EXIGEN FRENAR LA IMPUNIDAD: TEMEN LIBERACIÓN DE EXCOMANDANTE

 QUE  ASESINÓ A MADRE E HIJO EN LA GAM

 

*Admiten amparo a excomandante acusado del doble homicidio y reavivan el temor de impunidad en la CDMX

 

Por: Rodolfo R. Martín P. y Carlos R.

 

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de febrero de 2026.— A más de un año del brutal asesinato de Verónica “N” y su hijo Gael “N”, así como de Gabriela “N”, ocurrido el 17 de noviembre de 2024 en la colonia San Felipe de Jesús, Manuel Hernández, esposo y padre de Verónica y Gael, alzó nuevamente la voz para exigir a las autoridades que no permitan la liberación del responsable del crimen que destrozó a su familia.

 

De acuerdo con la carpeta de investigación FIGAM/UAT-GAM-4UI-1 S/D/02873/112024, judicializada como la causa 012/3159/2024, los hechos se registraron durante una reunión familiar en el domicilio de Hernández, cuando Martín Inocencio Ibarra Pérez, entonces comandante de la policía municipal de Tlalnepantla, Estado de México, arribó al lugar acompañado de otros sujetos y comenzó a agredir verbalmente a los asistentes.

 

Tras una primera riña y una aparente calma momentánea, el exmando policial lanzó amenazas directas: advirtió que regresaría armado. Minutos después cumplió su palabra. Ibarra Pérez volvió al domicilio, irrumpió de manera violenta y abrió fuego contra la familia. Manuel Hernández intentó proteger a su esposa y a su hijo, pero lamentablemente las tres personas fueron alcanzadas por las balas y murieron en el lugar, en un ataque que exhibe el uso criminal del poder policial.

 

Aunque Martín Inocencio Ibarra Pérez y Ernesto García de Jesús permanecen actualmente detenidos, los familiares de las víctimas denunciaron que la jueza Ruby Celia Castellanos Barradas admitió a trámite un amparo promovido por la defensa, bajo el argumento de presuntas violaciones a sus derechos humanos, lo que encendió las alarmas sobre una posible liberación de los acusados.

 

“La justicia no puede convertirse en una burla”, advirtieron los deudos, quienes señalaron que permitir la salida de prisión del excomandante representaría un agravio irreparable no sólo para la familia Hernández, sino para toda la sociedad, al enviar el mensaje de que un policía puede matar y quedar impune, a pesar de que existen múltiples señalamientos y evidencias que demuestran su culpabilidad.

 

El caso también está marcado por retrasos y omisiones graves. A pesar de la gravedad del crimen, el excomandante fue detenido hasta el 21 de junio de 2025, cuando se dirigía a su domicilio en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, y ello sólo ocurrió después de que los familiares ejercieran presión directa sobre la Fiscalía de la Ciudad de México.

 

Los familiares acusaron además al agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero, Atanahel Huecas Solís, de ocultar información y obstaculizar el acceso a la justicia, revictimizando a quienes perdieron a sus seres queridos a manos de un mando policial.

 

Ante este panorama, exigieron la intervención directa de la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, para impedir que el presunto asesino recupere su libertad gracias a la corrupción y a las redes de protección que, aseguran, siguen enquistadas en el sistema de procuración de justicia de la capital.

 

“La vida de dos mujeres y de un niño no puede valer menos que los privilegios de un excomandante”, sentenciaron.

MILLONES SIN RESULTADOS: EL COMISARIO INTOCABLE DE METEPEC

 Y LA VIOLENCIA QUE NO CEDE

 

*Diez años, millones de pesos y cero resultados: la seguridad de Metepec atrapada entre la violencia y la protección política

 

METEPEC, Estado de México, 2 de febrero de 2026.— Mientras Metepec enfrenta una de las etapas más violentas de su historia reciente, el director de Seguridad Pública municipal, Jesús Ramírez Manzur, acumula más de 9.2 millones de pesos en percepciones salariales a lo largo de la última década, sin que existan resultados verificables que justifiquen su permanencia ni el costo de su gestión.

 

De acuerdo con cifras oficiales de Transparencia, Ramírez Manzur —en el cargo desde septiembre de 2015— recibió tan solo en 2024 un total de 922 mil 511 pesos, suma que incluye sueldo neto, aguinaldo y prima vacacional. Sus ingresos acumulados alcanzaron 7 millones 380 mil pesos en ocho años, cifra que se incrementó con el salario de 2025 y la parte proporcional de enero de 2026, hasta rebasar los 9.2 millones de pesos.

 

El monto no solo resulta elevado: no cuadra con el tabulador municipal. Mientras los salarios oficiales para cargos directivos oscilan entre 64 mil y 78 mil pesos mensuales, los registros de Transparencia muestran que el comisario ha percibido ingresos superiores incluso a los del propio alcalde, evidenciando inconsistencias administrativas graves y una opacidad que nadie ha explicado.

 

VIOLENCIA CONSTANTE, RESULTADOS NULOS

 

El gasto millonario no se tradujo en seguridad. Durante la gestión de Ramírez Manzur, los delitos no han disminuido de manera sostenida. Las cifras de homicidio muestran picos recurrentes entre 2015 y 2025, y el robo a transeúnte, uno de los delitos que más afectan a la población, se ha mantenido entre 300 y 400 casos anuales, sin una tendencia clara a la baja.

 

Los registros municipales tampoco reflejan mejoras en lesiones con arma, robo a casa habitación, robo de vehículos o robo a negocio. En varios rubros, la incidencia actual es similar a la de hace diez años, lo que confirma un estancamiento prolongado en la política de seguridad.

 

Desde 2024, Metepec vive una ola sostenida de ataques armados, ejecuciones y agresiones directas, que exhiben la pérdida de control territorial. Entre los hechos más graves destacan:

 

La ejecución de un hombre en Infonavit San Francisco, asesinado mientras cambiaba la llanta de su vehículo; los agresores escaparon en motocicleta.

 

Un ataque armado en la calle Galeana, en plena cabecera municipal, que dejó un herido y ninguna detención.

 

Nueve balaceras documentadas en un solo año, ocurridas en zonas comerciales y habitacionales.

 

El asesinato del exfiscal regional de Nezahualcóyotl, Elohim Díaz Jiménez, y de un empresario, dentro de un restaurante.

 

Homicidios ligados al despojo de inmuebles, un delito donde confluyen células criminales, intereses económicos y omisiones institucionales.

Solo en 2025 se registraron 11 asesinatos, al menos cuatro vinculados a disputas de predios o grupos criminales.

 

EL COMISARIO QUE NADIE TOCA

 

Pese a este panorama, Ramírez Manzur ha sobrevivido tres administraciones municipales —dos priistas y una panista— sin evaluaciones públicas, sin auditorías visibles y sin rendición de cuentas. Su permanencia está asociada a su cercanía con José Manzur Quiroga, exsecretario general de Gobierno del Estado de México y figura histórica del priismo regional.

 

En una entidad donde suele abrirse investigación inmediata a mandos policiacos por posibles vínculos con el crimen organizado, el caso de Metepec resulta atípico: el comisario jamás ha sido investigado, a pesar del deterioro de la seguridad, la duración inusual de su encargo y sus conexiones políticas.

 

Durante una década, la estrategia de Ramírez Manzur se ha limitado a presencia policial reactiva, sin fortalecer la prevención social, la inteligencia criminal ni una reducción sostenida de los delitos. Hoy, tras millones de pesos invertidos en la jefatura de seguridad, Metepec no solo es más inseguro: es un ejemplo de cómo la impunidad administrativa y la protección política pueden perpetuar el fracaso.

 

La pregunta ya no es cuánto ha costado su gestión, sino por qué nadie la investiga.

ADÁN AUGUSTO CAE EN EL SENADO: EL VENDAVAL DE LA

 BARREDORA LO ARRASTRA FUERA DE MORENA

 

*La sombra de La Barredora rompe a Morena y sepulta el liderazgo de Adán Augusto en el Senado

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de febrero de 2028.– De manera repentina, sin discurso de despedida y en medio de un silencio que dice más que cualquier comunicado, Adán Augusto López Hernández dejó la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado y, con ello, la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Su salida ocurre tras meses de desgaste político y bajo la sombra de un escándalo que nunca logró sacudirse: sus nexos con Hernán Bermúdez, el temido “Comandante H”, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora.

 

Fueron ocho meses de resistencia. Ocho meses en los que el tabasqueño soportó críticas, señalamientos públicos, revisiones de propiedades, cuentas y vínculos, mientras repetía que no renunciaría y que se mantendría al frente de la bancada oficialista. Hoy, ese discurso quedó pulverizado.

 

Desde septiembre del año pasado comenzaron a ventilarse las relaciones entre Adán Augusto y Hernán Bermúdez, a quien él mismo nombró secretario de Seguridad al inicio de su gobierno en Tabasco. Bermúdez fue posteriormente acusado, detenido y señalado en expedientes de la Secretaría de la Defensa Nacional como líder de La Barredora, una organización criminal dedicada a la extorsión, el contrabando de drogas y migrantes, el control del huachicol y asesinatos en distintas regiones del estado.

 

Las exigencias de que Adán Augusto dejara el cargo y fuera investigado no solo vinieron de la oposición, sino desde el interior de Morena. El escándalo fracturó a la bancada guinda, donde un grupo de senadores comenzó a cuestionar abiertamente su liderazgo. Aun así, el exsecretario de Gobernación se aferró al cargo, incluso cuando ya no era interlocutor válido con los grupos parlamentarios opositores.

 

A la presión interna se sumaron versiones periodísticas que lo colocan como uno de los políticos mexicanos bajo investigación por autoridades de Estados Unidos, un señalamiento que, aunque no confirmado oficialmente, terminó de minar su posición política.

 

La caída de Adán Augusto se da, además, en un momento clave: en plena negociación de la reforma electoral que será enviada al Senado en la segunda semana de febrero, una de las iniciativas prioritarias para la presidenta Claudia Sheinbaum. Su salida deja a Morena sin uno de sus operadores políticos más experimentados justo cuando más lo necesitaba.

 

Queda la pregunta que recorre los pasillos del Senado y los corrillos políticos: ¿Adán Augusto renunció por voluntad propia o fue empujado fuera del cargo para evitar un mayor costo político al gobierno y a Morena?

 

Por ahora, lo único claro es que el vendaval de La Barredora terminó por alcanzarlo, y el político que alguna vez fue llamado “hermano” del expresidente Andrés Manuel López Obrador salió por la puerta trasera del Senado, cargando un silencio que huele más a caída que a decisión propia.

EXIGEN JUSTICIA POR VANESA: PROTESTAN EN CHIMALHUACÁN POR EL ASESINATO DE UNA ODONTÓLOGA MIENTRAS LA ALCALDESA GUARDA SILENCIO

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

*La mataron trabajando y el gobierno calla: Chimalhuacán suma otro feminicidio en total impunidad

 

CHIMALHUACÁN, Estado de México, 1 de febrero de 2026.– La indignación volvió a desbordarse en Chimalhuacán. Familiares, amigos y conocidos de Vanesa Maricruz Trejo Ramos, odontóloga de 30 años de edad, se concentraron este domingo alrededor de las 8 de la mañana en el kiosco de San Agustín para exigir justicia por su asesinato, ocurrido el pasado 26 de enero, en lo que denuncian como un presunto feminicidio.

 

Con pancartas, consignas y el reclamo que se repite una y otra vez en el Estado de México, los familiares denunciaron públicamente que a Vanesa le arrebataron la vida mientras trabajaba en su consultorio, sin que hasta ahora exista claridad sobre el caso ni responsables detenidos.

 

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, Vanesa salió ese lunes a trabajar a un consultorio ubicado sobre avenida del Peñón, frente a la estación del Mexibús Las Flores, pero nunca regresó a casa. Fue atacada, presuntamente, dentro de su propio espacio de trabajo.

 

Su prima, Alma Trejo, relató los hechos en una publicación que se viralizó rápidamente y que desmonta cualquier intento de criminalizar a la víctima:

 

“Ella no estaba de fiesta, ni borracha. Ella no estaba vestida provocativamente. Ella no iba de noche sola. Ella estaba en su consultorio, trabajando, esperando su comida. ¿Cuál fue su error? ¿Ser mujer? ¡Exigimos justicia! ¡Exigimos llegar al culpable!”

 

El mensaje es claro y demoledor: Vanesa fue asesinada por el simple hecho de ser mujer, en uno de los municipios más violentos y abandonados por las autoridades del Estado de México.

 

Lo más indignante, señalan los manifestantes, es el silencio absoluto del gobierno municipal. Chimalhuacán está gobernado por Xóchitl Flores Jiménez, una alcaldesa emanada de Morena, de quien la sociedad esperaba una postura firme, pública y contundente. Sin embargo, no ha levantado la voz, no ha exigido al Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, resultados, pero, adema, no se ha dignado en acompañar a la familia de la víctima.

 

La omisión resulta escandalosa. Para los familiares, el silencio de la alcaldesa no solo es complicidad pasiva, sino una confirmación de que la delincuencia se ha adueñado del municipio sin resistencia desde el poder local.

 

Este caso también deja en entredicho el discurso oficial del gobierno federal. Para muchos, el lema de la presidenta Claudia Sheinbaum, “llegamos todas”, se estrella contra la realidad de municipios como Chimalhuacán, donde las mujeres siguen siendo asesinadas mientras las autoridades callan.

 

Vanesa Maricruz Trejo Ramos no murió en una riña, no murió en la calle de madrugada, no murió por “andar mal”. La mataron trabajando. Y mientras no haya justicia, su nombre se suma a la larga lista de mujeres asesinadas en el Estado de México, un territorio donde la impunidad sigue mandando.

CATEM: LA MAFIA SINDICAL QUE EXTORSIONA AL PAÍS CON EL SELLO DE LA 4T

 

*Cobros ilegales, amenazas, vínculos criminales y protección política: el imperio de Pedro Haces vuelve a estallar, ahora en Tampico

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de enero de 2026.- La CATEM ya no es solo un sindicato. Es un aparato de extorsión con estructura nacional, disfrazado de representación laboral y blindado por su cercanía con el poder político. A un mes de que empresarios denunciaran ante autoridades federales un patrón sistemático de chantaje, falsificación de firmas y amenazas de huelga, el escándalo vuelve a estallar, ahora en Tampico, Tamaulipas.

 

Empresarios de la Canaco Tampico acusan a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México de exigir pagos de hasta 25 mil pesos para permitir la descarga de mercancías en el puerto. Un derecho convertido en botín. La denuncia, ya en manos de la Secretaría de Gobernación, señala directamente a Juan Manuel Quezada Rodríguez, directivo de la CATEM, como operador de los cobros ilegales, bajo la dirigencia estatal de Hugo Torteya Chimeli.

 

Pero Tampico no es la excepción: es la confirmación. En diciembre pasado fue detenido en Durango Edgar Rodríguez Ortiz, alias, “El Limones”, identificado como secretario de organización de la CATEM en el estado y señalado por empresarios como extorsionador serial de transportistas y constructores. Su nombre no es menor: organizaciones de La Laguna lo ubican como operador financiero de los Cabrera Sarabia, grupo criminal ligado al entorno de El Mayo Zambada.

 

 

A pesar de ello, el líder nacional de la CATEM y diputado de Morena, Pedro Haces Barba, negó cualquier vínculo. Pero las pruebas lo desmienten. Fotografías eliminadas de las redes del sindicato —y rescatadas por usuarios— muestran a Haces posando sonriente junto a Él Limones, ambos con la camiseta de la CATEM. Para los transportistas, la relación era “un secreto a voces”. Para el poder, un silencio conveniente.

 

En agosto del año pasado, 19 cámaras empresariales de Coahuila y Durango rompieron el miedo y calificaron a la CATEM como lo que es: un “sindicato criminal”. Denunciaron cobros ilegales por transportar ganado, mover materiales de construcción, usar módulos de riego e incluso por cada hectárea sembrada. Un impuesto mafioso impuesto a punta de amenazas.

 

La violencia verbal y el terror quedaron expuestos en audios difundidos públicamente, donde Nassael Armando Cobián Duarte, secretario general de la CATEM en Durango, amenaza con lenguaje brutal a sindicatos de transportistas para forzarlos a afiliarse y pagar cuotas. No era negociación: era sometimiento.

 

Las denuncias se multiplicaron en al menos seis estados —Oaxaca, Veracruz, Querétaro, Estado de México y Puebla, entre otros— donde se habló de desapariciones, privaciones de la libertad, cobros indebidos y alianzas con el crimen organizado. En Altamira y Ciudad Madero, desde mediados de 2025, trabajadores de carga y descarga fueron obligados a firmar su afiliación bajo presión directa.

 

Con más de mil sindicatos bajo su control y alrededor de siete millones de afiliados, Pedro Haces se ha convertido en un factor de poder incómodo dentro de Morena. No es bien visto en Palacio Nacional, no por sus métodos, sino por sus excesos, sus lujos y sus vínculos. Sus relaciones con abogados cercanos a El Mayo Zambada provocaron alarma, y su figura es vista como un muro entre la Presidencia y el sector empresarial.

 

Cuando los escándalos estallaron a nivel nacional, Omar García Harfuch recibió la orden de investigar a la CATEM. El diagnóstico fue lapidario: lo ocurrido en La Laguna no era una anomalía, sino un modus operandi nacional. Desde Palacio se ordenó contener el poder extorsionador del sindicato. Contener, no desmantelar.

 

Hoy, el escándalo revienta en Tampico y deja al descubierto una verdad incómoda: la extorsión también se institucionaliza, cuando el poder mira hacia otro lado. Mientras tanto, en la nómina política de la Cuarta Transformación sigue creciendo la lista de personajes que contradicen, con hechos, el discurso oficial de honestidad y justicia.

MORENA Y SUS ALIADOS: UNA ALIANZA SOSTENIDA POR EL MIEDO,

 EL DINERO Y EL SILENCIO

 

*Entre pactos de impunidad, dinero y presuntos vínculos criminales, Morena sostiene a aliados que ya dejaron de ser comparsas para convertirse en factores de riesgo rumbo a 2027

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 31 de enero de 2026.— Morena logró lo que en política suele comprarse caro: retener, por ahora, a sus aliados incómodos, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mediante una “declaración de continuidad” rumbo a 2027 que huele a todo, menos a convicción ideológica y más a pacto de supervivencia.

 

El anuncio se hizo en conferencia de prensa sin preguntas, un detalle menor solo para los ingenuos. Luisa María Alcalde (Morena), Alberto Anaya —propietario de facto del PT— y Karen Castrejón (PVEM) sellaron una alianza que presume éxito electoral, pero que evita explicar su costo político, ético y social.

 

LA REFORMA QUE LOS OBLIGARÍA A SUICIDARSE POLÍTICAMENTE

 

La tensión es evidente: Morena exige a sus aliados respaldar una reforma electoral que elimina legisladores plurinominales y reduce el financiamiento público. Traducido sin eufemismos: les pide firmar su acta de defunción. Si el PT y PVEM aceptan, desaparecen; si no, se convierten en estorbo.

 

Por eso permanecen. No por principios, sino, por intereses millonarios. Ambos partidos han hecho del cobijo de Morena un negocio redondo: cargos, presupuestos, municipios, impunidad. Morena es el vehículo; ellos, los pasajeros que cobran peaje.

 

EL EDOMEX: EL LABORATORIO DEL PRAGMATISMO SIN ESCRÚPULOS

 

En 2023, la coalición Juntos Hacemos Historia llevó a Delfina Gómez a la gubernatura con 3 millones 268 mil votos (52.65%), apenas 8.31 puntos arriba de la oposición. No fue un arrasador mandato popular, sino una victoria quirúrgica que hoy se traduce en poder territorial: 89 de 125 municipios están bajo control de la alianza (Morena 60, PVEM 19, PT 10).

 

El crecimiento del Partido Verde es el dato más inquietante. Bajo el liderazgo de José Alberto “Pepe” Couttolenc, el PVEM dejó de ser satélite y se convirtió en actor central, acumulando gobiernos municipales y estructura política, no exenta de señalamientos graves.

 

EL ELEFANTE EN LA SALA: CRIMEN ORGANIZADO Y PODER MUNICIPAL

 

El caso de Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, sexto regidor de Chalco emanado del PVEM y actualmente detenido en el Penal Neza-Bordo, es imposible de ignorar. De acuerdo con investigaciones, se le señala como operador financiero de una red de extorsión que afecta a transportistas, comerciantes, empresas, además, se le agrega el lucrativo negocio del agua en municipios del oriente del Edomex.

 

El grupo criminal conocido como “El Sindicato 22 de Octubre”, comandado por “El Jimmy”, controla pozos de agua en Neza, Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz, Chicoloapan y Chimalhuacán, elevando el precio de una pipa hasta los 2 mil pesos. Y, aun así, la oposición guarda silencio. Incapaz —o desinteresada— de capitalizar políticamente estos vínculos incómodos.

 

GOBERNABILIDAD O COMPLICIDAD

 

El crecimiento del Verde no ha sido solo electoral, sino estructural. Diecinueve gobiernos municipales, varios integrados por cuadros reciclados del PRI, de Morena y, presuntamente, del crimen organizado. En este contexto, no sorprende la coordinación pública y directa entre el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, y “Pepe” Couttolenc, visible incluso en encuentros al interior del Palacio de Gobierno. El PVEM ya no es un actor secundario. Es un socio exigente, con ambiciones propias y proyección estatal.

 

EL PT: DIVIDIDO Y FUNCIONAL

 

En contraste, el PT vive su propia guerra interna. Óscar González Yáñez disputa el control del partido en el Edomex con Reginaldo Sandoval, dirigente nacional. Una fractura que, de nuevo, la oposición no ha sabido —o querido— aprovechar.

 

UNA ALIANZA QUE SE SOSTIENE POR CONVENIENCIA

 

La ratificación de Morena-PT-PVEM rumbo a 2027 no es gratis. Para mantener la cohesión, Morena ha tenido que moderar su reforma electoral y tolerar excesos de sus aliados. La coalición de la Cuarta Transformación se mantiene no por proyecto de país, sino por oportunismo electoral y por intereses económicos que nadie quiere transparentar.

 

EL FACTOR HIGINIO: LA GRIETA INTERNA

 

Hay, sin embargo, un riesgo latente: Higinio Martínez Miranda. El senador arrastra un resentimiento político profundo al ver cómo sus antiguos pupilos lo rebasaron y cómo la candidatura al gobierno estatal se le aleja definitivamente. Higinio puede convertirse en un factor de sabotaje interno rumbo a 2027. Su capacidad de daño en la elección intermedia es real.

 

La pregunta es si la astucia política de Delfina Gómez y de Horacio Duarte será suficiente para contener una ruptura que, de concretarse, podría exhibir que la alianza que hoy presumen sólida, en realidad está sostenida con alfileres.

 

Porque cuando el poder se construye sobre silencios, pactos inconfesables y dinero, tarde o temprano pasa la factura.

HIGINIO MARTÍNEZ REGRESA AL SENADO: EL RETORNO DEL FACTOR DE DIVISIÓN QUE AMENAZA CON REVENTAR A MORENA EN EL EDOMEX

 

*El cacique de Texcoco reaparece con un discurso de “unidad” que nadie cree, tras un año dedicado a golpear a Delfina Gómez, dinamitar a la 4T y pactar con Antorcha Campesina

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 30 de enero de 2026.– El regreso de Higinio Martínez Miranda al Senado de la República no representa un cierre de filas ni un gesto de reconciliación dentro de Morena, sino la reaparición del principal factor de descomposición interna del partido en el Estado de México. El senador con licencia vuelve justo cuando se discutirá la reforma electoral, en un movimiento calculado y oportunista que huele más a chantaje político que a compromiso con la Cuarta Transformación.

 

Tras más de un año de licencia, Martínez Miranda retorna luego de haberse dedicado, de tiempo completo, a atacar al gobierno de Delfina Gómez Álvarez, a minar la autoridad del secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, y a sembrar la idea de que Morena está dividido. No fue distancia institucional: fue una ofensiva sistemática para debilitar al gobierno que él no encabeza.

 

El senador texcocano, ampliamente conocido como el cacique de Texcoco, no ocultó su desprecio por la unidad del movimiento. Por el contrario, durante meses sostuvo una narrativa corrosiva que fracturó al morenismo mexiquense, provocando un daño profundo al partido que hoy dice querer acompañar. Su supuesto “trabajo por el Edomex” fue, en realidad, una campaña permanente de desgaste contra la gobernadora.

 

Higinio Martínez es el rostro visible del grupo Mexiquenses de Corazón, una marca política creada para hacer campaña anticipada, despilfarrar recursos públicos y presionar al interior de Morena con un solo objetivo: imponer su candidatura al gobierno estatal. Alcaldes alineados a ese grupo han sido utilizados como caja chica política, en una operación descarada que contradice por completo los principios que dice defender la 4T.

 

Pero el daño no termina ahí. En su obsesión enfermiza por el poder, Martínez Miranda construyó una alianza con Antorcha Campesina, una organización priista señalada históricamente por la violencia, el control territorial y un largo historial de muertos. Un pacto que, de confirmarse, no solo es inmoral, sino incompatible con cualquier discurso de transformación.

 

Durante su ausencia, el senador jamás bajó el tono. Sostuvo reuniones, giras y actos partidistas donde arremetió sin pudor contra los grupos afines a Delfina Gómez y Horacio Duarte. Alimentó rumores, tensó la cuerda y apostó al desgaste institucional, todo con la intención de reventar la unidad interna y presentarse como “indispensable”.

 

Ahora, en un acto de cinismo político, anuncia que acompañará el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno estatal, “sin renunciar a opinar”. Traducido al lenguaje real: seguirá saboteando desde dentro, usando el Senado como plataforma para mantenerse vigente y seguir presionando por la candidatura.

 

La presencia de Higinio Martínez en la Cámara Alta no fortalece a Morena, la pone en riesgo. Su capacidad de negociación, su arraigo territorial y su historial de confrontación lo convierten en un agente de inestabilidad, capaz de provocar un rompimiento definitivo en el Edomex si su ambición no es satisfecha.

 

Si el senador realmente quisiera la unidad, el camino sería claro y contundente: romper públicamente con Antorcha Campesina, detener la guerra interna y asumir que su tiempo ya pasó. Mientras eso no ocurra, su regreso al Senado no será recordado como un acto de responsabilidad política, sino como el retorno de un político dispuesto a incendiar su propio partido con tal de gobernar.

 

En Morena lo saben: Higinio Martínez no vuelve para sumar, vuelve para cobrar facturas, aunque en el proceso arrastre consigo al proyecto que dice defender.

LA PAZ: DISCURSOS DE ORDEN URBANO FRENTE A UN MUNICIPIO SUMIDO EN LA INSEGURIDAD, LA CORRUPCIÓN Y EL ABANDONO

 

*Entre el discurso oficial y la realidad: La Paz se hunde en la inseguridad, la corrupción policiaca y el negocio del agua

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Los Reyes la Paz, Estado de México, 28 de enero de 2026.- Mientras la presidenta municipal de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, presume coordinación interinstitucional, atlas de riesgo “de los mejores del Estado de México” y módulos de regularización de predios, en los hechos el municipio continúa atrapado en una crisis mucho más profunda y urgente que la mera falta de escrituras: la inseguridad desbordada, la corrupción institucionalizada y la escasez de servicios básicos como el agua potable.

 

El boletín oficial pinta un escenario casi idílico, donde la regularización del suelo aparece como la gran prioridad gubernamental. Sin embargo, la alcaldesa morenista vuelve a recurrir a una constante de su administración: omitir deliberadamente los temas que más lastiman a la ciudadanía. En ningún momento habló del clima de terror que se vive todos los días en colonias de la parte alta y baja del municipio, donde asaltos, extorsiones y abusos policiacos se han normalizado ante la inacción del gobierno local.

 

La inseguridad en La Paz no solo es rampante, sino incontrolable. La población ha tenido que aprender a vivir con miedo, sabiendo que salir a trabajar, transportar mercancía o simplemente circular por las calles implica el riesgo de ser víctima no solo de la delincuencia común, sino —peor aún— de elementos policiacos municipales. De acuerdo con múltiples denuncias ciudadanas exhibidas de manera constante en redes sociales, jefes policiacos, como el que tiene el indicativo “Cancer” habrían instruido a sus subordinados a extorsionar y robar a quien se les atraviese, especialmente a conductores y comerciantes, en un esquema que opera con total impunidad.

 

Pero el silencio de la presidenta municipal no se limita al tema de la seguridad. Tampoco dijo una sola palabra sobre la grave crisis de agua que padecen miles de familias en Los Reyes La Paz. El desabasto del vital líquido se ha convertido, presuntamente, en un negocio redondo para su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, quien según señalamientos ciudadanos habría tejido alianzas con grupos de la delincuencia organizada para monopolizar la venta de pipas de agua, alcanzando precios de hasta mil 700 pesos por carga, una cifra impagable para la mayoría de los habitantes.

 

Este negocio, que florece mientras las colonias pasan días o semanas sin una gota de agua, representa una traición abierta al discurso político que Morena dice enarbolar: “primero los pobres”. En Los Reyes La Paz, la realidad parece ser otra: primero el negocio de Tranquilino, aunque los más pobres se queden sin agua.

 

Así, mientras el gobierno municipal presume ordenamiento territorial y regularización a bajo costo, evade su responsabilidad frente a una administración señalada por la corrupción, la colusión y el abandono de las verdaderas urgencias sociales. Regularizar predios puede ser importante, pero resulta insuficiente —e incluso ofensivo— cuando se gobierna un municipio donde la gente vive con miedo, paga por agua como si fuera un lujo y desconfía de la policía que debería protegerla.

 

En La Paz, el discurso oficial habla de orden; la calle, en cambio, grita descomposición.

FGJEM BAJO LA LUPA: CRECEN DENUNCIAS POR EXTORSIÓN DE

 POLICÍAS DE INVESTIGACIÓN EN EL EDOMEX

 

* Aunque 10 agentes ya fueron separados, las quejas ciudadanas superan las 20 y exhiben una red de abusos, falsos policías y “madrinas” que operan con impunidad en vialidades como la México–Pachuca

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Toluca, Estado de México, 27 de enero de 2026.— La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se encuentra nuevamente bajo el escrutinio público, luego de que salieran a la luz decenas de denuncias ciudadanas por presuntos actos de extorsión cometidos por policías de investigación, principalmente contra automovilistas que circulan por la autopista México–Pachuca, una de las vialidades más transitadas y conflictivas de la entidad.

 

De acuerdo con información oficial dada a conocer por la propia Fiscalía, cuyo titular es José Luis Cervantes Martínez, las quejas han llegado a través de correos electrónicos institucionales y de los Centros de Justicia, donde ciudadanos relatan haber sido detenidos de manera arbitraria por sujetos que se identifican como agentes de investigación, quienes posteriormente exigen dinero a cambio de no fabricar delitos, no remitir vehículos al corralón o simplemente “dejarlos ir”.

 

Hasta el momento, la FGJEM informó que 10 policías de investigación ya fueron separados de la corporación como parte de estas indagatorias. Sin embargo, lejos de tranquilizar a la ciudadanía, este anuncio provocó un efecto contrario: las denuncias aumentaron. Tras hacerse pública la investigación, el número de quejas superó ya las 20, lo que deja en evidencia que el problema podría ser mucho más profundo y extendido de lo que inicialmente se reconocía.

 

Las autoridades aseguran que ahora el objetivo es diferenciar a los verdaderos elementos de la corporación involucrados en actos de corrupción, de aquellos individuos que simulan ser agentes de investigación para delinquir, conocidos popularmente como “madrinas”. No obstante, esta línea de investigación despierta suspicacias, ya que al interior de la propia Fiscalía es un secreto a voces la existencia y tolerancia histórica de estas figuras, que operan en los márgenes de la legalidad, muchas veces con protección interna.

 

La autopista México–Pachuca ha sido señalada reiteradamente como un foco rojo de abusos, donde conductores denuncian operativos irregulares, detenciones sin fundamento legal y amenazas veladas o directas. A pesar de ello, los resultados visibles han sido escasos, y las sanciones ejemplares prácticamente inexistentes.

 

Diversos sectores de la sociedad civil cuestionan si esta ofensiva contra la corrupción es un intento real de limpiar la institución, o simplemente una reacción mediática para contener la indignación social, en un contexto donde la desconfianza hacia las corporaciones de seguridad y procuración de justicia se encuentra en uno de sus niveles más altos.

 

La separación de elementos, sin información clara sobre procesos penales, consignaciones o sentencias, resulta insuficiente para una ciudadanía que exige algo más que comunicados. La pregunta que flota en el ambiente es clara:

 

¿habrá consecuencias reales para los responsables o, como ha ocurrido en otras ocasiones, el caso terminará diluyéndose entre investigaciones internas, cambios administrativos y el olvido?

 

Mientras tanto, las denuncias siguen llegando, los automovilistas continúan expuestos y la Fiscalía del Estado de México enfrenta una prueba clave: demostrar con hechos que la corrupción no se combate con discursos, sino con acciones firmes y transparentes.

LOS REYES LA PAZ: EXTORSIÓN CON UNIFORME, EL NEGOCIO QUE SIGUE FLORECIENDO BAJO EL DISFRAZ DE RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS

 

*Recuperación de Vehículos: la fachada creada para mantener viva la extorsión policiaca en Los Reyes La Paz

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 27 de enero de 2026.– En Los Reyes La Paz, la extorsión policiaca no solo continúa, sino que se perfecciona. Ahora se disfraza de “recuperación de vehículos”, una figura creada no para combatir el robo, sino para mantener intacta la maquinaria de corrupción que durante años ha saqueado a los ciudadanos desde el uniforme.

 

El caso más reciente exhibe con claridad el modus operandi. El policía municipal Dante Flores, adscrito al grupo de Recuperación de Vehículos y conductor de la patrulla 058, detuvo a un motociclista bajo el argumento de que no portaba placa. Sin embargo, el propio oficial fue testigo de cómo la placa se cayó accidentalmente y de cómo el conductor la recogió de inmediato con la intención de reinstalarla. Aun así, el uniformado decidió seguirlo y marcarle el alto.

 

Al ser cuestionado sobre la razón real de la detención, el policía insistió en que debía llevar la motocicleta al corralón, pese a saber que no existía tal falta. Tras un intercambio de palabras, y luego de que el conductor le reclamara por realizar funciones de tránsito —cuando su adscripción no lo faculta para ello—, el oficial cambió de estrategia: ya no vas al corralón, ahora iras ante el juez calificador.

 

El objetivo era evidente: llevarlo a cualquier lugar donde pudiera concretarse la extorsión. Corralón o juez, daba lo mismo. El fin era el mismo de siempre: dinero. El mismo esquema que padecen a diario los conductores que desconocen sus derechos y terminan “arreglándose” para poder continuar su camino.

 

Dante Flores no actuó por error ni por desconocimiento. Actuó como lo que cada vez resulta más evidente: un ratero con placa, que utiliza el uniforme para delinquir. Y lo más grave: no es un caso aislado, es parte de una estructura diseñada para extorsionar.

 

El llamado grupo de Recuperación de Vehículos nació después de que la policía de tránsito municipal, encabezada por Ismael Garduño, alias “El Ardilla”, fuera exhibida en decenas de ocasiones extorsionando a conductores sobre la carretera federal México-Texcoco. La alcaldesa morenista y su esposo, lejos de erradicar la corrupción, simplemente cambió el nombre y el uniforme se porta para cometer los mismos vicios. No se creó para recuperar vehículos robados, sino para que el dinero sucio siguiera fluyendo dentro de la corporación.

 

Este grupo está encabezado por un jefe policiaco ampliamente señalado por corrupción, quien fue despedido durante la administración priista de Cristina González Cruz, tras múltiples denuncias ciudadanas por extorsión. Resulta escandaloso que dicho personaje haya sido recontratado por el actual gobierno morenista encabezado por Martha Guerrero, con el aval político de su esposo Tranquilino Lagos Buenabad. Morena, el partido que presume ser “diferente”, recicló a un policía expulsado por corrupto.

 

Más aún, este regreso no ocurrió sin protección. El jefe extorsionador cuenta con el respaldo del director operativo de Seguridad Pública municipal, Isaías Ramírez Real, alias “El Gallo”, quien en los hechos controla toda la corporación. No es un secreto en los pasillos del ayuntamiento que desde la presidencia municipal se exigen cuotas elevadas producto de las extorsiones, tanto de los policías en la calle como de los jueces calificadores.

 

Por eso “El Gallo” recurrió al mismo personaje expulsado en el gobierno anterior: alguien con experiencia en exprimir a los ciudadanos sin escrúpulos ni límites.

 

En Los Reyes La Paz, la corrupción policiaca no es una desviación: es política pública. Cambian los partidos, cambian los discursos, pero los mismos extorsionadores siguen operando, ahora con la bendición de quienes prometieron ser diferentes y limpiar la casa.

 

El nombre, las fotografías y el historial completo del jefe del grupo de Recuperación de Vehículos —así como las razones precisas por las que fue despedido en la administración anterior— serán revelados en la próxima edición de la revista Expediente Secreto.

 

Porque en este municipio, el verdadero delito no es circular sin placa: el verdadero crimen es creer que el poder puede seguir robando sin consecuencias.

BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS EN EDOMEX: UNA REFORMA BONITA EN EL PAPEL, INVIABLE Y CORRUPTA EN LA REALIDAD

 

*Sin presupuesto, sin personal y con corrupción estructural, la reforma amenaza con quedarse en pura simulación institucional

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

TOLUCA, Estado de México, 26 de enero de 2026.- Mientras el Congreso del Estado de México presume el aval a una iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para “fortalecer” la búsqueda de personas desaparecidas, en los hechos el discurso oficial vuelve a chocar de frente con una realidad incómoda: no hay presupuesto suficiente, no hay personal capacitado y mucho menos existe una estructura limpia y funcional para cumplir lo que la ley promete.

 

La reforma aprobada pinta un escenario ideal: acceso inmediato a bases de datos biométricos, forenses y administrativos; activación automática de alertas nacionales; fiscalías especializadas con recursos humanos y técnicos de alto nivel; comisiones de búsqueda con estándares internacionales y enfoque psicosocial. Sin embargo, ese entramado institucional simplemente no existe en la práctica o funciona de manera precaria, fragmentada y, en muchos casos, corrompida.

 

Hoy, las comisiones de búsqueda estatales y municipales, cuando existen, operan con plantillas mínimas, sin peritos suficientes, sin analistas de contexto y sin equipamiento básico. Hay áreas donde una sola persona concentra tareas administrativas, de campo y de atención a víctimas, lo que vuelve imposible cumplir con los plazos “inmediatos” que la reforma promete. Hablar de cruces de información masivos y plataformas interconectadas resulta casi cínico cuando ni siquiera hay sistemas informáticos compatibles entre dependencias.

 

El boletín legislativo también omite un punto central: el dinero. La reforma no viene acompañada de una asignación presupuestal clara, etiquetada y suficiente. Sin recursos nuevos, las obligaciones se convierten en letra muerta. Las fiscalías especializadas, lejos de contar con unidades multidisciplinarias robustas, siguen arrastrando rezagos históricos, carpetas empolvadas y expedientes mal integrados que rara vez llegan a juicio, además, la reforma tendría que contemplar la remoción de casi todo el personal que trabaja al interior de las fiscalías del Edomex, debido al alto índice de putrefacción que a lo largo de los años se ha establecido como una forma de trabajo cotidiano.

 

A ello se suma un problema estructural que el discurso oficial evita tocar: la corrupción rampante. El acceso indiscriminado a bases de datos sensibles, en un contexto donde no existe un instituto sólido de protección de datos personales ni controles internos efectivos, abre la puerta a filtraciones, uso indebido de información y hasta colusión con redes criminales. La advertencia de algunos diputados de la entidad no es menor: hoy no hay certeza de quién maneja los datos, cómo los usa ni con qué fines.

 

En el terreno, colectivos de familiares de desaparecidos siguen denunciando simulación, trato insensible y revictimización. Las búsquedas inmediatas muchas veces no ocurren; los registros forenses están incompletos o desactualizados; las fosas comunes carecen de información confiable; y los convenios de colaboración entre instituciones suelen quedarse en firmas protocolarias sin impacto real.

 

La promesa de personal “altamente capacitado con estándares internacionales” contrasta con policías mal pagados y sin formación especializada. La supuesta coordinación entre Guardia Nacional, policías estatales y municipales rara vez se traduce en operativos eficaces; por el contrario, prevalece la desorganización y la falta de liderazgo.

 

En resumen, la iniciativa avalada por el Congreso no resuelve el problema de fondo: un Estado sin capacidad operativa, sin recursos suficientes y con instituciones minadas por la corrupción. La reforma luce bien en comunicados y discursos, pero para miles de familias que buscan a sus desaparecidos, sigue siendo una promesa vacía.

 

Sin voluntad real, presupuesto transparente y una depuración profunda de las instituciones, la búsqueda de personas en el Estado de México seguirá atrapada entre la simulación legislativa y una realidad que, día tras día, sigue desapareciendo personas sin que el Estado sea capaz de encontrarlas.