LA REALIDAD DE LA NOTICIA

HIGINIO MARTÍNEZ, EL PODER, LAS IMPOSICIONES Y LAS INCÓMODAS COMPAÑÍAS   *La defensa de candidaturas heredadas y los cuestionamientos po...

jueves, 4 de junio de 2026

HIGINIO MARTÍNEZ, EL PODER, LAS IMPOSICIONES Y LAS INCÓMODAS COMPAÑÍAS

 

*La defensa de candidaturas heredadas y los cuestionamientos por la cercanía de aliados con personajes investigados profundizan la crisis interna de Morena rumbo a 2027

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


TEXCOCO, Estado de México, 4 de junio, de 2026.- La reciente columna del senador Higinio Martínez Miranda no sólo reavivó el debate sobre el futuro de Morena en el Edomex; también confirmó lo que desde hace años denuncian diversos actores políticos: la intención de un solo grupo de mantener el control de las candidaturas, los gobiernos municipales y la estructura de poder de la entidad.

 

Al defender la continuidad de los equipos políticos encabezados por Xóchitl Flores Jiménez en Chimalhuacán, Felipe Arvizu en Ixtapaluca y otros alcaldes afines a su corriente política denominada "Mexiquenses de Corazón", el senador dejó entrever nuevamente su visión autoritaria sobre la política: los grupos deben permanecer y las candidaturas deben quedar en manos de quienes actualmente gobiernan.

 

El mensaje resulta particularmente delicado porque Morena cuenta con estatutos que establecen que las candidaturas deben definirse mediante encuestas y mecanismos internos de participación. Sin embargo, las declaraciones de Higinio Martínez son interpretadas por numerosos liderazgos y militantes de la 4T como una presión abierta para que determinados alcaldes o sus grupos políticos designen a sus sucesores.

 

La pregunta es inevitable: ¿qué pasará con los demás liderazgos morenistas que legítimamente aspiran a competir por una candidatura? ¿Tendrán derecho a participar en igualdad de condiciones o deberán aceptar las decisiones tomadas desde Texcoco?

 

Durante años, un nutrido grupo al interior de Morena ha sostenido que el senador Higinio Martínez se ha comportado como un cacique, al tratar de construir una estructura de control regional que trasciende Texcoco y se extiende a municipios como Chimalhuacán, Ixtapaluca, La Paz, Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco y otros gobiernos identificados con su corriente política.

 

La controversia se vuelve aún más profunda cuando aparecen nombres que hoy son motivo de investigaciones judiciales.

 

Uno de los casos más delicados es el de Guillermo Fragoso Báez, identificado por las autoridades mexiquenses y federales como dirigente de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), organización que ha sido señalada en investigaciones relacionadas con redes de extorsión en diversos municipios del Estado de México.

 

De acuerdo con información pública, Fragoso Báez es buscado por las autoridades dentro de investigaciones relacionadas con delitos de extorsión agravada y homicidio. Su nombre aparece vinculado a la causa penal 88/2025 y las autoridades han señalado presuntas operaciones de cobro ilegal contra mototaxistas, taxistas, conductores del transporte público, a operadores de pipas de agua, así como por narcomenudeo y asesinatos.

 

Lo preocupante es que Guillermo Fragoso no era un personaje desconocido dentro de la política mexiquense. Fue regidor de Ecatepec durante el gobierno de Fernando Vilchis Contreras y durante años mantuvo presencia pública en eventos políticos de la región.

 

Diversas fotografías difundidas públicamente muestran a Fragoso Báez junto a actores políticos de Morena, incluyendo a Higinio Martínez y alcaldes identificados con el grupo político que el controla, así como a personajes cercanos como Azucena Cisneros alcaldesa del municipio de Ecatepec y Nazario Gutiérrez de Texcoco.

 

Si bien una fotografía no constituye una prueba de algún delito ni acredita responsabilidad alguna, sí genera cuestionamientos legítimos sobre la cercanía política que existió entre diversos actores públicos y una persona que actualmente es buscada por cometer delitos graves.

 

Las investigaciones han puesto bajo los reflectores a organizaciones como USON, 25 de Marzo, Sindicato 22 de Octubre y Piperos de Ecatepec y Estado de México, agrupaciones que durante años operaron como organizaciones sociales y sindicales, pero que en realidad son grupos criminales que actualmente son objeto de investigaciones por parte de las autoridades y lamentablemente cercanas a Morena, principalmente a los “Mexiquense de Corazón”.

 

La dimensión política del problema resulta inevitable. Los municipios donde estas estructuras tienen presencia coinciden en varios casos con territorios gobernados por alcaldes identificados con el grupo político de Higinio Martínez.

 

Entre ellos aparecen Azucena Cisneros Coss en Ecatepec, Nazario Gutiérrez Martínez en Texcoco, Felipe Arvizu en Ixtapaluca, Xóchitl Flores Jiménez en Chimalhuacán y Martha Guerrero Sánchez en La Paz, todos considerados partes del círculo político cercano al senador texcocano.

 

Y, aunque ninguna autoridad ha acreditado responsabilidad penal alguna contra estos funcionarios por el simple hecho de compartir espacios políticos o fotografías con determinadas personas. Sin embargo, el tema exige explicaciones claras y transparentes ante la ciudadanía que les brindo su confianza, porque creyeron que en realidad eran diferentes.

 

El problema para Morena es que estos episodios se suman a una creciente percepción de concentración de poder dentro de un solo grupo político. Mientras miles de militantes esperan participar en igualdad de condiciones rumbo a 2027, el discurso del senador parece orientado a garantizar la continuidad de quienes ya forman parte de su estructura.

 

La paradoja es evidente. Morena nació denunciando el caciquismo, el dedazo y la imposición de candidatos. Hoy, desde el Estado de México, algunas de las voces más influyentes dentro del partido parecen impulsar exactamente lo mismo que durante años criticaron.

 

Si las candidaturas terminan siendo definidas por grupos de poder y no por la voluntad de la militancia, Morena corre el riesgo de enfrentar una fractura interna sin precedentes.

 

Y si además persisten las dudas sobre la cercanía política con personajes señalados como presuntos criminales que hoy son investigados por las autoridades, el costo para la credibilidad del partido podría ser aún mayor.

 

LA GRAN PREGUNTA RUMBO A 2027 YA NO ES QUIÉN SERÁ CANDIDATO

 

La verdadera pregunta es si Morena seguirá siendo un movimiento democrático o terminará convertido en el patrimonio político de un solo grupo encabezado por un cacique que durante años se apoderado de Texcoco.

miércoles, 3 de junio de 2026

PIDEN AYUDA PARA LOCALIZAR A EDER ISRAEL ALEJANDRE RAMÍREZ, DESAPARECIDO EN NEZAHUALCÓYOTL

 

*Familiares piden apoyo urgente de la ciudadanía para difundir su fotografía y cualquier información que ayude a localizarlo

 


CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México, 3 de junio de 2026.– Familiares y amigos solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar al adolescente Eder Israel Alejandre Ramírez, de 14 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 2 de junio de 2026 en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

 

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el menor cuenta con las siguientes características físicas:

 

Edad: 14 años.

 

Tez: morena.

 

Cara: cuadrada.

 

Ojos: cafés, medianos y almendrados.

 

Desde el momento de su desaparición, familiares han iniciado una intensa búsqueda y piden a la población compartir su fotografía e información con la finalidad de ampliar su localización.

 

Cualquier persona que cuente con datos que permitan ubicar a Eder Israel Alejandre Ramírez puede comunicarse de inmediato con sus familiares o con las autoridades correspondientes.

 

La difusión oportuna de la información puede ser fundamental para lograr su pronto regreso a casa.

 

Se solicita a la ciudadanía compartir esta información en redes sociales y grupos vecinales.

 

#AyúdanosALocalizarlo #Nezahualcóyotl #Desaparecido #EstadoDeMéxico #Comparte

BALACERA EN CHALCO DEJA DOS MUERTOS Y REAVIVA

 DENUNCIAS POR IMPUNIDAD


*Mientras autoridades hablan de paz, vecinos acusan que la violencia, las extorsiones y la falta de resultados siguen marcando la realidad del municipio

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


CHALCO, Estado de México, 3 de junio de 2026.– La balacera registrada la tarde del pasado 28 de mayo en el barrio San Sebastián, a escasas cuadras del centro histórico de Chalco, volvió a poner bajo la lupa la grave crisis de inseguridad que enfrenta el municipio gobernado por Morena.

 

De acuerdo con reportes difundidos por vecinos y usuarios de redes sociales, los hechos ocurrieron sobre la calle Valientes, esquina Niño Artillero, detrás de la base de combis con dirección a Mixquic, donde se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego que provocaron pánico entre los habitantes y una intensa movilización de cuerpos de seguridad.

 

Los reportes preliminares señalan que el saldo fue de dos personas muertas y varios lesionados. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido información amplia sobre el caso ni han dado a conocer resultados concretos de las investigaciones.

 

Versiones difundidas entre habitantes de la zona apuntan a que el ataque podría estar relacionado con disputas entre grupos dedicados a actividades ilícitas, particularmente la venta de drogas. No obstante, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades ministeriales.

 

Lo que sí genera indignación entre vecinos es que, según denuncian, existen diversos puntos identificados por la propia comunidad donde presuntamente se desarrollan actividades relacionadas con el narcomenudeo, sin que se observen acciones contundentes para combatirlas. Habitantes consultados afirman que estos lugares operan desde hace tiempo ante la aparente indiferencia de las autoridades.

 

La violencia ocurrida en Chalco coincidió con la participación de la presidenta municipal, Abigail Sánchez Martínez, en la instalación de los Consejos de Paz y Justicia Cívica del Estado de México y sus municipios, celebrada en Toluca. El contraste entre los discursos institucionales sobre la construcción de paz y la realidad que se vive en diversas colonias del municipio provocó numerosas críticas entre la población.

 

Vecinos señalan que la inseguridad continúa siendo uno de los principales problemas de Chalco. A ello se suman denuncias recurrentes por robos, extorsiones, comercio informal y descontrolado, así como diversas actividades ilícitas que, aseguran, afectan la vida cotidiana de comerciantes, transportistas y ciudadanos.

 

Asimismo, habitantes expresan preocupación por las denuncias públicas que desde hace años vinculan al denominado "Sindicato 22 de Octubre" con presuntos cobros de derecho de piso a diversos sectores del transporte. Estas acusaciones no han derivado en acciones visibles por parte de las autoridades municipales que permitan esclarecer la situación y brindar certeza a la población.

 

La principal preocupación entre los ciudadanos es la percepción de impunidad. Tras cada episodio de violencia, señalan, las autoridades suelen desplegar operativos, acordonar las zonas de los hechos e iniciar carpetas de investigación; sin embargo, rara vez se informa sobre detenciones o sentencias relacionadas con los responsables.

 

Mientras la administración municipal participa en foros y consejos destinados a fortalecer la paz, las calles de Chalco continúan siendo escenario de hechos violentos que mantienen en alerta a la población. Para muchos habitantes, el problema ya no es únicamente la inseguridad, sino la falta de resultados tangibles que permitan recuperar la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el orden y la tranquilidad pública.

martes, 2 de junio de 2026

SECUESTRAN A PERIODISTA EN VERACRUZ Y LA IMPUNIDAD

 VUELVE A EXHIBIR EL FRACASO DEL ESTADO

 

*La desaparición de Roxana Guzmán reabre la herida de la violencia contra la prensa en un país donde los ataques a periodistas rara vez encuentran castigo

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


NANCHITAL, Veracruz, 2 de junio de 2026.- El secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, vuelve a exhibir la fragilidad de la libertad de expresión en México y la incapacidad histórica del Estado para proteger a quienes ejercen el periodismo en regiones dominadas por la violencia y el miedo.

 

La mañana de este martes, sujetos armados irrumpieron violentamente en un domicilio de Nanchital y se llevaron por la fuerza a la comunicadora. Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que tres hombres encapuchados y armados derriban la puerta e ingresan apuntando con armas de fuego a los presentes, en una escena que recuerda más a un operativo criminal que a un hecho aislado.

 

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la apertura de una carpeta de investigación por la privación ilegal de la libertad de la periodista y aseguró que realiza labores para localizarla. Sin embargo, para organizaciones defensoras de la prensa, las promesas institucionales suelen llegar después de los hechos consumados y rara vez terminan en justicia.

 

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) confirmó que Roxana Guzmán fue sustraída por la fuerza y desplegó personal especializado para acompañar a sus familiares. Mientras tanto, la incertidumbre crece en torno al paradero de la comunicadora.

 

El caso ocurre en un país donde informar sigue siendo una actividad de alto riesgo. México se mantiene desde hace años entre las naciones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos de guerra. La desaparición de periodistas, las amenazas, los atentados y los asesinatos forman parte de una realidad que los gobiernos de distintos partidos no han logrado revertir.

 

Las cifras son demoledoras. Desde el año 2000, al menos 174 periodistas han sido asesinados y 33 permanecen desaparecidos. La mayoría de los expedientes continúan sin resolverse, alimentando un círculo de impunidad que envía un mensaje devastador: en México, atacar a la prensa sigue siendo un delito con escasas consecuencias.

 

Durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al menos 12 periodistas fueron asesinados y uno más desapareció, de acuerdo con registros de organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión. Los números contradicen el discurso oficial de fortalecimiento institucional y evidencian que las agresiones contra comunicadores continúan siendo una emergencia nacional.

 

Aún más alarmante es el desempeño de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Desde su creación en 2010 y hasta septiembre de 2025, apenas logró nueve sentencias por asesinato de periodistas y cuatro por tentativa de homicidio. El contraste es brutal: en ese mismo periodo, organizaciones especializadas documentaron al menos 126 periodistas asesinados y 17 desaparecidos.

 

La desaparición de Roxana Guzmán no solo representa un ataque contra una periodista; constituye una agresión directa al derecho de la sociedad a estar informada. Cada comunicador silenciado amplía las zonas de oscuridad donde prosperan la corrupción, el crimen organizado y los abusos de poder.

 

Mientras las autoridades prometen investigaciones, una pregunta vuelve a resonar con fuerza en Veracruz y en todo México: ¿cuántos periodistas más tendrán que ser secuestrados, desaparecidos o asesinados antes de que la protección a la prensa deje de ser un discurso y se convierta en una realidad?

CAE “EL BORREGAS”; QUEDAN INTACTAS LAS REDES

 POLÍTICAS QUE LO PROTEGIERON


*La captura del presunto operador criminal exhibe vínculos históricos entre sindicatos fachada, poder municipal y funcionarios que aún no enfrentan la justicia

 



Por: EXPEDIENTE SECRETO


ECATEPEC, Estado de México, 2 de junio de 2026. La detención de Misael Rodríguez Fragoso, alias “El Borregas”, no debería ser presentada como un triunfo aislado de las autoridades. Por el contrario, pone nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda que durante años ha permanecido sin respuesta: ¿cómo fue posible que personajes vinculados a estructuras criminales crecieran, operaran y consolidaran poder político, económico y territorial sin la protección o la omisión de funcionarios municipales?

 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la captura de Misael Rodríguez Fragoso, identificado como integrante relevante de agrupaciones que operaban bajo la fachada de sindicatos y que actualmente es investigado por delitos como extorsión, secuestro, robo con violencia y despojo. Sin embargo, el caso va mucho más allá de un solo detenido.

 

Su primo, Guillermo Fragoso Báez, conocido como “El Memo” o “El Jefe”, permanece prófugo de la justicia pese a contar con una orden de aprehensión por los delitos de extorsión agravada, extorsión a mototaxistas, taxistas y piperos, radicada en la causa penal 88/2025. Lo más grave es que no se trata de un personaje desconocido para la vida pública de Ecatepec. Fue regidor durante la administración 2019-2021, en el primer gobierno del entonces alcalde morenista y hoy diputado federal Fernando Vilchis Contreras, demostrando que los presuntos vínculos entre política y estructuras criminales no surgieron de la nada.

 

La historia se vuelve todavía más preocupante cuando se recuerda que Merced Guillermo Fragoso Estévez, padre de Guillermo Fragoso Báez, fue nombrado director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal durante la misma administración. Desde esa posición estratégica se presume que operaron estructuras de poder que hoy son objeto de investigaciones judiciales.

 

La captura de “El Borregas” también revive los cuestionamientos sobre la relación que diversos actores políticos mantuvieron con estos grupos. Durante años, Guillermo Fragoso presumió cercanía con personajes del poder local. Fotografías públicas donde aparece junto a la actual alcaldesa morenista Azucena Cisneros Coss han generado cuestionamientos legítimos sobre la naturaleza de esa relación y sobre el nivel de conocimiento que existía respecto a las actividades de quienes hoy son señalados por la justicia.

 

Pero el problema no termina en Ecatepec. Las investigaciones apuntan a organizaciones como USON, 25 de Marzo y Piperos de Ecatepec y Estado de México, estructuras que durante años se presentaron como sindicatos, aunque las autoridades ahora las vinculan con actividades delictivas. Su presencia se habría extendido a municipios como Chalco, Valle de Chalco, Chicoloapan y Amecameca, además de diversas alcaldías de la Ciudad de México.

 

Particular atención merece el denominado Sindicato 22 de Octubre, relacionado con la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), organización que ha sido señalada por su influencia en la distribución y comercialización de agua mediante pipas en distintas localidades mexiquenses.

 

Hoy la estructura criminal “Sindicato 22 de Octubre”, se encuentra operando en Los Reyes La Paz con el permiso y la presunta complicidad de Tranquilino Lagos Buenabad, esposo da la alcaldesa morenista, Martha Guerrero, quien le ha dado todas las facilidades al grupo criminal para imponer un sistema de extorsión. Se trata de un negocio multimillonario que durante años ha prosperado en medio de la escasez del líquido y la incapacidad gubernamental para garantizar el suministro regular a la población.

 

Ante este escenario, resulta inevitable preguntarse por qué las autoridades federales y estatales continúan actuando únicamente sobre operadores de nivel medio mientras las estructuras políticas, financieras y de protección institucional permanecen intactas. Cada detención parece formar parte de una estrategia mediática para demostrar resultados, pero no de una verdadera ofensiva para erradicar las redes que permitieron el crecimiento de estos grupos.

 

Si realmente existe voluntad de combatir a estas organizaciones, la investigación tendría que alcanzar a quienes les abrieron las puertas de los gobiernos municipales, a quienes les otorgaron espacios de poder, a quienes les permitieron controlar territorios y a quienes, por acción u omisión, facilitaron que se convirtieran en actores dominantes en amplias regiones del Estado de México.

 

La captura de “El Borregas” podría representar el inicio de una limpieza institucional o convertirse en otro episodio de simulación gubernamental. Por ahora, los hechos parecen apuntar a lo segundo: golpes espectaculares contra algunos integrantes, mientras las estructuras políticas que los cobijaron continúan intactas y sin rendir cuentas ante la ciudadanía.

lunes, 1 de junio de 2026

CANJEAN ARMAS, PERO NO DETIENEN LA IMPUNIDAD EN ECATEPEC

 

*Ausencia de Azucena Cisneros, ciudadanos obligados a esperar horas y cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad empañan el arranque del programa estatal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


ECATEPEC, Estado de México, 1 de junio de 2026.- Mientras las autoridades estatales presumían el arranque del Programa de Canje de Armas 2026 en Ecatepec como una estrategia para promover la paz y reducir la violencia, la realidad que enfrentan diariamente miles de habitantes del municipio terminó por exhibir el enorme contraste entre el discurso oficial y la crisis de inseguridad que continúa golpeando a una de las localidades más violentas del Estado de México.

 

El módulo de recepción fue instalado frente al Palacio Municipal para recibir de manera voluntaria y anónima armas de fuego, municiones y otros artefactos a cambio de una compensación económica. Además, se habilitó un programa de intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos con el propósito de fomentar una cultura de paz entre niñas, niños y adolescentes.

 

Sin embargo, para muchos ciudadanos presentes en el evento, la ceremonia estuvo marcada por la ausencia de resultados concretos en materia de seguridad y por la falta de atención de las autoridades municipales.

 

De acuerdo con datos oficiales, durante 2025 fueron entregadas en Ecatepec 31 armas de fuego y 868 cartuchos útiles, por los cuales se otorgaron más de 202 mil pesos en compensaciones económicas. No obstante, diversos vecinos cuestionaron la efectividad de estas cifras frente a la magnitud de la violencia que enfrenta el municipio.

 

"Treinta y una armas retiradas en un año representan poco frente a una realidad donde continúan registrándose homicidios, extorsiones, robos y operaciones criminales en distintas colonias", señalaron algunos asistentes.

 

En representación del gobierno municipal acudió el comisario de Seguridad Pública, Capitán de Marina Luis Alberto Taylor González. Sin embargo, entre elementos de la corporación y ciudadanos persisten críticas sobre el desempeño de la estrategia de seguridad implementada en la localidad, la cual no ha logrado revertir la percepción de inseguridad que prevalece en amplias zonas del municipio.

 

Durante el acto protocolario, Juan Carlos Sánchez, subdirector de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, destacó que Ecatepec se ubicó entre los cinco municipios con mayor participación en el programa de canje de armas durante el año pasado, junto con Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Toluca.

 

Las autoridades también aseguraron que en diferentes jornadas han sido entregadas armas de uso exclusivo del Ejército, armamento de alto calibre e incluso explosivos que posteriormente fueron destruidos bajo protocolos especiales. Sin embargo, durante el evento no se presentaron evidencias documentales o estadísticas detalladas que permitieran dimensionar el impacto real de estas acciones sobre los índices delictivos.

 

LA SITUACIÓN SE TENSÓ AÚN MÁS DEBIDO A LA AUSENCIA DE LA ALCALDESA MORENISTA AZUCENA CISNEROS COSS

 

Padres de familia, estudiantes y docentes manifestaron su molestia luego de permanecer durante varias horas en la explanada municipal bajo la expectativa de que la presidenta municipal encabezaría el evento. Según los inconformes, fueron citados desde las 9 de la mañana y permanecieron en el lugar hasta aproximadamente las 2 de la tarde sin recibir explicación alguna sobre la inasistencia de la edil.

 

"Nos hicieron venir para llenar el evento y ni siquiera tuvo la atención de presentarse", reclamaron algunos asistentes.

 

Otros cuestionaron que decenas de estudiantes fueran movilizados para un acto oficial sin que se les proporcionaran condiciones mínimas de atención, como agua o espacios adecuados para resguardarse.

 

PERO LAS CRÍTICAS MÁS SEVERAS SE CENTRARON EN EL FONDO DEL PROBLEMA

 

Especialistas en seguridad consultados por diversos medios han sostenido que programas como el canje de armas tienen efectos limitados si no se acompañan de investigaciones profundas sobre las estructuras criminales, las redes de corrupción institucional y la posible colusión entre autoridades y grupos delictivos.

 

En ese contexto, nuevamente resurgen los cuestionamientos políticos que durante años han acompañado a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

 

Uno de los señalamientos más recurrentes ha sido su relación política con Alejandro Gilmaré Mendoza, alias "El Choko", identificado por autoridades como líder de "La Chokiza", grupo que ha sido vinculado con actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidios, invasiones de vivienda y despojos de propiedades.

 

Las declaraciones realizadas en el pasado por la propia Cisneros Coss, cuando calificó públicamente a "El Choko" como un "luchador social" y un "gran ser humano", continúan presentes en la sociedad que cuestionan su criterio político y exigen explicaciones sobre dichas expresiones.

 

Las dudas crecieron tras recientes episodios relacionados con la presencia de integrantes de grupos criminales al interior de un hotel y operando en el municipio sin que existieran acciones contundentes por parte de la autoridad local.

 

Ante este escenario, ciudadanos y diversos sectores sociales han solicitado a las autoridades federales reforzar las investigaciones sobre posibles redes de protección institucional y ampliar las acciones de inteligencia contra organizaciones criminales que operan en Ecatepec.

 

Porque para miles de habitantes de la localidad, el problema de fondo no radica únicamente en las armas que algunos ciudadanos entregan voluntariamente, sino en la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales que continúan disputándose territorios, extorsionando comerciantes y sembrando miedo en una población que, una vez más, observa cómo los eventos oficiales generan más propaganda que respuestas.

sábado, 30 de mayo de 2026

CHOFER DE CAMIÓN RECOLECTOR DE FIERRO VIEJO MATA A VECINO EN CHIMALHUACÁN

 

*Familiares de Agustín Ramírez Rojas denuncian que el presunto responsable escapó tras la agresión y acusan que la Fiscalía de Chimalhuacán mantiene retenido el cuerpo, impidiendo darle sepultura mientras exigen justicia

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


CHIMALHUACÁN, Estado de México, 30 de mayo de 2026.- La tragedia y la indignación se han apoderado de una familia de escasos recursos en Chimalhuacán, luego de que Agustín Ramírez Rojas perdiera la vida presuntamente a manos del conductor de una camióneta que compra fierro viejo y tambores de cama, quien tras los hechos logró escapar sin ser detenido.

 

De acuerdo con testimonios de vecinos y familiares, los acontecimientos ocurrieron el pasado miércoles 26 de mayo sobre las calles Melchor Ocampo y Arenal, en la colonia Cerro de las Palomas. Ahí, el operador del camión recolector de fierrp viejo que cotidianamente pasa por la zona atropello a la víctima y luego de sostener una discusión el conductor lo sometió a golpes.

 

Según la versión de los denunciantes, el conductor descendió del vehículo visiblemente alterado y comenzó a golpear a la víctima. Instantes después, Ramírez Rojas se desplomó y perdió la vida. Aunque al lugar acudieron cuerpos de emergencia del Ayuntamiento de Chimalhuacán, encabezado por la alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez, el presunto responsable logró darse a la fuga.

 

A varios días de los hechos, familiares del fallecido aseguran que no sólo enfrentan el dolor de la pérdida, sino también una serie de obstáculos institucionales que consideran injustificados. Denuncian que el cuerpo de Agustín Ramírez Rojas permanece retenido y que el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Chimalhuacán, lejos de iniciar la investigacion para detener al responsable se ha negado a entregarlo para que puedan realizar los servicios funerarios correspondientes.

 

La situación ha generado fuertes cuestionamientos sobre la actuación tanto de las autoridades municipales como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Los familiares sostienen que existe una aparente protección hacia el trabajador involucrado y exigen que se esclarezcan los hechos, se identifique plenamente al responsable y se ejerza acción penal en su contra.

 

El caso también ha despertado críticas entre habitantes de la zona, quienes consideran inaceptable que el responsable esta señalado por provocar la muerte de un ciudadano pueda evadir la justicia mientras una familia de condición económica precaria enfrenta sola los costos emocionales y legales derivados de la tragedia.

 

Mientras el presunto responsable permanece prófugo y el cuerpo de la víctima continúa sin ser entregado a sus familiares, crece la exigencia de justicia en un municipio donde, aseguran los vecinos, la impunidad parece pesar más que los derechos de quienes menos tienen.

 

La familia de Agustín Ramírez Rojas demanda que las autoridades estatales intervengan para garantizar una investigación transparente, evitar cualquier posible acto de encubrimiento y permitir que el fallecido reciba finalmente sepultura conforme a las tradiciones y deseos de sus seres queridos.

CJNG DIFUNDE AMENAZAS EN VIDEO Y NARCOMANTA; ASEGURA

 PRESENCIA EN XOCHIMILCO Y TLALPAN

 

*Video armado y narcomanta exhiben la disputa por el control criminal en el sur de la Ciudad de México, mientras autoridades guardan silencio

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO



CIUDAD DE MÉXICO, 30 de mayo de 2026.- La presunta expansión de grupos del crimen organizado en la capital del país volvió a encender las alertas luego de que supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) difundieran un video y colocaran una narcomanta en la alcaldía Xochimilco, en los que aseguran tener presencia tanto en esa demarcación como en Tlalpan.

 

El material audiovisual fue dado a conocer el pasado jueves por el periodista Antonio Nieto a través de sus redes sociales. En la grabación aparecen varios hombres armados, vestidos con equipo táctico y con el rostro cubierto, quienes lanzan amenazas contra personas y grupos a los que acusan de participar en actividades delictivas como extorsión, cobro de piso, secuestro y robo.

 

Durante el mensaje, los sujetos afirman que “la limpia ya empezó” y advierten que tomarán represalias contra quienes identifican como responsables de diversos delitos que afectan a los habitantes de ambas alcaldías. También señalan a algunas bases de taxis, a las que acusan de funcionar como grupos de choque y de colaborar con organizaciones criminales.

 

Los encapuchados mencionan además a diversos grupos conocidos como “Low Rider”, “LV”, “Uniendo Raza”, “Puro Equipo” y “Puro Mexicano”, a cuyos supuestos integrantes responsabilizan de actividades ilícitas. En el mensaje advierten que actuarán contra vehículos que porten insignias relacionadas con estas agrupaciones.

 

Según el video, los presuntos miembros del CJNG sostienen que su confrontación no está dirigida contra las autoridades, sino contra personas a quienes consideran extorsionadores, secuestradores y generadores de violencia en la zona. Asimismo, exhortan a la población a no brindar apoyo ni protección a los individuos señalados.

 

La difusión del video ocurrió prácticamente al mismo tiempo que fue reportada la colocación de una narcomanta en el pueblo de San Andrés Ahuayucan, en la alcaldía Xochimilco. De acuerdo con los reportes, el mensaje fue retirado poco después por las autoridades.

 

Diversos medios de comunicación solicitaron información a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México sobre el hallazgo de la manta y el contenido de las amenazas; sin embargo, hasta el momento no se ha emitido una postura oficial al respecto.

 

El texto de la manta coincide con el contenido del video y aparece firmado por el CJNG y las siglas “GDS”. En ambos mensajes se advierte a los habitantes de Tlalpan y Xochimilco que no respalden a otros grupos criminales, al tiempo que se asegura que la organización ya opera en la zona.

 

La aparición de este tipo de mensajes representa un nuevo desafío para las autoridades capitalinas, que durante años han sostenido que la Ciudad de México no enfrenta los niveles de control territorial observados en otras entidades del país. No obstante, la difusión pública de amenazas, la colocación de narcomantas y la presencia de grupos armados en videos difundidos en redes sociales mantienen la preocupación sobre la capacidad de las organizaciones criminales para operar e influir en distintas zonas de la capital.

viernes, 29 de mayo de 2026

EXJEFE POLICIACO LIGADO A LOS CHAPITOS PONE CONTRA LAS CUERDAS A MORENA EN SINALOA


*La entrega de Marco Almanza en Estados Unidos revive cuestionamientos sobre el respaldo político a Rubén Rocha y la falta de responsabilidades dentro del partido gobernante

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


CIUDAD DE MÉXICO, 29 de mayo de 2026.- La entrega a las autoridades estadounidenses de Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa, amenaza con convertirse en mucho más que un caso judicial. Las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos vuelven a colocar bajo presión al gobierno de Sinaloa y a Morena, partido que ha cerrado filas en torno al gobernador Rubén Rocha Moya pese a los constantes cuestionamientos sobre la infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder de la entidad.

 

De acuerdo con la acusación estadounidense, Almanza Avilés habría recibido sobornos mensuales de aproximadamente 300 mil pesos de la facción criminal de "Los Chapitos" a cambio de brindar protección institucional, facilitar operaciones de narcotráfico, liberar detenidos y perseguir a rivales de la organización.

 

Los señalamientos son de una gravedad extraordinaria. No se trata únicamente de un funcionario presuntamente corrupto, sino de quien encabezó una de las áreas más sensibles de investigación criminal en Sinaloa, una posición desde la cual, según la acusación, habría utilizado recursos del Estado para favorecer los intereses de una organización criminal.

 

La pregunta que inevitablemente surge es cuántos funcionarios conocían lo que ocurría y durante cuánto tiempo operó esta presunta red de protección sin que existieran consecuencias administrativas, penales o políticas.

 

El caso cobra especial relevancia porque ocurre mientras el gobernador morenista Rubén Rocha Moya continúa enfrentando críticas de diversos sectores que consideran insuficientes las explicaciones sobre la penetración del narcotráfico en las instituciones estatales.

 

A ello se suma la figura del senador Enrique Inzunza Cázares, exsecretario general de Gobierno durante la administración de Rocha Moya y uno de los hombres más cercanos políticamente al mandatario estatal. Hasta ahora, ninguno de los escándalos relacionados con presuntas redes de protección al crimen organizado ha derivado en investigaciones políticas de alto nivel dentro del partido gobernante.

 

La situación también alcanza al gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sus adversarios han cuestionado que Morena mantenga un respaldo político firme hacia Rocha Moya pese a que las investigaciones, detenciones y procesos judiciales en Estados Unidos continúan involucrando a exfuncionarios que formaron parte de las estructuras de seguridad de Sinaloa.

 

Para la oposición, el problema ya no radica únicamente en las acusaciones contra exmandos policiacos, sino en la negativa de Morena a asumir costos políticos mientras continúan apareciendo nombres de funcionarios vinculados con investigaciones sobre narcotráfico.

 

La entrega de Almanza Avilés podría convertirse en una pieza clave para los fiscales estadounidenses. Su eventual cooperación con las autoridades norteamericanas podría revelar cómo operaban los mecanismos de protección institucional al crimen organizado, quiénes participaban en ellos y hasta dónde llegaban las cadenas de mando.

 

Por ahora, el caso vuelve a colocar a Morena frente a una incómoda contradicción: mientras Estados Unidos continúa procesando a exfuncionarios mexicanos presuntamente ligados al narcotráfico, en México persisten las resistencias políticas para deslindar responsabilidades o exigir rendición de cuentas a quienes estuvieron al frente de las administraciones donde esos funcionarios ejercieron poder.

 

La captura o entrega de un mando policiaco puede explicarse como un hecho aislado. Sin embargo, cuando los expedientes comienzan a acumularse, las preguntas dejan de dirigirse únicamente a los acusados y empiezan a alcanzar a quienes los nombraron, los respaldaron o decidieron mantenerlos dentro de las estructuras de gobierno.

jueves, 28 de mayo de 2026

AGUA BAJO CONTROL CRIMINAL EN LA PAZ


*Mientras vecinos sufren desabasto, el “Sindicato 22 de Octubre” reparte pipas y crecen sospechas de presuntos pactos entre el grupo delictivo y el gobierno de Martha Guerrero

 


LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 28 de mayo de 2026.- Mientras cientos de familias sobreviven entre cubetas vacías, tinacos secos y protestas desesperadas por la falta de agua, en el municipio de La Paz crecen las sospechas de que el gobierno morenista encabezado por Martha Guerrero y su esposo y operador político, Tranquilino Lagos Buenabad, habría permitido que un grupo criminal tomara el control de uno de los recursos más sensibles para la población: el agua potable.

 

En distintas colonias de la localidad, vecinos han salido a las calles en los últimos días para denunciar la incapacidad del ayuntamiento para resolver la crisis hídrica. Sin embargo, detrás del desabasto, emerge una acusación todavía más grave: que el llamado “Sindicato 22 de Octubre” controla pozos, pipas, distribución y venta de agua en el municipio, operando con total impunidad y presunta protección política.

 

La situación ya dejó de ser un rumor de pasillo. En La Paz, cada vez más habitantes señalan que el acceso al agua está condicionado, manipulado y convertido en un mecanismo de presión política y control social.

 

De acuerdo con denuncias vecinales, en las zonas altas y marginadas del municipio, personas vinculadas al “Sindicato 22 de Octubre” exigen afiliaciones o respaldo político a Morena a cambio de entregar apenas 300 litros de agua por semana a familias que viven en condiciones precarias. Al mismo tiempo, pipas de agua son comercializadas hasta en dos mil pesos, convirtiendo la necesidad humana en un negocio lucrativo.

 

El problema adquiere dimensiones todavía más delicadas debido a que los pozos señalados por vecinos y líderes sociales son infraestructura pública, que legalmente debería estar bajo control de las autoridades municipales y organismos operadores. A pesar de ello, ni el ayuntamiento ni la alcaldesa han aclarado públicamente quién administra realmente esos pozos ni bajo qué facultades operan grupos externos distribuyendo agua en el municipio.

 

EL SILENCIO OFICIAL HA ALIMENTADO AÚN MÁS LAS SOSPECHAS

 

Diversos sectores políticos y ciudadanos han retado públicamente a Martha Guerrero y a Tranquilino Lagos a deslindarse abiertamente del “Sindicato 22 de Octubre” y de sus operadores en la región, entre ellos Héctor Becerril. Hasta ahora, no existe un posicionamiento contundente ni una negación frontal sobre los presuntos vínculos.

 

La polémica escaló todavía más este jueves, cuando, en medio de las protestas por la escasez, el propio grupo difundió un comunicado en redes sociales anunciando que pondría pipas de agua a disposición de las colonias afectadas.

 

“¡La Unión hace la fuerza! La Federación 22 de Octubre se solidariza con La Paz”, publicó la organización, asegurando que trabajaban “por el bienestar de la comunidad”.

 

Lejos de tranquilizar a la población, el mensaje provocó nuevas dudas y alarma entre habitantes, quienes cuestionan cómo un grupo señalado por presuntas actividades criminales tiene capacidad para abastecer de agua a comunidades enteras mientras el gobierno municipal permanece rebasado.

 

Las interrogantes son inevitables: ¿Quién autorizó al grupo operar sobre infraestructura pública? ¿De dónde obtiene el agua? ¿Por qué una organización señalada por presuntos delitos aparece resolviendo una crisis que corresponde al ayuntamiento? ¿Y por qué el gobierno local no actúa contra quienes presuntamente controlan ilegalmente un recurso público?

 

Para muchos habitantes, el comunicado terminó por exhibir lo que durante meses se denunció en voz baja: una presunta convivencia entre el poder político y estructuras criminales que han encontrado en el agua un mecanismo de negocio, presión y control territorial.

 

EL CONTEXTO QUE RODEA AL “SINDICATO 22 DE OCTUBRE” VUELVE TODAVÍA MÁS DELICADO EL ESCENARIO

 

La organización forma parte de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON), cuyo dirigente, Guillermo Fragoso Báez, alias “El Memo” o “El Jefe”, permanece prófugo señalado por delitos como extorsión al autotransporte, cobro ilegal a conductores de pipas y secuestro exprés.

 

A ello se suma el caso de Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, sexto regidor, identificado como líder del grupo en Chalco, actualmente preso en un penal de Coahuila por delitos de extorsión, invasión de predios y presuntos homicidios.

 

Pese a esos antecedentes, hoy el “Sindicato 22 de Octubre” aparece públicamente como el supuesto “salvador” de un ayuntamiento incapaz de garantizar un derecho humano básico.

 

LA CIUDADANÍA, SIN EMBARGO, OBSERVA CON MIEDO

 

Muchos vecinos temen recibir agua distribuida por la organización, bajo la sospecha de que tarde o temprano el apoyo será cobrado mediante cuotas, favores políticos o nuevas formas de control social. Otros advierten que desde la llegada de Martha Guerrero al poder, la presencia del grupo se volvió más visible y agresiva en el municipio.

 

Comerciantes, dueños de bares y empresarios locales también han denunciado en distintos momentos presuntos intentos de extorsión y cobro de piso. Paralelamente, la violencia y los asesinatos han aumentado, mientras los grupos ligados al “Sindicato 22 de Octubre” operan cada vez con mayor exposición pública.

 

Para amplios sectores de La Paz, el problema ya no es únicamente la falta de agua. El verdadero temor es que el municipio esté transitando hacia un modelo donde grupos criminales sustituyen funciones del Estado, controlan servicios públicos y se fortalecen bajo la sombra del poder político.

 

Y mientras la gente sigue esperando agua, también espera respuestas.