LA PAZ: AMENAZARON CON COBRO DE PISO, MATARON AL
ENCARGADO Y EL SICARIO ESCAPÓ
Por: EXPEDIENTE SECRETO
De acuerdo con la información proporcionada sobre el caso,
todo comenzó el 30 de agosto, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta
ingresaron al Bar denominado Barzel, ubicado sobre la calle Emiliano Zapata, en
la colonia Los Reyes Centro.
Los individuos llegaron hasta la barra y entregaron al
propietario un documento impreso con un número telefónico para establecer
contacto y pactar el pago de una cuota. El escrito contenía una amenaza:
establecer comunicación con la presunta organización criminal o cerrar el
negocio.
El documento estaba firmado, según la información del caso,
por un individuo identificado como “licenciado Vallarta”, acompañado de las
siglas CJNG.
Los administradores decidieron no comunicarse con los
presuntos extorsionadores y solicitaron apoyo de las autoridades municipales,
pero, no hicieron caso y diez días después, la amenaza habría dejado de ser una
advertencia.
A las 20:01 horas, un hombre con el rostro cubierto por una
capucha ingresó directamente al establecimiento. Caminó hasta la barra, donde
se encontraba el encargado, y abrió fuego en múltiples ocasiones a corta
distancia. La víctima intentó protegerse debajo del mostrador. No fue
suficiente.
El agresor realizó más disparos por encima de la barra y
posteriormente abandonó el establecimiento para retirarse a pie por la misma
calle Emiliano Zapata, sin que, de acuerdo con la información disponible, se
registrara la intervención de policías municipales durante su huida.
Una testigo permaneció en el interior durante el ataque y
quedó registrada por las cámaras de videovigilancia instaladas en el inmueble. El
resultado fue mortal.
LA PREGUNTA INCÓMODA: ¿QUIÉN ESTÁ PROTEGIENDO A LOS NEGOCIOS?
El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que las
autoridades municipales tendrán que responder con hechos: ¿qué tan efectiva
está siendo la estrategia de seguridad para proteger a comerciantes y
establecimientos ante las amenazas de extorsión? Porque no se trata únicamente
de un homicidio.
El expediente descrito revela una secuencia particularmente
preocupante: primero aparece una amenaza escrita; posteriormente ocurre un
ataque directo contra un trabajador dentro de un establecimiento; finalmente,
el agresor consigue escapar.
El problema de la violencia en La Paz no es nuevo. Podríamos hacer
una lista interminable de mujeres, niños, jóvenes y adultos que han sido
asesinados en lo que va de la administración de Morena y no terminaríamos.
En enero de 2026, por ejemplo, dos jóvenes fueron asesinados
dentro de una vulcanizadora ubicada a escasos metros de una base policial; el
caso también fue reportado como un ataque directo y los agresores lograron
escapar.
Y en febrero, después de ataques contra establecimientos
comerciales, autoridades municipales, estatales y federales anunciaron el
reforzamiento de patrullajes y vigilancia permanente en distintas zonas del
municipio.
En mayo, además, el Ayuntamiento informó de la incorporación
de nuevas patrullas para reforzar la seguridad en las zonas altas, donde la
propia autoridad reconoció problemas delictivos.
La pregunta inevitable es si todos esos anuncios están
consiguiendo impedir que un negocio sea amenazado, que un trabajador sea
asesinado y que el responsable pueda escapar.
MARTHA GUERRERO Y TRANQUILINO LAGOS, BAJO EL ESCRUTINIO
POLÍTICO
El gobierno municipal está encabezado formalmente por la
morenista Martha Guerrero Sánchez, quien asumió la presidencia municipal para
el periodo 2025-2027.
Al mismo tiempo, sectores políticos y ciudadanos han
cuestionado públicamente la influencia que tendría su esposo, Tranquilino Lagos
Buenabad, dentro de la administración municipal. Es un señalamiento político
que debe distinguirse de una responsabilidad jurídica, porque el esposo de la
alcaldesa es quien reamente gobierna.
Martha Guerrero debe de explicar qué papel juega Tranquilino
Lagos en el gobierno municipal y debe de explicar qué está haciendo para
impedir que la extorsión llegue a los establecimientos y terminen
convirtiéndose en homicidios.
Porque mientras en los comunicados oficiales se habla de
coordinación, prevención y fortalecimiento de la seguridad, en las calles
aparecen casos que obligan a cuestionar los resultados.
En cuanto a los señalamientos sobre Tranquilino Lagos y un
supuesto pacto entre el grupo criminal denominado Sindicato 22 de Octubre,
actualmente referido por algunas fuentes como Federación Unida 22 de Octubre. La
alcaldesa también debe explicar porque tranquilino no ha querido deslindarse públicamente
de sus presuntos nexos criminales.
Lo mismo ocurre con las versiones que señalan a Isaías Ramírez
Leal, “El Gallo”, director operativo de la Policía Municipal, como presunto
responsable de las operaciones de seguridad o que lo vinculan con grupos
criminales, enfáticamente con “La Familia Michoacana”. Esos señalamientos son
graves y alguien tiene que explicarlos.
Lo que sí está documentado es que Ramírez Leal aparece
identificado públicamente como responsable operativo de la corporación en
reportes periodísticos; en enero, un doble homicidio ocurrido cerca de una base
policial puso precisamente bajo cuestionamiento la capacidad de reacción de la
estructura de seguridad municipal.
El asesinato del encargado de Barzel deja una pregunta que
trasciende este establecimiento: ¿Cuántos negocios más tienen que ser
amenazados, ¿cuántas familias tienen que vivir con miedo y cuántas víctimas
tienen que caer para que la extorsión sea enfrentada como una prioridad?
