DELFINA PROTEGE A POLICÍAS BAJO SOSPECHA DE NEXOS CON EL NARCO

 

*El secretario de Seguridad del Edomex, Cristóbal Castañeda Camarillo, y mandos traídos de Sinaloa arrastran señalamientos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, mientras la violencia se desborda en la entidad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Méx.- Lo que comenzó como una crisis de inseguridad en el Estado de México terminó por convertirse en un escándalo político de dimensiones nacionales que hoy amenaza directamente la credibilidad del gobierno de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. La violencia no cede, los homicidios y las extorsiones siguen golpeando a millones de mexiquenses y, en medio del colapso de seguridad, crecen las acusaciones sobre una presunta infiltración criminal dentro de la propia estructura policiaca estatal.

 

En el centro de esa tormenta aparece el nombre de Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad mexiquense, cuya trayectoria arrastra desde Sinaloa señalamientos por presuntos nexos con facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente con “Los Chapitos” y operadores ligados a Ismael 'El Mayo' Zambada.

 

La situación escaló todavía más tras las acusaciones y presiones judiciales que rodean al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, un personaje políticamente ligado al mismo grupo de poder del que emergió Cristóbal Castañeda. El golpe político ya no se limita a Sinaloa: ahora alcanza directamente al Estado de México.

 

Y es que cuando Cristóbal Castañeda llegó a la Secretaría de Seguridad mexiquense, el 18 de junio de 2024, no arribó solo. Lo hizo acompañado de un grupo completo de mandos importados desde Sinaloa, colocados en posiciones estratégicas dentro de inteligencia, operaciones y control territorial.

 

Entre ellos destacan Carlos Alberto Hernández Leyva, nombrado subsecretario de la Policía Estatal; Víctor Antonio Cisneros Díaz, colocado al frente de la Unidad de Información; así como Jesús Astorga Ríos, instalado como director de Operaciones del C5 en Ecatepec, uno de los municipios más violentos y codiciados por las organizaciones criminales.

 

DESDE ENTONCES COMENZARON LAS ALERTAS

 

Mandos internos, actores políticos y distintos sectores advirtieron sobre los presuntos vínculos de ese grupo policiaco con estructuras criminales sinaloenses. Sin embargo, el gobierno estatal optó por ignorar los señalamientos y mantener intacto el aparato de seguridad.

 

HOY, ESA DECISIÓN PERSIGUE POLÍTICAMENTE A DELFINA GÓMEZ

 

Mientras Estados Unidos endurece investigaciones y presiona judicialmente a personajes cercanos al poder sinaloense, en el Estado de México continúa operando una estructura policiaca conformada por funcionarios provenientes de una entidad históricamente marcada por el dominio del narcotráfico.

 

Las sospechas internas explotaron en septiembre de 2025, tras la captura de Alejandro Gimare Mendoza, alias “El Choko”, identificado como líder del grupo criminal “La Chokiza”. La detención provocó una fractura dentro de la Secretaría de Seguridad estatal. El entonces director de Investigación adscrito a la Dirección General de Información, René Terrón Escobar, protagonizó un fuerte enfrentamiento con Cristóbal Castañeda Camarillo luego de que surgieran versiones sobre presunta protección institucional hacia “El Choko” desde áreas de inteligencia de la propia corporación.

 

De acuerdo con versiones cercanas al caso, el secretario de Seguridad encaró violentamente a Terrón exigiéndole explicaciones. Pero la respuesta terminó por incendiar aún más el conflicto interno. “Usted sabe perfectamente quién tiene vínculos con los criminales”, habría respondido Terrón. La frase cayó como una bomba dentro de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

 

Horas después, René Terrón presentó su renuncia, dejando además constancia de que se mantenía a disposición de cualquier investigación legal. Tras su salida, áreas sensibles de inteligencia quedaron bajo control de operadores cercanos a Cristóbal Castañeda.

 

Versiones internas sostienen que esos grupos hoy controlan espacios estratégicos desde donde presuntamente se negocian favores, protección y cobros multimillonarios con organizaciones criminales que operan en territorio mexiquense. El problema para Delfina Gómez dejó de ser únicamente político.

 

AHORA TAMBIÉN ES MORAL

 

Porque mientras miles de familias viven atrapadas entre el miedo, el cobro de piso, las desapariciones y la violencia cotidiana, el gobierno mexiquense mantiene en funciones a funcionarios públicamente señalados por presuntos nexos con el narcotráfico.

 

Las acusaciones contra Cristóbal Castañeda no son nuevas. La periodista Anabel Hernández documentó parte de esos señalamientos en su libro La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa, donde expone presuntos acuerdos políticos y criminales relacionados con la elección sinaloense de 2021.

 

Según esa investigación, “Los Chapitos” habrían condicionado apoyos políticos a cambio de frenar persecuciones y colocar perfiles afines dentro de instituciones de seguridad. En ese contexto aparece mencionado el nombre de Cristóbal Castañeda.

 

A ello se suma otro episodio que persigue al actual secretario mexiquense: el llamado Culiacanazo de octubre de 2019, cuando el gobierno federal intentó capturar a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo Guzmán” y terminó replegándose ante la violenta reacción del Cártel de Sinaloa.

 

En aquel momento, Cristóbal Castañeda se encontraba al frente de la policía estatal sinaloense. La corporación bajo su mando nunca fue incorporada al operativo federal, debido —según versiones ampliamente difundidas— a la desconfianza existente sobre la infiltración criminal dentro de esa institución.

 

Castañeda permaneció en el cargo hasta agosto de 2023, meses después del segundo operativo contra Ovidio Guzmán, y posteriormente fue rescatado políticamente por el gobierno mexiquense.

 

Ahora, con las nuevas revelaciones en las que los exfuncionarios sinaloenses, Gerardo Mérida Sánchez exsecretario de Seguridad y Enrique Díaz Vega exsecretario de Administración y Finanzas quienes se entregaron voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos. Vuelven a colocar bajo presión al secretario de Seguridad del Estado de México.

 

Y LA PREGUNTA YA COMENZÓ A RECORRER LOS CÍRCULOS POLÍTICOS Y POLICIACOS

 

¿Cuánto tiempo más resistirá Cristóbal Castañeda Camarillo al frente de la seguridad mexiquense? Pero la interrogante más grave apunta directamente hacia Palacio de Gobierno en Toluca:

 

¿Cuánto tiempo más soportará la gobernadora Delfina Gómez cargar con un gabinete policiaco señalado de convivir con estructuras criminales mientras el Estado de México continúa desangrándose bajo el terror de los cárteles?

ANTORCHA BUSCA REFUGIO EN EL VERDE; COUTTOLENC

 ABRE LA PUERTA AL VIEJO APARATO PRIISTA

 

*El Verde abre la puerta a Antorcha mientras crece el rechazo ciudadano contra los viejos operadores del priismo en el Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Chimalhuacán, Estado de México, 18 de mayo de 2026.- Mientras dentro de Morena crece el rechazo contra cualquier pacto con la organización priista Antorcha Campesina, el grupo político encabezado por Higinio Martínez Miranda sigue generando tensión interna al mantener acercamientos con una de las estructuras más cuestionadas y repudiadas del Estado de México. Pero ante el rechazo que enfrentan dentro del morenismo, los líderes antorchistas ya comenzaron a mover su “plan B”: infiltrarse y negociar posiciones con el Partido Verde Ecologista de México.

 

La operación política ya no se esconde. Vehículos vinculados a liderazgos antorchistas y operadores del Partido Verde son vistos constantemente en el Huitzi Café, ubicado en avenida Arca de Noé esquina Tizoc, en Chimalhuacán, negocio que es identificado públicamente como propiedad de la dirigencia de Antorcha Campesina. Ahí, según versiones de operadores políticos locales, se han realizado reuniones para construir acuerdos rumbo al proceso electoral de 2027.

 

La noche del domingo 17 de mayo, alrededor de las 9:30, volvieron a reunirse dirigentes de Antorcha Campesina con cuadros del Partido Verde mexiquense. El mensaje es claro: la organización que durante décadas operó bajo el amparo del viejo régimen priista sabe perfectamente que carga con un enorme desprestigio social y que difícilmente podría sobrevivir políticamente por sí sola. Por eso ahora busca reciclarse bajo las siglas del Verde.

 

Y es ahí donde aparece el nombre de José Alberto Couttolenc Buentello, mejor conocido como “Pepe” Couttolenc, quien estaría cometiendo uno de los errores políticos más graves de cara a la elección por la gubernatura mexiquense: abrirle las puertas de su partido a un grupo señalado históricamente por prácticas de presión, control y abuso contra la población más vulnerable.

 

El enlace entre Antorcha y el Verde no sería casual. Detrás de las negociaciones aparece el operador priista Luis Enrique Miranda Nava, personaje identificado con el llamado Grupo Atlacomulco y uno de los hombres más cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto. Miranda Nava habría servido como puente entre la cúpula antorchista y el Verde mexiquense para garantizar acuerdos políticos rumbo al 2027.

 

La jugada revela mucho más que una simple alianza electoral: exhibe cómo las viejas estructuras del priismo buscan mantenerse vivas utilizando partidos satélites para seguir negociando poder y presupuesto. Antorcha Campesina entiende perfectamente que el desgaste social que arrastra es profundo. En municipios del oriente mexiquense, la organización es recordada por señalamientos de despojo de predios, presión sobre estudiantes y familias humildes para acudir a marchas y plantones, así como cobro constante de cuotas disfrazadas de “aportaciones” para oficinas y movilizaciones.

 

Durante años, miles de familias pobres fueron utilizadas como masa política mientras los dirigentes antorchistas acumulaban poder económico y propiedades. La inconformidad social creció precisamente porque la promesa de apoyo popular terminó convertida en un esquema de control político donde los únicos beneficiados fueron los líderes de la organización.

 

Por eso, dentro de Morena muchos consideran inadmisible cualquier acercamiento con Antorcha Campesina. La organización representa exactamente lo contrario al discurso de transformación que prometió erradicar los abusos del viejo régimen. Sin embargo, mientras una parte del morenismo rechaza tajantemente esos acuerdos, el Partido Verde parece dispuesto a recoger nuevamente los restos políticos que otros partidos ya no quieren cargar.

 

La apuesta de Pepe Couttolenc podría salirle muy cara. En lugar de construir una identidad propia, el Verde mexiquense corre el riesgo de convertirse en refugio de estructuras desacreditadas, operadores priistas reciclados y grupos señalados por décadas de manipulación política. Y en el camino, terminar hundido junto con ellos.

TEXCOCO: EL DESGASTE DE NAZARIO GUTIÉRREZ YA

 REBASÓ EL DISCURSO POLÍTICO

 

*Entre rechazo ciudadano y acuerdos con Antorcha, el alcalde texcocano enfrenta fracturas internas en Morena y un futuro político cada vez más incierto

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 18 de mayo de 2026.- En Texcoco, el problema para el alcalde Nazario Gutiérrez Martínez ya no es la narrativa, sino los resultados. El desgaste político de su administración comienza a convertirse en un peso demasiado grande incluso para sus aspiraciones de reelección, pues el rechazo ciudadano hacia su gobierno crece de manera constante y cada vez es más evidente en las calles, entre liderazgos sociales y dentro del propio movimiento de Morena.

 

El dato es contundente: seis de cada diez habitantes desaprueban su gestión. No se trata de una percepción aislada ni de una crítica proveniente únicamente de sus adversarios políticos; es una tendencia que refleja el desencanto de una población que esperaba más de un gobierno emanado de la llamada Cuarta Transformación y que hoy observa una administración marcada por la falta de resultados, desgaste interno y decisiones políticamente cuestionables.

 

Sin embargo, lejos de asumir el costo de su propio desempeño, el alcalde insiste en responsabilizar a una supuesta operación política en su contra. Una lectura equivocada de la realidad. Cuando el rechazo social se vuelve generalizado, la explicación no está afuera ni en “campañas negras”; la raíz del problema suele encontrarse en el propio ejercicio de gobierno.

 

El respaldo de grupos afines como “Mexiquenses de Corazón” puede servir para alimentar discursos optimistas o intentar sostener una imagen pública artificialmente fortalecida, pero no alcanza para modificar la percepción ciudadana ni para ocultar el desgaste político que atraviesa su administración. En política, las estructuras ayudan, pero las elecciones no se ganan únicamente con propaganda ni con aplausos internos: se ganan con resultados concretos, cercanía social y legitimidad ciudadana. Y precisamente ahí es donde el gobierno de Nazario Gutiérrez muestra sus mayores debilidades.

 

Aunado al pobre desempeño administrativo que distintos sectores señalan en Texcoco, sobre el alcalde también pesan los acuerdos políticos que mantiene con uno de los grupos más polémicos y confrontados del priismo mexiquense: Antorcha Campesina. Una relación que ha generado molestia e incomodidad dentro de las bases de Morena, particularmente porque Antorcha ha sido históricamente identificada como una estructura de presión política ligada a prácticas clientelares y a episodios de confrontación social.

 

De acuerdo con diversas versiones políticas al interior del Estado de México, líderes antorchistas estarían operando políticamente junto al senador morenista Higinio Martínez Miranda, con el objetivo de fortalecer proyectos electorales rumbo a futuras disputas por el poder estatal. Ese escenario coloca a Nazario Gutiérrez en una posición incómoda dentro de Morena, pues muchos militantes y liderazgos no ven con buenos ojos la apertura y los espacios que Antorcha Campesina ha ganado en Texcoco.

 

Y es que dentro del obradorismo mexiquense existe un sector que considera que permitir la entrada de grupos históricamente ligados al viejo régimen priista representa una contradicción directa con los principios que Morena prometió defender. Para muchos morenistas, la cercanía con Antorcha no es gratuita ni casual; responde a acuerdos políticos que podrían terminar pasándole factura al alcalde texcocano.

 

La inconformidad crece todavía más porque Texcoco no es cualquier municipio dentro del mapa político mexiquense. Se trata de la tierra política de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y del secretario general de Gobierno Horacio Duarte Olivares, dos de las figuras más importantes del grupo político dominante en la entidad. Por ello, dentro de Morena muchos consideran que una eventual alianza o cercanía con estructuras antorchistas podría interpretarse como una traición política difícil de perdonar.

 

En ese contexto, las aspiraciones políticas de Nazario Gutiérrez parecen enfrentar un escenario cada vez más complicado. Mientras el alcalde insiste en construir una narrativa de victimización y persecución política, el descontento ciudadano continúa creciendo y las fracturas internas dentro de Morena comienzan a hacerse visibles.

 

Porque al final, los discursos pueden sostenerse un tiempo, pero la realidad termina imponiéndose. Y hoy, en Texcoco, esa realidad apunta a un gobierno debilitado, cuestionado y con un futuro político incierto.

 

El llamado “sueño” político del alcalde texcocano podría quedarse exactamente en eso: un sueño guajiro. Morena difícilmente permitirá una fractura interna en uno de sus bastiones más importantes del Estado de México, y menos aún cuando en el trasfondo aparecen grupos y acuerdos que buena parte de la militancia considera incompatibles con el proyecto político que prometieron defender.

ORIENTE DEL EDOMEX: VIOLENCIA DESBORDADA, MANDOS REPROBADOS Y PRESUNTOS VÍNCULOS POLÍTICOS BAJO SOSPECHA

 

*Cambio de mandos militares, propaganda millonaria y una región secuestrada por la inseguridad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 16 de mayo de 2026.- La violencia en la zona oriente del Estado de México dejó de ser una crisis aislada para convertirse en un fracaso estructural de seguridad pública que involucra a gobiernos municipales, mandos policiacos, operadores políticos y presuntos grupos criminales que, según especialistas y fuentes de seguridad, operan bajo redes de protección política.

 

Mientras el gobierno estatal presume estrategias de rescate, mesas de seguridad y operativos coordinados, la realidad es que municipios como Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz y Chicoloapan continúan atrapados por la extorsión, el cobro de piso, los asaltos y la infiltración criminal en corporaciones policiacas.

 

La llamada Estrategia para el Rescate del Oriente del Edomex terminó exhibiendo su propia debilidad con la salida del general Alejandro Alcántara, quien abandonó el mando unificado tras los pobres resultados obtenidos en los 15 municipios intervenidos por fuerzas estatales y federales.

 

En su lugar fue designado el general brigadier Raúl Martínez González, integrante de la Guardia Nacional del Estado Mayor, quien asumió la coordinación regional de seguridad en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán.

 

Sin embargo, fuentes de la Fiscalía mexiquense afirman que Raúl Martínez González carece de experiencia en operación de seguridad pública urbana y que su estrategia se limita a esquemas de disciplina militar alejados de la realidad delictiva que enfrentan diariamente millones de ciudadanos.

 

A esto se suma el señalamiento constante contra funcionarios y políticos de Morena, a quienes especialistas acusan de tolerar o proteger presuntas estructuras criminales incrustadas en gobiernos locales.

 

Uno de los casos más delicados se encuentra en Los Reyes La Paz, donde Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa morenista Martha Guerrero, es señalado por presuntos vínculos con el grupo delictivo “Sindicato 22 de Octubre”, organización a la que supuestamente se le entregó el control de pozos de agua en el municipio. Versiones internas del ayuntamiento incluso sostienen que dicho grupo busca expandir el cobro de derecho de piso a comerciantes y dueños de centros nocturnos con respaldo político.

 

En Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos, los nombres de Adolfo Cerqueda y Azucena Cisneros Coss aparecen en medio de señalamientos sobre la permanencia de una estructura ligada presuntamente al Cártel Jalisco Nueva Generación dentro de ambas corporaciones policiacas.

 

De acuerdo con fuentes de seguridad, dicho grupo sería encabezado por Jorge Amador Amador, alias “La Jirafa” o “El Doctor”, exdirector de la policía de Nezahualcóyotl y exasesor de seguridad en Ecatepec, identificado como operador de mandos policiacos presuntamente encargados de recaudar dinero derivado de extorsiones.

 

En Chicoloapan, el foco rojo apunta hacia el gobierno del morenista Francisco Javier Mendoza Vázquez, donde el actual primer regidor Edgar Ruiz Aguilar es hijo de Reinaldo Ruiz Castañeda, alias “El Perro”, identificado como presunto líder del grupo delictivo “Los Talibanes”, organización señalada por extorsionar comerciantes en la región.

 

A ello se suma el caso de Nancy Gómez Vargas, exalcaldesa de Chicoloapan y hermana de Marco Antonio Gómez Vargas, alias “El Kino”, identificado como presunto operador de “La Familia Michoacana” y actualmente prófugo por homicidio y extorsión.

 

Las críticas también alcanzan al diputado local Edgar Samuel Ríos Moreno, debido a los vínculos familiares y políticos que rodean el caso, mientras continúan las preguntas sobre por qué “El Kino” sigue libre pese a ser plenamente identificado por autoridades.

 

Especialistas sostienen que mientras no exista una investigación real contra funcionarios, policías y operadores políticos presuntamente relacionados con grupos criminales, cualquier estrategia de seguridad seguirá condenada al fracaso.

 

Por ello, cada vez más voces responsabilizan directamente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez de mantener una política basada en propaganda y control mediático, mientras el oriente mexiquense continúa hundido en violencia, corrupción y miedo.

 

Porque, aseguran ciudadanos y expertos, la crisis de seguridad no se combate con boletines oficiales ni con millones de pesos en publicidad, sino enfrentando las redes de poder que presuntamente han permitido que el crimen organizado se incruste en gobiernos municipales y corporaciones policiacas.

LA PAZ: BALACERAS, EJECUCIONES Y TERROR BAJO EL GOBIERNO DE MORENA

 

*Mientras Martha Guerrero presume patrullas y discursos de seguridad, comandos armados siguen sembrando terror en bares, calles y colonias de La Paz sin que exista una estrategia real para frenar la violencia

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México.- La violencia volvió a exhibir el colapso de la seguridad en el municipio de La Paz. La noche del pasado 14 de mayo, el bar con razón social “La Gozadera”, ubicado en la esquina de avenida Pantitlán y calle 22, en la colonia Valle de Los Reyes, se convirtió en otro escenario de sangre, miedo y presunta disputa criminal, mientras el gobierno municipal presume patrullas nuevas y discursos vacíos.

 

De acuerdo con el propietario del establecimiento, todo ocurrió de manera repentina. Mientras se encontraba al interior del negocio comenzó a escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego y, por instinto, se tiró al piso para resguardarse. Segundos después escuchó cómo una motocicleta se alejaba del sitio. Cuando salió nuevamente al exterior encontró la escena del terror: dos jóvenes mujeres que se encontraban tomando cerveza bajo una carpa instalada afuera del negocio habían sido alcanzadas por las balas.

 

Una de las víctimas fue identificada como Samantha Shekmeth Godínez Ruiz, de 23 años, quien recibió un disparo en el brazo derecho. La otra joven, Estela Urbano Martínez, de 28 años, resultó herida de bala en una pierna. Ambas son estudiantes de enfermería y fueron trasladadas de emergencia a un hospital de la zona por paramédicos.

Tras los hechos, las autoridades iniciaron la carpeta de investigación TRA/FTR/FTR/03/130705/26/05, misma que quedó asentada bajo el número de folio 1761-G-25-A.

 

Pero el ataque no solo dejó personas heridas. Los agresores abandonaron una cartulina con un mensaje intimidatorio que confirma el nivel de impunidad con el que operan grupos criminales en el municipio:

 

“ESTO SIGUE HIJOS DE SU PUTA MADRE, AQUI ESTAMOS Y NO NOS VAMOS EL QUE NO SE ALINIE LE VAMOS A SEGUIR PEGANDO AQUI PURO CJNG GENTE DE LV”.

 

El hallazgo del narcomensaje representa un golpe demoledor para el discurso de la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez, quien apenas horas antes había presentado diez nuevas patrullas y ofrecido entrevistas asegurando que habría mayor seguridad para los habitantes. Sin embargo, para la delincuencia organizada, la estrategia parece reducirse a propaganda política sin capacidad real para contener la violencia.

 

Y es que lo ocurrido en “La Gozadera” no es un hecho aislado. La Paz acumula una cadena de ejecuciones, ataques armados y asesinatos que han convertido al municipio en un territorio marcado por el miedo.

 

Apenas el pasado 3 de mayo, Andrés Páez Fernández, de 33 años, fue ejecutado a balazos en plena vía pública, en la esquina de Vicente Guerrero y Allende, en San Sebastián Chimalpa. De acuerdo con testimonios, el hombre apenas había salido de su domicilio cuando se escucharon las detonaciones. Minutos después su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto, mientras vecinos observaban otra escena más de terror cotidiano.

 

Días antes, el 26 de abril, dos hombres fueron atacados afuera del bar “Golden Drinks”, sobre Calle 9, entre Ixtapan y Tenancingo. El saldo fue un muerto y un herido grave. Vecinos denunciaron nuevamente el clima de pánico y señalaron que los hechos violentos en bares y centros nocturnos se han vuelto prácticamente una constante en el municipio.

 

La violencia incluso ha alcanzado zonas que deberían estar bajo vigilancia permanente. El pasado 6 de abril, dos personas fueron ejecutadas afuera del bar “El Club”, ubicado sobre avenida del Trabajo, casi esquina con Ignacio Aldama, a escasos cien metros del palacio municipal. Es decir, la sangre corrió prácticamente frente al poder local sin que existiera capacidad de reacción para evitar el doble homicidio.

 

El 3 de abril, otra mujer fue localizada sin vida y con visibles signos de violencia en la colonia Ejidal El Pino, sobre la calle Medrano Buendía, casi esquina con avenida San Francisco. El crimen volvió a exhibir el fracaso absoluto de la estrategia de seguridad, apenas días después de que la alcaldesa difundiera mensajes prometiendo reforzar la vigilancia por el periodo vacacional.

 

Los antecedentes vienen desde el año pasado y son igual de brutales. El 2 de diciembre, en el interior del Hotel Saro, sobre avenida Puebla, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 35 años, golpeada salvajemente en rostro y cabeza. Tres días después, otra mujer murió por disparos de arma de fuego en las inmediaciones del bar “La Europea”, tras quedar atrapada en una riña entre clientes, a escasos metros del palacio municipal.

 

Ese crimen detonó indignación ciudadana contra la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez y su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, a quienes vecinos y sectores sociales señalan de permitir la proliferación de centros nocturnos presuntamente vinculados a actividades ilícitas, venta de droga y explotación sexual.

 

Hoy, con el nuevo ataque armado y el mensaje criminal abandonado en “La Gozadera”, queda nuevamente al descubierto una realidad inocultable: La Paz atraviesa una de las peores crisis de inseguridad de su historia reciente. Mientras Morena presume patrullas y discursos oficiales, las balas siguen imponiendo el control en las calles.

 

La pregunta que cada vez más habitantes se hacen es inevitable: ¿cómo pudo el municipio llegar a este nivel de terror sin que exista responsabilidad política? Porque para miles de ciudadanos, la violencia no solo creció frente a las autoridades de Morena, sino bajo su tolerancia.

MADRE BUSCA DESESPERADAMENTE A SUS HIJOS; ACUSA QUE FUERON SUSTRAÍDOS POR SU PADRE EN TLÁHUAC

 

Tláhuac, 14 de mayo de 2026.- La angustia y la desesperación consumen a la señora Nesly Martínez, quien desde hace más de una semana no sabe nada de sus hijos, Nesly Samantha Rosas Martínez, de 6 años de edad, y Néstor Maximiliano Rosas Martínez, de apenas 5 años, luego de que presuntamente fueran sustraídos por su propio padre sin su consentimiento.

 

De acuerdo con la madre de los menores, los hechos ocurrieron el pasado 6 de mayo, cuando el padre de los niños, identificado como Néstor Adán Rosas Villa, presuntamente se llevó a los pequeños y desde entonces se desconoce su paradero.

 

Aunque ya existe una alerta de búsqueda y el caso fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, hasta el momento las autoridades no han logrado localizar a los menores, situación que mantiene en una profunda incertidumbre a la familia.

 

Según la información proporcionada por la madre, se cree que los niños pudieron haber sido sacados de la colonia Granjas México, en la alcaldía Tláhuac, por lo que pidió el apoyo urgente de la ciudadanía para ayudar a encontrarlos y evitar que puedan estar en riesgo.

 

La señora Nesly Martínez solicitó que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Nesly Samantha y Néstor Maximiliano, o que sospeche dónde podrían encontrarse, se comunique de inmediato al número telefónico 55 5484 0430.

 

“Solo quiero encontrar a mis hijos y tenerlos de regreso conmigo”, expresó la madre, quien aseguró que continuará buscándolos hasta dar con su paradero.

LA PAZ: MARTHA GUERRERO GOBIERNA ENTRE PROMESAS RECICLADAS, MIEDO Y UN MUNICIPIO TOMADO POR LA VIOLENCIA

 

*Entre ejecuciones, extorsiones y abandono policial, la alcaldesa admite el colapso de la seguridad mientras promete soluciones que nunca llegan

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 14 de mayo de 2026.- A un año y cinco meses de haber llegado al poder bajo las siglas de Morena, la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez parece seguir atrapada en modo campaña. En entrevista con medios de comunicación, la morenista habló de inseguridad, patrullas, cámaras y promesas futuras como si apenas estuviera pidiendo el voto y no gobernando uno de los municipios más violentos y abandonados del Estado de México.

 

La propia edil reconoció el tamaño del desastre: admitió que el municipio, con más de 350 mil habitantes, debería contar con más de 800 policías, pero apenas tiene 426 elementos. Sin embargo, pese al reconocimiento de la crisis, no explicó por qué durante un año y cinco meses su gobierno no ha sido capaz de fortalecer a la corporación municipal ni mejorar las condiciones laborales de los uniformados, quienes apenas perciben alrededor de 3 mil pesos quincenales, un salario miserable para enfrentar a grupos criminales que operan con absoluta impunidad.

 

La alcaldesa presumió la adquisición de nuevas patrullas y afirmó que contarán con entre 80 y 90 unidades para atender “mapas de calor” y zonas inseguras. Pero lejos de generar confianza, sus declaraciones levantan sospechas sobre otro posible negocio millonario disfrazado de arrendamiento vehicular, mientras la violencia continúa devorando colonias enteras.

 

Cuando habló de las zonas más peligrosas, mencionó a Lomas de San Sebastián y la cabecera municipal, aunque intentó minimizar la situación diciendo que “las colonias cambian”. La realidad es mucho más brutal: en las últimas semanas, la cabecera municipal ha sido escenario de una ola de ejecuciones de hombres y mujeres, incluso mujeres asesinadas mientras hacían ejercicio. Dentro de bares también han sido ejecutadas mujeres, en una estrategia de terror vinculada al cobro de derecho de piso y al control criminal del territorio.

 

Aun así, la alcaldesa habló de la inseguridad como si se tratara de “un poco” de robos de motocicletas, “un poco” de robo a transeúntes y “un poco” de robo vehicular. La expresión retrata el nivel de desconexión de un gobierno que parece incapaz de dimensionar la tragedia diaria que viven miles de habitantes.

 

En otro momento de la entrevista, Martha Guerrero Sánchez suspiró y, con evidente duda, aseguró que para comenzar necesitarían apenas 30 cámaras de videovigilancia. Luego reconoció que serían insuficientes para cubrir un municipio rebasado por la delincuencia. El comentario provocó indignación entre vecinos que hace apenas unos días difundieron videos donde se observa a policías municipales retirando cámaras de vigilancia particulares sin explicación alguna, como si la propia corporación actuara más en favor de grupos criminales que de la ciudadanía.

 

La contradicción es todavía más grave porque la alcaldesa admitió tener identificadas al menos 11 cámaras descompuestas en las partes altas del municipio, precisamente donde la presencia policiaca es prácticamente inexistente y donde operan grupos criminales ligados al despojo de terrenos, extorsión y narcomenudeo.

 

En esas mismas zonas, reconoció que existen delitos de los que ni siquiera tienen conocimiento. Es decir, la presidenta municipal aceptó públicamente que hay territorios de La Paz donde el gobierno simplemente no tiene control.

 

Pese al escenario de terror, la morenista perdió el piso y comenzó a repartir promesas: habló de “dar certeza”, “confianza” y “valor a la palabra”, olvidando que ya lleva más de un año gobernando sin resultados visibles. La frase resultó todavía más insultante cuando aseguró que si prometen instalar cámaras “tienen que funcionar”, como si la población no estuviera cansada de escuchar compromisos incumplidos.

 

En una contradicción brutal, afirmó que la ciudadanía “confía mucho” en su administración porque les expresan sus preocupaciones cuando camina por las colonias. Pero la verdadera pregunta es otra: ¿de qué sirve escuchar a la población cuando no existen soluciones reales? La propia alcaldesa terminó por reconocer la gravedad del colapso al revelar que ella misma ha sido víctima de asaltos y que incluso le han apuntado con una pistola en la cabeza. Si la alcaldesa no puede sentirse segura, ¿qué queda para los ciudadanos comunes?

 

También presumió la llegada del general Raúl Martínez como nuevo coordinador regional de seguridad en la zona oriente, tras el fracaso de su antecesor. Pero mientras las autoridades organizan reuniones y recorridos oficiales, la violencia sigue fuera de control.

 

La alcaldesa incluso aseguró, con entusiasmo, que cada 15 días se reúne con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo revisa diariamente los índices delictivos de La Paz. Declaraciones que para muchos habitantes suenan más a propaganda política que a una estrategia efectiva de seguridad.

 

Pero quizás lo más delicado es lo que la alcaldesa evita mencionar. En Los Reyes La Paz es un secreto a voces que su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, presuntamente habría establecido acuerdos con el grupo criminal “Sindicato 22 de Octubre”, encabezado en la zona por Héctor Becerril. Versiones que apuntan a que, a cambio de fuertes cantidades de dinero, se permitió a este grupo tomar control del negocio de distribución de agua mediante pipas y comenzar operaciones de extorsión en tianguis y zonas comerciales para imponer cobros de derecho de piso.

 

Mientras las ejecuciones aumentan, los robos se multiplican y las partes altas permanecen prácticamente abandonadas, el gobierno municipal insiste en discursos optimistas y promesas recicladas. La tragedia de La Paz ya no puede ocultarse detrás de conferencias, patrullas rentadas o reuniones políticas. Hoy el municipio parece gobernado por la improvisación, el miedo y la sombra de la delincuencia organizada.

CIA, EXPLOSIONES Y SILENCIO OFICIAL: EL CASO TECÁMAC

 EXHIBE EL COLAPSO DE LA FISCALÍA MEXIQUENSE

 

*Explosión en Tecámac revive sospechas de encubrimiento y fracaso de la Fiscalía mexiquense

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TECÁMAC, Estado de México, 13 de mayo de 2026.- La explosión ocurrida el pasado 28 de marzo sobre la carretera México-Pachuca, en la que murió Francisco Efraín Beltrán de la Peña, alias “El Payín”, volvió a colocar al Estado de México en el centro de una polémica internacional, luego de que CNN revelara que el hecho habría sido parte de una operación encubierta vinculada con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

 

La versión cimbró al gobierno federal y obligó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a salir públicamente a desmentir la información y calificarla como falsa. Sin embargo, la respuesta abrió nuevas preguntas: ¿cómo puede asegurar el funcionario federal que la versión es falsa si ni siquiera la Fiscalía General de Justicia del Estado de México transparentó la investigación sobre la explosión?

 

Y es que, desde el primer momento, la Fiscalía mexiquense, encabezada por José Luis Cervantes Martínez, manejó el caso con total hermetismo. No hubo avances públicos, no hubo explicaciones técnicas convincentes y tampoco resultados concretos. Como ocurre en decenas de casos de alto impacto en el Estado de México, la apuesta institucional parecía ser la de siempre: dejar que el tema muriera mediáticamente y esperar al olvido.

 

PERO LA PUBLICACIÓN INTERNACIONAL REVENTÓ NUEVAMENTE EL CASO

 

De acuerdo con el reportaje de CNN, la explosión no habría sido un accidente ni un hecho aislado, sino una acción dirigida específicamente contra “El Payín”, señalado como operador del Cártel de Sinaloa. El medio estadounidense sostuvo que fuentes vinculadas al gobierno de Estados Unidos señalaron una posible intervención de un grupo especializado ligado a la CIA dentro de una estrategia más agresiva de Washington contra los cárteles mexicanos.

 

“Las autoridades mexicanas han mantenido un extremo hermetismo en torno a la explosión, pero múltiples fuentes dijeron a CNN que el ataque fue un asesinato selectivo, facilitado por agentes operativos de la Agencia Central de Inteligencia”, señaló el reportaje.

 

Horas después, una vocera de la CIA rechazó públicamente la versión y aseguró que la información era falsa. Sin embargo, hasta el momento CNN no se ha retractado de la publicación ni ha retirado el contenido, lo que mantiene viva la controversia.

 

Además, resulta ingenuo pensar que una agencia como la CIA reconocería públicamente operaciones encubiertas en territorio extranjero. Históricamente, las agencias de inteligencia trabajan precisamente bajo esquemas de secrecía y negación oficial. En México, desde hace décadas, persiste la percepción de que agencias estadounidenses realizan operaciones de inteligencia y seguimiento relacionadas con el narcotráfico, muchas veces sin conocimiento pleno del gobierno mexicano en turno.

 

Lo verdaderamente grave es que el vacío de información dejado por la Fiscalía del Estado de México abrió espacio para especulaciones internacionales, exhibiendo nuevamente la debilidad institucional de la dependencia encargada de procurar justicia en la entidad más poblada del país.

 

Mientras Omar García Harfuch intenta contener el escándalo mediático, en el Estado de México crece la presión política contra José Luis Cervantes Martínez. Legisladores mexiquenses ya exigen abiertamente su renuncia al considerar que la Fiscalía acumula años de opacidad, ineficacia y fracaso frente al avance del crimen organizado.

 

Porque el fondo del problema no es solamente si la CIA participó o no en un operativo clandestino en Tecámac. El verdadero escándalo es que las autoridades mexicanas dejaron tantas dudas abiertas, que hoy una versión internacional resulta más creíble para muchos ciudadanos que la palabra de su propia Fiscalía.

PERIODISTA PROTEGIDO ACUSA AL PROPIO MECANISMO DEL EDOMEX DE VOLVERSE EN SU CONTRA

 

*ECATEPEC, Estado de México, 13 de mayo de 2025.- Osvaldo Muller denuncia que funcionarios encargados de proteger a periodistas acompañaron a una diputada para intentar proceder contra él por escribir una nota incómoda; teme por su vida y la seguridad de su familia

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ECATEPEC, Estado de México, 13 de mayo de 2026.- Lo que debía ser un escudo para proteger periodistas amenazados en el Estado de México, hoy se convirtió —según la denuncia pública del periodista Osvaldo Muller— en un aparato de presión política al servicio del poder.

 

La mañana de este miércoles, alrededor de las 11:00 horas, Muller difundió un video donde asegura temer por su vida, luego de señalar directamente a Israel Hernández Sosa, Coordinador Ejecutivo del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México, así como a Andrés Coca Salcedo, encargado de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Inmediata, de haber acompañado a una diputada de Ecatepec para intentar denunciarlo por una publicación periodística que resultó incómoda para la legisladora.

 

La acusación resulta explosiva porque Osvaldo Muller no es un ciudadano cualquiera frente al mecanismo: es beneficiario de protección oficial. Es decir, los mismos funcionarios señalados tienen acceso a información altamente sensible sobre su vida personal, movimientos, rutinas y entorno familiar.

 

El periodista cuestionó cómo quienes deberían garantizar la libertad de expresión y proteger a comunicadores, terminan amenazado los, presuntamente, respaldando a una figura política inconforme con una nota periodística. Más aún, subrayó que en ningún momento reveló el nombre de la diputada involucrada, recordando que cualquier servidor público está sujeto al escrutinio social debido a que ejerce funciones financiadas con recursos públicos.

 

Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no habría dado entrada a la intención de proceder contra el periodista, Muller considera que el hecho evidencia una peligrosa utilización política de las instituciones creadas para proteger a la prensa.

 

El comunicador afirmó sentirse especialmente vulnerable porque el mecanismo conoce detalles íntimos de su vida y de su familia: desde las escuelas de sus hijos, hasta los dispositivos de seguridad instalados en su domicilio, sus rutas de traslado, lugares de trabajo e incluso sitios donde realiza actividades cotidianas como comprar alimentos.

 

Además, advirtió que, mediante el botón de pánico entregado por el propio mecanismo, las autoridades responsables pueden conocer su ubicación prácticamente en tiempo real.

 

Para Muller, el riesgo no solo radica en el presunto intento de intimidación política, sino en la posibilidad de que el mecanismo busque retirarle la protección institucional, dejándolo expuesto ante cualquier agresión futura y permitiendo que las autoridades se deslinden de responsabilidad.

 

“El mecanismo ya no es confiable”, sostuvo el periodista, quien además lanzó críticas directas contra Israel Hernández Sosa, a quien calificó como un funcionario ajeno a la realidad mexiquense y más cercano a intereses políticos que a la defensa de periodistas amenazados.

 

La denuncia abre una interrogante de enorme gravedad: ¿qué ocurre cuando quienes poseen información sensible sobre periodistas protegidos terminan señalados de actuar políticamente contra ellos?

 

El caso exhibe una crisis de credibilidad dentro del sistema estatal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, un mecanismo que nació para resguardar vidas, pero que ahora enfrenta acusaciones de convertirse en una herramienta de presión y control.

 

Ante el nivel de desconfianza, Osvaldo Muller anunció que acudirá a instancias federales e internacionales para solicitar apoyo y protección, e incluso advirtió que podría abandonar el país si considera que su integridad y la de su familia están en riesgo.

 

Asimismo, exigió de manera urgente una reunión con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; con el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte; y con el fiscal general mexiquense, José Luis Cervantes Martínez, para denunciar lo que considera una traición institucional desde el propio mecanismo que debía protegerlo.

METEPEC: DEL CASTIGO EJEMPLAR AL RESPALDO

 POLÍTICO A POLICÍAS GOLPEADORES

 

*Fernando Flores intenta justificar brutalidad policiaca y abre la puerta a la impunidad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

METEPEC, Estado de México, 12 de mayo de 2026.– En menos de 24 horas, el discurso oficial en Metepec dio un giro alarmante: primero, el gobierno municipal aseguró que los policías que aparecen golpeando brutalmente a un ciclista serían investigados y separados del cargo; después, el alcalde Fernando Flores Fernández salió públicamente a justificar la agresión bajo el argumento de que la víctima “presuntamente” estaría relacionada con hechos delictivos.

 

La contradicción exhibe no solo desorden dentro del gobierno municipal, sino una peligrosa narrativa que pretende normalizar el abuso policial y convertir a los uniformados en jueces y verdugos en plena vía pública.

 

El escándalo estalló luego de que se difundiera un video grabado en las calles Ezequiel Capistrán Rodríguez y Miguel Hidalgo, donde se observa a elementos de la policía municipal interceptar a un hombre que circulaba en bicicleta, someterlo a golpes y posteriormente dejarlo ir.

 

Las imágenes provocaron indignación inmediata en redes sociales debido a la evidente desproporción en el uso de la fuerza. En el video se aprecia cómo al menos tres policías participan en la agresión física contra un hombre que nunca fue presentado ante autoridad ministerial alguna.

 

Ante la presión pública, el comisario de Seguridad Pública de Metepec, Jesús Ramírez Manzur, difundió un mensaje asegurando que los elementos ya habían sido identificados y separados de sus funciones.

 

“El presidente fue claro: no se permitirá que ningún funcionario abuse de su posición”, declaró el mando policiaco, prometiendo una investigación y acompañamiento a la persona afectada.

 

Sin embargo, el discurso institucional cambió abruptamente cuando el alcalde Fernando Flores Fernández decidió intervenir para justificar la actuación de los policías, argumentando que el hombre agredido supuestamente ya había sido detenido anteriormente y liberado por la Fiscalía por falta de pruebas.

 

La declaración del alcalde abre cuestionamientos delicados: ¿desde cuándo un antecedente o una sospecha se convierte en autorización para golpear ciudadanos en la calle? ¿Bajo qué ley los policías municipales pueden castigar físicamente a una persona sin presentarla ante el Ministerio Público?

 

Porque si el hombre realmente cometió un delito, la obligación legal de los uniformados era detenerlo conforme a derecho y ponerlo a disposición de la autoridad competente, no propinarle una golpiza y después abandonarlo en la vía pública.

 

El problema de fondo no es únicamente la agresión captada en video, sino el mensaje político que emite el gobierno de Metepec: la posibilidad de legitimar la violencia policial bajo el argumento de que la víctima “podría ser delincuente”.

 

En un Estado de derecho, la culpabilidad no la determina un alcalde, ni un policía municipal, ni una publicación en redes sociales. La determina una autoridad judicial mediante pruebas y un debido proceso.

 

Lo verdaderamente preocupante es que mientras el comisario hablaba de sanciones y separación del cargo, el presidente municipal ya comenzaba a abrir la puerta para el eventual regreso de los elementos involucrados.

 

La pregunta que hoy queda en el aire para los habitantes de Metepec es inevitable: si el propio alcalde justifica el uso excesivo de la fuerza, ¿qué garantías tiene cualquier ciudadano de no ser golpeado mañana bajo la simple acusación de “parecer sospechoso”?

 

Porque las imágenes son contundentes. No muestran una detención profesional. No muestran control táctico. Muestran brutalidad.

 

Y cuando una autoridad intenta justificar la brutalidad en lugar de condenarla, el mensaje para la corporación policiaca es devastador: la violencia puede tener respaldo político.