LA REALIDAD DE LA NOTICIA

FELIPE RODRÍGUEZ: EL “MESÍAS” DE LA 4T QUE DESPIERTA CADA ELECCIÓN   *El eterno dirigente de la UPREZ ahora quiere adueñarse del discurs...

martes, 22 de septiembre de 2026

FELIPE RODRÍGUEZ: EL “MESÍAS” DE LA 4T QUE DESPIERTA CADA ELECCIÓN

 

*El eterno dirigente de la UPREZ ahora quiere adueñarse del discurso del “pueblo” y levantar 300 comités en Neza; su regreso a la escena política coincide nuevamente con sus aspiraciones electorales

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México, 22 de septiembre de 2026.— Hay discursos que envejecen mal y hay políticos que parecen vivir bien y permanentemente en campaña. Felipe Rodríguez Aguirre pertenece a esa segunda categoría.

 

Ahora resulta que el dirigente de la UPREZ quiere convertirse en coordinador de la “verdadera Cuarta Transformación” en Nezahualcóyotl y anuncia que pretende construir entre 200 y 300 comités en defensa de la patria en Neza.

 

El discurso suena heroico. El problema es que Rodríguez Aguirre lleva décadas ocupando espacios políticos y sociales, y su reciente llamado obliga a formular una pregunta elemental: ¿por qué el pueblo vuelve a aparecer con tanta urgencia justo cuando se aproximan nuevos procesos electorales?

 

No es una acusación menor. El propio Rodríguez Aguirre anunció en julio pasado que buscaría participar en el proceso interno de Morena para definir la candidatura a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl.

 

Por eso, cuando ahora habla de una transformación “del pueblo”, resulta inevitable revisar su trayectoria y preguntarse si estamos frente a un nuevo proyecto ciudadano o ante otro intento de seguir siendo un vividor de la politiquería para seguir teniendo veneficios personales.

 

La trayectoria pública de Rodríguez Aguirre está estrechamente vinculada con la UPREZ y con una larga historia de movilizaciones, negociaciones y chantajes frente a los gobiernos que presuntamente le han traído veneficios millonarios.

 

En marzo de 2026, medios mexiquenses reportaron que la organización encabezada por Rodríguez Aguirre mantenía demandas pendientes con la administración de Delfina Gómez, incluyendo infraestructura educativa, reconocimiento de planteles y plazas laborales. Incluso se informó de un acuerdo de 17 puntos entre la organización y autoridades estatales. En este sentido, seguramente los acuerdos fueron suculentos.

 

La relación entre Rodríguez Aguirre y el poder no es precisamente nueva. La pregunta periodística es: ¿dónde termina la lucha social y dónde comienza la negociación política?

 

Porque una cosa es representar legítimamente demandas de comunidades y trabajadores y otra muy distinta es convertir una estructura social en plataforma para buscar posiciones políticas y veneficios económicos.

 

La propia historia pública de la UPREZ muestra que Rodríguez Aguirre ha utilizado durante muchos años la movilización y el chantaje como mecanismo de presión frente a distintos gobiernos. En 2009, por ejemplo, anunció movilizaciones y bloqueos en carreteras mexiquenses para presionar por acuerdos relacionados con educación, vivienda y otros temas sociales.

 

Aquí aparece una de las preguntas y contradicciones más fuertes ¿Rodríguez Aguirre se queda personalmente con los recursos públicos que ha negociado con los diferentes gobiernos? Tampoco se puede ignorar que la propia UPREZ ha construido una estructura educativa considerable que ha servido a Felipe Rodríguez para negociar cientos de millones de pesos ¿Quién fiscaliza la utilización de esos recursos públicos?

 

Publicaciones del 2022 atribuyen a la organización la participación en la construcción de alrededor de 100 escuelas; otras informaciones publicada en 2026 hablaba de aproximadamente 150 planteles vinculados con la organización y de alrededor de 500 trabajadores no docentes. Eso significa que Rodríguez Aguirre utiliza a toda esa gente para hacer protestas y así doblegar a los gobiernos.

 

EL PROBLEMA DE PRESENTARSE COMO “EL PUEBLO”

 

Lo verdaderamente cuestionable no es que Felipe Rodríguez quiera participar en política. Tiene todo el derecho de hacerlo. Lo cuestionable sería utilizar la palabra “pueblo” como propiedad política, como si quien discrepa con él automáticamente dejara de representar al pueblo.

 

Si Rodríguez Aguirre pretende encabezar 200 o 300 comités en Neza, entonces tendrá que explicar algo mucho más importante que el número de comités:

 

¿Qué ha hecho con todo el dinero que ha negociado con los anteriores y el actual gobierno del Edomex?

 

Además, la imagen pública de Rodríguez Aguirre no puede analizarse únicamente desde sus declaraciones actuales. La prensa ha documentado durante años su protagonismo político y social.

 

En 2013, por ejemplo, diversos medios de comunicación informaron sobre su detención durante una movilización de la UPREZ rumbo a Toluca, relacionada con acusaciones por obstrucción y ataques a las vías de comunicación.

 

Y documentos académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México identifican a Rodríguez Aguirre como dirigente de la UPREZ y esposo de Elizabeth Nava Hernández, quien fue candidata de Morena a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl en 2018. Sin embargo, se presume que Felipe Rodríguez Aguirre negocio con el expresidente municipal Juan Hugo de la Rosa para que su esposa perdiera la elección municipal.

 

¿Cuántas veces ha cambiado Felipe Rodríguez de trinchera política y cuántas veces ha intentado convertir su organización en plataforma electoral?

 

También existe otra contradicción que merece explicación. Rodríguez Aguirre ha construido parte de su discurso reciente alrededor de la defensa de la patria y de las críticas a Estados Unidos. En julio de 2026, por ejemplo, anunció comités en defensa de la patria y vinculó su discurso con una posición crítica hacia Donald Trump y Estados Unidos.

 

Sin embargo, existen señalamientos sobre los hijos de sus hijos, Felipe Rodríguez Nava y de Jesús Rodríguez Nava, quienes nacieron en Estados Unidos, es decir los nietos de Rodríguez Aguirre nacieron en territorio Yanqui.

 

Por lo que se puede ver, es que, para Felipe Rodríguez Aguirre, eso de la defensa de la patria solo es una bandera que el utiliza para construir una nueva bandera electoral y eso de la defensa de la patria es pura verborrea.

 SEGURIDAD EN CRISIS: ARVIZU Y MARTHA GUERRERO, BAJO

 EL ESCRUTINIO CIUDADANO

 

*Dos gobiernos de Morena que enfrentan el reclamo de una población cansada de la violencia: mientras las balas vuelven a cobrar vidas en la zona limítrofe de Ixtapaluca y La Paz, la capacidad de sus administraciones para prevenir los delitos y garantizar la seguridad queda nuevamente bajo cuestionamiento

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


IXTAPALUCA, Estado de México, 22 de septiembre de 2026.— La violencia volvió a demostrar que en el oriente del Estado de México una persona puede convertirse en víctima de las balas simplemente por encontrarse en el lugar equivocado.

 

La mañana del lunes 21 de septiembre, la carretera federal México-Puebla se convirtió nuevamente en escenario de muerte. A la altura de la zona conocida como “El Tubo Azul”, un ataque armado dejó dos personas muertas, una de ellas presuntamente el objetivo directo de la agresión y la segunda una víctima circunstancial que se encontraba trabajando.

 

Los reportes periodísticos coinciden en que hombres armados dispararon contra un automóvil particular de color negro con numero de placas MB-360-C. El conductor murió dentro de la unidad, que quedó atravesada sobre la vialidad. Pero la violencia no se detuvo en el blanco del ataque.

 

En ese momento circulaba por la zona una camioneta repartidora de bebidas de la empresa Bonafina identificada con el número de matrícula MZ-211-C. El trabajador fue alcanzado por los disparos pese a que, de acuerdo con las versiones difundidas, no era el objetivo de la agresión.

 

Herido, todavía consiguió avanzar aproximadamente 20 metros hasta llegar a una estación de gasolina, donde pidió ayuda. Los trabajadores intentaron auxiliarlo, pero finalmente murió a consecuencia de las lesiones.

 

Dos muertos. Una persecución armada. Un trabajador que simplemente cumplía con su jornada laboral y terminó pagando con la vida por una violencia que no provocó. Eso es lo que ocurre cuando las armas toman las calles y la ciudadanía queda atrapada en medio del fuego cruzado.

 

EL ORIENTE DEL EDOMEX, ENTRE BALAS Y MIEDO

 

El episodio vuelve a colocar bajo escrutinio la situación de seguridad en la zona oriente del Estado de México, particularmente en una región donde confluyen Ixtapaluca y Los Reyes La Paz, municipios estratégicos por su conexión con la Ciudad de México y por el enorme flujo cotidiano de trabajadores, comerciantes y transportistas.

 

La carretera México-Puebla es una de las principales arterias de comunicación de la región. Que un ataque armado pueda desarrollarse en plena vialidad y a plena luz del día, con automovilistas y trabajadores circulando alrededor, representa un riesgo evidente para la población.

 

Los reportes disponibles señalan que los agresores escaparon y, hasta el momento, no se habían reportado detenidos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México quedó a cargo de las investigaciones y del procesamiento de los indicios balísticos.

 

Después de la balacera, elementos de seguridad acudieron para acordonar el lugar y realizar cortes a la circulación mientras se desarrollaban las diligencias ministeriales. La presencia policial posterior al crimen, sin embargo, vuelve a abrir el debate sobre la capacidad preventiva de las corporaciones municipales y estatales.

 

Porque para una familia que pierde a un padre, un hijo o un trabajador, llegar después de que las balas ya fueron disparadas no representa una solución.

 

La verdadera prueba de cualquier estrategia de seguridad es evitar que los hechos ocurran, detener a los responsables y garantizar que la población pueda transitar sin convertirse en víctima colateral.

 

Y APARECE OTRO PROBLEMA: LA PRENSA

 

Durante la cobertura de los hechos, según el señalamiento proporcionado para esta información, elementos de la Policía Municipal de Ixtapaluca habrían intentado amedrentar a reporteros que realizaban su trabajo.

 

La cobertura periodística de un hecho violento no debe convertirse en otro frente de confrontación entre autoridades y comunicadores. Los periodistas tienen derecho a documentar acontecimientos de interés público y las autoridades están obligadas a respetar la libertad de expresión y el trabajo de los medios.

 

La seguridad pública no puede utilizarse como argumento para intimidar a quienes informan.

 

ARVIZU Y MARTHA GUERRERO, BAJO EL ESCRUTINIO CIUDADANO

 

El ataque también coloca nuevamente bajo la lupa a los gobiernos municipales de la región.

Ixtapaluca es gobernado por Felipe Arvizu, mientras Los Reyes La Paz es encabezado por Martha Guerrero Sánchez, ambos emanados de Morena.

 

En el caso de La Paz, incluso en fechas recientes el propio gobierno municipal ha presumido acciones de coordinación y capacitación policial; el 3 de septiembre se informó que elementos municipales recibieron capacitación de la Fiscalía General de la República sobre actuación del primer respondiente y flagrancia.

 

El problema es que la ciudadanía no evalúa a sus autoridades únicamente por fotografías, ceremonias, cursos, discursos o comunicados. Las evalúa por lo que ocurre en las calles.

 

Y cuando una carretera se convierte en escenario de una persecución armada, un conductor termina ejecutado y un trabajador muere por una bala que ni siquiera iba dirigida contra él, la pregunta sobre la eficacia de las estrategias de seguridad resulta inevitable.

 

No se trata de afirmar que los alcaldes sean responsables directos de los homicidios —eso corresponde determinarlo a las autoridades ministeriales y judiciales—, sino de exigirles resultados en materia de prevención, vigilancia y seguridad pública.

 

Porque gobernar también significa responder por las condiciones de seguridad que existen en los territorios bajo su administración.

 

La zona oriente no puede normalizar la muerte. Lo ocurrido en “El Tubo Azul” no debe convertirse en una estadística más. Detrás de cada cuerpo existe una familia. Detrás del repartidor que murió existe una familia que esperaba su regreso después de una jornada de trabajo.

 

Y detrás de cada ataque armado existe una pregunta que las autoridades todavía tienen pendiente:

 

¿Quién está garantizando la seguridad de quienes todos los días salen a trabajar, estudiar o simplemente transitar por el oriente del Estado de México?

lunes, 21 de septiembre de 2026

BLACK HAWK: 170 MILLONES EN EL AIRE Y LAS PREGUNTAS QUE

 DELFINA GÓMEZ DEBE RESPONDER

 

*La compra del Black Hawk por 170 millones de pesos abre interrogantes sobre GS3, los contratos y dictámenes que sustentaron la operación, mientras crece el escrutinio sobre la administración de Delfina Gómez y la actuación de la Secretaría de Seguridad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


TOLUCA, Estado de México, 21 de septiembre de 2026.— El Black Hawk que el Gobierno del Estado de México presentó como símbolo de la modernización de la seguridad estatal comienza a convertirse también en símbolo de una operación que todavía tiene demasiadas preguntas y pocos documentos públicos.

 

La investigación de AD Noticias coloca bajo escrutinio la ruta comercial del helicóptero Sikorsky UH-60A, adquirido por la administración de Delfina Gómez Álvarez mediante una operación anunciada en 170 millones de pesos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, esa cantidad incluiría la aeronave, equipamiento, capacitación, certificaciones y adecuación de un hangar.

 

Pero el problema no termina en el precio. Empieza con quién estuvo detrás de la operación.

 

AD Noticias documentó que Servicio Global de Seguridad y Sistemas Privados GS3, empresa constituida en 2014 con un capital inicial de apenas 60 mil pesos, aparece en los registros estadounidenses como compradora del helicóptero Sikorsky UH-60A que posteriormente terminó incorporado al Gobierno del Estado de México. La empresa tenía como actividad pública principal servicios de seguridad privada, custodias y protección.

 

La investigación periodística documentó además una primera compraventa entre 5-State Helicopters y GS3, realizada en mayo de 2026, que posteriormente fue cancelada. El 9 de junio ambas empresas declararon que aquella operación no se había consumado y la aeronave regresó al registro estadounidense; posteriormente se formalizó una segunda compraventa.

 

Y aquí aparece la pregunta que alcanza directamente al Gobierno del Estado de México: ¿Quién autorizó, supervisó y validó cada paso de esta operación?

 

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, como titular del Poder Ejecutivo estatal, no puede ser presentada como responsable personal de una irregularidad que hasta ahora no ha sido acreditada. Pero tampoco puede ser considerada ajena a una operación de 170 millones de pesos de recursos públicos realizada durante su administración.

 

La pregunta política es inevitable: ¿Dónde están los documentos que permitan saber cómo se decidió gastar esos 170 millones?

 

Hasta ahora, AD Noticias señala que no se han hecho públicos el contrato, la factura, el avalúo, el estudio de mercado y el desglose de cuánto correspondió a la aeronave, cuánto al equipamiento, cuánto a capacitación, certificaciones, soporte y adecuación del hangar.

 

Y eso es precisamente lo que debe explicar la administración de Delfina Gómez. No basta con decir que el Black Hawk costó 170 millones.

 

La ciudadanía tiene derecho a conocer qué se compró, a quién se le compró, bajo qué procedimiento, con qué dictámenes, qué empresa recibió los recursos y cómo se determinó que la operación era conveniente para el Estado de México.

 

UNA EMPRESA DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE UNA OPERACIÓN AERONÁUTICA

 

El caso de GS3 agrega otra interrogante. De acuerdo con la investigación de AD Noticias, la empresa acumulaba 110 contratos federales entre 2023 y 2026 por aproximadamente 68.7 millones de pesos, principalmente relacionados con vigilancia, mantenimiento de inmuebles, controles de acceso, sistemas contra incendios y otros servicios.

 

Frente a ese historial, la operación del Black Hawk representa un salto extraordinario. Eso no demuestra por sí mismo una irregularidad, pero sí plantea una pregunta perfectamente legítima:

 

¿Qué experiencia, capacidad técnica, instalaciones, talleres, permisos y especialistas acreditó GS3 para participar en una operación aeronáutica de esta magnitud?

 

Y hay otro dato que tampoco puede ignorarse. El helicóptero fue fabricado en 1985 y registraba más de 16 mil horas de vuelo. AD Noticias señala que en 2024 fue sometido a una intervención estructural importante. Esto tampoco demuestra que la aeronave sea insegura ni que su adquisición haya sido ilegal; pero hace todavía más importante conocer el dictamen técnico, avalúo y estudios de vida útil que utilizó el Gobierno del Estado de México para justificar la operación.

 

La propia investigación señala que una referencia de 170 millones de pesos corresponde al paquete anunciado por el gobierno y no permite afirmar que esa cantidad haya sido exclusivamente el precio del helicóptero. Precisamente por eso, el desglose resulta indispensable.

 

LA ASF YA PUSO LA LUPA

 

El asunto tampoco puede analizarse como una simple polémica mediática. AD Noticias reportó que la Auditoría Superior de la Federación abrió el expediente de presunta responsabilidad administrativa 013/2026 y solicitó información relacionada con la operación mediante el oficio UE-IAF/DGIA/0017/2026.

 

Entre los documentos requeridos aparecen contratos, avalúos, estudios de mercado, factibilidad técnica, actas del Comité de Adquisiciones y documentación relacionada con el hangar.

 

Es decir: la discusión sobre la compra no se limita a las redes sociales. Existe una revisión de carácter fiscalizador que busca conocer cómo se realizó la operación.

 

¿Y AHORA LOS PENALES?

 

En medio de este escenario apareció otro anuncio de la Secretaría de Seguridad. El titular de la dependencia, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que alrededor de 20 directores de centros penitenciarios han sido dados de baja y que contra algunos mandos se iniciaron procedimientos legales por presuntas irregularidades relacionadas con cobros y beneficios indebidos dentro de los penales. La información ha sido reportada por medios como Meganoticias y La Jornada Estado de México.

 

La Secretaría ha señalado que las rotaciones forman parte de las acciones emprendidas frente a irregularidades detectadas en el sistema penitenciario.

 

Sin embargo, algunos funcionarios de la propia Secretaría de Seguridad —según la versión proporcionada para esta información— consideran que el anuncio puede funcionar como un distractor frente al creciente escrutinio de la compra del Black Hawk. Por lo que se dice que las dos noticias fueron anunciadas deliberadamente para desviar la atención de la adquisición del helicóptero.

 

DELFINA GÓMEZ NO PUEDE QUEDAR AL MARGEN

 

La gobernadora morenista Delfina Gómez Álvarez encabeza el Poder Ejecutivo del Estado de México. Por eso, aunque no exista hasta ahora evidencia pública que permita afirmar que ella personalmente incurrió en corrupción, sí existe una responsabilidad política sobre la administración que encabeza y sobre los mecanismos institucionales mediante los cuales se ejercieron esos recursos.

 

La pregunta no es si Delfina Gómez pilotó el helicóptero. La pregunta es: ¿quién decidió comprarlo? ¿quién autorizó el procedimiento? ¿quién determinó el valor? ¿quién revisó el avalúo? ¿quién verificó la capacidad del proveedor? ¿quién autorizó el pago? ¿quién recibió la aeronave? ¿y dónde están todos esos documentos?

 

Porque si todo fue legal, transparente y conveniente para el Estado, la respuesta debería ser sencilla: mostrar los papeles.

 

El Gobierno del Estado de México presume al Black Hawk como una herramienta para operaciones de seguridad, búsqueda, rescate y atención de emergencias; la propia Secretaría de Seguridad ha difundido su utilización operativa.

 

Pero una aeronave puede estar en el aire mientras su expediente permanece enterrado en la tierra.

viernes, 18 de septiembre de 2026

EDOMEX: TRIUNFALISMO OFICIAL FRENTE AL MIEDO

 DE 9 DE CADA 10 MEXIQUENSES

 

*ENVIPE 2026 coloca al Estado de México como la entidad con mayor percepción de inseguridad del país; el dato contrasta con los anuncios de reducción delictiva de Delfina Gómez, Cristóbal Castañeda y José Luis Cervantes

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


TOLUCA, Estado de México, 18 de septiembre de 2026.— Hoy que la gobernadora morenista Delfina Gómez Álvarez presenta su Tercer Informe de Gobierno, existe un dato que difícilmente puede maquillarse con discursos, operativos o boletines: 90 por ciento de la población adulta del Estado de México considera inseguro vivir en la entidad.

 

La cifra proviene de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, levantada por el INEGI, coloca al Estado de México en el primer lugar nacional en percepción de inseguridad. El levantamiento corresponde al periodo de febrero a abril de 2026.

 

El dato adquiere mayor peso cuando se coloca frente a los discursos oficiales que en los últimos meses han insistido en una disminución de diversos delitos y en los resultados de la estrategia de seguridad estatal.

 

Y aquí aparecen tres nombres que cargan con la responsabilidad institucional de explicar la contradicción: Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México; Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad estatal; y José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia mexiquense.

 

Los tres participan de manera directa en la estrategia de seguridad y coordinación institucional de la entidad. La propia Presidencia de la República los ha identificado como parte de las acciones coordinadas contra la delincuencia en el Estado de México.

 

90 POR CIENTO: EL DATO QUE GOLPEA AL DISCURSO OFICIAL

 

La ENVIPE 2026 establece que 90.0 por ciento de las personas de 18 años y más en el Estado de México consideró inseguro vivir en la entidad debido a la delincuencia.

 

La cifra mexiquense estuvo por encima de Morelos, con 88.7 por ciento, y Tabasco, con 87.6 por ciento.

 

En el extremo contrario apareció Coahuila, con apenas 27.8 por ciento. La diferencia entre ambos estados fue de 62.2 puntos porcentuales.

 

A nivel nacional, 74.0 por ciento de la población adulta manifestó sentirse insegura al vivir en su entidad federativa. Es decir, el Estado de México se ubicó 16 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

 

No se trata de una cifra construida a partir de una denuncia aislada ni de una opinión política. Es una medición nacional del INEGI sobre percepción de seguridad pública.

 

Y aunque percepción e incidencia delictiva no son exactamente lo mismo, el propio INEGI advierte que ambas dimensiones pueden evolucionar de manera distinta.

 

EL GOBIERNO HABLA DE REDUCCIONES; LA CALLE SIGUE SINTIÉNDOSE INSEGURA

 

La administración de Delfina Gómez ha difundido cifras de reducción en distintos delitos.

 

De acuerdo con información difundida antes del Tercer Informe, el gobierno estatal reportó una disminución de 35.9 por ciento en homicidios dolosos durante enero-agosto de 2026 frente al mismo periodo de 2025, además de una reducción de 27 por ciento en delitos de alto impacto.

 

También se han destacado los operativos conjuntos, las Mesas de Paz y la coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

 

Incluso en julio, durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Toluca, se reconoció públicamente la coordinación entre la gobernadora Delfina Gómez, el fiscal José Luis Cervantes y el secretario Cristóbal Castañeda en materia de seguridad.

 

Pero existe una pregunta inevitable: ¿Por qué, si los indicadores oficiales de determinados delitos muestran reducciones, nueve de cada diez adultos mexiquenses siguen considerando inseguro vivir en el Estado de México?

 

La propia ENVIPE ofrece parte de la explicación: la percepción de inseguridad no necesariamente baja al mismo ritmo que determinados indicadores delictivos.

 

LA INSEGURIDAD NO TERMINA EN EL PALACIO DE GOBIERNO

 

El problema tampoco se queda en la percepción estatal. A nivel nacional, 60.9 por ciento de la población adulta consideró inseguro vivir en su municipio o demarcación territorial, mientras que 35.9 por ciento manifestó esa percepción respecto de su colonia o localidad.

 

Además, la inseguridad fue identificada como el principal problema del país por 60.7 por ciento de la población adulta. El miedo también modifica conductas.

 

Durante 2025, 62.8 por ciento de la población señaló haber dejado de permitir que los menores de edad del hogar salieran sin compañía por temor a ser víctima de un delito, mientras que 44.7 por ciento dejó de salir de noche.

 

Y caminar solo durante la noche tampoco genera confianza: apenas 43.4 por ciento de la población adulta dijo sentirse segura al hacerlo en los alrededores de su vivienda. Entre las mujeres, el porcentaje descendió a 35.4 por ciento.

 

DELFINA, CASTAÑEDA Y CERVANTES: EL RETO ES EXPLICAR LA BRECHA

 

Delfina Gómez dará su tercer informe de Gobierno a las familias mexiquenses y dirigirá un mensaje a la ciudadanía. Seguridad será uno de los temas centrales del balance de su administración.

 

La gobernadora llegará con un discurso oficial que presumirá reducciones en homicidio y delitos de alto impacto. Pero llegará también con un dato que no puede desaparecer de las estadísticas: 90 por ciento de los mexiquenses adultos consultados por el INEGI considera inseguro vivir en el Estado de México.

 

Ahí está el verdadero desafío para Delfina Gómez. Porque una reducción estadística de determinados delitos puede ser un indicador relevante de la política de seguridad, pero no significa automáticamente que la población se sienta segura.

 

Y esa diferencia tendrá que ser explicada. Cristóbal Castañeda, desde la Secretaría de Seguridad, deberá explicar qué está ocurriendo en el terreno operativo.

 

José Luis Cervantes, desde la Fiscalía General de Justicia, deberá responder por el desempeño de la procuración de justicia.

 

Y Delfina Gómez, como titular del Ejecutivo estatal, tendrá que rendir cuentas sobre el conjunto de la estrategia.

 

Porque mientras el gobierno prepara un informe para presumir resultados, los números del INEGI colocan un espejo frente al Estado de México: nueve de cada diez adultos siguen viendo a su entidad como un lugar inseguro.

 

Ese dato no es un discurso de oposición. Es un dato oficial.

 

Y será uno de los números más incómodos que acompañarán a la gobernadora rumbo a su Tercer Informe.

jueves, 17 de septiembre de 2026

IXTAPALUCA: MÁS DINERO, MENOS OBRA Y UN MANDO DE

 TRÁNSITO DETENIDO POR HOMICIDIO

 

*Con una nómina que se dispara a 805 millones de pesos, menor inversión en obra pública y servicios que siguen acumulando reclamos, el gobierno de Felipe Arvizu enfrenta además la detención de un mando de Tránsito investigado por un presunto homicidio

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


Estado de México, 17 de septiembre de 2026.— Ixtapaluca enfrenta una combinación que coloca bajo escrutinio al gobierno municipal encabezado por el morenista Felipe Arvizu de la Luz: un presupuesto que creció de manera importante, una nómina que supera los 805 millones de pesos, una inversión pública que, según las cifras presentadas por el PRI, cayó 39 por ciento y, al mismo tiempo, la detención de un mando municipal de Tránsito investigado por un presunto homicidio.

 

El señalamiento político fue lanzado por Cristina Ruiz Sandoval, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI y senadora de la República, quien exigió al Ayuntamiento transparentar el destino de los recursos públicos y explicar por qué el incremento presupuestal no se ha traducido, a su juicio, en mejores servicios para la población.

 

De acuerdo con las cifras presentadas por la dirigente priista, el presupuesto autorizado de Ixtapaluca pasó de mil 351 millones de pesos en 2021 a más de mil 940 millones en 2026, un incremento de aproximadamente 43.5 por ciento. Sin embargo, la inversión pública habría descendido de 429 millones de pesos en 2023 a 262.9 millones en 2026. El contraste es todavía mayor en el capítulo de Servicios Personales.

 

Según los datos expuestos por Ruiz Sandoval, la nómina municipal pasó de alrededor de 540 millones de pesos a más de 805 millones, un crecimiento cercano al 49 por ciento.

 

Es decir: más recursos para el Ayuntamiento, pero una proporción considerablemente mayor destinada al gasto en personal mientras disminuye la inversión pública.

 

La dirigente priista cuestionó incluso la posible existencia de trabajadores que no desempeñen funciones efectivas dentro de la administración municipal, es decir, la nómina del ayuntamiento podría estar repleta de aviadores y, exigió revisar la integración de la nómina.

 

“Son 805 millones de pesos, perdóname, pero de puros sueldos, y si no déjenme revisar a sus empleados”, señaló Ruiz Sandoval.

 

MÁS DINERO PARA EL GOBIERNO, MENOS PARA LAS OBRAS

 

La denuncia adquiere mayor dimensión cuando se coloca frente a las condiciones que persisten en distintas zonas de Ixtapaluca.

 

Falta de agua potable, calles deterioradas, problemas de recolección de basura, transporte y deficiencias en servicios públicos forman parte de las demandas que, de acuerdo con los señalamientos de la oposición, siguen enfrentando habitantes del municipio.

 

El PRI también cuestionó el incremento en el costo de la nómina del Cabildo. De acuerdo con las cifras difundidas, el gasto anual correspondiente a sus integrantes habría pasado de aproximadamente 17.9 millones a 26.2 millones de pesos.

 

Para Ruiz Sandoval, ese incremento resulta contradictorio con el discurso de austeridad que sostiene Morena.

 

El gobierno municipal, por su parte, mantiene publicado un apartado oficial de Presupuesto 2026, mientras que el Ayuntamiento es encabezado por Felipe Rafael Arvizu de la Luz para el periodo 2025-2027.

 

Y EN MEDIO DEL ESCÁNDALO PRESUPUESTAL, DETIENEN A UN MANDO DE TRÁNSITO

 

Pero el problema para el gobierno de Arvizu no termina en los números. El pasado 9 de septiembre, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a Víctor Isauro Soria, identificado en distintos reportes como director o mando de Tránsito de Ixtapaluca, en el marco de una investigación relacionada con un presunto homicidio.

 

De acuerdo con reportes periodísticos, elementos del área de Homicidios de la FGJEM acudieron a instalaciones municipales para cumplimentar la orden y retiraron al funcionario el arma de cargo antes de trasladarlo ante las autoridades ministeriales.

 

Otros reportes periodísticos señalaron además que el funcionario era investigado por su probable participación en homicidio y extorsión, aunque hasta ahora no se han hecho públicos los detalles del crimen, la identidad de la víctima ni las circunstancias específicas de los hechos.

 

Sin embargo, políticamente, la detención de un funcionario municipal de ese nivel coloca una nueva presión sobre el Ayuntamiento.

 

¿QUIÉN VIGILA A LOS QUE DEBEN VIGILAR?

 

La pregunta inevitable es qué controles internos operaban dentro de la administración municipal mientras uno de sus mandos de Tránsito era objeto de una investigación ministerial.

 

Y esa pregunta cobra mayor relevancia cuando el municipio enfrenta, paralelamente, cuestionamientos por el destino de sus recursos y por la calidad de los servicios públicos.

 

La oposición exige conocer quiénes integran la nómina, cuánto ganan, qué funciones desempeñan, qué obras fueron contratadas, cuánto costaron, cuándo deben concluir y cuáles han sido realmente ejecutadas. También exige conocer la estrategia de seguridad municipal y sus resultados.

 

Ruiz Sandoval sostuvo que, de acuerdo con las cifras que presentó, Ixtapaluca pasó del lugar 12 al noveno en materia de incidencia delictiva estatal entre 2021 y 2026. Con ese argumento lanzó una de sus acusaciones políticas más fuertes:

 

“Morena está destruyendo Ixtapaluca, le bastaron dos trienios para lograrlo”. La frase pertenece a la dirigente priista y representa la posición política de su partido, pero sin duda también representa el sentir de muchos vecinos de Ixtapaluca.

 

EL CASO QUE OBLIGA A DAR EXPLICACIONES

 

Lo que queda sobre la mesa es un conjunto de preguntas que el gobierno municipal tendrá que responder con documentos, no solamente con discursos:

 

¿Por qué aumentó la nómina hasta superar los 805 millones de pesos? ¿Quiénes cobran de la administración municipal y qué funciones desempeñan? ¿Por qué la inversión pública disminuyó mientras el presupuesto general aumentó? ¿Qué obras se realizaron y cuánto costaron? ¿Qué controles existen para evitar que funcionarios municipales sean involucrados en investigaciones por delitos graves?

 

Y, sobre todo: ¿Qué está haciendo el gobierno de Felipe Arvizu para recuperar la confianza de los habitantes de Ixtapaluca?

 

La detención de un mando de Tránsito no demuestra por sí misma responsabilidad del alcalde. Pero sí coloca bajo la lupa los mecanismos de la supervisión municipal.

 

Mientras tanto, los habitantes siguen esperando respuestas sobre agua, calles abandonadas, basura, seguridad y servicios.

 

Porque cuando el presupuesto crece, la nómina crece y las necesidades de la población permanecen, la pregunta deja de ser cuánto dinero tiene el municipio.  La pregunta es mucho más incómoda:

 

¿EN QUÉ SE ESTÁ GASTANDO?

miércoles, 16 de septiembre de 2026

ECATEPEC: 530 CÁMARAS DEL CRIMEN PARA ESPIAR A RIVALES Y AUTORIDADES

 

*La Marina desmantela 530 cámaras del crimen, pero los vecinos siguen atrapados entre extorsión, disputas territoriales y miedo

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


ECATEPEC, Estado de México, 16 de septiembre de 2026.— En algunas zonas de Ecatepec, la delincuencia no solamente controla calles, negocios y territorios: también vigila desde las alturas.

 

Cámaras colocadas en postes, paredes, lámparas y otros puntos estratégicos han sido utilizadas para observar el movimiento de personas, detectar grupos rivales y, de acuerdo con investigaciones de seguridad, advertir la llegada de policías y fuerzas federales.

 

El fenómeno quedó nuevamente al descubierto en las colonias Buenavista, El Gallito y Santa Clara Coatitla, en las partes bajas de la Sierra de Guadalupe, donde elementos de la Marina, la Fiscalía General de la República participaron en un operativo para neutralizar 21 cámaras instaladas irregularmente en infraestructura pública. La dimensión del problema no es nueva.

 

De acuerdo a la Marina, y reportado por el medio informativo: Latinus, desde enero a la fecha se han desmantelado 530 video cámaras en la localidad, instaladas por grupos delictivos.

 

DEL “HALCÓN” EN MOTOCICLETA A LA VIGILANCIA ELECTRÓNICA

 

Durante años, el aviso de que llegaba la policía dependía de los llamados “halcones”: personas que recorrían las calles en motocicletas o permanecían estratégicamente ubicadas para alertar a sus compañeros.

 

Ahora, la tecnología permite hacer prácticamente lo mismo, pero desde una red permanente de vigilancia.

 

Las cámaras pueden ofrecer una visión mucho más amplia de calles y accesos y, cuando están conectadas a infraestructura de telecomunicaciones o alumbrado, permiten mantener vigilancia durante largos periodos.

 

El problema es que una cámara instalada clandestinamente no necesariamente está protegiendo a los vecinos. Puede estar observándolos. Puede estar registrando quién entra y quién sale.

 

Y, según las investigaciones de seguridad citadas, puede servir para conocer con anticipación los movimientos de las autoridades.

 

En febrero, el gobierno municipal reconoció precisamente que algunas de estas cámaras habían sido utilizadas por grupos delictivos para monitorear los movimientos de las corporaciones policiales.

 

AGUA, COMBUSTIBLE Y EXTORSIÓN: EL NEGOCIO DETRÁS DE LA DISPUTA

 

En las colonias asentadas en las partes bajas de la Sierra de Guadalupe, vecinos han denunciado la presencia y disputa de grupos dedicados presuntamente a actividades como el “huachicol de agua”, robo de combustible y extorsión.

 

La violencia derivada de esas disputas termina alcanzando a quienes viven y trabajan en la zona.

 

Un episodio ocurrido el 21 de abril, de acuerdo con la información publicada por Latinus, muestra hasta dónde puede llegar la confrontación.

 

Sobre avenida Nacional, operadores de una pipa de agua habrían sido emboscados por sujetos armados. Los agresores bloquearon el paso y el conductor intentó retroceder; en la maniobra, una motocicleta quedó debajo de la unidad y posteriormente se registraron al menos siete disparos. Los vecinos activaron las alarmas. Y ahí aparece otra de las caras de esta crisis: el miedo cotidiano.

 

Habitantes de la zona aseguran que cuando cae la noche procuran no salir de sus domicilios. La recomendación entre vecinos es sencilla: comprar antes de oscurecer todo lo necesario y permanecer en casa.

 

No es una vida normal. Es una comunidad que aprende a encerrarse para sobrevivir.

 

UNA GUERRA DE GRUPOS QUE CONVIERTE LAS CALLES EN TERRITORIO DE NADIE

 

Información de seguridad identifica entre los grupos que disputan espacios en la zona a Los Mayas, USON, Creasy Grup, Manzanos UDG y células vinculadas con Los 300, aunque la situación y composición de estas organizaciones debe ser determinada por las investigaciones ministeriales correspondientes.

 

En el caso de USON, existen antecedentes públicos particularmente relevantes. Guillermo Fragoso Báez, alias “El Memo” o “El Jefe”, fue objeto de una orden de aprehensión federal en septiembre de 2025. Autoridades lo señalaron como presunto líder de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), y lo investigan por diversos delitos, entre ellos delincuencia organizada, homicidio, secuestro, extorsión, despojo y huachicol.

 

La búsqueda de Fragoso Báez aún sigue vigente en 2026, mientras que autoridades han realizado detenciones de personas presuntamente relacionadas con estructuras vinculadas a USON.

 

El dato de fondo es preocupante: mientras las autoridades desmontan cámaras, las estructuras criminales buscan mantener capacidad de vigilancia y control territorial.

 

“EL MEMO” Y LAS FOTOGRAFÍAS CON POLÍTICOS

 

Fragoso Báez también ha aparecido públicamente en fotografías con distintos personajes políticos, entre los que destaca, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el senador Gerardo Fernandez Noroña, el senador Higinio Martínez, el alcalde de Texcoco, Nazario Gutiérrez y con la propia alcaldesa de Ecatepec, Azucena CISNEROS Coss.

 

Medios como TV Azteca documentaron su presunta cercanía pública con integrantes del entorno político de Morena, y señalaron que el propio Fragoso difundía imágenes con figuras políticas.

 

Lo que sí resulta periodísticamente relevante es preguntar: ¿Cómo pudo crecer durante años una estructura señalada por las autoridades sin que las instituciones actuaran con mayor contundencia?

 

LOS 300: OTRO NOMBRE QUE APARECE EN EL MAPA DEL CONFLICTO

 

Otro de los grupos mencionados en las investigaciones de seguridad es Los 300, organización que ha sido objeto de diversos operativos y carpetas de investigación por delitos como extorsión, homicidio, robo y despojo.

 

La Jornada reportó en 2025 que la Fiscalía mexiquense investigaba posibles relaciones de integrantes de Los 300 con autoridades en funciones y anteriores de municipios del Valle de México, incluido Ecatepec. El mismo medio publicó señalamientos sobre un supuesto entramado de protección durante administraciones anteriores del morenista Fernando Vilchis Contreras, el expresidente municipal de Ecatepec.

 

EL PROBLEMA NO SE RESUELVE QUITANDO CÁMARAS

 

Y aquí está el verdadero fondo del problema. Retirar una cámara puede impedir que un grupo criminal observe una calle.

 

Pero si detrás de esa cámara existe una estructura dedicada a la extorsión, al robo de agua, al robo de combustible, al despojo o a cualquier otra actividad criminal, la cámara es solamente una pieza del engranaje.

 

Hoy retiran una, pero, mañana pueden colocar otra. La pregunta verdaderamente incómoda es quién financia esas estructuras, quién las opera, quién las protege —si es que existe protección— y por qué durante años han podido establecer mecanismos de control territorial en zonas donde viven miles de personas.

 

Porque mientras las autoridades anuncian el retiro de cámaras, los habitantes siguen teniendo miedo de caminar por sus propias calles después de que oscurece.

 

Y ése debería ser el verdadero indicador de la crisis. Una colonia no recupera la seguridad simplemente porque desaparezcan algunas cámaras de los postes.

 

La recupera cuando sus habitantes pueden salir de noche sin miedo. Cuando un comerciante puede abrir su negocio sin pagar extorsiones. Cuando un transportista puede circular sin ser amenazado. Cuando una pipa puede llevar agua sin convertirse en objetivo de hombres armados.

 

Y cuando las instituciones dejan de limitarse a desmontar los ojos del crimen para desmantelar las estructuras que permiten que esos ojos vuelvan a aparecer.

 

Porque el problema de Ecatepec no es solamente que haya cámaras clandestinas. El problema es quién está detrás de ellas y cómo consiguió convertir calles enteras en territorios bajo vigilancia.