IXTAPALUCA: MÁS DINERO, MENOS OBRA Y UN MANDO DE

 TRÁNSITO DETENIDO POR HOMICIDIO

 

*Con una nómina que se dispara a 805 millones de pesos, menor inversión en obra pública y servicios que siguen acumulando reclamos, el gobierno de Felipe Arvizu enfrenta además la detención de un mando de Tránsito investigado por un presunto homicidio

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Estado de México, 17 de septiembre de 2026.— Ixtapaluca enfrenta una combinación que coloca bajo escrutinio al gobierno municipal encabezado por el morenista Felipe Arvizu de la Luz: un presupuesto que creció de manera importante, una nómina que supera los 805 millones de pesos, una inversión pública que, según las cifras presentadas por el PRI, cayó 39 por ciento y, al mismo tiempo, la detención de un mando municipal de Tránsito investigado por un presunto homicidio.

 

El señalamiento político fue lanzado por Cristina Ruiz Sandoval, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI y senadora de la República, quien exigió al Ayuntamiento transparentar el destino de los recursos públicos y explicar por qué el incremento presupuestal no se ha traducido, a su juicio, en mejores servicios para la población.

 

De acuerdo con las cifras presentadas por la dirigente priista, el presupuesto autorizado de Ixtapaluca pasó de mil 351 millones de pesos en 2021 a más de mil 940 millones en 2026, un incremento de aproximadamente 43.5 por ciento. Sin embargo, la inversión pública habría descendido de 429 millones de pesos en 2023 a 262.9 millones en 2026. El contraste es todavía mayor en el capítulo de Servicios Personales.

 

Según los datos expuestos por Ruiz Sandoval, la nómina municipal pasó de alrededor de 540 millones de pesos a más de 805 millones, un crecimiento cercano al 49 por ciento.

 

Es decir: más recursos para el Ayuntamiento, pero una proporción considerablemente mayor destinada al gasto en personal mientras disminuye la inversión pública.

 

La dirigente priista cuestionó incluso la posible existencia de trabajadores que no desempeñen funciones efectivas dentro de la administración municipal, es decir, la nómina del ayuntamiento podría estar repleta de aviadores y, exigió revisar la integración de la nómina.

 

“Son 805 millones de pesos, perdóname, pero de puros sueldos, y si no déjenme revisar a sus empleados”, señaló Ruiz Sandoval.

 

MÁS DINERO PARA EL GOBIERNO, MENOS PARA LAS OBRAS

 

La denuncia adquiere mayor dimensión cuando se coloca frente a las condiciones que persisten en distintas zonas de Ixtapaluca.

 

Falta de agua potable, calles deterioradas, problemas de recolección de basura, transporte y deficiencias en servicios públicos forman parte de las demandas que, de acuerdo con los señalamientos de la oposición, siguen enfrentando habitantes del municipio.

 

El PRI también cuestionó el incremento en el costo de la nómina del Cabildo. De acuerdo con las cifras difundidas, el gasto anual correspondiente a sus integrantes habría pasado de aproximadamente 17.9 millones a 26.2 millones de pesos.

 

Para Ruiz Sandoval, ese incremento resulta contradictorio con el discurso de austeridad que sostiene Morena.

 

El gobierno municipal, por su parte, mantiene publicado un apartado oficial de Presupuesto 2026, mientras que el Ayuntamiento es encabezado por Felipe Rafael Arvizu de la Luz para el periodo 2025-2027.

 

Y EN MEDIO DEL ESCÁNDALO PRESUPUESTAL, DETIENEN A UN MANDO DE TRÁNSITO

 

Pero el problema para el gobierno de Arvizu no termina en los números. El pasado 9 de septiembre, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a Víctor Isauro Soria, identificado en distintos reportes como director o mando de Tránsito de Ixtapaluca, en el marco de una investigación relacionada con un presunto homicidio.

 

De acuerdo con reportes periodísticos, elementos del área de Homicidios de la FGJEM acudieron a instalaciones municipales para cumplimentar la orden y retiraron al funcionario el arma de cargo antes de trasladarlo ante las autoridades ministeriales.

 

Otros reportes periodísticos señalaron además que el funcionario era investigado por su probable participación en homicidio y extorsión, aunque hasta ahora no se han hecho públicos los detalles del crimen, la identidad de la víctima ni las circunstancias específicas de los hechos.

 

Sin embargo, políticamente, la detención de un funcionario municipal de ese nivel coloca una nueva presión sobre el Ayuntamiento.

 

¿QUIÉN VIGILA A LOS QUE DEBEN VIGILAR?

 

La pregunta inevitable es qué controles internos operaban dentro de la administración municipal mientras uno de sus mandos de Tránsito era objeto de una investigación ministerial.

 

Y esa pregunta cobra mayor relevancia cuando el municipio enfrenta, paralelamente, cuestionamientos por el destino de sus recursos y por la calidad de los servicios públicos.

 

La oposición exige conocer quiénes integran la nómina, cuánto ganan, qué funciones desempeñan, qué obras fueron contratadas, cuánto costaron, cuándo deben concluir y cuáles han sido realmente ejecutadas. También exige conocer la estrategia de seguridad municipal y sus resultados.

 

Ruiz Sandoval sostuvo que, de acuerdo con las cifras que presentó, Ixtapaluca pasó del lugar 12 al noveno en materia de incidencia delictiva estatal entre 2021 y 2026. Con ese argumento lanzó una de sus acusaciones políticas más fuertes:

 

“Morena está destruyendo Ixtapaluca, le bastaron dos trienios para lograrlo”. La frase pertenece a la dirigente priista y representa la posición política de su partido, pero sin duda también representa el sentir de muchos vecinos de Ixtapaluca.

 

EL CASO QUE OBLIGA A DAR EXPLICACIONES

 

Lo que queda sobre la mesa es un conjunto de preguntas que el gobierno municipal tendrá que responder con documentos, no solamente con discursos:

 

¿Por qué aumentó la nómina hasta superar los 805 millones de pesos? ¿Quiénes cobran de la administración municipal y qué funciones desempeñan? ¿Por qué la inversión pública disminuyó mientras el presupuesto general aumentó? ¿Qué obras se realizaron y cuánto costaron? ¿Qué controles existen para evitar que funcionarios municipales sean involucrados en investigaciones por delitos graves?

 

Y, sobre todo: ¿Qué está haciendo el gobierno de Felipe Arvizu para recuperar la confianza de los habitantes de Ixtapaluca?

 

La detención de un mando de Tránsito no demuestra por sí misma responsabilidad del alcalde. Pero sí coloca bajo la lupa los mecanismos de la supervisión municipal.

 

Mientras tanto, los habitantes siguen esperando respuestas sobre agua, calles abandonadas, basura, seguridad y servicios.

 

Porque cuando el presupuesto crece, la nómina crece y las necesidades de la población permanecen, la pregunta deja de ser cuánto dinero tiene el municipio.  La pregunta es mucho más incómoda:

 

¿EN QUÉ SE ESTÁ GASTANDO?

ECATEPEC: 530 CÁMARAS DEL CRIMEN PARA ESPIAR A RIVALES Y AUTORIDADES

 

*La Marina desmantela 530 cámaras del crimen, pero los vecinos siguen atrapados entre extorsión, disputas territoriales y miedo

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ECATEPEC, Estado de México, 16 de septiembre de 2026.— En algunas zonas de Ecatepec, la delincuencia no solamente controla calles, negocios y territorios: también vigila desde las alturas.

 

Cámaras colocadas en postes, paredes, lámparas y otros puntos estratégicos han sido utilizadas para observar el movimiento de personas, detectar grupos rivales y, de acuerdo con investigaciones de seguridad, advertir la llegada de policías y fuerzas federales.

 

El fenómeno quedó nuevamente al descubierto en las colonias Buenavista, El Gallito y Santa Clara Coatitla, en las partes bajas de la Sierra de Guadalupe, donde elementos de la Marina, la Fiscalía General de la República participaron en un operativo para neutralizar 21 cámaras instaladas irregularmente en infraestructura pública. La dimensión del problema no es nueva.

 

De acuerdo a la Marina, y reportado por el medio informativo: Latinus, desde enero a la fecha se han desmantelado 530 video cámaras en la localidad, instaladas por grupos delictivos.

 

DEL “HALCÓN” EN MOTOCICLETA A LA VIGILANCIA ELECTRÓNICA

 

Durante años, el aviso de que llegaba la policía dependía de los llamados “halcones”: personas que recorrían las calles en motocicletas o permanecían estratégicamente ubicadas para alertar a sus compañeros.

 

Ahora, la tecnología permite hacer prácticamente lo mismo, pero desde una red permanente de vigilancia.

 

Las cámaras pueden ofrecer una visión mucho más amplia de calles y accesos y, cuando están conectadas a infraestructura de telecomunicaciones o alumbrado, permiten mantener vigilancia durante largos periodos.

 

El problema es que una cámara instalada clandestinamente no necesariamente está protegiendo a los vecinos. Puede estar observándolos. Puede estar registrando quién entra y quién sale.

 

Y, según las investigaciones de seguridad citadas, puede servir para conocer con anticipación los movimientos de las autoridades.

 

En febrero, el gobierno municipal reconoció precisamente que algunas de estas cámaras habían sido utilizadas por grupos delictivos para monitorear los movimientos de las corporaciones policiales.

 

AGUA, COMBUSTIBLE Y EXTORSIÓN: EL NEGOCIO DETRÁS DE LA DISPUTA

 

En las colonias asentadas en las partes bajas de la Sierra de Guadalupe, vecinos han denunciado la presencia y disputa de grupos dedicados presuntamente a actividades como el “huachicol de agua”, robo de combustible y extorsión.

 

La violencia derivada de esas disputas termina alcanzando a quienes viven y trabajan en la zona.

 

Un episodio ocurrido el 21 de abril, de acuerdo con la información publicada por Latinus, muestra hasta dónde puede llegar la confrontación.

 

Sobre avenida Nacional, operadores de una pipa de agua habrían sido emboscados por sujetos armados. Los agresores bloquearon el paso y el conductor intentó retroceder; en la maniobra, una motocicleta quedó debajo de la unidad y posteriormente se registraron al menos siete disparos. Los vecinos activaron las alarmas. Y ahí aparece otra de las caras de esta crisis: el miedo cotidiano.

 

Habitantes de la zona aseguran que cuando cae la noche procuran no salir de sus domicilios. La recomendación entre vecinos es sencilla: comprar antes de oscurecer todo lo necesario y permanecer en casa.

 

No es una vida normal. Es una comunidad que aprende a encerrarse para sobrevivir.

 

UNA GUERRA DE GRUPOS QUE CONVIERTE LAS CALLES EN TERRITORIO DE NADIE

 

Información de seguridad identifica entre los grupos que disputan espacios en la zona a Los Mayas, USON, Creasy Grup, Manzanos UDG y células vinculadas con Los 300, aunque la situación y composición de estas organizaciones debe ser determinada por las investigaciones ministeriales correspondientes.

 

En el caso de USON, existen antecedentes públicos particularmente relevantes. Guillermo Fragoso Báez, alias “El Memo” o “El Jefe”, fue objeto de una orden de aprehensión federal en septiembre de 2025. Autoridades lo señalaron como presunto líder de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), y lo investigan por diversos delitos, entre ellos delincuencia organizada, homicidio, secuestro, extorsión, despojo y huachicol.

 

La búsqueda de Fragoso Báez aún sigue vigente en 2026, mientras que autoridades han realizado detenciones de personas presuntamente relacionadas con estructuras vinculadas a USON.

 

El dato de fondo es preocupante: mientras las autoridades desmontan cámaras, las estructuras criminales buscan mantener capacidad de vigilancia y control territorial.

 

“EL MEMO” Y LAS FOTOGRAFÍAS CON POLÍTICOS

 

Fragoso Báez también ha aparecido públicamente en fotografías con distintos personajes políticos, entre los que destaca, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el senador Gerardo Fernandez Noroña, el senador Higinio Martínez, el alcalde de Texcoco, Nazario Gutiérrez y con la propia alcaldesa de Ecatepec, Azucena CISNEROS Coss.

 

Medios como TV Azteca documentaron su presunta cercanía pública con integrantes del entorno político de Morena, y señalaron que el propio Fragoso difundía imágenes con figuras políticas.

 

Lo que sí resulta periodísticamente relevante es preguntar: ¿Cómo pudo crecer durante años una estructura señalada por las autoridades sin que las instituciones actuaran con mayor contundencia?

 

LOS 300: OTRO NOMBRE QUE APARECE EN EL MAPA DEL CONFLICTO

 

Otro de los grupos mencionados en las investigaciones de seguridad es Los 300, organización que ha sido objeto de diversos operativos y carpetas de investigación por delitos como extorsión, homicidio, robo y despojo.

 

La Jornada reportó en 2025 que la Fiscalía mexiquense investigaba posibles relaciones de integrantes de Los 300 con autoridades en funciones y anteriores de municipios del Valle de México, incluido Ecatepec. El mismo medio publicó señalamientos sobre un supuesto entramado de protección durante administraciones anteriores del morenista Fernando Vilchis Contreras, el expresidente municipal de Ecatepec.

 

EL PROBLEMA NO SE RESUELVE QUITANDO CÁMARAS

 

Y aquí está el verdadero fondo del problema. Retirar una cámara puede impedir que un grupo criminal observe una calle.

 

Pero si detrás de esa cámara existe una estructura dedicada a la extorsión, al robo de agua, al robo de combustible, al despojo o a cualquier otra actividad criminal, la cámara es solamente una pieza del engranaje.

 

Hoy retiran una, pero, mañana pueden colocar otra. La pregunta verdaderamente incómoda es quién financia esas estructuras, quién las opera, quién las protege —si es que existe protección— y por qué durante años han podido establecer mecanismos de control territorial en zonas donde viven miles de personas.

 

Porque mientras las autoridades anuncian el retiro de cámaras, los habitantes siguen teniendo miedo de caminar por sus propias calles después de que oscurece.

 

Y ése debería ser el verdadero indicador de la crisis. Una colonia no recupera la seguridad simplemente porque desaparezcan algunas cámaras de los postes.

 

La recupera cuando sus habitantes pueden salir de noche sin miedo. Cuando un comerciante puede abrir su negocio sin pagar extorsiones. Cuando un transportista puede circular sin ser amenazado. Cuando una pipa puede llevar agua sin convertirse en objetivo de hombres armados.

 

Y cuando las instituciones dejan de limitarse a desmontar los ojos del crimen para desmantelar las estructuras que permiten que esos ojos vuelvan a aparecer.

 

Porque el problema de Ecatepec no es solamente que haya cámaras clandestinas. El problema es quién está detrás de ellas y cómo consiguió convertir calles enteras en territorios bajo vigilancia.

CAZAN AUTORIDADES FEDERALES A AMÍLCAR OLÁN

 

*La FGR obtiene presunta orden de aprehensión por delincuencia organizada contra el empresario señalado por sus nexos con Andy y Gonzalo López Beltrán; el expediente también toca una investigación fiscal por 834 millones de pesos y presuntos vínculos con una célula del CJNG

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.— Lo que durante años fue presentado como la historia de un empresario cercano al círculo de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hoy enfrenta un giro judicial de enorme gravedad: la Fiscalía General de la República (FGR) habría obtenido una orden de aprehensión contra Jorge Amílcar Olán Aparicio por el presunto delito de delincuencia organizada

 

De acuerdo con información difundida este martes por diversos medios, el mandamiento judicial habría sido librado por un juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

 

La noticia coloca nuevamente bajo los reflectores a un personaje cuya trayectoria empresarial ha sido cuestionada durante los últimos años y cuya cercanía con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y Gonzalo “Bobby” López Beltrán ha sido documentada y ampliamente señalada en investigaciones periodísticas. Pero ahora el escenario es distinto.

 

Ya no se trata solamente de cuestionamientos políticos, negocios, contratos públicos o presuntos conflictos de interés. El nombre de Olán aparece ahora en una investigación federal que, según los reportes conocidos, contempla el delito de delincuencia organizada.

 

DE LOS ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN A LOS NEGOCIOS MILLONARIOS

 

La historia empresarial de Olán Aparicio resulta particularmente llamativa. De acuerdo con investigaciones periodísticas, comenzó como un empresario relativamente pequeño dedicado al sector de acabados de construcción, pero a partir de 2019 sus negocios habrían registrado una expansión extraordinaria.

 

El empresario incursionó posteriormente en sectores como medicamentos, construcción y suministro de balasto para obras ferroviarias federales, incluido el Tren Maya.

 

Ese crecimiento lo llevó a participar en operaciones y contratos públicos por cantidades millonarias.

 

La pregunta que desde entonces ha acompañado las investigaciones periodísticas es sencilla, pero demoledora:

 

¿Cómo pasó un empresario de perfil relativamente modesto a convertirse en un participante de negocios de miles de millones de pesos alrededor de proyectos estratégicos del gobierno federal?

 

El cuestionamiento cobró todavía mayor fuerza por su cercanía personal con los hijos del entonces presidente López Obrador.

 

Diversos reportes lo han señalado como presunto prestanombres, socio encubierto u operador de negocios relacionados con Andy y Gonzalo López Beltrán.

 

La nueva ofensiva judicial estaría relacionada con otra investigación que apunta hacia el negocio de los combustibles.

 

El Servicio de Administración Tributaria habría presentado ante la FGR una denuncia contra Portacelis Gas and Oil, empresa señalada por presunto contrabando de combustible y defraudación fiscal. El monto involucrado sería de aproximadamente 834 millones de pesos.

 

De acuerdo con N+, el SAT detectó inconsistencias en documentos de importación y embarques de diésel, en una operación que habría permitido introducir combustible al país declarando cantidades menores a las realmente transportadas.

 

Portacelis aparece vinculada con el entorno empresarial de Olán Aparicio y su administrador único era Juan Carlos de la Cruz Murillo, identificado en los reportes como colaborador cercano del empresario.

 

Así, la investigación comienza a dibujar un escenario mucho más complejo: empresas, combustible, presunta evasión fiscal y personajes relacionados con el círculo empresarial que rodeó a Olán.

 

Y EN MEDIO DE TODO, LOS AUDIOS DEL CJNG

 

Pero existe otro elemento que ha convertido el caso en uno de los expedientes más explosivos alrededor del llamado círculo de Andy López Beltrán.

 

En agosto pasado, Latinus difundió grabaciones telefónicas atribuidas a Amílcar Olán y a su hermano Luis Alberto, correspondientes a conversaciones de 2023.

 

Los audios fueron presentados como evidencia de presuntos contactos con una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz.

 

En las conversaciones difundidas se hacen referencias a Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, señalado por autoridades estadunidenses como integrante de alto nivel del CJNG.

 

Los materiales periodísticos sostienen que Luis Alberto Olán habría tenido contactos con personas relacionadas con esa estructura criminal y que esos vínculos habrían servido para proteger operaciones empresariales relacionadas con minas de balasto en Veracruz.

 

Aquí existe, sin embargo, una precisión indispensable: los audios difundidos públicamente no demuestran por sí mismos que Andrés Manuel o Gonzalo López Beltrán hayan participado en actividades criminales, sin embargo, l Fiscalía General de la Republica se ha negado a investigar a lños hijos del expresidente AMLO y, hasta la presidente de México Claudia Sheinbaum se ha convertido en su defensora de oficio.

 

Previamente se había reportado que Olán Aparicio promovió un amparo después de detectar labores de vigilancia de la FGR alrededor de su domicilio.

 

En aquel momento, las autoridades habrían informado que no existía una orden de captura vigente. Ahora, de acuerdo con los reportes publicados este 15 de septiembre, el escenario habría cambiado radicalmente.

 

La orden de aprehensión presuntamente ya existe. Y habría sido solicitada dentro de una investigación federal por delincuencia organizada. El expediente coloca inevitablemente bajo presión política al entorno de los hijos del expresidente.

 

La dimensión política del caso es, por tanto, imposible de ignorar. Un empresario que pasó de un negocio relativamente pequeño a participar en operaciones millonarias; contratos y actividades alrededor de proyectos estratégicos del gobierno; señalamientos de ser presunto prestanombres o socio encubierto de los hijos del expresidente; una investigación fiscal por cientos de millones de pesos; y ahora una orden de captura por delincuencia organizada.

 

Son demasiadas coincidencias para que el caso pueda despacharse simplemente como una disputa política. La justicia tendrá que determinar qué hay detrás de esta historia.

 

Tendrá que establecer quiénes participaron, quiénes se beneficiaron, cómo circularon los recursos y, sobre todo, si las relaciones empresariales y personales que durante años fueron objeto de señalamientos periodísticos llegaron o no a convertirse en una estructura criminal.

 

Porque la pregunta ya no es solamente quién era el amigo de “Andy”. La pregunta que ahora queda sobre la mesa es quiénes estaban detrás del negocio.

 

Y esa respuesta, si existe, tendrá que salir de las investigaciones de la Fiscalía, de los expedientes judiciales y de las pruebas que eventualmente sean presentadas ante los tribunales.

 

Por ahora, Jorge Amílcar Olán Aparicio enfrenta uno de los momentos más delicados de su trayectoria empresarial y judicial.

 

El amigo de los hijos del expresidente que durante años apareció en investigaciones sobre negocios millonarios ahora aparece, en la mira de la justicia federal por delincuencia organizada.

HIGINIO MARTÍNEZ: DEL CACICAZGO DE TEXCOCO AL PODER DEL SENADO

 

*Contratos, familiares, empresas y una candidatura en puerta: la red política y empresarial que acompaña al nuevo presidente del Senado

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 13 de septiembre de 2026.— La llegada de Higinio Martínez Miranda a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República no solamente representa el ascenso de un político con más de cinco décadas de trayectoria. También coloca nuevamente bajo los reflectores a un personaje cuyo poder político en Texcoco ha estado acompañado, durante años, por cuestionamientos sobre nepotismo, posibles conflictos de interés y vínculos entre funcionarios públicos y empresas relacionadas con su familia.

 

Uno de los episodios que retrata esa red ocurrió en agosto de 2023, cuando el Sistema Municipal DIF de Texcoco adjudicó directamente a Grupo Brazza Grill un contrato por 90 mil pesos para proporcionar desayunos a adultos mayores.

 

La operación podría parecer menor frente a los grandes contratos de obra pública que han rodeado al llamado Grupo Texcoco. El problema es quiénes aparecen detrás de la empresa.

 

De acuerdo con los datos expuestos, Grupo Brazza Grill fue fundada por hijos de Higinio Martínez, entre ellos Ernesto Martínez Mejía, quien además es esposo de Elizabeth Terrazas Ramírez, entonces directora del DIF municipal y posteriormente presidenta municipal de Texcoco.

 

Es decir, el dinero público terminó en una empresa vinculada familiarmente con quien encabezaba el organismo encargado de contratar el servicio.

 

¿Hubo conflicto de interés? ¿Quién revisó la operación? ¿Quién autorizó la adjudicación? ¿Se declaró algún impedimento? ¿Existieron cotizaciones comparativas? ¿Por qué se recurrió a una adjudicación directa?

 

Hasta ahora, esas son preguntas que deberían responder las autoridades fiscalizadoras. Porque el problema no son solamente los 90 mil pesos. El verdadero problema es el patrón.

 

EL PODER COMO HERENCIA POLÍTICA

 

Higinio Martínez construyó en Texcoco una estructura política que ha sobrevivido a partidos, administraciones y gobiernos. Fue alcalde de Texcoco entre 2003 y 2006, bajo las siglas del PRD, y posteriormente regresó a la presidencia municipal entre 2016 y 2018, ya bajo Morena.

 

Pero, aunque dejó de ocupar formalmente la alcaldía, su influencia política no desapareció. El actual presidente municipal, Nazario Gutiérrez, forma parte del llamado Grupo Texcoco, corriente política cuyo origen está estrechamente relacionado con Martínez Miranda.

 

La permanencia de personas cercanas a Higinio en posiciones estratégicas alimentó durante años la percepción de que Texcoco se convirtió en uno de los principales bastiones políticos del senador. Y en esa estructura también han aparecido integrantes de su propia familia.

 

Entre 2012 y 2015, su hermano Alberto Martínez Miranda fue tesorero municipal, Su tío Agustín Miranda ocupó la Dirección de Seguridad Pública, mientras que su prima Mónica Quintero Miranda estuvo al frente del área de Agua Potable y Saneamiento.

 

Diversos medios han documentado que al menos una decena de familiares de Higinio Martínez han ocupado cargos en distintas administraciones municipales de Texcoco.

 

La pregunta inevitable es si se trata de simples coincidencias familiares o de la consolidación de una estructura política en la que el apellido Martínez abre puertas.

 

LA EMPRESA QUE REGRESA UNA Y OTRA VEZ

 

Grupo Brazza Grill no aparece aislada, Los hijos de Higinio Martínez —Ernesto, Ulises y María José Martínez Mejía— han participado en distintas sociedades mercantiles.

 

Entre ellas aparece también Grupo Empresarial Lumeh, relacionada con actividades de publicidad y otros servicios. Uno de los socios que aparece vinculado a estas empresas es Juan Manuel Hernández Romero, quien además fue subdirector de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Texcoco entre 2019 y 2021.

 

La combinación vuelve a levantar una pregunta incómoda: ¿Dónde termina la familia política y dónde comienza el negocio privado?

 

Porque cuando una persona vinculada a la administración pública aparece simultáneamente relacionada empresarialmente con familiares de un poderoso dirigente político, la transparencia deja de ser un asunto opcional.

 

DOS MILLONES PARA LA EMPRESA DE LOS HIJOS

 

La historia tiene antecedentes todavía más relevantes. En 2017, durante la etapa en que Higinio Martínez encabezaba el gobierno municipal de Texcoco, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena contrató a Grupo Empresarial Lumeh, sociedad relacionada con sus hijos, por alrededor de 2 millones de pesos para servicios de publicidad vinculados con la campaña de Delfina Gómez por la gubernatura del Estado de México.

 

La información fue reportada por El Sol de México, medio que señaló que la empresa posteriormente subcontrató a otras compañías para realizar parte de los trabajos. La operación resulta políticamente significativa.

 

No solamente porque involucró recursos millonarios, sino porque ocurrió alrededor de una campaña que terminaría llevando a Delfina Gómez a la gubernatura y que se encontraba vinculada al grupo político de Texcoco.

 

MILLONES EN PROPIEDADES

 

La actividad empresarial de los hijos del senador tampoco se habría limitado a contratos. Entre 2010 y 2015, Ernesto, Ulises y María José Martínez Mejía adquirieron, mediante Grupo Mauler, al menos 14 propiedades en Texcoco y Tepetlaoxtoc, con un valor conjunto superior a 85 millones de pesos, de acuerdo con información previamente difundida por El Sol de México.

 

Los registros revisados por ese medio identificaron dos inmuebles a nombre del propio Higinio Martínez y otros 12 a nombre de sus hijos. El dato, por sí mismo, vuelve indispensable una pregunta:

¿Cómo se construyó ese patrimonio y cuál fue el origen de los recursos utilizados para adquirirlo?

 

En una democracia, la respuesta debería ser sencilla: documentos, declaraciones patrimoniales y transparencia.

 

LOS SOBRINOS TAMBIÉN APARECEN EN EL MAPA

 

En 2023 surgieron nuevos señalamientos. De acuerdo con información publicada por Emeequis, entre 2020 y 2022 el Ayuntamiento de Texcoco contrató a empresas relacionadas con Carlos Javier y Juan Manuel San Nicolás Miranda, sobrinos de Higinio Martínez, para trabajos de construcción, rehabilitación de calles y drenaje por un monto superior a 18 millones de pesos.

 

El medio planteó además cuestionamientos sobre la competencia en los procedimientos de contratación. Y existe otro antecedente.

 

En 2017, El Universal reportó que Jorge Luis Vázquez Reyes, primo político de Higinio Martínez, obtuvo contratos de obra pública en Texcoco por alrededor de 32 millones de pesos.

 

Vázquez Reyes aparecía como fundador de compañías en las que también figuraban como socios Carlos Javier San Nicolás Miranda y Mariana Miranda Gómez, así es como distintos nombres comienzan a repetirse. Familiares, socios, exfuncionarios, empresas, contratos, piezas diferentes de un mismo tablero político y empresarial.

 

EL CASO BRAZZA: LA PIEZA MÁS INCÓMODA

 

Y es precisamente por eso que el contrato de 90 mil pesos del DIF Texcoco adquiere otra dimensión. No se trata de decir que una adjudicación de esa cantidad constituye, por sí misma, un delito.

 

Lo que sí hace es colocar bajo escrutinio una operación pública en la que aparecen una empresa vinculada a familiares de Higinio Martínez y una funcionaria que posteriormente sería identificada como parte de su círculo familiar y político.

 

Elizabeth Terrazas Ramírez no solamente encabezó posteriormente el gobierno municipal. Es además esposa de Ernesto Martínez Mejía. Y eso hace que la operación de 2023 merezca una explicación pública mucho más detallada.

 

Porque cuando los apellidos se cruzan entre empresa, gobierno municipal y familia, la obligación de transparentar cada paso debería ser todavía mayor.

 

EL CACIQUE DE TEXCOCO AHORA QUIERE EL ESTADO

 

Higinio Martínez no parece dispuesto a retirarse del escenario político. Por el contrario, el 1 de septiembre de 2026 asumió la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República. Y apenas un día después dejó claro que su nueva posición no significa el final de sus aspiraciones políticas.

 

En entrevista con Latinus, habló abiertamente de la posibilidad de buscar la candidatura de Morena a la gubernatura del Estado de México.

 

Ante la pregunta sobre si apoyaría a Horacio Duarte, respondió desviando el centro de atención hacia su propia candidatura y planteando la posibilidad de que fueran los “astros” los que determinaran que él fuera quien pudiera competir por la gubernatura.

 

La declaración no fue casual, fue un mensaje político. Higinio volvió a levantar la mano y lo hizo desde uno de los cargos de mayor relevancia dentro del Poder Legislativo federal.

 

DELFINA Y DUARTE, EN LA MIRA

 

El movimiento también abre un nuevo frente dentro de Morena. Delfina Gómez gobierna el Estado de México. Horacio Duarte ocupa la Secretaría General de Gobierno y es uno de los principales operadores políticos del actual gobierno estatal.

 

Ambos tienen un origen político relacionado con Texcoco y con el grupo que durante años encabezó Higinio Martínez, sin embargo, el antiguo padrino político ahora parece dispuesto a disputar el siguiente capítulo.

 

Higinio ha denunciado públicamente haber sido víctima de “calumnia”, “mentira”, “envidia”, “egoísmo” y supuestas deslealtades dentro de Morena, sin embargo, nunca necesitó pronunciar nombres.

 

El mensaje político, sin embargo, fue suficientemente claro para alimentar la percepción de que las diferencias dentro del antiguo grupo de Texcoco están lejos de haber desaparecido.

 

EL GRUPO QUE SE RESISTE A SOLTAR EL PODER

 

Durante más de tres décadas, Texcoco ha sido mucho más que un municipio para Higinio Martínez, ha sido su plataforma política.

 

Desde ahí construyó carreras, colocó aliados, impulsó candidaturas y consolidó una estructura que posteriormente se proyectó hacia el Congreso, Morena y el gobierno estatal.

 

Ahora ocupa la presidencia del Senado y desde esa posición vuelve a mirar hacia el Estado de México. El problema para Morena no es solamente quién quiere ser candidato en 2029. El verdadero problema es qué clase de estructura política llegará a disputar esa candidatura.

 

Una estructura que durante años ha sido cuestionada por la presencia de familiares en cargos públicos, empresas relacionadas con integrantes de la familia, contratos gubernamentales y operaciones empresariales que han sido objeto de escrutinio periodístico.

 

Por eso, el contrato de Brazza Grill no debería archivarse como una simple compra de desayunos. Es una pequeña operación que permite observar una red mucho más grande.

 

Una red donde los apellidos se cruzan. Donde los funcionarios aparecen como socios. Donde los empresarios tienen vínculos familiares con políticos. Donde los contratos públicos terminan bajo escrutinio y donde el poder municipal parece cambiar de manos sin abandonar realmente al mismo grupo político.

 

LA PREGUNTA QUE HIGINIO DEBE RESPONDER

 

Ahora que Higinio Martínez ocupa la presidencia del Senado y ha comenzado a hablar abiertamente de buscar la gubernatura mexiquense, las viejas preguntas regresan con mayor fuerza.

 

¿Cuánto dinero público ha terminado en empresas relacionadas con su familia? ¿Cuántos familiares han ocupado cargos públicos durante los gobiernos vinculados a su grupo? ¿Cuántos contratos han recibido empresas de sus hijos, sobrinos, primos políticos o socios? ¿Cuántas de esas operaciones fueron revisadas por órganos de fiscalización? ¿Existieron declaraciones de conflicto de interés?

 

Y, sobre todo: ¿Puede un político que ha construido durante décadas una estructura familiar, empresarial y política en Texcoco presentarse ante los mexiquenses como una opción de cambio?

 

La respuesta no corresponde a sus adversarios, corresponde a los documentos, a las auditorías y a la transparencia, porque Texcoco ya conoce el poder de Higinio Martínez.

 

Ahora el senador pretende llevar ese poder mucho más lejos y si los “astros” de los que habló se alinean, la disputa por la gubernatura del Estado de México podría convertirse en algo más que una elección:

 

podría ser la batalla definitiva por el control del grupo político que lleva décadas intentando decidir quién manda en el Estado de México.

ANTORCHA JUEGA A DOS BANDAS: MORENA, VERDE Y HIGINIO

 MUEVEN LAS PIEZAS RUMBO A 2027

 

*El silencio del antorchismo frente a los gobiernos morenistas de Chimalhuacán, Ixtapaluca y La Paz contrasta con su amenaza de movilizarse contra Delfina Gómez; detrás de la protesta aparece la disputa por el control político del Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHIMALHUACÁN, Estado de México, 10 de septiembre de 2026.— Conforme se acercan las nuevas contiendas electorales, una pregunta comienza a cobrar fuerza entre ciudadanos y actores políticos del oriente mexiquense: ¿con quién está realmente Antorcha Campesina?

 

¿Con Morena? ¿Con el Partido Verde Ecologista de México? ¿Con ambos?

 

Lo único que parece quedar claro es que el PRI dejó de ser una opción prioritaria para una organización que históricamente ha demostrado una extraordinaria capacidad para adaptarse al poder en turno y mantener abiertas sus puertas con quienes ocupan posiciones estratégicas.

 

Hoy, mientras Antorcha mantiene presencia política y territorial en municipios como Chimalhuacán, Los Reyes La Paz e Ixtapaluca, sus movimientos empiezan a ser observados con lupa porque coinciden con la disputa interna que vive Morena por el futuro político del Estado de México.

 

Y en el centro de ese tablero aparece nuevamente un viejo y conocido amigo del antorchismo: Higinio Martínez Miranda.  Antorcha y su vieja estrategia: negociar con quien tiene el poder

 

Durante décadas, Antorcha Campesina ha construido su fortaleza a partir de movilización, estructura territorial y capacidad de negociación con gobiernos de diferentes colores.

 

Sus dirigentes han tenido acercamientos con figuras vinculadas a los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto, además de haber buscado interlocución con personajes relevantes de la política nacional.

 

La lógica siempre ha sido la misma: no casarse permanentemente con un partido, sino mantener abiertas las puertas con quienes pueden garantizar capacidad de negociación y espacios de poder.

 

Por eso, en el actual escenario político resulta obligado preguntar dónde se encuentra parada la organización.

 

Porque mientras algunos de sus dirigentes mantienen acercamientos con sectores de Morena, también existen señales de entendimiento político con el Partido Verde Ecologista de México, lo que abre todavía más interrogantes sobre la verdadera estrategia electoral del movimiento. No se trata únicamente de saber qué partido llevará la camiseta.

 

Se trata de identificar qué grupo político podría estar utilizando la estructura antorchista para fortalecer sus propias posiciones rumbo a la disputa por el Estado de México.

 

HIGINIO MARTÍNEZ, LA PIEZA QUE CONECTA LAS JUGADAS

 

La llegada de Higinio Martínez Miranda a la presidencia del Senado agrega una nueva dimensión al escenario.

 

Para Antorcha, acercarse a un político con semejante posición puede representar una vía privilegiada para intentar llegar hasta las más altas esferas del poder federal.

 

Y para Higinio, la relación con una organización con capacidad de movilización territorial podría convertirse en una herramienta adicional para mantener viva su aspiración de influir en la sucesión política mexiquense.

 

El senador necesita estructura. Antorcha necesita interlocución. La combinación resulta políticamente conveniente para ambos.

 

Y eso explica por qué cobra especial importancia la posibilidad de que la organización busque nuevamente una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como lo ha hecho históricamente con otros gobiernos federales.

 

PERO HAY ALGO QUE NO CUADRA

 

Si Antorcha realmente pretende presentarse como una organización independiente y combativa frente a los gobiernos de Morena, existe una pregunta que no puede seguir esquivándose:

 

¿Por qué no protesta con la misma fuerza en los municipios gobernados por Morena donde también existen graves problemas y necesidades sociales? El caso de Ixtapaluca resulta particularmente revelador.

 

Maricela Serrano Hernández, quien gobernó ese municipio, conoce perfectamente las necesidades, carencias y problemas históricos de Ixtapaluca.

 

Además, es esposa del biólogo Jesús Tolentino Román Bojórquez, uno de los dirigentes más duros y experimentados de Antorcha Campesina. Sin embargo, hoy Ixtapaluca está gobernado por el morenista Felipe Arvizu. Y aquí aparece una contradicción que merece explicación.

 

Si Antorcha conoce las necesidades de Ixtapaluca y durante décadas ha utilizado la movilización como mecanismo de presión para exigir respuestas a los gobiernos, ¿por qué actualmente no existe una presión de la misma magnitud contra la administración municipal?

 

Más aún cuando sus críticos sostienen que el gobierno de Arvizu ha sido incapaz de exigir con suficiente fuerza soluciones para los problemas que aquejan al municipio.

 

¿Dónde está Antorcha? ¿Dónde están las grandes movilizaciones? ¿Dónde están los reclamos? El silencio resulta políticamente incómodo.

 

CHIMALHUACÁN: OTRO SILENCIO DIFÍCIL DE EXPLICAR

 

La misma pregunta aparece en Chimalhuacán. Jesús Tolentino Román no es un desconocido para este municipio. Fue presidente municipal en dos ocasiones y construyó ahí una de las estructuras territoriales más importantes del movimiento antorchista.

 

Conoce perfectamente las necesidades de Chimalhuacán. Conoce sus colonias. Conoce sus carencias. Conoce sus problemas de agua, infraestructura, seguridad y servicios.

 

Y, sin embargo, frente al actual gobierno morenista de Xóchitl Flores Jiménez, las protestas antorchistas tampoco parecen alcanzar la intensidad que históricamente caracterizó a la organización cuando se enfrentaba a administraciones de otros partidos ¿Por qué?

 

Existe una razón política que sus detractores ponen sobre la mesa: Xóchitl Flores forma parte del mismo entramado político que encabeza Higinio Martínez. La coincidencia es demasiado significativa como para ignorarla.

 

LOS REYES LA PAZ: OTRA PIEZA DEL MISMO TABLERO

 

El caso de Los Reyes La Paz presenta una situación similar. Mientras el municipio enfrenta cuestionamientos ciudadanos por problemas de seguridad, servicios públicos, agua y administración, Antorcha tampoco parece ejercer la presión que históricamente ha caracterizado su actuación.

 

Y nuevamente aparece el factor Higinio Martínez. La presidenta municipal Martha Guerrero Sánchez pertenece al grupo político de Mexiquenses de Corazón, identificado con el senador.

 

Así, los tres municipios donde Antorcha presume tener presencia histórica —Chimalhuacán, Ixtapaluca y Los Reyes La Paz— tienen actualmente gobiernos de Morena y, al mismo tiempo, mantienen vínculos políticos con el grupo encabezado por Higinio Martínez, según el señalamiento de sus adversarios.

 

Demasiadas coincidencias para no hacer preguntas. ¿Oposición o simulación? Aquí aparece el verdadero dilema.

 

Antorcha podría argumentar que sus prioridades son sociales y que sus decisiones de movilización responden exclusivamente a sus propios pliegos petitorios.

 

Es una posición legítima. Pero entonces tendría que explicar por qué la organización puede amenazar con una gran movilización contra el Gobierno del Estado de México mientras mantiene una actitud mucho menos beligerante frente a gobiernos municipales morenistas con los que existen coincidencias políticas.

 

¿Dónde termina la lucha social y dónde comienza la estrategia política? Esa es la pregunta. Y nadie parece querer responderla.

 

DELFINA Y HORACIO, EL VERDADERO OBJETIVO

 

Por eso, la anunciada movilización de Antorcha al palacio de gobierno del Edomex adquiere una lectura diferente. Formalmente, sería una protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas.

 

Políticamente, podría convertirse en una demostración de fuerza frente a Delfina Gómez y Horacio Duarte.

 

Y ahí es donde la disputa deja de ser municipal para convertirse en una batalla por el control del futuro de Morena en el Estado de México.

 

El grupo de Higinio Martínez necesita recuperar terreno. Delfina Gómez y Horacio Duarte necesitan conservarlo. Y Antorcha puede convertirse en una pieza de presión dentro de esa confrontación.

 

EL PARTIDO VERDE TAMPOCO DEBE QUEDAR FUERA DE LA ECUACIÓN

 

Pero reducir el tablero exclusivamente a Morena sería un error. El Partido Verde también aparece dentro de las alianzas y acercamientos que rodean al antorchismo, lo que podría permitir a la organización mantener abiertas distintas rutas electorales.

 

Esa capacidad de jugar en varios tableros al mismo tiempo ha sido precisamente una de sus principales fortalezas políticas. Mientras algunos grupos se desgastan defendiendo colores partidistas, Antorcha parece entender otra regla: los partidos cambian; las estructuras permanecen.

 

Por eso puede dialogar con unos, acercarse a otros y confrontar a terceros.

 

EL VERDADERO OBJETIVO: CONSERVAR PODER

 

La discusión, entonces, no debería reducirse a determinar si Antorcha es de Morena, del Verde o de algún otro partido.

 

La pregunta más importante es: ¿qué obtiene Antorcha de cada alianza y qué obtiene cada grupo político de Antorcha? Porque detrás de las fotografías, las reuniones, las movilizaciones y los discursos existen intereses políticos concretos.

 

Y mientras Higinio Martínez fortalece su posición desde la presidencia del Senado, Antorcha tiene una oportunidad para recuperar interlocución con el poder federal.

 

Al mismo tiempo, Higinio puede utilizar la capacidad de movilización de la organización para presionar a sus adversarios dentro de Morena.

 

Por eso, la amenaza de una movilización a la ciudad de Toluca podría ser mucho más que una simple protesta. Podría ser el primer movimiento visible de una guerra política que apenas comienza.

 

Una guerra en la que Delfina Gómez y Horacio Duarte tendrán que decidir si enfrentan únicamente a una organización social inconforme o si detrás de las pancartas y los contingentes existe una operación política mucho más grande.

 

Porque si Antorcha realmente está construyendo alianzas simultáneas con sectores de Morena y del Partido Verde, mientras mantiene una relación estratégica con Higinio Martínez, entonces el mensaje es claro:

 

el antorchismo no está buscando un partido al cual pertenecer. Está buscando el lugar exacto desde donde pueda negociar con quien tenga el poder.

 

Y el Estado de México podría convertirse nuevamente en el escenario donde esa estrategia demuestre hasta dónde llega.