDE Y EL VIEJO PRI: LA ALIANZA QUE AMENAZA

 CON DINAMITAR A MORENA EN EL EDOMEX

*Alejandra del Moral, Higinio Martínez Miranda y el entramado de Antorcha Campesina tejen acuerdos rumbo a 2027 en medio de acusaciones de corrupción, traición y pactos oscuros

 

Por: Carlos Recio, Martín Ponce

 

SAN VICENTE CHICOLOAPAN, Estado de México, 2 de marzo de 2026.— En el tablero político mexiquense se mueve una jugada que, de confirmarse, exhibiría la peor cara del pragmatismo electoral: la convergencia entre liderazgos señalados por corrupción, estructuras históricamente vinculadas al priismo más rancio y operadores que hoy buscan refugio bajo las siglas del Partido Verde para golpear desde dentro a Morena.

 

En el centro de las versiones se encuentra Alejandra del Moral, excandidata del PRI, PAN y PRD al gobierno del Estado de México, quien —según diversas voces locales— estaría operando políticamente junto con el exalcalde priista de San Vicente Chicoloapan para fortalecer a Antorcha Campesina, organización que durante décadas fue señalada por prácticas clientelares, presión política y control territorial bajo el cobijo del PRI.

 

La jugada, aseguran actores locales, tendría como beneficiario indirecto al senador Higinio Martínez Miranda, figura histórica de Morena en la entidad, hoy acusado por críticos internos de pactar con antiguos adversarios ideológicos. El vehículo sería el Partido Verde Ecologista de México, plataforma desde donde buscarían “dinamitar” la cohesión morenista en el Estado de México.

 

ANTORCHA: DEL DISCURSO INCENDIARIO AL OPORTUNISMO

 

La organización fundada por el tirano Aquiles Córdova Morán atraviesa uno de los momentos más frágiles de su historia. Tras perder espacios de poder y financiamiento, sus liderazgos han sido cuestionados por su pasado de confrontación violenta y por su histórica cercanía con gobiernos priistas.

 

Hoy, en un giro que para muchos raya en el cinismo político, Córdova Morán ha suavizado su discurso e incluso ha elogiado públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pese a que en el pasado calificaba a la 4T, como sus enemigos políticos. Pero para Antorcha Campesina, no se trata de convicción ideológica, sino de supervivencia.

 

EL MALESTAR EN MORENA

 

En la base morenista crece la incomodidad. Militantes cuestionan qué pensar cuando ven a Alejandra del Moral compartiendo espacios con el senador Martínez Miranda, a quien algunos ya llaman “traidor” a los principios fundacionales de la llamada Cuarta Transformación.

 

Martínez presume controlar políticamente al menos 40 municipios mexiquenses, entre ellos Ecatepec, uno de los bastiones electorales más importantes del estado. Ese poder territorial lo coloca como pieza clave rumbo a 2027, pero también como epicentro de divisiones internas.

 

CHICOLOAPAN: LABORATORIO DE LA FRACTURA

 

San Vicente Chicoloapan es ejemplo de la implosión interna. Por un lado, el grupo del alcalde Francisco Javier Mendoza Vázquez; por el otro, el bloque ligado a la exalcaldesa Nancy Gómez Vargas, representado por su esposo, el diputado local Samuel Ríos.

 

Sobre Ríos pesan señalamientos políticos por el control del organismo operador del agua (OPDAPAS) y por presuntamente haber acumulado una fortuna millonaria administrando el servicio. A ello se suman acusaciones de encubrimiento en favor de sus cuñados, Marco Antonio Gómez Vargas, alias “El Kino”, y Alexis Gómez Vargas, alias “El Honda”, señalados por versiones locales como presuntos líderes de la organización criminal conocida como La Familia Michoacana en la región.

 

En medio de esta pugna aparece Andrés Aguirre Romero, quien aguardaría el momento oportuno para colarse como candidato del Verde —o impulsar a uno propio— aprovechando la fractura morenista.

 

¿Pragmatismo o traición?

 

La posible alianza entre sectores del viejo PRI, liderazgos del Verde, Antorcha Campesina y operadores cercanos a Higinio Martínez dibuja un escenario donde las ideologías parecen haber sido sustituidas por cálculos de poder.

 

Para Morena en el Estado de México, el riesgo no es sólo electoral. Es moral y político. Si la base percibe que sus dirigentes pactan con quienes históricamente combatieron —y que hoy arrastran acusaciones de corrupción, violencia y vínculos cuestionables—, la fractura podría ser más profunda que cualquier derrota en las urnas.

 

El 2027 aún parece lejano. Pero en el Edomex, las alianzas subterráneas ya comenzaron a mover sus piezas.

LA PAZ BAJO EXTORSIÓN: PROTECCIÓN CIVIL CONVERTIDA EN BOTÍN POLÍTICO

 

*Martha Guerrero y Tranquilino Lagos reciclan a funcionario con negro historial para exprimir a empresarios

 

Por: Rodolfo Rodríguez y Martín Ponce

LOS REYES LA PAZ, Estado de México.– En lugar de garantizar condiciones de seguridad y legalidad para el desarrollo económico, el gobierno municipal encabezado por Martha Guerrero Sánchez parece haber convertido la Dirección de Protección Civil y Bomberos en una oficina de cobro extraoficial.

 

Empresarios de pequeños, medianos y grandes negocios acusan directamente al titular del área, Francisco Felipe Villa Campa, de operar un esquema sistemático de hostigamiento y presunta extorsión que utiliza inspecciones, observaciones administrativas y clausuras como mecanismo de presión económica.

 

En días recientes fueron cerrados varios establecimientos en Plaza Tepozanes y en distintas colonias del municipio. Los afectados denuncian que para “liberar” trámites o evitar sanciones se les exigen pagos que van de 50 mil a 80 mil pesos. En casos más graves, aseguran, las cantidades pueden dispararse mucho más alto bajo la amenaza de clausura definitiva.

 

No se trata de un funcionario sin antecedentes. El 16 de octubre de 2024, cuando se desempeñaba en Protección Civil de Ciudad Nezahualcóyotl, más de un centenar de propietarios de clínicas, gimnasios, farmacias y otros giros se manifestaron frente al palacio municipal para exigir al alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo su destitución por presuntos abusos, extorsiones y la operación de una red de “coyotes” que ofrecían arreglar irregularidades a cambio de fuertes sumas de dinero.

 

Los denunciantes de entonces hablaron de citatorios intimidatorios y cobros que podían alcanzar hasta 200 mil pesos. La presión pública obligó a su salida.

 

Lejos de representar un antecedente que descalificara su perfil, el historial parece haber sido irrelevante para el gobierno de La Paz. Tras pasar por la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Villa Campa reapareció en la administración de Martha Guerrero, en lo que empresarios califican como un acto de complicidad política.

 

Los antecedentes del funcionario también se extienden a Xalapa Veracruz, donde fue titular de Seguridad Ciudadana. Ahí enfrentó señalamientos por opacidad y presunta corrupción, así como críticas por pobres resultados en materia de seguridad que derivaron en su renuncia en marzo de 2021, tras presiones políticas y denuncias ante la Contraloría.

 

Su historial incluye episodios que exhiben abuso de poder y conductas indebidas: desde intentos de detención arbitraria contra civiles hasta el señalamiento de haber utilizado una patrulla para transportar adoquines destinados a obra pública hacia su domicilio particular en 2018.

 

Ese es el perfil que hoy ocupa la oficina encargada de supervisar medidas de seguridad y protección civil en Los Reyes La Paz.

 

Empresarios consultados sostienen que el verdadero problema no es solo el funcionario, sino quien lo sostiene. Señalan que la presidenta municipal y su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, mantienen un control político férreo sobre el ayuntamiento y que nada ocurre sin su conocimiento.

 

“Si sigue ahí es porque tiene respaldo”, señalan afectados, quienes acusan que el municipio se ha convertido en tierra fértil para el reciclaje de perfiles cuestionados provenientes de otras administraciones.

 

La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿ignorancia o complicidad? Porque después de un historial público de denuncias, escándalos y renuncias forzadas, la designación de Villa Campa no puede explicarse como descuido administrativo.

 

Mientras el discurso oficial habla de orden y legalidad, comerciantes viven bajo la amenaza constante de una inspección que puede convertirse en factura. En La Paz, dicen los empresarios, la Protección Civil dejó de prevenir riesgos para convertirse en instrumento de presión política y financiera.

 

El costo no solo lo pagan los negocios; lo paga la credibilidad de un gobierno que prometió transformación y hoy carga con la sombra de prácticas que dice combatir.

EMBOSCADA Y SILENCIO: LA OTRA GUERRA TRAS LA CAÍDA DE “EL MENCHO”

 

*Denuncias internas hablan de decenas de militares muertos, falta de apoyo en San Isidro y una ola de violencia que expuso la fragilidad institucional en al menos 22 estados

 

Por: Rodolfo Rodríguez y Martín Ponce

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de febrero de 2026.– En medio del hermetismo oficial que siguió al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco, comienzan a emerger denuncias que dibujan un panorama mucho más grave del que hasta ahora han reconocido las autoridades federales.

 

De acuerdo con información revelada por el periodista Héctor de Mauleón, elementos de la Guardia Nacional denunciaron que el mismo día del operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un grupo de guardias fue emboscado en la entrada del poblado de San Isidro, a un costado del residencial Las Cañadas, en Zapopan, Jalisco.

 

Según la denuncia, varios elementos murieron en el ataque. Una fuente militar citada señala que la cifra superaría los 20 efectivos caídos solo en ese punto. Sin embargo, hasta ahora no existe un reporte oficial actualizado que confirme cuántas vidas se perdieron aquel domingo ni en los hechos violentos que se desencadenaron en los días posteriores.

 

Más aún, en un mensaje enviado por un mando militar, se afirma que el número de militares fallecidos —entre personal del Ejército y la Guardia Nacional— podría ascender a 120, producto de emboscadas y ataques ocurridos desde el domingo en distintos puntos del país. Se trata de una cifra que no ha sido corroborada oficialmente.

 

LA EMBOSCADA EN SAN ISIDRO

 

De acuerdo con los testimonios, mientras los guardias nacionales intentaban resistir la emboscada en San Isidro, solicitaron apoyo por radio. El respaldo nunca llegó.

 

Los atacantes —presuntamente integrantes del CJNG— habrían ejecutado la agresión como parte de la reacción violenta desatada tras la muerte de “El Mencho”, que incluyó bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a casetas de cobro, tiendas de conveniencia, bancos del Bienestar y tiroteos contra instalaciones de seguridad.

 

Videos que circulan en redes sociales muestran fragmentos del ataque. En uno de ellos, grabado por los propios agresores, se menciona al “Doble R”, identificado como Ricardo Ruiz Velasco, señalado como responsable de la zona metropolitana de Guadalajara para el grupo criminal.

 

Un dato subrayado por los denunciantes resulta especialmente delicado: San Isidro estaría bajo la responsabilidad del Sector 1 de la Policía de Zapopan, y en el punto del ataque existiría una cámara del C-5. A pesar de ello, ni policías municipales ni estatales con bases cercanas acudieron en auxilio. Cuando refuerzos del Ejército y la Guardia Nacional llegaron, era demasiado tarde. La mayoría de los elementos ya habían perdido la vida.

 

DETENCIONES Y OMISIONES EN MICHOACÁN

 

La ola de violencia no se limitó a Jalisco. En Michoacán, once policías municipales de Ecuandureo, incluido su director, fueron detenidos tras detectarse que patrullaban encapuchados y sin insignias oficiales durante los narcobloqueos.

 

El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, informó que los agentes habrían obstruido labores para retirar vehículos incendiados y que estarían vinculados con una célula del CJNG que opera en la región.

 

En los municipios de Sahuayo y Jiquilpan también se abrieron investigaciones contra policías municipales que no respondieron ante el inicio de los bloqueos y permitieron el robo e incendio de vehículos.

 

SILENCIO OFICIAL Y VACÍO INFORMATIVO

 

Hasta el momento, el gobierno federal y el gabinete de seguridad no han emitido un informe detallado que precise el número de víctimas, las circunstancias de los ataques ni el balance real de la ofensiva criminal desatada tras el operativo en Tapalpa.

 

La falta de información oficial ha generado un vacío que alimenta versiones encontradas, cifras no confirmadas y una creciente desconfianza pública. Lo ocurrido no solo evidenciaría la capacidad de reacción del CJNG, sino también las debilidades institucionales y posibles complicidades a nivel municipal y estatal que quedaron expuestas durante los narcobloqueos en al menos 22 estados.

 

Mientras las cifras continúan sin aclararse, la pregunta central permanece abierta: ¿cuál es el costo real —en vidas y en control territorial— que dejó la caída de “El Mencho”?

FALSOS AGENTES, ARMAS Y EXTORSIÓN EN ECATEPEC EXHIBEN EL VACÍO DE AUTORIDAD EN LA FISCALÍA MEXIQUENSE

 

*Mientras Marina y policías estatales detienen a supuestos PDI piratas, el fiscal José Luis Cervantes Martínez guarda silencio ante el cáncer de las “madrinas”

 

Por: Carlos Recio y Martín Ponce

 

ECATEPEC, Estado de México, 26 de febrero de 2026. — La detención de diez presuntos extorsionadores que se hacían pasar por Policías de Investigación no solo destapó una célula criminal que operaba con armas, chalecos balísticos y camionetas de lujo; también volvió a exhibir la profunda descomposición que impera en las instituciones de procuración de justicia.

 

Los hechos ocurrieron sobre avenida Recursos Hidráulicos, en la colonia Luis Donaldo Colosio, cuando una pareja denunció haber sido amenazada y despojada de una fuerte suma de dinero por sujetos armados que viajaban en una Seat Cupra roja sin placas, una BMW X6 azul, una Mercedes Benz roja y una motocicleta sin matrícula.

 

Tres de los detenidos portaban una Glock 25 calibre .38, cargadores abastecidos, cartuchos útiles, panel balístico y un chaleco antibalas con la leyenda “PDI”. Uno de ellos, Rubén Omar “N”, de 39 años, afirmó ser elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina. La consulta en sistema reveló que había sido dado de baja. Es decir, usaba la investidura del Estado para delinquir.

 

En otro punto, en la colonia Potrero del Rey, fueron interceptados siete tripulantes más. Llevaban 46 mil pesos en efectivo, 12 teléfonos celulares y una Glock 19X con 17 cartuchos. El patrón es claro: vehículos de alta gama, armas cortas, supuesta investidura policial y extorsión directa.

 

El caso evidencia que aún hay fisuras graves en los controles internos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pero en el Estado de México el problema es más profundo y estructural.

 

Porque mientras se detiene a falsos agentes, nadie toca el tema de fondo: las llamadas “madrinas” que operan bajo la sombra de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

 

En territorio mexiquense es un secreto a voces que estos grupos irregulares —sin nombramiento oficial, sin controles, sin uniforme institucional— realizan detenciones, ejecutan cateos de facto, fabrican imputaciones y presionan a ciudadanos para obtener confesiones o dinero. Son el brazo informal que permite inflar estadísticas, simular eficiencia y, según múltiples denuncias públicas, recaudar recursos paralelos.

 

La pregunta obligada es: ¿qué ha hecho el fiscal José Luis Cervantes Martínez para erradicar estas prácticas?

 

HASTA AHORA, NADA VISIBLE.

 

Ni operativos de depuración, ni investigaciones internas contundentes, ni sanciones ejemplares contra mandos que toleran o utilizan madrinas. El silencio institucional termina convirtiéndose en complicidad política.

 

Mientras elementos de Marina y policías estatales enfrentan en calle a grupos armados que se hacen pasar por autoridad, dentro de la estructura ministerial mexiquense persiste un sistema paralelo que permite detenciones irregulares y presuntos actos de extorsión bajo la sombra del poder.

 

El caso de Ecatepec no es un hecho aislado: es el síntoma de una enfermedad más grande. Cuando exagentes pueden usar chalecos oficiales para extorsionar y cuando en la entidad operan grupos informales que “hacen el trabajo sucio”, la línea entre autoridad y delincuencia se vuelve peligrosamente delgada.

 

La credibilidad de la justicia en el Estado de México no se reconstruye con boletines, sino con depuración real. Y esa responsabilidad recae directamente en el fiscal general.

 

Porque si las madrinas siguen operando, no es por falta de denuncias. Es por falta de voluntad.

GOBIERNO PRESUME BAJA EN ROBO DE VEHÍCULO MIENTRAS EL CRIMEN ORGANIZADO MANTIENE PRESENCIA EN MÁS DE 60 MUNICIPIOS DEL EDOMEX

 

*Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reporta reducción del 54 %, diagnósticos oficiales revelan expansión territorial de grupos criminales en la entidad

 

Por Martin Ponce, Carlos Recio y Rodolfo Rodríguez

 

Mientras el gobierno del Estado de México celebra una disminución del 54 por ciento en el robo de vehículo entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2026, el propio diagnóstico institucional reconoce la presencia de estructuras del crimen organizado en decenas de municipios estratégicos.

 

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez difundió en redes sociales que la reducción —de 5 mil 166 casos en 2025 a 2 mil 386 en 2026— es resultado de la coordinación en la Mesa de Paz. Sin embargo, la cifra corresponde a un periodo de apenas 55 días y no aborda otros delitos de alto impacto como homicidio doloso, extorsión, secuestro o narcomenudeo.

 

EL PROBLEMA NO ES SOLO LA ESTADÍSTICA, SINO EL CONTEXTO.

 

La misma Fiscalía que reporta la baja en robo de autos ha documentado presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en al menos 60 municipios y de La Familia Michoacana en 75, además de la coexistencia de otras estructuras criminales en corredores industriales y zonas densamente pobladas del Valle de México y el Valle de Toluca. Es decir, mientras se presume un indicador específico a corto plazo, el mapa oficial muestra un fenómeno mucho más amplio y estructural.

 

Especialistas en seguridad advierten que reducciones temporales pueden obedecer a múltiples factores: desplazamiento geográfico del delito, subregistro, reclasificación de carpetas de investigación o variaciones estacionales. Además, la disminución en robo de vehículo no necesariamente implica debilitamiento de las estructuras criminales, que diversifican actividades hacia extorsión, cobro de piso, robo de combustible o control territorial.

 

En la Mesa de Paz número 35 participaron el secretario de Seguridad Cristóbal Castañeda Camarillo, el fiscal José Luis Cervantes Martínez y representantes federales. La narrativa oficial insiste en la coordinación institucional como eje de la estrategia.

 

Sin embargo, la pregunta de fondo permanece: ¿Puede hablarse de “pacificación” cuando el propio diagnóstico estatal reconoce expansión y disputa territorial entre grupos criminales?

 

Reducir un delito es positivo y debe reconocerse. Pero convertir una cifra parcial en símbolo de transformación estructural puede resultar prematuro si no se acompaña de acciones contundentes contra la corrupción, la infiltración institucional y el control territorial de organizaciones criminales.

 

La seguridad no se mide solo en porcentajes. Se mide en percepción ciudadana, control efectivo del territorio y debilitamiento real de las estructuras delictivas. Y en ese terreno, los propios mapas oficiales cuentan una historia mucho más compleja que el boletín gubernamental.