EL MAQUILLAJE ESTADÍSTICO NO FRENA LA EMBESTIDA LOCAL
CONTRA LA PRENSA EN EL EDOMEX
*Mientras el gobierno estatal maquilla cifras de cara a los
comicios, alcaldías oficialistas como Los Reyes La Paz desatan agresiones y
hostigamiento contra la prensa independiente ante el silencio cómplice de
Delfina Gómez
Por: EXPEDIENTE SECRETO
Mientras el Mecanismo para la Protección Integral de
Periodistas se limita a reportar la burocratización de casos mediante
"planes integrales", la realidad en los municipios es una de asedio constante.
El boletín gubernamental intenta colgarse medallas al citar que atiende casos
en municipios clave; sin embargo, lo que realmente expone es la geografía de la
violencia institucional en el Estado de México.
En Naucalpan, las supuestas medidas de protección resultan
ridículas frente a hechos recientes donde periodistas de investigación y
corresponsales de televisión abierta han sido agredidos físicamente y
despojados de sus herramientas de trabajo por la propia policía local al dar
cobertura a hechos delictivos. El mapa del riesgo se extiende alarmantemente a
zonas con crecientes índices de criminalidad institucional como Nezahualcóyotl,
Chimalhuacán, Chalco, Valle de Bravo, Zumpango y demarcaciones del Valle de
Toluca. En la gran mayoría de estos puntos, las carpetas de investigación abiertas
ante el Mecanismo no se deben a factores externos, sino al abuso de autoridad,
amenazas directas y bloqueos informativos orquestados por policías municipales
y funcionarios locales que se incomodan ante la critica informativa.
Un ejemplo crítico de esta crisis de impunidad partidista se
vive en Los Reyes La Paz, de la mano de la alcaldesa morenista Martha Guerrero,
donde empleados de la Dirección de Gobierno protagonizaron hace unos meses
ataques violentos contra periodistas locales que daban cobertura a las
problemáticas del municipio. A esta embestida se suman actores fácticos del
poder local: Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa y quien carece
de un cargo formal en el ayuntamiento, ha utilizado de manera sistemática los
espacios públicos para amedrentar a reporteros. En un discurso que busca
sembrar odio hacia la labor informativa, Lagos Buenabad ha tachado de
"amarillistas" y operadores de "desinformación" a los
comunicadores que documentan las fallas administrativas y los asesinatos
violentos que se han convertido en el pan de cada día en la localidad, intentando
coartar el ejercicio de la verdad con señalamientos y estigmatizaciones
públicas.
Ante estos atropellos y la evidente hostilidad de las
autoridades municipales de Morena y de oposición hacia la prensa, la
Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha mantenido un silencio absoluto. Lejos de
intervenir en favor del gremio o de exigir que se sancionen las conductas de
sus correligionarios, la inacción del gobierno estatal no hace sino otorgar una
aprobación implícita a la violencia y el acoso en contra del periodismo
crítico. Los pomposos números de asistencia, la entrega de botones de pánico y
las mesas de diálogo que presume el Mecanismo de Protección son simples curitas
inoperantes mientras el propio núcleo en el poder siga siendo el principal
promotor de la intolerancia informativa en el Estado de México.
LA URGENTE NECESIDAD DE UN MECANISMO AUTÓNOMO: PROPUESTAS PARA
UNA PROTECCIÓN REAL
Para que el Mecanismo de Protección deje de ser un órgano de
simulación subordinado a la Consejería Jurídica del Ejecutivo y condicionado
por la agenda política del gobierno en turno, el gremio periodístico y las
organizaciones civiles exigen una reestructuración integral basada en cuatro
ejes fundamentales:
Autonomía constitucional y presupuestaria: El Mecanismo debe
transformarse en un órgano constitucional autónomo, con un presupuesto propio
blindado y asignado directamente por el Congreso del Estado de México. Esto
evitará que sus recursos e incentivos dependan del humor o la aprobación de la
Secretaría de Finanzas o de la oficina de la Gubernatura.
Gobierno con mayoría de la sociedad civil: La Junta de
Gobierno no debe estar controlada ni presidida por funcionarios del gabinete
estatal. La mayoría de los asientos con derecho a voto deben pertenecer a
periodistas independientes en activo, colectivos de derechos humanos y
académicos. Las dependencias gubernamentales (como la FGJEM o la Secretaría de
Seguridad) deben participar únicamente como entes ejecutores de las medidas dictadas
por la junta, no como jueces y partes.
Mecanismos sancionatorios contra funcionarios agresores: El
nuevo diseño del Mecanismo debe poseer facultades para dar vista directa a
órganos de control interno y promover la inhabilitación inmediata de alcaldes,
directores de área o policías municipales que obstruyan, amenacen o agredan a
la prensa. No se puede proteger al periodista si el Mecanismo carece de dientes
para castigar al funcionario agresor.
Transparencia e indicadores de riesgo independientes: El diagnóstico
de riesgo de un periodista no debe realizarse bajo las metodologías
burocráticas del gobierno. Se requiere un comité técnico ciudadano que evalúe
los mapas de riesgo en el Edomex en tiempo real, emitiendo alertas públicas
tempranas y transparentando el estatus real de las medidas aplicadas,
eliminando así el uso de las cifras de protección como simples medallas de
propaganda electoral.
