MONTAJE JUDICIAL Y TERROR POLICIACO SACUDEN LOS REYES LA PAZ

*Tras denunciar una red de extorsión ligada presuntamente al crimen organizado y operadores políticos de Morena, Juan Cerda fue detenido en un operativo plagado de irregularidades, mientras los verdaderos delincuentes siguen libres

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 1 de mayo de 2026.- Lo que debía ser un operativo de justicia terminó convertido en un escándalo que exhibe el uso faccioso de las instituciones de seguridad y procuración de justicia en el Estado de México. El pasado 27 de abril, elementos de la Guardia Nacional, Marina y Fiscalía General de Justicia del Estado de México irrumpieron en el domicilio de Juan Cerda, líder de los comerciantes de la Avenida Morelos, para detenerlo junto con toda su familia, incluida su esposa, sus hijos y hasta un bebé de apenas unos meses de edad.

 

De acuerdo con testimonios de los afectados, los agentes no contaban con órdenes de aprehensión ni con orden de cateo, pero aun así violentaron cerraduras, ingresaron por la fuerza y sometieron a toda la familia. La pregunta que hoy retumba entre comerciantes y vecinos de Los Reyes La Paz es inevitable: ¿cuál era el verdadero objetivo del operativo?, ¿detener delincuentes o silenciar a quien denunció públicamente una red de extorsión protegida políticamente?

 

Aunque la familia de Juan Cerda fue liberada horas después, el líder comerciante permanece detenido bajo acusaciones de robo a mano armada. Sin embargo, el caso comienza a derrumbarse por sí solo. En las audiencias realizadas en los juzgados de Neza-Bordo no se han presentado supuestas víctimas ni denunciantes del delito que se le imputa, alimentando la versión de que se trata de un montaje fabricado para encarcelarlo y callarlo.

 

La situación resulta todavía más delicada porque en el operativo participó la Guardia Nacional, corporación que el gobierno de Morena presume como ejemplo de honestidad y confianza pública. Hoy, esa misma institución aparece señalada de prestarse a una operación que, según comerciantes, busca fabricar delitos para castigar a quien denunció públicamente a grupos criminales que operan en el tianguis de la Avenida Morelos.

 

LA DENUNCIA QUE HABRÍA DESATADO LA PERSECUCIÓN

 

El “pecado” de Juan Cerda habría sido exhibir una presunta red de extorsión encabezada por José Emilio Molina Méndez, alias “El Millones”, su hijo Enrique Molina, conocido como “El Kike”, así como Axel Villaseñor, personajes vinculados presuntamente al grupo criminal “Sindicato 22 de Octubre”, liderado por Héctor Becerril, criminal, con quien el esposo de la alcaldesa morenista presuntamente negocio la explotación de los pozos de agua de la localidad.

 

Los comerciantes aseguran que esta estructura criminal comenzó a operar desde diciembre de 2025 exigiendo cuotas diarias de entre 300 y 400 pesos para permitirles trabajar. Quien no pagaba era desplazado o amenazado, es el mismo modus operandi que implemento Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias, “El Jimmy”, líder del “Sindicato 22 de Octubre”, en Chalco, quien además era regidor por el Partido Verde.

 

La violencia escaló el 10 de febrero, cuando entre 30 y 40 hombres armados irrumpieron en la zona comercial y tomaron por la fuerza varios puestos. Los hechos quedaron grabados en cámaras de seguridad y teléfonos celulares, además de ocurrir prácticamente frente al palacio municipal de Los Reyes La Paz.

 

A PESAR DE ELLO, DENUNCIAN QUE NINGUNA AUTORIDAD ACTUÓ

 

Los comerciantes sostienen que informaron directamente de lo ocurrido a la alcaldesa morenista Martha Guerrero y a su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, quien presuntamente sostuvo reuniones con las víctimas prometiendo resolver el problema y pidiéndoles que evitaran hacerlo público. Nada ocurrió. Por el contrario, denuncian que el grupo criminal continuó expandiendo su control.

 

MANIFESTACIONES, DENUNCIAS Y LIBERACIONES SOSPECHOSAS

 

La desesperación llevó a comerciantes a convocar una conferencia de prensa el pasado 13 de abril para denunciar públicamente la situación. Un día después, cientos de vendedores se manifestaron afuera del Ministerio Público de Los Reyes La Paz tras la detención de un presunto extorsionador identificado como Óscar Pozos Rodríguez.

 

La captura quedó asentada en la carpeta de investigación NUC: TLA/FTR/FTR/013/100462/26/04 por el delito de extorsión. Sin embargo, pese a las acusaciones y protestas, el detenido fue liberado al día siguiente.

 

Para muchos comerciantes, aquello confirmó lo que desde hace meses denuncian: la existencia de protección institucional para grupos criminales que operan en la zona.

 

SEÑALAMIENTOS DE CORRUPCIÓN EN LA FISCALÍA

 

Otro nombre que aparece constantemente en las denuncias es el de Oscar Paulin, jefe de departamento de la agencia del Ministerio Público en Los Reyes La Paz, señalado presuntamente por vínculos con grupos delictivos de la región.

 

Versiones internas aseguran que el funcionario había sido removido meses atrás a Nezahualcóyotl, pero que logró regresar recientemente a Los Reyes La Paz gracias al respaldo de altos mandos de la Fiscalía mexiquense. Incluso, dentro de la propia dependencia circula la versión de que el regreso habría costado alrededor de 200 mil pesos.

 

Trabajadores y comerciantes aseguran además que Paulin es considerado uno de los funcionarios cercanos al fiscal general José Luis Cervantes Martínez, debido a su supuesta capacidad de “recaudación” con grupos criminales que operan en la zona oriente del Estado de México.

 

Mientras tanto, la pregunta sigue creciendo entre comerciantes y ciudadanos: ¿Por qué se movilizan fuerzas federales para detener a un líder comerciante que denunció extorsiones, pero no para capturar a los grupos armados señalados públicamente desde hace meses?

 

En Los Reyes La Paz, cada vez más personas comienzan a sospechar que el verdadero delito de Juan Cerda no fue un robo, sino haber hablado demasiado.

EDOMEX: EL INFIERNO PARA LAS MUJERES QUE DELFINA

 GÓMEZ INTENTA OCULTAR CON PROPAGANDA

 

*Mientras Morena presume encuestas y propaganda oficial, el Estado de México encabeza delitos brutales contra mujeres y mantiene cifras alarmantes de feminicidio, secuestro y violencia física

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

TOLUCA, Estado de México, 30 de abril de 2026.- Mientras el gobierno estatal presume encuestas pagadas, campañas de imagen y páginas completas en medios afines para presumir una supuesta aprobación ciudadana, la realidad que viven miles de mujeres mexiquenses exhibe el fracaso absoluto de la administración de Delfina Gómez Álvarez en materia de seguridad.

 

Los números oficiales son demoledores y no provienen de la oposición ni de críticos políticos, sino del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre enero y marzo de 2026, el Estado de México registró 11 feminicidios, colocándose en el cuarto lugar nacional. Una de las víctimas era menor de edad.

 

Pero el problema va mucho más allá de esa cifra. El Edomex se convirtió nuevamente en el epicentro nacional de la violencia contra las mujeres. La entidad ocupa el primer lugar en víctimas mujeres de lesiones dolosas y, junto con Guanajuato, concentra el 44.1 por ciento de los 19 mil 530 casos registrados en todo el país durante el primer trimestre del año.

 

Es decir, mientras el discurso oficial intenta vender una entidad en transformación, miles de mujeres siguen siendo golpeadas, agredidas y violentadas en calles, hogares y comunidades donde la autoridad simplemente ha sido rebasada.

 

La situación es todavía más alarmante en materia de secuestro. El Estado de México encabeza también el ranking nacional con 12 víctimas mujeres, equivalente al 42.9 por ciento de todos los casos registrados en México en ese periodo. A ello se suma su presencia entre las entidades con más homicidios dolosos contra mujeres, formando parte del grupo que concentra más de un tercio de las víctimas a nivel nacional.

 

Toluca, capital gobernada bajo el mismo entorno político de Morena, apareció incluso entre los 20 municipios con más feminicidios del país.

 

Y mientras la violencia se multiplica, el gobierno mexiquense parece más preocupado por controlar la narrativa pública que por recuperar la seguridad. La administración de Delfina Gómez ha destinado recursos a la difusión masiva de encuestas donde se asegura que “60 por ciento aprueba su gestión”, apoyándose en estudios como el de la empresa Enkoll, que señala que 49 por ciento tiene una opinión buena o muy buena de la mandataria.

 

Sin embargo, la pregunta inevitable surge desde las propias calles mexiquenses: ¿Cómo puede hablarse de aprobación cuando el Estado de México continúa siendo uno de los lugares más peligrosos del país para ser mujer?

 

Las más de 63 mil llamadas de emergencia al 911 relacionadas con violencia contra mujeres registradas en el país durante los primeros tres meses del año reflejan una realidad que desborda cualquier campaña publicitaria. Detrás de cada cifra existe una víctima, una familia rota y una sociedad que sigue esperando resultados reales.

 

La narrativa triunfalista de Morena en el Estado de México choca frontalmente con la crudeza de los datos oficiales. Porque mientras la propaganda presume popularidad, las mujeres mexiquenses siguen viviendo entre feminicidios, secuestros, desapariciones y agresiones que el gobierno no ha logrado contener.

 

En el Edomex de Delfina Gómez, la percepción puede maquillarse con encuestas; la violencia, no.

EE.UU. PONE CONTRA LAS CUERDAS A RUBÉN ROCHA; SINALOA, ATRAPADO ENTRE LA NARCOPOLÍTICA Y LA CRISIS DE MORENA

 

*La acusación de Washington contra Rocha Moya sacude a Morena y reaviva las sospechas de vínculos entre el poder político y el Cartel de Sinaloa en medio de la crisis de violencia que azota al estado

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de abril de 2026.- La relación entre el poder político y el crimen organizado volvió a golpear de frente al gobierno mexicano, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara formalmente al gobernador de Rubén Rocha Moya de narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración para poseer armamento, en un caso que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos políticos del sexenio de la llamada “cuarta transformación”.

 

La acusación no es menor. Washington sostiene que Rocha Moya habría operado en alianza con el Cartel de Sinaloa y particularmente con “Los Chapitos”, la facción encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para facilitar el tráfico masivo de drogas hacia Estados Unidos. El documento incluso señala que el ahora gobernador de Sinaloa habría recibido apoyo político y presuntamente protección criminal desde su campaña electoral de 2021, cuando llegó al poder cobijado por Morena.

 

Las autoridades estadounidenses describen un esquema de complicidad que, de confirmarse, exhibiría la infiltración absoluta del crimen organizado en las estructuras del gobierno sinaloense. Según la acusación, Rocha permitió que integrantes y operadores cercanos a “Los Chapitos” colocaran funcionarios afines en áreas estratégicas de seguridad y gobierno local, garantizando así protección e impunidad para las operaciones del narcotráfico.

 

La acusación es devastadora porque no se trata únicamente de presuntos vínculos indirectos o rumores políticos. El señalamiento coloca a un gobernador en funciones como supuesto aliado directo del Cartel de Sinaloa, organización criminal responsable de miles de asesinatos, desapariciones y del tráfico de fentanilo que ha provocado una crisis de salud pública en Estados Unidos.

 

Además, el caso revive las sospechas que desde hace años pesan sobre el entorno político sinaloense. En agosto de 2024, Ismael "El Mayo" Zambada aseguró en una carta que el día de su captura acudiría a una reunión en Culiacán donde estaría presente Rocha Moya. En aquel momento, el gobernador minimizó el señalamiento, pero hoy la narrativa toma otra dimensión tras las acusaciones formales del gobierno estadounidense.

 

Mientras tanto, Rocha reaccionó en redes sociales intentando convertir el escándalo judicial en una supuesta agresión política contra Morena y la “cuarta transformación”. Sin embargo, el mensaje dejó entrever algo más: el gobernador parece advertir que no piensa enfrentar solo el costo político y penal de este caso. En otras palabras, si cae Rocha, podría arrastrar a otros actores del movimiento obradorista.

 

El problema para Morena es mayúsculo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en su conferencia mañanera a exigir pruebas contra Rocha Moya y a defender el debido proceso. No obstante, la postura presidencial exhibe una evidente contradicción política: cuando el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna fue acusado y posteriormente condenado en Estados Unidos, Morena celebró el caso incluso cuando gran parte de la evidencia presentada también descansaba en testimonios de narcotraficantes y colaboradores protegidos.

 

Hoy, el discurso cambia radicalmente porque el acusado pertenece al partido gobernante.

 

La doble vara es imposible de ocultar. Lo que antes era considerado prueba suficiente para condenar moralmente a adversarios políticos, ahora es presentado como una persecución extranjera o un intento de intervención contra la soberanía nacional.

 

En este contexto, la Fiscalía General de la República recibió ya solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por Estados Unidos. El fiscal especial Ulises Lara López confirmó que se abrirá una investigación para determinar el sustento de las acusaciones, aunque reconoció que Rocha Moya mantiene fuero constitucional y que sería necesario un proceso legislativo para retirarle la inmunidad.

 

El embajador estadounidense Ronald Johnson lanzó además un mensaje contundente: la corrupción que facilite operaciones del crimen organizado será investigada y procesada bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

 

El caso estalla además en el peor momento para Sinaloa. La entidad vive una de las etapas más violentas de los últimos años, marcada por disputas internas entre facciones del propio Cartel de Sinaloa, desapariciones, ejecuciones y un creciente ambiente de terror en distintas regiones del estado.

 

Por ello, la acusación contra Rocha Moya no sólo representa un golpe personal contra un gobernador de Morena. También alimenta la percepción internacional de que México atraviesa una profunda crisis de narcopolítica, donde las fronteras entre gobierno y crimen organizado parecen cada vez más borrosas.

 

Y mientras en Palacio Nacional intentan contener el daño político, en Estados Unidos ya colocaron al gobernador sinaloense en el mismo tablero donde antes estuvieron alcaldes, policías corruptos y operadores del narcotráfico. La diferencia es que ahora el señalado es un mandatario estatal en funciones, emanado del partido que prometió acabar con la corrupción y pacificar al país.

AL NARCO QUE AMLO DEJÓ CRECER SEIS AÑOS, LO DETUVIERON EN 19 MESES

 

*Habían ensayado durante 100 horas y lograron detenerlo en unas cuantas: esas que el gobierno que lo dejó crecer, no quiso invertir para quitarles su bota de encima a Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Zacatecas

 

Por: Héctor De Mauleón

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, El Mencho, Audías Flores Silva, El Jardinero, no apareció en los reportes de inteligencia de la Marina y el Departamento de Justicia de Estados Unidos como candidato fuerte en la línea de sucesión.

 

Esa lista la encabezaban Juan Carlos Valencia González, El 03, hijastro del extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Hugo González Mendoza, El Sapo, y Abraham Jesús Ambriz Cano, El Yogurt.

 

Se mencionaba también a Julio Castillo Rodríguez, El Chorro, yerno del extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre los jefes regionales más importantes de esta organización criminal.

 

Inteligencia Naval había anticipado la posibilidad de que, a falta de consenso, estos líderes empezaran a actuar de manera semiautónoma. De modo que se iniciaron labores de rastreo en busca de posibles indicadores de que el Cártel Jalisco hubiera acordado una sucesión.

 

No solo se monitorearon cuentas que en las redes sociales suelen funcionar como oficinas de prensa del crimen organizado. Se analizaron posibles cambios en los flujos de metanfetamina y fentanilo en corredores controlados por el CJNG, y se revisaron los patrones de violencia en estados controlados por este grupo delictivo.

 

Se monitorearon incluso narcocorridos, en busca de señales de una posible sucesión.

 

En esa investigación apareció Audías Flores Silva, El Jardinero, moviendo hombres, armas y dinero, a fin de quedarse al frente de la organización.

 

Según los reportes de la Marina, El Jardinero coordinaba operaciones criminales a gran escala en una inmensa franja del Pacífico: desde Nayarit a Guerrero, pasando por Jalisco y Michoacán. A través de grupos operativos extremadamente sanguinarios, había llevado la violencia incluso a Zacatecas, con la intención de meter al Cártel Jalisco al estado de Durango.

 

El gobierno de Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares por él. Desde octubre de 2024, cuando López Obrador se llevó sus “abrazos, no balazos” a su finca de Palenque, y el gobierno de Claudia Sheinbaum dio un giro radical a la estrategia de seguridad, la Marina se lanzó tras su rastro en colaboración con agencias de Estados Unidos, en el marco del llamado Entendimiento Bicentenario, que implica “acciones conjuntas en contra de amenazas comunes”.

 

El Jardinero había comenzado a crecer dentro del cártel tras su salida de la cárcel en 2019. Su ascenso coincidió con el sexenio de AMLO. Tras el abatimiento del Mencho buscó quedarse con el liderazgo del grupo criminal. Sus movimientos se fueron precisando, especialmente a partir de ese acontecimiento.

 

Desde los primeros meses de 2026, la Marina propinó una serie de golpes significativos al Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos golpes incluyeron el aseguramiento de armamentos, buques pesqueros y semisumergibles en Colima y Nayarit, así como una cadena de detenciones y decomisos en los estados de Nayarit, Michoacán y Jalisco.

 

Tras el abatimiento de El Mencho, un reporte de la Semar recomendó ofrecer beneficios a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación de niveles bajos e intermedios, con la intención de que pudieran ofrecer información sobre las finanzas, las rutas y los movimientos del cártel. En vista del “exitoso operativo” que había permitido ubicar a El Mencho en Jalisco, se recomendaba estrechar el intercambio de datos con las agencias de inteligencia de Estados Unidos.

 

Sostiene el secretario de Marina que se desató un seguimiento “sistemático, discreto y sostenido” que permitió establecer las rutas de El Jardinero, así como sus puntos de entrada y salida en 45 ubicaciones. “Se entendió no solo dónde estaba, sino cómo se movía, con quién interactuaba y bajo qué esquemas de seguridad”.

 

Lo que no se hizo en seis años se logró en 19 meses. El 25 de abril se obtuvo la ubicación precisa de El Jardinero, en las inmediaciones de Santa María del Oro, en Nayarit. Con más de 300 elementos y 10 aeronaves se inició el operativo.

 

El Jardinero viajaba en una Suburban. Al verse rodeado abandonó el vehículo y echó a correr. Pero las condiciones accidentadas del terreno no estaban de su parte. Tampoco, su precaria condición física. Se quiso ocultar en un drenaje, debajo de la carretera. Agentes navales saltaron de uno de los helicópteros que lo seguían y lo sometieron con facilidad.

 

Habían ensayado durante 100 horas y lograron detenerlo en unas cuantas: esas que el gobierno que lo dejó crecer, no quiso invertir para quitarles su bota de encima a las poblaciones de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Zacatecas.

 

Estados Unidos solicita desde hace años su extradición.

LA MUERTE DE YOLET SARAY EXHIBE EL FRACASO DE DELFINA

 GÓMEZ Y DE LA FISCALÍA MEXIQUENSE

*Entre promesas vacías y una estrategia de seguridad rebasada, el Estado de México se hunde en una crisis de desapariciones y feminicidios que exhibe la incapacidad de las autoridades encabezadas por Delfina Gómez y el fiscal José Luis Cervantes Martínez. 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

AMANALCO, Estado de México, 29 de abril de 2026.- La localización sin vida de Yolet Saray, una adolescente de apenas 13 años de edad, desaparecida en el municipio de Amanalco, volvió a desnudar la incapacidad, indiferencia y falta de resultados del gobierno estatal encabezado por la morenista Delfina Gómez Álvarez, así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dirigida por José Luis Cervantes Martínez, instituciones que parecen más preocupadas por los discursos y las conferencias que por frenar la violencia brutal que diariamente cobra la vida de niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses.

 

El caso de Yolet Saray no es un hecho aislado. Es parte de una tragedia constante que mantiene al Estado de México entre las entidades con mayores índices de desapariciones y asesinatos de mujeres en el país. Sin embargo, pese a la gravedad del problema, la respuesta oficial sigue siendo la misma de siempre: boletines vacíos, frases recicladas y la promesa interminable de que “se iniciaron investigaciones”.

 

La menor fue vista por última vez el pasado 25 de abril en la comunidad de San Jerónimo Segunda Sección, en Amanalco. Tras su desaparición, familiares y habitantes difundieron su ficha de búsqueda en redes sociales con la esperanza de encontrarla con vida. Apenas un día después, la adolescente fue localizada sin vida, en un desenlace que volvió a sacudir a una sociedad cansada de tanta violencia y de tanta omisión gubernamental.

 

Hasta ahora, las autoridades no han informado oficialmente cuáles fueron las causas del fallecimiento de la menor, ni han dado detalles claros sobre posibles responsables. La Fiscalía mexiquense, como ocurre en prácticamente todos los casos similares, únicamente se limitó a informar que “ya se iniciaron las investigaciones”, una frase que para miles de familias mexiquenses ya no significa absolutamente nada.

 

Porque mientras la Fiscalía presume operativos y estadísticas maquilladas, en las calles del Estado de México continúan desapareciendo mujeres casi todos los días. La percepción ciudadana es contundente: la autoridad llega tarde, investiga mal y rara vez garantiza justicia.

 

La administración de Delfina Gómez prometió un gobierno cercano a la gente y sensible ante las víctimas, pero la realidad demuestra otra cosa. Desde la llegada de Morena al gobierno estatal, la violencia feminicida y las desapariciones continúan fuera de control en diversas regiones del estado, mientras colectivos, madres buscadoras y ciudadanos denuncian abandono institucional, burocracia y negligencia.

 

En municipios como Amanalco, Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz y Toluca, la exigencia ciudadana se repite una y otra vez: seguridad real, investigaciones serias y estrategias efectivas de prevención. No obstante, las respuestas oficiales parecen reducirse a protocolos mediáticos y declaraciones políticamente correctas que no evitan que más familias terminen destrozadas.

 

La muerte de Yolet Saray debería provocar indignación y acciones inmediatas. Sin embargo, en el Estado de México los casos de niñas y mujeres desaparecidas comienzan a normalizarse peligrosamente ante la indiferencia de las autoridades.

 

La gente ya no quiere más discursos ni promesas vacías. Lo que exige son resultados contundentes, castigo ejemplar para los responsables y una estrategia verdadera que impida que más niñas, adolescentes y mujeres sigan desapareciendo y siendo asesinadas en territorio mexiquense.

ANTORCHA CAMPESINA HACE EL RIDÍCULO EN TLAXCALA; DISCURSO DE POBREZA YA NO CONVENCE Y EXHIBE EL DESGASTE DE SUS LÍDERES MILLONARIOS

 

*Entre consignas apagadas, un himno que nadie conocía y acarreados obligados, quedó en evidencia el rechazo creciente hacia una organización señalada por vivir del discurso de la miseria mientras sus dirigentes gozan de privilegios y riqueza

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TLAXCALA, México, 29 de abril de 2026.- Lo que pretendía ser una demostración de fuerza de la Organización Antorcha Campesina terminó convirtiéndose en un espectáculo de desgaste político, apatía social y rechazo silencioso. Ayer por la mañana, en la Plaza de Toros Jorge Aguilar, “El Ranchero”, la agrupación celebró 35 años de supuesta lucha “por los más pobres”, aunque la realidad que quedó expuesta fue otra: una organización aferrada a un discurso viejo, desacreditado y encabezada por líderes que viven rodeados de privilegios mientras miles de seguidores continúan atrapados en la pobreza.

 

El evento dejó escenas que evidenciaron el fracaso de convocatoria y la desconexión total entre la dirigencia antorchista y la gente. Cuando los líderes lanzaban sus clásicas consignas, casi nadie las repetía. El momento más incómodo llegó cuando entonaron el himno de Antorcha Campesina y la mayoría de los asistentes simplemente no lo conocía, provocando risas, miradas de desconcierto y un ambiente de vergüenza entre los presentes.

 

A pesar del intento por aparentar unidad y músculo político, el desánimo era evidente. Muchos asistentes acudieron más por presión que por convicción. La presencia del alcalde Alfonso Sánchez García tampoco pasó desapercibida, sobre todo porque trascendió que funcionarios del ayuntamiento habrían sido obligados a asistir para rellenar el evento y evitar una imagen todavía más desangelada.

 

Mientras los líderes hablaban de desigualdad, explotación y pobreza, la contradicción era imposible de ignorar. La organización insiste en venderse como defensora de los más necesitados, pero sus principales dirigentes llevan años señalados por vivir rodeados de lujos, privilegios y poder político. El caso más representativo es el de Aquiles Córdova Morán, considerado por muchos como el gran tirano de Antorcha, cuya figura simboliza precisamente aquello que durante décadas aseguró combatir.

 

El discurso de Córdova Morán volvió a repetir la misma narrativa desgastada de siempre. Durante su intervención afirmó que “el pueblo trabajador genera toda la riqueza para los ricos” y aseguró que los gobiernos pueden cambiar de partido o de personajes, pero mientras no cambie la forma de producir y distribuir la riqueza, nada mejorará. Sin embargo, sus palabras ya no encontraron eco entre una población cansada de promesas recicladas y de líderes que llevan décadas viviendo cómodamente gracias a estructuras clientelares.

 

La realidad es que el rechazo social hacia este tipo de organizaciones es cada vez más evidente. Ya no son tiempos donde la gente obedecía sin cuestionar. Hoy existe una ciudadanía más crítica que observa cómo muchos dirigentes sociales terminaron convertidos en verdaderos caciques políticos enriquecidos mientras utilizan a los sectores más vulnerables como herramienta de presión electoral y movilización.

 

Lo ocurrido en Tlaxcala confirmó que las viejas estructuras corporativas están perdiendo fuerza. La gente está cansada de los acarreos, de los mítines obligados, de los plantones interminables y de discursos que hablan de justicia social mientras las cúpulas viven entre privilegios y recursos públicos.

 

En el evento también estuvieron presentes Abel Pérez Samorano, líder de Antorcha Campesina en el Estado de México; Juan Manuel Celis Aguirre, dirigente de la región centro-norte; Homero Enríquez, vocero del movimiento; así como Marcela Serrano Hernández, expresidenta municipal de Ixtapaluca, cuya presencia reflejaba el evidente desgaste político de quienes durante años controlaron presupuestos y poder, pero hoy enfrentan una realidad distinta: la pérdida de influencia y el creciente hartazgo ciudadano.

 

Tlaxcala y el país están cambiando. La gente ya no se deja impresionar por discursos incendiarios ni por organizaciones que dicen representar al pueblo mientras sus dirigentes viven como una élite política. Y lo ocurrido ayer fue prueba de ello: Antorcha Campesina ya no moviliza como antes, porque cada vez más ciudadanos entienden que detrás de la supuesta lucha social existe una estructura que durante años ha sobrevivido administrando la pobreza y beneficiándose de ella.

MILLONARIO FRACASO EN SAN LÁZARO: ABANDONAN FORO

 DE MORENA QUE COSTÓ 2 MILLONES AL ERARIO

*El set de televisión impulsado por Arturo Ávila para las “Legislativas del Pueblo” permanece olvidado y lleno de polvo desde febrero; el proyecto desapareció sin resultados ni explicaciones

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de abril de 2026.- Lo que fue presentado con bombo y platillo como un ejercicio de cercanía con la ciudadanía terminó convertido en otro símbolo del despilfarro político disfrazado de “austeridad republicana”. El lujoso set de televisión acondicionado por diputados de Morena en la Cámara de Diputados, y que habría costado alrededor de 2 millones de pesos del erario, hoy permanece prácticamente abandonado, cubierto de polvo y convertido en un espacio inútil dentro de San Lázaro.

 

La ocurrencia, impulsada por el vocero morenista Arturo Ávila, nació bajo el nombre de “Legislativas del Pueblo”, una conferencia semanal con la que supuestamente se pretendía acercar el trabajo legislativo a la ciudadanía. Sin embargo, el proyecto terminó evidenciando lo que muchos ya señalan como una constante dentro de la llamada Cuarta Transformación: gastar millones en propaganda política mientras se presume austeridad frente al pueblo.

 

El estudio televisivo fue acondicionado con recursos públicos y presentado como una herramienta innovadora de comunicación legislativa. Pero la realidad alcanzó rápidamente el discurso oficial. Desde el pasado 4 de febrero no se realiza una sola emisión de las llamadas “Legislativas del Pueblo”, dejando el espacio prácticamente abandonado.

 

Incluso, recuerdan trabajadores y legisladores dentro del recinto legislativo, en la última transmisión apenas apareció el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien prácticamente encabezó en solitario una conferencia que ya mostraba señales de desgaste y desinterés interno.

 

Mientras tanto, el diputado Arturo Ávila, principal promotor del proyecto y rostro visible de las conferencias, cada vez es menos visto en los pasillos de San Lázaro, alimentando las versiones de que el proyecto simplemente fue abandonado tras fracasar en su intento de convertirse en una herramienta de posicionamiento político.

 

La pregunta que ahora ronda dentro y fuera de la Cámara de Diputados es inevitable: ¿valió la pena gastar 2 millones de pesos del dinero público para construir un foro televisivo que terminó convertido en bodega improvisada y monumento al desperdicio?

 

La situación resulta todavía más polémica debido a que Morena ha construido gran parte de su discurso político alrededor de la supuesta austeridad y del combate a los excesos del pasado. Sin embargo, los hechos parecen contradecir nuevamente la narrativa oficial. Porque mientras millones de mexicanos enfrentan carencias en servicios básicos, inseguridad, falta de medicamentos y crisis económicas locales, en San Lázaro se destinaron recursos públicos para un set televisivo que terminó olvidado apenas unos meses después de su inauguración.

 

Críticos del oficialismo señalan que este caso exhibe el doble discurso de una clase política que llegó al poder prometiendo acabar con los privilegios y derroches, pero que ha terminado reproduciendo prácticas similares, aunque ahora bajo slogans de “transformación” y “mandato popular”.

 

Y es que, aseguran, cuando un proyecto impulsado desde Morena fracasa, rara vez existe una autocrítica real. Por el contrario, la narrativa oficial suele justificar errores y malas decisiones asegurando que actuaron “por voluntad del pueblo” o “escuchando al pueblo sabio”. Así, los costos políticos y económicos de los desaciertos terminan diluyéndose entre discursos ideológicos y propaganda partidista.

 

Hoy, el abandonado estudio televisivo de las “Legislativas del Pueblo” no solo representa un gasto cuestionable de recursos públicos; también se ha convertido en una metáfora incómoda de una administración legislativa que prometió ser distinta, pero que sigue acumulando críticas por decisiones opacas, proyectos improvisados y millones tirados a la basura mientras la ciudadanía exige resultados reales.

LA PAZ SE HUNDE EN LA VIOLENCIA; EJECUTAN A UN HOMBRE

 AFUERA DE “GOLDEN DRINKS”

*Ataque armado frente a un bar reaviva el miedo en Los Reyes La Paz, mientras crecen las denuncias por extorsión, narcomenudeo y presuntos vínculos criminales que mantienen al municipio bajo terror.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 28 de abril de 2026.- La violencia volvió a golpear con brutalidad al municipio de Los Reyes La Paz. La tarde-noche del pasado domingo 26 de abril, dos hombres fueron atacados a balazos afuera del bar “Golden Drinks”, ubicado sobre Calle 9, entre Ixtapan y Tenancingo. El saldo fue de un hombre muerto y otro gravemente herido, en un nuevo episodio que vuelve a exhibir la crisis de inseguridad que mantiene aterrorizada a la población.

 

Vecinos de la zona denunciaron momentos de pánico tras las detonaciones y criticaron la constante presencia de hechos violentos en distintos giros nocturnos del municipio, particularmente en áreas cercanas al palacio municipal, donde según se jacta la alcaldesa morenista Martha Guerrero, existe vigilancia permanente de cuerpos de seguridad. A pesar de ello, los ataques armados continúan ocurriendo con alarmante frecuencia.

 

Tras el atentado se desplegó una fuerte movilización policiaca; sin embargo, habitantes señalaron su desconfianza hacia las corporaciones de seguridad, al considerar que los operativos sólo ocurren después de las ejecuciones y no como una estrategia real para contener la violencia que azota al municipio.

 

El ataque en “Golden Drinks” no es un hecho aislado. Se suma a una cadena de homicidios, agresiones armadas, extorsiones y actividades delictivas que han colocado a Los Reyes La Paz como uno de los focos más delicados en materia de seguridad dentro del oriente mexiquense. La ciudadanía vive entre el terror, la incertidumbre y la percepción de abandono institucional.

 

En medio de la polémica, ha trascendido públicamente que el establecimiento pertenece al hijo de Antonio Helguera, excandidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano. La situación ha generado cuestionamientos entre sectores sociales y políticos sobre el entorno en el que operan diversos centros nocturnos del municipio, debido a las constantes denuncias ciudadanas que relacionan este tipo de negocios con actividades ilícitas de narcomenudeo, aunque hasta el momento no existe información oficial que vincule directamente al establecimiento con investigaciones penales, se sabe que ahí se vendía cocaína y cristal.

 

Al mismo tiempo, continúan creciendo las exigencias ciudadanas para que autoridades estatales y federales investiguen las denuncias sobre presuntas redes de extorsión que operan en la cabecera municipal. Recientemente se dio a conocer la captura de presuntos integrantes de una célula criminal ligada al llamado “Sindicato 22 de Octubre”, organización señalada por comerciantes como responsable de cobros ilegales y amenazas.

 

Dentro de esas acusaciones también han sido mencionados personajes políticos locales, entre ellos Tranquilino Lagos Buenabad, esposo y operador político de la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez, así como Héctor Becerril, identificado públicamente como presunto líder regional del grupo criminal. No obstante, hasta ahora no existe una resolución judicial que determine responsabilidades directas de los funcionarios señalados, por lo que las cosas no van a cambiar si la Fiscalía del Edomex, solo quiere aparentar que se persigue a los criminales, dejando a sus líderes y a funcionarios corruptos en la impunidad.

 

Mientras tanto, la población continúa atrapada en una espiral de violencia que parece no tener freno. Los asesinatos, las ejecuciones y las denuncias de extorsión siguen acumulándose en un municipio donde los habitantes aseguran sentirse solos, indefensos y olvidados por las autoridades. La pregunta que hoy resuena en las calles de Los Reyes La Paz es cuánto más tendrá que soportar la ciudadanía antes de que exista una intervención efectiva para recuperar la seguridad y frenar el avance del crimen.

RED DE EXTORSIÓN SACUDE LA PAZ: CAEN “EL MILLONES” Y OPERADORES DEL TERROR EN TIANGUIS DE MORELOS

*Señalamientos alcanzan a líderes del PVEM, presuntos grupos criminales y entorno del gobierno municipal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 27 de abril de 2026.- La madrugada de este lunes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México asestó un golpe a una presunta red de extorsión que operaba en el tianguis de la avenida Morelos: fueron detenidos José Emilio Molina Méndez, alias “El Millones”, y su hijo Enrique Molina, “El Kike”, así como el dirigente del tianguis a y algunos de sus familiares.

 

De acuerdo con testimonios, la pesadilla comenzó en diciembre de 2025, cuando un grupo delictivo encabezado por “El Millones”, empezó a exigir pagos diarios de entre 300 y 400 pesos a los comerciantes para permitirles trabajar. Quien se negaba era desplazado. El punto de quiebre llegó el 10 de febrero, cuando entre 30 y 40 hombres armados irrumpieron violentamente en la zona y tomaron por la fuerza varios puestos.

 

El hecho no solo exhibió la operación criminal, sino algo aún más grave: ocurrió frente al palacio municipal, en un punto con presencia permanente de policías municipales. Nadie intervino. Para los afectados, no se trató de omisión, sino de una presunta red de complicidades dentro del gobierno local.

 

La presión de los comerciantes obligó a las autoridades a actuar, pero los resultados han sido inconsistentes. Óscar Pozos Rodríguez fue detenido, pero liberado apenas dos días después, pese a acusaciones directas en su contra por extorsión e incluso por un ataque armado contra el domicilio de un líder tianguista. El caso quedó asentado en la carpeta NUC: TLA/FTR/FTR/013/100462/26/04.

 

Los denunciantes apuntan a una estructura más amplia. Señalan como presuntos responsables a “El Millones”, su hijo, Axel Villaseñor, “La Madrina” y Chayo Zalazar. En particular, Axel Villaseñor no solo es identificado como integrante del grupo criminal “Sindicato 22 de Octubre”, sino también como líder juvenil del Partido Verde en el Estado de México.

 

Este grupo, según los testimonios, estaría bajo el mando de Héctor Becerril, ex líder del “Sindicato Libertad” y actual dirigente del “Sindicato 22 de Octubre” en la región, quien presuntamente habría amenazado a comerciantes para arrebatarles el control del tianguis.

 

Las conexiones políticas no terminan ahí. Comerciantes señalan que Emilio Molina y Axel Villaseñor presumen en redes sociales pertenecer a una supuesta fundación denominada “Actuar para Transformar el Estado de México”, de la cual no existe claridad sobre su registro legal ni operación formal.

 

Más delicado aún, en la localidad se menciona de forma insistente que Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez, mantiene reuniones con líderes del grupo señalado, a quienes presuntamente habría cedido el control de la distribución de agua mediante pipas, consolidando así una red de control político y territorial.

 

Aunque las recientes detenciones representan un avance, los comerciantes advierten que la estructura sigue operando. Exigen que también sean investigados y detenidos Axel Villaseñor, “La Madrina”, Chayo Zalazar y el propio Héctor Becerril.

 

Asimismo, demandan que el caso sea atraído por instancias federales ante la desconfianza hacia la fiscalía estatal, a la que acusan de falta de independencia. Señalan que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez deberá garantizar que no haya encubrimiento.

 

En este contexto, también crece la presión hacia el dirigente estatal del Partido Verde, José Alberto Couttolenc Buentello, para que aclare la relación de su partido con perfiles señalados en esta red de extorsión y se deslinde públicamente.

 

Mientras tanto, en La Paz, el miedo sigue siendo parte de la rutina diaria. La pregunta que queda en el aire es si las detenciones recientes marcarán el inicio del desmantelamiento real de esta estructura… o si todo quedará, como tantas veces, en un golpe mediático sin consecuencias de fondo.

ANTORCHA CAMPESINA: DE BRAZO DEL PRI A “BOTÍN POLÍTICO” EN

 DISPUTA ENTRE MORENA Y EL VERDE

*Señalada por violencia, chantaje y enriquecimiento de sus líderes, la organización busca refugio en la 4T o el PVEM pese al rechazo social y político

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 27 de abril de 2026.- Lo que durante décadas operó como un engranaje útil del viejo régimen hoy se ha convertido en un problema incómodo que nadie quiere asumir públicamente, pero que varios intentan capitalizar en lo oscurito: Antorcha Campesina pasó de ser un brazo de control del PRI a una moneda de cambio en la disputa política del Estado de México.

 

Históricamente ligada al priismo, la organización no solo acompañó al partido en el poder, sino que operó como grupo de presión —y en múltiples ocasiones de confrontación— contra opositores y hasta contra disidentes internos. A cambio, obtuvo acceso privilegiado a recursos públicos y margen de maniobra para consolidar una estructura que hoy arrastra acusaciones de prácticas clientelares, presión social y enriquecimiento de sus dirigentes.

 

Nombres como Aquiles Córdova Morán, Brasil Acosta Peña, Maricela Serrano Hernández y Jesús Tolentino Román Bojórquez han sido señalados no solo por su control político, sino por presumir abiertamente en conferencias de prensa, la acumulación de negocios como 50 gasolineras, restaurantes y gaseras, en contraste con el discurso de lucha contra la pobreza que enarbola la organización.

 

Durante años, ese modelo les permitió construir músculo político y capacidad de movilización, organizando marchas multitudinarias o cercando gobiernos municipales bajo demandas que, en muchos casos, eran vistas como mecanismos de presión más que de gestión social.

 

Sin embargo, la llegada de la autodenominada Cuarta Transformación marcó un quiebre. En 2019, Antorcha Campesina se confrontó abiertamente con el nuevo régimen, pero el paso del tiempo y la pérdida de interlocución política los obligó a recular. Desde entonces, han buscado acercamientos discretos con actores clave de Morena, entre ellos el senador Higinio Martínez Miranda, con la intención de integrarse a su proyecto político.

 

El problema es que dentro de Morena el rechazo es profundo. Militantes y liderazgos locales ven a Antorcha como un símbolo de los abusos del pasado, lo que ha frenado cualquier intento de incorporación formal, pese a reuniones sostenidas con figuras como Marisela Serrano, Jesús Tolentino Román y Brasil Acosta.

 

En paralelo, el grupo ha modulado su discurso. De la confrontación frontal pasó a una postura más ambigua, incluso con guiños hacia el gobierno federal. En videos recientes, Aquiles Córdova Morán ha manifestado respaldo al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un movimiento que muchos interpretan como un intento de negociación política más que una convicción ideológica.

 

Ante las dificultades para entrar a Morena, Antorcha ha abierto otra puerta: el Partido Verde Ecologista de México. De acuerdo con fuentes políticas, ya existen acercamientos con José Alberto Couttolenc Buentello, quien vería en la organización una oportunidad para fortalecer su presencia en el oriente mexiquense, particularmente en municipios como Chimalhuacán, Ixtapaluca, La Paz, Chalco y Valle de Chalco.

 

No obstante, la jugada no está exenta de riesgos. Integrar a Antorcha podría significar un crecimiento territorial inmediato, pero también cargar con una estructura señalada por prácticas que hoy generan rechazo social, lo que podría convertirse en un efecto bumerang para el Verde, similar al desgaste que ya enfrenta el propio Higinio Martínez Miranda por sus acercamientos con el grupo.

 

En esta ecuación aparece otro actor clave: Luis Miranda Nava, quien fue Secretario General de Gobierno del Estado de México entre 2009 y 2011, señalado como enlace entre Antorcha y el Partido Verde. Con influencia interna en ese instituto político y fuertes vínculos con su compadre el expresidente Enrique Peña Nieto, su operación política podría inclinar la balanza. Prueba del poder que tiene, es su hijo, Luis Miranda Barrera, quien, sin tener ningún mérito, hoy es diputado federal del PVEM, eso demuestra el peso político que mantiene en el Instituto Político.

 

Hoy, Antorcha Campesina no solo enfrenta el desgaste de su pasado, sino una crisis de legitimidad que la obliga a buscar refugio político. La incógnita no es si logrará infiltrarse en Morena o en el Verde, sino quién estará dispuesto a asumir el costo de cargar con una organización que, para muchos, representa lo peor de la vieja política.

 

El desenlace definirá no solo el futuro de Antorcha, sino también el precio que los partidos estarán dispuestos a pagar por sumar estructuras cuestionadas en su lucha por el poder en el Estado de México.