CJNG Y FAMILIA MICHOACANA SE EXPANDEN EN MÁS DE 60 MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE MÉXICO BAJO LA MIRADA DEL GOBIERNO ESTATAL
*Diagnóstico oficial de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México confirma presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, La
Familia Michoacana y otras células en corredores industriales y zonas
densamente pobladas, mientras autoridades siguen acumulando mapas sin frenar la
violencia
Por: Rodolfo Rodríguez y Martín Ponce.
TOLUCA, Estado de México, 25 de febrero de 2026.- La radiografía no deja lugar a dudas: el problema ya no es
percepción, es estructura. Si la propia Fiscalía General de Justicia del Estado
de México documenta que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en
al menos 60 municipios mexiquenses —y que La Familia Michoacana alcanza 75—, entonces
el Estado de México no enfrenta hechos aislados, sino una expansión criminal
sostenida y tolerada.
Y AQUÍ ES DONDE LA CRÍTICA SE VUELVE INEVITABLE
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez prometió un cambio
profundo bajo la bandera de la llamada “transformación”. Pero lo que muestran
los mapas oficiales es otra cosa: superposición de grupos, disputa territorial,
corredores industriales infiltrados y municipios estratégicos bajo asedio
criminal. Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Chalco,
Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Texcoco, Toluca… la lista es larga y alarmante. No
se trata de un punto rojo: es un estado sembrado de puntos.
El Fiscal General de Justicia del Edomex, José Luis Cervantes
Martínez ha perfeccionado el diagnóstico. Láminas, mapas, colores superpuestos,
clasificaciones por delito. Pero mientras la burocracia presenta gráficas, en
las calles la extorsión se normaliza, los homicidios dolosos continúan, el
secuestro no desaparece y el acopio de armas de uso exclusivo del Ejército se
vuelve rutina en investigaciones abiertas. El conocimiento del problema ya no
puede presumirse como logro; cuando la enfermedad avanza, el diagnóstico sin
tratamiento es omisión.
El secretario de Seguridad Cristóbal Castañeda Camarillo llegó
con discurso de experiencia y firmeza. Sin embargo, el mapa institucional
reconoce incluso la existencia de una “Nueva Alianza” —la suma entre el CJNG y
la Unión Tepito— operando en municipios clave del corredor industrial del Valle
de México. Si el propio aparato de seguridad identifica estas convergencias
criminales, ¿por qué la estrategia no ha desarticulado esas células de forma
contundente?
El problema no es que existan investigaciones abiertas hasta
2024 o 2025. El problema es que, a pesar de años de registros de inteligencia
federal que sitúan la expansión criminal desde la segunda mitad de la década de
2010, hoy la presencia no se reduce: se diversifica y se consolida. Robo de
combustible en el norte colindante con Hidalgo, extorsión en zonas densamente pobladas,
disputas en corredores comerciales, homicidios en municipios estratégicos. El
patrón es claro.
Más grave aún es el trasfondo que nadie quiere tocar con
firmeza: la corrupción como habilitador estructural. Sin complicidad política,
sin redes de protección institucional, sin impunidad judicial, ningún grupo
criminal logra expandirse en 60 o 75 municipios. Cuando la autoridad se limita
a mapear el crimen, pero no a limpiar sus propias filas, el mensaje es
devastador: el Estado observa, documenta… y permite.
Morena hoy gobierna el Estado de México, tiene mayoría
legislativa federal, controla congresos locales y domina la narrativa nacional.
Cuando eran oposición, aseguraban que el problema era la “herencia” y la falta
de voluntad política. Hoy que concentran todo el poder. ¿Cuál es ahora el
pretexto?
Si el diagnóstico oficial ya reconoce la magnitud del
problema, la omisión deja de ser incapacidad y empieza a parecer tolerancia. Y
cuando un gobierno se especializa en explicar el crimen en lugar de erradicarlo,
la ciudadanía queda atrapada entre mapas institucionales y balas reales.
El Estado de México no necesita más radiografías. Necesita
cirugía. Y, hasta ahora, ni la gobernadora, ni el fiscal, ni el secretario han demostrado
estar dispuestos a empuñar el bisturí contra la corrupción que alimenta al
crimen organizado.
Si se revisa con seriedad la propia radiografía institucional
aportada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el
panorama es todavía más preocupante cuando se detallan municipios y grupos
criminales señalados.
GRUPOS CRIMINALES IDENTIFICADOS
El diagnóstico menciona presencia o incidencia de: Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana, La Unión Tepito (en
alianza con CJNG bajo la figura denominada “Nueva Alianza”), El Cártel de
Tláhuac, Nuevo Imperio, Los Peluches, Los Catalinos, Los Gastones.
MUNICIPIOS CON PRESENCIA O INCIDENCIA VINCULADA AL CJNG
El informe ubica al CJNG en al menos 60 municipios. Entre los
mencionados destacan: Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán,
Coacalco, Nicolás Romero, Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, La Paz, Nezahualcóyotl,
Texcoco, Toluca, Metepec, Atlacomulco y Jilotepec.
En varios de estos puntos, el mapa muestra superposición, es
decir, coexistencia o disputa entre distintos grupos criminales.
MUNICIPIOS CON FUERTE PRESENCIA DE LA FAMILIA MICHOACANA
De acuerdo con el mismo diagnóstico, concentra mayor
incidencia en: Ecatepec, Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán, Chalco e Ixtapaluca.
Además, en municipios del sur y poniente del estado, se
encuentra la “Nueva Alianza” (CJNG Unión Tepito).
La figura descrita como alianza operativa aparece en: Nicolás
Romero, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Tultepec, Coacalco y Ecatepec.
Cártel de Tláhuac, tiene registros en: Valle de Chalco, Chalco,
Ixtapaluca. El dato central es demoledor: no se trata de un solo grupo ni de
una sola región, sino de un entramado criminal extendido en corredores
industriales, zonas densamente pobladas y rutas comerciales estratégicas del
Valle de México, el Valle de Toluca, el norponiente y el oriente mexiquense.
Cuando los propios documentos oficiales enlistan municipios
específicos y estructuras criminales con nombre y apellido, la discusión deja
de ser imprecisa. El problema está geográficamente identificado. La pregunta ya
no es dónde están. La pregunta es por qué, si el Estado sabe exactamente dónde
operan y quiénes son, no ha logrado desmontar su presencia territorial.
