AGUA BAJO CONTROL CRIMINAL EN LA PAZ
En distintas colonias de la localidad, vecinos han salido a
las calles en los últimos días para denunciar la incapacidad del ayuntamiento
para resolver la crisis hídrica. Sin embargo, detrás del desabasto, emerge una
acusación todavía más grave: que el llamado “Sindicato 22 de Octubre” controla
pozos, pipas, distribución y venta de agua en el municipio, operando con total
impunidad y presunta protección política.
La situación ya dejó de ser un rumor de pasillo. En La Paz,
cada vez más habitantes señalan que el acceso al agua está condicionado,
manipulado y convertido en un mecanismo de presión política y control social.
De acuerdo con denuncias vecinales, en las zonas altas y
marginadas del municipio, personas vinculadas al “Sindicato 22 de Octubre” exigen
afiliaciones o respaldo político a Morena a cambio de entregar apenas 300
litros de agua por semana a familias que viven en condiciones precarias. Al
mismo tiempo, pipas de agua son comercializadas hasta en dos mil pesos,
convirtiendo la necesidad humana en un negocio lucrativo.
El problema adquiere dimensiones todavía más delicadas debido
a que los pozos señalados por vecinos y líderes sociales son infraestructura
pública, que legalmente debería estar bajo control de las autoridades
municipales y organismos operadores. A pesar de ello, ni el ayuntamiento ni la
alcaldesa han aclarado públicamente quién administra realmente esos pozos ni
bajo qué facultades operan grupos externos distribuyendo agua en el municipio.
EL SILENCIO OFICIAL HA ALIMENTADO AÚN MÁS LAS SOSPECHAS
Diversos sectores políticos y ciudadanos han retado
públicamente a Martha Guerrero y a Tranquilino Lagos a deslindarse abiertamente
del “Sindicato 22 de Octubre” y de sus operadores en la región, entre ellos
Héctor Becerril. Hasta ahora, no existe un posicionamiento contundente ni una
negación frontal sobre los presuntos vínculos.
La polémica escaló todavía más este jueves, cuando, en medio
de las protestas por la escasez, el propio grupo difundió un comunicado en
redes sociales anunciando que pondría pipas de agua a disposición de las
colonias afectadas.
“¡La Unión hace la fuerza! La Federación 22 de Octubre se
solidariza con La Paz”, publicó la organización, asegurando que trabajaban “por
el bienestar de la comunidad”.
Lejos de tranquilizar a la población, el mensaje provocó
nuevas dudas y alarma entre habitantes, quienes cuestionan cómo un grupo
señalado por presuntas actividades criminales tiene capacidad para abastecer de
agua a comunidades enteras mientras el gobierno municipal permanece rebasado.
Las interrogantes son inevitables: ¿Quién autorizó al grupo
operar sobre infraestructura pública? ¿De dónde obtiene el agua? ¿Por qué una
organización señalada por presuntos delitos aparece resolviendo una crisis que
corresponde al ayuntamiento? ¿Y por qué el gobierno local no actúa contra
quienes presuntamente controlan ilegalmente un recurso público?
Para muchos habitantes, el comunicado terminó por exhibir lo
que durante meses se denunció en voz baja: una presunta convivencia entre el
poder político y estructuras criminales que han encontrado en el agua un
mecanismo de negocio, presión y control territorial.
EL CONTEXTO QUE RODEA AL “SINDICATO 22 DE OCTUBRE” VUELVE
TODAVÍA MÁS DELICADO EL ESCENARIO
La organización forma parte de la Unión de Sindicatos y Organizaciones
Nacionales de la República Mexicana (USON), cuyo dirigente, Guillermo Fragoso
Báez, alias “El Memo” o “El Jefe”, permanece prófugo señalado por delitos como
extorsión al autotransporte, cobro ilegal a conductores de pipas y secuestro
exprés.
A ello se suma el caso de Christian Jesús Castillo Grimaldo,
alias “El Jimmy”, sexto regidor, identificado como líder del grupo en Chalco,
actualmente preso en un penal de Coahuila por delitos de extorsión, invasión de
predios y presuntos homicidios.
Pese a esos antecedentes, hoy el “Sindicato 22 de Octubre”
aparece públicamente como el supuesto “salvador” de un ayuntamiento incapaz de
garantizar un derecho humano básico.
LA CIUDADANÍA, SIN EMBARGO, OBSERVA CON MIEDO
Muchos vecinos temen recibir agua distribuida por la
organización, bajo la sospecha de que tarde o temprano el apoyo será cobrado
mediante cuotas, favores políticos o nuevas formas de control social. Otros
advierten que desde la llegada de Martha Guerrero al poder, la presencia del
grupo se volvió más visible y agresiva en el municipio.
Comerciantes, dueños de bares y empresarios locales también
han denunciado en distintos momentos presuntos intentos de extorsión y cobro de
piso. Paralelamente, la violencia y los asesinatos han aumentado, mientras los
grupos ligados al “Sindicato 22 de Octubre” operan cada vez con mayor
exposición pública.
Para amplios sectores de La Paz, el problema ya no es
únicamente la falta de agua. El verdadero temor es que el municipio esté
transitando hacia un modelo donde grupos criminales sustituyen funciones del
Estado, controlan servicios públicos y se fortalecen bajo la sombra del poder
político.
Y mientras la gente sigue esperando agua, también espera
respuestas.
