LA REALIDAD DE LA NOTICIA

LA CAPTURA DE "EL KINO" DEJA A SAMUEL RÍOS Y NANCY  GÓMEZ SIN MARGEN POLÍTICO   *La captura de "El Kino" revive cues...

lunes, 13 de julio de 2026

LA CAPTURA DE "EL KINO" DEJA A SAMUEL RÍOS Y NANCY

 GÓMEZ SIN MARGEN POLÍTICO

 

*La captura de "El Kino" revive cuestionamientos sobre el gobierno de Nancy Gómez y coloca al diputado Samuel Ríos bajo una intensa presión política

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


SAN VICENTE CHICOLOAPAN, Estado de México, 13 de julio de 2026.- La detención de Marco Antonio Gómez Vargas, alias "El Kino", no representa únicamente un golpe contra un presunto operador criminal. También coloca bajo un intenso escrutinio público el legado político de la exalcaldesa morenista de San Vicente Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas, y de su esposo, el actual diputado local de Morena, Samuel Ríos Moreno.

 

Después de conocerse la captura de su hermano, Nancy Gómez difundió un video en el que sostiene que cada persona responde por sus propios actos y que ella no puede ser responsabilizada por las decisiones de terceros, aun cuando se trate de familiares. Esa afirmación es correcta: la responsabilidad penal es individual. Sin embargo, en política no basta con deslindarse mediante un mensaje en redes sociales. La ciudadanía también exige explicaciones sobre el entorno en el que se ejerció el poder.

 

Las autoridades identifican a "El Kino" como presunto jefe de plaza de un grupo delictivo, “La Familia Michoacana”, a partir de que su hermana tomo las riendas del ayuntamiento y, lo relacionan con otros objetivos prioritarios, además de señalar que enfrenta diversos procesos judiciales. La gravedad de esas imputaciones hace inevitable preguntarse cómo pudo consolidarse durante los años en que su hermana ocupó la Presidencia Municipal de Chicoloapan y por qué, si existían investigaciones en su contra, no fue detenido sino hasta después de que ella dejó el cargo.

 

Las dudas aumentan al recordar que, en enero de 2021, durante la captura de Bryan "N", alias "El Panqué", considerado entonces uno de los principales operadores del mismo grupo criminal, la Fiscalía mexiquense desplegó un grupo táctico especializado. De acuerdo a que en ese momento señalo la Institución, que policías municipales intentaron obstaculizar el operativo, un episodio que marcó profundamente la administración encabezada por la morenista Nancy Gómez y que nunca fue esclarecido de manera convincente ante la opinión pública.

 

A ello se suma el antecedente de la detención, en julio de 2023, de Alexis Gómez Vargas, alias "El Honda", otro hermano, “criminal” de la exalcaldesa, quien fue asegurado por agentes de la Fiscalía del Edomex y elementos del Ejército Mexicano cuando transportaba barios kilo de marihuana y armas de grueso calibre. Se sabe que en ese hecho intervino un influyente senador morenista de Texcoco quien ayudo al hermano de Nancy Gómez a salir bien librado del asunto. Luego el caso prácticamente desapareció del debate público, alimentando especulaciones y cuestionamientos sobre la actuación de las instituciones.

 

En este sentido, es importante puntualizar que el medio informativo: EXPEDIENTE SECRETO, de acuerdo a fuentes consultadas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguraron que “El Kino” seria detenido hasta que su hermana dejara el poder, debido a que estaba influyendo de manera directa para evitar que su hermano terminara en la cárcel.  

 

En este contexto, el video difundido por Nancy Gómez difícilmente puede cerrar la discusión. Por el contrario, abre nuevas preguntas sobre el ejercicio del poder, los mecanismos de control institucional y las responsabilidades políticas de quienes gobernaron Chicoloapan.

 

Pero la crisis no alcanza únicamente a la exalcaldesa. También golpea directamente al cuñado de “El Kino”, al diputado local Samuel Ríos Moreno, su posición política resulta cada vez más complicada. La ciudadanía tiene derecho a preguntarse qué conocía sobre el entorno familiar que hoy se encuentra bajo investigación y cuáles fueron las acciones que emprendió, pues es claro que existieron señales de alarma.

 

En política, la confianza pública se sostiene no sólo en la legalidad, sino también en la credibilidad. Cuando alrededor de una misma familia aparecen de manera reiterada detenciones, investigaciones y presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado, la exigencia de rendición de cuentas deja de ser una estrategia de oposición para convertirse en una obligación democrática.

 

Más allá de la responsabilidad penal que determinarán exclusivamente los tribunales, el costo político para Morena en Chicoloapan es profundo. La narrativa de combate a la corrupción y de transformación ética pierde fuerza cuando personajes cercanos a quienes ejercieron el poder terminan enfrentando acusaciones de esta magnitud.

 

Samuel Ríos Moreno enfrenta ahora un desafío que ningún discurso podrá resolver por sí solo. Permanecer en el cargo sin ofrecer explicaciones claras sólo profundiza el desgaste de su imagen y de la fuerza política que representa. La sociedad merece respuestas, transparencia y una investigación exhaustiva que esclarezca si durante aquellos años existieron omisiones institucionales o mecanismos de protección indebidos.

 

La captura de "El Kino" no cierra un capítulo; apenas comienza uno de los episodios más delicados para la vida política de Chicoloapan. Y mientras las investigaciones avanzan, las preguntas seguirán creciendo. Porque en democracia, la confianza se construye con hechos, no con deslindes difundidos en video.

sábado, 11 de julio de 2026

"EL KINO" EXHIBE LOS FILTROS DE MORENA; LA CAPTURA DEL HERMANO DE UNA EXALCALDESA SACUDE AL PARTIDO

 

*Mientras la justicia alcanza al presunto operador de La Familia Michoacana tras seis años prófugo, crecen los cuestionamientos sobre las candidaturas y los controles internos del partido en el Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


TOLUCA, Estado de México, 11 de julio de 2026.- Durante más de seis años, uno de los presuntos operadores de La Familia Michoacana logró mantenerse fuera del alcance de las autoridades. Cambió de identidad, se refugió en Chiapas e intentó escapar cuando finalmente fue ubicado. Sin embargo, la captura de Marco Antonio Gómez Vargas, alias "El Kino", no sólo representa un resultado para las corporaciones de seguridad; también reabre un debate político que Morena difícilmente podrá esquivar.

 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que, en coordinación con autoridades federales, logró detener a quien identifica como presunto jefe de plaza y generador de violencia, además de señalarlo como lugarteniente de "Osiris" y "El Tuerto", presuntos líderes de La Familia Michoacana en territorio mexiquense. El detenido también es requerido por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

 

PERO EL EXPEDIENTE NO TERMINA EN EL ÁMBITO CRIMINAL

 

"El Kino" es hermano de la expresidenta municipal morenista de Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas, quien en su momento reconoció públicamente ese parentesco al ser cuestionada por medios de comunicación. La captura vuelve inevitable una pregunta que desde hace años acompaña a la clase política mexiquense: ¿cómo es posible que personajes señalados por las autoridades como presuntos operadores de grupos criminales permanezcan durante años prófugos mientras sus familiares ocupan posiciones de poder?

 

La discusión adquiere una nueva dimensión porque el detenido también es cuñado del diputado local Samuel Ríos Moreno, quien ha expresado públicamente su intención de competir por la presidencia municipal de Chimalhuacán bajo las siglas de Morena.

 

En política no basta con la ausencia de responsabilidades penales. La confianza ciudadana también se construye a partir de la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad de los partidos para evitar que cualquier aspirante con vínculos familiares o políticos que generen dudas razonables deteriore su credibilidad.

 

Morena ha insistido en que aplicará filtros rigurosos para impedir el registro de perfiles cuestionados. Esa promesa cobra ahora especial relevancia. Si el partido pretende sostener un discurso de combate a la corrupción y de separación entre el poder político y las estructuras criminales, este caso será una prueba concreta de la consistencia de sus procesos internos.

 

No se trata de atribuir responsabilidades penales por parentesco, pues éstas son individuales y deben acreditarse conforme a la ley. Se trata de una exigencia política: que quienes aspiran a representar a la ciudadanía resistan el más alto nivel de escrutinio público y disipen cualquier duda sobre su entorno y sus relaciones.

 

La captura de "El Kino" también deja otra interrogante incómoda para las instituciones de seguridad: ¿cómo pudo permanecer prófugo durante más de seis años un objetivo considerado prioritario por las autoridades? Si era identificado como un presunto generador de violencia y operador de una organización criminal, resulta pertinente conocer qué factores permitieron que evitara la acción de la justicia durante tanto tiempo.

 

Hoy la detención representa un golpe contra una estructura criminal, pero también un recordatorio de que la lucha contra la delincuencia organizada no puede limitarse a los operativos policiales. La credibilidad institucional también depende de que los partidos políticos sean capaces de revisar con rigor a quienes buscan una candidatura y de responder con hechos, no sólo con discursos, a las exigencias de una sociedad cansada de que el crimen organizado y la política aparezcan una y otra vez en la misma conversación.

 

La captura de "El Kino" deja una pregunta que Morena tendrá que responder con decisiones, no con comunicados: ¿sus filtros internos serán realmente un mecanismo de depuración o volverán a convertirse en una promesa que termina cediendo ante los intereses políticos?

 

LINO "N": EL EXPEDIENTE QUE PONE A MORENA FRENTE A SU MAYOR CRISIS DE CREDIBILIDAD EN EL ESTADO DE MÉXICO

 

*Las preguntas ya no son quién cayó, sino quién lo protegió, quién lo nombró y quién permitió que operara desde una posición estratégica del Gobierno mexiquense

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


TOLUCA, Estado de México, 11 de julio de 2026.- La detención de Lino "N" no representa únicamente la caída de un funcionario estatal; representa el derrumbe del discurso de honestidad, combate a la corrupción y depuración institucional que Morena prometió al llegar al poder en el Estado de México. Hoy, el verdadero escándalo no es solamente que un coordinador regional sea investigado por presuntos vínculos con grupos criminales, sino que nadie dentro del Gobierno parece dispuesto a explicar cómo llegó hasta ahí.

 

Desde la tribuna del Congreso mexiquense, el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, hizo lo que hasta ahora ningún integrante del gabinete estatal había hecho: formular las preguntas que millones de mexiquenses esperan escuchar respondidas.

 

¿Quién autorizó la contratación de Lino "N"? ¿Quién lo recomendó? ¿Quién firmó su nombramiento? ¿Quién certificó que era un perfil confiable para representar al Gobierno en una de las regiones más conflictivas del Estado de México?

 

Las interrogantes son demoledoras porque exhiben una realidad incómoda: un funcionario de ese nivel no llega por accidente. No se trata de un empleado administrativo ni de un servidor público de bajo rango. Era un operador político con responsabilidades estratégicas dentro de la Secretaría General de Gobierno.

 

Por ello, el cuestionamiento alcanza inevitablemente al secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares. La responsabilidad política no desaparece con una detención. Si Lino "N" fue designado durante su administración, la sociedad tiene derecho a conocer quién avaló su ingreso, cuáles fueron los filtros aplicados y si existieron alertas que fueron ignoradas.

 

PORQUE CUALQUIERA DE LOS ESCENARIOS RESULTA ALARMANTE

 

Si nadie detectó antecedentes preocupantes, el Gobierno del Estado exhibe un sistema de control absolutamente ineficiente.

 

Pero si esos antecedentes existían y, aun así, fue promovido a un cargo de alta responsabilidad, el problema deja de ser administrativo para convertirse en un asunto de enorme gravedad política.

 

Más preocupante aún resulta el papel de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

 

Octavio Martínez no sólo cuestionó la actuación del fiscal José Luis Cervantes Martínez; habló de un presunto "desaseo institucional", una expresión que refleja el creciente desgaste de una institución que enfrenta constantes cuestionamientos por la lentitud con la que avanza en investigaciones de alto impacto político y por la percepción de que la justicia sigue siendo distinta dependiendo del nombre del investigado.

 

La exigencia de solicitar la intervención de la Fiscalía General de la República no es un gesto menor. Es, en los hechos, un voto de desconfianza hacia la capacidad de la Fiscalía mexiquense para investigar con independencia a funcionarios del propio poder.

 

LA LISTA DE INTERROGANTES TAMPOCO TERMINA CON LINO "N"

 

Desde la tribuna también se preguntó por qué el diputado federal Fernando Vilchis Contreras continúa sin enfrentar un proceso judicial pese a los señalamientos públicos que pesan en su contra y quién estaría impidiendo que las investigaciones avancen.

 

A ello se suma el caso de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, quien enfrenta un proceso legal en libertad por el presunto delito de secuestro simulado. Las investigaciones buscan determinar si fingió su desaparición para ocultar un presunto desfalco millonario en el ayuntamiento.

 

Casos como éste alimentan una percepción profundamente arraigada entre los ciudadanos: que en el Estado de México existen dos sistemas de justicia. Uno expedito y severo para el ciudadano común, y otro lento, permisivo y generoso cuando los investigados pertenecen a las estructuras del poder político.

 

La coincidencia entre estos expedientes comienza a dibujar un patrón que las autoridades ya no pueden seguir ignorando. Cuando funcionarios de alto nivel son detenidos, alcaldes enfrentan procesos penales sin prisión y otros personajes permanecen intocados pese a los señalamientos públicos, la confianza ciudadana se erosiona peligrosamente.

 

EL CASO LINO "N" TAMPOCO PODRÁ RESOLVERSE SACRIFICANDO ÚNICAMENTE A UN FUNCIONARIO

 

Si el Gobierno estatal pretende convencer a la opinión pública de que combate realmente la infiltración del crimen organizado, deberá responder preguntas concretas: quién lo nombró, quién lo protegió, quién supervisó su trabajo y por qué nadie detectó —o quiso detectar— las irregularidades que hoy forman parte de una investigación penal.

 

Porque la responsabilidad política no termina con una orden de aprehensión.

 

Empieza exactamente en el momento en que alguien decide abrirle las puertas del gobierno a un personaje que jamás debió ocupar un cargo público.

 

Y mientras esas respuestas sigan ausentes, cada silencio será interpretado como una forma de encubrimiento político y cada omisión seguirá debilitando la credibilidad de un gobierno que llegó prometiendo ser distinto, pero que hoy enfrenta el desafío de demostrar que la ley alcanza también a quienes forman parte de su propia estructura de poder.

jueves, 9 de julio de 2026

CERQUEDA PREMIA A POLICÍAS BAJO INVESTIGACIÓN POR PRESUNTA TORTURA

 

*Crece la indignación dentro de la corporación policial de Nezahualcóyotl

 

*Mientras el alcalde presume una policía ejemplar, uniformados denuncian que entre los galardonados figuran integrantes del área de Inteligencia

 

*Son señalados por presuntos actos de tortura y fabricación de delitos; la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Tortura ya conocen del caso

 

Por EXPEDIENTE SECRETO

 


NEZAHUALCÓYOTL, Méx.– Lo que el gobierno municipal pretendía presentar como una ceremonia para reconocer la labor policial terminó convirtiéndose en un nuevo foco de controversia para la administración del alcalde morenista Adolfo Cerqueda Rebollo.

 

La entrega de estímulos y recompensas a elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana provocó un profundo malestar al interior de la corporación, luego de que policías consultados señalaran que entre los galardonados se encuentran integrantes de la Coordinación de Inteligencia, grupo que enfrenta graves señalamientos por presuntos actos de tortura, abuso de autoridad e intento de fabricar delitos contra dos mujeres detenidas.

 

Durante la ceremonia, realizada en el auditorio del Plurinacional, ubicado en la colonia José Vicente Villada, Cerqueda aseguró que los reconocimientos corresponden al compromiso, la valentía y la vocación de servicio de los policías de Nezahualcóyotl.

 

"Este reconocimiento es un agradecimiento al trabajo que realizan todos los días para proteger a las familias de Nezahualcóyotl, mantener el orden y contribuir a la construcción de un municipio más seguro", afirmó el alcalde, quien sostuvo además que fortalecer a la corporación significa reconocer el esfuerzo, la disciplina y los resultados de quienes sirven "con honor y responsabilidad".

 

Sin embargo, el discurso oficial contrasta con la inconformidad expresada por numerosos elementos policiacos, quienes consideran ofensivo que se premie a integrantes de un grupo que se encuentra señalado en denuncias de enorme gravedad.

 

De acuerdo con los propios uniformados, varios de los policías reconocidos pertenecen a Inteligencia, área que opera bajo el mando de Francisco Michael Pérez Ramírez, titular de la Coordinación de Inteligencia Municipal, y de Juan Carlos Galeote Flores, segundo al mando de esa área.

 

ACUSACIONES DE EXTREMA GRAVEDAD

 

El caso que hoy persigue a esa unidad deriva de la detención de Ximena Ibarra Helu y Nicole Daniela Vega Helu, quienes denunciaron que, tras ser aseguradas, fueron trasladadas a un inmueble ubicado sobre la calle Caballo Bayo, a un costado del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl.

 

En sus declaraciones sostienen que dentro de esas instalaciones fueron sometidas durante varias horas a una serie de agresiones físicas y psicológicas.

 

Las denunciantes aseguran haber recibido golpes reiterados, métodos de asfixia y descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo, incluso en zonas íntimas, con el propósito de obligarlas a desbloquear sus teléfonos celulares y construir una acusación por delitos graves.

 

También afirmaron que durante el tiempo que permanecieron retenidas gritaron, pidieron auxilio y suplicaron que cesaran las agresiones, mientras diversos policías transitaban por el inmueble sin intervenir para detener los presuntos actos de violencia.

 

EL CASO YA LLEGÓ A DOS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS

 

La gravedad de las acusaciones obligó al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl a ordenar que se diera vista tanto a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción como a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura.

 

Esa determinación quedó formalmente acreditada mediante el informe rendido por el agente del Ministerio Público Jorge Ambrosio González Rocha, quien comunicó al órgano jurisdiccional el cumplimiento de la orden judicial.

 

En el documento se establece que el 10 de mayo de 2026 fue iniciada la carpeta de investigación NEZ/NEZ/NZ3/062/125518/26/05 por la posible comisión de hechos delictivos en agravio de Ximena Ibarra Helu y Nicole Daniela Vega Helu.

 

Posteriormente, el 14 de mayo, dicha investigación fue remitida a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde quedó bajo conocimiento del Ministerio Público Missael Morales Gálvez.

 

Asimismo, el 18 de mayo de 2026 fue remitido el desglose correspondiente a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, donde se inició una nueva carpeta identificada con el número TOL/CCF/FTT8107/136254/26/05, a cargo del Ministerio Público Félix Alejandro Gómez Montoya.

 

La existencia de ambas carpetas confirma que las denuncias trascendieron el ámbito administrativo y actualmente son materia de investigación por autoridades ministeriales especializadas.

 

RECONOCIMIENTOS BAJO LA SOMBRA

 

La decisión del gobierno municipal de entregar estímulos económicos y reconocimientos públicos a integrantes del área de Inteligencia, mientras existen investigaciones abiertas derivadas de denuncias por presunta tortura, ha generado severas críticas dentro y fuera de la corporación.

 

Policías consultados consideran que el mensaje enviado por la administración municipal resulta contradictorio, pues mientras las autoridades estatales analizan posibles responsabilidades penales, el Ayuntamiento optó por distinguir públicamente a integrantes del mismo grupo operativo.

 

Para numerosos elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, la ceremonia dejó de representar un reconocimiento al trabajo policial para convertirse en un acto que, lejos de fortalecer la confianza ciudadana, profundiza las dudas sobre los mecanismos internos de evaluación, supervisión y rendición de cuentas dentro de la policía municipal de Nezahualcóyotl.

 

La polémica ahora alcanza directamente al gobierno de Adolfo Cerqueda, cuya administración enfrenta cuestionamientos sobre la oportunidad y el criterio con el que decidió premiar a elementos pertenecientes a un grupo cuyos mandos y actuaciones se encuentran bajo el escrutinio de las autoridades ministeriales y judiciales.

ECATEPEC: DOS CADÁVERES EMBOLSADOS EXHIBEN EL FRACASO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE MORENA

 

*Mientras el gobierno de Delfina Gómez presume una reducción de homicidios, la violencia vuelve a colocar a Ecatepec en el centro de la crisis de inseguridad del Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


ECATEPEC, Estado de México, 9 de julio de 2026.- Ayer martes, la población otra vez la población se conmociono, con la aparición de dos hombres ejecutados, envueltos en bolsas de plástico y abandonados en distintos puntos de Ecatepec, el terrorífico hallazgo, volvió a exhibir la enorme distancia entre el discurso oficial y la realidad que enfrentan diariamente millones de mexiquenses.

 

Mientras la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el secretario general de Gobierno Horacio Duarte Olivares, el fiscal general José Luis Cervantes Martínez y el secretario de Seguridad estatal Cristóbal Castañeda Camarillo, insisten en conferencias de prensa y actos públicos en presumir supuestos avances en materia de seguridad, las calles del Estado de México siguen convirtiéndose en escenarios de ejecuciones, abandono de cadáveres y violencia extrema.

 

El primer hallazgo ocurrió en un lote baldío de la avenida Texcoco, en la colonia Lomas de San Carlos, donde vecinos reportaron un bulto sospechoso. Policías municipales confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre de entre 30 y 35 años de edad, envuelto en una bolsa de plástico negra, amarrado con cinta canela y con visibles huellas de estrangulamiento.

 

Horas después, un segundo cadáver fue localizado sobre la calle Urano, en la colonia Media Luna. La víctima también estaba envuelta en una bolsa de plástico negra y presentaba signos evidentes de violencia, además de una herida de arma de fuego en la cabeza.

 

Ambos casos son “investigados” por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para determinar si existe relación entre ellos. Sin embargo, para miles de ciudadanos la investigación llega después de que el crimen ya consumó otro golpe contra la seguridad pública.

 

Los dos homicidios representan un nuevo revés para la narrativa del gobierno estatal, que de manera constante sostiene que los delitos de alto impacto van disminuyendo. La percepción ciudadana, sin embargo, parece contar otra historia: cuerpos abandonados en la vía pública, ejecuciones cada vez más violentas y comunidades que viven bajo el temor permanente.

 

En Ecatepec, además, el silencio de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss resulta políticamente costoso. La administración municipal enfrenta crecientes cuestionamientos sobre la efectividad de sus políticas de prevención del delito y sobre la capacidad de sus cuerpos de seguridad para contener la violencia que continúa golpeando al municipio.

 

A ello se suma que diversos sectores sociales y políticos han cuestionado públicamente fotografías y videos difundidos en el pasado donde la presidenta municipal aparecía con personas posteriormente señaladas en investigaciones relacionadas con actividades delictivas.

 

La pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde están los trabajos de inteligencia?, ¿qué resultados concretos están ofreciendo las mesas de coordinación para la construcción de la paz?, ¿por qué continúan apareciendo víctimas ejecutadas y abandonadas en plena vía pública si la estrategia oficial asegura estar funcionando?

 

Más allá de los discursos, las cifras o las conferencias de prensa, la realidad termina imponiéndose. Cada cuerpo abandonado representa no sólo una investigación pendiente, sino también un recordatorio de que la estrategia de seguridad continúa siendo insuficiente para garantizar la tranquilidad de los mexiquenses.

 

Porque mientras el gobierno estatal siga privilegiando la narrativa del éxito sobre la rendición de cuentas, y mientras las autoridades municipales no ofrezcan resultados verificables frente a la violencia, la credibilidad de sus instituciones continuará deteriorándose. La ciudadanía no demanda más discursos triunfalistas; exige seguridad, resultados y justicia.

miércoles, 8 de julio de 2026

XTAPALUCA: POLICÍAS IRRUMPEN EN ESCUELA, GOLPEAN A MAESTROS

 Y PADRES; ARVIZU GUARDA SILENCIO

 

*Operativo sin explicación oficial, presuntas detonaciones, uso de gas lacrimógeno y denuncias por abuso de autoridad reavivan el historial de mandos policiacos vinculados al Operativo Enjambre

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


IXTAPALUCA, Estado de México, 8 de julio de 2026.- En un hecho que ha desatado indignación entre la comunidad educativa y reavivado las denuncias por abuso de autoridad en Ixtapaluca, elementos de la Policía Municipal ingresaron de manera violenta a la Unidad Pedagógica y Cultural "Celestin Freinet", ubicada en la colonia 20 de Noviembre, provocando enfrentamientos con maestros, padres de familia y personal administrativo, mientras decenas de alumnos permanecían al interior del plantel.

 

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 7 de julio y ya derivaron en denuncias por el presunto uso excesivo de la fuerza pública, además de un bloqueo sobre la autopista México-Puebla encabezado por padres de familia y docentes que exigieron justicia y el castigo a los responsables.

 

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, los uniformados irrumpieron en las instalaciones educativas con la intención de detener a directivos que presuntamente estarían relacionados con una investigación por un supuesto caso de abuso contra una alumna. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha informado oficialmente la existencia de una orden de aprehensión, una orden de cateo o el sustento jurídico que justificara el ingreso de los policías al centro escolar.

 

La intervención ocurrió cuando todavía había estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria dentro de las instalaciones, situación que generó pánico entre alumnos, maestros y padres de familia.

 

Videos difundidos ampliamente en redes sociales muestran a elementos municipales forcejeando y golpeando a profesores y padres de familia que intentaban impedir el ingreso de los uniformados. En otras grabaciones también se escuchan diversas detonaciones de arma de fuego, cuyo origen no ha sido aclarado oficialmente. Testigos sostienen que los disparos habrían sido realizados por policías municipales.

 

La propia institución educativa denunció los hechos mediante un comunicado en el que calificó el operativo como una grave violación a la integridad de la comunidad escolar.

 

Según el documento, maestros fueron detenidos de forma arbitraria y se empleó un uso desproporcionado de la fuerza pública. Además, denunciaron agresiones físicas y verbales contra docentes, personal administrativo, trabajadores de intendencia, padres de familia y vecinos.

 

También acusaron a los policías municipales de utilizar gas lacrimógeno, realizar detonaciones con sus armas de cargo y causar daños al mobiliario y a la infraestructura del plantel.

 

Para la comunidad educativa, el operativo no solamente representó una agresión contra los trabajadores de la institución, sino un atentado contra la seguridad de cientos de menores de edad que se encontraban dentro de la escuela al momento de la irrupción.

 

Como respuesta, padres de familia, docentes y personal administrativo bloquearon durante varias horas la autopista México-Puebla, en dirección hacia la Ciudad de México, generando importantes afectaciones viales y exigiendo justicia, respeto a los derechos humanos y el esclarecimiento inmediato de los hechos.

 

El caso revive además los antecedentes de la corporación policiaca de Ixtapaluca.

 

Durante el denominado Operativo Enjambre fueron detenidos Rodolfo "N" y Roberto "N", mandos de la Policía Municipal, quienes posteriormente fueron vinculados a proceso por una jueza de control del Estado de México al considerar que existían elementos suficientes para procesarlos por el delito de secuestro exprés agravado en agravio de comerciantes y empresarios.

 

Lejos de representar un hecho aislado, lo ocurrido en la Unidad Pedagógica y Cultural "Celestin Freinet" vuelve a colocar bajo severo cuestionamiento el desempeño de la Policía Municipal y de sus mandos.

 

Hasta el momento, el presidente municipal morenista, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, no he emitido una postura pública sobre un operativo que terminó con maestros golpeados, denuncias de abuso policial, detonaciones de arma de fuego y menores expuestos a una situación de alto riesgo dentro de un centro educativo.

 

En cualquier administración comprometida con la legalidad y la rendición de cuentas, un episodio de esta magnitud obligaría, al menos, a la separación del cargo del comisario de la Policía Municipal, Jacinto Ramos Bonilla, y del director de Seguridad

Ciudadana, Juan Antonio Soberanes, mientras se desarrolla una investigación independiente que determine responsabilidades administrativas y penales.

 

Resulta igualmente cuestionable que Ixtapaluca mantenga simultáneamente un director de Seguridad Ciudadana y un comisario de Seguridad Pública, una estructura que, lejos de traducirse en mejores resultados para la población, continúa acumulando señalamientos por presuntos abusos contra ciudadanos.

 

La principal interrogante sigue sin respuesta: ¿con qué fundamento legal puede una corporación policiaca ingresar por la fuerza a una escuela donde hay menores de edad, sin informar públicamente la existencia de una orden judicial? Esa explicación corresponde ofrecerla al gobierno municipal.

martes, 7 de julio de 2026

CERQUEDA, PREMIADO ENTRE LAS DUDAS DE SEGURIDAD

 

*Mientras el alcalde es designado representante del Estado de México en materia de seguridad, persisten denuncias de presuntas torturas, la captura de un policía municipal por delitos contra la salud y reportes federales que mantienen bajo escrutinio a la estructura policial del municipio

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


TOLUCA, Estado de México, 7 de julio de 2026.- En política, los nombramientos suelen enviar mensajes. El designar al presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, como representante del Estado de México ante la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal debería interpretarse como un reconocimiento al desempeño institucional de su administración. Sin embargo, la realidad que enfrenta la policía municipal de Nezahualcóyotl plantea una interrogante de enorme interés público: ¿bajo qué indicadores fue seleccionado un municipio cuya corporación permanece envuelta en denuncias, investigaciones ministeriales y reportes de inteligencia federal?

 

La designación se realizó durante la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con la presencia de la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, además de representantes de los tres órdenes de gobierno.

 

En su mensaje, Cerqueda Rebollo aseguró que el cargo permitirá intercambiar estrategias y fortalecer la coordinación para ofrecer mejores resultados en materia de seguridad.

 

No obstante, una revisión de los acontecimientos registrados en Nezahualcóyotl durante los últimos meses muestra un escenario muy distinto al discurso institucional.

 

UN INMUEBLE SEÑALADO POR PRESUNTAS TORTURAS

 

Uno de los casos más delicados es el relacionado con las instalaciones utilizadas por el Sistema de Información Criminal (SIC), ubicadas en la calle Caballo Bayo.

 

De acuerdo con las denuncias presentadas por Ximena Ibarra Helu y Nicole Daniela Vega Helu, ambas detenidas el 4 de mayo pasado, dentro de ese inmueble habrían sido sometidas presuntamente a golpes, asfixia y descargas eléctricas, incluso en zonas íntimas.

 

Según sus testimonios, el objetivo era obligarlas a desbloquear sus teléfonos celulares y obtener información que fortaleciera una investigación penal.

 

Las denunciantes señalaron a integrantes del grupo de inteligencia municipal y mencionaron a Francisco Michael Pérez Ramírez, coordinador de esa área, como uno de los presuntos responsables de los hechos. Esas acusaciones deberán ser investigadas y resueltas por las autoridades judiciales competentes.

 

De acreditarse dichas denuncias, el caso trascendería la responsabilidad individual y abriría la discusión sobre posibles fallas en los mecanismos internos de supervisión y control de la corporación.

 

UN POLICÍA DETENIDO CON ARMAS Y PRESUNTA DROGA

 

El 26 de junio, elementos de la Policía de Investigación realizaron un cateo en un inmueble de la colonia Benito Juárez.

 

En el lugar fue detenido César Damián "N", quien se identificó como policía municipal en activo adscrito al Sector 8 Metropolitano.

 

Durante el operativo fueron aseguradas armas de fuego, cargadores, cartuchos calibre .40, chalecos balísticos, uniformes con insignias oficiales y cientos de dosis de una sustancia con características de metanfetamina, además de bolsas utilizadas presuntamente para su distribución.

 

El caso volvió a exhibir una preocupación recurrente: los riesgos que representa la infiltración de servidores públicos en actividades ilícitas y la necesidad de fortalecer los controles de confianza dentro de las instituciones policiales.

 

LOS REPORTES DE INTELIGENCIA FEDERAL

 

A estos acontecimientos se suman informes de inteligencia elaborados por autoridades federales que, según diversas fuentes oficiales, documentan la operación de una presunta estructura criminal en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl.

 

Esos reportes refieren posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sostienen que la organización habría buscado construir una red de protección institucional para facilitar actividades como extorsión y narcomenudeo.

 

Dentro de esos documentos se menciona a José Jorge Amador Amador, conocido como "El Doctor" o "La Jirafa", quien fue director de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl por más de una década y posteriormente asesor de seguridad en el municipio de Ecatepec, “El Doctor” o “La Jirafa”, debería de ser una persona cuya gestión debería ser motivo de análisis por estar presuntamente relacionadas con investigaciones criminales.

 

Asimismo, los informes hacen referencia a la presunta permanencia de mandos policiales nombrados durante administraciones anteriores. Tales señalamientos forman parte de líneas de investigación y deberán ser corroborados mediante los procedimientos legales correspondientes.

 

EL PESO POLÍTICO DEL NOMBRAMIENTO

 

Más allá del protocolo, el nombramiento de Cerqueda Rebollo tiene una dimensión política.

 

Quien representa al Estado de México ante la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal se convierte en uno de los interlocutores de los gobiernos municipales frente a la Federación y los estados.

 

Por ello, la decisión inevitablemente será evaluada a la luz de los resultados en materia de seguridad de Nezahualcóyotl y de la capacidad de su administración para responder a las denuncias e investigaciones que pesan sobre distintas áreas de la corporación.

 

En cualquier democracia, la confianza ciudadana en las instituciones policiales depende no de los reconocimientos oficiales, sino de la transparencia, la rendición de cuentas y el esclarecimiento puntual de las denuncias.

 

Mientras existan investigaciones abiertas, denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos y expedientes relacionados con elementos de la propia corporación, el debate sobre la pertinencia de este nombramiento permanecerá abierto. La principal exigencia social no es la entrega de representaciones honoríficas, sino la certeza de que quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad pública actúan con legalidad, profesionalismo y pleno respeto a los derechos humanos.

lunes, 6 de julio de 2026

EJECUCIÓN FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EXHIBE EL FRACASO DE LA SEGURIDAD DE MARTHA GUERRERO

 

*Otro ataque armado sin detenidos revive los cuestionamientos contra la estrategia policiaca del gobierno de Los Reyes La Paz y aumenta la presión para que las autoridades investiguen el crecimiento de la violencia y la extorsión

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 6 de julio de 2026.- La estrategia de seguridad que la alcaldesa morenista Martha Guerrero presume como un modelo basado en inteligencia policial vuelve a quedar desmentida por la realidad. Mientras el gobierno municipal insiste en destacar la conformación de un grupo especializado de inteligencia, las ejecuciones continúan, la violencia se recrudece y la ciudadanía sigue atrapada entre el miedo y la impunidad.

 

Los hechos más recientes ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado 5 de julio, cuando Eleazar González García, de 48 años de edad, fue ejecutado a balazos frente al bar El Paraíso, ubicado en la calle Libertad número 63, colonia Los Reyes Centro, a escasos 200 metros del Palacio Municipal. Su hijo, José Armando González Herrada, de 24 años, resultó gravemente herido y permanece hospitalizado debatiéndose entre la vida y la muerte.

 

De acuerdo con la información disponible, padre e hijo permanecían en el acceso del establecimiento cuando dos sujetos armados llegaron a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra para después escapar sin ser detenidos.

 

Durante las diligencias periciales, en la escena del crimen fueron localizados 12 casquillos percutidos calibre 9 milímetros, evidencia que da cuenta de la violencia con la que fue perpetrado el ataque y de la capacidad de los agresores para actuar y huir sin enfrentar resistencia alguna por parte de las autoridades.

 

Mientras fuentes oficiales sostienen que ambas víctimas trabajaban como porteros del establecimiento, personas que se encontraban en el lugar afirman que eran los propietarios del negocio y que el ataque habría estado relacionado con una presunta negativa a pagar extorsiones.

 

El comando armado ejecutó el ataque con múltiples disparos prácticamente frente a la sede del gobierno municipal y logró escapar sin que la policía realizara detenciones. El caso vuelve a exhibir las graves deficiencias operativas de una corporación que presume inteligencia, pero que no logra prevenir delitos de alto impacto ni capturar a quienes los cometen.

 

El fracaso de esa estrategia alcanza directamente a la administración de Martha Guerrero y a los principales responsables de la seguridad pública: el comisario Eduardo Fouilloux; el director operativo de Seguridad Ciudadana, Isaías Ramírez Leal; y el encargado del despacho del área de Inteligencia, Miguel Ángel Cisneros Mancilla. Los resultados de su gestión son motivo de fuertes cuestionamientos debido al incremento de hechos violentos y a la ausencia de resultados visibles en materia de prevención e investigación.

 

Las preguntas son inevitables: ¿de qué ha servido el grupo de inteligencia del que tanto presume el gobierno municipal? ¿Cómo es posible que un ataque armado con al menos doce disparos ocurra en pleno centro del municipio, a unos metros del Palacio Municipal, y que los responsables huyan sin dejar rastro? ¿Por qué, pese a la persistencia de estos hechos, los responsables de la seguridad permanecen en sus cargos?

 

Habitantes de Los Reyes La Paz sostienen que la percepción de inseguridad ha aumentado desde el inicio de la actual administración. Empresarios, comerciantes y vecinos también denuncian que la extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas para la actividad económica del municipio.

 

Diversos sectores sociales han expresado preocupación por el crecimiento de la presencia del grupo criminal conocido como "Sindicato 22 de Octubre". En ese contexto han surgido cuestionamientos públicos sobre el papel de las autoridades municipales y sobre la influencia política que ejerce Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa, en las decisiones del gobierno local y su presunta relación de amistad con el líder del grupo delictivo, Héctor Becerril.

 

Corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investigar cualquier posible relación entre organizaciones criminales y servidores públicos. Hasta ahora no existe una resolución judicial que acredite responsabilidades de funcionarios municipales en esos hechos, sin embargo, todo mundo sabe que el incremento de las extorsiones están relacionadas con la complicidad de las autoridades locales.

 

A ello se suma la denuncia constante de ciudadanos y periodistas, quienes afirman que policías municipales intentan impedir la toma de fotografías o videos durante hechos violentos, situación que, de confirmarse, representaría un intento por limitar el registro público de la violencia en lugar de enfrentar sus causas.

 

Los doce casquillos percutidos abandonados sobre el pavimento no sólo forman parte de la evidencia pericial. También simbolizan el tamaño del desafío que enfrenta un municipio donde las promesas de inteligencia policial contrastan con una realidad marcada por homicidios, ataques armados e impunidad. Mientras las autoridades mantienen el discurso de que la estrategia funciona, los habitantes de Los Reyes La Paz siguen esperando resultados que, hasta ahora, no llegan.