ROCHA VUELVE AL PODER: LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
CONVERTIDA EN BLINDAJE POLÍTICO
*Rocha vuelve al poder entre acusaciones, dudas y el caso
Cuén; ahora Sheinbaum enfrenta el reto de demostrar que la presunción de
inocencia no es un blindaje exclusivo para los políticos de Morena
Por: EXPEDIENTE SECRETO
Sin embargo, el gobierno mexicano se negó hacerlo y por el
contrario le otorgo toda la protección necesaria. Ahora, Rocha regresó “con la
frente en alto”, según él, convencido de que una acusación no equivale a una
sentencia. Y jurídicamente tiene razón: nadie puede ser condenado sin una
resolución judicial que determine su responsabilidad.
Pero una cosa es respetar la presunción de inocencia y otra,
muy distinta, utilizarla como blindaje político para cerrar los ojos ante una
tormenta de señalamientos, investigaciones y hechos que todavía exigen
respuestas.
Porque el problema ya no es solamente lo que diga Washington.
El problema es todo lo que ha ocurrido alrededor del gobernador sinaloense.
La acusación estadounidense contra Rocha y otros funcionarios
y exfuncionarios de Sinaloa colocó al gobierno estatal en el centro de una
investigación por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Rocha ha
negado las acusaciones y las autoridades mexicanas, según, no han encontrado,
hasta ahora, elementos para proceder penalmente contra él, el problema es quien
realmente cree esa versión.
Que una investigación mexicana no haya acreditado
responsabilidad penal no borra las preguntas políticas ni desaparece los hechos
que dieron origen al escándalo.
Y justo cuando Rocha decide volver al despacho gubernamental,
aparece una pieza que vuelve a sacudir uno de los episodios más oscuros de la
política sinaloense: la detención de Fausto Corrales Rodríguez.
Corrales fue detenido por la Fiscalía General de la República
y es señalado por su probable intervención en delitos de encubrimiento
relacionados con el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda y por falsedad de
declaraciones. La FGR lo identifica como la persona que acompañó a Cuén a la
reunión del 25 de julio de 2024, en el lugar donde el exrector de la
Universidad Autónoma de Sinaloa fue asesinado y donde, según la investigación,
Ismael “El Mayo” Zambada fue privado de la libertad y posteriormente llevado a
Estados Unidos.
Durante meses, aquella historia estuvo cubierta por una
versión que terminó haciéndose pedazos: que Cuén había sido asesinado durante
un intento de robo en una gasolinera.
La investigación federal terminó cuestionando severamente esa
explicación. Ahora, con Corrales detenido, vuelven a aparecer las mismas
preguntas que durante dos años quedaron flotando en el aire: ¿qué ocurrió
realmente aquel 25 de julio?, ¿quiénes estuvieron presentes?, ¿quién sabía lo
que iba a suceder?, ¿quién mintió?, ¿quién encubrió?, y quiénes siguen teniendo
algo que explicar?
La coincidencia temporal resulta políticamente explosiva. Rocha
regresa al poder mientras una pieza clave de aquel episodio está bajo custodia
federal.
Y hay otro nombre que tampoco puede desaparecer del radar: Enrique
Inzunza Cázarez, senador de Morena y uno de los funcionarios sinaloenses
incluidos en los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses.
Inzunza ha rechazado las imputaciones, las calificó de falsas y acudió a declarar
ante la FGR en mayo.
Es decir, el problema no terminó con la licencia temporal de
Rocha. El expediente político sigue abierto.
Y aquí es donde la llamada transformación enfrenta una prueba
incómoda: ¿la presunción de inocencia es un principio constitucional que debe
respetarse para todos o se ha convertido en un argumento selectivo para
proteger a los hombres del poder y militantes de Morena?
Porque si se trata de respetar la ley, debe respetarse
siempre. Pero si se trata de investigar, también debe investigarse a todos. Sin
excepciones. Sin colores partidistas. Sin fuero convertido en escondite. Sin
cargos públicos utilizados como escudo.
EL CASO MÉRIDA: LA PREGUNTA QUE MORENA NO QUIERE CONTESTAR
Y mientras Rocha vuelve a la gubernatura, hay otro episodio
que hace todavía más incómoda la situación.
Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y exsecretario de
Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó voluntariamente a autoridades
estadounidenses en mayo de 2026 después de ser señalado dentro de la
investigación contra funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con
organizaciones criminales. Posteriormente su nombre ya no aparece en la lista
de personas detenida en Estados Unidos, lo que significa que fue trasladado a
una cárcel mucho más cómoda para seguir dando información a las agencias de
seguridad de ese país.
En mayo, El Universal reportó que Mérida había sido aceptado
como testigo cooperante y que existía la posibilidad de que recibiera
protección, mientras entregaba información inicial a las autoridades
estadounidenses.
Entonces la pregunta es inevitable: Si Rocha ya fue
políticamente absuelto porque, según la investigación mexicana, no existen
elementos suficientes para acusarlo, ¿qué espera el gobierno de México para
exigir exactamente el mismo para Gerardo Mérida?
Y aquí la exigencia debe ser directa para la presidenta Claudia
Sheinbaum Pardo: Si no existen pruebas contra Rocha Moya, entonces que se
solicite formalmente al gobierno de Estados Unidos que explique, aclare y, en
su caso, exonere a Mérida de cualquier acusación que no pueda sostenerse.
Porque sería inadmisible defender la soberanía mexicana
solamente cuando el señalado ocupa una posición política conveniente.
La justicia no puede funcionar bajo el principio de “a los
nuestros se les cree y a los otros se les investiga”. Eso no es justicia. Eso
es protección política.
Y si Morena sostiene que las acusaciones estadounidenses
carecen de sustento, entonces debería ser el primero en exigir que cada
expediente sea transparentado y que quien resulte inocente quede completamente
limpio.
Pero si existen pruebas, también deben conocerse. Porque la
soberanía nacional no puede convertirse en una cortina de humo para impedir
investigaciones.
EL REGRESO QUE DEJA DEMASIADAS PREGUNTAS
Rocha puede volver a la gubernatura porque legalmente conserva
sus derechos y porque no existe una sentencia mexicana que lo condene.
Pero volver al Palacio de Gobierno no significa que hayan
desaparecido las dudas.
Tampoco convierte automáticamente las acusaciones
estadounidenses en una conspiración.
Y mucho menos borra el asesinato de Cuén, el secuestro de “El
Mayo”, la contradictoria investigación inicial, la caída de una versión oficial
y ahora la detención de uno de los hombres que estuvo cerca de aquella reunión.
Lo verdaderamente grave sería que el poder político
pretendiera que todo eso simplemente desaparezca porque Rocha ya regresó.
No. La política puede cerrar filas. Los expedientes no. Y
mientras Rocha vuelve “con la frente en alto”, Sinaloa sigue cargando con una
pregunta que Morena no ha conseguido responder de manera convincente:
¿Dónde termina la presunción de inocencia y dónde comienza la
impunidad?
Porque una cosa es que no exista una sentencia condenatoria. Y
otra, muy diferente, que el poder pretenda que tampoco existan preguntas.
Si el gobierno mexicano está convencido de que las acusaciones
estadounidenses contra sus funcionarios son falsas, que lo demuestre hasta el
final. Y que lo haga con todos. Incluido Gerardo Mérida Sánchez.
Porque, de lo contrario, la defensa de la soberanía terminará
pareciendo solamente el último refugio de quienes necesitan protección política.
Y eso sí sería el colmo del cinismo.
