ASF DETECTA PRESUNTO DAÑO POR 40.7 MILLONES EN VALLE DE BRAVO; CRECEN LOS CUESTIONAMIENTOS AL GOBIERNO DE MICHELLE NÚÑEZ
*La ASF puso bajo la lupa 40.7 millones de pesos por contratos
sin comprobar, mientras el OSFEM acumula observaciones sobre nómina,
contrataciones y gasto público; además, el gobierno de Michelle Núñez arrastra
el polémico antecedente de la elección de 2021 y los señalamientos sobre la
presunta injerencia del crimen organizado
Por: EXPEDIENTE SECRETO
El caso no se reduce a simples diferencias contables. De
acuerdo con los datos proporcionados, las observaciones de la ASF están
relacionadas principalmente con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, incluyendo contratos vinculados con la recolección
de basura que carecerían de facturas y documentación suficiente para acreditar
plenamente el destino y aplicación de los recursos.
La dimensión del señalamiento resulta particularmente delicada
porque, además de las observaciones administrativas, la ASF presentó una
denuncia, con lo que el asunto alcanzó el terreno de las investigaciones de
carácter penal. En ese contexto, se han señalado indagatorias de instituciones
federales, incluida la Fiscalía General de la República (FGR), sobre el posible
desvío de recursos y otros hechos relacionados con la actuación de autoridades
en la zona.
Es decir, el problema ya no puede despacharse simplemente como
un trámite burocrático pendiente de solventación. 40.7 millones se encuentran bajo
observación.
El monto observado por la ASF asciende a 40 millones 717 mil
575 pesos, una cantidad que obliga a responder preguntas elementales: ¿qué se
contrató? ¿a quién se pagó? ¿qué servicios fueron efectivamente prestados?
¿dónde están las facturas? ¿dónde está la documentación comprobatoria? y, sobre
todo, ¿dónde puede verificarse físicamente que los recursos públicos terminaron
en el objetivo para el que fueron autorizados?
La ausencia o insuficiencia de documentación probatoria es
precisamente uno de los puntos que coloca a la administración municipal bajo
escrutinio.
Y aunque una observación de auditoría no equivale por sí misma
a una sentencia ni acredita automáticamente un delito, tampoco puede
minimizarse. La obligación de los funcionarios es demostrar documentalmente que
cada peso público fue ejercido conforme a la ley.
En este caso, además, existe un elemento que eleva la presión:
la presentación de una denuncia por parte del órgano fiscalizador federal.
OSFEM también encuentra irregularidades en el expediente de
cuestionamientos no termina en la ASF.
El OSFEM ha señalado otras anomalías en el manejo de las
finanzas municipales, entre ellas un incremento desproporcionado del
presupuesto destinado a servicios personales, es decir, la nómina.
El crecimiento de la plantilla y del gasto burocrático resulta
especialmente sensible cuando se contrasta con las necesidades que enfrenta
Valle de Bravo en materia de servicios públicos.
A ello se agregan señalamientos relacionados con la falta de
licitaciones públicas en organismos descentralizados municipales, entre ellos el
ODAS, lo que vuelve a colocar sobre la mesa la transparencia de los
procedimientos utilizados para contratar servicios y ejercer recursos.
La suma de observaciones federales y estatales dibuja, cuando
menos, un escenario incómodo para el gobierno municipal: más dinero observado,
más cuestionamientos sobre contratos y más dudas sobre la forma en que se está
administrando el presupuesto.
Frente a estos señalamientos, la alcaldesa Michelle Núñez
Ponce ha rechazado las acusaciones de corrupción.
La postura de su administración es que las observaciones
forman parte de los procedimientos ordinarios de fiscalización y que el
Ayuntamiento se encuentra dentro del periodo legal para solventar, atender y
aclarar la documentación requerida por los órganos fiscalizadores.
Ese argumento deberá sostenerse con documentos. Porque una
cosa es que una administración tenga derecho a solventar observaciones —lo cual
es parte normal de cualquier proceso de fiscalización— y otra muy distinta es que
pueda darse por aclarado un probable daño al erario antes de que las
autoridades fiscalizadoras determinen que la documentación presentada es
suficiente.
Por eso, mientras el proceso no concluya, los 40.7 millones de
pesos permanecen como un foco rojo que requiere explicaciones puntuales.
Los cuestionamientos financieros se cruzan además con una
historia política particularmente delicada de Valle de Bravo.
Durante el proceso electoral de 2021, Zudikey Rodríguez, entonces
candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a la presidencia municipal, denunció
haber sido privada temporalmente de la libertad por integrantes de un grupo
criminal identificado en distintas versiones periodísticas como La Familia
Michoacana, en un hecho que habría tenido como propósito obligarla a suspender
sus actividades de campaña.
El episodio fue ampliamente señalado por periodistas y medios
como un posible caso de intervención del crimen organizado en el proceso
electoral.
La gravedad de ese antecedente no está solamente en lo que le
ocurrió a una candidata. Está en la posibilidad de que un grupo criminal haya
intentado modificar las condiciones de una elección mediante amenazas y
coerción.
El antecedente permanece y vuelve inevitable una pregunta
política: ¿qué ocurrió realmente en aquella elección y hasta dónde llegó la
influencia del crimen organizado?
Hoy, años después de aquella elección, el gobierno de Michelle
Núñez vuelve a estar bajo escrutinio, ahora por la vía de los recursos
públicos.
Y eso coloca a la administración municipal frente a una
obligación que no admite propaganda ni discursos partidistas: aclarar peso por
peso los recursos observados.
Los 40 millones 717 mil 575 pesos señalados por la ASF no son
una cifra menor. Tampoco lo son las observaciones del OSFEM sobre nómina, gasto
operativo y procedimientos de contratación.
Y si existen investigaciones ministeriales derivadas de
denuncias de fiscalización, corresponderá a las autoridades competentes
determinar si hubo únicamente errores administrativos, omisiones que puedan ser
solventadas o, en su caso, conductas que pudieran constituir responsabilidades
administrativas o delitos.
En el terreno político, los cuestionamientos adquieren otra
dimensión por la cercanía que diversos actores han señalado entre Michelle
Núñez y Horacio Duarte Olivares, actual secretario general de Gobierno del
Estado de México.
Esa cercanía política, por sí misma, no demuestra impunidad ni
responsabilidad en las irregularidades observadas. Sin embargo, sí alimenta el
debate sobre la capacidad real de las estructuras de Morena para responder a
los cuestionamientos cuando uno de sus gobiernos municipales queda bajo la lupa
de los órganos fiscalizadores.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿habrá consecuencias si las
observaciones no son solventadas?
Porque si los documentos aparecen y los recursos quedan
debidamente acreditados, el expediente deberá cerrarse conforme a derecho.
Pero si no aparecen, si los servicios no pueden acreditarse,
si los contratos carecen de sustento o si las investigaciones encuentran
elementos de responsabilidad, entonces el asunto dejará de ser una disputa
política para convertirse en un problema de posibles responsabilidades legales.
Valle de Bravo merece algo más que explicaciones partidistas. Merece
saber dónde están sus recursos.
Y la administración de Michelle Núñez tiene la obligación de
demostrarlo con documentos, contratos, facturas, comprobantes y resultados
verificables.
Porque cuando una auditoría federal pone bajo observación más
de 40 millones de pesos, la pregunta ya no es si el gobierno municipal se
siente atacado políticamente.
La pregunta es dónde está el dinero, quién lo ejerció, para
qué se utilizó y por qué la documentación no permitió acreditarlo ante la ASF.
El resto deberá resolverlo la autoridad.
