BUROCRACIA CONTRA UNA VÍCTIMA: EL CASO QUE

 INCOMODA AL GOBIERNO DE LA PAZ

 

*Apoyo de 100 mil pesos aprobado por el Cabildo desde 2021 para la hija de Karina Lizbeth Hamud Pérez permanece detenido en el área jurídica del Ayuntamiento; la familia acusa al director Juan José Zaragoza Chávez de retrasar el trámite pese a que existe una resolución judicial que acredita la guarda y custodia de la menor.

 

Por EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 9 de marzo de 2026.— En el municipio de La Paz parece que la justicia tiene tiempos distintos cuando se trata de las víctimas. Y más aún cuando quienes deberían resolver, prefieren esconderse detrás de la burocracia.

 

Han pasado casi siete años desde que Karina Lizbeth Hamud Pérez fue asesinada el 19 de agosto de 2019 en la zona conocida como El Potrero, en Lomas de San Sebastián, presuntamente durante un operativo realizado por la policía municipal. Su muerte dio origen a la carpeta de investigación NEZ/FHO/UHN/062/23422/19-08, en la que fue señalado el entonces subdirector operativo de la policía municipal, Juan Carlos Mía González.

 

El homicidio ocurrió durante el gobierno municipal 2019-2021, encabezado por la morenista y entonces alcaldesa Feliciana Olga Medina Serrano. Sin embargo, el paso del tiempo no solo ha traído impunidad para el caso, sino ahora una nueva forma de agravio: la indiferencia institucional.

 

Porque mientras el expediente penal sigue siendo parte de la larga lista de casos que se empantanan en el sistema de justicia, en el Ayuntamiento de La Paz ocurre algo que raya en lo absurdo: un apoyo económico aprobado por el propio Cabildo lleva más de cuatro años sin entregarse.

 

El Cabildo de La Paz, durante su Centésima Octava Sesión celebrada en octubre de 2021, aprobó otorgar 100 mil pesos a favor de la hija de Karina, considerada víctima indirecta del homicidio. Un apoyo que no era un favor político, sino una medida mínima de reparación ante un hecho trágico.

 

Pero en el Ayuntamiento las decisiones de Cabildo parecen valer poco cuando pasan por el filtro de ciertas oficinas.

 

De acuerdo con la denuncia presentada ante el gobierno municipal, el director jurídico y consultivo del Ayuntamiento, Juan José Zaragoza Chávez, ha retrasado el trámite bajo el argumento de que se requiere documentación adicional para acreditar la representación legal de la menor.

 

Un argumento que, según la familia, no solo resulta injustificado, sino que revela una preocupante falta de seriedad administrativa. La razón es simple: la documentación ya fue entregada.

 

La familia proporcionó copias certificadas del expediente 6458/2020, emitido por el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl con sede en La Paz, donde se acredita que Sandra Hamud Pérez obtuvo la guarda y custodia legal de la menor desde el 11 de octubre de 2019.

 

En ese mismo proceso judicial quedó asentado que el padre biológico renunció a la patria potestad, renuncia que fue ratificada ante un juez. Es decir, el sustento legal para la representación de la menor existe desde hace años. Aun así, el trámite permanece detenido en los escritorios del área jurídica del Ayuntamiento.

 

Frente a esta situación, Sandra Hamud Pérez solicitó formalmente a la presidenta municipal Martha Guerrero Sánchez iniciar un procedimiento administrativo contra el director jurídico y consultivo, al considerar que el retraso podría constituir un incumplimiento de responsabilidades en el ejercicio del cargo.

 

También pidió que el gobierno municipal emita una respuesta oficial en un plazo máximo de cinco días hábiles y que finalmente se entregue el recurso aprobado por el Cabildo.

 

LA PETICIÓN NO ES MENOR

 

El caso involucra a una menor de edad que perdió a su madre en un hecho violento, relacionado con la pésima actuación de policías municipales. En cualquier gobierno que se diga sensible, esto debería ser motivo suficiente para acelerar soluciones, no para levantar más obstáculos. Sin embargo, en La Paz parece que la lógica es distinta.

 

Aquí los discursos oficiales hablan de justicia social, de cercanía con el pueblo y de poner a los más vulnerables en el centro de las decisiones públicas. Pero cuando se revisan los hechos, el panorama es menos alentador.

 

La responsabilidad política inevitablemente recae en la actual alcaldesa Martha Guerrero Sánchez, quien gobierna bajo las siglas de Morena, el partido que hizo del lema “primero los pobres” uno de sus principales estandartes.

 

Y también en su esposo Tranquilino Lagos Buenabad, personaje que en el municipio es señalado desde hace tiempo como el verdadero operador del poder local y parte de la pareja que, en los hechos, cogobierna el municipio.

 

La pregunta que queda flotando es incómoda, pero necesaria:

¿De verdad el gobierno de La Paz está del lado de las víctimas?

 

Porque cuando una niña que perdió a su madre tiene que esperar años para recibir un apoyo que ya fue aprobado por el propio Cabildo, la conclusión parece inevitable.

 

No es solo un trámite detenido. Es una señal clara de que la burocracia municipal puede ser tan cruel como la impunidad que dice combatir.

PROTESTAS DE PAPEL: ANTORCHA CAMPESINA MONTA MOVILIZACIONES RAQUÍTICAS PARA FINGIR CHOQUE CON MORENA

*Mientras simulan inconformidad en la calle, líderes antorchistas negocian recursos públicos y favores políticos con el senador Higinio Martínez Miranda

 

Por: Carlos Recio, Martín Ponce y Rodolfo Rodríguez

 

TEXCOCO, Estado de México, 7 de marzo de 2026.— Las recientes protestas organizadas por la organización Antorcha Campesina en varios municipios del oriente mexiquense han quedado exhibidas como movilizaciones diminutas, improvisadas y carentes de respaldo social, lo que para muchos ciudadanos confirma que se trata de protestas montadas para simular una oposición que en los hechos ya no existe.

 

Durante los últimos días, la agrupación intentó proyectar inconformidad contra gobiernos municipales de Morena en municipios como Texcoco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco y Los Reyes La Paz. Sin embargo, la realidad fue muy distinta al discurso: protestas que en la mayoría de los casos no reunieron ni a 50 personas.

 

En Chimalhuacán, los dirigentes hablaban de “decenas de escuelas inconformes”, pero la manifestación apenas logró juntar unas cuantas decenas de asistentes. En Ixtapaluca, algunos estudiantes fueron sacados de clases para inflar una protesta que terminó siendo prácticamente simbólica.

 

La escena se repitió en Los Reyes La Paz: un pequeño grupo de jóvenes leyó un largo pliego petitorio frente al palacio municipal, mientras en Chalco y Texcoco se montaban actos similares: movilizaciones diminutas acompañadas de enormes listas de exigencias que implican millones de pesos del erario público.

 

EL TEATRO DE LA CONFRONTACIÓN

 

Para muchos observadores locales, estas protestas no son otra cosa que un montaje político.

 

La estrategia sería simple: simular dureza contra los gobiernos de Morena mientras se negocian beneficios por debajo de la mesa.

 

El nombre que aparece una y otra vez detrás de este juego político es el del senador morenista Higinio Martínez Miranda, quien desde hace tiempo es señalado como uno de los actores que buscan construir influencia rumbo a la disputa por el gobierno del Estado de México.

 

Según diversas versiones políticas en la región, Antorcha Campesina y el grupo de Higinio mantienen acuerdos que públicamente intentan ocultar, por lo que la organización necesita montar protestas para fingir que sigue siendo oposición. En otras palabras: se pelean en público, pero negocian en privado.

 

PREMIOS TRAS LA PROTESTA

 

Un ejemplo reciente se observa en Texcoco, donde tras la presión antorchista, el gobierno municipal encabezado por Nazario Gutiérrez Martínez prometió avanzar en la regularización de colonias vinculadas con la organización, asentamientos que durante años fueron denunciados por Morena como invasiones.

 

Lo que antes era señalado como irregularidad, ahora parece convertirse en moneda de negociación política.

 

NÓMINAS Y FAVORES EN LA PAZ

 

En Los Reyes La Paz, versiones dentro del propio ayuntamiento aseguran que la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez y su esposo Tranquilino Lagos Buenabad habrían entregado espacios dentro de la nómina municipal a operadores antorchistas, quienes cobrarían sin desempeñar un trabajo, es decir, tienen sueldos privilegiados, pero son aviadores.

 

PERO ESO NO SERÍA TODO

 

Tras las recientes protestas, también se habría prometido obra pública en colonias controladas por la organización, además de apoyos sociales como despensas, tinacos, cemento y otros beneficios financiados con recursos municipales. Es decir, las protestas terminan convertidas en negocio político.

 

EL NEGOCIO DE LAS ESCUELAS

 

Otro foco de inconformidad ciudadana apunta hacia las escuelas vinculadas con Antorcha Campesina.

 

Padres de familia denuncian que desde hace años se imponen cuotas económicas bajo distintos pretextos, supuestamente para mejorar la infraestructura educativa.

 

Sin embargo, aseguran que esos recursos terminan financiando la estructura política de la organización, mientras los estudiantes continúan enfrentando múltiples carencias educativas.

 

Ante ello, ciudadanos consideran urgente que la Secretaría de Educación Pública audite a fondo las escuelas ligadas a Antorcha Campesina, ya que el cobro obligatorio de cuotas en planteles públicos está prohibido por la ley.

 

LA PREGUNTA INCÓMODA

 

Las protestas diminutas que se han visto en el oriente mexiquense dejan una pregunta en el aire:

 

Si Antorcha Campesina realmente conserva la fuerza que presume, ¿por qué sus manifestaciones apenas reúnen a unas cuantas decenas de personas?

 

Para muchos habitantes de Texcoco, Chimalhuacán, Chalco, Ixtapaluca y La Paz, la respuesta parece cada vez más evidente:

 

no se trata de protestas reales, sino de un teatro político para encubrir acuerdos que ya están firmados.

EX BOMBERO DE LOS REYES LA PAZ DENUNCIA ABANDONO INSTITUCIONAL MIENTRAS ENFRENTA PÉRDIDA CASI TOTAL DE LA VISTA

*Jorge Miguel Tapia Torres, tras 18 años y 11 meses de servicio, asegura que el ayuntamiento no le ha entregado su liquidación y pide apoyo para acceder a una cirugía que le permita recuperar parte de su independencia

 

Por: Carlos Recio y Martín Ponce

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 5 de marzo de 2026.— Tras casi dos décadas de servicio en una de las labores más riesgosas del servicio público, un ex elemento del cuerpo de bomberos del municipio denuncia que hoy enfrenta el abandono institucional mientras lucha por no perder por completo la vista.

 

Se trata de Jorge Miguel Tapia Torres, quien trabajó durante 18 años y 11 meses como bombero en el Ayuntamiento de Los Reyes La Paz, tiempo en el que participó en innumerables emergencias, rescates e incendios para proteger a la población. Sin embargo, hoy su historia se ha convertido en un caso que refleja las difíciles condiciones en las que muchos servidores públicos terminan su vida laboral.

 

De acuerdo con su propio testimonio, Tapia Torres enfrenta actualmente una grave afectación en la vista, situación que lo ha llevado prácticamente a la ceguera y que le impide continuar desempeñando sus funciones dentro de la corporación.

 

El ex bombero explicó que el 15 de agosto de 2025 fue inhabilitado de su cargo, fecha en la que, conforme a los acuerdos laborales establecidos con el ayuntamiento, debió recibir la liquidación correspondiente por sus casi 19 años de servicio. No obstante, señala que hasta el día de hoy ese pago no se ha realizado, lo que ha complicado aún más su situación personal y médica.

 

“Únicamente busco hacer visible mi situación y que se respeten los acuerdos”, expresó Tapia Torres, quien también explicó que su principal preocupación es poder acceder a una cirugía especializada que le permita recuperar parcialmente la vista y con ello mantener un grado de independencia en su vida cotidiana.

 

La falta de la liquidación, asegura, le ha impedido reunir los recursos necesarios para atender su problema de salud, el cual requiere atención médica urgente.

 

El caso ha comenzado a generar preocupación entre vecinos y habitantes del municipio, quienes consideran que un elemento que dedicó casi dos décadas al servicio de la comunidad no debería enfrentar solo una situación de esta magnitud, mucho menos cuando su estado de salud está en riesgo.

 

En ese contexto, diversas voces señalan que la presidenta municipal de Los Reyes La Paz, Martha Guerrero, y su esposo Tranquilino Lagos Buenabad —ambos identificados políticamente con Morena y señalados por ciudadanos como actores que de facto cogobiernan el municipio— deberían escuchar el caso de este ex bombero y atender su situación.

 

Habitantes del municipio recuerdan que uno de los principales discursos del movimiento de Morena ha sido el de gobernar para los más pobres y los más desamparados, por lo que consideran que casos como el de Jorge Miguel Tapia Torres deberían ser atendidos con sensibilidad y responsabilidad por parte de las autoridades locales.

 

La labor de los bomberos, subrayan ciudadanos, implica exposición constante a incendios, humo, sustancias tóxicas, accidentes y condiciones extremas, lo que en muchos casos termina por afectar gravemente la salud de quienes integran estas corporaciones.

 

Por ello, consideran que las autoridades municipales tienen la responsabilidad no solo de reconocer el trabajo de quienes arriesgan su vida por la población, sino también de cumplir con los compromisos laborales y brindar apoyo cuando alguno de sus elementos enfrenta una crisis de salud.

 

En medio de su difícil situación, Jorge Miguel Tapia Torres insiste en que su intención no es confrontar a las autoridades, sino simplemente lograr que se respeten los acuerdos establecidos tras su salida del cuerpo de bomberos y poder acceder a la atención médica que necesita.

 

“Solo quiero que se cumpla con lo que corresponde y poder operarme para recuperar un poco de mi independencia”, señaló.

 

Mientras tanto, su caso comienza a resonar entre la comunidad, donde muchos consideran que la historia de un bombero que dedicó casi 19 años al servicio público y hoy enfrenta la posibilidad de quedar ciego sin apoyo institucional merece ser atendida con urgencia por las autoridades municipales.

 ANA KAREN: OTRO FEMINICIDIO QUE EXHIBE EL FRACASO DE

 LA “ESTRATEGIA” DE SEGURIDAD EN EL EDOMEX

 

*Tres días desaparecida, encontrada sin vida en Metepec; mientras tanto, las autoridades presumen cifras y se reúnen en mesas de seguridad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

METEPEC, Estado de México, 4 de marzo de 2026. — Ana Karen salió la noche del sábado 28 de febrero con amigos al fraccionamiento Villas del Sauce, en San Antonio la Isla. Para volver a casa pidió un servicio de DiDi Moto. Nunca llegó.

 

Tres días después, su cuerpo fue localizado sin ropa, con huellas de violencia y abuso, en un terreno baldío a pie de la carretera Toluca–Tenango del Valle, en la delegación de San Miguel Totocuitlapilco, en el municipio de Metepec.

 

Su trayecto quedó grabado por cámaras de seguridad. Su desaparición fue reportada por familiares que difundieron su ficha con fotografías y datos generales. Aun así, no hubo una reacción que evitara el desenlace. El martes, el hallazgo confirmó el peor escenario.

 

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Semefo, donde la necropsia determinará la causa de muerte. Por tratarse de un caso con violencia por condición de género, el expediente fue atraído por el área de feminicidios.

 

Pero más allá del protocolo, la pregunta es inevitable: ¿de qué sirven las mesas de seguridad diarias si las mujeres siguen desapareciendo y siendo asesinadas en el Estado de México?

 

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el secretario de Seguridad estatal Cristóbal Castañeda Camarillo y el fiscal José Luis Cervantes Martínez, junto con mandos de la Guardia Nacional, Marina y Ejército, presumen coordinación y avances en el combate a la delincuencia. Sin embargo, la realidad vuelve a desmentir el discurso oficial.

 

Ana Karen pidió un servicio por aplicación. Su trayecto quedó registrado. Existían cámaras. Existía una denuncia de desaparición. Existían mecanismos de búsqueda. Y, aun así, fue encontrada asesinada a la orilla de una carretera.

 

No se trata solo de un crimen atroz; se trata de un patrón que se repite. De protocolos que llegan tarde. De investigaciones que comienzan cuando la víctima ya no puede ser salvada. De cifras que se presumen mientras las familias entierran a sus hijas.

 

La indignación social no es gratuita. La ciudadanía observa reuniones, comunicados y estadísticas, pero en el terreno baldío donde fue localizada Ana Karen no había estrategia, ni coordinación, ni resultados.

 

Hoy la Fiscalía habla de investigaciones para determinar el móvil. Pero el móvil principal ya es evidente: la violencia contra las mujeres sigue siendo una herida abierta en el Estado de México, y la respuesta institucional continúa siendo reactiva, no preventiva.

 

Ana Karen no es un número. Es el reflejo de un sistema de seguridad que, pese a los discursos oficiales, sigue llegando tarde.

UPREZ VUELVE A LAS CALLES… MIENTRAS SU LÍDER

 CONSOLIDA UN IMPERIO EDUCATIVO

 

*Entre plantones y marchas, crecen los cuestionamientos sobre el imperio educativo y la falta de transparencia en la dirigencia de Felipe Rodríguez Aguirre.

 

Por: Rodolfo Rodríguez, Martín Ponce y Carlos Recio

 

TOLUCA, Estado de México, 3 de marzo de 2026. – La Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) anunció una nueva marcha y plantón en la capital mexiquense para exigir al gobierno estatal el cumplimiento de acuerdos en materia educativa y laboral. Sin embargo, detrás del discurso de “promesas incumplidas” y “derechos vulnerados”, vuelve a colocarse en el centro de la polémica su dirigente histórico, Felipe Rodríguez Aguirre, señalado desde hace años por operar lo que muchos consideran un negocio educativo disfrazado de lucha social.

 

La movilización partió del mercado Benito Juárez hacia Palacio de Gobierno. Entre las demandas se encuentran la entrega de tractores para el campo —de 20 solicitados, dicen, solo recibieron dos—, mantenimiento de bordos, reconocimiento oficial de escuelas de nivel medio superior, la liberación del terreno para la EPO 345, infraestructura, saneamiento del Río Lerma, donación de predios para preparatorias populares y la basificación de docentes.

 

No es la primera vez que la UPREZ recurre a la presión callejera. La fórmula le ha funcionado durante décadas. Pero hoy las críticas no solo apuntan a la estrategia de protesta, sino al contraste entre el discurso de precariedad y la realidad económica de su principal dirigente.

 

Diversas voces en el Estado de México sostienen que Felipe Rodríguez Aguirre es actualmente una de las personas más acaudaladas en el ámbito de las organizaciones sociales de la entidad, gracias al control de al menos un centenar de escuelas. Mientras públicamente enarbola la bandera de la educación popular, los beneficios y apoyos gestionados ante distintos gobiernos —sin importar el partido— habrían fortalecido una estructura que, lejos de transparentarse, se ha consolidado como un emporio educativo bajo control familiar.

 

Sus hijos, Felipe Rodríguez Nava y Jesús Rodríguez Nava, también forman parte de esa estructura. En colonias como Vicente Villada, en Nezahualcóyotl, no son pocos quienes cuestionan las formas y el trato que, aseguran, caracteriza a la familia Rodríguez. Las acusaciones de soberbia y de utilizar la organización como plataforma de poder político y económico han sido constantes.

 

Paradójicamente, la organización se presenta como víctima sistemática de los gobiernos en turno. No obstante, ha logrado obtener terrenos, reconocimientos, infraestructura y recursos públicos a lo largo de varias administraciones. El único mandatario que se atrevió a confrontar abiertamente a Rodríguez Aguirre fue el exgobernador Eruviel Ávila Villegas, durante cuyo gobierno el dirigente fue detenido por daños a las vías de comunicación, en un episodio que marcó uno de los pocos intentos institucionales por frenar sus métodos de presión.

 

La pregunta que comienza a circular entre diversos sectores es si la causa educativa sigue siendo el motor real de estas movilizaciones o si, por el contrario, se ha convertido en un mecanismo recurrente para ampliar cuotas de poder y beneficios.

 

La lucha social y la defensa de derechos son legítimas en cualquier democracia. Pero cuando la dirigencia de una organización acumula poder y recursos durante décadas sin mecanismos claros de rendición de cuentas, el debate deja de ser ideológico y se vuelve ético.

 

Hoy, mientras la UPREZ instala su plantón frente a Palacio de Gobierno, no solo se discuten tractores, plazas o terrenos. También está en juego la transparencia de una estructura que, bajo el discurso de justicia social, ha construido una influencia que pocos se han atrevido a cuestionar abiertamente.

CARMEN DE LA ROSA IMPULSA AGENDA “PROGRESISTA” MIENTRAS SU VERDADERO RESPALDO ES EL APELLIDO

 

*La diputada de Morena promueve programas para mujeres, pero dentro de su propio partido señalan que su principal mérito es ser hija de Juan Hugo de la Rosa, quien busca posicionarla rumbo a la alcaldía de Nezahualcóyotl pese a las dudas sobre su capacidad política

 

Por: Carlos Recio, Martín Ponce y Rodolfo Rodríguez

 

TOLUCA, Estado de México, 3 de marzo de 2026.– Bajo el discurso de apoyo a las mujeres, la diputada local Carmen de la Rosa anunció que este martes se analizará en comisiones su propuesta de “corresponsabilidad familiar para la distribución de trabajos dentro del hogar”, iniciativa que busca convertir en obligación legal lo que, según explicó, hoy es solo un acuerdo tácito en muchas familias.

 

Sin embargo, detrás del discurso progresista, dentro de su propio partido hay voces que cuestionan no solo la viabilidad de sus propuestas, sino su capacidad política y legislativa.

 

Compañeros de bancada en Morena —que piden reserva— aseguran que el único mérito real de la legisladora ha sido su apellido: ser hija del ex alcalde de Nezahualcóyotl y actual secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa, figura señalada como cacique político en el oriente del Estado de México.

 

NEPOTISMO Y PROYECTO FAMILIAR

 

En los pasillos legislativos se comenta que más que una agenda sólida, lo que existe es un proyecto político familiar que apunta a posicionar a Carmen de la Rosa como futura candidata a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl.

 

El problema, dicen incluso algunos morenistas, es que la diputada no ha logrado destacar por capacidad propia. Afirman que ni siquiera logra sostener con soltura una conversación pública sin tropiezos, lo que ha generado dudas internas sobre su preparación para aspirar a gobernar uno de los municipios más complejos del país.

 

PROGRAMAS CON TINTE CLIENTELAR

 

En cuanto a su proyecto “Mujeres de cambio y transformación”, la legisladora informó que 600 mujeres ya se registraron vía internet para aprender a manejar, pintar o adquirir conocimientos de plomería. Destacó que el programa “Mujeres al volante” ha sido el más solicitado y que se gestionará apoyo para el trámite de licencias ante la Secretaría de Movilidad, encabezada justamente por su padre.

 

El detalle no es menor: la dependencia que facilitaría los trámites está dirigida por quien, al mismo tiempo, es el principal operador político del grupo que impulsa la carrera de su hija.

 

Aunque el discurso insiste en que “es tiempo de mujeres”, la pregunta que flota es si realmente se trata de empoderamiento femenino o de consolidación de una dinastía política en Nezahualcóyotl.

 

MÁS APELLIDO QUE TRAYECTORIA

 

Mientras la diputada asegura que seguirá trabajando en unidad y en beneficio de las mujeres mexiquenses, dentro de Morena persiste la inquietud de que el impulso a su figura responda más a acuerdos de grupo que a resultados legislativos tangibles.

 

Porque en política, cuando el mérito principal es el parentesco, el mensaje que se envía no es de transformación, sino de continuidad de las viejas prácticas que tanto se prometió erradicar.

PVEM MARCA DISTANCIA DE LA REFORMA ELECTORAL DE CLAUDIA SHEINBAUM Y DEFIENDE PRESUPUESTO Y PLURINOMINALES

*José Alberto Couttolenc advierte que su respaldo dependerá de que no se afecte el modelo de representación ni el financiamiento de los partidos, reavivando el debate sobre si la prioridad es la ciudadanía o las cúpulas políticas

 

Por: Carlos Recio, Martín Ponce

 

TOLUCA, Estado de México, 3 de marzo de 2026.– Con un discurso terso, pero con un mensaje claro entre líneas, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Alberto Couttolenc Buentello, prácticamente marcó distancia de la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

 

Aunque evitó confrontar de manera directa, el líder del Verde en el Estado de México dejó ver que la propuesta presidencial —que contempla un recorte del 25% al presupuesto de los partidos y una nueva distribución de diputaciones plurinominales— toca intereses sensibles de la clase política.

 

Presupuesto sí, pero “equidad”

 

Couttolenc aseguró que la reforma debe garantizar condiciones más equitativas en materia de presupuesto y representación política.

 

“Queremos que sea más democrática, más equitativa”, señaló, al insistir en la necesidad de establecer una “cancha pareja” en la distribución de recursos públicos entre los partidos.

 

Sin embargo, detrás del discurso sobre la democracia subyace una realidad incómoda: cuando se habla de recortar el financiamiento, los partidos reaccionan. La propuesta presidencial plantea reducir en una cuarta parte los recursos que reciben los institutos políticos, una medida que, en teoría, busca austeridad y racionalización del gasto.

 

La pregunta es inevitable: ¿la defensa es por la representación ciudadana o por la bolsa presupuestal?

 

La bandera de las minorías

 

El dirigente verde recordó que el sistema de representación proporcional es resultado de una lucha histórica iniciada en los años setenta y consolidada en los noventa para dar voz a las minorías políticas.

 

Argumentó que en muchos distritos se gana con entre 50 y 60 por ciento de la votación, lo que deja sin representación directa a casi la mitad del electorado.

 

“Eso implica que casi la mitad de la población no tenga representación, y es importante que esa parte también tenga voz”, subrayó.

 

El planteamiento suena razonable. No obstante, la discusión de fondo vuelve a centrarse en cómo se reparten las posiciones y el presupuesto entre partidos, más que en cómo se fortalece la participación ciudadana real o se reduce la distancia entre políticos y sociedad.

 

Postura condicionada

 

Couttolenc aclaró que aún no conocen el documento final de la reforma, por lo que fijarán postura definitiva cuando llegue al Congreso federal. Adelantó que si el esquema replica el modelo del Estado de México —mitad de diputaciones por lista y mitad por mayoría relativa— el PVEM estaría a favor, al considerarlo un sistema que “ha funcionado”.

 

En otras palabras, el respaldo dependerá de que el nuevo diseño no afecte el equilibrio que actualmente beneficia a las fuerzas políticas.

 

Intereses de cúpula

 

Lo que deja este episodio es una constante en la política mexicana: cuando se tocan los recursos o la representación, emergen las diferencias; cuando se trata de transformar de fondo la relación entre partidos y ciudadanos, el entusiasmo disminuye.

 

La reforma electoral abre un debate necesario. Pero también exhibe que, para buena parte de la clase política, la prioridad sigue siendo conservar espacios, prerrogativas y cuotas de poder.

 

Mientras tanto, los ciudadanos continúan esperando una democracia que no solo sea equitativa para los partidos, sino justa y funcional para la sociedad.

ANTORCHA, EL VERDE Y EL VIEJO PRI: LA ALIANZA QUE AMENAZA

 CON DINAMITAR A MORENA EN EL EDOMEX

*Alejandra del Moral, Higinio Martínez Miranda y el entramado de Antorcha Campesina tejen acuerdos rumbo a 2027 en medio de acusaciones de corrupción, traición y pactos oscuros

 

Por: Carlos Recio, Martín Ponce

 

SAN VICENTE CHICOLOAPAN, Estado de México, 2 de marzo de 2026.— En el tablero político mexiquense se mueve una jugada que, de confirmarse, exhibiría la peor cara del pragmatismo electoral: la convergencia entre liderazgos señalados por corrupción, estructuras históricamente vinculadas al priismo más rancio y operadores que hoy buscan refugio bajo las siglas del Partido Verde para golpear desde dentro a Morena.

 

En el centro de las versiones se encuentra Alejandra del Moral, excandidata del PRI, PAN y PRD al gobierno del Estado de México, quien —según diversas voces locales— estaría operando políticamente junto con el exalcalde priista de San Vicente Chicoloapan para fortalecer a Antorcha Campesina, organización que durante décadas fue señalada por prácticas clientelares, presión política y control territorial bajo el cobijo del PRI.

 

La jugada, aseguran actores locales, tendría como beneficiario indirecto al senador Higinio Martínez Miranda, figura histórica de Morena en la entidad, hoy acusado por críticos internos de pactar con antiguos adversarios ideológicos. El vehículo sería el Partido Verde Ecologista de México, plataforma desde donde buscarían “dinamitar” la cohesión morenista en el Estado de México.

 

ANTORCHA: DEL DISCURSO INCENDIARIO AL OPORTUNISMO

 

La organización fundada por el tirano Aquiles Córdova Morán atraviesa uno de los momentos más frágiles de su historia. Tras perder espacios de poder y financiamiento, sus liderazgos han sido cuestionados por su pasado de confrontación violenta y por su histórica cercanía con gobiernos priistas.

 

Hoy, en un giro que para muchos raya en el cinismo político, Córdova Morán ha suavizado su discurso e incluso ha elogiado públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pese a que en el pasado calificaba a la 4T, como sus enemigos políticos. Pero para Antorcha Campesina, no se trata de convicción ideológica, sino de supervivencia.

 

EL MALESTAR EN MORENA

 

En la base morenista crece la incomodidad. Militantes cuestionan qué pensar cuando ven a Alejandra del Moral compartiendo espacios con el senador Martínez Miranda, a quien algunos ya llaman “traidor” a los principios fundacionales de la llamada Cuarta Transformación.

 

Martínez presume controlar políticamente al menos 40 municipios mexiquenses, entre ellos Ecatepec, uno de los bastiones electorales más importantes del estado. Ese poder territorial lo coloca como pieza clave rumbo a 2027, pero también como epicentro de divisiones internas.

 

CHICOLOAPAN: LABORATORIO DE LA FRACTURA

 

San Vicente Chicoloapan es ejemplo de la implosión interna. Por un lado, el grupo del alcalde Francisco Javier Mendoza Vázquez; por el otro, el bloque ligado a la exalcaldesa Nancy Gómez Vargas, representado por su esposo, el diputado local Samuel Ríos.

 

Sobre Ríos pesan señalamientos políticos por el control del organismo operador del agua (OPDAPAS) y por presuntamente haber acumulado una fortuna millonaria administrando el servicio. A ello se suman acusaciones de encubrimiento en favor de sus cuñados, Marco Antonio Gómez Vargas, alias “El Kino”, y Alexis Gómez Vargas, alias “El Honda”, señalados por versiones locales como presuntos líderes de la organización criminal conocida como La Familia Michoacana en la región.

 

En medio de esta pugna aparece Andrés Aguirre Romero, quien aguardaría el momento oportuno para colarse como candidato del Verde —o impulsar a uno propio— aprovechando la fractura morenista.

 

¿Pragmatismo o traición?

 

La posible alianza entre sectores del viejo PRI, liderazgos del Verde, Antorcha Campesina y operadores cercanos a Higinio Martínez dibuja un escenario donde las ideologías parecen haber sido sustituidas por cálculos de poder.

 

Para Morena en el Estado de México, el riesgo no es sólo electoral. Es moral y político. Si la base percibe que sus dirigentes pactan con quienes históricamente combatieron —y que hoy arrastran acusaciones de corrupción, violencia y vínculos cuestionables—, la fractura podría ser más profunda que cualquier derrota en las urnas.

 

El 2027 aún parece lejano. Pero en el Edomex, las alianzas subterráneas ya comenzaron a mover sus piezas.

LA PAZ BAJO EXTORSIÓN: PROTECCIÓN CIVIL CONVERTIDA EN BOTÍN POLÍTICO

 

*Martha Guerrero y Tranquilino Lagos reciclan a funcionario con negro historial para exprimir a empresarios

 

Por: Rodolfo Rodríguez y Martín Ponce

LOS REYES LA PAZ, Estado de México.– En lugar de garantizar condiciones de seguridad y legalidad para el desarrollo económico, el gobierno municipal encabezado por Martha Guerrero Sánchez parece haber convertido la Dirección de Protección Civil y Bomberos en una oficina de cobro extraoficial.

 

Empresarios de pequeños, medianos y grandes negocios acusan directamente al titular del área, Francisco Felipe Villa Campa, de operar un esquema sistemático de hostigamiento y presunta extorsión que utiliza inspecciones, observaciones administrativas y clausuras como mecanismo de presión económica.

 

En días recientes fueron cerrados varios establecimientos en Plaza Tepozanes y en distintas colonias del municipio. Los afectados denuncian que para “liberar” trámites o evitar sanciones se les exigen pagos que van de 50 mil a 80 mil pesos. En casos más graves, aseguran, las cantidades pueden dispararse mucho más alto bajo la amenaza de clausura definitiva.

 

No se trata de un funcionario sin antecedentes. El 16 de octubre de 2024, cuando se desempeñaba en Protección Civil de Ciudad Nezahualcóyotl, más de un centenar de propietarios de clínicas, gimnasios, farmacias y otros giros se manifestaron frente al palacio municipal para exigir al alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo su destitución por presuntos abusos, extorsiones y la operación de una red de “coyotes” que ofrecían arreglar irregularidades a cambio de fuertes sumas de dinero.

 

Los denunciantes de entonces hablaron de citatorios intimidatorios y cobros que podían alcanzar hasta 200 mil pesos. La presión pública obligó a su salida.

 

Lejos de representar un antecedente que descalificara su perfil, el historial parece haber sido irrelevante para el gobierno de La Paz. Tras pasar por la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Villa Campa reapareció en la administración de Martha Guerrero, en lo que empresarios califican como un acto de complicidad política.

 

Los antecedentes del funcionario también se extienden a Xalapa Veracruz, donde fue titular de Seguridad Ciudadana. Ahí enfrentó señalamientos por opacidad y presunta corrupción, así como críticas por pobres resultados en materia de seguridad que derivaron en su renuncia en marzo de 2021, tras presiones políticas y denuncias ante la Contraloría.

 

Su historial incluye episodios que exhiben abuso de poder y conductas indebidas: desde intentos de detención arbitraria contra civiles hasta el señalamiento de haber utilizado una patrulla para transportar adoquines destinados a obra pública hacia su domicilio particular en 2018.

 

Ese es el perfil que hoy ocupa la oficina encargada de supervisar medidas de seguridad y protección civil en Los Reyes La Paz.

 

Empresarios consultados sostienen que el verdadero problema no es solo el funcionario, sino quien lo sostiene. Señalan que la presidenta municipal y su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, mantienen un control político férreo sobre el ayuntamiento y que nada ocurre sin su conocimiento.

 

“Si sigue ahí es porque tiene respaldo”, señalan afectados, quienes acusan que el municipio se ha convertido en tierra fértil para el reciclaje de perfiles cuestionados provenientes de otras administraciones.

 

La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿ignorancia o complicidad? Porque después de un historial público de denuncias, escándalos y renuncias forzadas, la designación de Villa Campa no puede explicarse como descuido administrativo.

 

Mientras el discurso oficial habla de orden y legalidad, comerciantes viven bajo la amenaza constante de una inspección que puede convertirse en factura. En La Paz, dicen los empresarios, la Protección Civil dejó de prevenir riesgos para convertirse en instrumento de presión política y financiera.

 

El costo no solo lo pagan los negocios; lo paga la credibilidad de un gobierno que prometió transformación y hoy carga con la sombra de prácticas que dice combatir.