LA TRAICIÓN DE LA TRANSICIÓN: EL PACTO SECRETO QUE ENTREGA LA CIENCIA DE CHAPINGO A LAS HUESTES DE ANTORCHA CAMPESINA

 

*Comunidad académica exige la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum ante un presunto pacto electoral en el Edomex; acusan que el líder del Senado sacrificó el patrimonio científico de la UACh al entregar el control de la reserva a un violento grupo de choque ligado históricamente al PRI

Por: EXPEDIENTE SECRETO

TEXCOCO, Estado de México.— Detrás de la parálisis científica que asfixia desde hace un año a la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) presuntamente se esconde una de las operaciones políticas más pragmáticas del Estado de México. Lo que a simple vista parece un conflicto agrario en las mil 640 hectáreas de la Estación Forestal Experimental Zoquiapan (EFEZ) es, en realidad, el resultado de un presunto acuerdo cupular operado por el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, quien ha abierto las puertas de la llamada Cuarta Transformación a Antorcha Campesina, una organización históricamente ligada a la invasión de predios y al uso de la violencia política.

 

EL SECUESTRO DE ZOQUIAPAN: VIOLENCIA E IMPUNIDAD BAJO EL AMPARO POLÍTICO

 

Desde el 15 de octubre de 2023, los caminos de acceso a la EFEZ, ubicada en el corazón ecológico del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, permanecen totalmente bloqueados. Personas identificadas como ejidatarios de Río Frío irrumpieron en el predio reclamándolo como propios, ignorando los 50 años de derecho de acceso legítimo y de manejo forestal sustentable que ostenta la universidad desde 1972.

 

La resistencia académica se ha topado con una valla de agresiones físicas. La profesora Emma Estrada Martínez y el estudiante Jovani Torres denunciaron que las brigadas de profesores y alumnos de Ingeniería de Restauración Forestal han sido desalojadas con lujo de violencia. A pesar de que la agresión directa contra uno de los responsables de la estación derivó en el levantamiento de un acta judicial, el expediente permanece congelado, en un escenario de aparente inacción institucional.

 

La parálisis de este laboratorio vivo frena no solo las tesis y proyectos de Chapingo, sino también las líneas de investigación biológica y de monitoreo de ecosistemas de las principales instituciones académicas del país:

 

De la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma Metropolitana y del Colegio de Postgraduados.

 

EL GIRO PRAGMÁTICO: DE BRAZO ARMADO DEL PRI A OPERADOR DE MORENA

 

Para los inconformes y analistas de la región, la clave del conflicto radica en el perfil de la organización que presuntamente opera la invasión: Antorcha Campesina. Fundada y expandida bajo el cobijo del viejo régimen, esta estructura funcionó históricamente como un brazo de choque y grupo represor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), utilizado para someter a movimientos de izquierda y opositores en la periferia del Valle de México mediante la ocupación sistemática de terrenos de forma irregular.

 

La denuncia comunitaria apunta a que el senador Higinio Martínez Miranda, líder de la corriente de Morena en la entidad mexiquense. "Los Mexiquenses de Corazón", presuntamente pactó con las cúpulas antorchistas para incorporarlas a la estructura operativa de Morena. El objetivo aparente: asegurar el control territorial y electoral en municipios clave de la zona oriente.

 

Este viraje es señalado por sectores universitarios como una contradicción ideológica para la Cuarta Transformación, al asimilar los métodos y liderazgos de una organización que representaba los excesos corporativos del pasado, sacrificando el patrimonio ecológico y el desarrollo científico de una universidad pública a cambio de dividendos en las urnas.

 

La evidencia territorial de este acuerdo se puede ver en el municipio de Chimalhuacán. En este bastión, gobernado por la alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez —cuadro político alineado a "Los Mexiquenses de Corazón"—, miembros activos de Antorcha Campesina operan abiertamente distribuyendo despensas a nombre de Morena, consolidando el control social de los padrones de beneficiarios locales.

 

CHAPINGO POR DENTRO: DESCOMPOSICIÓN INSTITUCIONAL Y ABANDONO DEL CAMPO

 

El conflicto externo coincide con una fractura en los órganos de gobierno de la propia universidad. En un conversatorio inédito, cuatro exrectores de la institución manifestaron su preocupación por el rumbo administrativo y el debilitamiento de la identidad científica de Chapingo:

 

El Doctor Sergio Barrales Domínguez (2003-2007 / 2015-2019): Calificó la situación del agro nacional como crítica y denunció que las políticas económicas vigentes continúan priorizando la importación de maíz, desincentivando la autosuficiencia alimentaria y desamparando a los productores nacionales, un rubro donde Chapingo ha dejado de incidir con la fuerza técnica de antaño.

 

El Ingeniero Carlos Orozco Alam (1991-1994): Declaró de forma tajante que la universidad atraviesa una severa crisis administrativa, académica y política interna, debilitada en la toma de decisiones estratégicas.

 

El Doctor José Reyes Sánchez (1998-2002): Subrayó que la UACh "es un bien público de la sociedad y no propiedad de quienes la administran temporalmente", exigiendo que los recursos y esfuerzos se enfoquen de manera exclusiva en la formación de los jóvenes.

 

El Doctor Hugo Ramírez Maldonado (1988-1990): Criticó el pragmatismo que impera en la política estudiantil interna, argumentando que los procesos de elección de autoridades se han degradado hacia el clientelismo —mediante el reparto de chamarras, viajes de placer y festividades con alcohol— en detrimento de la viabilidad institucional a largo plazo.

 

EXIGENCIA DE INTERVENCIÓN PRESIDENCIAL

 

Ante el cruce de intereses locales y políticos, la comunidad de la Universidad Autónoma Chapingo mantiene la solicitud formal a la presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que la federación actúe directamente en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. La demanda central exige desvincular los compromisos de las facciones políticas del Estado de México de la seguridad jurídica de la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, con la finalidad de restituir el libre tránsito de académicos e investigadores en este espacio de reserva ambiental.

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: EL BLINDAJE LEGAL DE ZOQUIAPAN DESDE 1972

 

La relevancia de la Estación Forestal Experimental Zoquiapan (EFEZ) no es un asunto improvisado. Su historia formal comenzó en 1972, cuando se consolidó como un espacio estratégico cedido para la docencia, la investigación y el servicio universitario. Abarca una extensión de más de mil 640 hectáreas

 

que se encuentran plenamente integradas dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, una de las reservas ecológicas federales más antiguas e importantes de México.

 

Durante más de cinco décadas, este territorio ha operado bajo un marco legal estricto derivado de su estatus como Área Natural Protegida (ANP). Este blindaje jurídico se diseñó precisamente para evitar la fragmentación del suelo, el crecimiento urbano desordenado y las invasiones agrarias. Las leyes federales en materia ecológica y de biodiversidad establecen que los terrenos de la EFEZ están destinados exclusivamente a la conservación, el manejo forestal sustentable y la producción de conocimiento científico, lo que invalida cualquier intento de reclamación patrimonial o de posesión de carácter ejidal por encima del interés público y ecológico.

EL PÁNICO DE TRANQUILINO LAGOS Y SU PACTO CON EL «MUERTO VIVIENTE»

 

*Nepotismo conyugal, nexos sindicales bajo la lupa federal y el fuego amigo que hace tambalear al poder tras el trono de Martha Guerrero

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LA PAZ, Estado de México.- El cinismo político en el Estado de México ha encontrado un nuevo estándar en esta localidad. El protagonista de este burdo espectáculo no es la alcaldesa constitucional, la morenista Martha Guerrero Sánchez, sino su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad. Cobijado bajo el manto de una inexistente y autoproclamada «autoridad moral», Lagos Buenabad ha salido a los micrófonos a desatar una embestida contra el periodismo, revelando en el proceso sus propias contradicciones, el miedo al escrutinio público y una profunda amnesia histórica que insulta la memoria de los habitantes de La Paz.

 

EL DELIRIO PERSECUTORIO Y L A TRAICIÓN DEL SUBCONSCIENTE

 

El discurso de Lagos Buenabad se desploma por su propio peso estructural. En un intento desesperado por contener los señalamientos de corrupción y los desatinos que hunden a la administración de su cónyuge, incurre en un trastocamiento psicológico y político de manual: el delirio persecutorio.

 

Para Tranquilino, cualquiera que pretenda documentar el desastre municipal es un mentiroso pagado por la dirigencia nacional, estatal o local del PRI. Sin pruebas, bajo la vieja creencia de «se tiene que dar por hecho porque lo digo yo», despacha toda crítica periodística como fake news y exige leyes punitivas para amordazar a las redes sociales y a la inteligencia artificial, las mismas herramientas digitales que su partido ensalzó en el pasado y que hoy, cuando desnudan sus carencias, califican de «malditas».

 

Sin embargo, el error más revelador de su discurso no es su desprecio por la libertad de prensa, sino su falta de consistencia al hablar. En un mismo bloque discursivo, Lagos Buenabad afirma categóricamente no formar parte del gobierno municipal para deslindarse de responsabilidades; pero, segundos después, traicionado por el subconsciente del nepotismo, utiliza la primera persona del plural: «nosotros llegamos», «no lo vamos a resolver en dos años». ¿Eso no es parte del ayuntamiento? En términos legales, carece de nombramiento; en términos reales, opera con la prepotencia de quien se sabe el poder real tras el trono de Martha Guerrero.

 

LA FALACIA DE LA «TEMPORALIDAD HISTÓRICA»

 

El argumento de la «temporalidad histórica» es otra falacia insostenible. Justificar la ineficiencia, la falta de capacitación y los bajos salarios de la policía municipal bajo la premisa de que «tres años no son insuficientes para resolver lo que dejó el PRI en 50 años» es una mentira histórica. El grupo político que hoy mal gobierna La Paz no lleva dos años en el poder; lleva más de una década enquistado en el presupuesto local.

 

El propio Tranquilino ha reconocido que su movimiento proviene de las entrañas del PRD. Gobernaron con Gabriel Islas Osorio en el periodo 1997-2000, con Dino Ortiz en el 2000-2003 y con Agustín Corona Ramírez en el 2006-2009. Son los mismos actores con diferentes siglas. La policía que hoy sataniza y acusa de haber sido «muro para cometer delitos graves» en el pasado es exactamente la misma corporación que hoy opera bajo el mando directo de su esposa.

 

SILENCIOS CÓMPLICES Y EL MIEDO AL EXPEDIENTE ABIERTO

 

El miedo de Tranquilino Lagos no es gratuito; es el pánico al expediente abierto. El pueblo de La Paz no sufre de la amnesia que él padece. Se recuerda perfectamente cómo la exalcaldesa Olga Medina acusó en su momento a la pareja presidencial (Lagos Guerrero) de estar al servicio del priista Rolando Castellanos. Hoy, Lagos Buenabad truena contra el millonario negocio ilegal del agua en el municipio, pero calla y omite el nombre del próspero empresario del ramo, el también priista Juan José Medina Cabrera. ¿A qué se debe el silencio? En los pasillos políticos de la región es un secreto a voces que las autoridades federales ya investigan los presuntos nexos de Tranquilino Lagos Buenabad con Héctor Becerril, líder de la denominada Federación Unida 22 de Octubre (antes Sindicato 22 de Octubre).

 

A este grupo, en un acto de normalización criminal, el propio Tranquilino ha calificado públicamente como un «actor político» e incluso reconoce que algunos de sus miembros han sido detenidos por secuestro y extorsión; una organización con la que, paradójicamente, Lagos Buenabad parece sentirse muy cómodo trabajando.

 

EL PACTO CON EL «MUERTO VIVIENTE» Y EL NEPOTISMO EN LA REGIDURÍA

 

El nerviosismo en la cúpula que encabeza Lagos Buenabad también responde al pánico de que se ventile por completo otro escabroso expediente: el de su principal operador político en la región. Se trata de un sombrío personaje de la década de los noventa que, tras una presunta trayectoria delictiva, comenzó a operar como informante o «madrina» de la entonces policía judicial del Estado de México. En aquellos años, este individuo sufrió un violento atentado: fue privado de la libertad, baleado, arrojado a un canal de aguas negras y dado por muerto por sus propios cómplices.

 

Contra todo pronóstico, sobrevivió a la agresión y años más tarde, bajo el cobijo del PRD, logró convertirse en el director de la policía municipal durante la administración del entonces alcalde Agustín Corona Ramírez (2006-2009). Hoy en día, este polémico operador reaparece en la escena local pretendiendo «purificar» su trayectoria al interior de Morena. El verdadero escándalo, sin embargo, recae en la herencia de cuotas políticas: su hijo ocupa actualmente una regiduría en e l ayuntamiento de Los Reyes La Paz. En los pasillos del municipio se señala abiertamente al edil como un completo ignorante de las funciones públicas, cuyo único mérito real ha sido ser el heredero político del llamado «muerto viviente». Este expediente, que promete salir a la luz pública de manera detallada en fechas próximas, terminará por desnudar ante los habitantes de La Paz la verdadera naturaleza de los liderazgos que hoy controlan el partido en el poder.

 

FUEGO AMIGO DESDE LAS ENTRAÑAS DE MORENA

 

La narrativa del complot exterior también se le cae a pedazos. Lagos Buenabad asume que los misiles informativos provienen de la oposición tradicional, pero la realidad apunta a un escenario mucho más pragmático: el fuego amigo. Lagos debería escuchar a su propio líder mexiquense, Higinio Martínez Miranda, quien conoce de cerca cómo se operan los deslindes internos cuando el agua llega al cuello.

 

Así ocurrió con los escándalos patrimoniales y ambientales de la senadora Mariela Gutiérrez; el propio Higinio reconoció que, en el caso de la legisladora -propietaria de una casa con un valor comercial estimado de 36.5 millones de pesos no reportada en sus declaraciones patrimoniales-, se trataba de fuego amigo. Los ataques cibernéticos y las filtraciones que hoy tienen descolocada a la pareja gobernante de Los Reyes La Paz no vienen de los comités de la oposición. Los indicios sugieren que los misiles provienen de las propias dependencias del Gobierno del Estado de México, donde el pragmatismo político exige cortar los lazos con los liderazgos locales que se han vuelto tóxicos, disfuncionales y locos de poder.

 

Ahora, Tranquilino Lagos solo debe investigar quién está dirigiendo ese fuego amigo desde las entrañas de su propio movimiento en el Edomex. La ciudadanía de Los Reyes La Paz ya se percató del engaño: Morena no llegó a purificar la vida pública del municipio.

 

Llegó para reciclar viejos cacicazgos del PRD y del PRI, aliarse con sindicatos bajo sospecha y gobernar mediante el nepotismo conyugal. La soberbia discursiva de Tranquilino Lagos no es un reflejo de fuerza, sino el manoteo desesperado de quien ve de cerca el fin de su hegemonía y teme que el tenebroso expediente del pasado finalmente lo alcance. 

EL MAQUILLAJE ESTADÍSTICO NO FRENA LA EMBESTIDA LOCAL

 CONTRA LA PRENSA EN EL EDOMEX

 

*Mientras el gobierno estatal maquilla cifras de cara a los comicios, alcaldías oficialistas como Los Reyes La Paz desatan agresiones y hostigamiento contra la prensa independiente ante el silencio cómplice de Delfina Gómez

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México.— Detrás del aparato propagandístico montado por la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el cual presume la supuesta apertura de expedientes y medidas cautelares mediante la Consejería Jurídica, se esconde una realidad de censura y abandono institucional para el periodismo independiente mexiquense. De cara a los próximos procesos electorales, las cifras oficiales difundidas de enero a julio de 2026 no representan acciones de protección real, sino un intento de lavado de imagen política ante el incremento de agresiones directas perpetradas por las propias corporaciones de seguridad y funcionarios de todos los niveles de gobierno.

 

Mientras el Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas se limita a reportar la burocratización de casos mediante "planes integrales", la realidad en los municipios es una de asedio constante. El boletín gubernamental intenta colgarse medallas al citar que atiende casos en municipios clave; sin embargo, lo que realmente expone es la geografía de la violencia institucional en el Estado de México.

 

En Naucalpan, las supuestas medidas de protección resultan ridículas frente a hechos recientes donde periodistas de investigación y corresponsales de televisión abierta han sido agredidos físicamente y despojados de sus herramientas de trabajo por la propia policía local al dar cobertura a hechos delictivos. El mapa del riesgo se extiende alarmantemente a zonas con crecientes índices de criminalidad institucional como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco, Valle de Bravo, Zumpango y demarcaciones del Valle de Toluca. En la gran mayoría de estos puntos, las carpetas de investigación abiertas ante el Mecanismo no se deben a factores externos, sino al abuso de autoridad, amenazas directas y bloqueos informativos orquestados por policías municipales y funcionarios locales que se incomodan ante la critica informativa.

 

Un ejemplo crítico de esta crisis de impunidad partidista se vive en Los Reyes La Paz, de la mano de la alcaldesa morenista Martha Guerrero, donde empleados de la Dirección de Gobierno protagonizaron hace unos meses ataques violentos contra periodistas locales que daban cobertura a las problemáticas del municipio. A esta embestida se suman actores fácticos del poder local: Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa y quien carece de un cargo formal en el ayuntamiento, ha utilizado de manera sistemática los espacios públicos para amedrentar a reporteros. En un discurso que busca sembrar odio hacia la labor informativa, Lagos Buenabad ha tachado de "amarillistas" y operadores de "desinformación" a los comunicadores que documentan las fallas administrativas y los asesinatos violentos que se han convertido en el pan de cada día en la localidad, intentando coartar el ejercicio de la verdad con señalamientos y estigmatizaciones públicas.

 

Ante estos atropellos y la evidente hostilidad de las autoridades municipales de Morena y de oposición hacia la prensa, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha mantenido un silencio absoluto. Lejos de intervenir en favor del gremio o de exigir que se sancionen las conductas de sus correligionarios, la inacción del gobierno estatal no hace sino otorgar una aprobación implícita a la violencia y el acoso en contra del periodismo crítico. Los pomposos números de asistencia, la entrega de botones de pánico y las mesas de diálogo que presume el Mecanismo de Protección son simples curitas inoperantes mientras el propio núcleo en el poder siga siendo el principal promotor de la intolerancia informativa en el Estado de México.

 

LA URGENTE NECESIDAD DE UN MECANISMO AUTÓNOMO: PROPUESTAS PARA UNA PROTECCIÓN REAL

 

Para que el Mecanismo de Protección deje de ser un órgano de simulación subordinado a la Consejería Jurídica del Ejecutivo y condicionado por la agenda política del gobierno en turno, el gremio periodístico y las organizaciones civiles exigen una reestructuración integral basada en cuatro ejes fundamentales:

 

Autonomía constitucional y presupuestaria: El Mecanismo debe transformarse en un órgano constitucional autónomo, con un presupuesto propio blindado y asignado directamente por el Congreso del Estado de México. Esto evitará que sus recursos e incentivos dependan del humor o la aprobación de la Secretaría de Finanzas o de la oficina de la Gubernatura.

 

Gobierno con mayoría de la sociedad civil: La Junta de Gobierno no debe estar controlada ni presidida por funcionarios del gabinete estatal. La mayoría de los asientos con derecho a voto deben pertenecer a periodistas independientes en activo, colectivos de derechos humanos y académicos. Las dependencias gubernamentales (como la FGJEM o la Secretaría de Seguridad) deben participar únicamente como entes ejecutores de las medidas dictadas por la junta, no como jueces y partes.

 

Mecanismos sancionatorios contra funcionarios agresores: El nuevo diseño del Mecanismo debe poseer facultades para dar vista directa a órganos de control interno y promover la inhabilitación inmediata de alcaldes, directores de área o policías municipales que obstruyan, amenacen o agredan a la prensa. No se puede proteger al periodista si el Mecanismo carece de dientes para castigar al funcionario agresor.

 

Transparencia e indicadores de riesgo independientes: El diagnóstico de riesgo de un periodista no debe realizarse bajo las metodologías burocráticas del gobierno. Se requiere un comité técnico ciudadano que evalúe los mapas de riesgo en el Edomex en tiempo real, emitiendo alertas públicas tempranas y transparentando el estatus real de las medidas aplicadas, eliminando así el uso de las cifras de protección como simples medallas de propaganda electoral.

ENTRE PROMESAS MILLONARIAS Y AGUAS NEGRAS: EL ORIENTE DEL EDOMEX SIGUE BAJO EL AGUA ESTE OCTUBRE DE 2026

 

*Vecinos de Los Reyes La Paz acusan de traición a la gobernadora Delfina Gómez y a la alcaldesa Martha Guerrero; la alineación de Morena en los tres niveles de gobierno no frena el colapso hidráulico mientras la temporada de lluvias se prolonga de forma atípica

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México. – Llegó octubre de 2026 y, contra todos los pronósticos meteorológicos, la temporada de lluvias se ha prolongado de manera atípica en el Valle de México. Sin embargo, para los habitantes de la zona oriente de la entidad, la verdadera anomalía no es el clima, sino la persistencia de un mal histórico que las autoridades juraron haber erradicado: las inundaciones. Hoy, el optimismo de los discursos oficiales choca de frente con la realidad de calles convertidas en ríos de aguas negras, desatando una profunda indignación y un sentimiento de traición entre la ciudadanía.

 

EL DISCURSO TRIUNFALISTA: "INVERSIONES HISTÓRICAS" EN EL PAPEL

 

Apenas hace algunos meses, los tres niveles de gobierno desplegaron una intensa narrativa de éxito. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la alcaldesa de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, respaldadas por el Gobierno Federal, han presumido la consolidación del Plan Integral de la Zona Oriente. Con bombo y platillo, se anunció una inversión sin precedentes que supera los 110,000 millones de pesos destinados a infraestructura, conectividad y, supuestamente, el fin definitivo de los colapsos hidráulicos mediante macroobras como el Colector Chalco, el Colector Los Pinos y la ampliación de la Laguna El Salado.

 

Bajo la premisa de "saldar una deuda histórica", las autoridades aseguraron de manera categórica que las afectaciones por lluvias serían cosa del pasado gracias a la alineación partidista de la llamada "Cuarta Transformación" en el municipio, el Estado de México y la federación.

 

LA REALIDAD EN LAS CALLES: PROMESAS FLOTANDO EN AGUA SUCIA

 

La realidad que se vive en colonias como Valle de los Reyes, La Floresta y El Salado dicta un panorama completamente opuesto. Las recientes tormentas de este prolongado octubre volvieron a colapsar el sistema de drenaje local, inundando viviendas y comercios. Los vecinos, cansados de levantar barricadas e instalar compuertas improvisadas en sus puertas, contemplan con impotencia cómo el patrimonio de toda su vida vuelve a flotar en aguas residuales.

 

"Estamos hartos de tantas mentiras. Nos dijeron que, con el mismo partido en la presidencia, la gubernatura y la alcaldía las cosas cambiarían, pero solo cambiaron las promesas. El dinero dicen que se invierte, pero en nuestras calles no se ve", reclaman molestos vecinos de la colonia Valle de los Reyes, mientras desalojaba lodo de su accesoria.

 

EL COSTO POLÍTICO DEL DESENCANTO

 

La coincidencia partidista entre Martha Guerrero y Delfina Gómez, que inicialmente fue vendida como la llave para resolver el rezago de la región, se ha convertido en su mayor bache político. Al no haber administraciones de oposición a quienes culpar por la falta de coordinación o la lentitud de los trabajos, la responsabilidad recae de forma directa y exclusiva en la gestión actual.

 

La ciudadanía acusa que las funcionarias y sus brigadas de atención solo aparecen para tomarse la foto con botas de hule y repartir kits de limpieza una vez que el desastre ocurrió, evadiendo la entrega de las soluciones estructurales prometidas. Mientras el temporal de 2026 se resiste a ceder, la paciencia de la zona oriente ya llegó a su límite, demostrando que miles de millones de pesos en el presupuesto no bastan para contener el agua cuando las obras carecen de planeación y eficacia real.

SAQUEAN BOSQUE DE CHAPINGO POR PACTO POLÍTICO RUMBO AL 2029

 

*Acusan al senador Higinio Martínez de entregar la reserva de Zoquiapan a grupos de choque de Antorcha Campesina a cambio de votos.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

IXTAPALUCA, Estado de México, 10 de octubre de 2026.- La crisis en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) ha escalado a un nivel de máxima tensión política y de seguridad nacional. La Estación Forestal Experimental Zoquiapan (EFEZ), un santuario ecológico y académico de mil 640 hectáreas, cumple casi un año bajo el control y ocupación violenta de un grupo de choque. Miembros de la comunidad universitaria denuncian de forma enérgica que este despojo no es un simple conflicto ejidal, sino el resultado de una presunta e indignante alianza clientelar y electoral de cara al 2029 entre el presidente del Senado, el texcocano Higinio Martínez Miranda, y la organización paramilitar Antorcha Campesina.

 

EL "PACTO DE LA VERGÜENZA": ZOQUIAPAN Y CHAPINGO ENTREGADOS POR VOTOS

 

De acuerdo con graves señalamientos internos de la comunidad universitaria, el senador de Morena, Higinio Martínez Miranda, habría pactado un acuerdo con las cúpulas de Antorcha Campesina. El objetivo: asegurar la estructura y el arrastre de votos del antorchismo para pavimentar su camino hacia la candidatura a la gubernatura del Estado de México en las elecciones de 2029.

 

A cambio de este respaldo político, fuentes de la institución aseguran que Martínez Miranda está operando e interviniendo directamente ante las autoridades de la Universidad de Chapingo para presionar y obligar a la institución a ceder espacios de poder. Esta capitulación no solo implica la pérdida del predio forestal de Zoquiapan, sino una infiltración sistemática de liderazgos antorchistas al interior de la estructura universitaria. Alumnos y profesores califican esto como una traición absoluta a los principios de la llamada "Cuarta Transformación", la cual prometió erradicar el chantaje y las prácticas clientelares de Antorcha Campesina, y que hoy, por ambición desmedida, parece cobijarlos.

 

UN AÑO DE SECUESTRO FORESTAL ANTE LA MIRADA CÓMPLICE DE LAS AUTORIDADES

 

El conflicto estalló en octubre de 2025, cuando supuestos ejidatarios de Río Frío irrumpieron y bloquearon los accesos principales a la estación, ubicada en Ixtapaluca dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Desde entonces, los estudiantes de Ciencias Forestales han sido despojados de su principal laboratorio de investigación, lo que ha paralizado prácticas profesionales, tesis doctorales y proyectos de conservación ambiental.

 

Aunque el pasado 26 de septiembre el Movimiento Antorchista emitió un derecho de réplica en prensa escrita deslindándose de la invasión y negando intenciones de lotificación, voces dentro del bosque y la universidad sostienen firmemente que en el lugar permanecen de forma hostil células pertenecientes al grupo de choque de Antorcha Campesina.

 

El hartazgo estudiantil reventó públicamente el pasado 9 de octubre de 2026. Durante la inauguración de la Feria Nacional de la Cultura Rural, contingentes de alumnos irrumpieron con protestas y consignas para exigir la liberación inmediata de Zoquiapan. Ante la presión, el rector Ángel Garduño García tuvo que reconocer públicamente el secuestro del predio por parte de los ejidatarios, asegurando de forma tibia que la universidad mantiene gestiones ante la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, acciones que la comunidad considera insuficientes ante el tamaño de la agresión.

 

LA PRESIÓN LLEGA A LA AGENDA FEDERAL: EXIGEN CUENTAS A LA SEMARNAT

 

La gravedad del despojo ha roto el cerco local. La diputada federal del Partido del Trabajo (PT) y egresada de Chapingo, Martha Aracely Cruz Jiménez, llevó la denuncia de manera directa ante la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.

 

A través de sus canales oficiales, la legisladora denunció el atropello a su alma mater: “Es preocupante que grupos ajenos pretendan apropiarse de este espacio, fundamental para la formación académica, la investigación, el aprendizaje y la conservación del hábitat de numerosas especies”, fustigó Cruz Jiménez. No obstante, el Gobierno Federal mantiene una postura de hermetismo, sin que la SEMARNAT haya aclarado aún si abrirá un procedimiento de desalojo o si se mantendrá al margen para no confrontar los intereses políticos que operan desde el Senado de la República.

 

EL RETO: ¿PREVALECERÁ EL DERECHO A LA EDUCACIÓN O EL PORRISMO POLÍTICO?

 

La disputa por la Estación Forestal Experimental Zoquiapan ha dejado de ser un asunto de linderos agrarios para convertirse en un termómetro de la corrupción y la impunidad en el Estado de México. La comunidad universitaria de Chapingo exige una investigación inmediata y profunda por parte de las autoridades competentes para desenmascarar a los autores materiales e intelectuales de esta invasión.

 

Defender Zoquiapan no es solo recuperar mil 640 hectáreas de bosque; es frenar la entrega de la educación pública y autónoma a los brazos del chantaje social y los pactos de poder de cara al 2029. Las preguntas quedan en el aire: ¿Garantizarán las autoridades la seguridad jurídica de Chapingo, o permitirán que el patrimonio ecológico del país se use como moneda de cambio electoral?

COMERCIANTES DENUNCIAN RED DE EXTORSIÓN INSTITUCIONAL EN LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD DE NEZAHUALCÓYOTL

 

*Locatarios de Neza acusan a inspectores de Movilidad y a un presunto operador político apodado “El Jarocho” de exigir cuotas de 500 pesos semanales bajo la amenaza de arrastrar sus vehículos y clausurar los establecimientos

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD NEZAHUALCÓYTOL, Estado de México, 9 de octubre de 2026. — Pequeños empresarios y comerciantes locales denunciaron públicamente una presunta red de extorsión operada por diversas dependencias de la administración del alcalde morenista, Adolfo Cerqueda Rebollo. De acuerdo con los testimonios emitidos bajo estricto anonimato por temor a represalias, los señalamientos se dirigen enfáticamente hacia la Dirección de Movilidad, encabezada por el encargado de despacho Ángel Roldán Fajardo.

 

Los inconformes manifestaron que esta situación agrava la crisis de inseguridad en el municipio, pues argumentan que al pago de "derecho de piso" exigido por grupos criminales de la delincuencia organizada y a las cuotas entregadas a algunos policías municipales a cambio de protección, ahora se suman las presiones de los servidores públicos de la Dirección de Movilidad.

 

OPERACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS LOCALES

 

Según las denuncias de los afectados, empleados de la Dirección de Movilidad han visitado de manera sistemática talleres de hojalatería y pintura, establecimientos de compra de desperdicios industriales y negocios dedicados a la reparación, compra y venta de llantas para vehículos.

 

El personal institucional advierte a los dueños que no pueden mantener vehículos estacionados a las puertas de sus negocios, amenazando con trasladar las unidades al corralón municipal mediante plataformas de arrastre si no acatan la disposición. No obstante, los comerciantes señalaron que los inspectores ofrecen "hacerse de la vista gorda" y omitir las sanciones a cambio del pago de una cuota obligatoria de 500 pesos semanales, esto es una realidad, pues los funcionarios visitan solo a algunos negocios para amedrentan a los dueños, pero a los que acceden a pagar la extorsión nunca son molestados. Así es la manera de actuar del notificador y empleado de Movilidad, de nombre, Juan Rodríguez Zaragoza.

 

EL ROL DE "EL JAROCHO" E INTERMEDIARIOS POLÍTICOS

 

En este esquema de presunta corrupción gubernamental, los denunciantes identificaron a un individuo apodado “El Jarocho”, con domicilio reportado en la colonia Vicente Villada, en las inmediaciones de la avenida Carmelo Pérez y la calle Petróleos Mexicanos. Según los testimonios, este sujeto se presenta en los comercios de la periferia y con vendedores ambulantes para ofrecer un supuesto respaldo que evite que sean molestados por la autoridad municipal, exigiendo también una tarifa fija de 500 pesos semanales.

 

En caso de que los locatarios se nieguen a pagar la cuota a dicho intermediario, personal adscrito a la Dirección de Movilidad se presenta posteriormente en los establecimientos para colocar notificaciones y documentos en los parabrisas de los automóviles, reforzando las amenazas de arrastre de los vehículos al corralón y amagando con la clausura definitiva de los giros comerciales. Al ejecutar estas acciones, los inspectores sostienen que actúan bajo instrucciones directas de sus mandos superiores y del propio presidente municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo.

 

De acuerdo con los registros vecinales, "El Jarocho" afirma desempeñarse como empleado del ayuntamiento y cuenta con una trayectoria de permanencia institucional que abarca distintas administraciones locales de diversas fuerzas políticas. Los quejosos indicaron que este operador estuvo vinculado a la gestión del exalcalde Juan Zepeda Hernández bajo las siglas del PRD, continuó durante los dos periodos de gobierno de Juan Hugo de la Rosa García y se integró posteriormente a la actual estructura de Morena. El perfil descrito por los afectados lo señala históricamente como un movilizador político encargado del acarreo de personas, asegurando que la estructura de funcionarios operativos se mantiene prácticamente intacta a pesar de las alternancias partidistas en la demarcación.

 

REPERCUSIONES CIUDADANAS Y PANORAMA POLÍTICO

 

Los microempresarios manifestaron su hartazgo ante los abusos recurrentes y exigieron al alcalde Cerqueda Rebollo que frene las operaciones de los directores de área y de los gestores señalados, a quienes acusan de operar bajo cobijo oficial.

 

Asimismo, los inconformes formularon una crítica hacia la estrategia política de la actual administración, señalando que la entrega de programas sociales, tales como las pensiones para adultos mayores y las becas escolares para estudiantes, no compensa el descontento generado por las prácticas de corrupción. Los inconformes recordaron a la ciudadanía que los apoyos económicos prioritarios ya se encuentran elevados a rango constitucional dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que su continuidad jurídica está garantizada independientemente del partido político que gane las elecciones.

 

Finalmente, los denunciantes advirtieron que la falta de supervisión y el comportamiento de los funcionarios identificados con los distintivos institucionales del partido oficial podrían derivar en un voto de castigo para las autoridades locales de cara al próximo proceso electoral de 2027 en el Estado de México.

EL CARTEL DEL AGUA EN LOS REYES LA PAZ: EXTORSIÓN SINDICAL,

 COACCIÓN Y LA SOMBRA DEL CLAN FRAGOSO

 

*El cartel del agua en Los Reyes La Paz: Extorsión sindical, coacción y la sombra del clan Fragoso

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México 8 de octubre de 2026. — El control de los recursos básicos y la coacción social se han convertido en la principal moneda de cambio en el municipio de Los Reyes La Paz. Lo que comenzó como denuncias vecinales aisladas en las partes altas de la demarcación ha expuesto una densa red criminal que opera bajo la fachada de agrupaciones de trabajadores, la cual —según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR)— conecta a líderes criminales prófugos con redes de protección policial y la cúpula política del Estado de México.

 

EL FOCO ROJO: CONTROL Y EXTORSIÓN EN LOMAS DE SAN SEBASTIÁN

 

En el epicentro de las investigaciones se encuentra la colonia Lomas de San Sebastián, una de las zonas más vulnerables de Los Reyes La Paz. En este punto, la Federación Unida 22 de Octubre (antes conocido como Sindicato 22 de Octubre) ha estructurado un mecanismo de control civil forzado a través del agua potable.

 

De acuerdo con denuncias ciudadanas y reportes ministeriales, el modus operandi se ejecuta en tres niveles:

 

El monopolio del agua: Una operadora territorial identificada únicamente por su apellido, "La Roano", mantiene el control absoluto sobre la distribución y entrega de las tandas de agua en las partes altas del municipio. El vital líquido es condicionado explícitamente a los colonos, exigiéndoles sumarse a las filas de Morena a cambio del suministro.

 

Bases sociales fabricadas: La delincuencia organizada utiliza la necesidad comunitaria para legitimarse. Decenas de ciudadanos son obligados a salir a las calles en manifestaciones programadas para lanzar consignas de agradecimiento a los liderazgos. El objetivo es simular ante las autoridades que el sindicato está conformado por "luchadores sociales".

 

Cobro de piso: En paralelo a la manipulación de los recursos, Héctor Becerril, líder operativo de la Federación Unida 22 de Octubre en Los Reyes La Paz, es señalado directamente en investigaciones por coordinar esquemas de extorsión y presuntamente es quien recauda las cuotas semanales a los comerciantes y locatarios del municipio.

 

LA RED DE COMPLICIDAD: EL COBIJO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

 

A pesar del historial delictivo que arrastra la Federación Unida 22 de Octubre, antes “Sindicato 22 de Octubre”, sus operadores se mueven con absoluta libertad en la demarcación. Fuentes locales e investigaciones periodísticas confirman que Héctor Becerril cuenta con todo el respaldo institucional de la actual administración de Los Reyes La Paz.

 

Este cobijo político proviene de las esferas más altas del poder municipal, operado principalmente por Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez. El papel de Lagos Buenabad ha sido clave para la legitimación del grupo:

 

De la negación al respaldo público: Hace unos días, Lagos Buenabad recurrió a sus redes sociales para desmarcarse y negar tajantemente cualquier nexo u "oscuro acuerdo" con el sindicato. Sin embargo, unos minutos después cambió drásticamente su narrativa al modificar su postura pública e identificar formalmente a esta organización delictiva como un "actor político" válido y de peso en la región.

 

El apoyo de la cúpula municipal quedó de manifiesto durante las movilizaciones en Lomas de San Sebastián, donde los contingentes obligados a marchar no solo agradecieron a Becerril y a "La Roano", sino también de forma directa a la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez y a su esposo Tranquilino Lagos, evidenciando el pacto político que entrega el control del municipio a la organización sindical a cambio de una base social forzada.

 

El reconocimiento de Lagos ocurre a pesar de que diversos medios de comunicación, como el diario Reforma, han documentado ampliamente que el historial de dicho sindicato está cimentado en el despojo de predios, la extorsión a transportistas y el robo de agua que se comercializa a precios estratosféricos y se condiciona con fines políticos.

 

LA CONEXIÓN CON EL CLAN FRAGOSO Y EL BLINDAJE POLICIAL

 

La Federación Unida 22 de Octubre no opera de forma aislada; forma parte de un conglomero de transportistas y comerciantes del Valle de México que incluye a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) y al Sindicato 25 de Marzo. El jefe histórico de esta red es Guillermo Fragoso Báez, alias "El Memo" o "El Jefe", quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

 

Para comprender la estructura de impunidad de la que gozó este clan, las fiscalías del Valle de México apuntan directamente hacia la cúpula de la seguridad pública:

 

Infiltración institucional: El padre de "El Memo", Merced Guillermo Fragoso Estévez, se desempeñó como Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ecatepec durante el inicio de la administración del morenista Fernando Vilchis Contreras. Las indagatorias señalan que desde esa posición estratégica presuntamente se tejió el blindaje policial y de inteligencia que facilitó la libre operación de sus hijos en la zona oriente de la entidad.

 

La reprobación de confianza: Fragoso Estévez fue destituido de manera fulminante en mayo de 2019 tras revelarse que reprobó de forma definitiva los exámenes obligatorios de control y confianza estatales. Aunque fue retirado del cargo, los lazos e influencias sembrados en las corporaciones locales continuaron operando a favor del grupo criminal.

 

EL CERCO JUDICIAL SE CIERRA: CATEOS Y DETENCIONES

 

El avance de las investigaciones federales bajo el expediente FED/FEMDO/UEIDMS-MEX/0000421/2024 ha comenzado a desmantelar la estructura financiera y operativa de la organización mediante golpes coordinados:

 

Los cateos federales (12 de septiembre de 2025): En un operativo simultáneo de la FGR, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, se intervinieron cinco inmuebles de Guillermo Fragoso Báez en Santa María Chiconautla, Ecatepec. En el predio denominado "El Corral" se incautaron armas largas, narcóticos, la flotilla de pipas de agua de la organización y un zoológico privado con 15 caballos españoles de pura sangre, un lobo y un coyote. Las propiedades de su padre, Merced Guillermo Fragoso, también fueron registradas.

 

La caída de "El Borregas" (junio de 2026): Misael "N", hermano de "El Memo" e hijo del exjefe policial, fue capturado por agentes federales y recluido en el Penal de Chiconautla, procesado por secuestro exprés y delincuencia organizada.

 

El espejo de "El Jimmy" en Chalco: El desmantelamiento de estas mafias del agua tiene su antecedente más cercano en Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias "El Jimmy". A pesar de escalar políticamente hasta convertirse en regidor de Chalco por el PVEM, "El Jimmy" fue detenido tras comprobarse su participación en secuestros, extorsiones, pero, además, se le investiga presuntamente por estar detrás de varios homicidios de choferes de pipas independientes que se negaban a ceder el control de los pozos de agua.

 

La impunidad del clan quedó registrada en redes sociales a través de fotografías donde Guillermo Fragoso posaba junto a figuras de la cúpula política mrenista, tales como el Secretario de Educación, Mario Delgado; los senadores Gerardo Fernández Noroña e Higinio Martínez Miranda; y la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, el alcalde de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez y muchos otros. Los vínculos de funcionarios de alto nivel de Morena, al parecer no son hechos aislados sino una estrategia que se planeó y se desarrolló a nivel nacional.

 

Pese al blindaje y apoyo institucional que brinda la actual administración de Los Reyes La Paz y el propio Tranquilino Lagos Buenabad a Héctor Becerril, fuentes ministeriales confirman que las carpetas de investigación registran avances sustanciales, perfilando un desenlace judicial que el respaldo político local difícilmente podrá detener.

VECINOS DE NEZA FRENAN DETENCIÓN ARBITRARIA DE ACTIVISTAS QUE DESAZOLVABAN DRENAJE

 

*Habitantes de la colonia Bosques impiden abuso policial del jefe de sector Enrique Reina; denuncian repunte delictivo y años de omisión institucional en la Zona Norte

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México, 8 de octubre de 2026.– Vecinos de la Zona Norte de este municipio intervinieron para impedir que elementos de la policía municipal detuvieran a integrantes de una organización civil, quienes realizaban labores de mantenimiento vial ante la presunta inacción de las autoridades locales.

 

De acuerdo con los testimonios de los habitantes de la colonia Bosques, la comunidad solicitó el apoyo de un camión Vactor para desazolvar las coladeras de la avenida Naciones, una vialidad que, según los afectados, sufre inundaciones recurrentes que provocan pérdidas materiales y de días laborales a los comerciantes de la zona. Ante la falta de respuesta del gobierno local, los ciudadanos recurrieron a la Fundación “Manos Corazón Una Razón”, cuyos miembros acudieron para facilitar los trabajos de limpieza del drenaje.

 

Los denunciantes señalaron que, durante el desarrollo de las labores, al lugar arribó Enrique Reina, jefe de servicios del sector 3 de la policía municipal —denominado "Lagos"—, acompañado de varios elementos policiacos. Según las declaraciones de los vecinos, el mando policial actuó de manera prepotente e intentó arrestar al personal de la fundación bajo el argumento de que estaban cometiendo actos indebidos en la vía pública.

 

La intervención de los residentes impidió que las detenciones se llevaran a cabo. Los colonos calificaron el actuar policial como indignante, argumentando que han pasado años solicitando formalmente el mantenimiento de las alcantarillas al ayuntamiento sin obtener respuesta. Los manifestantes sugirieron que la administración del alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo no ha atendido los llamados de la comunidad de la Zona Norte debido a sus múltiples ocupaciones gubernamentales.

 

Ante el altercado, los inconformes emitieron una recomendación pública al presidente municipal para que evalúe con mayor rigor los perfiles y el grado de escolaridad de quienes son designados como mandos de la corporación de seguridad, señalando que las acciones cometidas por el jefe de sector demuestran una preocupante falta de criterio.

 

Asimismo, los habitantes de la colonia Bosques acusaron que desde el nombramiento de Enrique Reina en el sector 3 se ha registrado un incremento notable en delitos de alto impacto, como el robo de vehículos y la venta de estupefacientes en la zona. Según los residentes, estas actividades delictivas parecen no ser prioritarias para los mandos policiales, a quienes acusaron de dar la espalda a la ciudadanía y concentrar sus esfuerzos en frenar el apoyo comunitario. Los afectados concluyeron con una exigencia directa al alcalde morenista para que tome cartas en el asunto y ponga fin a los abusos de autoridad en la demarcación.