MORENA FRENA CANDADO CONTRA EL NARCO EN EL CONGRESO MEXIQUENSE

 

*La “Bancada Guinda” rechaza propuesta para impedir que aspirantes con presuntos vínculos criminales lleguen al poder; el caso de Samuel Ríos vuelve a encender las alarmas

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 12 de mayo de 2026.- Mientras el discurso oficial de Morena insiste en combatir la corrupción y cerrar el paso al crimen organizado, en el Congreso mexiquense ocurrió exactamente lo contrario: la mayoría morenista rechazó una propuesta que buscaba impedir que personas con presuntos vínculos con grupos criminales pudieran contender por cargos de elección popular en el Estado de México.

 

La iniciativa fue presentada por la diputada de Ruth Salinas, integrante de Movimiento Ciudadano, quien propuso incorporar a la Constitución local un requisito elemental: que cualquier aspirante a diputaciones, alcaldías o regidurías declarara, bajo protesta de decir verdad, no tener nexos con el crimen organizado, narcotráfico o terrorismo.

 

Además, la propuesta contemplaba que las autoridades electorales pudieran solicitar información a la Fiscalía para verificar posibles vínculos delictivos de los candidatos.

 

Sin embargo, la reserva a los artículos 40, 68 y 119 de la Constitución mexiquense fue sepultada por la mayoría de Morena sin argumentos sólidos, jurídicos o políticos, evidenciando que para el partido gobernante resulta más cómodo blindar intereses que transparentar candidaturas.

 

Durante su intervención, Ruth Salinas fue contundente: “La lucha contra el crimen organizado no puede quedarse en discursos”. Pero en el Congreso local el mensaje fue otro: cuando se trata de tocar intereses políticos, Morena prefiere cerrar filas antes que abrir expedientes.

 

El rechazo de la reforma volvió a poner bajo la lupa al diputado morenista Edgar Samuel Ríos Moreno, presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales y Desarrollo Democrático, quien fue uno de los principales opositores a la propuesta.

 

Samuel Ríos representa al distrito de Chimalhuacán-Chicoloapan y es esposo de la exalcaldesa morenista Nancy Gómez Vargas, personaje cuya familia ha estado envuelta desde hace años en escándalos relacionados con presuntos vínculos criminales.

 

En junio de 2023 fue detenido en Texcoco Alexis Gómez Vargas, alias “El Honda”, hermano de la entonces alcaldesa, por presunta posesión de armas y drogas. De acuerdo con reportes, el sujeto intentó identificarse como familiar directo de la presidenta municipal para evitar su detención ante policías y elementos del Ejército.

 

Pero el caso más delicado es el de Marco Antonio Gómez Vargas, alias “El Kino”, otro hermano de Nancy Gómez Vargas y cuñado del diputado Samuel Ríos. El sujeto permanece prófugo y es buscado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por su presunta participación en un homicidio ocurrido en 2020, además de ser señalado como posible operador de una célula de La Familia Michoacana.

 

Diversas investigaciones apuntan que, tras la captura de Brayan “N”, alias “El Panqué”, “El Kino” habría asumido el control de operaciones criminales en Chicoloapan.

 

Pese a ello, Morena ha evitado pronunciarse con firmeza sobre el tema, mientras personajes cercanos al grupo político continúan ocupando posiciones de poder y control legislativo.

 

En los pasillos políticos mexiquenses el señalamiento ya no es menor: ¿por qué Morena rechazó una reforma que únicamente pedía transparencia y revisión de antecedentes para quienes buscan gobernar?

 

La contradicción se vuelve todavía más evidente frente a las declaraciones recientes de la presidenta de Morena a nivel Nacional, Ariadna Montiel, quien durante el pasado Congreso Nacional de Morena aseguró que ninguna persona con señalamientos de corrupción o vínculos criminales debería ser postulada, incluso si ganaba encuestas internas.

 

“Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción o tiene vínculos con criminales, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato”, afirmó.

 

Hoy, esas palabras chocan de frente con la actuación de la bancada morenista en el Estado de México, donde diputados decidieron bloquear una reforma que precisamente buscaba impedir la infiltración del crimen organizado en la vida pública.

 

La ciudadanía mexiquense observa con creciente desconfianza cómo Morena se niega a establecer filtros básicos para sus propios cuadros políticos, mientras personajes cuestionados continúan acumulando poder bajo el amparo del partido gobernante.

MAPA CRIMINAL EXHIBE PRESUNTA PROTECCIÓN DE MORENA Y EL PVEM A SINDICATOS LIGADOS A EXTORSIÓN EN EL EDOMEX

*La Fiscalía mexiquense reconoce tener identificados a más de 20 grupos criminales, pero continúan operando con impunidad; crecen señalamientos contra funcionarios y gobiernos ligados a Morena por presuntos vínculos y encubrimiento político

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 11 de mayo de 2026.- El reciente “mapa criminal” presentado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no solo confirma lo que millones de mexiquenses denuncian desde hace años: que el crimen organizado domina amplias regiones de la entidad; también deja al descubierto el tamaño del fracaso político del gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez, quien ha preferido guardar silencio frente a los presuntos vínculos entre operadores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y organizaciones criminales disfrazadas de sindicatos.

 

Porque mientras la Fiscalía asegura tener plenamente identificados a más de 20 grupos criminales, sus zonas de operación, sus actividades ilícitas y hasta sus estructuras de control territorial, la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué continúan operando con absoluta impunidad?

 

La respuesta parece encontrarse en la protección política. Y es ahí donde el gobierno de Delfina Gómez queda severamente cuestionado.

 

Lejos de emprender una limpia profunda dentro de Morena y de los gobiernos municipales señalados por sus presuntos nexos con estas estructuras, la mandataria mexiquense ha optado por el silencio, el encubrimiento político y la simulación institucional.

 

Uno de los casos más graves es el del llamado Sindicato 22 de Octubre, organización señalada por la propia Fiscalía por presuntos delitos relacionados con extorsión, control territorial, invasión de predios y presión contra comerciantes y transportistas.

 

Sin embargo, el líder de esta agrupación en Chalco —hoy encarcelado— no surgió de la clandestinidad ni del anonimato criminal: era regidor emanado del Partido Verde Ecologista de México, aliado político de Morena en el Estado de México.

 

Es decir, mientras el gobierno estatal hablaba de combate al crimen, personajes vinculados a organizaciones señaladas por la propia Fiscalía ocupaban cargos públicos y operaban políticamente desde las instituciones.

 

En Los Reyes La Paz, las denuncias ciudadanas son todavía más delicadas. Habitantes acusan desde hace años que el Sindicato 22 de Octubre controla presuntamente pozos de agua, la distribución y venta del líquido, además de intentar apoderarse de los tianguis locales para imponer cobros de derecho de piso.

 

Todo ello, afirman diversas voces locales, bajo presuntos acuerdos políticos ligados al entorno del gobierno municipal morenista.

 

El escándalo también alcanza a Ecatepec con el grupo conocido como “La Chokiza”, señalado por actividades de presión y extorsión. Diversas versiones apuntan a la cercanía de sus operadores con personajes del entorno político de la alcaldesa morenista Azucena Cisneros Coss.

 

Frente a este escenario, la gobernadora Delfina Gómez no puede seguir fingiendo desconocimiento.

 

Porque si la Fiscalía tiene plenamente identificadas estas organizaciones, entonces el gobierno estatal también sabe perfectamente quiénes son los funcionarios, regidores, operadores políticos y alcaldes que permitieron su crecimiento.

 

El problema ya no es únicamente de seguridad. Es un problema de presunta complicidad política.

 

Mientras Morena presume discursos de transformación y combate a la corrupción, en municipios mexiquenses continúan creciendo estructuras criminales que operan bajo la fachada de sindicatos, movimientos sociales o agrupaciones populares, muchas de ellas con presuntos vínculos con actores políticos en funciones.

 

Y aunque el gobierno estatal insiste en hablar de estrategia y coordinación, la realidad es que los ciudadanos siguen viviendo bajo extorsión, violencia, cobro de cuotas, despojo de propiedades y amenazas constantes.

 

El mapa criminal presentado por la Fiscalía, bajo las órdenes del Fiscal General de Justicia, José Luis Cervantes Martínez, termina siendo, en realidad, un retrato devastador del fracaso institucional de Morena en el Estado de México.

 

Porque de nada sirve identificar a los criminales si el poder político continúa protegiendo a quienes los hicieron crecer.

¿EL CÁRTEL DE SINALOA TAMBIÉN AVALÓ A JUECES Y

 MAGISTRADOS DEL ACORDEÓN?

 

*Si las elecciones de 2021 demostraron que en Sinaloa nadie pudo llegar a un cargo sin el aval del Cártel, ¿podría alguien convertirse en juez o en magistrado sin la venia de los jefes del crimen?

 

Por: Héctor De Mauleón

 

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió la semana pasada que vendrían nuevas acusaciones en contra de funcionarios y políticos mexicanos y dejó como al pasar una frase que ha desatado una crisis en el Poder Judicial de Sinaloa:

 

“Ya hemos acusado a múltiples funcionarios del gobierno de México; recientemente, también a un juez”.

 

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara formalmente al gobernador Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios de su gobierno, de haber pactado su acceso al poder con el Cártel de Sinaloa, y de recibir sobornos a cambio de facilitar el flujo masivo de drogas por parte de esta organización delictiva, se han rescatado innumerables testimonios y trabajos periodísticos que documentan la intervención de ese cártel durante la elección de 2021.

 

Rocha Moya cayó a resultas del escándalo.

 

No así su amigo y mano derecha, el senador de Morena Enrique Inzunza, otro de los acusados por el Departamento de Justicia, y quien ocupó la secretaría general de Gobierno durante el primer tramo del sexenio del mandatario sinaloense.

 

Desde el 29 de abril pasado, cuando se dio a conocer la acusación, Inzunza dejó de presentarse en público y tampoco acudió a la sesión de la Comisión Permanente del pasado 6 de mayo, para no dar oportunidad, según anunció, a que los “personeros de la derecha conservadora” se valieran de las acusaciones de Estados Unidos para convertir la sesión en un espectáculo.

 

El senador sigue escudado en el fuero, mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum se resiste a cumplir la solicitud de captura con fines de extradición de los funcionarios señalados.

 

Y es que Enrique Inzunza puede ser igual de peligroso para la 4T que el mismo Rocha Moya. El senador, señalado por la acusación que validó un Gran Jurado como cómplice del Cártel de Sinaloa, fue el gran operador de la reforma judicial de 2025.

 

En Sinaloa, todos los jueces incluidos en el “acordeón” que Inzunza planchó en Mazatlán en mayo de 2025 con una ministra de la Suprema Corte, resultaron triunfadores en dicha elección. La coincidencia entre las listas distribuidas por órdenes de Inzunza y los ganadores, es ni más ni menos que del 100 por ciento.

 

Si las elecciones de 2021 demostraron que en Sinaloa nadie pudo llegar a un cargo político sin el aval del Cártel de Sinaloa, ¿podría alguien convertirse en juez o en magistrado sin la venia de los jefes de este grupo criminal?

 

En la semana previa a la elección judicial, los burócratas de Sinaloa recibieron acordeones con instrucciones de voto. Además de instruir a los empleados de gobierno sobre qué candidatos elegir, se les pidió que tomaran fotografías de las boletas, una vez llenadas.

 

En las listas aparecían los jueces y juezas de distrito, los magistrados y magistradas de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados y las magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral y las magistradas y los magistrados de circuito.

 

En el caso de Sinaloa las seis boletas, divididas en colores, fueron entregadas a los trabajadores con los nombres y los números de los candidatos y candidatas seleccionados.

 

Como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Inzunza fue una pieza clave para procesar la reforma judicial y establecer las nuevas reglas para la integración del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales. Había presidido el Poder Judicial de Sinaloa durante más de seis años, y al sumarse al gobierno de Rocha Moya dejó a gente de su equipo. No solo repartió cargos entre su esposa, sus hermanos y otros familiares: era el mayor poder dentro de ese poder en Sinaloa: ponía y quitaba jueces a su antojo.

 

En el Senado defendió la reforma judicial y la comparó con “la reforma histórica” de 1857. Citó a Riva Palacio, a José María Iglesias, a Zarco y a El Nigromante, para asegurar que tras la reforma habría jueces y magistrados más imparciales e independientes. Dijo que sin importar cómo un juez sea nombrado, lo importante era “la virtud de la imparcialidad”. Dijo que resultarían electos los abogados más dignos y honrados. Dijo que no había que “desconfiar del pueblo”.

 

En abril de 2025 llamó a los partidos a no meterse en la elección. Aseguró que se trataba de una elección “netamente ciudadana”.

 

Al mismo tiempo, a partir de operadores cercanos, entre los que se menciona a Irineo Lizárraga Velarde, operó esa elección a modo.

 

¿Si Inzunza y sus cómplices entregaron el gobierno estatal al Cártel de Sinaloa, no hicieron lo mismo con el Poder Judicial? ¿Podría permitir el Cártel de Sinaloa la llegada de jueces y magistrados que lo pusieran en riesgo?

 

En Sinaloa se preparan acusaciones que sostienen que para estar en el “acordeón” era preciso contar la autorización de los jefes del Cártel —y, en cada municipio, con la venia de los jefes de plaza.

 

Inzunza es uno de los perfiles de mayor peso dentro del partido oficial. Un operador de primer nivel al lado de Adán Augusto López e Ignacio Mier. De resultar culpable podría ser sentenciado a cadena perpetua o a una pena de 40 años. ¿Qué Poder Judicial le dejó a los sinaloenses?

 

Cuando la advertencia del fiscal general de Estados Unidos finalmente adquiera un perfil, un nombre, tal vez esa pregunta podrá ser contestada.

MORENA Y EL VIEJO TRUCO DEL PODER: DESAYUNOS, PROMESAS Y PERIODISTAS OLVIDADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO

 

*Entre cafés y discursos, el gremio periodístico vuelve a escuchar las mismas promesas que el poder jamás cumplió

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHALCO, Estado de México, 10 de mayo de 2026.– En el Estado de México la historia volvió a repetirse, solo cambiaron los colores del partido en el poder. Morena terminó por adoptar las mismas prácticas que durante décadas criticó al PRI: utilizar al gremio periodístico cuando conviene políticamente, llenarlo de promesas en tiempos estratégicos y después abandonarlo al olvido, a la precariedad y a la indefensión.

 

El pasado viernes 8 de mayo, la presidenta estatal de Morena, Luz María Hernández Bermúdez, compartió un desayuno con periodistas de la zona oriente mexiquense. El encuentro provocó entusiasmo entre varios comunicadores, quienes difundieron fotografías, mensajes y expresiones de agradecimiento por la cercanía mostrada por la dirigente morenista.

 

Sin embargo, detrás de las sonrisas, los abrazos y las mesas servidas, resurge una pregunta incómoda: ¿Tan rápido olvidaron los agravios?

 

Apenas en enero pasado, periodistas denunciaron públicamente haber sido excluidos de un desayuno convocado por la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez. En ese momento circularon videos, reclamos y notas periodísticas donde comunicadores acusaban al área de Comunicación Social del gobierno estatal de negarles el acceso y tratarlos con desprecio.

 

Hoy, meses después, muchos de esos mismos comunicadores celebran un desayuno político como si se tratara de un acto histórico de reconocimiento al gremio. Una contradicción brutal que exhibe el nivel de vulnerabilidad en el que sobrevive gran parte del periodismo mexiquense.

 

La escena no es nueva. Durante décadas, los gobiernos priistas perfeccionaron un mecanismo perverso: prometer protección, seguridad social, apoyos económicos, publicidad oficial, pensiones, gastos funerarios y respaldo jurídico a periodistas independientes. Todo eso aparecía cada vez que había elecciones o crisis políticas.

 

DESPUÉS VENÍA EL SILENCIO

 

Los compromisos jamás se materializaban. El gremio seguía trabajando sin garantías, sin seguridad y muchas veces bajo amenazas constantes. Pero el objetivo político ya se había cumplido: obtener cobertura gratuita, favorable y reducir las críticas incómodas.

 

HOY MORENA RECORRE EXACTAMENTE EL MISMO CAMINO QUE EL PRI

 

En los últimos días comenzó a circular información sobre una posible reforma a la Ley de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en el Estado de México. Según el discurso oficial, la iniciativa incluiría servicios de salud, seguridad social, apoyos funerarios, capacitación y profesionalización para periodistas.

 

La narrativa gubernamental sostiene que el proyecto surgió del diálogo con el gremio y de los foros regionales impulsados por el gobierno estatal.

 

La encargada de difundir esa versión fue Nayeli Gómez Castillo, sobrina de la gobernadora y coordinadora de comunicación social del gobierno del Edomex, quien aseguró que las propuestas nacieron directamente de las demandas expresadas por periodistas mexiquenses.

 

EL DISCURSO SUENA BIEN. DEMASIADO BIEN

 

Porque mientras desde el poder hablan de democracia, libertad de expresión y protección al periodismo, la realidad en las calles mexiquenses es completamente distinta: agresiones, abandono institucional, censura indirecta, exclusión, precariedad económica y presión política permanente sobre medios de comunicación.

 

Muchos periodistas saben perfectamente cómo opera el sistema. Saben que los gobiernos —sin importar el partido— suelen acercarse al gremio cuando necesitan legitimidad, cobertura mediática o control político.

 

Por eso resulta todavía más preocupante que algunos comunicadores continúen cayendo en el mismo juego de siempre: cambiar dignidad por cercanía política, crítica por fotografías y exigencia profesional por desayunos protocolarios.

 

Mientras tanto, el Estado de México continúa hundido en una crisis de violencia, corrupción y desconfianza institucional. Municipios gobernados por Morena enfrentan constantes señalamientos por inseguridad y presuntos vínculos de funcionarios locales con grupos criminales, mientras desde el poder se insiste en construir una narrativa de transformación que cada vez convence menos.

 

EL PROBLEMA NO ES UN DESAYUNO

 

El problema es que el periodismo mexiquense corre el riesgo de convertirse nuevamente en rehén de las promesas vacías del poder político, exactamente igual que ocurrió durante los peores años del priismo que Morena juró combatir.

LA PAZ BAJO ASEDIO: DENUNCIAN EXPANSIÓN CRIMINAL, EXTORSIONES Y RETIRO DE CÁMARAS MIENTRAS EL GOBIERNO MUNICIPAL GUARDA SILENCIO

* Entre extorsiones, violencia y retiro de cámaras vecinales, crecen sospechas sobre presuntos pactos de poder y crimen en el municipio mexiquense

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 9 de mayo de 2026.- El miedo se ha convertido en rutina para miles de familias en Los Reyes La Paz. Vecinos de distintas colonias denuncian que grupos de sujetos armados a bordo de motocicletas han tomado el control de calles, bares y zonas comerciales, donde operan con total impunidad entre homicidios, narcomenudeo, extorsiones y asaltos violentos, mientras las autoridades municipales permanecen ausentes o, peor aún, actúan contra los propios ciudadanos.

 

Habitantes de colonias ubicadas en las partes altas del municipio aseguran que los robos a transeúntes se han disparado de manera alarmante en las últimas semanas. Denuncian que hombres encapuchados recorren diariamente las calles despojando a vecinos de dinero, celulares y pertenencias, sin que exista presencia policiaca suficiente para contener la ola delictiva.

 

Pero el terror no termina ahí. Comerciantes y propietarios de bares han comenzado a encontrar números telefónicos pegados en fachadas y establecimientos, con mensajes intimidatorios para que se comuniquen y “arreglen” su situación, una práctica que, según testimonios, ha derivado en cobros de piso y amenazas directas.

 

Frente a este escenario, vecinos afirman haber solicitado en repetidas ocasiones apoyo de seguridad a la administración encabezada por la alcaldesa morenista Martha Guerrero, sin obtener respuesta efectiva. La indignación creció aún más luego de que el gobierno municipal iniciara el retiro de cámaras de videovigilancia particulares instaladas por ciudadanos para protegerse ante la incapacidad oficial de garantizar seguridad.

 

Para muchos habitantes, la decisión resulta incomprensible y profundamente sospechosa. Mientras la delincuencia se expande, el gobierno local parece enfocado en desmantelar los pocos mecanismos de vigilancia ciudadana que documentan robos, agresiones y movimientos de grupos criminales.

 

“En lugar de protegernos, pareciera que quieren dejarnos ciegos”, denunció un vecino de la zona alta del municipio, quien pidió anonimato por temor a represalias.

 

Las acusaciones adquieren una dimensión todavía más delicada debido a los señalamientos que desde hace tiempo persiguen a Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa y autodenominado operador político de la localidad. Diversas versiones lo vinculan presuntamente con integrantes del grupo criminal conocido como “Sindicato 22 de Octubre”, organización señalada de controlar actividades de extorsión, transporte irregular y distribución de agua mediante el control de pozos públicos.

 

En el centro de esos señalamientos aparece el nombre de Héctor Becerril, identificado por diversas fuentes locales como operador del grupo en la región y supuesto responsable del control de los pozos de agua y la distribución del líquido en el municipio.

 

De acuerdo con testimonios cercanos al entorno político local, existiría la intención de replicar en Los Reyes La Paz un esquema similar al que operó en Chalco bajo el mando de Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, líder del mismo grupo criminal, quien presuntamente construyó una red de extorsión que alcanzó a taxistas, mototaxistas, choferes del transporte público, operadores de pipas y comerciantes.

 

Las versiones sostienen que el control del agua, del transporte y de actividades comerciales no sería únicamente un negocio criminal, sino también una estructura de presión política y territorial con miras a los próximos procesos electorales, donde Morena buscaría consolidar poder territorial en medio de crecientes acusaciones de presuntos pactos con grupos delincuenciales.

 

Mientras tanto, el municipio continúa hundido en la violencia, el miedo y la desconfianza institucional. Existen videos y fotografías donde se aprecian a colaboradores muy cercanos a regidores y regidoras, en los que se puede apreciar que están haciendo disparos al aire para demostrar quien manda en ese territorio, sin embargo, para el gobierno de Morena, eso es totalmente normal.   

 

Los habitantes cuestionan el silencio de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, así como la actuación del fiscal mexiquense José Luis Cervantes Martínez, a quienes acusan de mantener una postura complaciente frente al deterioro de la seguridad pública en La Paz desde la llegada de Morena al gobierno municipal.

 

Hoy, en Los Reyes La Paz, la pregunta que recorre las calles ya no es cuándo regresará la seguridad, sino quién gobierna realmente el municipio.

MORENA Y PRI CRUZAN LA LÍNEA: ACUSACIONES DE NARCOPOLÍTICA DESATAN UNA GUERRA QUE AMENAZA CON INCENDIAR AL PAÍS

 

*Estados Unidos aprieta la presión sobre el oficialismo mientras Morena responde con acusaciones de injerencia y el país se hunde en una nueva crisis de credibilidad política

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Toluca, Estado de México, 9 de mayo de 2026.- La confrontación entre el PRI y Morena dejó de ser un simple intercambio de declaraciones para convertirse en una batalla política de consecuencias impredecibles, marcada por acusaciones de vínculos con el crimen organizado, presiones de Estados Unidos y un gobierno mexicano atrapado entre el descrédito internacional y la descomposición interna.

 

Todo estalló luego de que Alejandro Moreno anunciara que solicitará formalmente al gobierno de Estados Unidos investigar a Morena e incluso analizar la posibilidad de considerarlo una “organización terrorista”, debido a los presuntos nexos de actores políticos del partido guinda con grupos criminales.

 

La respuesta desde Morena no tardó. La recién llegada dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel, arremetió contra el PRI asegurando que “el PRI está en el basurero de la historia” y acusó al tricolor de recurrir a la “intervención extranjera” para intentar recuperar el poder perdido.

 

Pero detrás del choque mediático existe una crisis mucho más profunda: la creciente percepción internacional de que sectores de la política mexicana han sido infiltrados por el crimen organizado mientras el gobierno federal se niega a actuar con contundencia.

 

El anuncio de Moreno ocurre después de semanas de tensión por investigaciones abiertas en Estados Unidos relacionadas con presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales, particularmente tras los señalamientos que rodean al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

 

Los escándalos no son nuevos. La polémica se agravó cuando la Fiscalía General de la República confirmó irregularidades y presuntos montajes en videos presentados por la fiscalía de Sinaloa sobre el caso del asesinato del diputado federal electo Héctor Melesio Cuén. A pesar de ello, ninguna autoridad política asumió responsabilidades y, una vez más, el aparato oficial apostó al desgaste mediático y al olvido.

 

HOY EL PROBLEMA YA NO ESTÁ CONTENIDO DENTRO DE MÉXICO

 

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una de las crisis políticas más delicadas de su administración. Mantener la defensa política de figuras señaladas por presuntos vínculos criminales podría profundizar el choque con Washington y aumentar la presión internacional contra Morena. Pero actuar contra personajes clave del oficialismo también significaría abrir una fractura interna de enormes dimensiones dentro del movimiento construido por Andrés Manuel López Obrador.

 

El problema para Morena es que las advertencias provenientes de Estados Unidos dejaron de ser discretas. Desde hace meses, distintos sectores políticos y sociales exigieron reformas para impedir que partidos políticos vinculados al financiamiento del crimen organizado pudieran conservar su registro. Sin embargo, el oficialismo rechazó incluir candados más severos durante la pasada discusión de la reforma electoral.

 

La señal enviada hacia el exterior fue devastadora: mientras crecían los señalamientos sobre infiltración criminal, el poder político se negó a blindar el sistema electoral.

 

HOY ESA DECISIÓN COMIENZA A PERSEGUIR AL PARTIDO GOBERNANTE

 

La narrativa de Morena basada en acusar “intervención extranjera” choca con una realidad incómoda: las sospechas sobre vínculos entre actores políticos y grupos criminales no nacieron en Washington ni en la oposición, sino en investigaciones, filtraciones, expedientes judiciales y escándalos acumulados durante años.

 

Mientras tanto, el PRI intenta utilizar el desgaste del oficialismo para recuperar terreno político, aunque carga también con décadas de corrupción, impunidad y pactos oscuros que gran parte de la ciudadanía no olvida.

 

En medio de esta guerra política, México aparece atrapado entre dos fuerzas desacreditadas: un viejo régimen que intenta sobrevivir y un nuevo poder que prometió transformación, pero que hoy enfrenta acusaciones similares a las que durante años denunció.

 

La crisis ya no es únicamente electoral o partidista. Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones mexicanas, la estabilidad política del país y la posibilidad de que el crimen organizado haya penetrado estructuras completas del poder público mientras el gobierno continúa negando la gravedad del problema.

 

Y en ese escenario, Morena podría estar iniciando un desgaste que no necesita de la oposición para avanzar, porque el mayor enemigo del movimiento guinda comienza a surgir desde sus propias contradicciones.

FISCALÍA MEXIQUENSE: LA CORRUPCIÓN QUE CERVANTES YA NO QUIERE TOCAR

 

*Entre rotaciones, renuncias y escándalos internos, la Fiscalía mexiquense exhibe una corrupción estructural que el fiscal José Luis Cervantes Martínez ya no logra —o no quiere— contener

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 8 de mayo de 2026.- Lo que alguna vez quiso venderse como una “limpia histórica” dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México terminó convertido en un ejercicio de simulación burocrática. El informe entregado al Congreso local por la institución encabezada por José Luis Cervantes Martínez, lejos de presumir resultados contundentes, exhibe el tamaño de la podredumbre que existe al interior de la dependencia encargada de procurar justicia en territorio mexiquense.

 

Las cifras son demoledoras: 579 servidores públicos fueron dados de baja entre abril de 2025 y marzo de 2026. De ellos, 281 eran Agentes del Ministerio Público; 115 Policías de Investigación; 119 trabajadores administrativos; además de peritos, conciliadores y mandos medios y superiores. Es decir, prácticamente todas las áreas estratégicas de la Fiscalía están contaminadas.

 

Y aunque el documento intenta disfrazar la crisis señalando que “la mayoría” de las bajas fueron voluntarias, la realidad es que el propio informe reconoce renuncias derivadas de actos de corrupción, investigaciones penales y procedimientos internos. Lo alarmante no es únicamente el número de funcionarios involucrados, sino que la corrupción parece operar como una estructura normalizada dentro de la institución.

 

El discurso de la “nueva construcción institucional” quedó reducido a un simple mecanismo de rotación de personal. Más de mil 60 servidores públicos fueron cambiados de adscripción bajo el argumento de evitar malas prácticas. Sin embargo, dentro de la propia Fiscalía se sabe que los funcionarios señalados por corrupción no son separados realmente del sistema: simplemente son movidos de oficina, protegidos y reciclados.

 

La podredumbre es tan profunda que el propio informe admite 110 investigaciones contra Policías de Investigación por probables actos delictivos. Muchas de esas carpetas surgieron tras publicaciones en redes sociales donde se denunciaban presuntos vínculos criminales, extorsiones y abusos. Incluso fueron identificados 39 servidores públicos relacionados con esos hechos.

 

Diez funcionarios fueron separados, entre ellos coordinadores regionales y jefes de grupo. Pero la pregunta inevitable es: ¿Cuántos más siguen operando con total impunidad?

 

Porque para nadie es un secreto que muchas agencias del Ministerio Público en el Estado de México dejaron de ser espacios de procuración de justicia y se transformaron en auténticas oficinas recaudadoras de dinero sucio. Dinero que, en numerosos casos, proviene de víctimas desesperadas, de carpetas de investigación manipuladas y de acuerdos construidos entre corrupción y criminalidad.

 

Y de todo ello tienen conocimiento tanto el fiscal José Luis Cervantes Martínez como la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Sin embargo, el informe entregado al Poder Legislativo evita profundizar en las redes de protección interna, en los cobros ilegales y en los funcionarios que llevan años enriqueciéndose bajo el amparo institucional.

 

La realidad es que Cervantes Martínez ya no es aquel funcionario que llegó prometiendo sacudir la estructura corrupta heredada durante décadas. Hoy, dentro y fuera de la Fiscalía, comienza a consolidarse la percepción de un fiscal tibio, rebasado o, peor aún, cómodo frente al sistema de corrupción que supuestamente iba a combatir.

 

El caso de Oscar Mendoza Paulin, jefe de departamento en la Fiscalía de Los Reyes La Paz, ejemplifica perfectamente el deterioro institucional. De acuerdo con versiones de trabajadores de la propia dependencia, luego de ser enviado a otra sede en la zona norte de Ciudad Nezahualcóyotl, presuntamente habría pagado cerca de 200 mil pesos para regresar a Los Reyes La Paz.

 

La pregunta es inevitable: ¿Por qué alguien estaría dispuesto a pagar semejante cantidad por volver a la jefatura de una Agencia de Ministerio Publico?

 

La respuesta, aseguran empleados de la propia Fiscalía, sería simple: control territorial, relaciones políticas, contactos criminales y enormes beneficios económicos. Mendoza Paulin lleva más de una década operando en esa región; conoce a líderes locales, funcionarios de distintos partidos y el funcionamiento interno de las redes de poder.

 

Entonces surge otra interrogante todavía más grave: ¿De verdad el fiscal general desconoce este tipo de movimientos internos o simplemente decidió mirar hacia otro lado?

 

Porque mientras los ciudadanos continúan siendo víctimas de extorsiones, carpetas fabricadas, corrupción ministerial y abuso de autoridad, la Fiscalía mexiquense parece más preocupada por maquillar cifras que por desmontar el aparato corrupto que consume a la institución desde dentro.

 URGENTE: SHERLYN NECESITA DE TODOS NOSOTROS

 

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de mayo de 2026.- Hoy, Sherlyn enfrenta una de las batallas más importantes de su vida. Esta pequeña será sometida a un trasplante de médula ósea y necesita algo que ningún hospital puede fabricar y que ningún dinero puede comprar: sangre y plaquetas donadas de manera altruista.

 

Se requieren con urgencia 29 donadores. Cada persona que acuda puede convertirse en la esperanza que Sherlyn y su familia necesitan en estos momentos.

 

Las donaciones se realizan en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, ubicado a espaldas del Hospital General de México.

 

En este hospital, decenas de niñas y niños luchan todos los días por seguir viviendo. Hoy Sherlyn necesita de la solidaridad de la gente de buen corazón.

 

Tu sangre puede salvar vidas. Tu tiempo puede devolver esperanza. Tu decisión puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

 

Si puedes donar, hazlo hoy mismo. Y si no puedes hacerlo, comparte este mensaje para que llegue a más personas.

 

Para mayores informes y contacto con familiares de Sherlyn:

📞 55 60 31 40 48

 

Porque cuando donas sangre, no pierdes nada… y alguien puede ganarlo todo.

LA FISCALÍA DEL EDOMEX: FÁBRICA DE CULPABLES

 Y BRAZO POLÍTICO DE MORENA

 

*Mientras los verdaderos delincuentes extorsionan con armas largas, la FGJEM encarcela a quienes denuncian

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 6 de mayo de 2026.- La indignación social crece y la paciencia ciudadana se agotó. En el Estado de México, la Fiscalía General de Justicia mexiquense parece haberse convertido en una maquinaria de fabricación de delitos, donde las carpetas de investigación se construyen a conveniencia política y no para combatir al crimen real que mantiene secuestradas amplias zonas de la entidad.

 

El caso del líder de comerciantes de Los Reyes La Paz, Juan Cerda Cerón, es hoy el ejemplo más brutal de cómo la justicia mexiquense presuntamente opera para proteger intereses políticos y castigar a quienes se atreven a denunciar.

 

Su “delito” fue levantar la voz. Fue denunciar públicamente que desde el pasado 10 de diciembre de 2025 un grupo armado comenzó a cobrar derecho de piso a comerciantes de la avenida Morelos, exigiendo cuotas diarias de entre 300 y 400 pesos para permitirles trabajar. Sujetos armados con cuernos de chivo llegaron a sembrar terror mientras las autoridades municipales guardaban silencio.

 

De acuerdo con las denuncias, tanto la alcaldesa morenista Martha Guerrero como su esposo y operador político, Tranquilino Lagos Buenabad, tuvieron conocimiento inmediato de los hechos. Según comerciantes, pidieron que el tema no se hiciera público bajo la promesa de “encargarse del asunto”. Nunca ocurrió. Por el contrario, la extorsión continuó avanzando.

 

Hasta hoy, aseguran comerciantes, muchos siguen pagando cuotas criminales para poder trabajar en paz, pero tienen miedo a denuncia, a quienes presuntamente controlan la extorsión, Rosalía Mirafuentes, Rogelio Méndez y a Axel Villaseñor. Y mientras el terror se normalizó en las calles, ante la mira cómplice de Marta Guerrero y su esposo, las autoridades optaron por perseguir al denunciante y no a los extorsionadores.

 

LA SECUENCIA RESULTA ESCANDALOSA

 

Después de denunciar públicamente la presencia del grupo delictivo mediante una conferencia de prensa, Juan Cerda fue detenido. Primero intentaron imputarle un supuesto asalto a mano armada. Sin embargo, la acusación no pudo sostenerse ante un juez de los juzgados Neza-Bordo, quien ordenó su liberación inmediata.

 

Pero antes de recuperar su libertad, la Fiscalía mexiquense le fabricó una nueva carpeta de investigación, ahora por el delito de extorsión. Es decir: quien denunció a extorsionadores terminó acusado de extorsión.

 

La contradicción exhibe el nivel de degradación institucional que atraviesa la procuración de justicia en el Estado de México. Ministerios públicos convertidos en operadores políticos, carpetas utilizadas como armas de persecución y una fiscalía más ocupada en encarcelar incómodos que en enfrentar a los verdaderos grupos criminales.

 

Mientras tanto, diversos señalamientos ciudadanos e investigaciones periodísticas han apuntado hacia presuntos nexos entre Tranquilino Lagos Buenabad y el grupo conocido como “Sindicato 22 de Octubre”, organización a la que presuntamente se le habría entregado el control de pozos, distribución y venta de agua en Los Reyes La Paz.

 

Habitantes denuncian desde hace meses que el suministro de agua se utiliza como mecanismo de control político: a quien no simpatiza con Morena se le castiga restringiéndole el servicio o vendiéndole el agua a precios imposibles de pagar.

 

Sin embargo, pese a la gravedad de los señalamientos, la Fiscalía encabezada por José Luis Cervantes Martínez no ha mostrado interés alguno en investigar.

 

Ni cateos. Ni operativos. Ni carpetas espectaculares. Ni conferencias triunfalistas. Nada convence a la ciudadanía porque saben que la institución que encabeza Cervantes Martínez esta al servicio de Morena.

 

Solo basta con que alguien critique al régimen o exhiba públicamente el avance criminal en municipios gobernados por Morena para que la maquinaria judicial se active de inmediato.

 

La pregunta ya no es si existe independencia en la Fiscalía mexiquense. La pregunta es cuánto tiempo más seguirá utilizándose la institución como herramienta de intimidación política.

 

Porque mientras José Luis Cervantes Martínez persigue comerciantes, activistas y ciudadanos incómodos, colectivos enteros siguen denunciando que cientos de inocentes permanecen encarcelados mediante expedientes fabricados.

 

Ahí está el caso del colectivo “Haz Valer Mi Libertad”, que este miércoles cumple 63 días de plantón frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, exigiendo diálogo y revisión de casos que consideran plagados de irregularidades y violaciones a derechos humanos.

 

Familias enteras sobreviven afuera de la Fiscalía esperando justicia, mientras recuerdan que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez prometió públicamente revisar esos expedientes desde mayo de 2024. Sin embargo, nada ha cambiado.

 

También exigen la intervención del magistrado presidente del Poder Judicial mexiquense, Héctor Macedo García, para retomar las mesas del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal y revisar procesos contaminados por irregularidades.

 

Incluso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha advertido violaciones graves en diversos expedientes de amnistía analizados durante meses. Pero las alertas institucionales parecen no importarle a los poderos de Morena y de la Fiscalía mexiquense.

 

Ni las protestas. Ni los plantones. Ni las denuncias públicas. Ni las investigaciones periodísticas. Ni las familias destruidas. Nada importa.

 

La Fiscalía mexiquense sigue operando bajo el mismo patrón: fabricar culpables rápidos para simular eficiencia, mientras el crimen organizado se fortalece en las calles.

 

EL CASO DE JUAN CERDA CERÓN RESUME EL TAMAÑO DE LA CRISIS

 

En el Estado de México, denunciar criminales puede llevarte a prisión. Guardar silencio parece ser la única garantía de libertad.

 

Y mientras eso ocurre, la ciudadanía sigue pagando el costo de una fiscalía rebasada, desacreditada y cada vez más señalada de actuar al servicio del poder político y no de la justicia.