LA REALIDAD DE LA NOTICIA

LA PAZ: MANO DURA CONTRA EL POBRE, IMPUNIDAD PARA LOS DELINCUENTES   *Video de policías sometiendo a un vendedor de tacos desata indigna...

sábado, 6 de junio de 2026

LA PAZ: MANO DURA CONTRA EL POBRE, IMPUNIDAD PARA LOS DELINCUENTES

 

*Video de policías sometiendo a un vendedor de tacos desata indignación ciudadana y reaviva cuestionamientos sobre la actuación de la corporación en un municipio golpeado por la inseguridad y las denuncias de impunidad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 6 de junio de 2026.- Mientras los ciudadanos denuncian diariamente extorsiones, robos, homicidios y la creciente presencia de grupos criminales en diversas colonias del municipio, elementos de la Policía Municipal fueron captados sometiendo a un humilde vendedor de tacos de canasta cuyo único "delito" era intentar ganarse el sustento para su familia.

 

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran una escena que ha provocado indignación entre los habitantes: un trabajador suplicando por su libertad mientras uniformados lo someten, y ciudadanos cuestionando la actuación policial. Lejos de ofrecer explicaciones o mostrar sensibilidad ante la situación, los agentes respondieron con actitud desafiante y burlona, dejando la impresión de una corporación más preocupada por exhibir autoridad que por servir a la ciudadanía.

 

El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para el gobierno de la alcaldesa morenista Martha Guerrero: ¿por qué la fuerza policial parece actuar con tanta eficacia contra comerciantes y trabajadores, pero resulta prácticamente invisible cuando se trata de enfrentar a delincuentes que aterrorizan a la población?

 

La percepción ciudadana es cada vez más devastadora. Mientras las víctimas de delitos denuncian ausencia policial, tardanza en las respuestas y falta de resultados en materia de seguridad, los videos de presuntos abusos de autoridad se multiplican. El mensaje que recibe la población es alarmante: el peso de la ley cae con fuerza sobre los sectores más vulnerables, pero parece diluirse frente a quienes verdaderamente generan violencia e inseguridad.

 

Particularmente cuestionada es la actuación del comisario de Seguridad Pública, Contralmirante Eduardo Fouilloux Bataller, cuya gestión es señalada por ciudadanos y elementos de la propia corporación como distante de los problemas reales que enfrenta el municipio. Para muchos habitantes, la policía se ha convertido en una institución reactiva contra los débiles e ineficaz contra los criminales.

 

La situación también ha generado cuestionamientos sobre la estructura de mando dentro de la corporación y la capacidad real del gobierno municipal para recuperar la confianza ciudadana. En un municipio golpeado por la inseguridad, los habitantes exigen resultados concretos contra la delincuencia y no operativos espectaculares contra personas que buscan trabajar honradamente.

 

A ello se suman los persistentes señalamientos y rumores que circulan desde hace años sobre posibles vínculos entre actores políticos, como el esposo de la alcaldesa, Tranquilino Lagos Buenabad y mandos de seguridad pública con grupos criminales que operan en la región. El silencio de las autoridades frente a las dudas ciudadanas únicamente alimenta la desconfianza y la percepción de impunidad.

 

Porque mientras un vendedor de tacos termina esposado y humillado frente a las cámaras, los habitantes de La Paz siguen esperando respuestas sobre quién protege a sus familias, los extorsionadores y homicidas, han convertido la inseguridad en una forma de gobierno de facto.

 

El problema ya no es únicamente un presunto abuso policial. El problema es la imagen de un gobierno que parece fuerte con los trabajadores y débil con los criminales.

viernes, 5 de junio de 2026

DETENCIÓN DE ACTIVISTA EN LA PAZ REVIVE ACUSACIONES DE PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA EL GOBIERNO DE MARTHA GUERRERO

 

*La captura de Pablo Tenoch reaviva denuncias de presunto uso político de las instituciones y profundiza las críticas contra la administración de Martha Guerrero y la influencia de Tranquilino Lagos en el gobierno de La Paz

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 5 de junio de 2026.- La detención del activista Pablo Tenoch Castellanos durante un operativo realizado por elementos de la Guardia Nacional y la policía municipal ha generado una lectura distinta a la presentada por el gobierno municipal. Mientras el Ayuntamiento morenista sostiene que se trató de una acción para restablecer el orden ante presuntas agresiones contra trabajadores de una obra pública, sectores de la oposición y ciudadanos críticos consideran que el caso podría formar parte de un patrón de criminalización de la protesta social.

 

De acuerdo con esta versión, la inconformidad vecinal no surgió por intereses partidistas, sino por la preocupación de habitantes que exigen mayor transparencia sobre las obras relacionadas con el suministro de agua y el destino de espacios públicos en la colonia Ampliación Tecamachalco. Para los críticos del gobierno municipal, la detención de uno de los principales opositores al proyecto envía un mensaje preocupante a quienes buscan manifestar desacuerdos con las autoridades.

 

Las críticas no son nuevas. Diversos actores políticos y sociales han señalado en distintas ocasiones lo que consideran una tendencia autoritaria y represiva por parte de la alcaldesa Martha Guerrero y de su principal operador político, su esposo Tranquilino Lagos Buenabad.

 

Uno de los casos más citados por sus detractores es el de José Luis Díaz Ramírez, quien meses atrás anunció movilizaciones contra el gobierno municipal y posteriormente fue detenido tras una reunión donde, según sus simpatizantes, acudiría para dialogar con representantes del gobierno local. Desde entonces permanece sujeto a proceso, situación que sus seguidores interpretan como un acto de represalia política, mientras que las autoridades sostienen que la actuación estuvo sustentada en investigaciones ministeriales, sin embargo, todo mundo sabe que fue una acusación fabricada para beneficiar a la alcaldesa Martha Guerrero.

 

Otro episodio que alimentó la polémica ocurrió en mayo pasado, cuando comerciantes de la avenida Morelos denunciaron públicamente extorsiones atribuidas a integrantes del grupo criminal denominado "Sindicato 22 de Octubre". Posteriormente algunos de los denunciantes enfrentaron acusaciones penales, situación que fue presentada por sus defensores como un intento de intimidación. Los involucrados finalmente recuperaron su libertad, luego de demostrar jurídicamente que las acusaciones fueron un montaje por parte de la Fiscalía del Estado de México, hecho que demostró que las imputaciones carecían de sustento jurídico.

 

A estos señalamientos se suma la denuncia presentada por dos reporteros que aseguraron haber sido retenidos durante varias horas dentro del Palacio Municipal mientras distribuían material informativo. Los represores de los reporteros están identificados como el titular de la oficina da gobernación municipal, el expriista, Jaime Hernández Méndez y uno de sus empleados, Pedro Luna Pintor, quienes se han encargado de sembrar el terror a personas incomodas para la administración municipal.

 

Ambos, permanentemente se encuentran asechando, como perros guardianes al interior del edificio municipal. Aunque la privación ilegal contra los reporteros fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sostienen que no ha existido un avance significativo en las investigaciones, por lo que es evidente que la fiscalía estatal no goza de independencia, sino que es un instrumento que está al servicio y capturada por Morena.

 

Para los críticos de la administración municipal, estos episodios reflejan un ambiente de creciente intolerancia hacia la crítica y la disidencia política. La detención de Pablo Tenoch Castellanos, afirman, no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de una serie de acontecimientos que han generado preocupación entre organizaciones sociales, comerciantes, activistas y comunicadores.

 

Otro de los cuestionamientos recurrentes está relacionado con el manejo del sistema de distribución de agua en el municipio. Vecinos y actores políticos han exigido públicamente que el gobierno municipal esclarezca cualquier vínculo o acuerdo con integrantes del grupo criminal denominado "Sindicato 22 de Octubre", organización señalada por diversos sectores ciudadanos de tener todo el control de los posos de agua y su distribución, así como implementar un sistema de pago de derecho de piso (extorsión) a comerciantes y dueños de antros presuntamente acordada con la pareja gobernante. Hasta el momento, Martha Guerrero y Tranquilino Lagos no han rechazado las acusaciones y tampoco se han deslindado de ellas.

 

La controversia ocurre en un contexto donde Morena gobierna tanto el Estado de México como la mayoría de los municipios de la entidad, situación que, según ciudadanos críticos y preocupados por la alarmante situación, dificulta la existencia de contrapesos institucionales efectivos. Desde esta perspectiva, la captura de activistas, comerciantes y voces críticas genera inquietud sobre el respeto a las libertades de expresión, asociación y manifestación.

 

Por ello, para numerosos habitantes de La Paz, la pregunta de fondo ya no es únicamente qué ocurrió durante el enfrentamiento en Tecamachalco, sino si las instituciones están siendo utilizadas para garantizar el orden público o para neutralizar a quienes cuestionan al gobierno municipal. La respuesta, sostienen, será determinante para la confianza ciudadana en las autoridades y para el futuro de las libertades democráticas en el municipio.

jueves, 4 de junio de 2026

¿NUEVO BACHILLERATO O PROPAGANDA ANTICIPADA? LAS DUDAS DETRÁS DEL ANUNCIO EDUCATIVO EN LA PAZ

 

*La obra educativa llega en medio de reclamos ciudadanos por extorsiones, violencia y falta de servicios básicos

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


La Paz, Estado de México, 4 de junio de 2026. Mientras autoridades federales, estatales y municipales celebran el inicio de la construcción de un nuevo bachillerato en el municipio de La Paz, el anuncio también abre una serie de interrogantes que el gobierno evita responder y que van más allá de la fotografía oficial y los discursos triunfalistas.

 

La presidenta municipal Martha Guerrero Sánchez presentó la obra como parte de la transformación educativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que "donde mete la mano la presidenta todo cambia". Sin embargo, para miles de habitantes de La Paz, la realidad cotidiana sigue marcada por calles deterioradas, problemas de abastecimiento de agua, inseguridad y servicios públicos deficientes que durante años han permanecido sin solución.

 

El proyecto contempla la desincorporación de siete hectáreas del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México (TESOEM), una decisión que también merece ser analizada. ¿Se realizó una consulta amplia con la comunidad académica? ¿La reducción de espacios del tecnológico no afectará su crecimiento futuro? Hasta ahora, las autoridades han privilegiado los anuncios políticos por encima de la explicación técnica.

 

Otro aspecto que llama la atención es la rapidez con la que se promete concluir la obra. Según la minuta firmada, la constructora Doble-A deberá terminar el plantel en apenas 210 días. Aunque funcionarios federales aseguran que se trata de una empresa seria, la historia reciente de la infraestructura pública en México está llena de obras anunciadas con bombo y platillo que terminaron retrasadas, incompletas o con sobrecostos.

 

Pero las críticas ciudadanas no se limitan al tema educativo. Diversos vecinos y organizaciones sociales han exigido públicamente a la alcaldesa Martha Guerrero y a su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, aclarar y deslindarse de los señalamientos que, aseguran, existen sobre una presunta relación o acuerdo político con Héctor Becerril, identificado por habitantes como líder del denominado "Sindicato 22 de Octubre".

 

De acuerdo con estas denuncias ciudadanas, dicho grupo mantendría influencia en actividades relacionadas con el control, distribución y comercialización de agua en distintas zonas del municipio, situación que, afirman los vecinos, ha derivado en costos excesivos para numerosas familias. Asimismo, comerciantes y empresarios locales han denunciado durante años el crecimiento de la extorsión y del denominado cobro de derecho de piso en diversos giros comerciales, particularmente bares y centros nocturnos.

 

La preocupación ciudadana se ha incrementado debido a diversos hechos violentos registrados en establecimientos de este tipo durante los últimos años. Ante este escenario, vecinos cuestionan que las autoridades municipales no hayan respondido con mayor contundencia a las exigencias de transparencia y seguridad que reclaman amplios sectores de la población.

 

Más allá del nuevo edificio, especialistas coinciden en que el rezago educativo no se resuelve únicamente construyendo aulas. El problema incluye abandono escolar, pobreza, falta de transporte, inseguridad y carencia de oportunidades laborales para los jóvenes. Sin una estrategia integral, existe el riesgo de que la nueva preparatoria se convierta en otro proyecto utilizado para presumir cifras de inversión sin atacar las causas profundas de la deserción educativa.

 

Resulta igualmente significativo que las autoridades hablen de una capacidad para 900 estudiantes cuando tan solo en la zona oriente del Valle de México miles de jóvenes quedan cada año fuera de instituciones públicas de nivel medio superior. La demanda educativa supera ampliamente la oferta anunciada.

 

Mientras los funcionarios destacan la intervención federal como un acto de rescate para una región históricamente olvidada, los ciudadanos podrían preguntarse por qué ese rescate llega después de años de promesas incumplidas y en un contexto donde Morena gobierna tanto a nivel federal como estatal y municipal.

 

La construcción de más espacios educativos siempre será bienvenida. Lo que está en discusión no es la necesidad de escuelas, sino la tendencia de los gobiernos a convertir cada obra pública en un acto de promoción política mientras persiste reclamos ciudadanos sobre seguridad, servicios básicos y transparencia gubernamental.

 

La verdadera evaluación de este proyecto no será la firma de una minuta ni los aplausos de los funcionarios. Será saber, dentro de algunos años, cuántos jóvenes lograron concluir sus estudios gracias a esta obra y cuántas de las promesas anunciadas hoy realmente se cumplieron.

HIGINIO MARTÍNEZ, EL PODER, LAS IMPOSICIONES Y LAS INCÓMODAS COMPAÑÍAS

 

*La defensa de candidaturas heredadas y los cuestionamientos por la cercanía de aliados con personajes investigados profundizan la crisis interna de Morena rumbo a 2027

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


TEXCOCO, Estado de México, 4 de junio, de 2026.- La reciente columna del senador Higinio Martínez Miranda no sólo reavivó el debate sobre el futuro de Morena en el Edomex; también confirmó lo que desde hace años denuncian diversos actores políticos: la intención de un solo grupo de mantener el control de las candidaturas, los gobiernos municipales y la estructura de poder de la entidad.

 

Al defender la continuidad de los equipos políticos encabezados por Xóchitl Flores Jiménez en Chimalhuacán, Felipe Arvizu en Ixtapaluca y otros alcaldes afines a su corriente política denominada "Mexiquenses de Corazón", el senador dejó entrever nuevamente su visión autoritaria sobre la política: los grupos deben permanecer y las candidaturas deben quedar en manos de quienes actualmente gobiernan.

 

El mensaje resulta particularmente delicado porque Morena cuenta con estatutos que establecen que las candidaturas deben definirse mediante encuestas y mecanismos internos de participación. Sin embargo, las declaraciones de Higinio Martínez son interpretadas por numerosos liderazgos y militantes de la 4T como una presión abierta para que determinados alcaldes o sus grupos políticos designen a sus sucesores.

 

La pregunta es inevitable: ¿qué pasará con los demás liderazgos morenistas que legítimamente aspiran a competir por una candidatura? ¿Tendrán derecho a participar en igualdad de condiciones o deberán aceptar las decisiones tomadas desde Texcoco?

 

Durante años, un nutrido grupo al interior de Morena ha sostenido que el senador Higinio Martínez se ha comportado como un cacique, al tratar de construir una estructura de control regional que trasciende Texcoco y se extiende a municipios como Chimalhuacán, Ixtapaluca, La Paz, Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco y otros gobiernos identificados con su corriente política.

 

La controversia se vuelve aún más profunda cuando aparecen nombres que hoy son motivo de investigaciones judiciales.

 

Uno de los casos más delicados es el de Guillermo Fragoso Báez, identificado por las autoridades mexiquenses y federales como dirigente de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), organización que ha sido señalada en investigaciones relacionadas con redes de extorsión en diversos municipios del Estado de México.

 

De acuerdo con información pública, Fragoso Báez es buscado por las autoridades dentro de investigaciones relacionadas con delitos de extorsión agravada y homicidio. Su nombre aparece vinculado a la causa penal 88/2025 y las autoridades han señalado presuntas operaciones de cobro ilegal contra mototaxistas, taxistas, conductores del transporte público, a operadores de pipas de agua, así como por narcomenudeo y asesinatos.

 

Lo preocupante es que Guillermo Fragoso no era un personaje desconocido dentro de la política mexiquense. Fue regidor de Ecatepec durante el gobierno de Fernando Vilchis Contreras y durante años mantuvo presencia pública en eventos políticos de la región.

 

Diversas fotografías difundidas públicamente muestran a Fragoso Báez junto a actores políticos de Morena, incluyendo a Higinio Martínez y alcaldes identificados con el grupo político que el controla, así como a personajes cercanos como Azucena Cisneros alcaldesa del municipio de Ecatepec y Nazario Gutiérrez de Texcoco.

 

Si bien una fotografía no constituye una prueba de algún delito ni acredita responsabilidad alguna, sí genera cuestionamientos legítimos sobre la cercanía política que existió entre diversos actores públicos y una persona que actualmente es buscada por cometer delitos graves.

 

Las investigaciones han puesto bajo los reflectores a organizaciones como USON, 25 de Marzo, Sindicato 22 de Octubre y Piperos de Ecatepec y Estado de México, agrupaciones que durante años operaron como organizaciones sociales y sindicales, pero que en realidad son grupos criminales que actualmente son objeto de investigaciones por parte de las autoridades y lamentablemente cercanas a Morena, principalmente a los “Mexiquense de Corazón”.

 

La dimensión política del problema resulta inevitable. Los municipios donde estas estructuras tienen presencia coinciden en varios casos con territorios gobernados por alcaldes identificados con el grupo político de Higinio Martínez.

 

Entre ellos aparecen Azucena Cisneros Coss en Ecatepec, Nazario Gutiérrez Martínez en Texcoco, Felipe Arvizu en Ixtapaluca, Xóchitl Flores Jiménez en Chimalhuacán y Martha Guerrero Sánchez en La Paz, todos considerados partes del círculo político cercano al senador texcocano.

 

Y, aunque ninguna autoridad ha acreditado responsabilidad penal alguna contra estos funcionarios por el simple hecho de compartir espacios políticos o fotografías con determinadas personas. Sin embargo, el tema exige explicaciones claras y transparentes ante la ciudadanía que les brindo su confianza, porque creyeron que en realidad eran diferentes.

 

El problema para Morena es que estos episodios se suman a una creciente percepción de concentración de poder dentro de un solo grupo político. Mientras miles de militantes esperan participar en igualdad de condiciones rumbo a 2027, el discurso del senador parece orientado a garantizar la continuidad de quienes ya forman parte de su estructura.

 

La paradoja es evidente. Morena nació denunciando el caciquismo, el dedazo y la imposición de candidatos. Hoy, desde el Estado de México, algunas de las voces más influyentes dentro del partido parecen impulsar exactamente lo mismo que durante años criticaron.

 

Si las candidaturas terminan siendo definidas por grupos de poder y no por la voluntad de la militancia, Morena corre el riesgo de enfrentar una fractura interna sin precedentes.

 

Y si además persisten las dudas sobre la cercanía política con personajes señalados como presuntos criminales que hoy son investigados por las autoridades, el costo para la credibilidad del partido podría ser aún mayor.

 

LA GRAN PREGUNTA RUMBO A 2027 YA NO ES QUIÉN SERÁ CANDIDATO

 

La verdadera pregunta es si Morena seguirá siendo un movimiento democrático o terminará convertido en el patrimonio político de un solo grupo encabezado por un cacique que durante años se apoderado de Texcoco.

miércoles, 3 de junio de 2026

PIDEN AYUDA PARA LOCALIZAR A EDER ISRAEL ALEJANDRE RAMÍREZ, DESAPARECIDO EN NEZAHUALCÓYOTL

 

*Familiares piden apoyo urgente de la ciudadanía para difundir su fotografía y cualquier información que ayude a localizarlo

 


CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México, 3 de junio de 2026.– Familiares y amigos solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar al adolescente Eder Israel Alejandre Ramírez, de 14 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 2 de junio de 2026 en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

 

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el menor cuenta con las siguientes características físicas:

 

Edad: 14 años.

 

Tez: morena.

 

Cara: cuadrada.

 

Ojos: cafés, medianos y almendrados.

 

Desde el momento de su desaparición, familiares han iniciado una intensa búsqueda y piden a la población compartir su fotografía e información con la finalidad de ampliar su localización.

 

Cualquier persona que cuente con datos que permitan ubicar a Eder Israel Alejandre Ramírez puede comunicarse de inmediato con sus familiares o con las autoridades correspondientes.

 

La difusión oportuna de la información puede ser fundamental para lograr su pronto regreso a casa.

 

Se solicita a la ciudadanía compartir esta información en redes sociales y grupos vecinales.

 

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BALACERA EN CHALCO DEJA DOS MUERTOS Y REAVIVA

 DENUNCIAS POR IMPUNIDAD


*Mientras autoridades hablan de paz, vecinos acusan que la violencia, las extorsiones y la falta de resultados siguen marcando la realidad del municipio

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


CHALCO, Estado de México, 3 de junio de 2026.– La balacera registrada la tarde del pasado 28 de mayo en el barrio San Sebastián, a escasas cuadras del centro histórico de Chalco, volvió a poner bajo la lupa la grave crisis de inseguridad que enfrenta el municipio gobernado por Morena.

 

De acuerdo con reportes difundidos por vecinos y usuarios de redes sociales, los hechos ocurrieron sobre la calle Valientes, esquina Niño Artillero, detrás de la base de combis con dirección a Mixquic, donde se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego que provocaron pánico entre los habitantes y una intensa movilización de cuerpos de seguridad.

 

Los reportes preliminares señalan que el saldo fue de dos personas muertas y varios lesionados. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido información amplia sobre el caso ni han dado a conocer resultados concretos de las investigaciones.

 

Versiones difundidas entre habitantes de la zona apuntan a que el ataque podría estar relacionado con disputas entre grupos dedicados a actividades ilícitas, particularmente la venta de drogas. No obstante, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades ministeriales.

 

Lo que sí genera indignación entre vecinos es que, según denuncian, existen diversos puntos identificados por la propia comunidad donde presuntamente se desarrollan actividades relacionadas con el narcomenudeo, sin que se observen acciones contundentes para combatirlas. Habitantes consultados afirman que estos lugares operan desde hace tiempo ante la aparente indiferencia de las autoridades.

 

La violencia ocurrida en Chalco coincidió con la participación de la presidenta municipal, Abigail Sánchez Martínez, en la instalación de los Consejos de Paz y Justicia Cívica del Estado de México y sus municipios, celebrada en Toluca. El contraste entre los discursos institucionales sobre la construcción de paz y la realidad que se vive en diversas colonias del municipio provocó numerosas críticas entre la población.

 

Vecinos señalan que la inseguridad continúa siendo uno de los principales problemas de Chalco. A ello se suman denuncias recurrentes por robos, extorsiones, comercio informal y descontrolado, así como diversas actividades ilícitas que, aseguran, afectan la vida cotidiana de comerciantes, transportistas y ciudadanos.

 

Asimismo, habitantes expresan preocupación por las denuncias públicas que desde hace años vinculan al denominado "Sindicato 22 de Octubre" con presuntos cobros de derecho de piso a diversos sectores del transporte. Estas acusaciones no han derivado en acciones visibles por parte de las autoridades municipales que permitan esclarecer la situación y brindar certeza a la población.

 

La principal preocupación entre los ciudadanos es la percepción de impunidad. Tras cada episodio de violencia, señalan, las autoridades suelen desplegar operativos, acordonar las zonas de los hechos e iniciar carpetas de investigación; sin embargo, rara vez se informa sobre detenciones o sentencias relacionadas con los responsables.

 

Mientras la administración municipal participa en foros y consejos destinados a fortalecer la paz, las calles de Chalco continúan siendo escenario de hechos violentos que mantienen en alerta a la población. Para muchos habitantes, el problema ya no es únicamente la inseguridad, sino la falta de resultados tangibles que permitan recuperar la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el orden y la tranquilidad pública.

martes, 2 de junio de 2026

SECUESTRAN A PERIODISTA EN VERACRUZ Y LA IMPUNIDAD

 VUELVE A EXHIBIR EL FRACASO DEL ESTADO

 

*La desaparición de Roxana Guzmán reabre la herida de la violencia contra la prensa en un país donde los ataques a periodistas rara vez encuentran castigo

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


NANCHITAL, Veracruz, 2 de junio de 2026.- El secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, vuelve a exhibir la fragilidad de la libertad de expresión en México y la incapacidad histórica del Estado para proteger a quienes ejercen el periodismo en regiones dominadas por la violencia y el miedo.

 

La mañana de este martes, sujetos armados irrumpieron violentamente en un domicilio de Nanchital y se llevaron por la fuerza a la comunicadora. Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que tres hombres encapuchados y armados derriban la puerta e ingresan apuntando con armas de fuego a los presentes, en una escena que recuerda más a un operativo criminal que a un hecho aislado.

 

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la apertura de una carpeta de investigación por la privación ilegal de la libertad de la periodista y aseguró que realiza labores para localizarla. Sin embargo, para organizaciones defensoras de la prensa, las promesas institucionales suelen llegar después de los hechos consumados y rara vez terminan en justicia.

 

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) confirmó que Roxana Guzmán fue sustraída por la fuerza y desplegó personal especializado para acompañar a sus familiares. Mientras tanto, la incertidumbre crece en torno al paradero de la comunicadora.

 

El caso ocurre en un país donde informar sigue siendo una actividad de alto riesgo. México se mantiene desde hace años entre las naciones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos de guerra. La desaparición de periodistas, las amenazas, los atentados y los asesinatos forman parte de una realidad que los gobiernos de distintos partidos no han logrado revertir.

 

Las cifras son demoledoras. Desde el año 2000, al menos 174 periodistas han sido asesinados y 33 permanecen desaparecidos. La mayoría de los expedientes continúan sin resolverse, alimentando un círculo de impunidad que envía un mensaje devastador: en México, atacar a la prensa sigue siendo un delito con escasas consecuencias.

 

Durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al menos 12 periodistas fueron asesinados y uno más desapareció, de acuerdo con registros de organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión. Los números contradicen el discurso oficial de fortalecimiento institucional y evidencian que las agresiones contra comunicadores continúan siendo una emergencia nacional.

 

Aún más alarmante es el desempeño de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Desde su creación en 2010 y hasta septiembre de 2025, apenas logró nueve sentencias por asesinato de periodistas y cuatro por tentativa de homicidio. El contraste es brutal: en ese mismo periodo, organizaciones especializadas documentaron al menos 126 periodistas asesinados y 17 desaparecidos.

 

La desaparición de Roxana Guzmán no solo representa un ataque contra una periodista; constituye una agresión directa al derecho de la sociedad a estar informada. Cada comunicador silenciado amplía las zonas de oscuridad donde prosperan la corrupción, el crimen organizado y los abusos de poder.

 

Mientras las autoridades prometen investigaciones, una pregunta vuelve a resonar con fuerza en Veracruz y en todo México: ¿cuántos periodistas más tendrán que ser secuestrados, desaparecidos o asesinados antes de que la protección a la prensa deje de ser un discurso y se convierta en una realidad?

CAE “EL BORREGAS”; QUEDAN INTACTAS LAS REDES

 POLÍTICAS QUE LO PROTEGIERON


*La captura del presunto operador criminal exhibe vínculos históricos entre sindicatos fachada, poder municipal y funcionarios que aún no enfrentan la justicia

 



Por: EXPEDIENTE SECRETO


ECATEPEC, Estado de México, 2 de junio de 2026. La detención de Misael Rodríguez Fragoso, alias “El Borregas”, no debería ser presentada como un triunfo aislado de las autoridades. Por el contrario, pone nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda que durante años ha permanecido sin respuesta: ¿cómo fue posible que personajes vinculados a estructuras criminales crecieran, operaran y consolidaran poder político, económico y territorial sin la protección o la omisión de funcionarios municipales?

 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la captura de Misael Rodríguez Fragoso, identificado como integrante relevante de agrupaciones que operaban bajo la fachada de sindicatos y que actualmente es investigado por delitos como extorsión, secuestro, robo con violencia y despojo. Sin embargo, el caso va mucho más allá de un solo detenido.

 

Su primo, Guillermo Fragoso Báez, conocido como “El Memo” o “El Jefe”, permanece prófugo de la justicia pese a contar con una orden de aprehensión por los delitos de extorsión agravada, extorsión a mototaxistas, taxistas y piperos, radicada en la causa penal 88/2025. Lo más grave es que no se trata de un personaje desconocido para la vida pública de Ecatepec. Fue regidor durante la administración 2019-2021, en el primer gobierno del entonces alcalde morenista y hoy diputado federal Fernando Vilchis Contreras, demostrando que los presuntos vínculos entre política y estructuras criminales no surgieron de la nada.

 

La historia se vuelve todavía más preocupante cuando se recuerda que Merced Guillermo Fragoso Estévez, padre de Guillermo Fragoso Báez, fue nombrado director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal durante la misma administración. Desde esa posición estratégica se presume que operaron estructuras de poder que hoy son objeto de investigaciones judiciales.

 

La captura de “El Borregas” también revive los cuestionamientos sobre la relación que diversos actores políticos mantuvieron con estos grupos. Durante años, Guillermo Fragoso presumió cercanía con personajes del poder local. Fotografías públicas donde aparece junto a la actual alcaldesa morenista Azucena Cisneros Coss han generado cuestionamientos legítimos sobre la naturaleza de esa relación y sobre el nivel de conocimiento que existía respecto a las actividades de quienes hoy son señalados por la justicia.

 

Pero el problema no termina en Ecatepec. Las investigaciones apuntan a organizaciones como USON, 25 de Marzo y Piperos de Ecatepec y Estado de México, estructuras que durante años se presentaron como sindicatos, aunque las autoridades ahora las vinculan con actividades delictivas. Su presencia se habría extendido a municipios como Chalco, Valle de Chalco, Chicoloapan y Amecameca, además de diversas alcaldías de la Ciudad de México.

 

Particular atención merece el denominado Sindicato 22 de Octubre, relacionado con la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), organización que ha sido señalada por su influencia en la distribución y comercialización de agua mediante pipas en distintas localidades mexiquenses.

 

Hoy la estructura criminal “Sindicato 22 de Octubre”, se encuentra operando en Los Reyes La Paz con el permiso y la presunta complicidad de Tranquilino Lagos Buenabad, esposo da la alcaldesa morenista, Martha Guerrero, quien le ha dado todas las facilidades al grupo criminal para imponer un sistema de extorsión. Se trata de un negocio multimillonario que durante años ha prosperado en medio de la escasez del líquido y la incapacidad gubernamental para garantizar el suministro regular a la población.

 

Ante este escenario, resulta inevitable preguntarse por qué las autoridades federales y estatales continúan actuando únicamente sobre operadores de nivel medio mientras las estructuras políticas, financieras y de protección institucional permanecen intactas. Cada detención parece formar parte de una estrategia mediática para demostrar resultados, pero no de una verdadera ofensiva para erradicar las redes que permitieron el crecimiento de estos grupos.

 

Si realmente existe voluntad de combatir a estas organizaciones, la investigación tendría que alcanzar a quienes les abrieron las puertas de los gobiernos municipales, a quienes les otorgaron espacios de poder, a quienes les permitieron controlar territorios y a quienes, por acción u omisión, facilitaron que se convirtieran en actores dominantes en amplias regiones del Estado de México.

 

La captura de “El Borregas” podría representar el inicio de una limpieza institucional o convertirse en otro episodio de simulación gubernamental. Por ahora, los hechos parecen apuntar a lo segundo: golpes espectaculares contra algunos integrantes, mientras las estructuras políticas que los cobijaron continúan intactas y sin rendir cuentas ante la ciudadanía.

lunes, 1 de junio de 2026

CANJEAN ARMAS, PERO NO DETIENEN LA IMPUNIDAD EN ECATEPEC

 

*Ausencia de Azucena Cisneros, ciudadanos obligados a esperar horas y cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad empañan el arranque del programa estatal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


ECATEPEC, Estado de México, 1 de junio de 2026.- Mientras las autoridades estatales presumían el arranque del Programa de Canje de Armas 2026 en Ecatepec como una estrategia para promover la paz y reducir la violencia, la realidad que enfrentan diariamente miles de habitantes del municipio terminó por exhibir el enorme contraste entre el discurso oficial y la crisis de inseguridad que continúa golpeando a una de las localidades más violentas del Estado de México.

 

El módulo de recepción fue instalado frente al Palacio Municipal para recibir de manera voluntaria y anónima armas de fuego, municiones y otros artefactos a cambio de una compensación económica. Además, se habilitó un programa de intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos con el propósito de fomentar una cultura de paz entre niñas, niños y adolescentes.

 

Sin embargo, para muchos ciudadanos presentes en el evento, la ceremonia estuvo marcada por la ausencia de resultados concretos en materia de seguridad y por la falta de atención de las autoridades municipales.

 

De acuerdo con datos oficiales, durante 2025 fueron entregadas en Ecatepec 31 armas de fuego y 868 cartuchos útiles, por los cuales se otorgaron más de 202 mil pesos en compensaciones económicas. No obstante, diversos vecinos cuestionaron la efectividad de estas cifras frente a la magnitud de la violencia que enfrenta el municipio.

 

"Treinta y una armas retiradas en un año representan poco frente a una realidad donde continúan registrándose homicidios, extorsiones, robos y operaciones criminales en distintas colonias", señalaron algunos asistentes.

 

En representación del gobierno municipal acudió el comisario de Seguridad Pública, Capitán de Marina Luis Alberto Taylor González. Sin embargo, entre elementos de la corporación y ciudadanos persisten críticas sobre el desempeño de la estrategia de seguridad implementada en la localidad, la cual no ha logrado revertir la percepción de inseguridad que prevalece en amplias zonas del municipio.

 

Durante el acto protocolario, Juan Carlos Sánchez, subdirector de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, destacó que Ecatepec se ubicó entre los cinco municipios con mayor participación en el programa de canje de armas durante el año pasado, junto con Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Toluca.

 

Las autoridades también aseguraron que en diferentes jornadas han sido entregadas armas de uso exclusivo del Ejército, armamento de alto calibre e incluso explosivos que posteriormente fueron destruidos bajo protocolos especiales. Sin embargo, durante el evento no se presentaron evidencias documentales o estadísticas detalladas que permitieran dimensionar el impacto real de estas acciones sobre los índices delictivos.

 

LA SITUACIÓN SE TENSÓ AÚN MÁS DEBIDO A LA AUSENCIA DE LA ALCALDESA MORENISTA AZUCENA CISNEROS COSS

 

Padres de familia, estudiantes y docentes manifestaron su molestia luego de permanecer durante varias horas en la explanada municipal bajo la expectativa de que la presidenta municipal encabezaría el evento. Según los inconformes, fueron citados desde las 9 de la mañana y permanecieron en el lugar hasta aproximadamente las 2 de la tarde sin recibir explicación alguna sobre la inasistencia de la edil.

 

"Nos hicieron venir para llenar el evento y ni siquiera tuvo la atención de presentarse", reclamaron algunos asistentes.

 

Otros cuestionaron que decenas de estudiantes fueran movilizados para un acto oficial sin que se les proporcionaran condiciones mínimas de atención, como agua o espacios adecuados para resguardarse.

 

PERO LAS CRÍTICAS MÁS SEVERAS SE CENTRARON EN EL FONDO DEL PROBLEMA

 

Especialistas en seguridad consultados por diversos medios han sostenido que programas como el canje de armas tienen efectos limitados si no se acompañan de investigaciones profundas sobre las estructuras criminales, las redes de corrupción institucional y la posible colusión entre autoridades y grupos delictivos.

 

En ese contexto, nuevamente resurgen los cuestionamientos políticos que durante años han acompañado a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

 

Uno de los señalamientos más recurrentes ha sido su relación política con Alejandro Gilmaré Mendoza, alias "El Choko", identificado por autoridades como líder de "La Chokiza", grupo que ha sido vinculado con actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidios, invasiones de vivienda y despojos de propiedades.

 

Las declaraciones realizadas en el pasado por la propia Cisneros Coss, cuando calificó públicamente a "El Choko" como un "luchador social" y un "gran ser humano", continúan presentes en la sociedad que cuestionan su criterio político y exigen explicaciones sobre dichas expresiones.

 

Las dudas crecieron tras recientes episodios relacionados con la presencia de integrantes de grupos criminales al interior de un hotel y operando en el municipio sin que existieran acciones contundentes por parte de la autoridad local.

 

Ante este escenario, ciudadanos y diversos sectores sociales han solicitado a las autoridades federales reforzar las investigaciones sobre posibles redes de protección institucional y ampliar las acciones de inteligencia contra organizaciones criminales que operan en Ecatepec.

 

Porque para miles de habitantes de la localidad, el problema de fondo no radica únicamente en las armas que algunos ciudadanos entregan voluntariamente, sino en la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales que continúan disputándose territorios, extorsionando comerciantes y sembrando miedo en una población que, una vez más, observa cómo los eventos oficiales generan más propaganda que respuestas.

sábado, 30 de mayo de 2026

CHOFER DE CAMIÓN RECOLECTOR DE FIERRO VIEJO MATA A VECINO EN CHIMALHUACÁN

 

*Familiares de Agustín Ramírez Rojas denuncian que el presunto responsable escapó tras la agresión y acusan que la Fiscalía de Chimalhuacán mantiene retenido el cuerpo, impidiendo darle sepultura mientras exigen justicia

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


CHIMALHUACÁN, Estado de México, 30 de mayo de 2026.- La tragedia y la indignación se han apoderado de una familia de escasos recursos en Chimalhuacán, luego de que Agustín Ramírez Rojas perdiera la vida presuntamente a manos del conductor de una camióneta que compra fierro viejo y tambores de cama, quien tras los hechos logró escapar sin ser detenido.

 

De acuerdo con testimonios de vecinos y familiares, los acontecimientos ocurrieron el pasado miércoles 26 de mayo sobre las calles Melchor Ocampo y Arenal, en la colonia Cerro de las Palomas. Ahí, el operador del camión recolector de fierrp viejo que cotidianamente pasa por la zona atropello a la víctima y luego de sostener una discusión el conductor lo sometió a golpes.

 

Según la versión de los denunciantes, el conductor descendió del vehículo visiblemente alterado y comenzó a golpear a la víctima. Instantes después, Ramírez Rojas se desplomó y perdió la vida. Aunque al lugar acudieron cuerpos de emergencia del Ayuntamiento de Chimalhuacán, encabezado por la alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez, el presunto responsable logró darse a la fuga.

 

A varios días de los hechos, familiares del fallecido aseguran que no sólo enfrentan el dolor de la pérdida, sino también una serie de obstáculos institucionales que consideran injustificados. Denuncian que el cuerpo de Agustín Ramírez Rojas permanece retenido y que el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Chimalhuacán, lejos de iniciar la investigacion para detener al responsable se ha negado a entregarlo para que puedan realizar los servicios funerarios correspondientes.

 

La situación ha generado fuertes cuestionamientos sobre la actuación tanto de las autoridades municipales como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Los familiares sostienen que existe una aparente protección hacia el trabajador involucrado y exigen que se esclarezcan los hechos, se identifique plenamente al responsable y se ejerza acción penal en su contra.

 

El caso también ha despertado críticas entre habitantes de la zona, quienes consideran inaceptable que el responsable esta señalado por provocar la muerte de un ciudadano pueda evadir la justicia mientras una familia de condición económica precaria enfrenta sola los costos emocionales y legales derivados de la tragedia.

 

Mientras el presunto responsable permanece prófugo y el cuerpo de la víctima continúa sin ser entregado a sus familiares, crece la exigencia de justicia en un municipio donde, aseguran los vecinos, la impunidad parece pesar más que los derechos de quienes menos tienen.

 

La familia de Agustín Ramírez Rojas demanda que las autoridades estatales intervengan para garantizar una investigación transparente, evitar cualquier posible acto de encubrimiento y permitir que el fallecido reciba finalmente sepultura conforme a las tradiciones y deseos de sus seres queridos.