NARCOALCALDES: LA BASE PODRIDA DEL PODER EN MÉXICO

 

*Municipios sometidos, alcaldes ejecutados y partidos infiltrados: la narcopolítica ya gobierna desde lo local

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 9 de febrero de 2026.— El caso del narcoalcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, no es una anomalía ni un hecho aislado: es el retrato crudo de un país donde el poder municipal —el primer contacto entre el Estado y la ciudadanía— ha sido capturado, sometido y administrado por el crimen organizado.

 

Lo ocurrido en Tequila se repite como una receta criminal en decenas de municipios del país. Los cárteles no solo infiltran ayuntamientos: imponen candidatos, financian campañas, someten alcaldes y gobiernan con la ley de “plata o plomo”. Hoy, en amplias regiones de México, los presidentes municipales no gobiernan para la gente, sino para los capos que los pusieron o los amenazan.

 

El fenómeno atraviesa estados completos: Estado de México, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas, Sinaloa, Oaxaca y muchos más. Municipios enteros están secuestrados por los tentáculos del narco, mientras los gobernadores —cuando no son cómplices— se lavan las manos bajo el cómodo argumento de que “son delitos federales”. Así, los alcaldes quedan abandonados: o se someten, o los matan.

 

Las cifras son demoledoras y exhiben el fracaso del Estado mexicano. En México asesinan a un alcalde cada dos meses y medio. De 2000 a la fecha, 119 presidentes municipales han sido ejecutados. El sexenio de Enrique Peña Nieto encabezó la lista con 42 asesinatos; Felipe Calderón registró 37; López Obrador, 26; y en el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum ya van 10 alcaldes asesinados, una tendencia que apunta a convertirse en el periodo más sangriento.

 

El asesinato de alcaldes no es daño colateral: es método de control. Lo demostró el caso del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien se negó a someterse al imperio criminal y terminó pagando con su vida el intento de gobernar con dignidad. Y ahora, el escándalo de Tequila confirma una nueva etapa del crimen organizado: los cárteles ya no negocian con alcaldes incómodos; ahora seleccionan a los suyos y los colocan en las boletas.

 

Capos como Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ya no se desgastan presionando autoridades rebeldes. Hoy eligen operadores, los infiltran en partidos políticos —en este caso Morena— y los convierten en presidentes municipales. Una vez en el cargo, estos narcoalcaldes no administran municipios: extorsionan, cobran cuotas, saquean el erario y entregan millones a sus jefes criminales, incluso colocando a sicarios y operadores del cártel en la nómina municipal.

 

El caso de Tequila solo estalló porque Estados Unidos intervino. Fue el presidente Donald Trump quien ordenó investigar al alcalde por afectar intereses de empresarios estadounidenses. Dentro de Morena, el vínculo del edil con el CJNG era conocido desde hace tiempo, pero nadie hizo nada. Silencio, encubrimiento y complicidad.

 

La pregunta es inevitable: ¿cuántos Diegos Rivera Navarro gobiernan hoy en México?

La narcopolítica no nació arriba; se construyó desde abajo, desde las alcaldías. Primero sometieron municipios, luego gobernadores —varios ya señalados por vínculos criminales— y por encima solo quedan la Presidencia de la República y los poderes Legislativo y Judicial, cada vez más cercados por la sombra del dinero sucio.

 

Si el Estado mexicano quisiera desmantelar de verdad las redes políticas del narco, tendría que empezar por auditar, investigar y depurar todas las presidencias municipales. Porque como demuestra Tequila, los municipios con turismo, comercio, agricultura o industria son hoy minas de oro para el crimen organizado.

 

La violencia lo confirma. Tan solo la semana pasada: Atentaron contra la alcaldesa de Ayotoxco, Puebla. Emboscaron al alcalde de Temoac, Morelos. Balearon la casa del presidente municipal de Banderilla, Veracruz. Intentaron asesinar al alcalde de Zacualpan, Veracruz, junto a su esposa.

 

LA LISTA CRECE. LA SANGRE CORRE. Y EL ESTADO SIGUE AUSENTE

 

¿Cuántos alcaldes más deben morir por no someterse al narco?

 

¿Cuántos municipios más deben rendirse para que alguien actúe?

 

Tequila es apenas la punta del iceberg de una claudicación histórica del Estado mexicano. La narcopolítica —heredada del PRI, tolerada por el PAN y profundizada por Morena bajo la farsa de los “abrazos, no balazos”— sigue avanzando como un cáncer que carcome las instituciones.

 

Negar que vastas regiones del país están gobernadas por los cárteles es insultar la inteligencia nacional. Cuando los partidos postulan operadores del narco y los alcaldes independientes son asesinados, el mensaje es claro: en muchos municipios de México, el narco ya gobierna.

TIEMPOS DE TRAIDORES: MADURO CANTA, EL POPULISMO SE DERRUMBA

 Y AMLO QUEDA EN LA MIRA DE TRUMP

 

*Dictadores del sur se quiebran, delatan a sus socios y confirman la alianza entre narcopolítica y poder en México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de febrero de 2026.— No es una teoría conspirativa ni un delirio de sobremesa: es cuestión de tiempo para que todo se destape. El continente vive tiempos de traidores, tiempos en los que los autoproclamados “líderes populistas” dejan de lado la retórica soberanista para convertirse en soplones de manual, dispuestos a entregar a cualquiera con tal de salvar el pellejo.

 

Hoy queda claro que muchos de los llamados populistas latinoamericanos dicen y hacen lo que les dicta el tirano del norte, obedeciendo instrucciones telefónicas, aceptando humillaciones públicas y agachando la cabeza frente a Washington. El discurso antiimperialista se esfuma cuando la amenaza es real.

 

El caso mexicano es emblemático. La presidenta de México, lejos de mostrar carácter o dignidad institucional, reacciona diariamente a los designios de Donald Trump, exhibiendo una imagen de sumisión que raya en el servilismo. La soberanía se quedó en los discursos de campaña.

 

Pero México no está solo en esta tragicomedia continental. Hace apenas unos días, el presidente colombiano Gustavo Petro terminó por doblarse ante la presión del gobierno estadounidense, que dejó entrever incluso la posibilidad de su derrocamiento. El resultado fue predecible: Petro se bajó los pantalones para conservar el cargo. El populismo es valiente… hasta que le tocan el expediente.

 

Sin embargo, el espectáculo más vergonzoso lo protagoniza Nicolás Maduro. El dictador venezolano, acorralado y sin salida, entró en una auténtica diarrea discursiva, en la que comenzó a vomitar información sensible a los agentes norteamericanos, revelando los vínculos de su régimen con políticos del continente.

 

Según esas revelaciones, la dictadura venezolana habría financiado proyectos políticos aliados para garantizar su hegemonía regional. Y entre los nombres que comenzaron a salir a flote aparece uno que durante años fue intocable: Andrés Manuel López Obrador.

 

Maduro habría confesado que Hugo Chávez financió la campaña presidencial de AMLO en 2006, y que el propio régimen venezolano utilizó al narcotráfico mexicano como plataforma logística para negocios personales y tráfico de drogas. Todo, a cambio de protección política y alianzas ideológicas.

 

Nada de esto sorprende a quienes advirtieron desde enero de 2026 que Maduro terminaría delatando a López Obrador. Era inevitable. Cuando el dictador entiende que su única moneda de cambio es la traición, no duda. Traiciona a socios, “hermanos”, aliados y hasta a sus propios cómplices.

 

Vivimos tiempos bíblicos, donde se repite la historia de Caín y Abel. Tiempos en los que criminales, ladrones y narcodictadores entregan a los suyos a cambio de perdón, justicia suave o privilegios familiares. Nicolás Maduro no es la excepción: es el ejemplo perfecto.

 

Pero la traición no es un accidente; es parte de la estrategia. El “golpe de fuerza” impulsado por el gobierno de Donald Trump contra la dictadura venezolana tiene un objetivo claro: hacer hablar a Maduro. “Escucha Juan, para que entiendas Pedro”. Venezuela es solo una pieza del ajedrez.

 

El mensaje es claro: el siguiente en la mira es López Obrador. ¿Por qué? Porque es un secreto a voces que el régimen venezolano financió a Morena y que el modelo mexicano replica el mismo esquema de poder entregado al crimen organizado.

 

Trump no lo dijo con rodeos. El 4 de enero de 2026 lo dejó claro al mundo: “México tiene que poner orden porque las drogas están entrando a caudales… desafortunadamente los cárteles controlan México”.

 

La pregunta es obligada: ¿Cómo debe leerse ese mensaje? Como la señal inequívoca de que Trump no solo va por Maduro, sino que uno de sus mayores trofeos será exhibir la alianza entre el poder político mexicano y los cárteles criminales, principales socios del régimen venezolano.

 

Por eso Trump empuja, presiona y asfixia. Porque sabe que Maduro terminará traicionando a Obrador y a Sheinbaum. Solo es cuestión de tiempo. Y en estos tiempos, el que primero habla… sobrevive. 

CHIMALHUACÁN: EL ROBO ESTABA DENTRO DE LA PATRULLA

 

*Cateo destapa megacentro de autopartes robadas y exhibe a policías municipales protegidos por el mando

 

Por: EXPEDIENTE SECREETRO

 

CHIMALHUACÁN, Estado de México, 8 de febrero de 2026.— Lo que comenzó como la denuncia por el robo violento de un vehículo terminó por destapar una cloaca de corrupción incrustada en la propia policía municipal de Chimalhuacán. Más de 30 toneladas de autopartes robadas, una caja seca con medios de identificación adulterados y cinco personas detenidas, entre ellas dos policías municipales en activo, fue el saldo de un cateo que confirma lo que al interior de la corporación era un “secreto a voces”: el crimen operaba con placa, uniforme y con protección.

 

El pasado 5 de febrero, un operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal, derivado de una investigación iniciada tras el robo con violencia de un automóvil ocurrido el pasado 26 de enero en este municipio. A partir de la denuncia, el Ministerio Público logró acreditar ante un juez la posible ubicación del vehículo y obtuvo la orden judicial para catear un inmueble en una colonia de Chimalhuacán.

 

Ahí, las autoridades encontraron un auténtico centro de desmantelamiento y acopio ilegal: cofres, parrillas, fascias, cajuelas, piezas eléctricas y cajas de plástico pertenecientes a vehículos de distintas marcas y modelos, además de una caja seca con identificación alterada, también cargada con autopartes de procedencia ilícita.

 

“Las investigaciones permitieron identificar el predio donde se encontraba la unidad robada y asegurar elementos clave para los procesos legales”, informó la Fiscalía del Edoméx.

 

El inmueble quedó asegurado por orden del Ministerio Público para preservar las evidencias y continuar las investigaciones que permitan determinar la procedencia de las autopartes y la situación jurídica del predio. Sin embargo, lo más grave no fue el volumen del botín, sino quiénes lo custodiaban.

 

Entre los detenidos se encuentra un hombre de apellido Carrillo, policía municipal en activo, adscrito a la Región 1, primer turno, así como Marelis Varilla, también policía municipal en funciones, adscrita a la Región 3. De acuerdo con testimonios de sus propios compañeros, ambos eran considerados “los consentidos” del director operativo Arturo Hernández Ortega, conocido dentro de la corporación con el indicativo “Centurión”, a quien presuntamente le “arrimaban” fuertes cantidades de dinero.

 

Al interior de la policía municipal, señalan fuentes consultadas, era sabido que los hoy detenidos operaban como delincuentes protegidos y solapados por el mando operativo, mientras la ciudadanía era extorsionada y asaltada por quienes juraron protegerla.

 

Y MIENTRAS LA PODREDUMBRE SALE A FLOTE, EL SILENCIO OFICIAL ES ENSORDECEDOR

 

La alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez no ha emitido una sola declaración pública comprometiéndose a limpiar la corporación ni a romper con las redes de corrupción que hoy quedan exhibidas. Tampoco ha fijado postura ante los señalamientos de que los extorsionadores de negocios serían policías municipales adscritos al área de inteligencia.

 

La omisión no es menor. Ni la presidenta municipal ni la gobernadora Delfina Gómez han anunciado acciones concretas para depurar la policía de Chimalhuacán y poner fin a la impunidad de quienes, con uniforme oficial, operan como ratas disfrazadas de policías.

 

Mientras tanto, la pregunta queda en el aire: ¿Cuántos centros de robo más operan bajo la protección del poder municipal y cuántos “Centuriones” siguen cobrando su cuota a costa de la seguridad de la gente?

 

En Chimalhuacán, una vez más, quedó claro que el crimen no estaba escondido: estaba uniformado.

EL AGUA COMO ARMA: MORENA ENTREGA LOS REYES

 LA PAZ AL CRIMEN ORGANIZADO

 

*Tranquilino Lagos y Martha Guerrero desatan una guerra contra los más pobres al permitir que el Sindicato 22 de Octubre controle, venda y extorsione con el agua

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Los Reyes La Paz, Estado de México, 8 de febrero de 2026.— La indignación social en las partes altas de Los Reyes La Paz ha cruzado un punto de no retorno. El control absoluto del agua potable quedó en manos del crimen organizado con el aval de Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez, una decisión que hoy amenaza con detonar una explosión social de consecuencias impredecibles.

 

De acuerdo con testimonios vecinales y fuentes internas del propio gobierno municipal, Tranquilino Lagos permitió que el grupo criminal Sindicato 22 de Octubre se apoderara de la venta, distribución y control político del agua, utilizando el recurso más básico para la vida como instrumento de extorsión, sometimiento y afiliación forzada a Morena, mientras el personaje conocido como “El Trancas” opera el control territorial y político de la zona.

 

Lo que ocurre en La Paz no es un conflicto administrativo ni un problema de gestión: es una entrega deliberada del municipio al crimen organizado, con el agua como moneda de cambio y el hambre y la sed como métodos de control social.

 

DEL DISCURSO DE “PRIMERO LOS POBRES” A LA REPRESIÓN CONTRA LOS POBRES

 

El enojo popular ya se transformó en confrontación abierta. El bloqueo del pozo ubicado en la calle Dalia, en la comunidad de El Potrero, en la colonia Lomas de San Sebastián, fue respondido con grupos de choque ligados directamente a la presidenta municipal y a su esposo, quienes intentaron amedrentar y reprimir a los vecinos inconformes.

 

Ese conato de violencia no fue un hecho aislado: marcó el inicio de una guerra frontal del gobierno municipal contra su propia gente, contra el sector más pobre y vulnerable de Los Reyes La Paz. La señal fue clara: quien proteste, será intimidado; quien no se someta, será castigado.

 

ADVERTENCIAS IGNORADAS Y UN MUNICIPIO AL BORDE DEL ESTALLIDO

 

Incluso colaboradores cercanos de la pareja gobernante, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, confirmaron que ya pidieron directamente a Tranquilino Lagos y a Martha Guerrero que saquen a la mafia del control del agua, advirtiéndoles que de no hacerlo “todo va a acabar muy mal”.

 

La molestia social crece día a día, especialmente al comparar la situación con el municipio vecino de Chimalhuacán, donde el agua es gratuita, mientras que en La Paz se vende, se condiciona y se usa como castigo político. El resultado es un clima de irritación, rabia y hartazgo que avanza peligrosamente hacia un desenlace violento.

 

ANTECEDENTES OSCUROS Y PACTOS QUE HOY COBRAN FACTURA

 

Tranquilino Lagos no es un improvisado ni un actor menor. Su historial está marcado por episodios oscuros. En noviembre de 2008, tres presuntos integrantes del crimen organizado intentaron asesinarlo cuando se dirigía a su domicilio a bordo de una camioneta de lujo, marca NITRO, placas MBV-6033. Resultó herido en el hombro. El hecho quedó asentado en la averiguación previa LR/III/4439/08 por intento de homicidio y lesiones.

 

La pregunta nunca resuelta fue: ¿por qué “El Trancas” nunca dio seguimiento a la denuncia? Hoy, al entregar el control del agua al Sindicato 22 de Octubre, esa interrogante parece tener una respuesta que confirma los peores temores de la población.

 

HUACHICOLEO DE AGUA, EXTORSIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

 

En Los Reyes La Paz se ha instaurado un sistema criminal de extracción y venta ilegal de agua. Mil litros se venden en 100 pesos, más 30 pesos “para el refresco”, pero si el ciudadano no se afilia a Morena, el costo se eleva hasta 270 pesos por mil litros. Además, solo pueden circular pipas del Sindicato 22 de Octubre, cualquier otra es bloqueada, apedreada o robada.

 

Este esquema constituye huachicoleo de agua, delito castigado en el Estado de México con penas de hasta 8 años de prisión, conforme al Artículo 145 del Código Penal estatal, además de multas severas.

 

NOMBRES, OPERADORES Y UNA RED CRIMINAL BIEN ACEITADA

 

El enlace directo entre Tranquilino Lagos y el grupo criminal es Silvia Roano, quien, acompañada por sujetos armados, supervisa la extracción diaria de al menos 100 pipas de agua, vendidas ilegalmente a empresas del Estado de México y la Ciudad de México. Cada pipa alcanza precios de hasta 1,800 pesos.

 

Roano opera públicamente porque Héctor Becerril, actual líder del sindicato, se mantiene oculto, mientras que el máximo dirigente, Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, ex sexto regidor de Chalco por el PVEM, se encuentra recluido en el penal Neza-Bordo, acusado de extorsión, secuestro y otros delitos graves.

 

RESPONSABILIDADES PENALES Y COMPLICIDAD POLÍTICA

 

Tranquilino Lagos no es funcionario público, pero ejerce un poder fáctico sobre un recurso estratégico del municipio. Esa sola condición exige una investigación inmediata por parte de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

 

Pero la responsabilidad no termina ahí. Martha Guerrero Sánchez, como presidenta municipal, no puede alegar ignorancia. Todo apunta a una red de extorsión operada desde el poder municipal, lo que la convierte en cómplice directa de delitos graves que deben ser castigados conforme a la ley.

 

EXIGEN “OPERACIÓN CAUDAL” ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE

 

Los habitantes de las partes altas de Los Reyes La Paz exigen la implementación inmediata de la “Operación Caudal” para desmantelar estas redes criminales que han convertido el agua en negocio, arma política y mecanismo de terror social.

 

El mensaje de la ciudadanía es claro: si el Estado no actúa, la tragedia será inevitable. Morena prometió dignidad y justicia; hoy, en La Paz, gobierna con sed, miedo y criminales.

AUSTERIDAD DE MENTIRA: LA 4T Y LA OBSCENIDAD DEL PODER

 

*Entre peines, maquillaje y zapatos boleados, la 4T convirtió la “austeridad” en un privilegio de élite

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de febrero de 2026.— La Cuarta Transformación ya no gobierna: se burla. Se burla del hambre, de la precariedad, del salario mínimo que no alcanza y del ciudadano al que durante años le repitieron como dogma que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Hoy ese lema no solo está muerto: está escupido, pisoteado y exhibido en vivo desde el propio Senado de la República.

 

Mientras millones de mexicanos sobreviven sin servicios básicos, los legisladores de la 4T disfrutan de un salón de belleza dentro del Senado, pagado con dinero público. No es una metáfora, no es exageración, es la postal exacta de un régimen que prometió acabar con los privilegios… para quedárselos todos. ¿En qué país serio un representante popular tiene estética, peinado y maquillaje financiados por el erario público? En el México de Morena, donde la austeridad solo aplica hacia abajo.

 

La indignación estalló cuando se difundió el video de la senadora del Partido Verde, Juanita Guerra, recibiendo tranquilamente un tratamiento capilar en ese recinto de lujo disfrazado de oficina legislativa. El problema no fue el privilegio —porque ese ya lo dan por hecho—, sino que se atrevieran a exhibirlo. Por eso ahora se habla de “prudencia”, no de cancelarlo. Que vuelva a operar, sí, pero sin cámaras, sin escándalo, sin pueblo mirando.

 

El cinismo alcanzó niveles grotescos cuando la senadora morenista Beatriz Mojica intentó apagar el incendio acusando de misoginia a quienes cuestionan el salón de belleza. Una manipulación vulgar: usar la bandera de género para justificar el despilfarro y los lujos de una clase política desconectada de la realidad. No es misoginia señalar privilegios; misoginia es usar a las mujeres como escudo retórico para proteger la corrupción del poder.

 

Y como si el cuadro no fuera suficientemente ofensivo, también se normaliza que los legisladores varones cuenten con un espacio para bolearse los zapatos. Tan acostumbrados están al trato de realeza, que ahora algunos exigen “equidad”: si se cierra la estética, que también se clausure el área de lustrado. No por austeridad, sino por berrinche. ¿O acaso esperan recibir a alguien tan importante que amerite zapatos relucientes y cabezas perfectamente peinadas?

 

La respuesta la dio la propia 4T hace unos días, cuando circuló un video que quedará marcado como símbolo del nuevo régimen: una mujer arrodillada, limpiando los zapatos del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, minutos antes de un acto oficial en Querétaro. Una imagen humillante, clasista, colonial. La foto perfecta del poder morenista: de pie, cómodo, mientras otros se arrodillan para servirle.

 

Eso es Morena hoy. Eso es la 4T real. No la de los discursos, no la del templete, no la de las mañaneras. La de los privilegios ocultos, la de los salones VIP, la de los servidores públicos convertidos en servidumbre moderna. Un proyecto que prometió dignidad y terminó reproduciendo —con más descaro— los vicios del viejo régimen.

 

La transformación no fue del sistema, fue de los beneficiarios. Cambiaron los colores, cambiaron los nombres, pero el desprecio por el pueblo sigue intacto. La austeridad republicana murió peinada, maquillada y con los zapatos bien boleados, dentro del Senado de la República.

FALSOS POLICÍAS, CRÍMENES REALES: LA PODREDUMBRE QUE

 DESNUDA A LA FISCALÍA DEL EDOMEX

 

*La farsa del uniforme: corrupción interna permitió que el crimen operara desde la propia Fiscalía

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 6 de febrero de 2026.— La detención de 21 personas que se hacían pasar por Policías de Investigación, vinculadas con homicidios, extorsiones y robos de vehículos, exhibe no solo la audacia del crimen organizado, sino la profunda descomposición que carcome a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

 

De acuerdo con la propia Fiscalía, los detenidos operaban con armas de fuego, narcóticos, insignias falsas y vehículos rotulados para simular pertenecer a corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Con esa fachada sembraron terror, despojaron patrimonios y arrebataron vidas en distintas regiones del Edomex, aprovechándose de la confianza —y del miedo— que inspira una placa oficial.

 

Las capturas, resultado de denuncias ciudadanas y publicaciones que evidenciaban conductas criminales, derivaron en un escándalo mayor: 110 expedientes abiertos, entre investigaciones de oficio y denuncias formales. En ellos aparecen señalados 39 servidores públicos de la propia Fiscalía y al menos ocho policías de investigación con probable participación directa en delitos como extorsión y usurpación de funciones públicas.

 

Aunque la FGJEM presume acciones penales contra algunos implicados y procedimientos administrativos contra otros, la magnitud del caso deja claro que no se trata de hechos aislados ni de “manzanas podridas”. El problema es estructural. Durante años, estas redes operaron con total impunidad, bajo la mirada —cuando no la protección— de mandos regionales que hoy siguen intocados.

 

El fiscal general, José Luis Cervantes Martínez, sabe que la corrupción no se gesta en la calle, sino en las oficinas donde se toleran abusos, se archivan denuncias y se reparten favores. Sin una depuración real de los fiscales regionales y de los mandos medios, cualquier detención será apenas un gesto cosmético: se corta la rama, pero se deja intacta la raíz.

 

La captura de falsos policías puede venderse como un avance, pero para la ciudadanía es apenas una confirmación de lo que ya sabía: que el uniforme se ha usado como licencia para delinquir y que la justicia, en el Estado de México, sigue secuestrada por la corrupción. Si no hay una limpia profunda y pública, la Fiscalía seguirá siendo parte del problema y no de la solución.

SED, MIEDO Y ENCAPUCHADOS: EL NEGOCIO DEL AGUA QUE TIENE

 AL BORDE DEL ESTALLIDO A LA PAZ

 

*Agua condicionada, grupos de choque y crimen: el pozo de La Paz convertido en botín político

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 5 de febrero de 2026.— La crisis por el agua en el municipio de La Paz estuvo a punto de convertirse en un episodio de violencia abierta. Habitantes de la comunidad conocida como El Potrero, en la colonia Lomas de San Sebastián, se manifestaron ayer al mediodía a las afueras del pozo ubicado en la calle Dalia, luego de que se les negara la dotación de agua que regularmente se les vende, mientras decenas de pipas salían cargadas del mismo pozo.

 

La protesta escaló peligrosamente cuando, de acuerdo con testimonios de los pobladores, un grupo de hombres armados y encapuchados, identificados por los vecinos como un grupo de choque vinculado a la presidenta municipal Martha Guerrero Sánchez y a su esposo Tranquilino Lagos Buenabad, arribó al lugar con actitud intimidante. La confrontación estuvo a punto de desbordarse. La policía municipal nunca apareció.

 

Los inconformes relatan que acudieron al pozo tras no recibir la venta de agua que, de manera irregular, se les ofrece los lunes, miércoles y viernes. Al llegar, se percataron de que más de 50 pipas estaban siendo abastecidas, mientras a los habitantes de la zona se les negó incluso “una gota”. La indignación llevó a los vecinos a bloquear la salida de las pipas.

 

“El pozo se explota todos los días, pero el pueblo sigue seco”, reclamaron los manifestantes, quienes acusan que el agua, lejos de ser un derecho, se ha convertido en un negocio lucrativo y selectivo, controlado desde el ayuntamiento.

 

Según los pobladores, Tranquilino Lagos Buenabad y la alcaldesa morenista Martha Guerrero han instaurado un sistema de control y condicionamiento del agua, especialmente en las partes altas del municipio. Cuando el vital líquido llega, no es gratuito: se vende como limosna y bajo reglas políticas.

 

De acuerdo con los testimonios, el ayuntamiento llena tinacos de mil litros los lunes, miércoles y viernes por 100 pesos, más 30 pesos adicionales “para el refresco” de quienes reparten el agua. Pero este “beneficio” solo aplica para quienes se afilian a Morena y asisten a reuniones partidistas dos veces por semana.

Quien se niega a militar en el partido guinda, recibe el castigo: los mismos mil litros se le venden hasta en 270 pesos.

 

“Nos están cobrando el agua y, además, nos quieren obligar a afiliarnos”, denunciaron los vecinos, quienes califican la práctica como extorsión política con el agua como instrumento de control social.

 

La distribución y el cobro, aseguran, está a cargo de Alejandro “N”, encargado del pozo, así como de Reyna Martínez y Teresa Gaona, empleados del ayuntamiento morenista. Para los habitantes, esto evidencia que el esquema no es aislado, sino institucional.

 

Pero el señalamiento más grave apunta a la presunta colusión con el grupo criminal “Sindicato 22 de Octubre”, que, según los inconformes, controla las pipas, fija precios y vende agua a empresas privadas y particulares hasta en 1,800 pesos por pipa. Afirman que no se permite la entrada de pipas de otras empresas, y que quienes lo intentan son apedreados, robados o incluso despojados de sus unidades.

 

Los vecinos identifican a Silvia Roana como la persona encargada de vigilar que ninguna pipa ajena entre a las partes altas del municipio. Dicha persona, aseguran, forma parte del “Sindicato 22 de Octubre”, cuyo líder es Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, sexto regidor de Chalco por el Partido Verde Ecologista de México, actualmente recluido en el penal Neza-Bordo por extorsión, secuestro y otros delitos graves, además de ser señalado por disputas violentas relacionadas con el control del agua en la zona oriente del Estado de México.

 

Trabajadores de Gobernación que se encontraban en la zona presenciaron el clima de tensión y los hechos intimidatorios, mientras la población espera que esta información haya sido notificada a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

 

“Si aquí corre sangre, la responsabilidad será directa de Tranquilino Lagos Buenabad y de Martha Guerrero Sánchez”, advirtieron los habitantes, quienes exigen una investigación inmediata sobre el manejo del pozo, la venta ilegal del agua y la presunta relación entre autoridades municipales y grupos criminales.

 

La pregunta queda abierta y resuena entre la población sedienta de La Paz: ¿Cuánto recibe Tranquilino Lagos Buenabad por permitir que el crimen organizado haga un negocio millonario con el agua del pueblo?

ANTORCHA CAMPESINA SE DISFRAZA DE ANTIIMPERIALISTA

 PARA COLARSE EN LA 4T

 

*Del discurso antiimperialista al acomodo político: Antorcha busca reciclar su poder dentro de Morena

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 5 de febrero de 2026.— Aquiles Córdova Morán, dirigente vitalicio y patriarca del Movimiento Antorchista Nacional, volvió a escena con un discurso grandilocuente sobre el “imperialismo”, la guerra mundial y la multipolaridad, pero detrás de la retórica ideológica se asoma una maniobra política clara: justificar su alineamiento con Morena y su entrada formal a la llamada Cuarta Transformación.

 

En una entrevista publicada el pasado 31 de enero por el semanario buzos, órgano afín al antorchismo, Córdova Morán realizó una serie de contracciones discursivas para presentarse como un férreo opositor al imperialismo estadounidense y, al mismo tiempo, como aliado natural del gobierno de la 4T. El mensaje, envuelto en referencias al “gran capital”, a las corporaciones trasnacionales y al peligro de una guerra nuclear, parece más un acto de maquillaje político que una reflexión genuina sobre el contexto internacional.

 

El líder antorchista sostiene que el imperialismo se encuentra en decadencia y que, en su desesperación, empuja al mundo hacia una guerra global. Bajo esa narrativa, llama a México a alinearse con la multipolaridad y a cerrar filas con el gobierno actual frente a lo que denomina una “campaña de la ultraderecha”. Sin embargo, críticos dentro y fuera de Morena señalan que el discurso antiimperialista de Córdova es selectivo y oportunista, útil solo para legitimar su acercamiento al poder que durante décadas combatió… o utilizó según le convenía.

 

Porque Antorcha Campesina no es un actor nuevo ni ajeno al sistema político que hoy dice repudiar. Fundado en 1974, el movimiento nació como una organización de apoyo al sector agrario, pero con el paso de los años se consolidó como un aparato político-electoral, muy violento y ligado al PRI, con métodos de presión, control territorial y movilización dura. Municipios como Ixtapaluca y Chimalhuacán, en la zona oriente del Estado de México, fueron durante años sus bastiones, gobernados como feudos donde Antorcha se resistió a soltar el poder.

 

No es casual que, tras el triunfo de Morena en 2018, surgieran alertas internas para impedir que ese tipo de estructuras se infiltraran en el nuevo partido. Incluso Mario Delgado, entonces dirigente nacional de Morena, advirtió públicamente sobre el riesgo de abrirle la puerta a Antorcha Campesina. Hoy esas advertencias parecen haber sido ignoradas.

 

La llegada del antorchismo a la 4T se explica, según diversas fuentes políticas, por la intervención del senador Higinio Martínez Miranda, quien ha provocado una ruptura al interior de Morena, además, es conocido por su cacicazgo político en el municipio de Texcoco y operador clave en el Estado de México. Con su respaldo, Antorcha encontró el camino que durante años se le negó: el cobijo del partido que prometió desterrar el viejo régimen.

 

De ahí que el discurso de Aquiles Córdova contra el imperialismo estadounidense resulte, para muchos, una falacia conveniente. No se trata de una conversión ideológica, sino de una estrategia de supervivencia política. El llamado a “organizar al pueblo” y a “cerrar el paso a la derecha” suena menos a conciencia social y más a la reedición de las prácticas que convirtieron a Antorcha en un grupo temido y cuestionado.

 

La pregunta incómoda sigue en el aire: ¿qué pensarán los morenistas de antaño, aquellos que construyeron el movimiento desde la resistencia, que enfrentaron represión y fraudes, al ver llegar a Morena a los viejos caciques de un grupo señalado durante años como aparato de choque y control político, con un historial marcado por conflictos, violencia y acusaciones graves?

 

Mientras Aquiles Córdova predica sobre la decadencia del imperio, Antorcha Campesina parece haber encontrado un nuevo refugio, no en la multipolaridad mundial, sino en el pragmatismo de una 4T que hoy abre sus puertas a quienes ayer representaban todo lo que decía combatir.

K9, PROPAGANDA Y SIMULACIÓN: LA PAZ PRESUME SEGURIDAD MIENTRAS LA INSEGURIDAD Y LA EXTORSIÓN SIGUEN MANDANDO

 

*Con sueldos de hambre, policías sin dignidad y boletines triunfalistas, el gobierno de La Paz fabrica una seguridad que no existe

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 4 de febrero de 2026.— Entre ceremonias cívicas, honores a la bandera y boletines cuidadosamente redactados, el gobierno municipal de Martha Guerrero Sánchez intenta vender la idea de que la seguridad en La Paz avanza. La realidad en las calles, sin embargo, contradice el discurso oficial: la delincuencia no se ha ido, la percepción de inseguridad persiste y la estrategia parece más enfocada en la propaganda que en resolver el problema de fondo.

 

El anuncio del fortalecimiento de la Unidad K9 —pasar de dos a cuatro caninos— fue presentado como un logro relevante. Pero en un municipio asfixiado por el narcomenudeo, los asaltos y las extorsiones, la medida resulta simbólica y claramente insuficiente. Cuatro perros no representan una política de seguridad, sino un recurso mediático que sirve para encubrir la falta de resultados tangibles.

 

La alcaldesa insistió en que la unidad fue recibida en abandono y que ahora cuenta con instructores certificados y mejores condiciones. El argumento del “todo estaba mal antes” se repite como coartada para justificar la incapacidad de la administración actual. A más de un año de gobierno de Morena, los problemas estructurales de la policía municipal siguen intactos y los ciudadanos siguen sin ver mejoras reales.

 

La morenista Guerrero Sánchez aseguró que la incidencia delictiva ha disminuido gracias a la coordinación con la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. No obstante, incluso el propio gobierno admite que esa supuesta reducción no se percibe entre la población. No se trata de una sensación aislada: vecinos continúan denunciando robos, cobro de cuotas, abusos policiales y venta de droga a plena luz del día, sin que existan cifras públicas, verificables y transparentes que respalden el optimismo oficial.

 

El discurso se apoya en la entrega de uniformes, equipo táctico, kits para armas y nuevas patrullas. Pero el gobierno municipal evita deliberadamente hablar del elefante en la habitación: la miseria salarial de los policías. Hace apenas ocho meses, los propios elementos bloquearon una carretera para exigir un aumento de sueldo. Su ingreso sigue siendo de 3 mil 500 pesos quincenales, una cantidad insultante para quien arriesga la vida todos los días.

 

Con salarios de hambre, no puede sorprender que la corporación sea vulnerable a la corrupción, la extorsión y los malos tratos a la ciudadanía. Pretender combatir la delincuencia sin dignificar a la policía es una receta conocida para el fracaso. El gobierno exige honestidad, pero no garantiza condiciones mínimas de vida; pide disciplina, pero paga una miseria.

 

La alcaldesa también presumió la publicación del Código de Ética Profesional y afirmó que hoy los policías “son más observados” y “grabados”. Pero la vigilancia no sustituye al profesionalismo, ni los códigos impresos sustituyen a una política seria de depuración, sanción y mejora salarial. Sin consecuencias reales, la ética es solo discurso.

 

En La Paz, la seguridad no se construye con boletines optimistas ni con fotos oficiales. Se construye con resultados, transparencia y voluntad política para enfrentar las causas reales del problema. Mientras el gobierno municipal siga apostando a la simulación y evite tocar los temas incómodos, la inseguridad seguirá mandando y los ciudadanos seguirán pagando el costo de un gobierno que confunde propaganda con gobierno.

PRESIÓN DE ESTADOS UNIDOS DERRIBA A ADÁN AUGUSTO DEL SENADO; SE CIERRA EL CERCO CONTRA LA CÚPULA MORENISTA

 

*Investigaciones por corrupción, vínculos criminales y amenazas de sanciones y extradiciones cerraron el paso al intocable de López Obrador y encendieron alertas en la cúpula de Morena

 

Por: EXPEDIENTEE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de febrero de 2026.— Tras un forcejeo político que se prolongó durante un año, Adán Augusto López Hernández dejó finalmente la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado. No fue una decisión personal —como intentó presentar el gobierno federal—, sino el desenlace de una derrota inevitable frente a la presión directa del gobierno de Estados Unidos, cuyas investigaciones alcanzaron a la esposa del senador y a su red de socios y contratistas millonarios.

 

De acuerdo con información revelada por el periodista Héctor De Mauleón, Washington hizo saber al gobierno mexicano que estaba listo para congelar bienes y activos vinculados al llamado grupo Palenque, una estructura empresarial que obtuvo contratos jugosos en diversas dependencias durante la gestión de López Hernández. La advertencia incluyó incluso la amenaza de formalizar una solicitud de extradición contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como líder del grupo criminal La Barredora.

 

La ratonera se cerró hace unas semanas, durante la última reunión de Adán Augusto con la presidenta Claudia Sheinbaum. La presión desde el norte se volvió insostenible y los márgenes para ofrecerle una salida “digna” se agotaron, luego de una cadena de escándalos que incluyó presuntos actos de corrupción, ingresos millonarios, conflictos de interés, evasión fiscal y posibles vínculos con estructuras criminales. Muchos de estos señalamientos, según las fuentes, fueron filtrados desde el propio gobierno y amplificados por redes digitales vinculadas al aparato de comunicación oficial.

 

Desde septiembre del año pasado, reportajes de The Wall Street Journal y The New York Times colocaron el nombre de Adán Augusto en el contexto de la infiltración del crimen organizado en la política mexicana. Aunque el senador intentó desviar las acusaciones culpando primero a enemigos internos y luego a la “derecha”, sin embargo, el volumen y la precisión de la información solo podían provenir de los más altos niveles del poder.

 

Sheinbaum sabía que heredó en el Senado a un adversario político impuesto por Andrés Manuel López Obrador y protegido por el manto de los “intocables”. El factor Trump —y el endurecimiento de la política estadounidense— lo cambió todo. Desde agosto de 2025, en Palacio Nacional se tenía conocimiento de que López Hernández era investigado por agencias estadounidenses de alto nivel, lo que provocó tensiones constantes con la Presidencia por mantenerlo en una posición clave del Congreso.

 

Lejos de dar un paso al costado, Adán Augusto exigió respaldo de legisladores, gobernadores y figuras centrales de la 4T, respaldo que en su momento le fue concedido por personajes como Alfonso Durazo. Sin embargo, la defensa pública comenzó a erosionar la credibilidad del movimiento. Desde Palacio se pidió frenar el respaldo político, ante la creciente percepción de cinismo e impunidad que marcó el llamado “verano VIP” de las élites morenistas.

 

La ofensiva final incluyó revelaciones sobre discrepancias fiscales y conflictos de interés, mientras altos funcionarios estadounidenses —como Marco Rubio, Christopher Landau y el embajador Ronald Johnson— insistían en el alto costo diplomático de proteger a políticos vinculados con el crimen organizado. Se habló incluso de audios en poder de Omar García Harfuch que formarían parte del expediente contra el exsecretario de Gobernación.

 

Aunque fuentes aseguran que López Obrador intervino para frenar el caso Bermúdez y blindar a su antiguo colaborador, la tumba política ya estaba cavada. Y quien terminó de cerrarla fue el gobierno de Estados Unidos.

 

En la misma reunión en la que se notificó la salida de Adán Augusto de la coordinación senatorial. De acuerdo al periodista Héctor De Mauleón, se advirtió también a Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, que él y su entorno familiar habían sido alcanzados por investigaciones estadounidenses. Un día después, Monreal anunció que tiene firmada su carta de renuncia, apelando a un supuesto “relevo generacional”.

 

Para muchos, 2026 marcó el fin de la borrachera de poder. La resaca, advierten las fuentes, apenas comienza. Y todo indica que ha llegado la hora de pagar la cuenta.