¿AMARILLISMO? NO: EL VERDADERO ESCÁNDALO ES QUERER
SILENCIAR LAS CRÍTICAS EN LA PAZ
*Mientras La Paz se desangra entre ejecuciones, extorsiones y
señalamientos sobre su policía, el gobierno de Martha Guerrero prefiere llamar
“amarillistas” a quienes exhiben la crisis, antes que responder con resultados,
transparencia y cuentas claras
Por: EXPEDIENTE SECRETO
La página Nuestra Transformación publicó el pasado 12 de
agosto un largo alegato contra diversas plataformas informativas a las que
calificó de “amarillistas”, entre ellas Comunicadores en Pie de Lucha, Maroma
La Paz, Circo Maroma y Teatro, Palomita Buena Onda, Denuncia Informativa Los
Reyes La Paz, Observatorio Ciudadano, La Mediocridad de La Paz, Denuncia
Informativa La Paz y Escena Delictiva-MP.
El problema es que el discurso de “no amarillismo” parece
reducirse a una cosa: que nadie cuestione al gobierno municipal.
Porque si esas páginas exageran, como sostiene Nuestra
Transformación, la pregunta elemental es: ¿por qué la administración de Martha
Guerrero no responde con datos, expedientes, estadísticas, investigaciones y resultados
que desmonten esas acusaciones?
Descalificar a los críticos es infinitamente más sencillo que
explicar por qué la violencia continúa golpeando a la población.
EL VIEJO RECURSO: SI NO PUEDES RESPONDER, DESCALIFICA
El comunicado habla de “desinformación”, de publicaciones sin
metodología, de uso deficiente de inteligencia artificial y de supuestas
afinidades políticas.
Pero evade lo esencial. ¿Son falsos los asesinatos? ¿Son
falsas las ejecuciones? ¿Es falso que comerciantes y habitantes han denunciado cobros
de derecho de piso? ¿Son falsas las críticas al desempeño de la policía
municipal? ¿Es falso que existen señalamientos públicos sobre funcionarios y
mandos policiales? ¿Son falsas las preguntas sobre las presuntas relaciones
políticas y personales de integrantes de la delincuencia organizada con el
gobierno municipal? Si lo son, que presenten las pruebas.
Porque llamar “amarillista” a quien denuncia una realidad
incómoda no convierte esa realidad en mentira.
Y aquí aparece una contradicción monumental: Nuestra
Transformación reconoce que el municipio está “secuestrado por la inseguridad”,
pero en lugar de explicar por qué la estrategia de seguridad municipal ha
fallado, dedica buena parte de su publicación a atacar a quienes hablan de ella.
Eso no es una estrategia de seguridad. Es una estrategia de
comunicación.
“EL GALLO”: DEMASIADAS PREGUNTAS Y NINGUNA RESPUESTA
Uno de los asuntos que han colocado bajo la lupa distintos
espacios informativos es la llegada de Isaías Ramírez Leal, con indicativo “El Gallo”,
como director operativo de la policía municipal.
Desde antes de su llegada se habían difundido señalamientos
sobre su paso por corporaciones de municipios del sur del Estado de México y
presuntos vínculos con integrantes de La Familia Michoacana.
Aquí debe quedar claro: se trata de señalamientos que
requieren acreditación y, en su caso, investigación de las autoridades
competentes; no de una condena judicial. Pero precisamente por eso la pregunta
sigue vigente:
¿Qué hizo el gobierno municipal para investigar y despejar
públicamente esas dudas antes de colocar a este mando en una posición
estratégica de seguridad?
Porque cuando existen cuestionamientos de esa naturaleza, la
respuesta de un gobierno serio no debería ser acusar de “amarillismo” a los
medios. Debería ser transparencia.
UN COMISARIO CUESTIONADO Y UNA TROPA PRECARIZADA
También se han difundido señalamientos sobre el desempeño del
comisario municipal de Seguridad Pública, Eduardo Fouilloux Bataller, un
anciano de casi 70 años de edad, a quien trabajadores de la corporación —según
las versiones recogidas— describen como una figura prácticamente decorativa y
afirman que se pasa buena parte de la jornada en su oficina durmiendo. Si esas
acusaciones son falsas, que el gobierno las desmienta. Pero si son ciertas, el
problema es todavía más grave.
A ello se suma otro dato que ha sido señalado públicamente:
policías municipales con salarios cercanos a 8 mil pesos mensuales. En un
territorio donde se denuncia la presencia de células criminales y el cobro de
piso, tener policías mal pagados, desmotivados y expuestos a organizaciones
delictivas constituye una vulnerabilidad enorme.
Se han señalado incluso acercamientos entre algunos elementos
policiacos y grupos criminales a cambio de dinero. Es una acusación delicada
que debe investigarse.
Pero nuevamente: ¿qué está haciendo el gobierno municipal para
impedirlo?
Y LUEGO ESTÁ EL ELEFANTE EN LA HABITACIÓN: HÉCTOR BECERRIL
Hay otro asunto que Nuestra Transformación convenientemente no
explica.
La población ha solicitado públicamente a Tranquilino Lagos
Buenabad esposo de la alcaldesa Martha Guerrero, que se deslinde de manera
clara y contundente de cualquier relación con Héctor Becerril, identificado
públicamente como dirigente del grupo delictivo “Sindicato 22 de Octubre”,
actualmente denominado “Federación Unida 22 de Octubre”.
La respuesta, hasta ahora, ha sido el silencio, según los
cuestionamientos planteados. Y ese silencio alimenta las preguntas.
No porque el silencio constituya una prueba de complicidad —no
la constituye—, sino porque un gobierno que presume transparencia debería ser
el primero interesado en despejar cualquier sospecha sobre sus relaciones
políticas, personales o institucionales.
Más aún cuando existen señalamientos públicos y referencias de
autoridades investigadoras respecto de actividades de ese grupo relacionadas
con extorsión, cobro de piso y control de pozos de agua.
Si existen investigaciones oficiales, que se conozcan. Si no
existe ninguna relación, que se diga. Y si los señalamientos son falsos, que se
compruebe que son falsos.
Lo que no resulta aceptable es pretender resolver las
preguntas insultando a quienes las formulan.
LA PÁGINA HABLA DE UNIDAD; LA REALIDAD EXIGE RENDICIÓN DE
CUENTAS
Nuestra Transformación termina apelando a la “unidad de la
población y gobierno”, a la responsabilidad y a la información verificable. Perfecto.
Entonces que empiece el gobierno municipal. Que publique los
resultados reales de su estrategia de seguridad. Que explique los homicidios y
ejecuciones que han ocurrido durante su administración.
Que informe qué investigaciones existen sobre las denuncias de
extorsión y derecho de piso. Que explique qué mecanismos de control interno
existen sobre sus policías. Que aclare los antecedentes y procesos de selección
de sus mandos.
Que transparente cualquier relación institucional del gobierno
con organizaciones sindicales o sociales señaladas públicamente por
autoridades. Que responda sobre el desempeño del comisario.
Que explique qué está haciendo para evitar la infiltración
criminal en la corporación policiaca. Y, sobre todo, que deje de confundir
crítica con desestabilización.
Porque una democracia no se desestabiliza porque existan
periodistas incómodos. Se desestabiliza cuando un gobierno pierde la capacidad de
garantizar seguridad, justicia y servicios públicos y, en lugar de corregir sus
errores, decide buscar culpables entre quienes los exhiben.
EL VERDADERO AMARILLISMO SERÍA MAQUILLAR LA TRAGEDIA
El gobierno municipal no puede exigir silencio mientras los ciudadanos
tienen miedo. No puede pedir “unidad” mientras evade preguntas. No puede hablar
de “información verificable” mientras no coloca sobre la mesa la información
que permitiría verificar o desmentir los señalamientos.
Y mucho menos puede pretender que una página de Facebook
sustituya la obligación institucional de rendir cuentas. Porque si hay algo que
realmente debería preocupar a Los Reyes La Paz no son las páginas que critican.
Es que el gobierno tenga que recurrir a una página afín para
defenderse de ellas. El problema de La Paz no es que existan demasiadas voces
denunciando la inseguridad. El problema es que existen demasiados hechos que
obligan a denunciarlos.
Y mientras los ciudadanos viven con miedo, los comerciantes
enfrentan presuntas amenazas y la violencia sigue ocupando las calles, desde el
entorno político de la alcaldesa Martha Guerrero parece haber una prioridad
distinta: descubrir quién está hablando.
Eso sí tiene un nombre. No es combate a la inseguridad. Es
control del relato.
Y cuando un gobierno dedica más energía a desacreditar al
mensajero que a resolver el mensaje, la pregunta inevitable deja de ser quién
hace “amarillismo”.
La pregunta verdaderamente incómoda es: ¿Qué es exactamente lo
que no quieren que la población siga preguntando?
