PRI EN RUINAS Y ALIANZAS EN LA SOMBRA: 2027, LA ANTESALA

 DE UNA TRAICIÓN MÚLTIPLE EN EL EDOMEX

 

*Peñistas reciclados en verde y naranja, y un Morena fracturado por ambiciones internas, anticipan una batalla sin lealtades rumbo al 2027 en el Estado de México.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Toluca, Estado de México, 18 de febrero de 2026.— En el tablero político mexiquense nadie quiere cargar ya con el costo de defender a Alejandro Moreno Cárdenas. El dirigente nacional del PRI, mejor conocido como Alito, se ha convertido en un lastre que muchos dentro y fuera del tricolor prefieren soltar antes de que el barco termine de hundirse.

 

La estampida es silenciosa, pero evidente. Los peñistas más activos ya no operan desde el PRI; hoy se mueven con mayor comodidad en Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de México. Cambiaron de camiseta, pero no de ambición. El cálculo es frío: si el PRI cae definitivamente en 2027, más vale estar ya instalados en otra trinchera.

 

En los pasillos de la élite mexiquense el rumor es claro: 2027 puede ser el año en que se termine de sepultar al PRI… y a Alito con él. Pero no será una ejecución frontal; será una operación quirúrgica desde el verde y el naranja. Las reuniones recientes entre Aurelio Nuño, Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo Maza no son tertulias de exgobernadores nostálgicos. Son encuentros estratégicos. Saben que el tricolor agoniza y que el golpe definitivo podría venir desde partidos que hoy les sirven de refugio, aprovechando además la crisis interna que ya asoma en Morena.

 

MIENTRAS TANTO, EN LA ACERA GUINDA, LA HISTORIA NO ES MENOS TURBIA

 

El senador Higinio Martínez Miranda juega a dos pistas. En público jura lealtad absoluta al movimiento que lo llevó al Senado; en privado, se sienta con priistas, perredistas, emecistas y verdes para reclutar cuadros y armar su propia estructura en el Estado de México. No construye unidad: construye poder personal.

 

Al interior de Morena lo describen como un operador que no descansa. “Hay que cuidarle 24 horas”, dicen. Habla de cohesión, pero insiste en dividir a la llamada Cuarta Transformación en la entidad. Su estrategia es clara: levantar un poder paralelo que le garantice influencia, con o sin la bendición oficial.

 

Martínez Miranda sabe que si controla Morena rumbo a 2027, decidirá candidaturas. Y si no lo logra, tendrá el músculo suficiente para presionar. Porque el objetivo real —advierten voces internas— no es la próxima elección, sino la de 2029. En esa ecuación ya figuran nombres que no son menores: la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quienes —según fuentes guindas— tienen claro que al texcocano no se le puede perder de vista.

 

La política mexiquense vive así una paradoja grotesca: mientras el PRI se desmorona por dentro y sus cuadros buscan salvavidas en otros colores, Morena enfrenta sus propias fracturas internas. Y en medio de ese escenario, la ambición personal parece pesar más que cualquier proyecto ideológico.

 

Hay quienes recuerdan que en política no existen enemigos eternos, solo intereses permanentes. Si eso es cierto, el Estado de México se encamina a una guerra de traiciones cruzadas donde los colores partidistas serán apenas un disfraz.

 

El 2027 no solo definirá cargos; podría redefinir lealtades, estructuras y pactos inconfesables. Y en ese juego, más de uno ya demostró que está dispuesto a hacer acuerdos con quien sea necesario con tal de no quedarse fuera del poder.

POLICÍAS SECUESTRADORES: CAE ELEMENTO DE LA SSC EN CHALCO; EXIGÍAN 4 MILLONES POR LIBERAR A UNIFORMADO

*Señalan como líder a agente de Tránsito municipal prófugo; la red criminal operaba entre CDMX y Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHALCO, Estado de México, 17 de febrero de 2026.– La podredumbre volvió a asomarse detrás del uniforme. Una organización criminal presuntamente integrada por policías en activo de la capital del país y del Estado de México quedó al descubierto tras la detención de Omar “M”, elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, acusado de participar en el secuestro de un integrante de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), por cuya liberación exigían cuatro millones de pesos.

 

El caso no sólo exhibe la infiltración del crimen en las corporaciones policiacas; confirma una realidad alarmante: quienes deberían proteger a la ciudadanía hoy son señalados como presuntos secuestradores.

 

La detención ocurrió durante patrullajes del Operativo Estrategia Operativa Pegaso Zona Oriente, luego de que vecinos de la colonia Santa María Huexoculco alertaran sobre sujetos armados en un domicilio de la calle 5 de Mayo. En el exterior del inmueble fue ubicado un joven armado con una pistola calibre 9 milímetros.

 

Se trataba de Omar “M”, de apenas 22 años, policía preventivo en activo. Portaba un arma marca Millennium G2 calibre 9mm con cartuchos útiles. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde enfrenta cargos por secuestro y acopio de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

 

PERO LO MÁS ESTREMECEDOR VINO DESPUÉS. CINCO DÍAS EN CAUTIVERIO

 

Al inspeccionar el inmueble, los agentes escucharon gritos. Dentro de una recámara hallaron a un hombre maniatado y con el rostro cubierto. Era Fernando “N”, policía activo adscrito a la Policía Bancaria e Industrial de la CDMX.

 

LLEVABA CINCO DÍAS PRIVADO DE LA LIBERTAD

 

La víctima relató que fue “levantado” en Chalco y que sus captores exigieron a su familia cuatro millones de pesos a cambio de respetarle la vida. El testimonio destapó un dato aún más grave: los autores intelectuales serían policías municipales en activo, plenamente identificados mediante fotografías.

 

Entre los señalados destaca Tecnopala Silva Carlos, agente de Tránsito municipal de Chalco, considerado el presunto líder de la red criminal. Tras el operativo logró darse a la fuga y hoy es buscado por autoridades del gabinete de seguridad mexiquense.

 

UNIFORMES AL SERVICIO DEL CRIMEN

 

El escándalo sacude a dos corporaciones y coloca bajo la lupa los controles de confianza, la supervisión interna y la infiltración del crimen organizado en cuerpos policiacos locales y capitalinos.

 

No se trata de un impostor disfrazado de policía. Son elementos con placa, arma de cargo y responsabilidad pública, presuntamente convertidos en secuestradores. La traición es doble: contra la ley y contra la institución que juraron servir.

 

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía antisecuestros con sede en Nezahualcóyotl, donde se definirá su situación jurídica, mientras continúan las investigaciones para ubicar a otros policías que integrarían esta red que operaba entre la capital y el Estado de México.

 

SILENCIO OFICIAL

 

Llama poderosamente la atención que hasta el momento la alcaldesa morenista de Chalco, Abigail Sánchez Martínez, no se haya pronunciado públicamente sobre el caso. Tampoco su oficina de comunicación social ha emitido postura alguna frente a un escándalo que golpea directamente a la seguridad municipal.

 

El silencio institucional agrava la percepción de opacidad y encubrimiento. En un contexto donde distintos municipios y estados gobernados por la llamada “4T” han enfrentado señalamientos por presunta infiltración del crimen organizado, este caso se convierte en una prueba crítica de voluntad política.

 

La pregunta es inevitable y profundamente inquietante: ¿cuántas redes más operan bajo la sombra del uniforme?

 

Cuando la línea entre autoridad y delincuencia se desdibuja, la ciudadanía queda en total indefensión. Y cuando el secuestrador porta placa, el miedo deja de ser una posibilidad para convertirse en certeza.

EMBAJADAS COMO EXILIO DORADO: LA 4T RECICLA PROBLEMAS Y LOS EXPORTA CON PASAPORTE DIPLOMÁTICO

 

*El caso Marx Arriaga reabre la sospecha: ¿servicio exterior o bote de desechos político?

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de febrero de 2026.– En medio de la tormenta política que lo rodea, Marx Arriaga Navarro, funcionario de la Secretaría de Educación Pública, soltó una declaración que encendió aún más el debate: le ofrecieron una embajada para que dejara el cargo.

 

La revelación no quedó en rumor. Fue el propio titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, quien confirmó que a Arriaga se le propuso representar a México en un país de América Latina.

 

La pregunta es inevitable: ¿nombramiento diplomático por méritos o salida elegante para apagar un incendio interno?

 

DIPLOMACIA COMO PREMIO… ¿O COMO DESTIERRO?

 

De concretarse, el mensaje hacia el país receptor habría sido cuando menos incómodo: México enviaría a un representante no por su perfil técnico o trayectoria diplomática, sino como resultado de una purga política. Un “reacomodo” presupuestal para mantener dentro de la nómina a quien se volvió incómodo.

 

No sería la primera vez que la autodenominada Cuarta Transformación utiliza el servicio exterior como válvula de escape. Hace poco, Alejandro Gertz Manero fue enviado al Reino Unido, en un movimiento que muchos interpretaron como la salida diplomática de un personaje que acumulaba más polémicas que consensos.

 

¿Representación internacional o reciclaje político?

¿Embajadas estratégicas o bote de desechos de la 4T? La línea es cada vez más delgada.

 

LAS ACUSACIONES INTERNAS

 

Pero el caso Arriaga no se limita al ofrecimiento diplomático. Extrabajadores de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP sostienen que, tras su remoción, habría mucho por investigar al interior del área que encabezó.

 

Las versiones apuntan a presuntos “moches” que —según afirman— terminaban beneficiando a Arriaga y que supuestamente eran recaudados por Sady Arturo Loaiza Escalona, un colaborador venezolano que él mismo habría incorporado a la dependencia.

 

De acuerdo con esos testimonios, a trabajadores contratados por honorarios se les exigía una cuota para conservar su puesto. Una práctica que, de comprobarse, no solo contradice el discurso oficial, sino que configuraría un esquema de extorsión laboral dentro de una institución encargada, paradójicamente, de formar valores cívicos.

 

EL DISCURSO FRENTE AL ESPEJO

 

La Cuarta Transformación ha hecho de su lema —“no robar, no mentir y no traicionar”— una bandera moral. Sin embargo, los señalamientos que rodean este caso obligan a cuestionar si esa máxima es convicción o propaganda.

 

Si a un funcionario señalado se le ofrece una embajada en lugar de una investigación exhaustiva, el mensaje es demoledor: el problema no se corrige, se exporta. Se cambia de oficina, se cambia de país, pero no necesariamente se rinden cuentas.

 

El posible traslado diplomático de Marx Arriaga habría sido presentado como una deferencia; para muchos, en cambio, sería una forma de sacar del reflector a un personaje que generaba más costos políticos que beneficios.

 

La diplomacia mexicana merece perfiles con experiencia, credibilidad y solvencia ética. Convertirla en refugio de conflictos internos no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que también deteriora la imagen del país ante sus socios internacionales.

 

Hoy la polémica no es solo por un nombre. Es por el método.

Porque cuando el servicio exterior se convierte en salida de emergencia, la transparencia queda en segundo plano y la rendición de cuentas se diluye en el extranjero.

 

 DELFINA REINCIDE: CAMBIA DE NOMBRE AL SECRETARIO, PERO NO

 AL SISTEMA DE CORRUPCIÓN EN MOVILIDAD

 

*De Sibaja a Juan Hugo: el negocio de grúas, corralones y transporte irregular sigue intacto en el Edomex

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México, 16 de febrero de 2026.– Lejos de corregir el rumbo tras el escándalo que envolvió a Daniel Sibaja González, la administración de Delfina Gómez Álvarez parece haber optado por lo más cómodo: cambiar al personaje, pero dejar intacta la maquinaria de corrupción.

 

El paso de Sibaja por la Secretaría de Movilidad estuvo marcado por acusaciones graves: la presunta construcción de un imperio de corrupción que habría generado ganancias millonarias al amparo de corralones ilegales, donde ciudadanos denunciaron cobros que superaban los 100 mil pesos por recuperar sus vehículos. A ello se sumaron señalamientos por permitir la circulación de transporte público irregular, tolerar acuerdos entre ministerios públicos y dueños de corralones, y autorizar incrementos al pasaje mientras las unidades continúan siendo auténticas chatarras rodantes.

 

El resultado fue un funcionario señalado de enriquecimiento y finalmente removido. Pero el relevo no significó una ruptura con las prácticas denunciadas.

 

El 15 de enero asumió como nuevo titular de la Secretaría de Movilidad el exalcalde de Nezahualcóyotl, y conocido cacique de la localidad, Juan Hugo de la Rosa García, quien sustituyó a Sibaja con la promesa —según sus defensores— de fortalecer el transporte público, garantizar movilidad segura y combatir la corrupción. Sin embargo, en las calles y en las agencias del Ministerio Público la realidad parece contar otra historia.

 

Hoy, frente a distintas agencias del ministerio público del Estado de México, permanecen grúas estacionadas, listas para enganchar vehículos que terminan en corralones señalados por irregularidades. Las denuncias ciudadanas apuntan a una presunta red donde participan policías de investigación, policías municipales, estatales, grulleros y agentes del ministerio público operarían en confabulación, enviando autos a depósitos que cobran tarifas desproporcionadas. Todo ello, bajo la sombra de la Fiscalía encabezada por José Luis Cervantes Martínez, cuya responsabilidad institucional queda inevitablemente en entredicho.

 

Mientras tanto, la inconformidad ya se manifiesta en el transporte público. En diversas unidades que circulan por avenidas mexiquenses puede leerse un mensaje directo: “Gobernadora Delfina Gómez, la Secretaría de Movilidad no respeta sentencia y protege al transporte público irregular y sin concesiones.”

 

La acusación es demoledora: no solo persistiría el transporte irregular, sino que existiría desacato a resoluciones judiciales. Y en medio de este escenario, la designación de Juan Hugo de la Rosa levanta cuestionamientos adicionales.

 

El nuevo secretario de movilidad no llega con una hoja en blanco. Durante su paso por el gobierno municipal de Nezahualcóyotl, su administración enfrentó señalamientos que golpearon la imagen del municipio. Uno de los episodios más delicados fue el caso de su sobrina, Fabiola Yuritzi Hernández de la Rosa, quien fue nombrada jefa de Atención a Víctimas del Delito y posteriormente señalada por la Fiscalía mexiquense por su participación en el secuestro de una comerciante en el municipio de Texcoco en septiembre de 2022.

 

De acuerdo con la investigación oficial, la víctima fue privada de la libertad y se exigieron cinco millones de pesos para su liberación. La imputada fue ingresada al penal Neza-Bordo.

 

Ese antecedente no es menor. Habla de redes de poder, de cercanías peligrosas y de decisiones que colocan a familiares del secretario de movilidad en posiciones sensibles ¿Qué se puede esperar la ciudadanía con Juan Hugo de la Rosa al frente de la citada secretaria?.

 

A ello se suma otro movimiento político que en Neza pocos consideran casual: la abierta intención de que su hija, la diputada local Carmen de la Rosa, sea la próxima candidata de Morena a la alcaldía. Nezahualcóyotl es considerado uno de los municipios más codiciados del Estado de México por su presupuesto multimillonario. Controlarlo implica manejar recursos de enorme magnitud. Y en un contexto donde se denuncia que el cacique nunca tiene “llenadera”, la sospecha de continuidad y herencia política se vuelve inevitable.

 

La pregunta es directa: ¿Aprendió la gobernadora la lección tras el caso Sibaja? Hasta ahora, los hechos parecen indicar lo contrario.

 

El cambio de nombres no ha significado el desmantelamiento del esquema denunciado. Las grúas siguen operando, los corralones continúan señalados, el transporte irregular permanece en circulación y la ciudadanía sigue pagando los costos —en dinero y en inseguridad— de una estructura que parece diseñada para exprimir al más débil.

 

En el Estado de México, la movilidad no solo está colapsada; también está bajo sospecha.

CRISIS DE SARAMPIÓN EXHIBE EL DESGOBIERNO EN LA PAZ Y COLOCA EN LA MIRA A MARTHA GUERRERO Y TRANQUILINO LAGOS

 

*Escasez de vacunas, protestas por agua y señalamientos de abuso de poder profundizan el hartazgo ciudadano contra la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez y su esposo en La Paz

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 14 de febrero de 2026.— El repunte de sarampión en territorio mexiquense no solo exhibe una crisis sanitaria; en Los Reyes La Paz se ha convertido en el espejo más incómodo de un gobierno municipal señalado por la improvisación, el abandono y el uso faccioso del poder. Mientras las filas para vacunarse crecen y las dosis se agotan, la indignación ciudadana apunta con nombre y apellido: la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez y su esposo Tranquilino Lagos Buenabad.

 

El Estado de México acumula 78 casos en lo que va de 2026, con mayor concentración en municipios densamente poblados como Tlalnepantla, Ecatepec, La Paz, Chimalhuacán, Zumpango y Cuautitlán. Aunque no se reportan defunciones, la reacción oficial ha sido tardía y desarticulada. Las jornadas de vacunación, que hoy se difunden como si fueran un logro extraordinario, no son más que medidas de contención ante una prevención que falló.

 

En La Paz, la emergencia sanitaria desnuda algo más profundo: la fragilidad institucional de un gobierno que, según vecinos, opera bajo la sombra de Tranquilino Lagos Buenabad. Aunque la investidura recae en Martha Guerrero, en el municipio se repite una frase con creciente molestia: “no gobierna ella, gobierna él”. La percepción de un poder paralelo, sin responsabilidad formal, pero con influencia real, ha erosionado la confianza pública.

 

Las colonias más pobres —las mismas que históricamente han sido terreno fértil para la captación electoral— hoy enfrentan filas interminables para vacunarse y carencias básicas como el agua. En Lomas de San Sebastián, el pasado 4 de febrero, habitantes se manifestaron frente al pozo de la calle Dalia al denunciar que se les negó el suministro mientras pipas vinculadas al grupo criminal conocido como “Sindicato 22 de Octubre” salían abastecidas rumbo a empresas en la Ciudad de México. La escena fue demoledora: escasez para los vecinos, negocio para Tranquilino.

 

Las acusaciones son graves: presunta tolerancia —cuando no complicidad— con intereses que lucran con un recurso vital, mientras la población queda relegada. El enojo no solo se dirige al gobierno municipal, sino particularmente a Lagos Buenabad, a quien señalan de operar políticamente el municipio sin cargo electo, de influir en decisiones administrativas y de intentar cooptar liderazgos opositores mediante ofertas económicas para integrarlos a nómina bajo perfiles “discretos”.

 

En paralelo, la crisis sanitaria se atiende con parches. Brigadas del Instituto de Salud recorren colonias priorizando a quienes no cuentan con esquema completo, pero la narrativa oficial insiste en presentar lo urgente como si fuera extraordinario. Morena presume jornadas que antes eran rutina permanente en centros de salud. Hoy, la improvisación se vende como eficacia.

 

La desesperación política es palpable. Con la mira puesta en 2027, la pareja en el poder enfrenta un desgaste acelerado. El municipio luce abandonado en servicios, inseguro en varias zonas y fracturado socialmente. La amenaza de demandas por “daño moral” contra medios críticos no hace sino confirmar un talante intolerante ante el escrutinio.

 

En La Paz, la molestia ya no se murmura: se expresa en protestas, en reclamos abiertos y en una pregunta que recorre calles y colonias: ¿quién gobierna realmente y para quién? Porque mientras el sarampión se intenta contener con vacunas de emergencia, el hartazgo social crece sin antídoto visible.

PENAL EL MOLINO DE LAS FLORES BAJO SOSPECHA: ACUSAN AL DIRECTOR DE ENTREGAR EL CONTROL A UN REO Y PERMITIR RED DE CORRUPCIÓN

 

*Familiares denuncian desvío de víveres, extorsiones, drogas y privilegios ilegales; ataque armado previo exhibe la crisis y el vacío de autoridad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 13 de febrero de 2026.— El nombre de Mario Alberto Santamaría Méndez, director del penal El Molino de las Flores, volvió a colocarse en el centro de la polémica, tras nuevas acusaciones de familiares de internos que denuncian una presunta red de corrupción, abuso y control criminal al interior del centro penitenciario.

 

De acuerdo con testimonios de familiares e información proveniente de fuentes internas, el funcionario penitenciario habría entregado el control operativo de los víveres y otros recursos al interno conocido como “El Adrián”, quien presuntamente administra alimentos, privilegios y actividades ilegales dentro del penal con la anuencia de la propia dirección.

 

Los denunciantes aseguran que los víveres enviados por el gobierno del Estado de México, que deberían ser distribuidos equitativamente entre las personas privadas de la libertad, no llegan completos a su destino. Parte de estos suministros, transportados en camionetas oficiales, son desviados hacia otros lugares por órdenes del interno, sin que exista intervención o sanción alguna por parte de la autoridad penitenciaria.

 

PERO EL PRESUNTO NEGOCIO NO SE LIMITA AL DESVÍO DE ALIMENTOS

 

Según las denuncias, dentro del penal se ha instaurado un sistema donde todo tiene precio: desde tarjetas telefónicas y el uso ilegal de teléfonos celulares, hasta pagos para evitar labores obligatorias, extorsiones a familiares y el presunto control de la venta de drogas al interior del centro penitenciario. Todo ello, bajo un esquema que, afirman, opera con el consentimiento de la dirección.

 

Fuentes internas señalan que este control absoluto habría sido otorgado desde la llegada de Santamaría Méndez al cargo, quien habría permitido que el interno consolidara su poder como intermediario y operador de estos negocios ilícitos, generando ganancias que ascenderían a cientos de miles de pesos.

 

La gravedad de la situación se agrava por el contexto personal del interno señalado. Según versiones internas, “El Adrián” habría sido diagnosticado con VIH desde 2021, cuando estuvo recluido en el penal Neza-Bordo, y presuntamente se encontraría en una etapa avanzada de la enfermedad. Esta condición, afirman las fuentes, habría sido utilizada como un factor que lo hace menos vulnerable a represalias y más dispuesto a operar sin temor a consecuencias, consolidando todo el control de los internos.

 

La tensión y el deterioro del control institucional habrían escalado a niveles alarmantes. El pasado 6 de diciembre, alrededor de las 02:40 horas, dos sujetos armados a bordo de una motocicleta atacaron el acceso principal del penal, disparando al menos veinte veces contra el portón antes de darse a la fuga.

 

El ataque fue presenciado por el custodio penitenciario Antonio Barrera Díaz, con más de 25 años de servicio, quien observó los hechos desde una torre de vigilancia y dio aviso inmediato a las autoridades. El atentado quedó sentado en la carpeta de investigación TEX/CAJ/AIX/100/338025/25/12.

 

En el lugar, los agresores dejaron además un mensaje intimidatorio dirigido al director del penal, lo que evidencia un clima de amenazas, confrontación y pérdida de control institucional dentro del centro penitenciario.

 

Pese a la gravedad del ataque y a las denuncias persistentes de familiares e internos, el gobierno del Estado de México no ha fijado una postura pública clara ni ha anunciado investigaciones o sanciones.

 

El silencio institucional solo alimenta la percepción de que, dentro del penal El Molino de las Flores, la autoridad formal podría no ser quien realmente manda.

 

Mientras el director enfrenta señalamientos por presuntamente permitir y beneficiarse de una red de corrupción interna, familiares de internos advierten que los verdaderos costos de este sistema los pagan las personas privadas de la libertad, sometidas a extorsiones, carencias y abusos dentro de un espacio que debería estar bajo el control absoluto del Estado.

 

El caso expone, una vez más, la fragilidad del sistema penitenciario y plantea una pregunta inquietante: si el control se ha cedido al interior de las cárceles, ¿quién gobierna realmente tras los muros?

DEL ATAQUE FRONTAL A LA SUMISIÓN POLÍTICA: EL INEXPLICABLE VIRAJE DE AQUILES CÓRDOVA Y ANTORCHA HACIA MORENA

 

*El líder vitalicio antorchista pasó de llamar “desastre” a la 4T a pedir que continúe en el poder, en medio de presuntos pactos con el grupo político de Higinio Martínez en el Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 12 de febrero de 2026.— El repentino y drástico cambio de discurso de Aquiles Córdova Morán, líder nacional de Antorcha Campesina, exhibe no solo una contradicción política monumental, sino una rendición ideológica que revela el verdadero motor detrás de muchas organizaciones que durante décadas han lucrado con el discurso social: el poder.

 

Hace apenas unos meses, el dirigente antorchista no dejaba espacio para la ambigüedad. Describía el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto de la Cuarta Transformación como un fracaso. Hablaba de un país en “zona de desastre”, denunciaba una “tragedia nacional” en salud y seguridad, y calificaba programas insignia como Sembrando Vida como un despilfarro inútil.

 

Acusaba directamente a Morena de haber provocado un “desastre sanitario y económico”, señalando errores graves en el manejo de la pandemia y alertando que la continuidad del partido en el poder significaría un retroceso nacional. En ese momento, Córdova Morán se asumía como opositor frontal y presentaba a su organización como una alternativa política superior.

 

Pero hoy, el mismo personaje que condenaba con severidad al régimen ha dado un giro que raya en la incongruencia absoluta.

 

Ahora afirma que los ataques contra Morena provienen de intereses extranjeros, particularmente de Estados Unidos, y sostiene que, pese a sus fallas, es preferible que continúe el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum antes que permitir que gobierne la derecha.

 

“Mejor que siga la 4T, con los problemas que tiene”, declaró el dirigente antorchista, en una afirmación que contradice de manera directa y brutal sus propias palabras recientes.

 

Este cambio no parece obedecer a una reflexión ideológica ni a una evaluación objetiva de resultados. Coincide, en cambio, con revelaciones sobre presuntos acuerdos políticos entre la dirigencia antorchista y el grupo encabezado por el senador Higinio Martínez Miranda, orientados a influir en la definición de candidaturas en el Estado de México.

 

El señalamiento es devastador, porque implicaría que Morena estaría abriendo la puerta a una organización que durante años fue adversaria y símbolo de las prácticas más cuestionadas del viejo sistema político, desplazando incluso a sus propios militantes.

 

El historial de Antorcha Campesina no es menor. Durante décadas, su nombre ha estado asociado a movilizaciones de presión, confrontaciones violentas y a su estrecha relación con estructuras del antiguo régimen, particularmente con el Partido Revolucionario Institucional. Episodios como los ocurridos durante la toma de protesta del exalcalde Jesús Tolentino Román Bojórquez en el año 2000, donde se registraron hechos violentos, que marcaron la imagen de un grupo señalado por su capacidad de presión y confrontación.

 

Hoy, esa misma organización que acusaba a Morena de llevar al país al desastre, busca espacios dentro del mismo poder que antes condenaba.

 

El viraje no solo pone en entredicho la credibilidad de Aquiles Córdova Morán, sino también la de toda la estructura antorchista, incluyendo a dirigentes como Juan Manuel Celis Aguirre, Telésforo García Carreón, Maricela Serrano Hernández y Brasil Alberto Acosta Peña, quienes durante años construyeron su narrativa sobre la supuesta defensa del pueblo, mientras hoy parecen alinearse con quienes señalaban como responsables de la crisis nacional.

 

La pregunta inevitable es qué queda de su discurso original. Qué explicación pueden ofrecer a sus propias bases, a quienes durante años convencieron de que Morena representaba el fracaso nacional, y que hoy ven a sus dirigentes acomodarse en la órbita del mismo poder que juraron combatir.

 

Más aún, el presunto acercamiento con el grupo político de Higinio Martínez abre una herida interna dentro del propio morenismo. Militantes que construyeron el movimiento desde sus bases observan ahora cómo viejos adversarios podrían ser incorporados como aliados estratégicos, en una maniobra que contradice los principios que dieron origen al partido.

 

Este episodio confirma una vieja constante en la política mexicana: cuando el acceso al poder está en juego, las convicciones desaparecen y el discurso se convierte en una simple herramienta de negociación.

 

El caso de Aquiles Córdova Morán no parece ser la excepción. Su tránsito de acusador implacable a aliado conveniente no refleja una evolución política, sino una adaptación calculada.

 

Y en ese cálculo, la ideología parece haber sido sacrificada en el altar del poder.

CISMA EN LA 4T: SCHERER Y RAMÍREZ CUEVAS DESATAN GUERRA DE ACUSACIONES QUE SALPICA A PALACIO

 

*Dos exhombres de máxima confianza de López Obrador se acusan de corrupción y vínculos criminales; la “unidad del movimiento” cruje desde dentro

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

La respuesta del exvocero presidencial y actual coordinador de Asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas, a las graves acusaciones vertidas en su contra en el libro “Ni venganza ni perdón” de Julio Scherer Ibarra, no solo no apaga el fuego: confirma el cisma que atraviesa al lopezobradorismo.

 

No se trata de adversarios políticos ni de voces opositoras. Son dos de los hombres que estuvieron en el círculo más cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Dos piezas clave del engranaje de poder de la llamada Cuarta Transformación que hoy se señalan mutuamente de conductas que, de probarse, implicarían corrupción, tráfico de influencias y hasta vínculos con el huachicol.

 

Scherer sostiene en su libro que Ramírez Cuevas aparece mencionado en expedientes judiciales de Estados Unidos por su presunto vínculo con el empresario huachicolero Sergio Carmona Angulo. Afirma que habría sido él quien lo acercó al entonces presidente López Obrador y al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para convertirlo en presunto financiador de campañas morenistas en distintos estados, aportando recursos ilícitos a candidatos a alcaldías, diputaciones e incluso gubernaturas.

 

Del otro lado, Ramírez Cuevas responde descalificando a Scherer como “un abogado que salió del gobierno en medio de señalamientos de tráfico de influencia y de extorsión”. Se presenta como un “convencido luchador de izquierda” y exige pruebas. Pero en su defensa pública no aporta evidencia que desmonte puntualmente las imputaciones ni presenta documentación que respalde sus propias acusaciones contra el exconsejero jurídico.

 

La paradoja es evidente: quien durante el sexenio pasado fue operador central de la narrativa oficial y promotor de campañas de descrédito contra periodistas críticos, hoy exige pruebas mientras descalifica sin mostrarlas. Y mientras niega la existencia de una “guerra civil” dentro de la 4T, acusa que el libro de Scherer es un “intento de ataque contra el movimiento” y contra López Obrador y Sheinbaum. Si no hay fractura interna, ¿por qué el intercambio de acusaciones entre dos figuras tan cercanas al poder?

 

No es un detalle menor. Ramírez Cuevas fue el ideólogo del discurso presidencial, el encargado de la confrontación permanente con medios y críticos. Scherer, por su parte, operaba la relación política y jurídica con el Poder Judicial. Ambos tuvieron influencia directa y constante sobre el expresidente. Que hoy se acusen de corrupción y vínculos criminales no solo los exhibe a ellos: proyecta sombras sobre el gobierno que integraron.

 

El contexto tampoco es inocente. Las tensiones con Estados Unidos, las investigaciones judiciales en ese país que presuntamente tocan a figuras del morenismo, la disputa anticipada por candidaturas rumbo a 2027 y los reacomodos que la presidenta Sheinbaum ha comenzado a realizar, están acelerando las fracturas internas. Lo que durante años se sostuvo con la figura dominante de López Obrador comienza a resquebrajarse.

 

Durante el sexenio pasado se insistió en que la 4T era un movimiento unido por principios, no por intereses. Sin embargo, la acumulación de poder sin contrapesos reales parece estar produciendo el fenómeno anunciado: ante la debilidad de la oposición externa, las tribus internas empiezan a convertirse en los verdaderos adversarios.

 

A los señalamientos por fallas, negligencias y sobrecostos en megaproyectos, a las denuncias de enriquecimientos inexplicables y a los escándalos que han rodeado a figuras del oficialismo, ahora se suma esta confrontación directa entre dos exfuncionarios de altísimo nivel. Y en el trasfondo inevitable aparece la pregunta incómoda: ¿qué tanto sabía y permitió el liderazgo que los cobijó?

 

La narrativa de la “transformación moral” enfrenta así una prueba interna más severa que cualquier crítica opositora. Porque cuando las acusaciones surgen desde el corazón mismo del poder, el daño político no proviene de fuera: nace desde adentro. Y, esa es la fractura más peligrosa.

BOMBA EN PALACIO: LIBRO DE SCHERER REVELA VÍNCULOS DEL “REY DEL HUACHICOL” CON EL CÍRCULO MÁS CERCANO AL PODER

 

*Jesús Ramírez y Mario Delgado, señalados en “Ni venganza ni perdón” como piezas clave en la trama que habría financiado campañas de Morena con dinero del mercado ilegal de hidrocarburos

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de febrero de 2026.— Una revelación sacude el corazón mismo del poder. El libro “Ni venganza ni perdón”, escrito por Julio Scherer Ibarra —exconsejero jurídico de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador— y el periodista Jorge Fernández Menéndez, no sólo abre grietas en la narrativa oficial de la 4T: lanza acusaciones que golpean directamente al gobierno de Claudia Sheinbaum.

 

El volumen, que comienza a circular a partir de hoy bajo el sello Planeta, coloca en el centro de una delicada trama al actual jefe de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y al hoy secretario de Educación, Mario Delgado. No se trata de rumores externos ni de filtraciones opositoras: la versión proviene de uno de los hombres más cercanos al expresidente, con acceso privilegiado al núcleo de decisiones del primer tramo del sexenio.

 

Según se narra en el libro, fue Jesús Ramírez Cuevas quien abrió las puertas de Palacio Nacional a Sergio Carmona, conocido como el “Rey del Huachicol”, un personaje que —afirman los autores— llegó a controlar hasta un tercio del mercado ilegal de hidrocarburos en la frontera norte del país. Carmona, asesinado en noviembre de 2021 tras presuntamente entrar en tratos con agencias de seguridad estadounidenses, habría sido pieza clave en el engranaje electoral de Morena en el norte.

 

La acusación es directa: Ramírez Cuevas no sólo facilitó reuniones estratégicas, sino que presentó a Carmona con el entonces dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. El libro sostiene que parte de las ganancias del tráfico ilegal de combustibles “bañaron” campañas del partido oficial en las elecciones intermedias de 2021, particularmente en Tamaulipas, Sonora y Sinaloa.

 

Más aún: se maneja la versión de que el propio Carmona se habría reunido con López Obrador.

 

Hoy, mientras Carmona está muerto,  Mario Delgado ocupa la Secretaría de Educación Pública en el gobierno de Claudia Sheinbaum —y se menciona incluso su posible regreso a la dirigencia nacional del partido—, y Ramírez Cuevas funge como jefe de asesores presidenciales. Según el libro, su nombre ya figura en cortes de Nueva York y Texas, un dato que podría tener implicaciones internacionales.

 

Pero el golpe no termina ahí.

 

Scherer Ibarra dibuja a un presidente que “casi no leía los periódicos” y cuya principal fuente de información eran las tarjetas que Ramírez Cuevas dejaba en su escritorio y los comentarios que le hacía camino a la mañanera. En ese trayecto —según el relato— se cocinaba la agenda pública.

 

“Le refería todo lo que le interesaba que el presidente escuchara. De ese modo se daba la gran manipulación, aderezada con preguntas siempre a modo”, escribe Scherer. Y remata: el presidente respondía a temas que eran de interés de Jesús Ramírez, no necesariamente del gobierno ni del país.

 

El exconsejero jurídico admite que la mañanera estuvo poblada de “seudoperiodistas” al servicio del “gran manipulador”, y que el sistema de medios públicos operó para satisfacer los deseos del vocero y su círculo. La información —según el libro— se filtraba y se moldeaba, generando “un gran daño tanto al presidente como a la sociedad”.

 

En paralelo, se describe una red de comunicadores y empresas favorecidas con contratos millonarios y publicidad oficial. Entre los casos señalados destaca el periódico Regeneración, que habría recibido 2 mil 800 millones de pesos durante el sexenio lopezobradorista, actuando —según el relato— como un instrumento incondicional del régimen.

 

Paradójicamente, mientras Scherer intenta presentar a López Obrador como el gran traicionado, el libro va dejando huellas que alcanzan a figuras clave del obradorismo, algunas aún incrustadas en el actual gobierno.

 

La pregunta inevitable es política y judicial: ¿habrá consecuencias? Porque si las revelaciones provienen del corazón mismo de la 4T, el escándalo no puede despacharse como ataque opositor. Se trata de un testimonio interno que, de confirmarse, configuraría uno de los capítulos más oscuros del financiamiento político reciente.

 

El libro apenas comienza a circular. Pero sus “misiles”, como los llama el propio relato, ya impactaron en Palacio Nacional.

NARCOALCALDES: LA BASE PODRIDA DEL PODER EN MÉXICO

 

*Municipios sometidos, alcaldes ejecutados y partidos infiltrados: la narcopolítica ya gobierna desde lo local

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 9 de febrero de 2026.— El caso del narcoalcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, no es una anomalía ni un hecho aislado: es el retrato crudo de un país donde el poder municipal —el primer contacto entre el Estado y la ciudadanía— ha sido capturado, sometido y administrado por el crimen organizado.

 

Lo ocurrido en Tequila se repite como una receta criminal en decenas de municipios del país. Los cárteles no solo infiltran ayuntamientos: imponen candidatos, financian campañas, someten alcaldes y gobiernan con la ley de “plata o plomo”. Hoy, en amplias regiones de México, los presidentes municipales no gobiernan para la gente, sino para los capos que los pusieron o los amenazan.

 

El fenómeno atraviesa estados completos: Estado de México, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas, Sinaloa, Oaxaca y muchos más. Municipios enteros están secuestrados por los tentáculos del narco, mientras los gobernadores —cuando no son cómplices— se lavan las manos bajo el cómodo argumento de que “son delitos federales”. Así, los alcaldes quedan abandonados: o se someten, o los matan.

 

Las cifras son demoledoras y exhiben el fracaso del Estado mexicano. En México asesinan a un alcalde cada dos meses y medio. De 2000 a la fecha, 119 presidentes municipales han sido ejecutados. El sexenio de Enrique Peña Nieto encabezó la lista con 42 asesinatos; Felipe Calderón registró 37; López Obrador, 26; y en el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum ya van 10 alcaldes asesinados, una tendencia que apunta a convertirse en el periodo más sangriento.

 

El asesinato de alcaldes no es daño colateral: es método de control. Lo demostró el caso del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien se negó a someterse al imperio criminal y terminó pagando con su vida el intento de gobernar con dignidad. Y ahora, el escándalo de Tequila confirma una nueva etapa del crimen organizado: los cárteles ya no negocian con alcaldes incómodos; ahora seleccionan a los suyos y los colocan en las boletas.

 

Capos como Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ya no se desgastan presionando autoridades rebeldes. Hoy eligen operadores, los infiltran en partidos políticos —en este caso Morena— y los convierten en presidentes municipales. Una vez en el cargo, estos narcoalcaldes no administran municipios: extorsionan, cobran cuotas, saquean el erario y entregan millones a sus jefes criminales, incluso colocando a sicarios y operadores del cártel en la nómina municipal.

 

El caso de Tequila solo estalló porque Estados Unidos intervino. Fue el presidente Donald Trump quien ordenó investigar al alcalde por afectar intereses de empresarios estadounidenses. Dentro de Morena, el vínculo del edil con el CJNG era conocido desde hace tiempo, pero nadie hizo nada. Silencio, encubrimiento y complicidad.

 

La pregunta es inevitable: ¿cuántos Diegos Rivera Navarro gobiernan hoy en México?

La narcopolítica no nació arriba; se construyó desde abajo, desde las alcaldías. Primero sometieron municipios, luego gobernadores —varios ya señalados por vínculos criminales— y por encima solo quedan la Presidencia de la República y los poderes Legislativo y Judicial, cada vez más cercados por la sombra del dinero sucio.

 

Si el Estado mexicano quisiera desmantelar de verdad las redes políticas del narco, tendría que empezar por auditar, investigar y depurar todas las presidencias municipales. Porque como demuestra Tequila, los municipios con turismo, comercio, agricultura o industria son hoy minas de oro para el crimen organizado.

 

La violencia lo confirma. Tan solo la semana pasada: Atentaron contra la alcaldesa de Ayotoxco, Puebla. Emboscaron al alcalde de Temoac, Morelos. Balearon la casa del presidente municipal de Banderilla, Veracruz. Intentaron asesinar al alcalde de Zacualpan, Veracruz, junto a su esposa.

 

LA LISTA CRECE. LA SANGRE CORRE. Y EL ESTADO SIGUE AUSENTE

 

¿Cuántos alcaldes más deben morir por no someterse al narco?

 

¿Cuántos municipios más deben rendirse para que alguien actúe?

 

Tequila es apenas la punta del iceberg de una claudicación histórica del Estado mexicano. La narcopolítica —heredada del PRI, tolerada por el PAN y profundizada por Morena bajo la farsa de los “abrazos, no balazos”— sigue avanzando como un cáncer que carcome las instituciones.

 

Negar que vastas regiones del país están gobernadas por los cárteles es insultar la inteligencia nacional. Cuando los partidos postulan operadores del narco y los alcaldes independientes son asesinados, el mensaje es claro: en muchos municipios de México, el narco ya gobierna.