MOTOS, ARMAS Y MUERTE: LA VIOLENCIA DESMIENTE LAS

 CIFRAS DE AZUCENA CISNEROS

 

*El asesinato de una mujer exhibe las fallas de vigilancia en Ecatepec, mientras vecinos y policías cuestionan la estrategia de seguridad y el desempeño del comisario Luis Alberto Taylor González

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ECATEPEC, Estado de México, 25 de agosto de 2026.- El discurso oficial de seguridad en Ecatepec vuelve a estrellarse contra la realidad. Mientras el gobierno municipal presume reducciones en delitos como homicidio doloso, robo de vehículos, robo a casa habitación y extorsión, en las calles una mujer fue perseguida y asesinada a balazos sin que la presencia policial pudiera impedirlo.

 

La noche del jueves 20 de agosto, una mujer que circulaba a bordo de una motoneta fue perseguida por sujetos armados que viajaban en otra motocicleta, en una zona limítrofe entre las colonias Jardines de Morelos y La Laguna Chiconautla.

 

La víctima intentó acelerar para escapar de sus agresores, pero fue alcanzada cerca de la avenida Heberto Castillo y la calle Vicente Guerrero. Los sujetos le dispararon al menos cinco veces y posteriormente huyeron del lugar.

 

Elementos de seguridad municipal y estatal acudieron para acordonar la zona y permitir el desarrollo de las investigaciones correspondientes, bajo el protocolo de feminicidio.

 

El crimen, sin embargo, dejó nuevamente expuesta una de las principales preocupaciones de los habitantes de estas zonas: la sensación de que los delincuentes tienen mayor movilidad y capacidad de reacción que las propias corporaciones de seguridad.

 

Los vecinos han solicitado mayor iluminación y una base de vigilancia permanente en estos sectores, particularmente por tratarse de zonas limítrofes donde, según habitantes, la presencia policial resulta insuficiente.

 

Mientras tanto, la alcaldesa morenista Azucena Cisneros Coss insiste en que su administración ha conseguido reducir delitos de alto impacto. Pero para los habitantes, las estadísticas oficiales poco significan cuando una mujer puede ser perseguida durante la noche por sujetos armados y terminar asesinada a plena vía pública.

 

El problema no se limita a este homicidio. De acuerdo con testimonios recogidos por diversos medios, los habitantes enfrentan una delincuencia que utiliza motocicletas como uno de sus principales instrumentos para operar: desde robos de teléfonos celulares y asaltos a automovilistas hasta despojos de vehículos y motocicletas a punta de pistola.

 

Las motocicletas también son señaladas como un medio recurrente de movilidad para la distribución de drogas y para la comisión de ataques armados.

 

La pregunta inevitable es ¿dónde están las patrullas cuando los delincuentes se desplazan con semejante facilidad?

 

Porque de poco sirve presumir estadísticas descendentes si en las calles persiste una ciudadanía que se siente vulnerable y observa cómo los delincuentes circulan armados, seleccionan a sus víctimas, las atacan y escapan.

 

A este escenario se suma el cuestionamiento interno hacia el capitán de Marina Luis Alberto Taylor González, quien actualmente se desempeña como comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec.

 

Elementos de la propia corporación consultados sostienen que el desempeño del mando ha resultado decepcionante y califican su gestión como un fracaso. Incluso, aseguran que existe falta de conocimiento sobre la operación territorial y las condiciones reales que enfrenta la policía municipal.

 

Se trata de acusaciones que, por su gravedad, deberían ser respondidas públicamente por el propio comisario y por el gobierno municipal.

 

Porque si los policías que están diariamente en las calles consideran que su jefe desconoce la realidad operativa del municipio, entonces el problema deja de ser solamente de percepción ciudadana y se convierte en un asunto de conducción institucional.

 

El asesinato de esta mujer vuelve a colocar a Ecatepec frente a una incómoda realidad: la seguridad no se mide únicamente con boletines, porcentajes o conferencias de prensa; se mide en las calles, en la capacidad de prevenir un asesinato, detener a los responsables y devolverle a la población la tranquilidad que hoy no tiene.

 

Mientras el gobierno municipal presume avances, los habitantes siguen pidiendo iluminación, vigilancia y policías suficientes.

 

Y mientras las autoridades hablan de reducción del delito, una mujer ya no podrá contar si esas estadísticas son ciertas o no: fue asesinada a balazos mientras intentaba escapar de sus agresores.

 

Ese es el verdadero rostro de la inseguridad que enfrenta Ecatepec.

LA POLICÍA DE CHICOLOAPAN, CONVERTIDA EN CAJA DE COBRO: ACUSAN A COMISARIO Y MANDOS DE EXTORSIONAR A SUS PROPIOS AGENTES

 

*Policías denuncian cuotas de 900 pesos semanales, castigos y presuntas extorsiones a transportistas; acusan al comisario Josafat Green Ramírez y señalan al alcalde morenista Francisco Javier Mendoza Vázquez de conocer el esquema y permitirlo

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

SAN VICENTE CHICOLOAPAN, Estado de México, 24 de agosto de 2026.- Lo que debería ser una corporación encargada de proteger a la ciudadanía habría terminado convertida, de acuerdo con testimonios de propios elementos policiacos, en un mecanismo de cobro, amenazas y castigos internos, donde los agentes no sólo enfrentan condiciones laborales precarias, sino que son obligados a conseguir dinero en la calle para cubrir cuotas impuestas desde la propia estructura policial.

 

Los señalamientos apuntan directamente al comisario de Seguridad Pública Municipal, Josafat Green Ramírez, y alcanzan al presidente municipal morenista, Francisco Javier Mendoza Vázquez, a quien los uniformados responsabilizan de conocer la situación y permitir que continúe.

 

De acuerdo con los testimonios recabados por EXPEDIENTE SECRETO, los policías aseguran estar hartos de los presuntos abusos y de un esquema en el que cada elemento debe entregar 900 pesos semanales por utilizar una patrulla.

 

La acusación es particularmente grave: los uniformados sostienen que los mandos les exigen salir a conseguir dinero mediante extorsiones a ciudadanos y conductores para poder cubrir esa cuota.

 

LA PATRULLA COMO NEGOCIO

 

Entre los mandos señalados aparece Tolentino Hernández Luis Ángel, jefe de turno, a quien los policías identifican como uno de los operadores encargados de cobrar las cuotas y de contener las inconformidades dentro de la corporación.

 

Los elementos aseguran que las denuncias internas por abusos no prosperan y que existiría una red de protección alrededor de los mandos, incluso dentro del área de Asuntos Internos. La licenciada y titular del área tiene una muy estrecha cercanía con el comandante Luis Ángel, por ello, las denuncias nunca prosperan.

 

Pero los señalamientos no terminan ahí. Otro de los nombres mencionados por los uniformados es el del comandante Pérez Cantú Evelio, a quien atribuyen el cobro de 600 pesos por cada falta laboral. Los agentes aseguran contar con comprobantes de depósitos que, según su versión, corresponderían a esos cobros.

 

Más grave todavía es la acusación de que a los policías se les habría sugerido obtener dinero mediante presuntas extorsiones a los camiones de carga que circulan por la carretera México-Texcoco.

 

El mecanismo descrito por los uniformados sería sencillo y brutal: detener a los conductores, amenazarlos con inventarles algún delito y mantener sus vehículos en los corralones, sabiendo que recuperar una unidad puede representar para los transportistas gastos de decenas de miles de pesos. Por ello, acceden a pagar las extorsiones.

 

Si estos señalamientos se confirman mediante una investigación formal, no se estaría hablando simplemente de abusos aislados de algunos policías, sino de un posible esquema institucional de corrupción que convertiría la función de seguridad pública en una fuente de ingresos producto de extorsiones.

 

EL PRECIO DE DENUNCIAR

 

Los policías también denuncian que quienes se atreven a cuestionar las cuotas o a protestar por los abusos son castigados. Según sus testimonios, pueden ser retirados de las patrullas y enviados a los llamados “servicios de castigo”, con la intención de desgastarlos hasta provocar su renuncia.

 

Los elementos afirman incluso que existe el temor de que, como represalia, se les fabriquen responsabilidades y sean puestos a disposición del Ministerio Público. Es decir, el mensaje para los uniformados sería contundente: pagar, callar o irse.

 

Y mientras los policías viven bajo presión, la ciudadanía queda atrapada en el extremo más peligroso del problema: si los uniformados necesitan obtener dinero en la calle para cumplir cuotas internas, la seguridad pública deja de ser un servicio y corre el riesgo de convertirse en una actividad de recaudación ilegal.

 

CINCO MIL 500 PESOS QUINCENALES Y 900 PESOS SEMANALES DE CUOTA

 

Las condiciones económicas denunciadas por los policías hacen todavía más grave el panorama. Los elementos aseguran percibir 5 mil 500 pesos quincenales, pero de esa cantidad tendrían que desprenderse de 900 pesos cada semana por la renta de las patrullas.

 

A ello se suman los gastos de combustible. Los agentes aseguran que reciben apenas ocho litros diarios de combustible, cantidad que consideran insuficiente para realizar sus recorridos.

 

Cuando una patrulla se descompone, según los testimonios, los propios policías tendrían que asumir el costo de las reparaciones si quieren continuar trabajando.

 

El resultado sería una corporación en la que el policía termina pagando por trabajar, mientras los ciudadanos padecen las consecuencias de una estructura que, en lugar de fortalecer la seguridad, estaría generando incentivos para obtener dinero por vías irregulares.

 

JORNADAS EXTENUANTES Y POLICÍAS AL LÍMITE

 

A este escenario se agregan las condiciones laborales. Los uniformados denuncian jornadas de 24 horas de trabajo por 24 de descanso, aunque aseguran que en ocasiones ni siquiera cuentan con tiempo suficiente para comer.

 

Quienes permanecen asignados al Palacio Municipal, afirman, deben cubrir jornadas de aproximadamente 9 de la mañana a 12 de la noche, con apenas una hora destinada a alimentos. La pregunta resulta inevitable: ¿cómo puede exigirse eficiencia, profesionalismo y seguridad a policías sometidos a estas condiciones?

 

El problema no sería únicamente laboral. También representa un riesgo para la ciudadanía. Un policía agotado, mal pagado, presionado económicamente y sometido a amenazas internas difícilmente puede desempeñar de manera adecuada una función que exige concentración, disciplina y capacidad de respuesta.

 

¿QUÉ SABE EL ALCALDE MORENISTA?

 

Los policías aseguran que el presidente municipal Francisco Javier Mendoza Vázquez conoce los señalamientos y que, pese a ello, el sistema continúa operando. Las acusaciones son suficientemente graves como para que el alcalde no pueda limitarse a guardar silencio.

 

Si desconoce lo que ocurre dentro de su propia corporación, entonces tendría que explicar por qué sus mandos pueden cobrar cuotas a los policías sin que nadie los detenga. Si lo conoce, tendría que explicar por qué no ha actuado.

 

Y si sostiene que todo es falso, la respuesta no debería ser política ni discursiva: debería abrirse una investigación independiente, revisar los depósitos bancarios denunciados por los elementos, auditar las cuotas, investigar las quejas ante Asuntos Internos y determinar si existe o no una estructura de extorsión dentro de la policía municipal.

 

Porque aquí no se está hablando solamente de policías inconformes.

Se está hablando de cobros obligatorios, amenazas, castigos, extorsiones a transportistas, denuncias internas que son frenadas y una cadena de mando que, según los testimonios, llegaría hasta el comisario y el propio gobierno municipal.

 

LA POLICÍA SE CANSÓ DE SER SEÑALADA

 

Los uniformados que decidieron romper el silencio sostienen que existe una percepción social de que toda la policía municipal es responsable de los abusos. Pero aseguran que detrás de muchos de esos comportamientos existe una estructura de presión que comienza dentro de la propia corporación.

 

Y ante la gravedad de estos señalamientos, el alcalde Francisco Javier Mendoza Vázquez y el comisario Josafat Green Ramírez tienen algo más que una obligación política de responder: tienen la responsabilidad de aclarar públicamente qué está ocurriendo dentro de la corporación que está bajo su mando.

 

Las acusaciones aquí descritas corresponden a testimonios de policías municipales y deberán ser investigadas y corroboradas por las autoridades competentes.

POLICÍA ASESINADO EN CHICOLOAPAN DESTAPA CLOACA DE DROGA Y CORRUPCIÓN; COMPAÑEROS LO SEÑALAN COMO PRESUNTO NARCOMENUDISTA

 

*El homicidio de un policía señalado por sus propios compañeros como presunto narcomenudista vuelve a poner bajo la lupa a Chicoloapan y las acusaciones de una posible infiltración del crimen organizado en la corporación y el gobierno municipal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHICOLOAPAN, Estado de México, 22 de agosto de 2026.- El asesinato de un policía municipal en Chicoloapan no sólo volvió a exhibir la violencia que azota al municipio: abrió una cloaca de acusaciones sobre presunto narcomenudeo, corrupción dentro de la corporación policiaca y una presunta protección institucional que, de confirmarse, revelaría hasta dónde habría penetrado el crimen organizado en las estructuras del gobierno local.

 

La mañana de ayer viernes, alrededor de las 07:00 horas, fue localizado sin vida Marcos Raúl Pérez Díaz, de 47 años, quien se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de Chicoloapan.

 

El cuerpo fue encontrado sobre Avenida Real de Arzobispado, esquina con Real de Castilla, sin número, en la colonia Real de Costitlán. Al arribar los servicios médicos de emergencia determinaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

 

PERO EL CASO ESTÁ RODEADO DE INTERROGANTES

 

En el lugar no fueron localizados casquillos percutidos, por lo que hasta el momento no existe certeza sobre si Pérez Díaz fue asesinado en ese punto o si su cuerpo fue abandonado posteriormente. La investigación deberá determinar dónde ocurrió el homicidio, quienes participaron y cuál fue el móvil.

 

Sin embargo, lo que más sacude a la corporación son los señalamientos realizados por compañeros del propio policía asesinado, quienes solicitaron permanecer en el anonimato.

 

De acuerdo con esos testimonios, Pérez Díaz llevaba tiempo involucrado en actividades de narcomenudeo y habría utilizado su posición dentro de la corporación para participar en la distribución de droga. Incluso, sus compañeros lo señalan como un presunto distribuidor de cocaína al interior de la propia Policía Municipal.

 

Se trata de acusaciones graves que deberán ser investigadas por las autoridades competentes, pero que adquieren especial relevancia por un antecedente que ya había puesto al elemento bajo la lupa.

 

DETENIDO POR DELITOS CONTRA LA SALUD Y DE REGRESO A LA POLICÍA

 

El pasado 21 de abril, Marcos Raúl Pérez Díaz fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por presuntos delitos contra la salud.

 

No obstante, según los testimonios recabados, horas después habría recuperado su libertad tras un supuesto pago de dinero dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y, lejos de ser separado de la corporación, habría regresado a trabajar como policía municipal con absoluta normalidad.

 

Esta versión, por su gravedad, exige una investigación a fondo sobre todo para que el comisario de la policía municipal Josafat Green Ramírez explique quien permitió su reincorporación, bajo qué condiciones recuperó su libertad y, sobre todo, si existió alguna irregularidad en el procedimiento ministerial.

 

Porque si un policía municipal efectivamente fue detenido por delitos contra la salud y posteriormente regresó a portar el uniforme y ejercer funciones de seguridad, la pregunta es inevitable: ¿Quién lo protegió y por qué?

 

Y esa pregunta conduce directamente al problema de fondo que desde hace años arrastra Chicoloapan.

 

SEIS AÑOS DE ACUSACIONES Y LA SOMBRA DEL CRIMEN ORGANIZADO

 

Durante los seis años en que Nancy Gómez Vargas, de Morena, estuvo al frente del Ayuntamiento, el municipio quedó marcado por constantes señalamientos sobre una presunta presencia y operación de grupos criminales.

 

Uno de los nombres que apareció públicamente fue el de su hermano, Marco Antonio Gómez Vargas, alias “El Kino”, quien desde 2022 comenzó a ser señalado públicamente como presunto operador criminal.

 

De acuerdo con los señalamientos que se hicieron durante aquellos años, “El Kino” habría estado relacionado con el cobro de extorsiones y derecho de piso, además de la presunta distribución y control de puntos de venta de droga.

Durante años, esas acusaciones generaron cuestionamientos sobre la capacidad —o voluntad— de las autoridades para enfrentar a la delincuencia.

 

Finalmente, el pasado 10 de julio, Marco Antonio Gómez Vargas fue detenido en Chiapas y puesto a disposición de las autoridades por delitos relacionados con tráfico de drogas, extorsión y homicidio, de acuerdo con los datos proporcionados para esta información.

 

Pero la detención de “El Kino” no significó que las acusaciones sobre la penetración criminal en Chicoloapan desaparecieran.

 

AHORA, LAS ACUSACIONES APUNTAN AL GOBIERNO DE FRANCISCO JAVIER MENDOZA

 

El municipio es gobernado actualmente por el morenista Francisco Javier Mendoza Vásquez, y nuevamente aparecen señalamientos que vinculan a integrantes del entorno político municipal con personas acusadas públicamente de actividades criminales.

 

Entre ellos está Reinaldo Ruiz Castaneyra, alias “El Perro”, a quien comerciantes y distintas versiones locales señalan como el encargado del cobro de extorsiones y derecho de piso a comerciantes establecidos y ambulantes.

 

El señalamiento adquiere una dimensión política porque, según las acusaciones, Mendoza Vásquez ha aparecido públicamente junto a Ruiz Castaneyra, mientras integrantes del equipo del alcalde se refieren a éste como “licenciado”.

 

Y existe un cuestionamiento todavía más delicado: se afirma que un hijo de “El Perro”, Edgar Ruiz Aguilar fue incorporado como primer regidor de la administración municipal.

 

Con estas circunstancias, el problema ya no es solamente la existencia de delincuentes operando en las calles. Sino que la sociedad se enfrenta ala a posible infiltración de intereses criminales en las propias estructuras del gobierno municipal.

 

¿QUIÉN GOBIERNA REALMENTE CHICOLOAPAN?

 

El asesinato de Marcos Raúl Pérez Díaz coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta que las autoridades municipales y estatales no pueden seguir esquivando: ¿Hasta dónde ha penetrado el crimen organizado en Chicoloapan?

 

Porque resulta inadmisible que un policía municipal sea asesinado y que, simultáneamente, compañeros de la corporación lo señalen como presunto vendedor de droga dentro de la propia institución, mientras existen antecedentes de una detención por delitos contra la salud que habría terminado sin impedir su regreso al servicio.

 

Tampoco puede ignorarse que durante años han existido señalamientos sobre extorsión, venta de drogas y presuntos operadores criminales vinculados con círculos políticos de Morena.

 

Con tanta sangre derramada en Chicoloapan, la sociedad se enfrenta al riesgo de que la frontera entre gobierno y delincuencia se haya vuelto prácticamente invisible.

 

Y mientras las autoridades hablan de seguridad, los ciudadanos siguen viviendo entre homicidios, extorsiones y miedo.

ROCHA VUELVE AL PODER: LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

 CONVERTIDA EN BLINDAJE POLÍTICO

 

*Rocha vuelve al poder entre acusaciones, dudas y el caso Cuén; ahora Sheinbaum enfrenta el reto de demostrar que la presunción de inocencia no es un blindaje exclusivo para los políticos de Morena

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de agosto de 2026.- El cinismo político parece no tener límite y, en Sinaloa, la impunidad acaba de recibir una nueva bofetada: Rubén Rocha Moya regresó este viernes a la gubernatura del estado, después de más de tres meses de licencia y luego de haber sido señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, así como de ser detenido con el propósito de ser extraditado.

 

Sin embargo, el gobierno mexicano se negó hacerlo y por el contrario le otorgo toda la protección necesaria. Ahora, Rocha regresó “con la frente en alto”, según él, convencido de que una acusación no equivale a una sentencia. Y jurídicamente tiene razón: nadie puede ser condenado sin una resolución judicial que determine su responsabilidad.

 

Pero una cosa es respetar la presunción de inocencia y otra, muy distinta, utilizarla como blindaje político para cerrar los ojos ante una tormenta de señalamientos, investigaciones y hechos que todavía exigen respuestas.

 

Porque el problema ya no es solamente lo que diga Washington. El problema es todo lo que ha ocurrido alrededor del gobernador sinaloense.

 

La acusación estadounidense contra Rocha y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa colocó al gobierno estatal en el centro de una investigación por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Rocha ha negado las acusaciones y las autoridades mexicanas, según, no han encontrado, hasta ahora, elementos para proceder penalmente contra él, el problema es quien realmente cree esa versión.

Que una investigación mexicana no haya acreditado responsabilidad penal no borra las preguntas políticas ni desaparece los hechos que dieron origen al escándalo.

 

Y justo cuando Rocha decide volver al despacho gubernamental, aparece una pieza que vuelve a sacudir uno de los episodios más oscuros de la política sinaloense: la detención de Fausto Corrales Rodríguez.

 

Corrales fue detenido por la Fiscalía General de la República y es señalado por su probable intervención en delitos de encubrimiento relacionados con el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda y por falsedad de declaraciones. La FGR lo identifica como la persona que acompañó a Cuén a la reunión del 25 de julio de 2024, en el lugar donde el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue asesinado y donde, según la investigación, Ismael “El Mayo” Zambada fue privado de la libertad y posteriormente llevado a Estados Unidos.

 

Durante meses, aquella historia estuvo cubierta por una versión que terminó haciéndose pedazos: que Cuén había sido asesinado durante un intento de robo en una gasolinera.

 

La investigación federal terminó cuestionando severamente esa explicación. Ahora, con Corrales detenido, vuelven a aparecer las mismas preguntas que durante dos años quedaron flotando en el aire: ¿qué ocurrió realmente aquel 25 de julio?, ¿quiénes estuvieron presentes?, ¿quién sabía lo que iba a suceder?, ¿quién mintió?, ¿quién encubrió?, y quiénes siguen teniendo algo que explicar?

 

La coincidencia temporal resulta políticamente explosiva. Rocha regresa al poder mientras una pieza clave de aquel episodio está bajo custodia federal.

 

Y hay otro nombre que tampoco puede desaparecer del radar: Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena y uno de los funcionarios sinaloenses incluidos en los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses. Inzunza ha rechazado las imputaciones, las calificó de falsas y acudió a declarar ante la FGR en mayo.

 

Es decir, el problema no terminó con la licencia temporal de Rocha. El expediente político sigue abierto.

 

Y aquí es donde la llamada transformación enfrenta una prueba incómoda: ¿la presunción de inocencia es un principio constitucional que debe respetarse para todos o se ha convertido en un argumento selectivo para proteger a los hombres del poder y militantes de Morena?

 

Porque si se trata de respetar la ley, debe respetarse siempre. Pero si se trata de investigar, también debe investigarse a todos. Sin excepciones. Sin colores partidistas. Sin fuero convertido en escondite. Sin cargos públicos utilizados como escudo.

 

EL CASO MÉRIDA: LA PREGUNTA QUE MORENA NO QUIERE CONTESTAR

 

Y mientras Rocha vuelve a la gubernatura, hay otro episodio que hace todavía más incómoda la situación.

 

Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses en mayo de 2026 después de ser señalado dentro de la investigación contra funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Posteriormente su nombre ya no aparece en la lista de personas detenida en Estados Unidos, lo que significa que fue trasladado a una cárcel mucho más cómoda para seguir dando información a las agencias de seguridad de ese país.

 

En mayo, El Universal reportó que Mérida había sido aceptado como testigo cooperante y que existía la posibilidad de que recibiera protección, mientras entregaba información inicial a las autoridades estadounidenses.

 

Entonces la pregunta es inevitable: Si Rocha ya fue políticamente absuelto porque, según la investigación mexicana, no existen elementos suficientes para acusarlo, ¿qué espera el gobierno de México para exigir exactamente el mismo para Gerardo Mérida?

 

Y aquí la exigencia debe ser directa para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: Si no existen pruebas contra Rocha Moya, entonces que se solicite formalmente al gobierno de Estados Unidos que explique, aclare y, en su caso, exonere a Mérida de cualquier acusación que no pueda sostenerse.

 

Porque sería inadmisible defender la soberanía mexicana solamente cuando el señalado ocupa una posición política conveniente.

 

La justicia no puede funcionar bajo el principio de “a los nuestros se les cree y a los otros se les investiga”. Eso no es justicia. Eso es protección política.

 

Y si Morena sostiene que las acusaciones estadounidenses carecen de sustento, entonces debería ser el primero en exigir que cada expediente sea transparentado y que quien resulte inocente quede completamente limpio.

 

Pero si existen pruebas, también deben conocerse. Porque la soberanía nacional no puede convertirse en una cortina de humo para impedir investigaciones.

 

EL REGRESO QUE DEJA DEMASIADAS PREGUNTAS

 

Rocha puede volver a la gubernatura porque legalmente conserva sus derechos y porque no existe una sentencia mexicana que lo condene.

 

Pero volver al Palacio de Gobierno no significa que hayan desaparecido las dudas.

 

Tampoco convierte automáticamente las acusaciones estadounidenses en una conspiración.

 

Y mucho menos borra el asesinato de Cuén, el secuestro de “El Mayo”, la contradictoria investigación inicial, la caída de una versión oficial y ahora la detención de uno de los hombres que estuvo cerca de aquella reunión.

 

Lo verdaderamente grave sería que el poder político pretendiera que todo eso simplemente desaparezca porque Rocha ya regresó.

 

No. La política puede cerrar filas. Los expedientes no. Y mientras Rocha vuelve “con la frente en alto”, Sinaloa sigue cargando con una pregunta que Morena no ha conseguido responder de manera convincente:

 

¿Dónde termina la presunción de inocencia y dónde comienza la impunidad?

 

Porque una cosa es que no exista una sentencia condenatoria. Y otra, muy diferente, que el poder pretenda que tampoco existan preguntas.

 

Si el gobierno mexicano está convencido de que las acusaciones estadounidenses contra sus funcionarios son falsas, que lo demuestre hasta el final. Y que lo haga con todos. Incluido Gerardo Mérida Sánchez.

 

Porque, de lo contrario, la defensa de la soberanía terminará pareciendo solamente el último refugio de quienes necesitan protección política.

 

Y eso sí sería el colmo del cinismo.

HIGINIO MARTÍNEZ USA A “ANDY” Y A INZUNZA COMO TRAMPOLÍN

 PARA SU PROYECTO RUMBO AL EDOMEX

 

*Higinio Martínez convierte los casos de “Andy” e Inzunza en escaparate para impulsar su proyecto político rumbo a 2029, mientras sus presuntos pactos con Antorcha por 1,640 hectáreas de Chapingo encienden las alarmas dentro de Morena

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 20 de agosto de 2026.- El retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, volvió a convertirse en combustible para las ambiciones políticas del senador morenista Higinio Martínez Miranda, quien aprovechó los reflectores para pronunciarse sobre el caso, defender el debido proceso y, de paso, volver a dejar claro que está decidido a conquistar espacios de poder dentro del Senado y mantener viva su carrera rumbo a la gubernatura del Estado de México.

 

Martínez Miranda calificó la suspensión de visas estadounidenses como una decisión soberana de Washington y consideró que el asunto no debería convertirse en un tema nacional.

 

“De 130 millones de personas que quiten 10 o 15 visas, creo que no debe ser un tema nacional”, sostuvo.

 

El senador también pidió que las acusaciones contra López Beltrán y otros personajes sean llevadas ante las autoridades ministeriales y jurisdiccionales, no únicamente ventiladas en medios de comunicación.

 

Aseguró que los medios tienen derecho a informar porque esa es una vía para que los ciudadanos conozcan los hechos, pero insistió en que corresponde al Ministerio Público investigar y a los jueces determinar responsabilidades mediante los procedimientos correspondientes.

 

Hasta ahí, el discurso podría parecer una defensa del Estado de derecho. Sin embargo, el problema aparece cuando el mismo senador utiliza asuntos judiciales y políticos de alto impacto para colocarse nuevamente bajo los reflectores y proyectarse como un actor central dentro de Morena.

 

INZUNZA, OTRO ARGUMENTO PARA GANAR REFLECTORES

 

Martínez tampoco dejó pasar el caso de su compañero de bancada, Enrique Inzunza Cázarez, a quien la justicia estadounidense habría señalado para ser detenido con fines de extradición.

 

El texcocano marcó distancia respecto de la decisión de Inzunza de permanecer en su cargo y aseguró que, si él estuviera en una situación semejante, solicitaría licencia para defender su inocencia.

 

“Inzunza es un jurista de toda la vida, ha sido juez, ha sido magistrado y ha sido presidente del tribunal; él piensa como jurista, yo pienso como político”, afirmó.

 

Y justamente ahí está la clave: Higinio Martínez no dejó pasar la oportunidad de recordar que él “piensa como político”.

 

Porque mientras habla de visas, procesos judiciales y licencias, el senador sigue moviendo sus piezas para colocarse al frente de la Mesa Directiva del Senado, cargo desde el cual tendría una plataforma privilegiada para ampliar su influencia política.

 

El propio legislador dejó entrever que busca alcanzar esa posición con el respaldo de Morena, sus aliados y posteriormente mediante acuerdos con las demás fuerzas políticas.

EL VERDADERO OBJETIVO ESTÁ EN EL ESTADO DE MÉXICO

 

El discurso sobre “Andy” y sobre Inzunza parece ser solamente la superficie.

 

Detrás de los reflectores está una disputa mucho más grande: el proyecto político de Higinio Martínez y su intento de utilizar cada posición de poder para fortalecer a su grupo “Mexiquenses de Corazón” y mantener abierta su aspiración de convertirse en candidato a gobernador del Estado de México.

 

Desde esa perspectiva, la Mesa Directiva del Senado no sería solamente un cargo protocolario. Sería una poderosa plataforma de operación política, negociación y construcción de alianzas.

 

Y es precisamente esa capacidad para pactar con prácticamente cualquier grupo la que comienza a generar inquietud entre sectores de Morena en el Estado de México.

 

El problema para la llamada Cuarta Transformación es que Martínez Miranda ha demostrado que, cuando se trata de construir poder, las fronteras ideológicas pueden volverse perfectamente negociables.

 

ANTORCHA, CHAPINGO Y LAS 1,640 HECTÁREAS QUE ENCENDIERON LAS ALARMAS

 

Uno de los episodios que más preocupación ha generado entre sectores de la comunidad universitaria y morenista es la relación política atribuida al senador con liderazgos de Antorcha Campesina.

 

La versión que circula entre integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma Chapingo sostiene que, dentro de un supuesto entendimiento político rumbo a la gubernatura mexiquense, se habría planteado el respaldo para que ejidatarios de Río Frío intenten quedarse con 1,640 hectáreas de bosque pertenecientes a la UACh.

 

Se trata de una acusación que debe ser investigada y acreditada por las autoridades correspondientes, pero que ya provocó indignación entre integrantes de la comunidad universitaria.

 

EL CONFLICTO NO ES MENOR

 

La disputa se concentra en la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, donde se ha denunciado el cierre de accesos, el ingreso de maquinaria pesada y la ocupación de terrenos utilizados durante años para actividades académicas, científicas y prácticas profesionales de estudiantes.

 

El conflicto, además, ya habría escalado a episodios de violencia.

 

De acuerdo con los señalamientos referidos por integrantes de la comunidad, estudiantes que realizaban prácticas fueron expulsados del lugar por personas vinculadas con el grupo antorchista, en medio de confrontaciones en las que habrían sido utilizados palos y machetes.

 

UN PACTO QUE PODRÍA SALIRLE CARÍSIMO A MORENA

 

Para los sectores que cuestionan la operación política de Higinio Martínez, el asunto trasciende la disputa territorial.

 

La pregunta es qué precio estaría dispuesto a pagar el senador para construir una candidatura al gobierno del Estado de México.

 

Porque si las versiones sobre acuerdos con Antorcha Campesina terminan acreditándose, Morena tendría frente a sí una contradicción monumental: un movimiento que llegó al poder prometiendo acabar con los viejos pactos de las élites políticas podría terminar utilizando exactamente las mismas prácticas de negociación, reparto de espacios y alianzas coyunturales que durante años criticó.

 

Higinio Martínez parece entender perfectamente que el poder no se construye únicamente con votos. Se construye con alianzas, posiciones, operadores y acuerdos.

 

Y por eso el Senado puede ser apenas una estación más de una operación política cuyo verdadero destino está en el Palacio de Gobierno del Estado de México.

 

El problema para Morena es que la eventual candidatura de Higinio Martínez podría fracturar todavía más a un partido que ya enfrenta disputas internas por el control político de la entidad.

 

Mientras el senador aprovecha cada coyuntura —desde la visa de “Andy” hasta el caso Inzunza— para mantener su nombre en circulación, dentro de Morena crece el temor de que su proyecto termine convirtiendo a la Cuarta Transformación mexiquense en rehén de alianzas construidas únicamente para satisfacer una ambición personal.

 

Y si para llegar a la gubernatura necesita pactar con propios, adversarios o grupos históricamente cuestionados, la pregunta ya no es si Higinio Martínez está dispuesto a negociar.

 

La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar.

 

Porque en política, como en el caso de las 1,640 hectáreas de Chapingo, los pactos que se hacen en privado pueden terminar teniendo consecuencias públicas mucho más grandes que cualquier discurso pronunciado frente a los micrófonos.

MORENA MAQUILLA DE “ORGANIZACIÓN” SU CAMPAÑA ADELANTADA EN EDOMEX

*José Francisco Vázquez niega actos anticipados, pero asambleas, movilizaciones y propaganda de Morena levantan sospechas; mientras el partido se promociona, los mexiquenses siguen esperando resultados en salud, seguridad y servicios públicos

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 20 de agosto de 2026.- José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Congreso mexiquense, podrá repetir una y otra vez que las asambleas, recorridos y actividades de su partido “no son campaña adelantada”, pero el discurso oficial comienza a chocar frontalmente con la realidad que los ciudadanos observan en las calles.

 

El morenista sostiene que “el movimiento es el movimiento” y que no se pide el voto ni se promueven nombres. El problema es que, cuando un partido organiza concentraciones, despliega a sus estructuras, moviliza simpatizantes, difunde mensajes políticos, reparte su periódico Regeneración y utiliza cualquier cantidad de pretextos —incluida la supuesta defensa de la soberanía— para mantener una presencia permanente ante el electorado, resulta difícil convencer a la sociedad de que todo se trata simplemente de “organización”.

 

Más que una explicación, la postura de Vázquez Rodríguez parece un intento de cambiarle el nombre a una práctica que despierta cada vez más sospechas: hacer campaña antes de que oficialmente comiencen las campañas.

 

Morena podrá argumentar que no solicita el voto, pero la política moderna no se reduce a pronunciar la palabra “vota”. Construir presencia territorial, posicionar al partido, movilizar simpatizantes, difundir mensajes y mantener a sus estructuras activas también puede tener un evidente propósito de posicionamiento político. Y si de verdad no existe ningún interés electoral, entonces la pregunta es obligada: ¿por qué tanta prisa, tanto despliegue y tanto gasto?

 

Porque tampoco puede pasarse por alto el costo de esa maquinaria política.

 

Sería muy saludable que Morena explicara con absoluta transparencia cuánto dinero se está destinando a estas actividades, de dónde salen los recursos para organizar asambleas, movilizaciones, propaganda y recorridos, y qué beneficios concretos obtiene la población del Estado de México de semejante despliegue partidista.

 

El dinero público no pertenece a Morena ni a sus dirigentes. Es dinero de los ciudadanos, de los trabajadores, comerciantes, empresarios y familias que pagan impuestos y que, a cambio, esperan servicios públicos dignos, hospitales funcionales, seguridad, calles transitables, agua potable y atención gubernamental.

 

Por eso resulta particularmente ofensivo que mientras existen reclamos ciudadanos por deficiencias en salud, pagos pendientes a trabajadores y problemas de infraestructura, desde la cúpula morenista se pretenda vender como un gran logro político una intensa actividad partidista.

 

Y todavía más cuestionable resulta la respuesta de Vázquez Rodríguez cuando se le preguntó por los pendientes del gobierno de Delfina Gómez Álvarez: “ha súper cumplido, requete cumplido”.

 

Una respuesta de ese tipo podrá arrancar una sonrisa entre los simpatizantes de Morena, pero difícilmente resuelve los problemas de quienes enfrentan diariamente las carencias de los servicios públicos.

 

La frase, además, recuerda el estilo coloquial que en ocasiones utiliza la propia gobernadora mexiquense, un lenguaje que puede funcionar en un mitin político, pero que resulta insuficiente cuando se habla de gobernar una entidad con más de 17 millones de habitantes y con problemas que no se resuelven con ocurrencias, frases hechas ni aplausos partidistas.

 

Vázquez Rodríguez también pide no tener una “piel tan sensible” frente a las críticas y asegura que dentro de Morena no existe rompimiento. Perfecto. Entonces que tampoco tengan la piel tan sensible para responder preguntas incómodas y explicar con documentos, cifras y transparencia qué está ocurriendo con los recursos utilizados por el partido y sus estructuras.

 

Porque mientras Morena asegura que solamente está “organizando el movimiento”, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si está presenciando una estrategia política anticipada rumbo a las próximas disputas electorales.

 

Y si Morena considera que todo lo que hace es legal, legítimo y transparente, que lo demuestre.

 

Que explique quién paga, cuánto cuesta, quién organiza, quién financia, quién se beneficia políticamente y cuál es el propósito real de cada asamblea, cada recorrido y cada acto partidista.

 

Lo que no puede pretender el partido gobernante es pedirle a la sociedad que cierre los ojos y acepte como verdad absoluta que todo es simple “organización”.

 

La ciudadanía ya no está para discursos. Está para exigir resultados.

 

Y mientras los políticos se reparten posiciones, preparan plenarias, negocian la Jucopo, disputan la Mesa Directiva y mantienen activas sus estructuras electorales, millones de mexiquenses siguen esperando que el gobierno resuelva los problemas que Morena prometió solucionar.

 

Porque si el partido tiene tiempo y recursos para hacer política, también debería tener la misma energía para responder por la salud, la seguridad, los servicios públicos, los trabajadores y las condiciones de vida de los mexiquenses.

 

Lo demás corre el riesgo de convertirse en lo que la sociedad cada vez cuestiona con mayor fuerza: una campaña disfrazada de movimiento, pagada directa o indirectamente por ciudadanos que no votaron para financiar propaganda política, sino para recibir un gobierno que cumpla.