EJECUCIONES A METROS DEL PODER: LA PAZ SE HUNDE EN

 LA VIOLENCIA SIN CONTROL

*Dos personas asesinadas frente a un bar, a unos pasos del palacio municipal, exhiben el colapso de la seguridad en el gobierno de Martha Guerrero Sánchez

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 7 de abril de 2026.- La violencia volvió a desbordarse en el municipio, y lo hizo de la forma más cruda: con sangre derramada a plena vista del poder local. La noche del lunes 6 de abril, dos personas fueron ejecutadas afuera del bar “El Club”, ubicado sobre avenida del Trabajo, casi esquina con Ignacio Aldama, en plena cabecera municipal.

 

El dato no es menor ni casual. El ataque ocurrió a escasos cien metros del palacio municipal, en una zona que debería ser considerada de alta vigilancia, no sólo por la cercanía con la sede del gobierno local, sino porque en ese punto también se encuentran celdas de detención y presencia permanente de elementos policiacos.

 

Nada de eso importó. Ni la proximidad del poder, ni la supuesta vigilancia, ni la presencia policial evitaron que las víctimas quedaran tendidas sobre la banqueta, en una escena que refleja el grado de descomposición que enfrenta el municipio gobernado por Martha Guerrero Sánchez y operado políticamente por su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad.

 

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el doble homicidio se suma a una cadena de episodios violentos que han convertido a Los Reyes La Paz en un foco rojo dentro del Estado de México. La constante es la misma: ejecuciones a plena luz del día o en zonas céntricas, sin que exista una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

 

Ante este panorama, crecen las voces que exigen la intervención del gobierno federal. Habitantes, organizaciones y diversos sectores coinciden en un punto: la administración municipal ha sido rebasada por la delincuencia.

 

Las advertencias no son nuevas. Desde el inicio del actual gobierno, investigaciones periodísticas señalaron presuntos vínculos entre mandos de seguridad y grupos del crimen organizado. En particular, ha sido cuestionado el papel de Isaías Ramírez Real, señalado por presuntas conexiones con estructuras delictivas. A pesar de ello, las autoridades locales han optado por el silencio.

 

A este escenario se suma el desempeño del comisario de seguridad pública, Eduardo Fouilloux Bataller, cuya gestión ha sido ampliamente criticada. Su paso previo por el municipio de Ixtapaluca dejó antecedentes de violencia y cuestionamientos sobre su capacidad operativa, lo que hoy se refleja en un municipio que parece sin control.

 

Pero el problema no se limita a la reacción institucional. Diversas denuncias apuntan a una permisividad sistemática por parte del gobierno municipal en la proliferación de centros nocturnos, señalados como puntos de operación del crimen organizado.

 

De acuerdo con versiones recogidas en la zona, en estos establecimientos no sólo se fomenta el consumo desmedido de alcohol, sino también la prostitución y la venta de drogas como cocaína y cristal. Trabajadores de estos lugares —meseros en su mayoría— serían obligados a distribuir estupefacientes, en un esquema que fortalece las estructuras criminales y agrava la violencia.

 

Este contexto ayuda a explicar la brutalidad de los hechos recientes. Las ejecuciones, lejos de ser eventos aislados, responden a disputas por el control de territorios y actividades ilícitas que se desarrollan, prácticamente, con tolerancia institucional.

 

La consecuencia es evidente: calles convertidas en escenarios de muerte, ciudadanos atrapados en el miedo y un gobierno que no logra —o no quiere— recuperar el control.

 

Mientras tanto, en Los Reyes La Paz, la sangre sigue corriendo. Y cada nuevo asesinato no sólo suma a la estadística, sino que profundiza la percepción de abandono y la certeza de que, en este municipio, la autoridad ha dejado de ser garantía de seguridad para convertirse en espectadora de la violencia.

HIGINIO MARTÍNEZ: EL POLÍTICO QUE NO ROMPE, PERO TAMPOCO SE VA

*El senador texcocano apuesta por la permanencia como forma de poder, en medio de su creciente desplazamiento dentro de Morena

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 6 de abril de 2026.- En la política mexiquense hay figuras que se definen por sus triunfos y otras por sus derrotas. Higinio Martínez Miranda no encaja en ninguna de esas categorías. Pertenece a una más compleja: la de quienes han hecho de la permanencia su verdadera estrategia, a cualquier costo y bajo cualquier circunstancia.

 

No importa el partido, el régimen o el momento político. En su trayectoria, lo esencial ha sido “estar”. Y ese estar, que en apariencia podría parecer virtud, en realidad es un método pulido durante décadas. Martínez Miranda no ha sido el hombre de las rupturas, sino el que sobrevive a todas sin dejar de disputar espacios. Un político que se acomoda, que calcula y que, para muchos, refleja una obsesión constante por el poder.

 

Lejos de ser considerado un ideólogo de la izquierda mexiquense o un disidente dentro de Morena, Higinio se perfila más como un operador de larga data. A lo largo de su carrera, ha tejido acuerdos tanto con gobiernos priistas como con grupos muy polémicos, chantajista y de choque, como Antorcha Campesina, privilegiando siempre la posición sobre los principios. Su lógica política no responde a convicciones, sino a su cercanía con los centros de poder.

 

Durante años, dentro del sistema político priista del Estado de México, su perfil no sólo era comprensible, sino funcional. Dominaba la negociación cupular, el control territorial y la acumulación silenciosa de “dinero y poder”. Sin embargo, la irrupción de Morena alteró ese equilibrio. La reconfiguración política terminó por reducir su centralidad y, con ello, su margen de maniobra.

 

Hoy, el político que estaba acostumbrado a liderar enfrenta un desplazamiento evidente. No ha sido expulsado, pero sí contenido. No ha sido derrotado abiertamente, pero tampoco se le concede lo que considera propio: la candidatura al gobierno del Estado de México.

 

Cercanos al senador aseguran que, ante el desvanecimiento de su aspiración a la gubernatura, ha crecido en él un profundo resentimiento. Un malestar crónico que se refleja en sus recientes críticas hacia la dirigencia nacional de Morena, así a el gobierno federal e incluso contra la administración estatal encabezada por la gobernadora Delfina Gómez, así como en contra del secretario general de gobierno, Horacio Duarte, a quienes en otro momento consideró cercanos.

 

Sin embargo, sus posicionamientos no representan una ruptura con el sistema ni con su partido. Más bien, responden a un mecanismo que le ha funcionado durante años: el chantaje político como herramienta de presión para reposicionarse en la disputa por el poder.

 

Cuando Martínez Miranda afirma que su relación con la gobernadora es de “coordinación, no subordinación”, no plantea una postura democrática, sino una delimitación de poder. Es la expresión de un actor que se resiste a diluirse y a convertirse en un cuadro disciplinado.

 

En ese comportamiento se revela el rasgo más constante de su carrera: la incapacidad de asumir la periferia. Para él, quedar fuera del centro de decisiones no es una transición natural, sino una anomalía que debe corregirse mediante la crítica, el desmarque y la presencia constante.

 

Sus recientes cuestionamientos a Morena no son, en ese sentido, la voz de una conciencia crítica interna, sino la de un actor que se niega a desaparecer. No defiende una idea de partido, defiende su lugar dentro de él.

 

Esto conduce a una conclusión incómoda: el valor que guía su conducta no es la transformación ni la coherencia ideológica, sino la permanencia como forma de poder. Todo lo demás —discursos, críticas, distancias— son instrumentos para no quedar fuera del tablero.

 

De ahí que el apodo que lo ha acompañado durante años, “Priiginio”, cobre sentido no como insulto, sino como categoría política. No por su militancia, sino porque su forma de operar se entiende mejor dentro de la lógica del viejo régimen: negociación antes que ruptura, adaptación antes que confrontación y preservación antes que cambio.

 

La paradoja es clara. Un movimiento que se asume como ruptura convive con actores cuya esencia es la continuidad. Y mientras esa tensión no se resuelva, Morena seguirá atrapado entre la crítica que incomoda y la permanencia que, lejos de ser lealtad, responde a una estrategia de poder.

SILENCIO ANTE EL ESTALLIDO DE LA CAMIONETA QUE SALIÓ DEL AIFA

 

*El hecho es que, a setenta y tantos días del Mundial, una unidad cargada con explosivos entró y salió del AIFA, y estalló minutos después

 

Por: Héctor De Mauleón

 

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de abril de 2026.--El mismo fin de semana en que se inauguró el Estadio Banorte con el partido México-Portugal, y en vísperas del Mundial de Futbol, explotó en la carretera México-Pachuca una Toyota Tacoma que acababa de salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA.

 

La noticia no fue difundida en un principio. Se le manejó con extremo hermetismo, hasta que un video tomado por la cámara de un auto que circulaba metros más adelante se viralizó en redes sociales.

 

El video en cuestión muestra el momento del estallido, la manera en que la Toyota zigzagueó sin control hasta invadir un carril contrario y estrellarse contra un centro comercial que se halla a un lado de la carretera, frente al fraccionamiento Haciendas del Bosque, en Tecámac, Estado de México.

 

Notas periodísticas situaron el hecho el 28, el 29 e incluso el 30 de marzo. Las autoridades administraron la información. Intentaron apagar el hecho de manera inmediata. Solo se informó que en la explosión habían muerto un operador del Cártel de Sinaloa, ligado a la facción de Los Mayos, Francisco Efraín Beltrán, El Payín, así como el hombre que minutos antes había ido a recogerlo al AIFA: Humberto Rangel Muñoz.

 

Se anunciaron peritajes para determinar si el estallido, cuya onda expansiva terminó con la vida de los pasajeros de manera inmediata, se trataba de un explosivo plástico, activado de manera remota, o si era consecuencia del estallido de un artefacto —una granada de fragmentación— que se hallaba en la parte trasera de la unidad.

 

En cualquiera de los casos, la Toyota había ingresado al estacionamiento del AIFA con su carga mortal. En dicho estacionamiento, a cargo del Ejército, no existen filtros de seguridad.

 

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en una “mañanera” que el Gabinete de Seguridad daría una explicación de los hechos. Hasta el momento, la explicación es que se sigue investigando y los peritajes continúan. Ninguna de las dependencias de seguridad consultadas proporcionó información sobre el estallido. Una fuente señaló que Humberto Rangel Muñoz vivía en una zona del Edomex cercana al AIFA y que El Payín acababa de bajar de un vuelo procedente de Sinaloa.

 

Lo que ha seguido es un silencio absoluto.

 

Fuentes de inteligencia aseguran que la soledad del AIFA lo ha convertido en uno de los destinos favoritos de integrantes del crimen organizado. Ante la ausencia casi completa de pasajeros se sale de sus instalaciones con velocidad. Un dato importante es que, de acuerdo con las detenciones realizadas en los últimos años, varios operadores del Cártel de Sinaloa han elegido como base de operaciones municipios que se conectan con el fallido aeropuerto de Andrés Manuel López Obrador.

 

Sinaloa es, por lo demás, uno de los principales surtidores de droga de las mafias locales.

 

El hecho es que, a solo setenta y tantos días de la inauguración del Mundial, una unidad cargada con explosivos entró y salió del AIFA, y estalló minutos después de que El Payín la hubiera abordado.

 

Noticias recientes prueban que toda clase de explosivos se encuentra en manos de distintos grupos criminales. Precisamente, el Cártel de Sinaloa ha empleado drones con explosivos para atacar a autoridades, comunidades y organizaciones rivales. Hace unos días, operadores de Aureliano Guzmán, El Guano, atacaron con drones a sicarios de Óscar Manuel Gastélum, El Músico. Apenas en abril pasado circuló un video en el que integrantes de un grupo criminal hicieron estallar una camioneta de manera remota.

 

El 30 de marzo, sicarios del Cártel de Zicuirán, que dirige en Michoacán Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias Migueladas, subieron a redes un video en el que aparecen probando un dron que será utilizado en futuros ataques.

 

El mismo fin de semana en que la Toyota Tacoma estalló en Tecámac, elementos del ejército aseguraron en Badiraguato, Sinaloa, más de 300 artefactos explosivos.

 

El mes pasado, el Cártel Jalisco arrojó explosivos desde drones contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas.

 

En una nueva dinámica criminal que debería encender alarmas en todo el país, la delincuencia organizada está operando abiertamente con distintos explosivos. Ni siquiera sabemos cuáles, pero uno de estos estalló en Tecámac, a solo unos días de la inauguración del Mundial.

 

Ante un episodio tan delicado, la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum, como siempre, ha consistido en minimizar, disimular, guardar silencio.

RED DE HUACHICOL Y PODER: SALPICA A MORENA Y EXHIBE

 PRESUNTA COMPLICIDAD OFICIAL

*Señalamientos contra Américo Villarreal Anaya y Horacio Duarte Olivares reavivan acusaciones de financiamiento ilegal y evidencian la falta de respuestas del Estado mexicano ante posibles nexos con el crimen organizado

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 6 de abril de 2026.- Las acusaciones sobre presuntos vínculos entre políticos y redes criminales vuelven a sacudir el escenario nacional, ahora con nuevos elementos que apuntan a figuras clave del poder en México y evidencian una preocupante falta de respuesta institucional.

 

De acuerdo con Miguel Alfonso Meza, responsable de la plataforma Narcopolíticos, los señalamientos no son aislados ni superficiales. Afirma que están respaldados por investigaciones periodísticas, documentos de inteligencia, carpetas de investigación y testimonios directos, lo que ha generado incomodidad, particularmente entre actores de Morena, fuerza política dominante en gran parte del país.

 

En este contexto, Meza aseguró que el Ejército Mexicano ya tenía conocimiento, desde 2022, de presuntos vínculos entre el hoy gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y recursos provenientes del llamado “huachicol fiscal”, así como de un supuesto respaldo territorial del Cártel del Golfo, según documentos de inteligencia filtrados durante aquel proceso electoral.

 

El esquema, según estas versiones, operaba mediante la extracción ilegal de recursos derivados del contrabando de combustible que posteriormente eran inyectados a campañas políticas. En ese entramado aparece el nombre de Sergio Carmona Angulo, quien habría financiado campañas en Tamaulipas, Sinaloa y el Estado de México.

 

Dentro de esta red también se menciona a Horacio Duarte Olivares, quien fungió como titular de la Administración General de Aduanas entre 2020 y 2022. Diversos reportes han señalado que durante su gestión habrían proliferado redes de corrupción que facilitaron el contrabando de combustible en cruces fronterizos.

 

Actualmente, Duarte se desempeña como secretario General de Gobierno del Estado de México y es considerado uno de los principales aspirantes a la candidatura para gobernar la entidad. Esta posición lo ha colocado en un enfrentamiento político directo con el senador Higinio Martínez Miranda, quien también busca la gubernatura, intensificando una disputa interna que se desarrolla en medio de estos señalamientos.

 

Algunas versiones, difundidas por el periodista Raymundo Riva Palacio, apuntan a que autoridades federales tendrían abiertas líneas de investigación para determinar posibles omisiones o facilidades en la operación de estas redes. No obstante, hasta ahora no existe una postura oficial clara ni resultados públicos que den certeza sobre el avance de dichas indagatorias.

 

El trasfondo de este caso no solo radica en la gravedad de las acusaciones, sino en la persistente ausencia de acciones concretas. Pese a los testimonios, documentos y denuncias, el Estado mexicano no ha ofrecido claridad sobre si estas investigaciones avanzan o si habrá consecuencias para los implicados.

 

En medio de este escenario, la percepción ciudadana se endurece: la justicia en México continúa siendo selectiva, mientras los señalamientos alcanzan a figuras de alto nivel sin que, hasta ahora, exista una respuesta proporcional a la magnitud de las acusaciones.

FRACASA EL GOBIERNO DE MARTHA GUERRERO SÁNCHEZ: FEMINICIDIOS Y VIOLENCIA DESBORDAN LOS REYES LA PAZ

 

* Asesinatos de mujeres, impunidad y una seguridad inexistente exhiben el colapso de la administración municipal, mientras crece la indignación contra la alcaldesa y su entorno, incluido Tranquilino Lagos Buenabad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México.- La violencia contra las mujeres en este municipio ha dejado de ser una alerta para convertirse en una tragedia sistemática. El pasado 3 de abril, una vez más, la sangre volvió a correr en calles de la localidad con el hallazgo del cuerpo de otra mujer con visibles signos de violencia, confirmando lo que para muchos habitantes ya es una realidad innegable: el fracaso total de la estrategia de seguridad del gobierno municipal.

 

El crimen ocurrió en la colonia Ejidal El Pino, sobre la calle Medran Buendía, casi esquina con avenida San Francisco. Este asesinato no solo suma otra víctima a la estadística, sino que desnuda la distancia entre el discurso oficial y la cruda realidad. Apenas días antes, la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez difundía un mensaje prometiendo reforzar la seguridad con motivo del periodo vacacional, asegurando la instalación de puntos de vigilancia para garantizar tranquilidad durante las celebraciones religiosas. Hoy, esas promesas se exhiben como lo que fueron: palabras vacías frente a una violencia desbordada.

 

Los antecedentes son contundentes y devastadores. El pasado 2 de diciembre, al interior del Hotel Saro, ubicado sobre avenida Puebla, fue localizado el cuerpo sin vida de otra mujer, de aproximadamente 35 años, brutalmente golpeada, especialmente en el rostro y la cabeza. Un crimen que evidenció no solo la saña, sino la impunidad con la que operan los agresores.

 

Apenas tres días después, el 5 de diciembre, otra mujer fue asesinada a tiros en las inmediaciones del bar conocido como La Europea. La víctima, completamente ajena a los hechos, quedó atrapada en una riña entre clientes. Murió por impactos de bala en un punto que, para muchos, simboliza el colapso institucional: a escasos metros del palacio municipal. Este hecho desató una ola de indignación contra la alcaldesa y su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, señalados por tolerar un entorno donde proliferan centros nocturnos vinculados —según denuncias ciudadanas— a la venta de droga y la explotación sexual.

 

Las redes sociales han sido el termómetro del hartazgo social. Miles de usuarios han denunciado que el corazón del gobierno municipal está rodeado de establecimientos donde, aseguran, se comercian diariamente sustancias como cocaína y cristal, mientras las autoridades parecen mirar hacia otro lado. La percepción ciudadana es demoledora: no solo hay omisión, sino una presunta permisividad que agrava la crisis.

 

El episodio más estremecedor ocurrió el pasado 13 de marzo, cuando una cámara de seguridad captó el asesinato de Elisabeth Ramos García y su hijo Ángel, de apenas 11 años, en calles de la colonia Tecamachalco. Lo que debía ser una escena cotidiana —una madre caminando con su hijo y su sobrina rumbo a la tienda— terminó en una ejecución a plena luz del día. La menor de 15 años que los acompañaba resultó gravemente herida y aún lucha por su vida. El ataque, presuntamente durante un intento de robo, cimbró no solo a la comunidad, sino al país entero.

 

Hoy, en Los Reyes La Paz, el miedo se ha vuelto rutina. Los habitantes viven con la certeza de que están solos, abandonados a su suerte, mientras desde el gobierno municipal se insiste en una narrativa que ya nadie cree. La distancia entre la realidad y el discurso se mide en vidas perdidas.

 

Diversos sectores sociales comienzan a organizarse para exigir la intervención del gobierno federal y que se reconozca formalmente la gravedad de la situación. Para muchos, el municipio ya cruza la línea hacia la condición de un territorio sin control, donde la violencia —particularmente contra las mujeres— avanza sin freno.

 

La conclusión en las calles es contundente: más allá de discursos y promesas, la realidad ha rebasado por completo a las autoridades. Y mientras no haya un cambio profundo, la pregunta ya no es si habrá otra víctima, sino cuándo.

ABANDONO Y ABUSO EN NEZA: FAMILIA DENUNCIA COBRO IMPAGABLE Y EXHIBE EL ROSTRO INSENSIBLE DEL GOBIERNO DE ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

*Entre trámites, cuotas y desdén, un electricista de la tercera edad queda a la deriva mientras el discurso de la 4T se desploma frente a la realidad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México, 4 de abril de 2026.-

La narrativa oficial de cercanía con el pueblo y apoyo a los más vulnerables vuelve a desmoronarse en Nezahualcóyotl, donde una denuncia ciudadana exhibe lo que cada vez más habitantes señalan: un gobierno municipal alejado de la gente, insensible y marcado por prácticas que contradicen por completo el discurso que llevó a Morena al poder.

 

El caso es claro, crudo y profundamente indignante. Una familia, en condiciones de vulnerabilidad, lanzó un grito desesperado en busca de ayuda. Su historia revela no solo la burocracia fría, sino el rostro más duro de una administración que parece haber olvidado a quién debe servir.

 

El pasado 24 de marzo, a un hombre de la tercera edad, electricista de oficio, le fue colocada una suspensión temporal a su pequeño taller, su única fuente de ingresos. No se trata de una gran empresa, ni de un negocio irregular de gran escala: es apenas “un puestecito”, como lo describe su propia hija, ubicado cerca de una avenida principal en Ciudad Neza.

 

Cuando el afectado acudió al Palacio Municipal en busca de una solución, la respuesta fue tajante: deberá pagar 11 mil pesos para retirar la suspensión.

Once mil pesos. Una cifra que, para cualquier trabajador informal o adulto mayor en condiciones precarias, resulta simplemente inalcanzable.

 

La situación se vuelve aún más dramática al conocer el contexto familiar. La hija del afectado, quien hizo pública la petición de ayuda, vive con una discapacidad y no cuenta con los recursos para respaldar a su padre. La escena que describe es devastadora: un hombre mayor, esperando afuera de su propio taller cerrado, con la esperanza de que llegue “su chambita” para poder llevar comida a casa.

 

Mientras tanto, el gobierno municipal encabezado por Adolfo Cerqueda Rebollo parece mantenerse ajeno, indiferente, atrapado en una lógica recaudatoria que poco o nada entiende de realidades sociales.

 

Este caso no es aislado. Vecinos de Nezahualcóyotl han comenzado a señalar un patrón: exigencias económicas, trámites opacos y una creciente desconexión entre autoridades y ciudadanía, especialmente con los sectores más pobres.

 

La contradicción es evidente. Morena llegó al poder bajo la promesa de poner primero a los pobres, de gobernar con sensibilidad y de erradicar los abusos del pasado. Sin embargo, historias como esta reflejan exactamente lo contrario: un gobierno que exige a quienes menos tienen, que cobra sin considerar, y que cierra puertas en lugar de abrir soluciones.

 

Hoy, en Neza, una familia pide ayuda. No pide privilegios, no pide favores políticos. Pide justicia, pide comprensión, pide la oportunidad de trabajar.

 

Pero en la llamada Cuarta Transformación, al menos en este municipio, nadie parece estar escuchando.

HIGINIO ESTALLA CONTRA MORENA: EXHIBE FRACTURAS, ACUSA

 SILENCIOS Y ADVIERTE RIESGO DE DEBACLE

*Desde televisión nacional, el senador lanza fuego contra su propio partido, cuestiona a gobernadores, aliados y deja entrever pugnas por el control del Edomex

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 4 de abril de 

2026.- El senador Higinio Martínez Miranda dinamitó la aparente unidad de Morena al lanzar, en televisión nacional, una de las críticas más duras que se hayan escuchado desde dentro del propio partido guinda, exhibiendo fracturas, silencios incómodos y una lucha interna por el poder que ya no puede ocultarse.

 

Durante una entrevista en TV Azteca el pasado 29 de marzo, el vicecoordinador de Morena en el Senado no se guardó nada: cuestionó directamente a la cúpula del partido y exigió revisar “quiénes dirigen a Morena”, al tiempo que urgió a abrir la crítica pública antes de que el desgaste político se traduzca en castigo ciudadano.

 

“Las cosas no van bien”, sentenció el legislador, al advertir que, si no hay correcciones inmediatas, el partido podría enfrentar el rechazo del electorado. Sin embargo, lo más revelador fue su señalamiento sobre una práctica que, según él, corroe desde dentro: la autocensura.

 

Martínez Miranda sostuvo que en Morena “nadie apaga las voces”, pero reconoció que son los propios militantes quienes optan por callar, ya sea por disciplina o por intereses personales. Un silencio que, lejos de fortalecer la unidad, estaría alimentando errores de gobierno y debilitando la credibilidad del movimiento.

 

El senador fue más allá y lanzó un mensaje directo que sacude los cimientos del partido: si hay malos gobiernos emanados de Morena, deben señalarse sin rodeos. Aunque no mencionó nombres, sus palabras apuntaron inevitablemente hacia la administración de Delfina Gómez Álvarez, cuya gestión ha sido objeto de cuestionamientos crecientes.

 

Pero la metralla no se detuvo ahí. También arremetió contra los aliados políticos de Morena, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, a quienes responsabilizó de frenar iniciativas clave, incluida una reforma electoral impulsada desde la Presidencia. Para Martínez, estas resistencias evidencian que la supuesta alianza política está lejos de ser sólida.

 

En un señalamiento aún más delicado, el senador puso sobre la mesa la necesidad de investigar a gobernadores con presuntos vínculos con el crimen organizado, en una clara alusión a figuras como Adán Augusto López Hernández y Rubén Rocha Moya. Un pronunciamiento que, de confirmarse, representaría uno de los golpes más severos a la narrativa de combate a la corrupción del propio partido.

 

Sin embargo, detrás de este discurso crítico también se asoma una disputa política de fondo. Fuentes al interior de Morena señalan que Higinio Martínez lleva tiempo confrontando a su propio grupo político, luego de haber sido desplazado por figuras que hoy concentran el poder en el Estado de México, como la propia Delfina Gómez y el secretario general de gobierno, Horacio Duarte Olivares.

 

El trasfondo sería aún más profundo: la lucha por la próxima candidatura al gobierno mexiquense. Todo apunta a que Duarte Olivares se perfila como el favorito, dejando fuera del juego al histórico líder texcocano, quien —según versiones internas— no ha logrado asimilar la pérdida de control político.

 

En medio de esta disputa, incluso se le señala de buscar alianzas cuestionables, incluyendo acercamientos con el grupo Antorcha Campesina, una organización marcada por polémicas y acusaciones de prácticas clientelares.

 

Así, lo que parecía una simple entrevista terminó por convertirse en una radiografía brutal de Morena: un partido que, pese a su dominio político, enfrenta tensiones internas, ambiciones desbordadas y una creciente incapacidad para procesar la crítica sin fracturarse.

 

El mensaje de Higinio Martínez no solo exhibe fisuras: advierte que el verdadero riesgo para Morena no está en la oposición, sino en sus propias entrañas.

NEPOTISMO, SIMULACIÓN Y SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN: CRECE EL RECHAZO CONTRA CARMEN DE LA ROSA EN NEZA

 

*Señalan a la diputada y a su padre, Juan Hugo de la Rosa, por heredar el poder, manipular el discurso político y cargar con el escándalo de 120 millones desaparecidos en obra inconclusa

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México, 3 de abril de 2026.- La indignación crece en Nezahualcóyotl frente a lo que ciudadanos consideran un descarado intento de perpetuar el poder a través del nepotismo, la simulación y el oportunismo político. En el centro de la polémica se encuentra la diputada local Carmen de la Rosa, señalada por haber llegado al cargo no por méritos propios, sino por el “dedazo” de su padre, el exalcalde y actual funcionario estatal Juan Hugo de la Rosa García, a quien habitantes califican como un cacique que se resiste a soltar el control del municipio.

 

Durante más de un año, acusan vecinos, la legisladora pasó prácticamente desapercibida, sin trabajo visible ni presencia real en la vida pública del municipio. Sin embargo, ahora —en medio de lo que denuncian como campañas anticipadas disfrazadas de propaganda institucional por parte de Morena— la diputada ha comenzado a aparecer constantemente, en redes sociales y entrevistas pagadas, emitiendo posicionamientos que, según críticos, evidencian desconocimiento y oportunismo.

 

Recientemente, Carmen de la Rosa intentó posicionarse sobre la reforma electoral, asegurando que quienes votaron en contra “le dieron la espalda al pueblo”, al tiempo que promovía un supuesto “plan B” que incluye reducción de regidores, disminución de presupuestos legislativos y ahorros millonarios para destinarlos a obras y servicios. No obstante, especialistas y actores políticos señalan inconsistencias en su discurso, recordando que fueron precisamente aliados de Morena, como el Partido Verde y el PT, quienes votaron en contra de dicha reforma, evidenciando contradicciones que exhiben la falta de claridad de la legisladora.

 

Pero el enojo ciudadano no se limita al discurso. La sombra de presuntos actos de corrupción persigue a la familia De la Rosa. Habitantes de Neza recuerdan con precisión el caso del mercado municipal de Cárnicos, un proyecto anunciado en 2024 por Juan Hugo de la Rosa García, cuando aún era alcalde, que contemplaba una inversión de 120 millones de pesos y que jamás se concretó. Tras una ola de protestas y cuestionamientos, el proyecto quedó en el abandono, mientras crecen las sospechas de que el padre de la diputada local se embolso los recursos millonarios.

 

“Si de quitar privilegios se trata, que empiecen por ellos”, señalan vecinos, quienes acusan que la familia De la Rosa no solo ha monopolizado el poder político local, sino que además ha hecho del erario una fuente constante de beneficios personales. La narrativa oficial de austeridad y transformación, dicen, contrasta brutalmente con la realidad de opacidad, promesas incumplidas y obras inexistentes.

 

Para muchos ciudadanos, el problema no es solo una diputada sin experiencia, sino un sistema que permite que el poder se herede como si se tratara de un patrimonio familiar. La figura de Carmen de la Rosa es vista como la continuación de un cacicazgo que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos políticos, pero que mantiene las mismas prácticas de siempre: control, imposición y simulación.

 

Mientras tanto, en las calles de Nezahualcóyotl, el hartazgo crece. La ciudadanía ya no solo cuestiona la capacidad de sus gobernantes, sino también su legitimidad. Y en medio de promesas recicladas y discursos vacíos, cada vez son más quienes advierten que el verdadero problema no es lo que dicen estos políticos, sino lo que han hecho —y lo que, acusan, siguen haciendo— con el dinero público.

FRACASA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN EL ORIENTE DEL EDOMEX; CAMBIAN AL MANDO ENTRE VIOLENCIA DESBORDADA

*Salida de Alcántara Ávila exhibe incapacidad del gobierno de Delfina Gómez; alcaldes heredan crisis marcada por ejecuciones, extorsión y narcomenudeo

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 2 de abril de 2026.– Aunque intenten negarlo desde el discurso oficial, la realidad terminó por imponerse: la estrategia de seguridad en la Zona Oriente del Estado de México fracasó. La salida del general Alejandro Alcántara Ávila del Mando Unificado no es un simple relevo administrativo, es la admisión tácita de un gobierno rebasado por la violencia.

 

Bajo su gestión, los municipios más poblados y conflictivos del oriente mexiquense se hundieron en una espiral de crímenes, extorsiones y narcomenudeo que creció sin control. La promesa de coordinación entre el gobierno federal y la administración estatal encabezada por la morenista Delfina Gómez Álvarez quedó reducida a propaganda, mientras en las calles la inseguridad se convirtió en norma.

 

El relevo llega con el nombramiento de Raúl Martínez González, general brigadier de la Guardia Nacional Estado Mayor, quien asume el mando en medio de un escenario crítico. No recibe una estrategia consolidada, sino un territorio incendiado por la violencia y una ciudadanía harta de promesas incumplidas.

 

El llamado Mando Unificado, que pretendía articular esfuerzos entre el estado y 15 municipios —Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y La Paz— terminó siendo un experimento fallido. Lejos de reducir los índices delictivos, estos territorios se consolidaron como focos rojos donde la criminalidad opera con una impunidad alarmante.

 

Particularmente grave es el caso de La Paz, donde el denominado “cogobierno” encabezado por la alcaldesa Martha Guerrero y su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, ha derivado en uno de los escenarios más sangrientos de la región. Ahí, los asesinatos brutales de mujeres y menores han encendido las alarmas, aunque no así la indignación de las autoridades locales, que han optado por el silencio y la simulación.

 

La salida de Alcántara Ávila no solo evidencia su incapacidad para contener la ola de violencia, sino también la fragilidad de una estrategia federal que, en los hechos, ha sido incapaz de devolver la paz a una de las zonas más densamente pobladas del país.

 

Hoy, el cambio de mando intenta venderse como un ajuste necesario, pero en el fondo es un reconocimiento de derrota. La pregunta que queda en el aire es si este relevo será suficiente para revertir la crisis o si, como ha ocurrido hasta ahora, solo servirá para ganar tiempo mientras la violencia sigue cobrando vidas.

 

En el oriente mexiquense, la realidad es contundente: la seguridad no llegó, la estrategia falló y los ciudadanos siguen pagando el precio.

PROPAGANDA OFICIAL NO DETIENE LAS BALAS: EJECUTAN A

 MADRE Y NIÑO EN LOS REYES LA PAZ

 

*Mientras el gobierno presume operativos de Semana Santa, la violencia arrasa: una mujer y su hijo de 11 años fueron asesinados y una menor lucha por sobrevivir en medio de la impunidad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 2 de abril de 2026.- Mientras el gobierno municipal intenta vender una imagen de seguridad y cercanía con la ciudadanía a través de videos institucionales, la realidad en las calles desmiente brutalmente ese discurso: en Los Reyes La Paz, la violencia no se contiene con propaganda.

 

La alcaldesa Martha Guerrero Sánchez y su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, apuestan a la narrativa oficial. En un video difundido recientemente, una elemento de la policía municipal anuncia con tono optimista un operativo especial por Semana Santa: puntos de auxilio en carreteras, módulos de información turística, presencia de Protección Civil, Bomberos, Marina, Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales.

 

Prometen apoyo a automovilistas, vigilancia en tramos carreteros como México-Puebla y México-Texcoco, así como seguridad para celebraciones religiosas. El mensaje cierra con una frase que intenta apelar a la confianza ciudadana: “gracias por dejarnos servir con amor”.

 

Pero en Los Reyes La Paz, la distancia entre el discurso y la realidad no solo es evidente: es sangrienta.

 

LA EJECUCIÓN QUE DESNUDÓ LA VERDAD

 

El pasado 13 de marzo, una cámara de seguridad captó lo que debería haber sido una escena cotidiana: Elisabeth Ramos García caminando junto a su hijo Ángel, de apenas 11 años, y su sobrina de 15, por calles de la colonia Tecamachalco. Iban a la tienda. El menor llevaba su teléfono celular. Reían. Corrían.

 

SEGUNDOS DESPUÉS, LA NORMALIDAD FUE PULVERIZADA.

 

Se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego. Elisabeth y su hijo cayeron asesinados, presuntamente durante un intento de robo. La menor de 15 años quedó gravemente herida. Hoy permanece hospitalizada, debatiéndose entre la vida y la muerte.

 

Las imágenes son devastadoras: vecinos que salen desconcertados, intentan ayudar, gritan, mientras la escena se convierte en otro episodio más de violencia impune.

 

La pregunta es inevitable: ¿qué tipo de gobierno presume operativos de seguridad mientras no puede garantizar que un niño regrese con vida de la tienda?

 

UN MUNICIPIO TOMADO POR LA VIOLENCIA

 

Habitantes de Los Reyes La Paz coinciden en una percepción cada vez más extendida: la violencia se disparó desde la llegada de la actual administración. Ejecuciones, asaltos, extorsiones y ataques armados se han vuelto parte de la vida diaria.

 

Lo más grave no es solo la frecuencia de los hechos, sino su nivel de crueldad e impunidad. En este municipio, aseguran vecinos, ya ni la infancia está a salvo. Las balas alcanzan a cualquiera, en cualquier momento.

 

Y mientras tanto, el gobierno local insiste en montar operativos que, para muchos, solo existen en el papel o en videos cuidadosamente editados.

 

PRETENDEN SUSTITUIR LA REALIDAD CON PROPAGANDA

 

El contraste no podría ser más crudo: de un lado, funcionarios hablando de coordinación con fuerzas federales, números de emergencia y despliegues estratégicos; del otro, ciudadanos enterrando a sus muertos.

 

El caso de Elisabeth y el pequeño Ángel no es un hecho aislado. Se suma a una cadena de violencia que ha colocado a Los Reyes La Paz bajo una constante tensión social, donde la desconfianza hacia las autoridades crece al mismo ritmo que la inseguridad.

 

La narrativa oficial intenta construir una sensación de control. Pero en las calles, lo que prevalece es el miedo.

 

EL ESTADO AUSENTE

 

Lo ocurrido no solo exhibe una crisis de seguridad, sino un problema más profundo: la incapacidad —o falta de voluntad— de las autoridades para enfrentar estructuras delictivas que operan con total libertad.

 

Casos como el doble homicidio en Los Reyes La Paz, dibujan un patrón alarmante: ciudadanos abandonados a su suerte.

 

Cuando la autoridad falla, el vacío lo llenan la violencia y la desesperación.

 

UNA PREGUNTA SIN RESPUESTA

 

Hoy, mientras el gobierno municipal pide confianza y presume operativos de Semana Santa, una familia llora a una madre y a un niño asesinados a plena luz del día. Una adolescente lucha por sobrevivir. Y una comunidad entera vive con miedo.

 

La pregunta sigue en el aire, cada vez más incómoda y urgente: ¿Quién protege realmente a los ciudadanos en Los Reyes La Paz?

PRISIÓN DOMICILIARIA PARA CARLOTA “N”: EL CASO QUE EXHIBE

 EL FRACASO DE LA AUTORIDAD ANTE EL DESPOJO

*Acusada de doble homicidio, la mujer de 74 años seguirá su proceso en casa mientras crece la polémica por invasiones, crimen organizado y omisión gubernamental en Chalco

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHALCO, Estado de México, 1 de abril de 2026.- La salida de Carlota “N”, una mujer de 74 años, del penal de Chalco para continuar su proceso en prisión domiciliaria, lejos de cerrar el caso, reabre uno de los episodios más polémicos sobre justicia, abandono institucional y violencia en el Estado de México.

 

Visiblemente emocionada, la mujer abandonó el penal este miércoles y, al ser cuestionada por medios de comunicación, minimizó los hechos ocurridos el 1 de abril de 2025, cuando disparó contra tres personas —dos de las cuales murieron y una más resultó herida—, asegurando que todo se trató de “un mal rato” derivado de un acto de defensa propia.

 

Sin embargo, su liberación no implica absolución. El proceso penal por doble homicidio calificado sigue en curso, ahora bajo la figura de prisión domiciliaria y con supervisión judicial.

 

UN CASO MARCADO POR LA VIOLENCIA Y LA OMISIÓN

 

Los hechos se remontan a abril de 2025, en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en la comunidad de La Candelaria Tlapala, donde, según la versión de la defensa, Carlota “N” y sus hijos, Eduardo y Mariana, enfrentaron a un grupo de personas que presuntamente intentaban despojarlos de una propiedad familiar.

 

La confrontación escaló rápidamente. En medio del caos, la mujer accionó un arma de fuego, provocando la muerte de dos hombres identificados como Esaú y Justin, además de dejar lesionado a un menor de edad.

 

Mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sostiene la acusación de homicidio calificado y cohecho, la defensa insiste en que se trató de un acto de legítima defensa ante una invasión violenta.

 

EL TRASFONDO: INVASIONES, SINDICATOS Y CRIMEN

 

Detrás del caso emerge un contexto aún más grave: el presunto despojo sistemático de viviendas. De acuerdo con familiares, la propiedad de Carlota fue invadida por un grupo vinculado al llamado Sindicato 22 de Octubre, organización señalada por diversas prácticas ilegales.

 

La narrativa apunta a un patrón preocupante: tras acudir sin éxito a autoridades municipales y estatales, la familia decidió recuperar el inmueble por su cuenta, detonando el enfrentamiento armado.

 

Semanas después, a finales de mayo de 2025, la propia Fiscalía detuvo a Lourdes Yohana “N” y Víctor Heladio “N”, este último ya recluido, identificados como presuntos invasores y miembros de dicho sindicato.

 

El caso escala aún más al vincularse con Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, quien además de liderar el grupo, fungía como regidor del Partido Verde en Chalco y actualmente se encuentra preso por su posible participación en delitos como extorsión, cobro de derecho de piso y homicidio.

 

¿JUSTICIA O ABANDONO INSTITUCIONAL?

 

El caso de Carlota “N” pone en evidencia una falla estructural: ciudadanos que, ante la inacción de las autoridades, terminan enfrentando por su cuenta situaciones que deberían resolverse por la vía legal.

 

Hoy, una mujer de la tercera edad, con padecimientos como hipertensión y diabetes —que requiere tratamiento constante—, enfrenta un proceso por doble homicidio, mientras que el origen del conflicto apunta a redes de despojo y crimen organizado que, durante años, operaron con aparente impunidad.

 

La pregunta de fondo no es solo si Carlota actuó en legítima defensa, sino por qué llegó a ese punto.

 

El juicio continúa. Y con él, también el debate sobre los límites de la justicia cuando el Estado se puede calificar como fallido.