HIGINIO MARTÍNEZ: DEL CACICAZGO DE TEXCOCO AL PODER DEL SENADO

 

*Contratos, familiares, empresas y una candidatura en puerta: la red política y empresarial que acompaña al nuevo presidente del Senado

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 13 de septiembre de 2026.— La llegada de Higinio Martínez Miranda a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República no solamente representa el ascenso de un político con más de cinco décadas de trayectoria. También coloca nuevamente bajo los reflectores a un personaje cuyo poder político en Texcoco ha estado acompañado, durante años, por cuestionamientos sobre nepotismo, posibles conflictos de interés y vínculos entre funcionarios públicos y empresas relacionadas con su familia.

 

Uno de los episodios que retrata esa red ocurrió en agosto de 2023, cuando el Sistema Municipal DIF de Texcoco adjudicó directamente a Grupo Brazza Grill un contrato por 90 mil pesos para proporcionar desayunos a adultos mayores.

 

La operación podría parecer menor frente a los grandes contratos de obra pública que han rodeado al llamado Grupo Texcoco. El problema es quiénes aparecen detrás de la empresa.

 

De acuerdo con los datos expuestos, Grupo Brazza Grill fue fundada por hijos de Higinio Martínez, entre ellos Ernesto Martínez Mejía, quien además es esposo de Elizabeth Terrazas Ramírez, entonces directora del DIF municipal y posteriormente presidenta municipal de Texcoco.

 

Es decir, el dinero público terminó en una empresa vinculada familiarmente con quien encabezaba el organismo encargado de contratar el servicio.

 

¿Hubo conflicto de interés? ¿Quién revisó la operación? ¿Quién autorizó la adjudicación? ¿Se declaró algún impedimento? ¿Existieron cotizaciones comparativas? ¿Por qué se recurrió a una adjudicación directa?

 

Hasta ahora, esas son preguntas que deberían responder las autoridades fiscalizadoras. Porque el problema no son solamente los 90 mil pesos. El verdadero problema es el patrón.

 

EL PODER COMO HERENCIA POLÍTICA

 

Higinio Martínez construyó en Texcoco una estructura política que ha sobrevivido a partidos, administraciones y gobiernos. Fue alcalde de Texcoco entre 2003 y 2006, bajo las siglas del PRD, y posteriormente regresó a la presidencia municipal entre 2016 y 2018, ya bajo Morena.

 

Pero, aunque dejó de ocupar formalmente la alcaldía, su influencia política no desapareció. El actual presidente municipal, Nazario Gutiérrez, forma parte del llamado Grupo Texcoco, corriente política cuyo origen está estrechamente relacionado con Martínez Miranda.

 

La permanencia de personas cercanas a Higinio en posiciones estratégicas alimentó durante años la percepción de que Texcoco se convirtió en uno de los principales bastiones políticos del senador. Y en esa estructura también han aparecido integrantes de su propia familia.

 

Entre 2012 y 2015, su hermano Alberto Martínez Miranda fue tesorero municipal, Su tío Agustín Miranda ocupó la Dirección de Seguridad Pública, mientras que su prima Mónica Quintero Miranda estuvo al frente del área de Agua Potable y Saneamiento.

 

Diversos medios han documentado que al menos una decena de familiares de Higinio Martínez han ocupado cargos en distintas administraciones municipales de Texcoco.

 

La pregunta inevitable es si se trata de simples coincidencias familiares o de la consolidación de una estructura política en la que el apellido Martínez abre puertas.

 

LA EMPRESA QUE REGRESA UNA Y OTRA VEZ

 

Grupo Brazza Grill no aparece aislada, Los hijos de Higinio Martínez —Ernesto, Ulises y María José Martínez Mejía— han participado en distintas sociedades mercantiles.

 

Entre ellas aparece también Grupo Empresarial Lumeh, relacionada con actividades de publicidad y otros servicios. Uno de los socios que aparece vinculado a estas empresas es Juan Manuel Hernández Romero, quien además fue subdirector de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Texcoco entre 2019 y 2021.

 

La combinación vuelve a levantar una pregunta incómoda: ¿Dónde termina la familia política y dónde comienza el negocio privado?

 

Porque cuando una persona vinculada a la administración pública aparece simultáneamente relacionada empresarialmente con familiares de un poderoso dirigente político, la transparencia deja de ser un asunto opcional.

 

DOS MILLONES PARA LA EMPRESA DE LOS HIJOS

 

La historia tiene antecedentes todavía más relevantes. En 2017, durante la etapa en que Higinio Martínez encabezaba el gobierno municipal de Texcoco, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena contrató a Grupo Empresarial Lumeh, sociedad relacionada con sus hijos, por alrededor de 2 millones de pesos para servicios de publicidad vinculados con la campaña de Delfina Gómez por la gubernatura del Estado de México.

 

La información fue reportada por El Sol de México, medio que señaló que la empresa posteriormente subcontrató a otras compañías para realizar parte de los trabajos. La operación resulta políticamente significativa.

 

No solamente porque involucró recursos millonarios, sino porque ocurrió alrededor de una campaña que terminaría llevando a Delfina Gómez a la gubernatura y que se encontraba vinculada al grupo político de Texcoco.

 

MILLONES EN PROPIEDADES

 

La actividad empresarial de los hijos del senador tampoco se habría limitado a contratos. Entre 2010 y 2015, Ernesto, Ulises y María José Martínez Mejía adquirieron, mediante Grupo Mauler, al menos 14 propiedades en Texcoco y Tepetlaoxtoc, con un valor conjunto superior a 85 millones de pesos, de acuerdo con información previamente difundida por El Sol de México.

 

Los registros revisados por ese medio identificaron dos inmuebles a nombre del propio Higinio Martínez y otros 12 a nombre de sus hijos. El dato, por sí mismo, vuelve indispensable una pregunta:

¿Cómo se construyó ese patrimonio y cuál fue el origen de los recursos utilizados para adquirirlo?

 

En una democracia, la respuesta debería ser sencilla: documentos, declaraciones patrimoniales y transparencia.

 

LOS SOBRINOS TAMBIÉN APARECEN EN EL MAPA

 

En 2023 surgieron nuevos señalamientos. De acuerdo con información publicada por Emeequis, entre 2020 y 2022 el Ayuntamiento de Texcoco contrató a empresas relacionadas con Carlos Javier y Juan Manuel San Nicolás Miranda, sobrinos de Higinio Martínez, para trabajos de construcción, rehabilitación de calles y drenaje por un monto superior a 18 millones de pesos.

 

El medio planteó además cuestionamientos sobre la competencia en los procedimientos de contratación. Y existe otro antecedente.

 

En 2017, El Universal reportó que Jorge Luis Vázquez Reyes, primo político de Higinio Martínez, obtuvo contratos de obra pública en Texcoco por alrededor de 32 millones de pesos.

 

Vázquez Reyes aparecía como fundador de compañías en las que también figuraban como socios Carlos Javier San Nicolás Miranda y Mariana Miranda Gómez, así es como distintos nombres comienzan a repetirse. Familiares, socios, exfuncionarios, empresas, contratos, piezas diferentes de un mismo tablero político y empresarial.

 

EL CASO BRAZZA: LA PIEZA MÁS INCÓMODA

 

Y es precisamente por eso que el contrato de 90 mil pesos del DIF Texcoco adquiere otra dimensión. No se trata de decir que una adjudicación de esa cantidad constituye, por sí misma, un delito.

 

Lo que sí hace es colocar bajo escrutinio una operación pública en la que aparecen una empresa vinculada a familiares de Higinio Martínez y una funcionaria que posteriormente sería identificada como parte de su círculo familiar y político.

 

Elizabeth Terrazas Ramírez no solamente encabezó posteriormente el gobierno municipal. Es además esposa de Ernesto Martínez Mejía. Y eso hace que la operación de 2023 merezca una explicación pública mucho más detallada.

 

Porque cuando los apellidos se cruzan entre empresa, gobierno municipal y familia, la obligación de transparentar cada paso debería ser todavía mayor.

 

EL CACIQUE DE TEXCOCO AHORA QUIERE EL ESTADO

 

Higinio Martínez no parece dispuesto a retirarse del escenario político. Por el contrario, el 1 de septiembre de 2026 asumió la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República. Y apenas un día después dejó claro que su nueva posición no significa el final de sus aspiraciones políticas.

 

En entrevista con Latinus, habló abiertamente de la posibilidad de buscar la candidatura de Morena a la gubernatura del Estado de México.

 

Ante la pregunta sobre si apoyaría a Horacio Duarte, respondió desviando el centro de atención hacia su propia candidatura y planteando la posibilidad de que fueran los “astros” los que determinaran que él fuera quien pudiera competir por la gubernatura.

 

La declaración no fue casual, fue un mensaje político. Higinio volvió a levantar la mano y lo hizo desde uno de los cargos de mayor relevancia dentro del Poder Legislativo federal.

 

DELFINA Y DUARTE, EN LA MIRA

 

El movimiento también abre un nuevo frente dentro de Morena. Delfina Gómez gobierna el Estado de México. Horacio Duarte ocupa la Secretaría General de Gobierno y es uno de los principales operadores políticos del actual gobierno estatal.

 

Ambos tienen un origen político relacionado con Texcoco y con el grupo que durante años encabezó Higinio Martínez, sin embargo, el antiguo padrino político ahora parece dispuesto a disputar el siguiente capítulo.

 

Higinio ha denunciado públicamente haber sido víctima de “calumnia”, “mentira”, “envidia”, “egoísmo” y supuestas deslealtades dentro de Morena, sin embargo, nunca necesitó pronunciar nombres.

 

El mensaje político, sin embargo, fue suficientemente claro para alimentar la percepción de que las diferencias dentro del antiguo grupo de Texcoco están lejos de haber desaparecido.

 

EL GRUPO QUE SE RESISTE A SOLTAR EL PODER

 

Durante más de tres décadas, Texcoco ha sido mucho más que un municipio para Higinio Martínez, ha sido su plataforma política.

 

Desde ahí construyó carreras, colocó aliados, impulsó candidaturas y consolidó una estructura que posteriormente se proyectó hacia el Congreso, Morena y el gobierno estatal.

 

Ahora ocupa la presidencia del Senado y desde esa posición vuelve a mirar hacia el Estado de México. El problema para Morena no es solamente quién quiere ser candidato en 2029. El verdadero problema es qué clase de estructura política llegará a disputar esa candidatura.

 

Una estructura que durante años ha sido cuestionada por la presencia de familiares en cargos públicos, empresas relacionadas con integrantes de la familia, contratos gubernamentales y operaciones empresariales que han sido objeto de escrutinio periodístico.

 

Por eso, el contrato de Brazza Grill no debería archivarse como una simple compra de desayunos. Es una pequeña operación que permite observar una red mucho más grande.

 

Una red donde los apellidos se cruzan. Donde los funcionarios aparecen como socios. Donde los empresarios tienen vínculos familiares con políticos. Donde los contratos públicos terminan bajo escrutinio y donde el poder municipal parece cambiar de manos sin abandonar realmente al mismo grupo político.

 

LA PREGUNTA QUE HIGINIO DEBE RESPONDER

 

Ahora que Higinio Martínez ocupa la presidencia del Senado y ha comenzado a hablar abiertamente de buscar la gubernatura mexiquense, las viejas preguntas regresan con mayor fuerza.

 

¿Cuánto dinero público ha terminado en empresas relacionadas con su familia? ¿Cuántos familiares han ocupado cargos públicos durante los gobiernos vinculados a su grupo? ¿Cuántos contratos han recibido empresas de sus hijos, sobrinos, primos políticos o socios? ¿Cuántas de esas operaciones fueron revisadas por órganos de fiscalización? ¿Existieron declaraciones de conflicto de interés?

 

Y, sobre todo: ¿Puede un político que ha construido durante décadas una estructura familiar, empresarial y política en Texcoco presentarse ante los mexiquenses como una opción de cambio?

 

La respuesta no corresponde a sus adversarios, corresponde a los documentos, a las auditorías y a la transparencia, porque Texcoco ya conoce el poder de Higinio Martínez.

 

Ahora el senador pretende llevar ese poder mucho más lejos y si los “astros” de los que habló se alinean, la disputa por la gubernatura del Estado de México podría convertirse en algo más que una elección:

 

podría ser la batalla definitiva por el control del grupo político que lleva décadas intentando decidir quién manda en el Estado de México.

ANTORCHA JUEGA A DOS BANDAS: MORENA, VERDE Y HIGINIO

 MUEVEN LAS PIEZAS RUMBO A 2027

 

*El silencio del antorchismo frente a los gobiernos morenistas de Chimalhuacán, Ixtapaluca y La Paz contrasta con su amenaza de movilizarse contra Delfina Gómez; detrás de la protesta aparece la disputa por el control político del Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHIMALHUACÁN, Estado de México, 10 de septiembre de 2026.— Conforme se acercan las nuevas contiendas electorales, una pregunta comienza a cobrar fuerza entre ciudadanos y actores políticos del oriente mexiquense: ¿con quién está realmente Antorcha Campesina?

 

¿Con Morena? ¿Con el Partido Verde Ecologista de México? ¿Con ambos?

 

Lo único que parece quedar claro es que el PRI dejó de ser una opción prioritaria para una organización que históricamente ha demostrado una extraordinaria capacidad para adaptarse al poder en turno y mantener abiertas sus puertas con quienes ocupan posiciones estratégicas.

 

Hoy, mientras Antorcha mantiene presencia política y territorial en municipios como Chimalhuacán, Los Reyes La Paz e Ixtapaluca, sus movimientos empiezan a ser observados con lupa porque coinciden con la disputa interna que vive Morena por el futuro político del Estado de México.

 

Y en el centro de ese tablero aparece nuevamente un viejo y conocido amigo del antorchismo: Higinio Martínez Miranda.  Antorcha y su vieja estrategia: negociar con quien tiene el poder

 

Durante décadas, Antorcha Campesina ha construido su fortaleza a partir de movilización, estructura territorial y capacidad de negociación con gobiernos de diferentes colores.

 

Sus dirigentes han tenido acercamientos con figuras vinculadas a los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto, además de haber buscado interlocución con personajes relevantes de la política nacional.

 

La lógica siempre ha sido la misma: no casarse permanentemente con un partido, sino mantener abiertas las puertas con quienes pueden garantizar capacidad de negociación y espacios de poder.

 

Por eso, en el actual escenario político resulta obligado preguntar dónde se encuentra parada la organización.

 

Porque mientras algunos de sus dirigentes mantienen acercamientos con sectores de Morena, también existen señales de entendimiento político con el Partido Verde Ecologista de México, lo que abre todavía más interrogantes sobre la verdadera estrategia electoral del movimiento. No se trata únicamente de saber qué partido llevará la camiseta.

 

Se trata de identificar qué grupo político podría estar utilizando la estructura antorchista para fortalecer sus propias posiciones rumbo a la disputa por el Estado de México.

 

HIGINIO MARTÍNEZ, LA PIEZA QUE CONECTA LAS JUGADAS

 

La llegada de Higinio Martínez Miranda a la presidencia del Senado agrega una nueva dimensión al escenario.

 

Para Antorcha, acercarse a un político con semejante posición puede representar una vía privilegiada para intentar llegar hasta las más altas esferas del poder federal.

 

Y para Higinio, la relación con una organización con capacidad de movilización territorial podría convertirse en una herramienta adicional para mantener viva su aspiración de influir en la sucesión política mexiquense.

 

El senador necesita estructura. Antorcha necesita interlocución. La combinación resulta políticamente conveniente para ambos.

 

Y eso explica por qué cobra especial importancia la posibilidad de que la organización busque nuevamente una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como lo ha hecho históricamente con otros gobiernos federales.

 

PERO HAY ALGO QUE NO CUADRA

 

Si Antorcha realmente pretende presentarse como una organización independiente y combativa frente a los gobiernos de Morena, existe una pregunta que no puede seguir esquivándose:

 

¿Por qué no protesta con la misma fuerza en los municipios gobernados por Morena donde también existen graves problemas y necesidades sociales? El caso de Ixtapaluca resulta particularmente revelador.

 

Maricela Serrano Hernández, quien gobernó ese municipio, conoce perfectamente las necesidades, carencias y problemas históricos de Ixtapaluca.

 

Además, es esposa del biólogo Jesús Tolentino Román Bojórquez, uno de los dirigentes más duros y experimentados de Antorcha Campesina. Sin embargo, hoy Ixtapaluca está gobernado por el morenista Felipe Arvizu. Y aquí aparece una contradicción que merece explicación.

 

Si Antorcha conoce las necesidades de Ixtapaluca y durante décadas ha utilizado la movilización como mecanismo de presión para exigir respuestas a los gobiernos, ¿por qué actualmente no existe una presión de la misma magnitud contra la administración municipal?

 

Más aún cuando sus críticos sostienen que el gobierno de Arvizu ha sido incapaz de exigir con suficiente fuerza soluciones para los problemas que aquejan al municipio.

 

¿Dónde está Antorcha? ¿Dónde están las grandes movilizaciones? ¿Dónde están los reclamos? El silencio resulta políticamente incómodo.

 

CHIMALHUACÁN: OTRO SILENCIO DIFÍCIL DE EXPLICAR

 

La misma pregunta aparece en Chimalhuacán. Jesús Tolentino Román no es un desconocido para este municipio. Fue presidente municipal en dos ocasiones y construyó ahí una de las estructuras territoriales más importantes del movimiento antorchista.

 

Conoce perfectamente las necesidades de Chimalhuacán. Conoce sus colonias. Conoce sus carencias. Conoce sus problemas de agua, infraestructura, seguridad y servicios.

 

Y, sin embargo, frente al actual gobierno morenista de Xóchitl Flores Jiménez, las protestas antorchistas tampoco parecen alcanzar la intensidad que históricamente caracterizó a la organización cuando se enfrentaba a administraciones de otros partidos ¿Por qué?

 

Existe una razón política que sus detractores ponen sobre la mesa: Xóchitl Flores forma parte del mismo entramado político que encabeza Higinio Martínez. La coincidencia es demasiado significativa como para ignorarla.

 

LOS REYES LA PAZ: OTRA PIEZA DEL MISMO TABLERO

 

El caso de Los Reyes La Paz presenta una situación similar. Mientras el municipio enfrenta cuestionamientos ciudadanos por problemas de seguridad, servicios públicos, agua y administración, Antorcha tampoco parece ejercer la presión que históricamente ha caracterizado su actuación.

 

Y nuevamente aparece el factor Higinio Martínez. La presidenta municipal Martha Guerrero Sánchez pertenece al grupo político de Mexiquenses de Corazón, identificado con el senador.

 

Así, los tres municipios donde Antorcha presume tener presencia histórica —Chimalhuacán, Ixtapaluca y Los Reyes La Paz— tienen actualmente gobiernos de Morena y, al mismo tiempo, mantienen vínculos políticos con el grupo encabezado por Higinio Martínez, según el señalamiento de sus adversarios.

 

Demasiadas coincidencias para no hacer preguntas. ¿Oposición o simulación? Aquí aparece el verdadero dilema.

 

Antorcha podría argumentar que sus prioridades son sociales y que sus decisiones de movilización responden exclusivamente a sus propios pliegos petitorios.

 

Es una posición legítima. Pero entonces tendría que explicar por qué la organización puede amenazar con una gran movilización contra el Gobierno del Estado de México mientras mantiene una actitud mucho menos beligerante frente a gobiernos municipales morenistas con los que existen coincidencias políticas.

 

¿Dónde termina la lucha social y dónde comienza la estrategia política? Esa es la pregunta. Y nadie parece querer responderla.

 

DELFINA Y HORACIO, EL VERDADERO OBJETIVO

 

Por eso, la anunciada movilización de Antorcha al palacio de gobierno del Edomex adquiere una lectura diferente. Formalmente, sería una protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas.

 

Políticamente, podría convertirse en una demostración de fuerza frente a Delfina Gómez y Horacio Duarte.

 

Y ahí es donde la disputa deja de ser municipal para convertirse en una batalla por el control del futuro de Morena en el Estado de México.

 

El grupo de Higinio Martínez necesita recuperar terreno. Delfina Gómez y Horacio Duarte necesitan conservarlo. Y Antorcha puede convertirse en una pieza de presión dentro de esa confrontación.

 

EL PARTIDO VERDE TAMPOCO DEBE QUEDAR FUERA DE LA ECUACIÓN

 

Pero reducir el tablero exclusivamente a Morena sería un error. El Partido Verde también aparece dentro de las alianzas y acercamientos que rodean al antorchismo, lo que podría permitir a la organización mantener abiertas distintas rutas electorales.

 

Esa capacidad de jugar en varios tableros al mismo tiempo ha sido precisamente una de sus principales fortalezas políticas. Mientras algunos grupos se desgastan defendiendo colores partidistas, Antorcha parece entender otra regla: los partidos cambian; las estructuras permanecen.

 

Por eso puede dialogar con unos, acercarse a otros y confrontar a terceros.

 

EL VERDADERO OBJETIVO: CONSERVAR PODER

 

La discusión, entonces, no debería reducirse a determinar si Antorcha es de Morena, del Verde o de algún otro partido.

 

La pregunta más importante es: ¿qué obtiene Antorcha de cada alianza y qué obtiene cada grupo político de Antorcha? Porque detrás de las fotografías, las reuniones, las movilizaciones y los discursos existen intereses políticos concretos.

 

Y mientras Higinio Martínez fortalece su posición desde la presidencia del Senado, Antorcha tiene una oportunidad para recuperar interlocución con el poder federal.

 

Al mismo tiempo, Higinio puede utilizar la capacidad de movilización de la organización para presionar a sus adversarios dentro de Morena.

 

Por eso, la amenaza de una movilización a la ciudad de Toluca podría ser mucho más que una simple protesta. Podría ser el primer movimiento visible de una guerra política que apenas comienza.

 

Una guerra en la que Delfina Gómez y Horacio Duarte tendrán que decidir si enfrentan únicamente a una organización social inconforme o si detrás de las pancartas y los contingentes existe una operación política mucho más grande.

 

Porque si Antorcha realmente está construyendo alianzas simultáneas con sectores de Morena y del Partido Verde, mientras mantiene una relación estratégica con Higinio Martínez, entonces el mensaje es claro:

 

el antorchismo no está buscando un partido al cual pertenecer. Está buscando el lugar exacto desde donde pueda negociar con quien tenga el poder.

 

Y el Estado de México podría convertirse nuevamente en el escenario donde esa estrategia demuestre hasta dónde llega.

 EN LA PAZ LLEGO LA TRANSFORMACIÓN QUE NO DETIENE LAS BALAS

 

*Homicidios, presuntas extorsiones y bares clausurados que vuelven a operar colocan bajo escrutinio al gobierno de Martha Guerrero. La pregunta ya no es solamente quién dispara, sino por qué la violencia puede repetirse sin que la autoridad logre impedirla.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 9 de septiembre de 2026.—

En Los Reyes La Paz la violencia tiene una característica particularmente preocupante: parece haberse vuelto parte del paisaje cotidiano.

 

Un hombre cae abatido en una calle. Una trabajadora muere dentro de un bar. El propietario de otro establecimiento es asesinado y su hijo resulta herido. Los negocios son clausurados. Se colocan sellos. Se acordonan escenas del crimen.

 

Y después de algunas semanas, los establecimientos vuelven a abrir sus puertas. Mientras tanto, las preguntas permanecen.

 

¿Quién está protegiendo a los bares de mala muerte? ¿Quién vigila los establecimientos considerados de riesgo? ¿Qué ocurre con las investigaciones? ¿Por qué algunos negocios clausurados después de hechos violentos vuelven a funcionar?

 

La administración de la morenista Martha Guerrero tiene frente a sí una realidad que difícilmente puede ocultarse detrás de comunicados oficiales, fotografías de operativos o discursos de transformación: la inseguridad sigue cobrando vidas.

 

OTRA EJECUCIÓN, OTRA VEZ EN LAS CALLES

 

El pasado 2 de septiembre, Miguel Ángel Hernández, de 35 años, terminó muerto sobre la acera de la calle 4 esquina con calle Lerma, en la colonia Valle de Los Reyes.

 

El alertamiento del C-5 movilizó a policías municipales. Cuando llegaron, encontraron al hombre sin signos vitales.

 

Vecinos relataron que dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y dispararon repetidamente contra la víctima. Después escaparon.

 

No hubo una persecución por parte de los policías municipales. Como siempre no hubo detenidos anunciados.

 

Hubo, como en tantas otras ocasiones, una escena acordonada y una investigación que quedó en manos de las autoridades competentes.

 

Hernández era conocido por vecinos de la zona como mototaxista. Había regresado recientemente a la vivienda de sus padres después de separarse de su pareja.

 

Una vida terminó. Los responsables huyeron. Y la ciudad continuó funcionando. Ese es precisamente el problema.

 

Cuando un homicidio se convierte en un episodio más de la rutina, la violencia deja de ser excepcional y comienza a convertirse en normalidad.

 

EL EXPEDIENTE QUE CONDUCE HASTA “LA EUROPEA”

 

Nueve meses antes, el 4 de diciembre de 2025, otro episodio había puesto en evidencia la vulnerabilidad de los establecimientos nocturnos de La Paz.

 

Una mujer de aproximadamente 36 años, identificada como trabajadora o mesera de un establecimiento conocido como “La Europea”, murió después de recibir un disparo en el pecho.

 

El lugar se encuentra en los cruces de Benito Juárez y avenida Puebla, prácticamente en una zona donde resulta difícil argumentar que la presencia institucional sea inexistente: a unos pasos está el Palacio Municipal y la estación de la policía municipal, así como la estación del Metro Los Reyes.

 

De acuerdo con testimonios atribuidos a trabajadores del establecimiento, sujetos habrían acudido al lugar a bordo de una motocicleta para cobrar la cuota de extorsión.

 

La versión señala que el encargado manifestó que todavía no contaba con el dinero solicitado. La respuesta habría sido violenta. Un disparo. Una mujer muerta.

 

Y nuevamente, ningún responsable detenido en ese momento. La Fiscalía estatal intervino y el establecimiento fue clausurado. Pero aquí aparece una de las preguntas centrales de este reportaje:

 

¿Cómo puede un establecimiento clausurado después de un homicidio volver a abrir sus puertas?

 

No se trata de una pregunta menor. Si la clausura obedeció a irregularidades administrativas, debe explicarse cuáles fueron y cómo se solventaron.

 

Si obedeció a una investigación ministerial, debe aclararse bajo qué condiciones jurídicas se permitió nuevamente su funcionamiento.

 

Y si existen antecedentes relacionados con presuntas extorsiones, corresponde a las autoridades explicar qué medidas fueron tomadas para impedir que el lugar vuelva a convertirse en un foco de riesgo.

 

La reapertura, por sí misma, genera sospechas de complicidad de la autoridad. Por lo que exige transparencia.

 

“EL PARAÍSO”: LA HISTORIA VUELVE A REPETIRSE

 

El 4 de julio de 2026, exactamente siete meses después del caso de “La Europea”, la violencia volvió a golpear a otro establecimiento nocturno.

 

El propietario del bar “El Paraíso” fue asesinado a balazos y su hijo resultó lesionado. El establecimiento se ubica en la cabecera municipal, aproximadamente a 300 metros del Palacio Municipal.

 

Las versiones conocidas sobre el caso apuntaron a una posible negativa del propietario a pagar una presunta cuota de extorsión.

 

La Fiscalía habría clausurado el inmueble. Pero, nuevamente, aparece el mismo patrón que en “La Europea”: el negocio habría vuelto a abrir.

 

Dos establecimientos. Dos hechos violentos. Dos clausuras. Y una misma pregunta flotando sobre el municipio: ¿Qué sucede después de que las autoridades colocan los sellos?

 

Porque cerrar temporalmente un negocio después de que ocurre una tragedia no resuelve el problema si posteriormente vuelve a operar sin que la ciudadanía conozca las condiciones bajo las cuales fue autorizado.

 

LOS BARES BAJO SOSPECHA

 

Los establecimientos nocturnos forman parte de cualquier ciudad y no todos representan un problema de seguridad.

 

El problema aparece cuando existen señalamientos reiterados sobre determinados lugares y la autoridad no explica qué inspecciones se realizan ni qué resultados arrojan.

 

En La Paz existen acusaciones vecinales que relacionan algunos establecimientos con presunta venta de drogas, prostitución, extorsión y hasta posibles casos de trata de personas.

 

Estas acusaciones deben ser investigadas y acreditadas por las autoridades; no pueden descalificarse automáticamente, por el contrario, deben de ser aclaradas para la tranquilidad de los vecinos.

 

Porque si existen denuncias, corresponde investigar. Si existen irregularidades, corresponde sancionar. Si existe actividad criminal, corresponde actuar. Y si no existe nada de lo anterior, la autoridad tiene la obligación de transparentarlo.

 

También existe otro aspecto que debería ser revisado: las condiciones de protección civil de los establecimientos.

 

¿Cuentan con salidas de emergencia? ¿Tienen extintores? ¿Tienen rutas de evacuación? ¿Tienen dictámenes vigentes? ¿Se realizan inspecciones? ¿Existen programas internos de protección civil? La ciudadanía merece respuestas.

 

EL GOBIERNO MUNICIPAL NO PUEDE MIRAR HACIA OTRO LADO

 

Es cierto: la alcaldesa no tiene facultades absolutas para investigar homicidios ni para decidir unilateralmente sobre todas las actuaciones de la Fiscalía mexiquense.

 

Pero eso no significa que el Ayuntamiento carezca de responsabilidades. El gobierno municipal puede y debe coordinarse con las autoridades estatales y federales.

 

Puede fortalecer la policía preventiva. Puede realizar verificaciones administrativas dentro de sus atribuciones. Puede exigir revisiones de protección civil. Puede denunciar formalmente actividades sospechosas. Puede solicitar operativos conjuntos. Puede exigir resultados.

 

Y puede informar a los ciudadanos. Por eso, el argumento de que “la seguridad no depende solamente del municipio” no puede convertirse en una licencia para la pasividad.

 

¿Y DÓNDE QUEDA TRANQUILINO LAGOS?

 

En medio de esta crisis también aparece una cuestión política que forma parte del debate público en La Paz: el papel de Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa Martha Guerrero y señalado políticamente por distintos sectores como una figura con influencia dentro del gobierno municipal.

 

Aquí también es indispensable separar hechos de percepciones. Que sea esposo de la presidenta municipal no demuestra, por sí mismo, que ejerza funciones gubernamentales ni que tenga responsabilidad en hechos delictivos.

 

Pero precisamente por tratarse de una figura cercana al poder municipal, cualquier influencia política que se le atribuya debería poder ser esclarecida públicamente.

 

La pregunta periodística es sencilla: ¿Quién toma las decisiones en materia de seguridad y quién supervisa que esas decisiones produzcan resultados? Porque cuando la violencia se multiplica, también debe existir rendición de cuentas.

 

Martha Guerrero llegó al Ayuntamiento bajo la bandera de Morena y el discurso de transformación. Pero la transformación que importa a los ciudadanos no se mide por consignas partidistas.

 

Se mide en las calles. En la seguridad de los trabajadores. En la tranquilidad de las familias. En la capacidad del gobierno para prevenir homicidios. En la capacidad de las instituciones para investigar.

 

En la capacidad de la autoridad para impedir que los establecimientos señalados en investigaciones criminales simplemente regresen a la normalidad sin una explicación pública.

 

La ciudadanía no necesita que le digan que todo está bien. Necesita saber qué está pasando.

 

Hay una diferencia fundamental entre gobernar la inseguridad y administrar sus consecuencias. Gobernar implica prevenir.

 

Administrar las consecuencias significa llegar después, acordonar, tomar fotografías, levantar reportes y esperar que la noticia desaparezca.

 

La muerte de Miguel Ángel Hernández vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda. En diciembre de 2025 murió una trabajadora en “La Europea”. En julio de 2026 fue asesinado el propietario de “El Paraíso” y su hijo resultó lesionado. En septiembre de 2026 un hombre fue ejecutado en plena calle.

Mientras tanto, establecimientos previamente clausurados vuelven a operar.

 

Las ejecuciones tienen un mismo patrón que merece ser investigado: violencia, presuntas extorsiones, establecimientos señalados, clausuras y posteriores reaperturas. Y frente a ese patrón, el silencio institucional no basta.

 

La pregunta final no es solamente quién dispara. La pregunta es: ¿Por qué en Los Reyes La Paz los ciudadanos siguen muriendo mientras los responsables continúan escapando?

 

Y hay otra todavía más incómoda: ¿Cuántas ejecuciones más tendrán que ocurrir para que la llamada transformación deje de ser discurso y se convierta en seguridad real para los habitantes?

ROMÁN RICO, EL CHAPULÍN QUE BUSCA OTRO PADRINO POLÍTICO

 

*Del PRI al Verde y ahora en busca de cobijo en Morena; su trayectoria está marcada por cargos para su familia, promesas incumplidas, escándalos y graves señalamientos que las autoridades deberían esclarecer

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 8 de septiembre de 2026.— Román Rico González parece haber convertido la política de La Paz en un negocio familiar y el cambio de partido en una estrategia de supervivencia. PRI, Partido Verde y ahora la búsqueda del acercamiento con Morena forman parte de una trayectoria en la que, más que principios, predominan los intereses personales y familiares.

 

Durante su etapa priista consiguió la Dirección de Gobierno Municipal y, posteriormente, logró colocar a integrantes de su familia en posiciones dentro del Ayuntamiento. Su esposa fue regidora; después una de sus hijas ocupó también una regiduría y, actualmente, otra de ellas llegó al Cabildo por el Partido Verde Ecologista.

 

El mensaje parece claro: los partidos cambian, pero la familia Rico permanece.

 

En el actual gobierno de Martha Guerrero, Román Rico también encontró espacio. Durante algunos meses encabezó el área de recolección de basura, hasta que terminó fuera del cargo luego de presuntos desencuentros con Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa.

 

Pero alrededor de su salida existen señalamientos que no deberían quedar en simples versiones políticas. Se ha acusado a Rico González de haber permitido el ingreso de personas presuntamente vinculadas con el grupo delictivo “Los Mazo” a espacios del área que encabezaba. Esa versión habría provocado fricciones con Lagos Buenabad, a quien también se le han atribuido presuntos acuerdos con la organización criminal conocida anteriormente como Sindicato 22 de Octubre y actualmente como Federación Unida 22 de Octubre, encabezada por Héctor Becerril.

 

Son acusaciones graves y, precisamente por eso, requieren investigación, no silencio.

 

UN PASADO QUE NO DESAPARECE CAMBIANDO DE PARTIDO

 

La historia política de Rico González tampoco comenzó en los escritorios del Ayuntamiento.

 

Versiones que durante años han circulado en Los Reyes La Paz lo ubican, hace aproximadamente tres décadas, como vendedor de naranjas en calles de la cabecera municipal. Posteriormente, esos mismos señalamientos lo relacionan con una banda delictiva encabezada por un sujeto conocido como “El Cacho”, dedicada presuntamente al robo de camiones y tráileres sobre la carretera México-Texcoco y a la comercialización de mercancía en el mercado negro.

 

Más tarde, según esas versiones, habría buscado protección dentro de corporaciones policiales, como la extinta policía judicial, donde como participo como supuesto informante, es decir, como madrina.

 

También existen señalamientos sobre una presunta participación en interrogatorios violentos y en la identificación de personas relacionadas con actividades delictivas.

 

Pero hay una acusación todavía más delicada: la versión de que habría sido obligado por integrantes de aquella banda a participar en el homicidio de una persona para garantizar que nunca los denunciara.

 

Una acusación de homicidio no puede desaparecer debajo de la alfombra cuando lleva años circulando. Si existe una investigación ministerial, debe conocerse. Si no existe, debe aclararse. Lo que corresponde no es la protección política, sino la verdad.

 

DEL GOLPE A UN REPORTERO AL ATAQUE A SU DOMICILIO

 

En enero de 2018, cuando aspiraba a la candidatura priista a la presidencia municipal, Rico González protagonizó otro episodio que exhibió su relación con la crítica.

 

Al ser cuestionado por un reportero sobre una presunta agresión atribuida a su hija Itzayana Rico contra vecinos y los daños ocasionados a un vehículo, el político reaccionó violentamente y golpeó al comunicador.

 

Para alguien que pretendía gobernar el municipio, la escena resulta por lo menos preocupante: un político que no parece tolerar preguntas incómodas ¿Cómo pretende gobernar?

 

Dos años después, la violencia llegó hasta su propia casa. La madrugada del 8 de junio de 2020, alrededor de las 03:51 horas, sujetos a bordo de un automóvil compacto blanco dispararon contra el portón de su domicilio ubicado en la calle Aldama número 14, en pleno Centro de Los Reyes La Paz.

 

Fueron reportados al menos 32 disparos. No hubo víctimas. Rico González declaró entonces que sabía quiénes eran los responsables y señaló a presuntos narcomenudistas. Y nuevamente surgieron preguntas que hasta ahora merecen respuesta:

 

¿Por qué tenía identificados a los presuntos responsables? ¿Qué relación existía con las personas señaladas? ¿Qué investigaron las autoridades? ¿Hubo detenidos? ¿Se esclareció el ataque?

 

Preguntas sencillas que, en un municipio donde la violencia y la delincuencia son asuntos cotidianos, no deberían quedar archivadas.

 

LA UNIVERSIDAD FANTASMA

 

Pero si algo ha caracterizado políticamente a Román Rico son también sus grandes promesas. Al inicio de la actual administración anunció, con bombo y platillo, la construcción de una universidad en Los Reyes La Paz.

 

Aseguró que ya contaba con el terreno, que había cientos de millones de pesos disponibles y que el proyecto tenía respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez e incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum.

 

Hasta ahora, la universidad simplemente no existe. Ni campus. Ni obra. Ni resultados.

 

Por eso las preguntas son inevitables: ¿Dónde está el predio? ¿Dónde están los cientos de millones de pesos? ¿Qué dependencia comprometió los recursos? ¿Dónde está el proyecto ejecutivo? ¿Dónde están los convenios?

 

Si todo lo anunciado era cierto, los documentos deberían existir. Si no existen, entonces aquella universidad no fue más que otra promesa utilizada para ganar reflectores políticos.

 

AHORA TOCA LA PUERTA DE TEXCOCO

 

El PRI ya no parece abrirle las puertas. El Verde tampoco parece dispuesto a seguir cargando con él. Y ahora, según versiones políticas locales, Román Rico estaría buscando un nuevo padrino para impulsar a su hijo menor hacia una regiduría.

 

En esa búsqueda habría comenzado a acercarse a Texcoco y al alcalde morenista Nazario Gutiérrez Martínez. El asunto coloca una papa caliente sobre el escritorio del presidente municipal texcocano:

 

¿Está dispuesto a convertirse en el nuevo padrino político de Román Rico? Porque si Morena decide darle cobijo, tendrá que responder una pregunta elemental:

 

¿Qué gana Texcoco cargando con el historial de un político que ha pasado de partido en partido y que arrastra señalamientos que nunca han sido aclarados plenamente?

 

Román Rico puede cambiar de partido cuantas veces quiera. Puede cambiar de camiseta. Puede cambiar de aliados. Puede cambiar de discurso.

 

Lo que no puede cambiar tan fácilmente es su historial. Y ese historial está lleno de preguntas. Por eso, antes de que algún nuevo grupo político le abra las puertas, sería conveniente que alguien le preguntara directamente:

 

¿Qué ocurrió realmente durante sus años de militancia y actividad política? Porque si todo son mentiras, que presente las pruebas y las desmienta.

 

Pero si detrás de los rumores existen expedientes, testimonios o investigaciones, entonces ya no estamos hablando de un simple chapulín político, sino de un asunto que corresponde esclarecer a las autoridades. Mientras tanto, Román Rico sigue buscando dónde acomodarse.

 

Después de brincar del PRI al Verde y tocar ahora las puertas de Morena, sólo falta saber quién será el próximo partido dispuesto a cargar con el costo político de su pasado.