LA PAZ SE DESANGRA; EL GOBIERNO PRESUME

*Mientras Martha Guerrero presume una baja en la inseguridad, un motociclista fue ejecutado a plena luz del día en Valle de Los Reyes; vecinos denuncian que la violencia avanza sin freno

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 31 de julio de 2026.- Apenas hace unos días, la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez difundió boletines de prensa para presumir una supuesta disminución de la inseguridad en el municipio. Sin embargo, la realidad volvió a irrumpir con violencia y a echar por tierra el discurso oficial: un hombre fue asesinado a balazos a plena luz del día, ante la mirada de vecinos y transeúntes, en calles de la colonia Valle de Los Reyes.

 

El ataque ocurrió el pasado 28 de julio, alrededor de las 15:30 horas, sobre la calle Tenancingo. La víctima circulaba a bordo de una motocicleta negra, con placas de circulación 55KPY4, cuando, de acuerdo con testimonios recabados en el lugar, dos sujetos que viajaban en otra motocicleta le cerraron el paso.

 

Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego y escaparon, dejando al motociclista tendido sobre el pavimento. En la zona fueron localizados dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

 

La escena volvió a exhibir una realidad que contrasta con las cifras y mensajes difundidos por el gobierno municipal: mientras desde las oficinas se habla de avances y reducción de delitos, en las calles se registran ejecuciones a plena tarde y los responsables logran huir sin que, hasta el momento, se haya informado públicamente sobre detenciones relacionadas con el caso.

 

Decenas de curiosos y habitantes de la zona expresaron su indignación ante las autoridades. Algunos señalaron que la inseguridad se ha vuelto insoportable y que los delincuentes parecen actuar cada vez con mayor impunidad, sin temor a ser perseguidos o detenidos.

 

Para los vecinos, el problema ya no se limita a robos, extorsiones o agresiones aisladas. La violencia, aseguran, se ha normalizado al grado de que los habitantes viven con el temor de quedar atrapados en el fuego cruzado o encontrarse con una escena criminal en las inseguras calles del municipio.

 

¿QUIÉN GOBIERNA REALMENTE LA PAZ?

 

A la crisis de seguridad se suma un cuestionamiento que desde hace tiempo circula entre sectores políticos, sociales y ciudadanos: ¿quién toma realmente las decisiones en el Ayuntamiento de Los Reyes La Paz?

 

Aunque la morenista Martha Guerrero Sánchez fue electa constitucionalmente como presidenta municipal, habitantes de la localidad sostienen que su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, mantiene una influencia determinante en las decisiones políticas y administrativas del gobierno local.

 

Esta percepción ha alimentado la narrativa de que en La Paz existe un gobierno con dos centros de poder: uno institucional, encabezado formalmente por la alcaldesa, y otro que, opera fuera del mandato otorgado por las urnas.

 

Sin embargo, pese a la estructura política que rodea al gobierno municipal y a los constantes anuncios sobre estrategias de seguridad, los hechos violentos continúan registrándose en calles y avenidas de la localidad.

 

El asesinato ocurrido en Valle de Los Reyes vuelve a colocar bajo cuestionamiento la efectividad de la estrategia municipal y la distancia entre los mensajes oficiales y la experiencia cotidiana de miles de habitantes.

 

EXIGEN ACLARAR SEÑALAMIENTOS Y ROMPER EL SILENCIO

 

En medio de la creciente preocupación por la violencia, habitantes, periodistas y actores políticos han difundido señalamientos sobre presuntos vínculos o acuerdos entre Tranquilino Lagos Buenabad y Héctor Becerril, identificado públicamente como dirigente de la organización que anteriormente operaba bajo el nombre de Sindicato 22 de Octubre y que actualmente es mencionada como Federación Unida 22 de Octubre.

 

Ciudadanos han exigido que Lagos Buenabad responda públicamente a los cuestionamientos y explique cuál es su relación con dicha organización, así como el papel que desempeña dentro de la administración municipal.

 

La ausencia de una respuesta pública clara ha incrementado la desconfianza entre sectores de la población. Para sus críticos, el silencio alimenta sospechas y deja abiertas preguntas que deberían ser respondidas con transparencia, particularmente en un municipio golpeado por la violencia y donde la ciudadanía reclama resultados.

 

Mientras tanto, la ejecución del motociclista se suma a una larga lista de hechos que mantienen en alerta a la población.

 

La Paz no necesita boletines triunfalistas ni cifras utilizadas para construir una imagen de tranquilidad que muchos habitantes dicen no reconocer. Necesita investigaciones que lleven a los responsables ante la justicia, estrategias de seguridad que se reflejen en las calles y autoridades capaces de responder a los cuestionamientos sin evasivas.

Porque mientras el gobierno presume que la inseguridad disminuye, la violencia continúa dejando cadáveres a plena luz del día.

 

Y en Los Reyes La Paz, el discurso oficial parece avanzar en sentido contrario a la realidad.

TRANSPORTISTAS EXIGEN DESTITUCIÓN EN CHALCO

 

*Acusan al delegado regional de Movilidad, Heriberto Salinas, de presuntas extorsiones y abuso de atribuciones; su separación del cargo no fue suficiente para los inconformes

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHALCO, Estado de México, 30 de julio de 2026.- La inconformidad contra presuntos abusos dentro de la Delegación Regional de Movilidad Región IV escaló este jueves hasta convertirse en un bloqueo sobre la carretera federal México-Cuautla, donde transportistas cerraron la circulación para exigir la destitución definitiva de Heriberto Salinas, a quien señalan públicamente por presuntos actos de extorsión, irregularidades y abuso de atribuciones.

 

El bloqueo fue instalado a la altura del kilómetro 34+500, en territorio del municipio de Chalco, donde los transportistas atravesaron sus unidades e impidieron el paso de vehículos en ambos sentidos.

 

La protesta dejó a decenas de automovilistas atrapados durante más de dos horas, mientras el conflicto entre los concesionarios y la autoridad estatal se trasladaba directamente a una de las principales vías de comunicación de la zona oriente del Estado de México.

 

Los manifestantes sostuvieron que el delegado regional habría asumido facultades que, de acuerdo con sus denuncias, no le corresponden e incluso cuestionaron la emisión de documentos que, presuntamente, favorecen de manera exclusiva a un particular.

 

“Exigimos la renuncia del delegado de Movilidad de Chalco Zona IV, que se toma atribuciones que no le corresponden; ahora resulta que es vocero del secretario de Movilidad, expidiendo oficios para beneficiar de manera exclusiva al señor Mario Ramírez Moreno. Solicitamos la intervención de la maestra Delfina Gómez Álvarez”, señalaron los inconformes.

 

Las acusaciones colocaron nuevamente bajo cuestionamiento el funcionamiento de las delegaciones regionales de la Secretaría de Movilidad y la capacidad del gobierno estatal para vigilar el desempeño de sus funcionarios.

 

Para los transportistas, el problema no se limita a una disputa administrativa. Aseguraron que existen presuntas prácticas de extorsión e irregularidades que, afirman, han afectado directamente al sector, por lo que exigieron una intervención inmediata de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

 

Después de más de dos horas de bloqueo, autoridades del Estado de México acudieron al lugar para entablar un diálogo con los manifestantes. Como parte de los acuerdos, se informó que una comisión de representantes sería recibida para exponer formalmente sus demandas.

 

Durante las negociaciones, las autoridades comunicaron que Heriberto Salinas quedaría separado de su cargo; sin embargo, la medida fue considerada insuficiente por los transportistas.

 

Los inconformes dejaron claro que no aceptarán únicamente una suspensión o separación temporal y exigieron que el funcionario sea destituido de manera definitiva.

 

“NO QUEREMOS QUE LO SUSPENDAN; QUEREMOS QUE LO CORRAN”, ADVIRTIERON

 

Asimismo, aseguraron que las autoridades ofrecieron garantías de que no habrá represalias contra quienes participaron en la movilización. No obstante, los manifestantes señalaron que permanecerán atentos al cumplimiento de los compromisos y exigieron que la decisión quede asentada en un documento oficial.

 

Tras el diálogo, los transportistas liberaron parcialmente la carretera y abrieron dos carriles, aunque mantuvieron parte de la movilización mientras esperaban la documentación que, según indicaron, acreditaría la salida del delegado.

 

La protesta dejó una pregunta incómoda para el gobierno estatal: si las denuncias de presuntas extorsiones, abuso de facultades y posibles beneficios particulares ya habían sido expuestas por el sector transportista, ¿por qué fue necesario bloquear una carretera federal y afectar a cientos de ciudadanos para que las autoridades acudieran a escuchar?

 

El conflicto también pone presión sobre la Secretaría de Movilidad. A cargo del experredista Juan Hugo de la Rosa, quien anda más en campaña en lugar de atender su trabajo, a pesar de que, él es quien debería de esclarecer si las acusaciones tienen sustento, bajo qué criterios se emitieron los oficios cuestionados y por qué un funcionario regional fue señalado por actuar fuera de sus atribuciones.

 

Mientras tanto, los transportistas mantienen una postura firme: la separación temporal no representa una solución y la exigencia es una sola: la destitución definitiva de Heriberto Salinas y una investigación sobre las denuncias planteadas.

CHICOLOAPAN, BAJO AMENAZA: MIENTRAS LOS GRUPOS CRIMINALES ANUNCIAN “LIMPIAS”, EL GOBIERNO MUNICIPAL GUARDA SILENCIO

 

*Video atribuido a “Los Vallarta” enciende alertas por posible escalada de violencia y presuntos cobros de piso en Chicoloapan

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

SAN VICENTE CHICOLOAPAN, Estado de México, 30 de julio de 2026.- La inseguridad vuelve a exhibir la fragilidad institucional en Chicoloapan, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz y otros municipios. Mientras un video difundido en redes sociales muestra un mensaje atribuido al grupo delictivo “Los Vallarta”, cuyos integrantes presuntamente anuncian una “limpia” contra organizaciones rivales en la Ciudad de México y el Estado de México, las autoridades municipales parecen mantenerse al margen de una amenaza que podría anticipar una nueva escalada de violencia.

 

En el material, cuya autenticidad y origen deberán ser investigados y confirmados por las autoridades competentes, se menciona a integrantes de “Los Talibanes”, grupo al que se le atribuyen presuntas actividades relacionadas con el cobro de piso a comerciantes y tianguistas de Chicoloapan.

 

La sola difusión de este mensaje debería encender las alertas en el gobierno municipal morenista encabezado por Francisco Javier Mendoza Vázquez, así como en la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia mexiquense. Sin embargo, hasta ahora no se conoce una postura pública contundente que informe a la población qué medidas se implementarán para prevenir hechos de violencia y proteger a quienes podrían quedar atrapados en medio de una disputa criminal.

 

De acuerdo con los señalamientos difundidos, “Los Talibanes” serían encabezados por Reynaldo Ruiz Castaneyra, alias “El Perro”, padre del primer regidor morenista Edgar Ruiz. También se cuestiona la cercanía pública que, según las acusaciones, mantiene “El Perro” con el alcalde Francisco Javier Mendoza Vázquez.

 

Estas afirmaciones son señalamientos que deberán ser investigados y esclarecidos por las autoridades; sin embargo, la relación pública descrita resulta políticamente delicada y exige explicaciones. Si existen acusaciones graves contra una persona que aparece acompañando al presidente municipal, no basta con guardar silencio ni minimizar el tema: corresponde aclarar qué relación existe, si hay investigaciones abiertas y si se han realizado revisiones institucionales para descartar cualquier posible vínculo o conflicto de interés.

 

La ciudadanía tiene derecho a saber por qué, mientras comerciantes denuncian presiones y presuntos cobros ilegales, personajes señalados públicamente por presuntas actividades criminales aparecen —según los cuestionamientos difundidos— cerca de quienes gobiernan el municipio.

 

El mensaje atribuido a “Los Vallarta” también menciona al abogado Carlos Mata, a quien acusan de defender a personas y grupos identificados en el video como “Los Imperios”. También lanzan seberas amenazas contra “Los Mazos”, “El Chino”, “Chabelo”, “Bart”, “El Patroncito”, “El Pato” a la gente de “El Krack”. Asimismo, se menciona a Arturo Castillo, relacionado con Grúas Castillo, a quien se le atribuyen presuntos despojos de vehículos.

 

Todas estas acusaciones forman parte del contenido difundido en redes sociales y deberán ser verificadas mediante investigaciones oficiales. La publicación de un video no sustituye una carpeta de investigación ni una resolución judicial; pero tampoco debería ser ignorada por las autoridades cuando involucra posibles amenazas, presuntas redes de extorsión y el riesgo de enfrentamientos.

 

El problema de fondo es que Chicoloapan no puede convertirse en un territorio donde los grupos criminales difundan advertencias, anuncien “limpias”, señalen adversarios y pretendan imponer su propia narrativa, mientras los gobiernos municipales responden con silencio o espera a que ocurra una tragedia para actuar.

 

Los comerciantes y tianguistas son quienes podrían enfrentar las consecuencias más inmediatas. Si las acusaciones sobre cobro de piso son ciertas, se trata de familias que trabajan todos los días bajo presión y miedo; y si existe una disputa entre organizaciones criminales, el peligro no se limita a quienes aparecen mencionados en el video: puede extenderse a mercados, tianguis, colonias y espacios públicos.

 

La pregunta es inevitable: ¿qué están haciendo los alcaldes, principalmente Francisco Javier Mendoza Vázquez para impedir que Chicoloapan quede atrapado entre amenazas y disputas criminales?

 

No basta con patrullajes de fotografía ni con discursos sobre seguridad. La población necesita acciones verificables, investigaciones transparentes, vigilancia real en las zonas comerciales y una explicación clara sobre los señalamientos que involucran a personas cercanas al entorno político municipal.

 

Porque cuando los grupos delictivos se sienten con capacidad para lanzar amenazas públicas y anunciar una “limpia”, el mensaje que recibe la ciudadanía es devastador: el crimen habla con fuerza y las autoridades parecen responder con silencio.

 

Chicoloapan no necesita funcionarios que miren hacia otro lado. Necesita un gobierno que enfrente los señalamientos, colabore con las investigaciones y garantice que ningún vínculo político, familiar o personal esté por encima de la seguridad de la población.

 

La inseguridad ya dejó de ser una estadística: hoy se difunde en videos, se instala en las calles y amenaza directamente la tranquilidad de comerciantes y familias. Y mientras el gobierno municipal no dé respuestas, cada silencio alimentará la sospecha de que en Chicoloapan el poder institucional está llegando tarde —o simplemente ha decidido no mirar.

HIGINIO MARTÍNEZ: EL CACIQUE QUE AHORA DISPARA CONTRA EL MOVIMIENTO QUE LO HIZO PODEROSO

 

*El histórico líder del Grupo Texcoco endurece su ofensiva contra Morena mientras crecen las versiones sobre su aislamiento político y sus acercamientos con antiguos adversarios del movimiento

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 28 de julio de 2026.- Durante años, Higinio Martínez Miranda construyó uno de los grupos políticos más poderosos del Estado de México. Desde Texcoco extendió su influencia sobre Morena y colocó aliados en cargos estratégicos, convirtiéndose en un actor determinante en la vida política mexiquense.

 

Hoy, sin embargo, el llamado Grupo Texcoco enfrenta uno de sus momentos de mayor debilitamiento. El senador ha intensificado sus críticas contra gobiernos emanados del mismo movimiento que lo llevó al poder y del que fue uno de sus principales beneficiarios.

 

Lo paradójico es que el Higinio Martínez que hoy exige respuestas y denuncia cada crisis de Morena. Fue mucho más moderado cuando el PRI gobernaba el Estado de México. Ahora, con Claudia Sheinbaum en la Presidencia de la República y Delfina Gómez Álvarez en la gubernatura, ambas surgidas de la 4T y de su propio entorno político, su discurso se ha convertido en una ofensiva permanente.

 

Denunciar los problemas nunca será cuestionable. Lo que sí merece escrutinio es la oportunidad política con la que aparecen esas críticas y el contexto interno en el que se producen. Para muchos dentro de Morena, la confrontación parece coincidir con la pérdida de espacios de influencia del histórico y frustrado líder texcocano.

 

En ese escenario, la búsqueda de la presidencia del Senado deja de ser únicamente una aspiración legislativa. Se convierte en una plataforma nacional desde donde podría recuperar capacidad de negociación e intentar influir en la definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

 

La incógnita es inevitable: ¿esa estrategia responde a un acuerdo con la dirigencia nacional de Morena o constituye un nuevo chantaje utilizado como método de presión para modificar el equilibrio interno del partido?

 

Las versiones sobre el creciente distanciamiento entre Higinio Martínez y diversos liderazgos morenistas han dado paso a otro elemento que ha generado inquietud: los acercamientos políticos con Antorcha Campesina, organización que durante décadas fue identificada como uno de los principales brazos de operación electoral del viejo régimen priista en el Estado de México y cuya relación con Morena ha estado marcada por constantes confrontaciones políticas.

 

Para numerosos observadores, esa aproximación resulta contradictoria con el discurso que durante años sostuvo el propio senador contra las estructuras del antiguo régimen. La política suele admitir alianzas coyunturales, pero también obliga a explicar por qué antiguos adversarios terminan convertidos en interlocutores cuando cambian las circunstancias del poder.

 

Mientras pierde influencia dentro de Morena, Higinio Martínez parece elevar el costo político de cada diferencia interna. Cada declaración incrementa la percepción de una confrontación que ya no sólo involucra a personajes específicos, sino al propio proyecto político que durante años lo impulsó.

 

La pregunta que comienza a surgir en distintos círculos políticos es inevitable: después de las críticas, los desencuentros y los acercamientos con actores históricamente enfrentados a Morena, ¿cuál será el siguiente movimiento del senador?

 

No son pocos quienes consideran que únicamente faltaría que amagara con abandonar el partido para intentar construir, desde otra fuerza política, una plataforma de presión contra el movimiento que lo convirtió en uno de los hombres más poderosos del Estado de México. De ocurrir un escenario así, no sólo estaría rompiendo con el proyecto que lo llevó a la cima del poder, sino que abriría un nuevo capítulo de confrontación política con quienes durante años fueron sus aliados.

 

Porque en política las diferencias son legítimas. Lo que termina definiendo a los liderazgos es si las críticas buscan corregir el rumbo de un proyecto o convertirse en herramientas para recuperar el poder perdido.

TRAGAMONEDAS: UN GOLPE IMPORTANTE, PERO LA

 BATALLA ESTÁ LEJOS DE GANARSE

 

*Decomisar miles de máquinas es apenas el comienzo; sin prevención, difusión y vigilancia permanente, la delincuencia encontrará la forma de volver a operar

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 27 de julio de 2026.- El aseguramiento de más de 3 mil 300 máquinas tragamonedas y millones de pesos en efectivo representa un golpe relevante contra las estructuras financieras de la delincuencia organizada en el Estado de México. Sin embargo, sería un grave error presentar este operativo como una solución definitiva cuando la realidad evidencia que el problema lleva años creciendo a plena vista.

 

Si, como sostiene la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, estas máquinas son utilizadas para el lavado de dinero, la extorsión y el reclutamiento de menores de edad, la pregunta obligada es: ¿cómo fue posible que miles de estos aparatos operaran durante tanto tiempo en decenas de municipios sin que las autoridades municipales, estatales y de seguridad detectaran o frenaran su expansión?

 

La denominada "Operación Dos de Bastos" deja al descubierto la magnitud del fenómeno criminal, pero también exhibe las enormes deficiencias en materia de prevención e inteligencia. Desmantelar una red es importante; impedir que vuelva a instalarse será el verdadero reto.

 

Las reformas al Código Penal para castigar el uso de estas máquinas pueden fortalecer el marco jurídico, pero la ley, por sí sola, no resolverá el problema si no va acompañada de operativos permanentes, investigaciones patrimoniales, sanciones contra quienes protegen estos negocios ilícitos y una vigilancia constante en los municipios donde históricamente han proliferado.

 

Hay otro aspecto que no puede seguir ignorándose: la falta de información hacia la ciudadanía. Miles de personas juegan en estas máquinas convencidas de que son simples dispositivos de entretenimiento, cuando, de acuerdo con las investigaciones oficiales, forman parte de un esquema de financiamiento de organizaciones criminales. Esa desinformación beneficia directamente a quienes obtienen ganancias ilícitas mediante el lavado de dinero y el enganchamiento de jóvenes.

 

El Gobierno del Estado de México y los ayuntamientos tienen la obligación de emprender una campaña masiva de difusión para explicar que estas tragamonedas no son un negocio legal e inocente, sino una herramienta utilizada —según las investigaciones de la Fiscalía— por grupos delictivos para fortalecer sus operaciones. Mientras la población desconozca esa realidad, seguirá alimentando, muchas veces sin saberlo, una economía criminal.

 

El operativo merece reconocimiento, pero también debe asumirse como el inicio de una estrategia mucho más amplia. El verdadero éxito no será decomisar miles de máquinas una sola vez, sino impedir que vuelvan a aparecer en las tiendas de barrio, proteger a los menores del reclutamiento criminal y cortar definitivamente una de las fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada. Hoy se dio un paso importante, pero aún falta un largo camino por recorrer.

MICHOACÁN BAJO SOSPECHA INTERNACIONAL

 

*Documentos de inteligencia y reportes de seguridad describen presuntos mecanismos de infiltración del CJNG en gobiernos municipales, mientras autoridades estadounidenses mantienen bajo observación la operación criminal en la entidad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de julio de 2026.- Michoacán volvió a colocarse en el centro de la atención internacional por los señalamientos sobre la presunta infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales. Investigaciones de inteligencia militar filtradas en años recientes y reportes de seguridad federales han señalado posibles vínculos entre autoridades locales y células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), particularmente con la estructura encabezada por Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", lo que ha mantenido al estado bajo el escrutinio de las autoridades estadounidenses.

 

Los documentos de inteligencia atribuidos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), difundidos previamente por diversos medios, describen un patrón de influencia del grupo criminal sobre diversas regiones de Michoacán, especialmente en municipios de la zona limítrofe con Jalisco, considerada estratégica para las operaciones del CJNG.

 

Entre los nombres que aparecen en esos reportes figuran José Dolores Martínez, entonces alcalde de Vista Hermosa; María Francisca Licea, alcaldesa de Tanhuato; y Jesús Infante, alcalde de Ecuandureo. Es importante señalar que la aparición de estos nombres en documentos de inteligencia constituye un señalamiento contenido en investigaciones.

 

La relevancia de estos municipios radica en su ubicación geográfica. Colindan con Jalisco y forman parte de un corredor considerado estratégico para el tráfico de drogas, armas y recursos financieros ilícitos. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, "El Jardinero" era uno de los principales operadores del CJNG en la franja que comprende Michoacán, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, antes de su captura por elementos de la Secretaría de Marina.

 

UN MODELO DE CONTROL TERRITORIAL

 

Los informes del gabinete de seguridad federal describen un esquema mediante el cual la organización criminal habría buscado consolidar su presencia en administraciones municipales.

 

Entre los principales mecanismos señalados se encuentran: Presunta infiltración de corporaciones policiacas municipales, mediante la cooptación de mandos de seguridad para obtener protección, información privilegiada o alertas sobre operativos federales.

 

Uso de empresas fachada y redes financieras, incluyendo constructoras, gasolineras y negocios administrados por presuntos prestanombres, con el objetivo de ocultar y lavar recursos de origen ilícito.

 

Presunto financiamiento o presión durante procesos electorales, con la finalidad de influir en la integración de gobiernos municipales y asegurar condiciones favorables para la operación del grupo criminal.

 

UNA PREOCUPACIÓN QUE REBASA LAS FRONTERAS

 

El interés de las autoridades estadounidenses responde a que la presencia del CJNG en Michoacán tiene implicaciones directas para el tráfico internacional de drogas sintéticas, principalmente fentanilo y metanfetaminas, además del flujo de armas y recursos económicos hacia Estados Unidos.

 

La posibilidad de que organizaciones criminales logren ejercer influencia sobre instituciones municipales representa un desafío para la seguridad pública y el Estado de derecho, al comprometer la capacidad de los gobiernos locales para actuar con independencia frente a las estructuras delictivas.

 

Aunque los reportes de inteligencia han colocado nuevamente a Michoacán bajo la lupa internacional, corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales determinar, mediante investigaciones y procesos legales, la existencia o inexistencia de responsabilidades penales de cualquier servidor público mencionado en dichos documentos, sin embargo, todo mundo sabe que si pertenecen a la estructura del gobierno de Morena, simplemente eso no va a suceder.

CHIMALHUACÁN: LA VIOLENCIA DESMIENTE EL TRIUNFALISMO OFICIAL

 

* La masacre familiar exhibe el abismo entre el discurso oficial y la violencia que sigue golpeando al Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHIMALHUACÁN, Estado de México, 26 de julio de 2026.– Mientras desde los atriles oficiales se insiste en presentar un Estado de México cada vez más seguro, la realidad vuelve a irrumpir con una brutalidad imposible de ocultar. Tres personas fueron asesinadas a balazos durante un convivio familiar en la colonia San Miguel Acuitlapilco, en Chimalhuacán, en un hecho que exhibe, una vez más, que la violencia continúa arrebatando vidas mientras el gobierno presume resultados.

 

De acuerdo con los primeros reportes, una discusión entre familiares escaló de manera fatal cuando un hombre, presuntamente pareja de uno de los asistentes, sacó un arma de fuego y disparó contra varias personas antes de darse a la fuga.

 

El ataque ocurrió en un inmueble ubicado en la intersección de Prolongación Aldama y calle Aldama. Policías municipales acudieron tras una llamada de emergencia y encontraron a tres personas gravemente heridas. Paramédicos únicamente pudieron confirmar que Jesica, de 58 años; Jonathan, de 40; y Edgar, de 36, ya habían fallecido.

 

Sin embargo, más allá de la investigación criminal, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para las autoridades estatales y federales: ¿dónde está la seguridad que tanto presumen?

 

Hace apenas unos días, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez aseguraban que la estrategia de seguridad en el Estado de México está dando resultados históricos y que los índices delictivos muestran una tendencia favorable. No obstante, la masacre registrada en Chimalhuacán vuelve a confrontar ese discurso con una realidad mucho más dolorosa.

 

Ninguna estadística puede borrar el hecho de que tres personas fueron asesinadas en una reunión familiar. Ningún discurso puede devolverles la vida ni explicar por qué un hombre armado pudo acabar con ellas y escapar sin ser detenido en el momento.

 

Si bien este caso parece derivar de un conflicto entre particulares, también evidencia problemas de fondo que siguen sin resolverse: la facilidad con la que circulan armas de fuego, la persistente violencia letal y la incapacidad del Estado para garantizar que hechos de esta naturaleza sean prevenidos o que sus responsables enfrenten de inmediato a la justicia.

 

Cada crimen de alto impacto erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando desde el poder se insiste en hablar de éxito mientras las familias siguen enterrando a sus seres queridos, el contraste resulta inevitable y alimenta la percepción de una profunda desconexión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana.

 

La tragedia ocurrida en Chimalhuacán no es solo una carpeta de investigación más. Es un recordatorio de que la seguridad pública no puede medirse únicamente con cifras o conferencias de prensa. La verdadera evaluación la hacen los ciudadanos en las calles, en sus hogares y en los espacios donde deberían sentirse seguros. Y mientras episodios como éste continúen ocurriendo, cualquier narrativa triunfalista seguirá siendo puesta a prueba por una realidad que, lamentablemente, continúa escribiéndose con sangre.

 VIDEO EXHIBE A POLICÍAS DE CHIMALHUACÁN PIDIENDO

 DINERO A COMERCIANTES

 

*La sombra de la extorsión vuelve a alcanzar al gobierno de Morena

 

CHIMALHUACÁN, Estado de México, 25 de julio de 2026.- La llamada "Cuarta Transformación" prometió acabar con la corrupción y los abusos de autoridad. Sin embargo, un video difundido en redes sociales vuelve a exhibir una realidad completamente distinta en Chimalhuacán: un elemento de la Policía Municipal desciende de una patrulla oficial sobre la avenida Sindicalismo para recibir dinero de comerciantes ambulantes, una escena que ha provocado indignación entre la ciudadanía.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

La persona que graba el video desde su vehículo y cuestiona cómo es posible que un policía, cuyo salario es pagado con los impuestos de los ciudadanos, termine cobrando dinero a quienes apenas logran sostener sus pequeños negocios. A juicio del denunciante, la conducta observada tiene todas las características de un acto de extorsión.

 

Pero el escándalo no se limita al actuar del uniformado captado en video.

 

Desde hace tiempo circulan señalamientos públicos que apuntan hacia una presunta cadena de cobros ilegales dentro de la corporación policiaca. Esas acusaciones sostienen que existirían presiones económicas desde los altos mandos de la Comisaria de Seguridad Pública Municipal. Sin embargo, las autoridades competentes nunca han querido investigarlas.

 

Las denuncias mencionan directamente a la presidenta municipal morenista Xóchitl Flores Jiménez; al comisario de Seguridad Pública Municipal, Salvador Hernández Torrez; y al director operativo Arturo Hernández Ortega, con el indicativo "Centurión", quienes son señalados por denunciantes y policías municipales de formar parte de una estructura de exigencias económicas dentro de la corporación. Es decir, se trata de una red de corrupción profundamente arraigada en la institución. Que debería de estar encargada de proteger a los ciudadanos, pero es todo lo contrario.

 

Habitantes de Chimalhuacán también han denunciado reiteradamente abusos cometidos por policías, incluyendo robos de combustible de las patrullas, asaltos a ciudadanos y posibles vínculos de elementos policiacos con grupos delictivos. Estas denuncias, muy graves, requieren ser investigadas por las autoridades competentes para determinar el grado de responsabilidades de la alcaldesa, del comisario y del director operativo.

 

Es alarmante que otra vez un video que hoy circula en redes sociales, vuelva a poner en evidencia la crisis de confianza que enfrenta la Policía Municipal.

 

La administración encabezada por Xóchitl Flores Jiménez tiene ahora la obligación de explicar a la ciudadanía si los hechos captados corresponden a un caso aislado o si reflejan un problema institucional de corrupción dentro de la corporación policiaca.

 

Porque cuando un comerciante teme más a quien porta un uniforme que al delincuente común, la seguridad pública deja de cumplir su función esencial y se convierte en motivo de miedo.

 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los órganos internos de control y confianza, las autoridades competentes tendrían que investigar tanto la conducta captada en el video como los señalamientos públicos dirigidos contra Xóchitl Flores Jiménez, Salvador Hernández Torrez y Arturo Hernández Ortega ("Centurión"), a fin de determinar si existen responsabilidades administrativas o penales y, en su caso, sancionar conforme a derecho a quienes resulten responsables.

 

En un municipio golpeado por la inseguridad, la corrupción y la desconfianza, el silencio oficial frente a imágenes como estas sólo profundiza la percepción ciudadana de que quienes deberían combatir la extorsión terminan siendo señalados, precisamente, por prácticas que la ley castiga.

NEZAHUALCÓYOTL: EL REGRESO DEL VIEJO CHANTAJE POLÍTICO; FELIPE RODRÍGUEZ QUIERE CONVERTIR OTRA VEZ A MORENA EN BOTÍN

 

*El controvertido dirigente de la UPREZ busca nuevamente el poder, arrastrando un historial de señalamientos por presunto chantaje político y negociaciones que marcaron la vida pública de Nezahualcóyotl

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México.– Mientras Morena asegura que sus candidaturas se definirán mediante encuestas y procesos internos, en Nezahualcóyotl ha reaparecido uno de los personajes más controvertidos de la política mexiquense. Felipe Rodríguez Aguirre, dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), anunció que buscará participar en el proceso interno para obtener la candidatura a la presidencia municipal, siempre y cuando –afirmó– exista un procedimiento "democrático" y se respeten los resultados de las mediciones.

 

La declaración ha generado cuestionamientos debido a que Rodríguez Aguirre arrastra desde hace años una imagen severamente desgastada entre diversos sectores políticos y ciudadanos, quienes lo identifican como un dirigente que ha basado su poder en la movilización permanente y la presión política para negociar con los gobiernos en turno, siempre buscando sus veneficios personales.

 

Durante una conferencia de prensa, el líder de la UPREZ sostuvo que Morena debe actuar con transparencia y evitar decisiones alejadas de la voluntad de la militancia. También aseguró que respetará el resultado de las encuestas si otro aspirante resulta favorecido.

 

Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la percepción que existe sobre su trayectoria política. Rodríguez Aguirre afirmó que en anteriores procesos internos obtuvo resultados favorables en las encuestas para contender por la alcaldía de Nezahualcóyotl, una versión que nunca ha sido creída y mucho menos respaldada públicamente con información verificable.

 

Asimismo, prometió que, de llegar a competir, impulsaría un gobierno con mayor eficiencia en el gasto público, participación ciudadana y mejores obras para el municipio, además de criticar la actual administración por la falta de infraestructura de salud, proyectos urbanos y acciones para atender los problemas ambientales que persisten en el antiguo tiradero de Neza I.

 

No obstante, más allá del discurso, la figura de Felipe Rodríguez continúa ligada a múltiples señalamientos políticos que han marcado su ambiciosa carrera política.

 

Diversos liderazgos de Morena y ciudadanos lo consideran uno de los operadores de presión política más cuestionados del Estado de México. Entre las acusaciones que se le atribuyen se encuentra el presunto uso de estudiantes de instituciones vinculadas con la UPREZ para organizar marchas, bloqueos y plantones con el propósito de presionar a los gobiernos estatal y municipal y obtener recursos públicos mediante oscuras negociaciones políticas.

 

A ello se suma un episodio que durante años ha formado parte de la narrativa política de Nezahualcóyotl: la versión de que habría negociado con el entonces candidato perredista Juan Hugo de la Rosa la derrota electoral de su esposa, Eliza Nava Hernández, quien contendía por la presidencia municipal. De acuerdo con versiones ampliamente difundidas en el ámbito político local, esa negociación habría significado un beneficio económico de 50 millones de pesos.

 

En los círculos políticos también persisten versiones sobre conflictos personales al interior de su propio grupo, incluyendo señalamientos de que privilegiaba políticamente a colaboradoras cercanas por encima de su entonces esposa, Eliza Nava Hernández, situación que durante años fue motivo de comentarios dentro de la clase política local. Estas afirmaciones forman parte de versiones atribuidas al ámbito político y no constituyen hechos judicialmente acreditados.

 

Pese a ese historial de controversias, Rodríguez Aguirre insiste en que la UPREZ mantiene una alianza histórica con el movimiento fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que su intención es contribuir a la continuidad de la denominada Cuarta Transformación.

 

El problema para Morena no parece ser únicamente quién gane una encuesta, sino el mensaje político que enviaría si uno de sus personajes más controvertidos terminara encabezando la candidatura en uno de los municipios más importantes del Estado de México.

 

La eventual postulación de Felipe Rodríguez Aguirre reabriría un viejo debate en Nezahualcóyotl: si el partido gobernante privilegiará perfiles con respaldo ciudadano o permitirá el regreso de liderazgos cuya trayectoria ha estado acompañada de señalamientos públicos, movilizaciones de presión y controversias políticas que, durante años, han dividido a la vida pública del municipio.

 

En un momento en que Morena asegura combatir las prácticas del pasado, la posible candidatura de Rodríguez Aguirre representa una prueba de credibilidad para el partido. La decisión que adopte en Nezahualcóyotl será observada no sólo por su militancia, sino por una ciudadanía que exige procesos internos transparentes y candidatos con una trayectoria pública capaz de fortalecer, y no de debilitar, la confianza en las instituciones democráticas.

NAUCALPAN: CUANDO LA POLICÍA AGREDE A PERIODISTAS

 EN LUGAR DE COMBATIR AL CRIMEN

 

*Mientras la violencia golpea al municipio, uniformados son acusados de atacar a comunicadores que cubrían un hecho delictivo

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

NAUCALPAN, Estado de México, 24 de julio de 2026. Mientras la violencia sigue cobrando víctimas en Naucalpan, un nuevo episodio vuelve a colocar a la corporación policiaca en el centro de la polémica. Lo ocurrido la noche del jueves no solo representa una presunta agresión contra dos periodistas que realizaban su labor informativa, sino que también alimenta las dudas sobre las prioridades de quienes tienen la obligación de proteger a la ciudadanía.

 

De acuerdo con la denuncia difundida por Telediario MX, los reporteros Miguel Sarmiento y Leonardo Sánchez fueron golpeados por elementos de la policía municipal cuando daban cobertura a un homicidio ocurrido en el municipio.

 

Lejos de concentrar sus esfuerzos en preservar la escena del crimen y facilitar el trabajo de investigación, los uniformados habrían dirigido la fuerza contra quienes documentaban los hechos. La acusación es todavía más grave porque, además de la agresión física, se señala que los policías se apoderaron de teléfonos celulares y equipo de audio perteneciente a los comunicadores.

 

Si estos hechos se confirman, no se trataría únicamente de un abuso de autoridad, sino de posibles conductas delictivas cometidas por servidores públicos, quienes habrían utilizado el uniforme y el poder del Estado para intimidar a representantes de la prensa y despojarlos de sus herramientas de trabajo.

 

El episodio vuelve a exhibir un problema recurrente: corporaciones que muestran mayor firmeza frente a ciudadanos y periodistas que frente a quienes generan la violencia que diariamente golpea a Naucalpan. En un municipio donde los homicidios y otros delitos siguen siendo motivo de preocupación, resulta difícil entender que la respuesta policial termine enfocando toda su furia contra quienes documentan la realidad y no en quienes la provocan.

 

La administración del presidente municipal Isaac Montoya enfrenta ahora la obligación de aclarar lo ocurrido. El silencio institucional o la defensa automática de los elementos involucrados solo profundizarían la percepción de impunidad y de falta de control sobre la policía municipal.

 

Asimismo, corresponde al Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez realizar una investigación imparcial, identificar a los responsables y, en caso de acreditarse los hechos denunciados, ejercer acción penal por las agresiones y por el robo del equipo de los periodistas.

 

La libertad de prensa no puede quedar a merced del criterio de policías que, en lugar de garantizar condiciones para informar, son señalados de convertir la cobertura periodística en un riesgo adicional. Una democracia se debilita cuando quienes documentan la violencia terminan siendo víctimas de quienes deberían impedirla.

 

Si las acusaciones son ciertas, el problema no es únicamente la conducta de algunos uniformados, sino el mensaje que envía una corporación cuando la fuerza pública se utiliza para silenciar cámaras y micrófonos, mientras la delincuencia continúa operando en las calles. La exigencia ciudadana debe ser clara: una investigación transparente, sanciones ejemplares y una depuración de la policía municipal para evitar que hechos como éste vuelvan a repetirse.