EL FAVOR DE ANTORCHA A HIGINIO: EL PACTO QUE AMENAZA CON ARREBATARLE A CHAPINGO 1,640 HECTÁREAS DE BOSQUE
*Voces de la comunidad de Chapingo sostienen que la ofensiva
de los ejidatarios de Río Frío habría encontrado respaldo político en el grupo
de Higinio Martínez; Armando Corona Arvizu y Jesús Cuanalo son señalados de
gestionar ante autoridades el reconocimiento de los terrenos como propiedad
ejidal
Por: EXPEDIENTE SECRETO
Esa es la versión que circula con creciente fuerza entre
integrantes de la comunidad universitaria, quienes observan con indignación
cómo una invasión que comenzó con el cierre de accesos y el ingreso de
maquinaria pesada a la Estación Forestal Experimental Zoquiapan (EFEZ) estaría
siendo acompañada ahora por una ofensiva política y burocrática para intentar
convertir la ocupación en un supuesto derecho de propiedad.
El asunto es explosivo porque, de acuerdo con las denuncias, el
conflicto dejó de ser hace tiempo un simple pleito agrario.
Ahora aparecen diputados federales de Morena, funcionarios
estatales, autoridades municipales, operadores agrarios y un técnico forestal
externo que estaría construyendo los argumentos técnicos para respaldar la
pretensión de los ejidatarios.
Y en el centro de esa operación aparece el nombre de Higinio
Martínez Miranda, senador texcocano y uno de los principales aspirantes del morenismo
mexiquense a la candidatura para gobernador en 2029.
La pregunta que nadie quiere responder es evidente: ¿El bosque
de Chapingo se convirtió en la moneda de cambio de un pacto político?
ANTORCHA HABRÍA COBRADO EL FAVOR
Las acusaciones que circulan dentro de Chapingo apuntan a que
la relación entre el grupo político de Higinio Martínez y sectores de Antorcha
Campesina continúa vigente y que el conflicto de Zoquiapan podría formar parte
de los acuerdos territoriales y políticos que permitirían al senador fortalecer
su estructura rumbo a 2029.
La versión es contundente: Antorcha habría pedido apoyo para
que los ejidatarios de Río Frío fueran reconocidos como propietarios de los
terrenos forestales ocupados y Higinio habría activado a sus operadores políticos
para abrir esa puerta.
Las voces aseguran que presuntamente el senador y Antorcha
Campesina palmearon el despojo y así apropiarse de los terrenos. Las
acusaciones deben ser investigadas porque, detrás de ellas, existe una serie de
hechos concretos que requieren explicación.
Entre ellos está la intervención de dos diputados federales de
Morena: Armando Corona Arvizu y Jesús Cuanalo.
Ambos son señalados de realizar gestiones ante distintas
dependencias para respaldar a los ejidatarios y conseguir que sean reconocidos
como propietarios de las 1,640 hectáreas.
Corona Arvizu, además, se hizo famoso en octubre de 2025 por
impulsar una iniciativa relacionada con sancionar con prisión la difusión de
memes contra funcionarios públicos, propuesta que provocó críticas y burlas en
redes sociales.
Ahora vuelve a colocarse bajo los reflectores, pero por un
asunto mucho más serio: su presunta participación en las gestiones políticas
alrededor de uno de los principales espacios forestales de Chapingo.
PRIMERO ENTRARON POR LA FUERZA; AHORA BUSCAN LA LEGALIZACIÓN
La historia de Zoquiapan tiene una cronología que resulta
difícil de ignorar. El 15 de octubre de 2025, ejidatarios de Río Frío cerraron
el acceso principal a la Estación Forestal Experimental Zoquiapan e
introdujeron maquinaria pesada para abrir caminos.
Los estudiantes de Ciencias Forestales no abandonaron inmediatamente
sus prácticas. Buscaron caminos secundarios para continuar con sus actividades
académicas.
Pero el 15 de febrero de 2026, según testimonios
universitarios, los ejidatarios los enfrentaron con machetes y los amenazaron
para impedirles el paso.
La advertencia habría sido directa: “Estos son nuestros
bosques”.
Los alumnos continuaron intentando realizar sus prácticas
hasta que la situación llegó a un punto crítico. El 28 de mayo, los caminos y
veredas restantes fueron cerrados.
Los estudiantes fueron nuevamente expulsados y, desde entonces,
profesores y alumnos dejaron de acudir a la estación por temor a una
confrontación violenta.
Un profesor de Chapingo, quien solicitó anonimato, lo resumió
así: “Pensamos que no irían más allá, por lo cual no suspendimos nuestras
tareas de enseñanza, hasta que el 28 de mayo pasado cerraron todas las veredas
y caminos y expulsaron con más amenazas a nuestros estudiantes. Desde entonces
no hemos vuelto por el riesgo de violencia”.
LA OPERACIÓN POLÍTICA
Mientras los estudiantes quedaron fuera del bosque, comenzó
otra etapa de la disputa.
Según las denuncias, Armando Corona Arvizu y Jesús Cuanalo
comenzaron a realizar gestiones ante distintas instancias gubernamentales para
respaldar la pretensión de los ejidatarios.
En el entramado aparecen también María Eugenia Rojano Valdés,
secretaria del Campo del Estado de México; Abraham Noriega González, delegado
regional de esa dependencia; integrantes del Ayuntamiento de Ixtapaluca y Lorenzo
de Jesús, comisariado ejidal de Río Frío.
Pero existe otro personaje que llama particularmente la
atención. Se trata de un técnico forestal externo, señalado como asesor de los
ejidatarios y quien, según las denuncias, habría alentado su incursión en la
estación.
Su función sería todavía más delicada: elaborar planos, delimitaciones,
argumentos cartográficos y elementos técnicos relacionados con el uso de suelo
para sustentar la reclamación de los terrenos.
Es decir: primero se ocupa el territorio y después se
construye el expediente para intentar justificar la ocupación.
Eso es precisamente lo que integrantes de Chapingo consideran
una operación destinada a fabricar una fachada técnica y legal para el despojo ¿Quién
está protegiendo a los invasores?
Mientras tanto, el rector de Chapingo tampoco ha escapado a
las críticas. El 15 de diciembre de 2025, el rector acudió a reunirse con
representantes de los ejidatarios de Río Frío.
La comunidad universitaria nunca conoció con claridad el
resultado de aquella reunión, mientras la ocupación continuó.
“Los estudiantes, los profesores y los trabajadores
administrativos quedamos a la espera de que los desalojaran. Sin embargo, ahí
siguen”, señaló el profesor entrevistado.
Y agregó una acusación todavía más fuerte: “Quizá convencieron
al rector de que se hiciera de la vista gorda y de que no actuara con firmeza
legal, o tal vez Antorcha Campesina lo presionó para que no se moviera y los ha
dejado hacer a su antojo, beneficiando a los usurpadores ejidales”.
La acusación es grave y corresponde a las autoridades universitarias
responderla.
Porque mientras se discuten documentos, gestiones y argumentos
jurídicos, la realidad es que los alumnos de la Universidad de Chapingo fueron
expulsados de una estación forestal que utilizan para su formación profesional.
CORONA, CUANALO Y EL GRUPO DE HIGINIO
La presencia de Corona Arvizu y Jesús Cuanalo adquiere
especial relevancia por su presunta participación en las gestiones para
favorecer a los ejidatarios.
Corona Arvizu pertenece al grupo morenista identificado con Higinio
Martínez Miranda, por lo que la comunidad universitaria observa con especial
suspicacia que un legislador cercano al senador participe en la defensa
política de los reclamantes. Y ahí vuelve a aparecer la organización más represiva
del Edomex, Antorcha Campesina.
Para quienes conocen la política mexiquense, la organización
no es un actor menor. Su capacidad de movilización, presión territorial y
negociación política la ha convertido durante décadas en un factor de poder.
Por eso, la versión que circula dentro de Chapingo resulta
políticamente explosiva:
el conflicto de Zoquiapan sería uno de los favores que
Antorcha habría colocado sobre la mesa para mantener su alianza con Higinio
Martínez. Y si esa versión fuera cierta, la pregunta sería todavía más
delicada:
¿Qué está dispuesto a entregar el grupo político de Higinio Martínez
para obtener el respaldo territorial que necesita rumbo a 2029?
EL BOSQUE COMO MONEDA POLÍTICA
Lo que está en juego no son unas cuantas parcelas. Son 1,640
hectáreas de bosque pertenecientes al ámbito de la Universidad Autónoma
Chapingo, utilizadas para enseñanza, investigación y prácticas profesionales.
Es patrimonio vinculado a una institución pública. Por eso, el
caso exige que las autoridades federales, estatales, agrarias y universitarias
hagan públicos los documentos que acrediten quién tiene la propiedad y posesión
legal de esos terrenos.
También deben transparentarse las gestiones realizadas por los
diputados Corona Arvizu y Cuanalo.
¿Con qué dependencias se reunieron? ¿A quién solicitaron que
reconociera a los ejidatarios? ¿Con qué documentos pretenden acreditar la
propiedad? ¿Quién elaboró los planos? ¿Quién financió esos trabajos técnicos? ¿Quién
es el asesor forestal externo? ¿Y por qué los estudiantes de Chapingo tienen
meses sin poder entrar a realizar sus prácticas?
Pero hay una pregunta todavía más importante: ¿Higinio
Martínez está interviniendo en el conflicto?
Si no lo está haciendo, debería decirlo públicamente y
deslindarse. Si sí lo está haciendo, debería explicar por qué.
Porque el escenario que hoy se denuncia es indignante: una
organización política necesitaría un favor para respaldar una candidatura; el
favor consistiría en ayudar a ocupar un bosque universitario; diputados
morenistas moverían los hilos institucionales; funcionarios estatales y
municipales aparecerían en el entramado y, finalmente, un técnico forestal
construiría la justificación para intentar vestir de legalidad lo que comenzó
con maquinaria, bloqueos y amenazas.
Si esto se confirma, no estaríamos frente a una simple disputa
agraria. Estaríamos frente a una operación política para apropiarse de
patrimonio público.
Y entonces el problema ya no sería únicamente que los
ejidatarios de Río Frío quieran 1,640 hectáreas. El verdadero problema sería
que alguien desde el poder político les esté abriendo la puerta para
conseguirlas.
Mientras tanto, los estudiantes siguen fuera. El bosque sigue
ocupado. Y quienes denuncian el despojo siguen esperando que alguna autoridad
tenga el valor de preguntar lo elemental:
¿Quién está negociando Zoquiapan y qué está recibiendo a
cambio?
