LA REALIDAD DE LA NOTICIA

UNIFORMES NUEVOS, VIEJOS PROBLEMAS: EN NEZA PRESUMEN EQUIPAMIENTO POLICIAL MIENTRAS PERSISTEN EXTORSIONES   *Críticos señalan que, pese ...

viernes, 13 de marzo de 2026

UNIFORMES NUEVOS, VIEJOS PROBLEMAS: EN NEZA PRESUMEN EQUIPAMIENTO POLICIAL MIENTRAS PERSISTEN EXTORSIONES

 

*Críticos señalan que, pese a más de cuatro años de gobierno de Adolfo Cerqueda Rebollo, comerciantes siguen denunciando cobros de “derecho de piso” en distintos puntos del municipio


Por: Martín Ponce, Carlos Recio y Rodolfo Rodríguez

 



CIUDAD Nezahualcóyotl, Estado de México.— Mientras el gobierno municipal presume la entrega de 2 mil 300 uniformes al personal operativo de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, comerciantes y empresarios locales sostienen que el problema de las extorsiones y las abundantes tienditas donde se comercializan drogas, como cocaína y cristal, sigue siendo una de las principales preocupaciones en el municipio.

 

El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo informó que la entrega simbólica de uniformes forma parte de las acciones para mejorar las condiciones laborales de los elementos de seguridad, así como fortalecer las capacidades operativas de la policía municipal y los cuerpos de emergencia.

 

Durante el evento, el edil reconoció la labor de los policías y adelantó que su administración continuará invirtiendo en la consolidación del Centro de Formación Policial de nivel A, además de proyectar la construcción de una escuela de manejo para capacitar a nuevos elementos.

 

Sin embargo, distintos sectores comerciales advierten que la realidad en las calles dista mucho del discurso oficial. Sobre todo porque los policías municipales les cobran renta a los narcomenudistas a cambio de no molestaros.

 

Además, en el municipio, señalan, prácticamente todos los niveles del comercio enfrentan cobros de “derecho de piso”: desde empresarios grandes y medianos hasta pequeños comerciantes, vendedores de tianguis, puestos de comida, comerciantes de verduras o vendedores de ropa usada americana.

 

De acuerdo con testimonios de comerciantes, estos cobros ilegales se han convertido en una práctica extendida en distintas zonas del municipio, situación que, afirman, no ha sido frenada pese a que el actual alcalde se encuentra en su segundo periodo al frente del gobierno local, lo que representa más de cuatro años de administración.

 

Incluso, algunos denunciantes sostienen que en muchos de los casos elementos de la propia policía municipal estarían implicados en esquemas de presión o extorsión, lo que agrava la desconfianza hacia las autoridades encargadas de garantizar la seguridad.

 

En este contexto, críticos del gobierno municipal señalan que este tipo de eventos públicos —como la entrega de uniformes— coinciden con un momento político particularmente sensible, ya que diversos actores han advertido que Morena se encuentra realizando actividades que podrían interpretarse como campañas adelantadas, lo cual está prohibido por la legislación electoral.

 

Así, mientras el ayuntamiento habla de fortalecer a la policía y mejorar la seguridad, comerciantes y ciudadanos insisten en que el verdadero reto sigue siendo frenar las extorsiones, la venta de cocaína y cristal y recuperar la confianza en las instituciones de seguridad.

 

Porque para muchos habitantes de Nezahualcóyotl, el problema no es la falta de uniformes… sino la ausencia de resultados contra el crimen que afecta directamente su economía y su vida cotidiana.

LAS CIFRAS ALEGRES DE SEGURIDAD EN AMECAMECA: PROPAGANDA OFICIAL FRENTE A UNA REALIDAD QUE MUCHOS CIUDADANOS NO PERCIBEN

 

*Críticos señalan que la reducción del 26% en delitos de alto impacto anunciada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez podría no reflejar la realidad que viven ciudadanos de Amecameca.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



AMECAMECA, Estado de México, 13 de marzo de 2026.- El gobierno del Estado de México volvió a difundir un boletín optimista sobre seguridad pública. Según la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, los delitos de alto impacto en Amecameca habrían disminuido 26 por ciento entre el 1 de enero y el 12 de marzo de 2026, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

 

El anuncio fue presentado como resultado del trabajo coordinado en las llamadas “Mesas de Paz”, espacios de reunión donde autoridades estatales, federales y municipales analizan la incidencia delictiva y diseñan operativos de seguridad.

 

Sin embargo, para diversos sectores ciudadanos y analistas, este tipo de anuncios oficiales suele estar acompañado de serias dudas sobre la forma en que se construyen las estadísticas de seguridad.

 

Uno de los principales cuestionamientos radica en que las cifras oficiales dependen de las denuncias registradas ante el Ministerio Público. En un estado donde la desconfianza hacia las autoridades y la llamada “cifra negra” del delito sigue siendo alta, muchos delitos simplemente no se denuncian, lo que puede generar una aparente disminución en las estadísticas sin que necesariamente exista una reducción real de la criminalidad.

 

Además, la difusión de porcentajes aislados —como la reducción de 83 por ciento en el robo de vehículos sin violencia— suele carecer de contexto. Sin conocer el número real de casos registrados, los porcentajes pueden resultar engañosos para la opinión pública.

 

El boletín también destaca la participación en la llamada Mesa de Paz de funcionarios como Horacio Duarte Olivares, Cristóbal Castañeda Camarillo y José Luis Cervantes Martínez, junto con representantes de fuerzas federales como la Defensa, Marina y Guardia Nacional.

 

No obstante, para muchos habitantes del oriente y sur del Estado de México, los anuncios oficiales contrastan con la percepción cotidiana de inseguridad que persiste en diversas comunidades. La presencia de operativos y reuniones de alto nivel no siempre se traduce en cambios visibles en la vida diaria de los ciudadanos.

 

En ese contexto, críticos del gobierno estatal señalan que la estrategia de comunicación sobre seguridad suele privilegiar los mensajes positivos y las cifras porcentuales, mientras se evita un debate más profundo sobre los problemas estructurales que alimentan la delincuencia en la entidad.

 

Así, mientras el gobierno habla de avances en la llamada “transformación del Edomex”, la pregunta que muchos ciudadanos siguen haciéndose es simple: si la seguridad realmente está mejorando o si las cifras optimistas forman parte de una narrativa política diseñada para mostrar resultados que aún no se sienten en las calles.

HIGINIO MARTÍNEZ PREDICA AUSTERIDAD… MIENTRAS SE ACERCA AL ANTORCHISMO QUE ANTES COMBATÍA

 

*Mientras presume reformas administrativas, crecen las dudas sobre su relación con el liderazgo de Aquiles Córdova Morán y la influencia de Antorcha Campesina en la política mexiquense

 

Por: Rodolfo Rodríguez, Martín Ponce y Carlos Recio

 



TEXCOCO, Estado de México, 13 de marzo de 2026.- El senador de Morena Higinio Martínez Miranda reapareció en el debate público con una nueva bandera: reducir la burocracia municipal en el Estado de México. Según su planteamiento, organismos como los del agua, institutos del deporte o de la juventud deberían desaparecer para convertirse en simples direcciones generales, porque —dice— solo generan gasto, duplicidad administrativa y más cuentas públicas que fiscalizar.

 

El discurso suena atractivo: menos estructuras, menos gasto, más eficiencia. Pero la narrativa del senador tropieza con un problema evidente: la memoria política.

 

Mientras Higinio habla de “compactar” la administración pública, guarda silencio sobre los pactos y las alianzas que durante años han marcado su carrera política. Y es ahí donde aparece un nombre imposible de ignorar: Aquiles Córdova Morán, líder histórico y figura dominante de Antorcha Campesina.

 

Durante años, Higinio Martínez y Aquiles Córdova fueron adversarios políticos declarados. Las disputas entre sus grupos marcaron episodios de confrontación en diversas regiones del Estado de México. Se acusaban mutuamente de controlar territorios, movilizar grupos de presión y disputar el poder local.

 

Hoy, sin embargo, ese antagonismo parece haberse convertido en una conveniente cercanía política.

 

Críticos dentro y fuera de Morena advierten que detrás del discurso de austeridad municipal podría esconderse algo más profundo: una reconfiguración de alianzas para disputar el control político del estado, incluso si eso implica abrirle la puerta a los mismos grupos que durante décadas operaron como maquinaria de presión del viejo régimen priista.

 

LA CONTRADICCIÓN ES BRUTAL

 

El senador habla de eliminar organismos para “reducir burocracia”, pero evita referirse a las estructuras de poder territorial que organizaciones como Antorcha Campesina han construido durante décadas y que han operado con lógica de movilización política permanente.

 

Habla de eficiencia administrativa, pero no explica por qué quienes antes eran sus enemigos políticos hoy aparecen cada vez más cerca de su proyecto.

 

Y mientras tanto, pone como ejemplo al municipio de Texcoco, donde asegura que la administración funciona mejor sin organismos descentralizados, sino con simples direcciones generales dependientes del gobierno municipal.

 

Pero el debate real no es si una dependencia se llama instituto, organismo o dirección general. El debate real es quién controla el poder.

 

Porque en el modelo que plantea el senador, todo termina dependiendo de una sola figura: el presidente municipal y el grupo político que lo respalda.

 

MENOS CONTRAPESOS. PERO MÁS CONCENTRACIÓN DE PODER

 

Y en medio de ese tablero político aparece la pregunta que muchos dentro de Movimiento Regeneración Nacional (morena) ya se hacen en voz baja: si Higinio Martínez realmente está impulsando una reforma administrativa… o si está moviendo piezas para construir una nueva alianza de poder en el Estado de México.

 

Una alianza que, para muchos, terminaría despojando a Morena de su propio proyecto en la entidad.

 

Porque en política, las reformas administrativas pueden escribirse en papel. Pero las alianzas… se revelan en los hechos.

jueves, 12 de marzo de 2026

CATEAN BODEGA CON CASI 40 KILOS DE DROGA EN ECATEPEC; DECOMISO AVIVA SOSPECHAS SOBRE PRESUNTOS VÍNCULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CON EL CRIMEN

 

*El hallazgo ocurrió tras un ataque a balazos contra un presunto narcomenudista; en el cateo se localizaron bolsas con droga, radios, básculas y equipo para empaquetar.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



ECATEPEC, Estado de México, 12 de marzo de 2026.— Elementos de la policía estatal y de la Secretaría de Marina localizaron un inmueble en el fraccionamiento Fuentes de Aragón que presuntamente era utilizado para el almacenamiento y posible distribución de narcóticos. Durante el operativo se aseguraron cerca de 40 kilos de sustancias ilícitas, además de equipo utilizado para su empaquetado.

 

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Pichardo Pagaza, donde un hombre —presunto narcomenudista— resultó herido por disparo de arma de fuego a unos metros del inmueble. Al resguardar la zona, policías estatales detectaron en el interior del predio diversas bolsas con hierba verde con características de la marihuana, por lo que dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

 

De acuerdo con los reportes, en ese mismo punto los uniformados habían localizado hace aproximadamente 10 días una motocicleta con reporte de robo.

 

Posteriormente, los elementos policiacos, con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, desplegaron un operativo de seguridad perimetral en el predio ubicado en avenida Pichardo Pagaza, Manzana 74, mientras personal de la Fiscalía mexiquense cumplimentaba una orden de cateo para la búsqueda de sustancias ilícitas.

 

Tras la diligencia, en el interior del inmueble fueron localizadas 46 bolsas de plástico transparente con aparente marihuana, seis bolsas con cápsulas, cinco radios de frecuencia, básculas digitales y “grameras”, 47 bolsas vacías de celofán, dos máquinas selladoras al vacío y 48 tubos plásticos con un cigarro de confección artesanal en su interior.

 

Las sustancias ilícitas aseguradas sumaron cerca de 40 kilogramos. Todo lo incautado quedó bajo resguardo de la Fiscalía mexiquense, mientras que el inmueble fue asegurado con sellos oficiales para continuar con las investigaciones correspondientes.

 

Este decomiso vuelve a encender cuestionamientos sobre la posible operación de bodegas del narcotráfico en Ecatepec y la presunta cercanía de actores políticos locales con grupos criminales. Diversas voces señalan que instalaciones de este tipo difícilmente podrían operar sin la anuencia o el conocimiento de autoridades municipales.

 

En ese contexto, críticos han señalado la presunta cercanía de la alcaldesa morenista Azucena Cisneros con personajes vinculados al crimen organizado. En redes sociales y actos públicos han circulado fotografías en las que aparece con presuntos integrantes de grupos delictivos, incluido el líder de la banda conocida como “La Chokiza”, a quien en algún momento habría referido públicamente como “un gran ser humano”, lo que ha alimentado la polémica y exigencias de mayor claridad sobre la relación entre autoridades y estructuras criminales que operan en el municipio.

martes, 10 de marzo de 2026

 Corrupción en Aduanas

 

*Un documento confidencial de la Marina detalla los niveles de corrupción durante la administración de Horacio Duarte, en la cual participaban mandos de la institución que habían sido colocados en puestos estratégicos.

 

Raymundo Riva Palacio. Estrictamente Personal, marzo 10, 2026.

 



Ricardo Peralta fue director de Aduanas por decisión del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al arrancar su gobierno a finales de 2018, y salió año y medio después bajo sospecha de presunta corrupción. Lo sustituyó Ricardo Ahued, quien duró 11 meses porque tuvo diferencias con el expresidente. Llegó Horacio Duarte, que tampoco hizo raíces, y lo sustituyó Rafael Marín Mollinedo, quien se fue y regresó al puesto que aún ostenta. Aduanas la tomó la Marina, que está tratando de limpiar la corrupción, pero, por alguna razón, la putrefacción que causaron los civiles nadie la está viendo.  Terreno libre para seguir escalando.

 

Peralta, protegido por la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y que nombró administrador de la Aduana de Reynosa a Julio Carmona, hermano de Sergio, el llamado “rey del huachicol”, testigo protegido en Estados Unidos, es el representante del gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México. Ahued –sobre quien no hay sospechas de nada ilegal o irregular– es secretario de Gobierno en Veracruz. Duarte es secretario de Gobierno en el Estado de México. Y Marín Mollinedo quiere ser gobernador de Quintana Roo y está cometiendo probables delitos electorales.

 

En 2021, López Obrador le entregó las 17 fronteras marítimas a la Marina porque se habían convertido en un “botín”. Las recibió el exsecretario, Almirante Rafael Ojeda, quien, por méritos propios, es un presunto delincuente porque la corrupción en Aduanas no la combatió, sino que, según documentación interna del gobierno, la solapó. Es cierto que la corrupción en Aduanas se arrastra desde antes de que la Marina asumiera el control operativo y administrativo de los puertos, pero no se frenó. Se tuvo una gran oportunidad en la segunda parte del sexenio de López Obrador, pero se perdió.

 

De manera inexplicable, el almirante Ojeda hizo caso omiso de una información que le entregaron los servicios de información de la Marina sobre Duarte, que, como a Peralta, no lo tocaron ni con la foja de una declaración ministerial. Un documento al que se tuvo acceso, que comenzó a circular en la Marina en 2022, tras la salida de Duarte y como respuesta a la complicidad que se había anidado en los altos mandos, detalla los niveles de corrupción en esa administración, en la cual participaban mandos de la institución que habían sido colocados en puestos estratégicos.

 

El documento confidencial de la Marina, que se entregó al entonces secretario, señala abiertamente a tres funcionarios que fueron fundamentales para Duarte en el esquema de corrupción: Juan Carlos Madero Larios, que era subdirector de Operación Aduanera, cuyo nombre aparece como la figura más importante de la red que tenía Duarte; José Marcos García Nieto, encargado de Modernización de Equipamiento e Infraestructura, y Carlos Narváez Romero, que había sido director de Evaluación en Aduanas. El primero era el principal responsable de la red a nivel institucional, de acuerdo con el informe, mientras que los otros dos tenían, además de sus enlaces militares y civiles, relación con el crimen organizado.

 

Madero Larios realizaba acciones a favor de un contrabandista ligado con el entonces director de Operación Aduanera, el vicealmirante Felipe Solano Armenta, quien interactuaba con almirantes, representantes de la Fiscalía General de la República y civiles, mientras que García Nieto y Narváez Romero, quienes también tenían enlaces con otros contrabandistas que tenían controlada la aduana interna de Pantaco con sobornos a altos mandos de la Marina, subadministradores, operadores de módulos de rayos X, verificadores y personal de salida del recinto, trabajaban también con un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación con control desde el puerto de Lázaro Cárdenas hasta Veracruz.

 

El documento es previo al descubrimiento de la red de contrabando de combustible manejada por los oficiales Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, sobrinos políticos del almirante Ojeda. No obstante, el nombre del almirante Fernando Farías Laguna aparece como el marino que tenía bajo control el puerto de Lázaro Cárdenas, a través del administrador, el capitán de fragata Julián Manuel Otáñez, desde donde se exportaba hierro a China con documentos falsos.

 

La red tejida durante la administración de Duarte en Aduanas se extendía por todo el país.

 

En la Ciudad de México, un contrabandista que opera con la cubierta de una empresa de exportación e importación, tenía en su nómina a un contralmirante y a un teniente de la Marina. En Lázaro Cárdenas, el administrador de Normatividad en Comercio Exterior, de acuerdo con el documento, era el enlace con funcionarios de la dirección de Aduanas y con el capitán Otáñez. En Manzanillo, la corrupción la administraba el contralmirante Antonio Bandala López, quien era el administrador del puerto, y el entonces capitán Rubén Guerrero Alcántar, asesinado en noviembre de 2024 tras denunciar la red de contrabando de combustible.

 

En Mexicali, la red de corrupción a manejaba el jefe de Módulos de la Aduana, mientras que en Nuevo Laredo, el subadministrador de Puntos Tácticos –enlace de Madero Larios– operaba con la subadministradora. En Nogales, desde el despacho aduanero, con la colaboración de una oficial de Comercio Exterior, Madero Larios mantenía alimentado al equipo de funcionarios menores que participaban de los manejos ilegales.

 

El contralmirante Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba, en ese entonces administrador de la Aduana en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, encabezaba el manejo de la red a través del subadministrador, el teniente Eddie Ascencio Méndez, mediante agentes aduanales y personal de Aduanas, a quienes les pagaban 40 mil pesos cada uno por cada operación. El vínculo entre el aeropuerto y Pantaco se establecía mediante el contrabandista y un operador externo registrado en Aduanas desde 2009.

 

El documento confidencial de la Marina tiene decenas de nombres de funcionarios menores y la identidad de los contrabandistas y enlaces con el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como la red de vínculos que permiten ver, con organigramas y fichas específicas de los principales protagonistas, la profundidad de la operación que, deja entrever el informe, floreció durante la administración de Duarte, con la participación activa de funcionarios de la FGR que realizaban inspecciones simuladas y cambiaban datos de los registros para evitar que fueran revisadas también por la Secretaría de la Defensa.

 

La información sobre la corrupción en Aduanas, llevada a cabo por civiles y militares, es profusa y concreta, aunque hasta ahora ha faltado voluntad política para llegar al fondo y determinar los últimos responsables.

HALLAN TORSO HUMANO EN “EL CANAL DE LA MUERTE” EN ECATEPEC; POLICÍAS INTENTARON HACERLO PASAR POR UN ANIMAL

 

*Madres buscadoras obligan a policías a abrir un bulto en aguas negras; dentro estaba el torso desmembrado de una persona

 

Por: Rodolfo Rodríguez y Martín Ponce

 



ECATEPEC, Estado de México, 10 de marzo de 2026.- Mientras el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa morenista Azucena Cisneros Coss destina cientos de miles de pesos en propaganda para intentar mejorar la imagen de seguridad del municipio, la cruda realidad volvió a exhibirse en uno de los puntos más violentos del país: un torso humano fue hallado flotando en un canal de aguas negras, y policías municipales intentaron minimizar el hallazgo asegurando que se trataba de un animal muerto.

 

El descubrimiento ocurrió cuando integrantes del colectivo de madres buscadoras Colectivo Ehecatl realizaban labores de rastreo en la comunidad de Las Golondrinas, en el municipio de Ecatepec de Morelos, como parte de la búsqueda de personas desaparecidas.

 

Cerca de las 15:00 horas, las activistas detectaron un bulto envuelto en hule negro que flotaba entre basura y desechos en el canal de aguas negras conocido entre los habitantes como “El Canal de la Muerte”. Ante la sospecha de que se trataba de un cuerpo humano, solicitaron la presencia de la policía municipal.

 

Sin embargo, al llegar al lugar, los uniformados intentaron impedir que el bulto fuera revisado. Según relataron las madres buscadoras, los policías insistían en que se trataba del cadáver de un animal y ordenaban que el objeto fuera devuelto al canal.

 

La presión de las integrantes del colectivo obligó finalmente a los agentes a abrir el envoltorio. Con una navaja cortaron el hule y quedó al descubierto el torso de una persona asesinada y desmembrada.

 

El hallazgo confirmó las peores sospechas: dentro del bulto no había un animal, sino el tronco de un ser humano, sin brazos, piernas ni cabeza.

 

Además, el torso no presentaba tatuajes visibles, por lo que hasta el momento se desconoce si pertenece a un hombre o a una mujer.

 

Posteriormente, rescatistas municipales realizaron una búsqueda en la zona del canal para intentar localizar el resto del cuerpo, pero no encontraron la cabeza ni las extremidades.

 

Las integrantes del colectivo Colectivo Ehecatl exigieron a los peritos de la fiscalía mexiquense realizar los análisis correspondientes para determinar la identidad de la víctima y ampliar la búsqueda en la zona.

 

El caso Vuelve a poner bajo los reflectores la grave crisis de violencia que se vive en Ecatepec, un municipio que desde hace años figura entre los más peligrosos del país, con altos índices de homicidios, extorsiones y desapariciones, pese a los esfuerzos del gobierno local por difundir una narrativa distinta a través de campañas de comunicación.

lunes, 9 de marzo de 2026

 IRENE MONTIEL: EL DISCURSO RECICLADO DEL 8M MIENTRAS GUARDA

 SILENCIO ANTE FEMINICIDIOS EN LA PAZ

 

*Mientras presume discursos por el 8M junto a Martha Guerrero, tres mujeres han sido asesinadas en el municipio sin detenidos y sin que la regidora morenista haya exigido justicia

 

Por Rodolfo Rodríguez, Carlos Recio y Martín Ponce

 



LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 9 de marzo de 2026.— Cada 8 de marzo aparecen los discursos emotivos, las fotografías conmemorativas y las frases sobre la “lucha de las mujeres”. Pero en el caso de la regidora morenista Irene Montiel, el mensaje parece ser el mismo desde hace años, sin importar el partido político que gobierne ni la realidad de violencia que enfrentan las mujeres en el municipio.

 

Este año, Montiel volvió a mostrarse al lado de la alcaldesa de Morena, Martha Guerrero, acompañándola con su discurso que muchos califican de vacío. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la regidora aseguró sentirse orgullosa de haber conocido a “emprendedoras extraordinarias, mujeres valientes y trabajadoras que con su esfuerzo y dedicación están transformando nuestra comunidad”.

 

También celebró que “todas son orgullosamente de La Paz” y que en el municipio hay talento, fuerza y determinación para salir adelante. Como remate, la alcaldesa lanzó la frase que suele repetirse cada año en estas conmemoraciones: “Sigamos impulsándonos y apoyándonos siempre. Porque cuando una mujer avanza, avanzamos todas”.

 

Sin embargo, lo que Martha Guerrero y Irene Montiel no dicen en sus mensajes públicos es que este mismo discurso ya se pronunciaba años atrás… cuando el gobierno municipal era del PRI.

 

En aquel entonces, Montiel también aparecía al lado de la entonces alcaldesa priista Cristina González Cruz durante las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer. Incluso participó en la llamada “Marcha del Silencio” realizada en Lomas de San Sebastián, donde agradeció públicamente a la presidenta municipal por hacerla partícipe del evento.

 

En ese momento el mensaje era prácticamente idéntico: se hablaba de que era “el tiempo de mujeres preparadas, con convicciones bien puestas, mujeres valientes, fuertes y libres”. El PRI ayer, Morena hoy, pero el discurso es exactamente el mismo.

 

Lo que también parece no cambiar es el silencio de Irene Montiel cuando la violencia contra las mujeres golpea de manera brutal al municipio. Los hechos recientes muestran una realidad muy distinta a la que se presume en los actos oficiales.

 

El jueves 29 de mayo de 2025, una mujer policía adscrita a la Policía de Tránsito del municipio de Los Reyes La Paz fue asesinada durante la noche sobre la carretera federal México-Texcoco. De acuerdo con los primeros reportes, la oficial se dirigía a su domicilio cuando fue interceptada y baleada por dos sujetos que viajaban en motocicleta. Gravemente herida, murió mientras era atendida de urgencia.

 

Meses después, en diciembre de 2025, otra mujer fue asesinada dentro del bar “La Europea”, un establecimiento ubicado a espaldas del propio palacio municipal. Ese mismo mes, el pasado 2 de diciembre, fue encontrado el cuerpo de otra mujer asesinada dentro del hotel “Saro”.

 

Tres casos de extrema violencia contra mujeres en el municipio. Tres crímenes que hasta ahora permanecen en la impunidad. En ninguno de ellos hubo detenciones. Y en ninguno de ellos Irene Montiel levantó la voz para exigir justicia.

 

Tampoco se escuchó una postura firme por parte de la alcaldesa morenista Martha Guerrero ni de su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, figuras que concentran el poder político en el municipio.

 

Por eso, para muchos habitantes de La Paz, los discursos del 8 de marzo se han convertido en simples actos de simulación política.

 

Critican que Irene Montiel ha utilizado durante años la bandera de la defensa de las mujeres como plataforma para mantenerse vigente en cargos públicos, pero cuando realmente se necesita exigir justicia por las víctimas de feminicidio, su voz desaparece.

 

Mientras tanto, denuncian vecinos, la cabecera municipal de Los Reyes La Paz continúa saturándose de bares y centros nocturnos donde —afirman— se fomenta la prostitución y el consumo de drogas entre jóvenes, mujeres y hombres. Todo ello, aseguran, ante la mirada complaciente de las autoridades municipales.

 

Por eso, para muchas mujeres del municipio, los discursos oficiales del Día Internacional de la Mujer no representan una verdadera lucha, sino una retórica política repetida año tras año por los mismos personajes que hoy callan frente a la violencia y la impunidad.

 

Irene Montiel: el discurso reciclado del 8 de marzo, mientras guarda silencio ante feminicidios en La Paz, es lamentable que cada 8 de marzo aparecen los discursos emotivos, las fotografías conmemorativas y las frases sobre la “lucha de las mujeres”.

 

Pero en el caso de la regidora morenista Irene Montiel, el mensaje parece ser el mismo desde hace años, sin importar el partido político que gobierne ni la realidad de violencia que enfrentan las mujeres en el municipio.


POLICÍAS DE CDMX EMPUJAN TAXI CON DOS MUERTOS HASTA NAUCALPAN; CESAN A MANDOS Y AGENTES POR ALTERAR LA ESCENA

 

*Escándalo estalla tras difundirse un video donde agentes trasladan la unidad con las víctimas desde Azcapotzalco hasta los límites de Naucalpan de Juárez, lo que desató investigaciones por posible alteración de la escena del crimen y manipulación de cifras delictivas.

 


Por: EXPEDIENTE SECRETO


CIUDAD DE MÉXICO, 9 de marzo de 2026. — Un grave escándalo sacude a corporaciones de seguridad luego de que se difundiera un video donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México empujan un taxi con dos personas muertas desde la alcaldía Azcapotzalco hacia los límites del municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México.

 

De acuerdo con reportes oficiales, la noche del jueves pasado alrededor de las 22:00 horas policías capitalinos fueron alertados sobre un ataque armado directo contra un taxi en la colonia San Miguel Amantla, en Azcapotzalco.

 

Según los primeros informes, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon al menos ocho veces contra la unidad con matrícula A-1365-A de la Ciudad de México, donde viajaban dos personas.

 

Minutos después del ataque, cámaras de seguridad de un inmueble cercano captaron una escena que detonó el escándalo: varios policías empujaban el taxi durante varios metros hasta cruzarlo fuera de la demarcación y abandonarlo en territorio mexiquense, específicamente en la avenida Sánchez Colín y La Naranja, ya dentro de Naucalpan.

 

Elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan acudieron al sitio tras un reporte ciudadano que alertaba sobre un vehículo con impactos de arma de fuego detenido en la zona limítrofe. Al revisar el taxi, observaron que dos personas se encontraban aparentemente heridas dentro de la unidad, aunque posteriormente se confirmó que habían fallecido.

 

El primer momento de tensión ocurrió cuando policías municipales impidieron que reporteros que cubrían el hecho tomaran imágenes de la escena, lo que generó reclamos entre la prensa.

 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación por homicidio, mientras que el caso dio un giro tras difundirse el video donde se observa a los policías capitalinos empujando el vehículo con las torretas encendidas y vecinos transitando por el lugar.

 

Tras la publicación de las imágenes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que su Dirección General de Asuntos Internos detectó que los elementos que atendieron el hecho trasladaron la unidad hasta los límites de Naucalpan, por lo que se inició una investigación administrativa y se notificó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para indagar posibles delitos como alteración de la escena y homicidio.

 

Como medida inmediata, la dependencia anunció que fueron cesados del cargo los policías involucrados, el director del sector y el mando regional responsable de la supervisión, mientras se desarrollan las investigaciones.

 

En un comunicado, la corporación aseguró que “no tolerará conductas o prácticas contrarias a los principios, normas y códigos que nos rigen”.

 

Sin embargo, más de 72 horas después del hallazgo de los cuerpos, aún no existe una explicación oficial sobre por qué los policías trasladaron el taxi con las víctimas fuera de la Ciudad de México.

 

El hecho ocurre en medio de declaraciones recientes de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y de la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, quienes han destacado públicamente los supuestos resultados de su estrategia de seguridad.

 

El 26 de febrero, Brugada informó que en Azcapotzalco se había registrado una reducción del 32% en delitos de alto impacto, incluyendo homicidios y lesiones dolosas. Por su parte, la alcaldía aseguró que 2025 cerró con el nivel más bajo de delitos de alto impacto en los últimos diez años, lo que —según Núñez— colocaba a la demarcación entre las más seguras de la capital.

 

La difusión del video donde policías empujan un taxi con dos cadáveres hacia un municipio vecino no solo provocó la destitución de varios mandos, sino que también abrió serias interrogantes sobre la manipulación de la escena del crimen y la posible alteración de estadísticas delictivas.

 

La principal pregunta permanece sin respuesta:
¿actuaron los policías por iniciativa propia o cumplían órdenes superiores? Hasta ahora, ninguna autoridad ha dado una explicación clara.

sábado, 7 de marzo de 2026

BUROCRACIA CONTRA UNA VÍCTIMA: EL CASO QUE

 INCOMODA AL GOBIERNO DE LA PAZ

 

*Apoyo de 100 mil pesos aprobado por el Cabildo desde 2021 para la hija de Karina Lizbeth Hamud Pérez permanece detenido en el área jurídica del Ayuntamiento; la familia acusa al director Juan José Zaragoza Chávez de retrasar el trámite pese a que existe una resolución judicial que acredita la guarda y custodia de la menor.

 

Por EXPEDIENTE SECRETO

 



LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 9 de marzo de 2026.— En el municipio de La Paz parece que la justicia tiene tiempos distintos cuando se trata de las víctimas. Y más aún cuando quienes deberían resolver, prefieren esconderse detrás de la burocracia.

 

Han pasado casi siete años desde que Karina Lizbeth Hamud Pérez fue asesinada el 19 de agosto de 2019 en la zona conocida como El Potrero, en Lomas de San Sebastián, presuntamente durante un operativo realizado por la policía municipal. Su muerte dio origen a la carpeta de investigación NEZ/FHO/UHN/062/23422/19-08, en la que fue señalado el entonces subdirector operativo de la policía municipal, Juan Carlos Mía González.

 

El homicidio ocurrió durante el gobierno municipal 2019-2021, encabezado por la morenista y entonces alcaldesa Feliciana Olga Medina Serrano. Sin embargo, el paso del tiempo no solo ha traído impunidad para el caso, sino ahora una nueva forma de agravio: la indiferencia institucional.

 

Porque mientras el expediente penal sigue siendo parte de la larga lista de casos que se empantanan en el sistema de justicia, en el Ayuntamiento de La Paz ocurre algo que raya en lo absurdo: un apoyo económico aprobado por el propio Cabildo lleva más de cuatro años sin entregarse.

 

El Cabildo de La Paz, durante su Centésima Octava Sesión celebrada en octubre de 2021, aprobó otorgar 100 mil pesos a favor de la hija de Karina, considerada víctima indirecta del homicidio. Un apoyo que no era un favor político, sino una medida mínima de reparación ante un hecho trágico.

 

Pero en el Ayuntamiento las decisiones de Cabildo parecen valer poco cuando pasan por el filtro de ciertas oficinas.

 

De acuerdo con la denuncia presentada ante el gobierno municipal, el director jurídico y consultivo del Ayuntamiento, Juan José Zaragoza Chávez, ha retrasado el trámite bajo el argumento de que se requiere documentación adicional para acreditar la representación legal de la menor.

 

Un argumento que, según la familia, no solo resulta injustificado, sino que revela una preocupante falta de seriedad administrativa. La razón es simple: la documentación ya fue entregada.

 

La familia proporcionó copias certificadas del expediente 6458/2020, emitido por el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl con sede en La Paz, donde se acredita que Sandra Hamud Pérez obtuvo la guarda y custodia legal de la menor desde el 11 de octubre de 2019.

 

En ese mismo proceso judicial quedó asentado que el padre biológico renunció a la patria potestad, renuncia que fue ratificada ante un juez. Es decir, el sustento legal para la representación de la menor existe desde hace años. Aun así, el trámite permanece detenido en los escritorios del área jurídica del Ayuntamiento.

 

Frente a esta situación, Sandra Hamud Pérez solicitó formalmente a la presidenta municipal Martha Guerrero Sánchez iniciar un procedimiento administrativo contra el director jurídico y consultivo, al considerar que el retraso podría constituir un incumplimiento de responsabilidades en el ejercicio del cargo.

 

También pidió que el gobierno municipal emita una respuesta oficial en un plazo máximo de cinco días hábiles y que finalmente se entregue el recurso aprobado por el Cabildo.

 

LA PETICIÓN NO ES MENOR

 

El caso involucra a una menor de edad que perdió a su madre en un hecho violento, relacionado con la pésima actuación de policías municipales. En cualquier gobierno que se diga sensible, esto debería ser motivo suficiente para acelerar soluciones, no para levantar más obstáculos. Sin embargo, en La Paz parece que la lógica es distinta.

 

Aquí los discursos oficiales hablan de justicia social, de cercanía con el pueblo y de poner a los más vulnerables en el centro de las decisiones públicas. Pero cuando se revisan los hechos, el panorama es menos alentador.

 

La responsabilidad política inevitablemente recae en la actual alcaldesa Martha Guerrero Sánchez, quien gobierna bajo las siglas de Morena, el partido que hizo del lema “primero los pobres” uno de sus principales estandartes.

 

Y también en su esposo Tranquilino Lagos Buenabad, personaje que en el municipio es señalado desde hace tiempo como el verdadero operador del poder local y parte de la pareja que, en los hechos, cogobierna el municipio.

 

La pregunta que queda flotando es incómoda, pero necesaria:
¿De verdad el gobierno de La Paz está del lado de las víctimas?

 

Porque cuando una niña que perdió a su madre tiene que esperar años para recibir un apoyo que ya fue aprobado por el propio Cabildo, la conclusión parece inevitable.

 

No es solo un trámite detenido. Es una señal clara de que la burocracia municipal puede ser tan cruel como la impunidad que dice combatir.

PROTESTAS DE PAPEL: ANTORCHA CAMPESINA MONTA MOVILIZACIONES RAQUÍTICAS PARA FINGIR CHOQUE CON MORENA


*Mientras simulan inconformidad en la calle, líderes antorchistas negocian recursos públicos y favores políticos con el senador Higinio Martínez Miranda

 

Por: Carlos Recio, Martín Ponce y Rodolfo Rodríguez

 



TEXCOCO, Estado de México, 7 de marzo de 2026.— Las recientes protestas organizadas por la organización Antorcha Campesina en varios municipios del oriente mexiquense han quedado exhibidas como movilizaciones diminutas, improvisadas y carentes de respaldo social, lo que para muchos ciudadanos confirma que se trata de protestas montadas para simular una oposición que en los hechos ya no existe.

 

Durante los últimos días, la agrupación intentó proyectar inconformidad contra gobiernos municipales de Morena en municipios como Texcoco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco y Los Reyes La Paz. Sin embargo, la realidad fue muy distinta al discurso: protestas que en la mayoría de los casos no reunieron ni a 50 personas.

 

En Chimalhuacán, los dirigentes hablaban de “decenas de escuelas inconformes”, pero la manifestación apenas logró juntar unas cuantas decenas de asistentes. En Ixtapaluca, algunos estudiantes fueron sacados de clases para inflar una protesta que terminó siendo prácticamente simbólica.

 

La escena se repitió en Los Reyes La Paz: un pequeño grupo de jóvenes leyó un largo pliego petitorio frente al palacio municipal, mientras en Chalco y Texcoco se montaban actos similares: movilizaciones diminutas acompañadas de enormes listas de exigencias que implican millones de pesos del erario público.

 

EL TEATRO DE LA CONFRONTACIÓN

 

Para muchos observadores locales, estas protestas no son otra cosa que un montaje político.

 

La estrategia sería simple: simular dureza contra los gobiernos de Morena mientras se negocian beneficios por debajo de la mesa.

 

El nombre que aparece una y otra vez detrás de este juego político es el del senador morenista Higinio Martínez Miranda, quien desde hace tiempo es señalado como uno de los actores que buscan construir influencia rumbo a la disputa por el gobierno del Estado de México.

 

Según diversas versiones políticas en la región, Antorcha Campesina y el grupo de Higinio mantienen acuerdos que públicamente intentan ocultar, por lo que la organización necesita montar protestas para fingir que sigue siendo oposición. En otras palabras: se pelean en público, pero negocian en privado.

 

PREMIOS TRAS LA PROTESTA

 

Un ejemplo reciente se observa en Texcoco, donde tras la presión antorchista, el gobierno municipal encabezado por Nazario Gutiérrez Martínez prometió avanzar en la regularización de colonias vinculadas con la organización, asentamientos que durante años fueron denunciados por Morena como invasiones.

 

Lo que antes era señalado como irregularidad, ahora parece convertirse en moneda de negociación política.

 

NÓMINAS Y FAVORES EN LA PAZ

 

En Los Reyes La Paz, versiones dentro del propio ayuntamiento aseguran que la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez y su esposo Tranquilino Lagos Buenabad habrían entregado espacios dentro de la nómina municipal a operadores antorchistas, quienes cobrarían sin desempeñar un trabajo, es decir, tienen sueldos privilegiados, pero son aviadores.

 

PERO ESO NO SERÍA TODO

 

Tras las recientes protestas, también se habría prometido obra pública en colonias controladas por la organización, además de apoyos sociales como despensas, tinacos, cemento y otros beneficios financiados con recursos municipales. Es decir, las protestas terminan convertidas en negocio político.

 

EL NEGOCIO DE LAS ESCUELAS

 

Otro foco de inconformidad ciudadana apunta hacia las escuelas vinculadas con Antorcha Campesina.

 

Padres de familia denuncian que desde hace años se imponen cuotas económicas bajo distintos pretextos, supuestamente para mejorar la infraestructura educativa.

 

Sin embargo, aseguran que esos recursos terminan financiando la estructura política de la organización, mientras los estudiantes continúan enfrentando múltiples carencias educativas.

 

Ante ello, ciudadanos consideran urgente que la Secretaría de Educación Pública audite a fondo las escuelas ligadas a Antorcha Campesina, ya que el cobro obligatorio de cuotas en planteles públicos está prohibido por la ley.

 

LA PREGUNTA INCÓMODA

 

Las protestas diminutas que se han visto en el oriente mexiquense dejan una pregunta en el aire:

 

Si Antorcha Campesina realmente conserva la fuerza que presume, ¿por qué sus manifestaciones apenas reúnen a unas cuantas decenas de personas?

 

Para muchos habitantes de Texcoco, Chimalhuacán, Chalco, Ixtapaluca y La Paz, la respuesta parece cada vez más evidente:

 

no se trata de protestas reales, sino de un teatro político para encubrir acuerdos que ya están firmados.