POLICÍA ASESINADO EN CHICOLOAPAN DESTAPA CLOACA DE DROGA Y CORRUPCIÓN; COMPAÑEROS LO SEÑALAN COMO PRESUNTO NARCOMENUDISTA

 

*El homicidio de un policía señalado por sus propios compañeros como presunto narcomenudista vuelve a poner bajo la lupa a Chicoloapan y las acusaciones de una posible infiltración del crimen organizado en la corporación y el gobierno municipal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHICOLOAPAN, Estado de México, 22 de agosto de 2026.- El asesinato de un policía municipal en Chicoloapan no sólo volvió a exhibir la violencia que azota al municipio: abrió una cloaca de acusaciones sobre presunto narcomenudeo, corrupción dentro de la corporación policiaca y una presunta protección institucional que, de confirmarse, revelaría hasta dónde habría penetrado el crimen organizado en las estructuras del gobierno local.

 

La mañana de ayer viernes, alrededor de las 07:00 horas, fue localizado sin vida Marcos Raúl Pérez Díaz, de 47 años, quien se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de Chicoloapan.

 

El cuerpo fue encontrado sobre Avenida Real de Arzobispado, esquina con Real de Castilla, sin número, en la colonia Real de Costitlán. Al arribar los servicios médicos de emergencia determinaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

 

PERO EL CASO ESTÁ RODEADO DE INTERROGANTES

 

En el lugar no fueron localizados casquillos percutidos, por lo que hasta el momento no existe certeza sobre si Pérez Díaz fue asesinado en ese punto o si su cuerpo fue abandonado posteriormente. La investigación deberá determinar dónde ocurrió el homicidio, quienes participaron y cuál fue el móvil.

 

Sin embargo, lo que más sacude a la corporación son los señalamientos realizados por compañeros del propio policía asesinado, quienes solicitaron permanecer en el anonimato.

 

De acuerdo con esos testimonios, Pérez Díaz llevaba tiempo involucrado en actividades de narcomenudeo y habría utilizado su posición dentro de la corporación para participar en la distribución de droga. Incluso, sus compañeros lo señalan como un presunto distribuidor de cocaína al interior de la propia Policía Municipal.

 

Se trata de acusaciones graves que deberán ser investigadas por las autoridades competentes, pero que adquieren especial relevancia por un antecedente que ya había puesto al elemento bajo la lupa.

 

DETENIDO POR DELITOS CONTRA LA SALUD Y DE REGRESO A LA POLICÍA

 

El pasado 21 de abril, Marcos Raúl Pérez Díaz fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por presuntos delitos contra la salud.

 

No obstante, según los testimonios recabados, horas después habría recuperado su libertad tras un supuesto pago de dinero dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y, lejos de ser separado de la corporación, habría regresado a trabajar como policía municipal con absoluta normalidad.

 

Esta versión, por su gravedad, exige una investigación a fondo sobre todo para que el comisario de la policía municipal Josafat Green Ramírez explique quien permitió su reincorporación, bajo qué condiciones recuperó su libertad y, sobre todo, si existió alguna irregularidad en el procedimiento ministerial.

 

Porque si un policía municipal efectivamente fue detenido por delitos contra la salud y posteriormente regresó a portar el uniforme y ejercer funciones de seguridad, la pregunta es inevitable: ¿Quién lo protegió y por qué?

 

Y esa pregunta conduce directamente al problema de fondo que desde hace años arrastra Chicoloapan.

 

SEIS AÑOS DE ACUSACIONES Y LA SOMBRA DEL CRIMEN ORGANIZADO

 

Durante los seis años en que Nancy Gómez Vargas, de Morena, estuvo al frente del Ayuntamiento, el municipio quedó marcado por constantes señalamientos sobre una presunta presencia y operación de grupos criminales.

 

Uno de los nombres que apareció públicamente fue el de su hermano, Marco Antonio Gómez Vargas, alias “El Kino”, quien desde 2022 comenzó a ser señalado públicamente como presunto operador criminal.

 

De acuerdo con los señalamientos que se hicieron durante aquellos años, “El Kino” habría estado relacionado con el cobro de extorsiones y derecho de piso, además de la presunta distribución y control de puntos de venta de droga.

Durante años, esas acusaciones generaron cuestionamientos sobre la capacidad —o voluntad— de las autoridades para enfrentar a la delincuencia.

 

Finalmente, el pasado 10 de julio, Marco Antonio Gómez Vargas fue detenido en Chiapas y puesto a disposición de las autoridades por delitos relacionados con tráfico de drogas, extorsión y homicidio, de acuerdo con los datos proporcionados para esta información.

 

Pero la detención de “El Kino” no significó que las acusaciones sobre la penetración criminal en Chicoloapan desaparecieran.

 

AHORA, LAS ACUSACIONES APUNTAN AL GOBIERNO DE FRANCISCO JAVIER MENDOZA

 

El municipio es gobernado actualmente por el morenista Francisco Javier Mendoza Vásquez, y nuevamente aparecen señalamientos que vinculan a integrantes del entorno político municipal con personas acusadas públicamente de actividades criminales.

 

Entre ellos está Reinaldo Ruiz Castaneyra, alias “El Perro”, a quien comerciantes y distintas versiones locales señalan como el encargado del cobro de extorsiones y derecho de piso a comerciantes establecidos y ambulantes.

 

El señalamiento adquiere una dimensión política porque, según las acusaciones, Mendoza Vásquez ha aparecido públicamente junto a Ruiz Castaneyra, mientras integrantes del equipo del alcalde se refieren a éste como “licenciado”.

 

Y existe un cuestionamiento todavía más delicado: se afirma que un hijo de “El Perro”, Edgar Ruiz Aguilar fue incorporado como primer regidor de la administración municipal.

 

Con estas circunstancias, el problema ya no es solamente la existencia de delincuentes operando en las calles. Sino que la sociedad se enfrenta ala a posible infiltración de intereses criminales en las propias estructuras del gobierno municipal.

 

¿QUIÉN GOBIERNA REALMENTE CHICOLOAPAN?

 

El asesinato de Marcos Raúl Pérez Díaz coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta que las autoridades municipales y estatales no pueden seguir esquivando: ¿Hasta dónde ha penetrado el crimen organizado en Chicoloapan?

 

Porque resulta inadmisible que un policía municipal sea asesinado y que, simultáneamente, compañeros de la corporación lo señalen como presunto vendedor de droga dentro de la propia institución, mientras existen antecedentes de una detención por delitos contra la salud que habría terminado sin impedir su regreso al servicio.

 

Tampoco puede ignorarse que durante años han existido señalamientos sobre extorsión, venta de drogas y presuntos operadores criminales vinculados con círculos políticos de Morena.

 

Con tanta sangre derramada en Chicoloapan, la sociedad se enfrenta al riesgo de que la frontera entre gobierno y delincuencia se haya vuelto prácticamente invisible.

 

Y mientras las autoridades hablan de seguridad, los ciudadanos siguen viviendo entre homicidios, extorsiones y miedo.

ROCHA VUELVE AL PODER: LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

 CONVERTIDA EN BLINDAJE POLÍTICO

 

*Rocha vuelve al poder entre acusaciones, dudas y el caso Cuén; ahora Sheinbaum enfrenta el reto de demostrar que la presunción de inocencia no es un blindaje exclusivo para los políticos de Morena

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de agosto de 2026.- El cinismo político parece no tener límite y, en Sinaloa, la impunidad acaba de recibir una nueva bofetada: Rubén Rocha Moya regresó este viernes a la gubernatura del estado, después de más de tres meses de licencia y luego de haber sido señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, así como de ser detenido con el propósito de ser extraditado.

 

Sin embargo, el gobierno mexicano se negó hacerlo y por el contrario le otorgo toda la protección necesaria. Ahora, Rocha regresó “con la frente en alto”, según él, convencido de que una acusación no equivale a una sentencia. Y jurídicamente tiene razón: nadie puede ser condenado sin una resolución judicial que determine su responsabilidad.

 

Pero una cosa es respetar la presunción de inocencia y otra, muy distinta, utilizarla como blindaje político para cerrar los ojos ante una tormenta de señalamientos, investigaciones y hechos que todavía exigen respuestas.

 

Porque el problema ya no es solamente lo que diga Washington. El problema es todo lo que ha ocurrido alrededor del gobernador sinaloense.

 

La acusación estadounidense contra Rocha y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa colocó al gobierno estatal en el centro de una investigación por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Rocha ha negado las acusaciones y las autoridades mexicanas, según, no han encontrado, hasta ahora, elementos para proceder penalmente contra él, el problema es quien realmente cree esa versión.

Que una investigación mexicana no haya acreditado responsabilidad penal no borra las preguntas políticas ni desaparece los hechos que dieron origen al escándalo.

 

Y justo cuando Rocha decide volver al despacho gubernamental, aparece una pieza que vuelve a sacudir uno de los episodios más oscuros de la política sinaloense: la detención de Fausto Corrales Rodríguez.

 

Corrales fue detenido por la Fiscalía General de la República y es señalado por su probable intervención en delitos de encubrimiento relacionados con el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda y por falsedad de declaraciones. La FGR lo identifica como la persona que acompañó a Cuén a la reunión del 25 de julio de 2024, en el lugar donde el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue asesinado y donde, según la investigación, Ismael “El Mayo” Zambada fue privado de la libertad y posteriormente llevado a Estados Unidos.

 

Durante meses, aquella historia estuvo cubierta por una versión que terminó haciéndose pedazos: que Cuén había sido asesinado durante un intento de robo en una gasolinera.

 

La investigación federal terminó cuestionando severamente esa explicación. Ahora, con Corrales detenido, vuelven a aparecer las mismas preguntas que durante dos años quedaron flotando en el aire: ¿qué ocurrió realmente aquel 25 de julio?, ¿quiénes estuvieron presentes?, ¿quién sabía lo que iba a suceder?, ¿quién mintió?, ¿quién encubrió?, y quiénes siguen teniendo algo que explicar?

 

La coincidencia temporal resulta políticamente explosiva. Rocha regresa al poder mientras una pieza clave de aquel episodio está bajo custodia federal.

 

Y hay otro nombre que tampoco puede desaparecer del radar: Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena y uno de los funcionarios sinaloenses incluidos en los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses. Inzunza ha rechazado las imputaciones, las calificó de falsas y acudió a declarar ante la FGR en mayo.

 

Es decir, el problema no terminó con la licencia temporal de Rocha. El expediente político sigue abierto.

 

Y aquí es donde la llamada transformación enfrenta una prueba incómoda: ¿la presunción de inocencia es un principio constitucional que debe respetarse para todos o se ha convertido en un argumento selectivo para proteger a los hombres del poder y militantes de Morena?

 

Porque si se trata de respetar la ley, debe respetarse siempre. Pero si se trata de investigar, también debe investigarse a todos. Sin excepciones. Sin colores partidistas. Sin fuero convertido en escondite. Sin cargos públicos utilizados como escudo.

 

EL CASO MÉRIDA: LA PREGUNTA QUE MORENA NO QUIERE CONTESTAR

 

Y mientras Rocha vuelve a la gubernatura, hay otro episodio que hace todavía más incómoda la situación.

 

Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses en mayo de 2026 después de ser señalado dentro de la investigación contra funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Posteriormente su nombre ya no aparece en la lista de personas detenida en Estados Unidos, lo que significa que fue trasladado a una cárcel mucho más cómoda para seguir dando información a las agencias de seguridad de ese país.

 

En mayo, El Universal reportó que Mérida había sido aceptado como testigo cooperante y que existía la posibilidad de que recibiera protección, mientras entregaba información inicial a las autoridades estadounidenses.

 

Entonces la pregunta es inevitable: Si Rocha ya fue políticamente absuelto porque, según la investigación mexicana, no existen elementos suficientes para acusarlo, ¿qué espera el gobierno de México para exigir exactamente el mismo para Gerardo Mérida?

 

Y aquí la exigencia debe ser directa para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: Si no existen pruebas contra Rocha Moya, entonces que se solicite formalmente al gobierno de Estados Unidos que explique, aclare y, en su caso, exonere a Mérida de cualquier acusación que no pueda sostenerse.

 

Porque sería inadmisible defender la soberanía mexicana solamente cuando el señalado ocupa una posición política conveniente.

 

La justicia no puede funcionar bajo el principio de “a los nuestros se les cree y a los otros se les investiga”. Eso no es justicia. Eso es protección política.

 

Y si Morena sostiene que las acusaciones estadounidenses carecen de sustento, entonces debería ser el primero en exigir que cada expediente sea transparentado y que quien resulte inocente quede completamente limpio.

 

Pero si existen pruebas, también deben conocerse. Porque la soberanía nacional no puede convertirse en una cortina de humo para impedir investigaciones.

 

EL REGRESO QUE DEJA DEMASIADAS PREGUNTAS

 

Rocha puede volver a la gubernatura porque legalmente conserva sus derechos y porque no existe una sentencia mexicana que lo condene.

 

Pero volver al Palacio de Gobierno no significa que hayan desaparecido las dudas.

 

Tampoco convierte automáticamente las acusaciones estadounidenses en una conspiración.

 

Y mucho menos borra el asesinato de Cuén, el secuestro de “El Mayo”, la contradictoria investigación inicial, la caída de una versión oficial y ahora la detención de uno de los hombres que estuvo cerca de aquella reunión.

 

Lo verdaderamente grave sería que el poder político pretendiera que todo eso simplemente desaparezca porque Rocha ya regresó.

 

No. La política puede cerrar filas. Los expedientes no. Y mientras Rocha vuelve “con la frente en alto”, Sinaloa sigue cargando con una pregunta que Morena no ha conseguido responder de manera convincente:

 

¿Dónde termina la presunción de inocencia y dónde comienza la impunidad?

 

Porque una cosa es que no exista una sentencia condenatoria. Y otra, muy diferente, que el poder pretenda que tampoco existan preguntas.

 

Si el gobierno mexicano está convencido de que las acusaciones estadounidenses contra sus funcionarios son falsas, que lo demuestre hasta el final. Y que lo haga con todos. Incluido Gerardo Mérida Sánchez.

 

Porque, de lo contrario, la defensa de la soberanía terminará pareciendo solamente el último refugio de quienes necesitan protección política.

 

Y eso sí sería el colmo del cinismo.

HIGINIO MARTÍNEZ USA A “ANDY” Y A INZUNZA COMO TRAMPOLÍN

 PARA SU PROYECTO RUMBO AL EDOMEX

 

*Higinio Martínez convierte los casos de “Andy” e Inzunza en escaparate para impulsar su proyecto político rumbo a 2029, mientras sus presuntos pactos con Antorcha por 1,640 hectáreas de Chapingo encienden las alarmas dentro de Morena

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 20 de agosto de 2026.- El retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, volvió a convertirse en combustible para las ambiciones políticas del senador morenista Higinio Martínez Miranda, quien aprovechó los reflectores para pronunciarse sobre el caso, defender el debido proceso y, de paso, volver a dejar claro que está decidido a conquistar espacios de poder dentro del Senado y mantener viva su carrera rumbo a la gubernatura del Estado de México.

 

Martínez Miranda calificó la suspensión de visas estadounidenses como una decisión soberana de Washington y consideró que el asunto no debería convertirse en un tema nacional.

 

“De 130 millones de personas que quiten 10 o 15 visas, creo que no debe ser un tema nacional”, sostuvo.

 

El senador también pidió que las acusaciones contra López Beltrán y otros personajes sean llevadas ante las autoridades ministeriales y jurisdiccionales, no únicamente ventiladas en medios de comunicación.

 

Aseguró que los medios tienen derecho a informar porque esa es una vía para que los ciudadanos conozcan los hechos, pero insistió en que corresponde al Ministerio Público investigar y a los jueces determinar responsabilidades mediante los procedimientos correspondientes.

 

Hasta ahí, el discurso podría parecer una defensa del Estado de derecho. Sin embargo, el problema aparece cuando el mismo senador utiliza asuntos judiciales y políticos de alto impacto para colocarse nuevamente bajo los reflectores y proyectarse como un actor central dentro de Morena.

 

INZUNZA, OTRO ARGUMENTO PARA GANAR REFLECTORES

 

Martínez tampoco dejó pasar el caso de su compañero de bancada, Enrique Inzunza Cázarez, a quien la justicia estadounidense habría señalado para ser detenido con fines de extradición.

 

El texcocano marcó distancia respecto de la decisión de Inzunza de permanecer en su cargo y aseguró que, si él estuviera en una situación semejante, solicitaría licencia para defender su inocencia.

 

“Inzunza es un jurista de toda la vida, ha sido juez, ha sido magistrado y ha sido presidente del tribunal; él piensa como jurista, yo pienso como político”, afirmó.

 

Y justamente ahí está la clave: Higinio Martínez no dejó pasar la oportunidad de recordar que él “piensa como político”.

 

Porque mientras habla de visas, procesos judiciales y licencias, el senador sigue moviendo sus piezas para colocarse al frente de la Mesa Directiva del Senado, cargo desde el cual tendría una plataforma privilegiada para ampliar su influencia política.

 

El propio legislador dejó entrever que busca alcanzar esa posición con el respaldo de Morena, sus aliados y posteriormente mediante acuerdos con las demás fuerzas políticas.

EL VERDADERO OBJETIVO ESTÁ EN EL ESTADO DE MÉXICO

 

El discurso sobre “Andy” y sobre Inzunza parece ser solamente la superficie.

 

Detrás de los reflectores está una disputa mucho más grande: el proyecto político de Higinio Martínez y su intento de utilizar cada posición de poder para fortalecer a su grupo “Mexiquenses de Corazón” y mantener abierta su aspiración de convertirse en candidato a gobernador del Estado de México.

 

Desde esa perspectiva, la Mesa Directiva del Senado no sería solamente un cargo protocolario. Sería una poderosa plataforma de operación política, negociación y construcción de alianzas.

 

Y es precisamente esa capacidad para pactar con prácticamente cualquier grupo la que comienza a generar inquietud entre sectores de Morena en el Estado de México.

 

El problema para la llamada Cuarta Transformación es que Martínez Miranda ha demostrado que, cuando se trata de construir poder, las fronteras ideológicas pueden volverse perfectamente negociables.

 

ANTORCHA, CHAPINGO Y LAS 1,640 HECTÁREAS QUE ENCENDIERON LAS ALARMAS

 

Uno de los episodios que más preocupación ha generado entre sectores de la comunidad universitaria y morenista es la relación política atribuida al senador con liderazgos de Antorcha Campesina.

 

La versión que circula entre integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma Chapingo sostiene que, dentro de un supuesto entendimiento político rumbo a la gubernatura mexiquense, se habría planteado el respaldo para que ejidatarios de Río Frío intenten quedarse con 1,640 hectáreas de bosque pertenecientes a la UACh.

 

Se trata de una acusación que debe ser investigada y acreditada por las autoridades correspondientes, pero que ya provocó indignación entre integrantes de la comunidad universitaria.

 

EL CONFLICTO NO ES MENOR

 

La disputa se concentra en la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, donde se ha denunciado el cierre de accesos, el ingreso de maquinaria pesada y la ocupación de terrenos utilizados durante años para actividades académicas, científicas y prácticas profesionales de estudiantes.

 

El conflicto, además, ya habría escalado a episodios de violencia.

 

De acuerdo con los señalamientos referidos por integrantes de la comunidad, estudiantes que realizaban prácticas fueron expulsados del lugar por personas vinculadas con el grupo antorchista, en medio de confrontaciones en las que habrían sido utilizados palos y machetes.

 

UN PACTO QUE PODRÍA SALIRLE CARÍSIMO A MORENA

 

Para los sectores que cuestionan la operación política de Higinio Martínez, el asunto trasciende la disputa territorial.

 

La pregunta es qué precio estaría dispuesto a pagar el senador para construir una candidatura al gobierno del Estado de México.

 

Porque si las versiones sobre acuerdos con Antorcha Campesina terminan acreditándose, Morena tendría frente a sí una contradicción monumental: un movimiento que llegó al poder prometiendo acabar con los viejos pactos de las élites políticas podría terminar utilizando exactamente las mismas prácticas de negociación, reparto de espacios y alianzas coyunturales que durante años criticó.

 

Higinio Martínez parece entender perfectamente que el poder no se construye únicamente con votos. Se construye con alianzas, posiciones, operadores y acuerdos.

 

Y por eso el Senado puede ser apenas una estación más de una operación política cuyo verdadero destino está en el Palacio de Gobierno del Estado de México.

 

El problema para Morena es que la eventual candidatura de Higinio Martínez podría fracturar todavía más a un partido que ya enfrenta disputas internas por el control político de la entidad.

 

Mientras el senador aprovecha cada coyuntura —desde la visa de “Andy” hasta el caso Inzunza— para mantener su nombre en circulación, dentro de Morena crece el temor de que su proyecto termine convirtiendo a la Cuarta Transformación mexiquense en rehén de alianzas construidas únicamente para satisfacer una ambición personal.

 

Y si para llegar a la gubernatura necesita pactar con propios, adversarios o grupos históricamente cuestionados, la pregunta ya no es si Higinio Martínez está dispuesto a negociar.

 

La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar.

 

Porque en política, como en el caso de las 1,640 hectáreas de Chapingo, los pactos que se hacen en privado pueden terminar teniendo consecuencias públicas mucho más grandes que cualquier discurso pronunciado frente a los micrófonos.

MORENA MAQUILLA DE “ORGANIZACIÓN” SU CAMPAÑA ADELANTADA EN EDOMEX

*José Francisco Vázquez niega actos anticipados, pero asambleas, movilizaciones y propaganda de Morena levantan sospechas; mientras el partido se promociona, los mexiquenses siguen esperando resultados en salud, seguridad y servicios públicos

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 20 de agosto de 2026.- José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Congreso mexiquense, podrá repetir una y otra vez que las asambleas, recorridos y actividades de su partido “no son campaña adelantada”, pero el discurso oficial comienza a chocar frontalmente con la realidad que los ciudadanos observan en las calles.

 

El morenista sostiene que “el movimiento es el movimiento” y que no se pide el voto ni se promueven nombres. El problema es que, cuando un partido organiza concentraciones, despliega a sus estructuras, moviliza simpatizantes, difunde mensajes políticos, reparte su periódico Regeneración y utiliza cualquier cantidad de pretextos —incluida la supuesta defensa de la soberanía— para mantener una presencia permanente ante el electorado, resulta difícil convencer a la sociedad de que todo se trata simplemente de “organización”.

 

Más que una explicación, la postura de Vázquez Rodríguez parece un intento de cambiarle el nombre a una práctica que despierta cada vez más sospechas: hacer campaña antes de que oficialmente comiencen las campañas.

 

Morena podrá argumentar que no solicita el voto, pero la política moderna no se reduce a pronunciar la palabra “vota”. Construir presencia territorial, posicionar al partido, movilizar simpatizantes, difundir mensajes y mantener a sus estructuras activas también puede tener un evidente propósito de posicionamiento político. Y si de verdad no existe ningún interés electoral, entonces la pregunta es obligada: ¿por qué tanta prisa, tanto despliegue y tanto gasto?

 

Porque tampoco puede pasarse por alto el costo de esa maquinaria política.

 

Sería muy saludable que Morena explicara con absoluta transparencia cuánto dinero se está destinando a estas actividades, de dónde salen los recursos para organizar asambleas, movilizaciones, propaganda y recorridos, y qué beneficios concretos obtiene la población del Estado de México de semejante despliegue partidista.

 

El dinero público no pertenece a Morena ni a sus dirigentes. Es dinero de los ciudadanos, de los trabajadores, comerciantes, empresarios y familias que pagan impuestos y que, a cambio, esperan servicios públicos dignos, hospitales funcionales, seguridad, calles transitables, agua potable y atención gubernamental.

 

Por eso resulta particularmente ofensivo que mientras existen reclamos ciudadanos por deficiencias en salud, pagos pendientes a trabajadores y problemas de infraestructura, desde la cúpula morenista se pretenda vender como un gran logro político una intensa actividad partidista.

 

Y todavía más cuestionable resulta la respuesta de Vázquez Rodríguez cuando se le preguntó por los pendientes del gobierno de Delfina Gómez Álvarez: “ha súper cumplido, requete cumplido”.

 

Una respuesta de ese tipo podrá arrancar una sonrisa entre los simpatizantes de Morena, pero difícilmente resuelve los problemas de quienes enfrentan diariamente las carencias de los servicios públicos.

 

La frase, además, recuerda el estilo coloquial que en ocasiones utiliza la propia gobernadora mexiquense, un lenguaje que puede funcionar en un mitin político, pero que resulta insuficiente cuando se habla de gobernar una entidad con más de 17 millones de habitantes y con problemas que no se resuelven con ocurrencias, frases hechas ni aplausos partidistas.

 

Vázquez Rodríguez también pide no tener una “piel tan sensible” frente a las críticas y asegura que dentro de Morena no existe rompimiento. Perfecto. Entonces que tampoco tengan la piel tan sensible para responder preguntas incómodas y explicar con documentos, cifras y transparencia qué está ocurriendo con los recursos utilizados por el partido y sus estructuras.

 

Porque mientras Morena asegura que solamente está “organizando el movimiento”, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si está presenciando una estrategia política anticipada rumbo a las próximas disputas electorales.

 

Y si Morena considera que todo lo que hace es legal, legítimo y transparente, que lo demuestre.

 

Que explique quién paga, cuánto cuesta, quién organiza, quién financia, quién se beneficia políticamente y cuál es el propósito real de cada asamblea, cada recorrido y cada acto partidista.

 

Lo que no puede pretender el partido gobernante es pedirle a la sociedad que cierre los ojos y acepte como verdad absoluta que todo es simple “organización”.

 

La ciudadanía ya no está para discursos. Está para exigir resultados.

 

Y mientras los políticos se reparten posiciones, preparan plenarias, negocian la Jucopo, disputan la Mesa Directiva y mantienen activas sus estructuras electorales, millones de mexiquenses siguen esperando que el gobierno resuelva los problemas que Morena prometió solucionar.

 

Porque si el partido tiene tiempo y recursos para hacer política, también debería tener la misma energía para responder por la salud, la seguridad, los servicios públicos, los trabajadores y las condiciones de vida de los mexiquenses.

 

Lo demás corre el riesgo de convertirse en lo que la sociedad cada vez cuestiona con mayor fuerza: una campaña disfrazada de movimiento, pagada directa o indirectamente por ciudadanos que no votaron para financiar propaganda política, sino para recibir un gobierno que cumpla.

ALEJANDRA DEL MORAL, BAJO FUEGO POR PRESUNTO

 TRASLADO DE “CASH” A CUBA

 

*De candidata opositora a pieza de la 4T, Del Moral enfrenta ahora cuestionamientos por presuntos envíos de dólares a Cuba; el silencio oficial mantiene abiertas las dudas sobre el origen y destino de los recursos

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 19 de agosto de 2026.- Una nueva tormenta política se cierne sobre Alejandra del Moral Vela. Una investigación publicada por Código Magenta, firmada por el periodista Ramón Alberto Garza y titulada “Alejandra del Moral: La Reina del Cash entre México y Cuba”, coloca a la ex candidata priista al Gobierno del Estado de México en el centro de una serie de señalamientos sobre el supuesto traslado de millones de dólares en efectivo hacia la isla caribeña.

 

La acusación resulta especialmente delicada porque Del Moral no es una funcionaria menor: actualmente encabeza la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), organismo dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores encargado de coordinar la cooperación internacional de México.

 

El Gobierno federal confirmó que Del Moral asumió la dirección ejecutiva de la AMEXCID en octubre de 2024 y que, desde esa posición, ha participado directamente en programas de cooperación con Cuba.

 

De acuerdo con la investigación periodística, los presuntos movimientos de efectivo habrían ocurrido en un contexto de estrechamiento de la relación entre México y Cuba y después de los cuestionamientos generados por el apoyo energético mexicano a la isla.

 

El reportaje sostiene que los recursos habrían sido trasladados fuera de los canales financieros oficiales y plantea interrogantes sobre el origen del dinero, el mecanismo utilizado para transportarlo y el destino final de los recursos. Otras publicaciones que retomaron la investigación señalan que las versiones apuntan a vuelos privados entre Toluca y La Habana.

 

El escándalo no puede despacharse simplemente como una versión sin importancia.

 

La razón es que existe un hecho comprobable: Del Moral sí ha encabezado personalmente la cooperación mexicana con Cuba.

 

En septiembre de 2025 realizó una gira oficial por la isla para dar seguimiento a proyectos de cooperación y participó en la negociación de la segunda fase de Sembrando Vida en Cuba, programa que contempla beneficiar a cinco mil productores cubanos.

 

Incluso medios oficiales cubanos reportaron que Del Moral encabezó una delegación de la AMEXCID que se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel y que participó en la firma de acuerdos de cooperación para beneficiar a productores agropecuarios.

 

Es precisamente esa cercanía institucional la que vuelve explosivas las acusaciones.

 

La investigación de Garza plantea la posibilidad de que detrás de la cooperación formal exista una operación distinta, con recursos en efectivo cuya procedencia y ruta no estarían suficientemente transparentadas. También refiere versiones según las cuales organismos de inteligencia estarían interesados en conocer el origen del dinero y determinar si los recursos provendrían exclusivamente de México o si habría participación de otros gobiernos.

 

La pregunta que queda sobre la mesa es brutalmente explosiva: si se trata de cooperación humanitaria, ¿por qué tendría que existir dinero en efectivo fuera de los mecanismos financieros institucionales?

 

Hasta el momento, no se ha presentado públicamente una respuesta oficial que despeje esas dudas.

 

DE CANDIDATA OPOSITORA A FUNCIONARIA DE LA 4T

 

El episodio adquiere una dimensión política todavía mayor por el controvertido tránsito de Del Moral desde la oposición priista hacia las filas del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

 

En 2023, Del Moral encabezó la coalición Va por el Estado de México, integrada por PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, y enfrentó a Delfina Gómez Álvarez, entonces candidata de Morena.

 

Gómez obtuvo 3 millones 272 mil votos, mientras Del Moral alcanzó 2 millones 755 mil sufragios. La elección convirtió a ambas en las principales protagonistas de una de las contiendas electorales más importantes de la historia reciente del Estado de México.

 

Pero, tras la derrota, Del Moral terminó incorporándose al proyecto político que había combatido.

 

Ese viraje le ganó en amplios sectores de la oposición mexiquense el calificativo de “traidora”, particularmente porque durante la campaña existieron denuncias y testimonios sobre presuntas agresiones, amenazas, levantones e intimidaciones contra operadores políticos de PRI, PAN y PRD en municipios del sur de la entidad.

 

Esas denuncias deberán ser acreditadas caso por caso y no deben confundirse con hechos judicialmente probados. Sin embargo, políticamente dejaron una pregunta que todavía persigue a la ex candidata: ¿por qué no denunció con contundencia aquellos episodios si su propia estructura electoral estaba siendo golpeada?

 

Para analistas, periodistas y la sociedad, aquel silencio alimentó la sospecha de que su ruptura con el bloque opositor no fue una decisión improvisada, sino parte de una estrategia política previamente cordada.

 

Hoy, tres años después de aquella elección, Del Moral ocupa una posición estratégica dentro del gobierno federal y tiene bajo su responsabilidad la política de cooperación internacional.

 

Y es precisamente desde ese cargo desde donde surge ahora el escándalo de los presuntos dólares rumbo a Cuba.

 

EL PROBLEMA YA NO ES SÓLO POLÍTICO: ES LA TRANSPARENCIA

 

La AMEXCID asegura oficialmente que su trabajo está comprometido con la transparencia y que su objetivo es fortalecer la cooperación internacional de México.

 

Por eso, el señalamiento publicado por Código Magenta exige algo más que silencio político.

 

Si los recursos denunciados nunca existieron, la explicación debería ser contundente.

 

Si existieron, pero formaron parte de un programa oficial de cooperación, entonces deben existir documentos que acrediten su origen, monto, autorización, traslado, mecanismos de seguridad y destino.

 

Y si se trató de recursos públicos, la sociedad mexicana tiene derecho a conocer quién los autorizó, cuánto dinero fue utilizado y bajo qué reglas se entregó.

 

Lo que no puede quedar en la oscuridad es una operación millonaria en efectivo supuestamente vinculada con una funcionaria federal que, paradójicamente, tiene entre sus principales responsabilidades garantizar la cooperación internacional bajo criterios institucionales.

 

Porque una cosa es la cooperación internacional y otra muy distinta sería utilizar una estructura gubernamental para mover dinero cuyo origen y destino no puedan ser explicados.

 

Por ahora, las acusaciones siguen siendo eso: acusaciones periodísticas no acreditadas públicamente. Pero el silencio tampoco las convierte automáticamente en falsas.

 

Alejandra del Moral tiene frente a sí una oportunidad para despejar las dudas. Y la pregunta que retumba desde Toluca hasta La Habana es inevitable:

 

¿Qué dinero habría viajado hacia Cuba, de dónde salió, quién lo autorizó y, sobre todo, quién puede demostrar que cada dólar fue manejado legalmente?

 

Mientras esas preguntas permanezcan sin una respuesta documental y pública, la sombra de la “Reina del Cash” seguirá creciendo sobre una de las funcionarias mexiquenses que, después de perder la gubernatura frente a Morena, terminó convirtiéndose en pieza del mismo proyecto político que alguna vez combatió.

GENERAL MÉRIDA SALE DE PRISIÓN EN EU Y CRECE LA ALARMA

 POR SU POSIBLE COOPERACIÓN

 

*General Mérida “salió” de prisión en Estados Unidos y negocia con fiscales, su testimonio podría hundir a Rocha Moya y a la elite de Morena

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de agosto de 2026.— El caso del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez acaba de entrar en una fase mucho más delicada para México. El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa dejó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn el pasado 11 de agosto, pero no existe confirmación pública de que haya recuperado su libertad.

 

Su nombre desapareció de los registros ordinarios del Buró Federal de Prisiones justo después de que la audiencia que estaba prevista para el 4 de agosto fuera retirada del calendario judicial y quedara sin nueva fecha. La Corte del Distrito Sur de Nueva York confirmó que la diligencia no se realizaría, pero tampoco explicó públicamente cuándo volvería a celebrarse.

 

La combinación de ambos movimientos —salida del centro penitenciario y ausencia de una nueva audiencia— alimenta una hipótesis que, aunque no ha sido confirmada oficialmente por el Departamento de Justicia estadounidense, resulta difícil de ignorar: Mérida podría haber sido trasladado a un esquema de custodia diferente mientras negocia su situación jurídica y su eventual cooperación con los fiscales.

 

De hecho, desde mayo ya existían reportes de que el general había sido aceptado como testigo cooperante y que había proporcionado información inicial a las autoridades estadounidenses. EL UNIVERSAL reportó entonces que una fuente del Departamento de Justicia confirmó esa condición, aunque todavía estaba pendiente determinar si recibiría protección especial.

 

Por eso, lo ocurrido el 11 de agosto no necesariamente significa que Mérida haya quedado libre. El escenario que cobra fuerza es otro: que el hombre que alguna vez estuvo en las entrañas de la inteligencia militar mexicana pueda estar siendo manejado bajo condiciones distintas a las de un reo federal convencional.

 

Y ahí comienza el verdadero problema para México. Mérida no es un funcionario cualquiera.

 

Es un general de división en retiro con formación especializada en inteligencia militar, que llegó a ocupar posiciones de enorme relevancia dentro del aparato castrense antes de convertirse en secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre 2023 y 2024.

 

La acusación estadounidense, hasta ahora, está concentrada en su actuación como funcionario civil. El Departamento de Justicia lo acusa de conspiración para importar narcóticos, delitos relacionados con armas y de haber recibido sobornos para brindar protección y filtrar información sobre operativos de seguridad. La acusación formal incorpora a Mérida junto con otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

 

Pero su valor para los fiscales estadounidenses podría estar precisamente en aquello que no aparece necesariamente en el pliego acusatorio: lo que sabe por su trayectoria militar.

 

Porque un general formado en inteligencia no solamente conoce nombres, expedientes o procedimientos. Conoce estructuras, protocolos, mecanismos de obtención y análisis de información, cadenas de mando y formas de coordinación entre instituciones.

 

Y si efectivamente está cooperando con Washington, la pregunta ya no es solamente qué puede declarar sobre Sinaloa.

 

La pregunta es hasta dónde llega la información que posee.

 

Durante su carrera militar, Mérida estuvo relacionado con áreas de inteligencia y posteriormente dirigió la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Es decir, no únicamente recibió formación en esa materia: también participó en la preparación de personal encargado de obtener y procesar información estratégica.

 

Por eso, su eventual cooperación representa un riesgo político e institucional mucho mayor que el de cualquier funcionario policial de menor rango.

 

EL PROBLEMA PARA ROCHA MOYA

 

Para Rubén Rocha Moya y los demás señalados por Washington, una eventual cooperación plena de Mérida podría modificar radicalmente el escenario.

 

Hasta ahora, la acusación estadounidense se apoya en elementos financieros, registros, comunicaciones y otros indicios que los fiscales aseguran tener en abundancia. En la audiencia del 1 de junio, la jueza Katherine Polk Failla incluso señaló que la evidencia contra Mérida era abundante.

 

Pero un testigo con conocimiento directo de las estructuras de seguridad puede aportar algo diferente: la reconstrucción de decisiones, reuniones, instrucciones y cadenas de mando desde dentro.

 

No es lo mismo presentar una transferencia bancaria que tener a un funcionario explicando quién pidió determinada información, quién ordenó determinado operativo o quién sabía de determinada protección.

 

Eso es precisamente lo que convierte a un eventual cooperante de este perfil en una pieza potencialmente devastadora.

 

LA ALERTA PARA PALACIO NACIONAL

 

El problema tampoco termina en Sinaloa. Si Mérida está colaborando con las autoridades estadounidenses, el gobierno federal mexicano tendría que preguntarse qué información institucional puede estar aportando un general que conoció desde dentro los mecanismos de inteligencia y seguridad del Estado.

 

No se trata de afirmar que Mérida vaya a revelar secretos militares ni de dar por hecho que exista información comprometedora sobre otros mandos. No hay confirmación pública de algo semejante.

 

Pero sería ingenuo minimizar el valor estratégico que puede tener para una fiscalía extranjera el testimonio de un militar de alto rango con años de experiencia en inteligencia.

 

La salida de Mérida del penal de Brooklyn, por tanto, no debe interpretarse como el final del caso.

 

Puede ser exactamente lo contrario. Puede significar que el caso entró en una etapa mucho más reservada.

 

Y mientras en México se discute si las acusaciones estadounidenses contra funcionarios sinaloenses tienen motivaciones políticas, en Nueva York el expediente continúa avanzando. La propia jueza ya había advertido que existen numerosos acusados y que los casos podían avanzar “en olas”.

 

Washington ya demostró que puede llevar ante sus tribunales a funcionarios mexicanos acusados de colaborar con organizaciones criminales sin esperar a que México los procese primero.

 

Ahora podría estar demostrando algo todavía más incómodo: que un general mexicano formado en inteligencia puede convertirse en una de las piezas más valiosas de una investigación estadounidense contra una estructura política y de seguridad.

 

Si Mérida solamente está negociando una reducción de condena, el golpe será judicial.

 

Pero si su cooperación es amplia y alcanza información institucional obtenida durante décadas de servicio militar, el problema para México dejará de ser exclusivamente el expediente penal de un exsecretario de Seguridad de Sinaloa y se convertirá en una crisis de confianza sobre qué información estratégica del Estado mexicano está hoy en manos de Washington.

 

Y esa es la pregunta que, hasta ahora, nadie en Palacio Nacional parece responder públicamente.