CIUDADANOS EXIGEN JUSTICIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS REYES LA PAZ

 

*Señalan a la presidenta municipal y a su esposo, Tranquilino Lagos, de operar una simulación gubernamental y acumular riqueza a costa de los servicios públicos de la periferia

 

Por: EXPEDIENTESECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México. — Los ciudadanos de las colonias Tecontlapexco, Lomas de Altavista y diversas comunidades del municipio de La Paz, Estado de México, manifestaron su indignación y rechazo absoluto ante lo que califican como una simulación gubernamental encabezada por la presidenta municipal de Morena, Martha Guerrero Sánchez, y su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad. Los inconformes señalan que el programa "Tequios por la paz", publicitado por el Ayuntamiento como un acto de "participación comunitaria", es la prueba fehaciente del abandono institucional, la corrupción sistémica y la degradación de los servicios públicos bajo las siglas de la llamada Cuarta Transformación.

 

Los habitantes denunciaron que mientras las familias de la periferia se ven obligadas a realizar jornadas manuales para limpiar barrancas y retirar focos de infección que ponen en riesgo a sus hijos, el parque vehicular del municipio opera presuntamente con fines de lucro privado. De acuerdo con los inconformes, los 20 camiones recolectores de basura con los que cuenta el Ayuntamiento —incluyendo 7 unidades nuevas adquiridas recientemente con recursos públicos— son desviados de manera sistemática para dar servicio exclusivo a empresas locales y zonas residenciales de mayor capacidad económica.

 

Testimonios de los propios trabajadores y miembros de la clase política local recabados por los manifestantes apuntan a que esta exclusión responde a una presunta red de extorsión interna. Según estas acusaciones, cada camión recolector es obligado a reportar una cuota diaria de por lo menos 600 pesos al titular del departamento de Limpia, Luis Cisneros. Ante esto, la ciudadanía cuestiona públicamente qué porcentaje de este dinero recaudado de forma informal es destinado a la alcaldesa Martha Guerrero y a su cónyuge, Tranquilino Lagos Buenabad, a quien la comunidad señala de operar como un alcalde en funciones sin haber sido electo en las urnas.

 

Los denunciantes sostienen que la situación en La Paz no es un hecho aislado, sino que se suma a la constante ola de escándalos de corrupción y presuntos nexos con la delincuencia organizada que perciben a nivel nacional dentro de las administraciones de Morena. En el ámbito local, miembros de la política regional se refieren abiertamente a la pareja gobernante como los "nuevos millonarios de Morena en el Estado de México", señalando que acumulan riqueza a costa de las carencias del pueblo, emulando lo que califican como el verdadero manual operativo del movimiento de la 4T.

 

SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD Y EL NEGOCIO DEL AGUA POR PIPAS

 

Asimismo, los vecinos de La Paz hicieron eco de las versiones y reportes políticos que indican que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo el mando de Omar García Harfuch, investiga y sigue de cerca los pasos de Tranquilino Lagos Buenabad debido a su presunta relación con Héctor Becerril, líder de la agrupación delictiva denominada Federación Unida 22 de Octubre (antes Sindicato 22 de Octubre).

 

La ciudadanía califica de inadmisible que dicha organización condicione, controle y comercialice el agua de los pozos instalados en la localidad. Los afectados acusan que este desabasto inducido obliga a la población más vulnerable a pagar tarifas excesivas de hasta 2,300 pesos por pipa, convirtiendo el agua potable en un lucrativo negocio privado. Esta situación representa, a decir de los vecinos, otra entrada de dinero millonaria y clandestina tolerada por el gobierno morenista, permitiendo el enriquecimiento de las cúpulas mientras las colonias populares carecen de redes hidráulicas dignas y de recolección regular de basura y residuos sólidos.

 

Por otra parte, los habitantes rechazaron categóricamente las declaraciones de la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez, señalándola de insensible por pretender deslindarse de sus obligaciones constitucionales al acusar a la comunidad de "traer la cultura de tirar la basura". Los colonos aclararon que el depósito de basura en las barrancas no es un asunto cultural, sino el resultado directo de un municipio que no provee un sistema básico y eficiente de recolección de basura.

 

A las quejas se suma el reclamo por lo que consideran una postura punitiva y cínica al concluir la intervención oficial: la colocación de lonas para amenazar con sanciones económicas a los vecinos y el balizamiento apresurado de banquetas. La comunidad crítica que el Ayuntamiento prefiera usar pintura y amenazas en lugar de instalar contenedores comunitarios, habilitar luminarias o pavimentar un camino de terracería que sigue siendo de alta peligrosidad para las madres de familia, las mujeres y los estudiantes que transitan por ese lugar todos los días.

 

Hartos de lo que denominan demagogia y del desvío de presupuestos hacia la burocracia morenista, los Vecinos Organizados de las Colonias Populares de La Paz exigen de manera inmediata:

 

La redistribución equitativa y transparente de los 20 camiones recolectores de basura en todas las colonias populares del municipio. Una auditoría e investigación profunda por parte de las autoridades estatales y federales a la Dirección de Servicios Públicos, enfocándose en la gestión de Luis Cisneros titular del departamento de Limpia, así como la fiscalización de los recursos de la alcaldesa y su cónyuge.

 

Y, la intervención urgente de las fuerzas de seguridad federales para desmantelar el monopolio, el condicionamiento y la extorsión en la distribución del agua de los pozos locales.

GOLPE AL CJNG EN NEZAHUALCÓYOTL: CÉLULA DELICTIVA OPERABA CON PROTECCIÓN DE MANDOS POLICIALES LOCALES

 

*La FGR, la SEDENA y la Guardia Nacional imponen cerco federal en más de 20 cateos simultáneos y capturan a mandos policiacos que daban el "pitazo" y blindaban las operaciones de la organización criminal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

La Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Nezahualcóyotl, logrando la captura de su líder principal, Luis "N", alias "El Gigan" o "El Gigantón". El golpe de las fuerzas federales incluyó la detención de integrantes clave de la organización y puso al descubierto una red de corrupción policial que operaba desde el corazón de la corporación municipal.

 

El despliegue, caracterizado por un estricto hermetismo para evitar filtraciones, constó de más de 20 cateos simultáneos y se perfila como una de las intervenciones de inteligencia federal más profundas en la demarcación.

 

Además de la detención de "El Gigan", las autoridades federales lograron capturar a operadores de alta confianza de la estructura criminal, identificados por sus alias como: "El Támara", "El Wero", "El Axel", “La Karina”, Pedro "N" y Matías "N". Durante las incursiones tácticas, los elementos federales incautaron kilos de cocaína, armas largas, armas cortas y diversas dosis de estupefacientes confeccionados y listos para su distribución al menudeo.

 

Las acciones, coordinadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, se focalizaron en sectores estratégicos de las zonas norte y centro de Nezahualcóyotl. Las direcciones exactas se mantienen bajo reserva judicial para proteger el debido proceso, pero las operaciones se agruparon en los siguientes perímetros: Campestre Guadalupana y Vergel de Guadalupe: Clasificado como un "punto rojo" de alta prioridad en los límites de la zona norte debido a reportes previos de movilidad del grupo criminal. Fue el epicentro de los cateos.

 

Ciudad Lago: En esta demarcación se extendieron los despliegues tácticos y puntos de control, asegurando inmuebles habilitados presuntamente como bodegas de almacenamiento y casas de seguridad.

 

Zona Centro y Juárez Pantitlán: Las fuerzas federales sitiaron vialidades de estas colonias tradicionales con el fin de neutralizar de forma simultánea los puntos de distribución administrados por los subordinados de "El Gigan".

 

La investigación de la FEMDO y reportes de inteligencia federal revelaron que la célula mantenía el control territorial gracias al apoyo directo de la policía local. Previo a los cateos, se logró la detención del comandante regional Jesús Rubio, el oficial José Galindo y el agente Salim Mendoza, policías municipales en activo que presuntamente brindaban "protección institucional" mediante tres esquemas delictivos.

 

Los agentes utilizaban los radios de la corporación para monitorear en tiempo real los movimientos de patrullas o denuncias ciudadanas. Al detectar riesgos en áreas como Campestre Guadalupana, Ciudad Lago o Juárez Pantitlán, alertaban al cartel vía mensajería privada para evacuar inmuebles.

 

Manipulación de bitácoras y patrullajes: Como mandos y efectivos con control de cuadrantes, alteraban las rutas de las unidades a su cargo para generar "ventanas de tiempo" libres de vigilancia. Esto permitía el libre tránsito de cargamentos de droga y el cobro de extorsiones.

 

Si algún distribuidor de bajo rango era interceptado por oficiales honestos, estos elementos usaban su jerarquía para frustrar el procedimiento, liberar a los delincuentes o, en su defecto, registrar los nombres de los policías cumplidos, exponiendo la seguridad interna de la propia institución. Sabiendo que la base municipal de Nezahualcóyotl estaba infiltrada, la federación diseñó una estrategia de seguridad blindada.

 

Elementos de la SEDENA y la Guardia Nacional bloquearon las avenidas principales de acceso a las colonias afectadas, impidiendo el flujo vehicular durante el operativo sorpresa.

 

Los equipos ejecutores de los cateos fueron comisionados desde bases federales externas a la zona, asegurando que la policía local de los cuadrantes intervenidos no tuviera conocimiento de los domicilios específicos a registrar. De haberse notificado localmente, el esquema de alertas habría facilitado la fuga de "El Gigan" y el vaciado de los laboratorios y bodegas.

 

Este desmantelamiento en Nezahualcóyotl coincide con las líneas de investigación federales sobre la vecina demarcación de Ecatepec, donde la inteligencia federal ha ubicado estructuras similares de protección institucional.

 

Los informes de las autoridades federales apuntan directamente a la operación de José Jorge Amador Amador (alias "La Jirafa" o "El Doctor"), exdirector de la policía de Nezahualcóyotl por más de una década y quien recientemente se desempeñaba como asesor de seguridad de la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros.

 

De acuerdo con los reportes oficiales, Amador Amador es investigado por presuntamente buscar articular redes policiales dedicadas a la extorsión en beneficio del CJNG y posicionar a elementos afines en puestos clave, esquema en el que también figura el exencargado de despacho de la Dirección de Seguridad Pública municipal de dicha localidad.

CHAPINGO, EL BOTÍN DE LOS GRUPOS DE PODER: ZOQUIAPAN, ANTORCHA Y LAS SOMBRAS DE HIGINIO MARTÍNEZ

 

*Mientras mil 640 hectáreas permanecen ocupadas, estudiantes son expulsados de sus espacios de investigación y la Rectoría se enfrasca en una disputa política, las preguntas sobre la presunta influencia de Antorcha Campesina y los intereses que rodean a la universidad siguen sin respuesta

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

La Universidad Autónoma Chapingo no solamente enfrenta una crisis de gobernabilidad: enfrenta el riesgo de que su patrimonio territorial, histórico y académico termine convertido en moneda de cambio de intereses políticos y particulares. Y lo ocurrido en la Estación Forestal Experimental de Zoquiapan, en Ixtapaluca, es el ejemplo más preocupante.

 

De acuerdo con la columna publicada el 8 de octubre de 2026 por el periodista Zósimo Camacho en Luces del Siglo, desde octubre de 2025 alrededor de mil 640 hectáreas asignadas a Chapingo desde 1972 permanecen ocupadas por pobladores. En el lugar habrían proliferado construcciones irregulares, hornos de carbón y actividades ganaderas. La situación escaló en febrero de 2026, cuando estudiantes fueron amenazados y expulsados, impidiéndoles continuar sus prácticas académicas.

 

¡Que quede claro! No estamos hablando de un terreno abandonado ni de cualquier propiedad en disputa. Estamos hablando de instalaciones destinadas a la investigación forestal y a la formación de profesionales de una universidad pública.

 

Lo más grave es que, según los antecedentes expuestos por Camacho, Chapingo cuenta con documentación que acredita la posesión del predio y registros que descartarían una sobreposición con terrenos ejidales. Entonces, ¿por qué no se ha concretado su recuperación? ¿Quién está impidiendo que se haga valer el patrimonio universitario?

 

Aquí aparece un nombre que incomoda a las estructuras políticas: el Movimiento Antorchista Nacional. La columna de Zósimo Camacho recoge cuestionamientos sobre la presunta influencia de esta organización en las estructuras de poder de Chapingo y sus posibles vínculos con los grupos relacionados con la ocupación de Zoquiapan.

 

Antorcha ha rechazado ejercer ese control. Sin embargo, una negativa pública no sustituye la obligación de esclarecer los hechos. Durante décadas, el antorchismo construyó una estructura de movilización política que tuvo en el PRI uno de sus principales vehículos de participación. Su trayectoria también ha estado marcada por señalamientos sobre el control de organizaciones sociales, la gestión de recursos públicos y la utilización política de demandas populares.

 

Su discurso de combate a la pobreza merece contrastarse con sus prácticas, su estructura económica y los intereses que representa. Porque una cosa es defender legítimamente a comunidades vulnerables y otra muy distinta es convertir las necesidades sociales en instrumentos de presión, control territorial y negociación política.

 

Las denuncias sobre presuntas invasiones de predios, intermediación en la regularización de asentamientos y concentración de beneficios económicos no pueden despacharse automáticamente como ataques políticos. Deben investigarse, documentarse y, cuando corresponda, sancionarse.

 

Tampoco basta con calificar de «calumnia burguesa» las publicaciones de EXPEDIENTE SECRETO. El periodismo de denuncia no está obligado a guardar silencio para proteger la comodidad de ninguna organización. Pero hay algo todavía más delicado.

 

HIGINIO MARTÍNEZ: EL NOMBRE DETRÁS DE LOS CUESTIONAMIENTOS

 

El senador morenista Higinio Martínez Miranda, actual presidente de la Mesa Directiva del Senado, también aparece en el terreno de los cuestionamientos políticos relacionados con Chapingo.

 

La columna de Camacho recoge señalamientos sobre una presunta articulación de intereses entre sectores de Morena, Antorcha Campesina y grupos de poder universitarios, en la que se menciona al legislador mexiquense.

 

Antorcha ha rechazado públicamente cualquier vínculo político con Martínez Miranda y con el rector Ángel Garduño García. Por tanto, no se trata de presentar una alianza como un hecho probado, sino de exigir que se esclarezcan las relaciones políticas que se han señalado.

 

La pregunta es inevitable: ¿qué relación existe entre estos actores y qué papel han desempeñado, si alguno, en el conflicto que amenaza el patrimonio de Chapingo? Si no hay acuerdos, compromisos o intervención política, que lo expliquen con claridad. Si existen, la comunidad universitaria y la sociedad tienen derecho a conocerlos. El silencio no constituye una respuesta.

 

Para 2026, Chapingo cuenta con un presupuesto de 3 mil 586 millones de pesos, de acuerdo con la cifra proporcionada para esta denuncia. Sin embargo, mientras se dispone de recursos públicos de esa magnitud, Zoquiapan continúa en conflicto y otras sedes, como San Luis Acatlán, Mérida, Zacatecas y Puyacatengo, enfrentan incertidumbre sobre su continuidad, amenazas de cierre o restricciones presupuestales.

 

A esto se suma la controversia por la decisión de la administración del rector Ángel Garduño García de impulsar el adelanto de cuatro meses del proceso de elección de Rectoría, medida cuestionada por estudiantes y profesores que exigen transparencia.

 

La contradicción es evidente: mientras la comunidad demanda certidumbre académica y defensa patrimonial, la institución permanece atrapada en disputas por el control de su gobierno interno. ¿Esa es la prioridad de quienes administran una universidad pública?

 

EL DISCURSO DE LA POBREZA Y LOS INTERESES ECONÓMICOS

 

Antorcha Campesina ha construido buena parte de su identidad pública alrededor de la lucha contra la pobreza y la exigencia de justicia social. Pero ese discurso no puede funcionar como escudo frente al escrutinio.

 

A lo largo de su trayectoria, la organización ha sido objeto de señalamientos sobre la expansión de estructuras empresariales y patrimoniales vinculadas con dirigentes y grupos afines, incluidos negocios de transporte, construcción, gasolineras y distribución de combustibles.

 

Esas acusaciones deben sustentarse con registros mercantiles, contratos, concesiones y documentación patrimonial. No basta con repetirlas; hay que investigar quiénes son los propietarios, quiénes reciben los beneficios y de dónde provienen los recursos.

 

Porque si una organización que dice representar a los pobres termina acumulando poder económico y capacidad de negociación política, la sociedad tiene derecho a preguntar quién se beneficia realmente de esa estructura. La pobreza no puede convertirse en una bandera para justificar privilegios.

 

CHAPINGO NO ES PROPIEDAD DE NINGÚN GRUPO POLÍTICO

 

Lo que sucede en Zoquiapan debe dejar de ser tratado como un problema secundario. La ocupación de mil 640 hectáreas, las amenazas contra estudiantes y la falta de resultados para recuperar el espacio constituyen asuntos que requieren respuestas institucionales inmediatas.

 

La Rectoría debe explicar qué acciones legales ha emprendido. Las autoridades agrarias y ambientales deben informar qué han investigado. El gobierno del Estado de México debe aclarar qué intervención ha tenido. Y los actores políticos mencionados en las denuncias deben responder sobre los señalamientos que los involucran.

 

La comunidad universitaria tampoco puede permitir que la elección de Rectoría desplace la discusión fundamental: defender la institución. La pregunta que queda en el aire es brutal: ¿quién está defendiendo a Chapingo mientras otros disputan su control?

 

Si Antorcha no controla Chapingo, que se demuestre. Si Higinio Martínez no interviene en esa disputa, que se aclare. Si el rector está defendiendo el patrimonio universitario, que presente resultados.

 

MORENA Y ANTORCHA: ¿UNA ALIANZA QUE SUS BASES ESTÁN DISPUESTAS A ACEPTAR?

 

Hay otra pregunta que no puede quedar fuera de esta discusión: ¿las bases de Morena están dispuestas a caminar de la mano con Antorcha Campesina?

 

Muchos militantes y simpatizantes de Morena construyeron su participación política bajo la promesa de combatir el viejo corporativismo, los cacicazgos y las prácticas clientelares que durante décadas caracterizaron al sistema político priista. Por eso, los señalamientos sobre una posible convergencia de intereses entre sectores de Morena y el Movimiento Antorchista merecen una explicación pública.

 

¿Dónde quedaron los principios de transformación si ahora se contempla la posibilidad de compartir espacios de poder con una organización cuya trayectoria política estuvo históricamente ligada al PRI?

 

¿Las bases morenistas fueron consultadas? ¿Están de acuerdo con que personajes y estructuras provenientes del viejo régimen encuentren espacios de influencia dentro de instituciones públicas como Chapingo?

 

No se trata de descalificar a todos los integrantes de Antorcha ni de atribuir responsabilidades colectivas. Se trata de exigir congruencia política y transparencia.

 

Morena no puede pedir a sus militantes que defiendan una transformación mientras, al mismo tiempo, se multiplican los cuestionamientos sobre posibles entendimientos con organizaciones y grupos de poder cuya actuación merece escrutinio.

EL CÁRTEL DEL INE Y EL SILENCIO DE LA BENDICIÓN

 

*Mientras el diputado Ramírez Cuéllar exige cárcel para la presidenta del INE y un "maxiproceso" contra la corrupción, el oficialismo en San Lázaro enmudece para no escupir al cielo las bendiciones presidenciales de 2023

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

El teatro de la pureza democrática se desmorona en México con el estruendo de un escándalo financiero, pero lo que realmente retumba en el Palacio Legislativo de San Lázaro es un silencio cobarde y cómplice.

 

Durante la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, rompió las formas con una virulencia inusitada. No midió adjetivos ni buscó salidas diplomáticas: exigió de oficio a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación inmediata, demandó el congelamiento de cuentas a proveedores corruptos y sentenció de manera tajante que "Guadalupe Taddei debe de ir a la cárcel".

 

Ramírez Cuéllar habló de la urgencia de un "maxiproceso" judicial para desmantelar lo que abiertamente calificó como un "Cártel Electoral" y un "Sistema de Coyotaje" estructuralmente corrompido, con redes de facturación falsa y operaciones simuladas que alcanzan al SAT y a la COFECE. El diagnóstico del legislador guinda es brutal: el árbitro electoral está podrido por dentro justo antes de las cruciales elecciones de 2027.

 

Sin embargo, tras el incendiario discurso del diputado, ocurrió lo impensable en una asamblea de mayorías estridentes: absolutamente nadie de los legisladores morenistas hizo eco de sus palabras. El recinto se sumió en un mutismo sepulcral. Nadie aplaudió, nadie secundó la moción de encarcelar a la presidenta del INE, nadie se sumó a la batalla contra el supuesto Cártel.

 

¿A qué se debe este repentino ataque de amnesia colectiva y prudencia legislativa en las filas de la autollamada Cuarta Transformación? La respuesta está en la memoria histórica y en el peso de los dogmas políticos.

 

Todos en esa sala parecieron recordar, con un súbito sudor frío, las palabras pronunciadas el 31 de marzo de 2023 desde el púlpito de la conferencia matutina presidencial. En aquel entonces, el máximo líder del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, ungió a Guadalupe Taddei con el manto de la infalibilidad moral. La defendió a capa y espada como una mujer "experimentada, profesional, honesta e íntegra", y remató asegurando que era "incapaz" de actuar de manera corrupta, celebrando su llegada mediante un proceso de insaculación que calificó de impecable.

 

Hoy, la realidad atropella a la narrativa. Las acusaciones de contratos irregulares y redes de complicidad bajo la gestión de Taddei pintan un panorama indefendible. Pero exigir justicia penal contra ella implica aceptar un error de cálculo monumental en la cúpula del poder; significa reconocer que la tómbola legislativa y el criterio de lealtad no garantizan la honestidad que tanto pregono AMLO, el mesías de la 4T.

 

A Morena no le asusta la corrupción del INE; le aterra contradecir el evangelio de su fundador. Por eso prefieren el silencio incómodo ante la propuesta de un maxiproceso. Al final del día, la política de la congruencia ha quedado atrapada en su propio laberinto retórico: hoy, el oficialismo tiene que tragarse con un profundo y humillante silencio, sus propias y muy bendecidas palabras.

POLICÍAS SECUESTRADORES: LA PODREDUMBRE OFICIAL ASFIXIA A IXTAPALUCA

 

*Bajo el amparo de la 4T y el alcalde Arvizu, agentes de tránsito convierten patrullas en herramientas de extorsión y crimen organizado

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

IXTAPALUCA, Estado de México.— La policía municipal de Ixtapaluca se ha consolidado como un nido de delincuencia y extorsión institucionalizada. En un nuevo y alarmante episodio de abuso de poder, dos elementos de la corporación de Tránsito fueron detenidos tras ser acusados de secuestrar a un operador de transporte de carga y exigir un rescate de 40 mil pesos a su familia para no fabricarle delitos federales.

 

Los oficiales, identificados como Juan Alberto “N” y Joaquín Armando “N”, interceptaron al transportista la tarde del pasado viernes 30 de octubre. Utilizando el viejo y sistemático modus operandi del uniforme, argumentaron falsamente que circular sin una placa constituía un delito federal para, de inmediato, transitarlo de un control de tránsito a una privación ilegal de la libertad.

 

EL TERROR DESDE LA PATRULLA TM-820

 

Mientras mantenían retenido al chofer, los uniformados llamaron a la hija de la víctima para exigirle el pago inmediato de los 40 mil pesos, bajo la amenaza explícita de despojarlo también de su camión de carga. La mujer horrorizada, ante la imposibilidad de reunir el dinero y el terror de la extorsión, acudió directamente a la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de México.

 

Horas más tarde, autoridades ministeriales localizaron el tráiler varado junto a la patrulla municipal de Tránsito número TM-820. En el sitio, los agentes corruptos mantenían sometido al operador. Juan Alberto “N” y a su acompañante Joaquín Armando “N”. Los uniformados fueron sometidos, desarmados y presentados de inmediato ante el Agente del Ministerio Público y hoy ya se encuentran durmiendo al interior del penal de Neza-Bordo, en Nezahualcóyotl, donde un juez ya calificó como legal su detención.

 

La podredumbre en la corporación no se limita a la tropa. Las investigaciones ministeriales ya alcanzan a las altas esferas de la corporación: un mando identificado como Erick “N” está bajo la lupa por su presunta vinculación y complicidad en este secuestro.

 

UNA CORPORACIÓN PODRIDA DESDE LA CABEZA

 

Este caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de un colapso ético e institucional crónico. Apenas en septiembre de 2026, la corporación sufrió un duro golpe tras la detención de Víctor Isauro Soria Ramírez, quien se desempeñaba como subdirector de Tránsito municipal, acusado formalmente por los delitos de extorsión y homicidio.

 

La descomposición de las fuerzas de seguridad pública en este municipio no es nueva, pero sí cada vez más descarada. En noviembre de 2024, la misma administración vio la caída de dos de sus más altos mandos: el director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana y Roberto "N", jefe de región de la Dirección de Seguridad Municipal, ambos detenidos por sus presuntos vínculos directos con el crimen organizado.

 

EL FRACASO DE LA 4T EN EL ESTADO DE MÉXICO

 

Este escenario de terror policial ocurre bajo el cobijo directo del alcalde morenista Felipe Rafael Arvizu de la Luz, quien actualmente arrastra un segundo periodo de gobierno.

 

Pero, la realidad en las calles de Ixtapaluca desmiente y despedaza el discurso oficialista de la llamada "Cuarta Transformación" (4T), que prometió erradicar la corrupción. Lejos de combatir este cáncer social, el gobierno local ha permitido que sus funcionarios y cuerpos policiales actúen con un descaro y una impunidad que superan con creces las peores épocas del pasado. Bajo el gobierno de Morena, la policía de Ixtapaluca no cuida a los ciudadanos; se ha convertido en el enemigo a temer en las carreteras.

 

Las indagatorias continúan abiertas para determinar cuántos mandos más se beneficiaban de las extorsiones y el secuestro de transportistas en la región.

GUERRA DE PLAZAS DEJA UN MUERTO EN XICO ANTE

 LA INDIFERENCIA DE ALAN VELASCO

 

*Mientras el alcalde Alan Velasco busca la reelección, la violencia en Xico deja un muerto y un lesionado

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

VALLE DE CHALCO, Estado de México.— La violencia ligada al crimen organizado volvió a sembrar el terror entre los habitantes de este municipio de la zona oriente del Estado de México. El pasado 30 de octubre, las ráfagas de armas de fuego rompieron la tensa calma en la colonia Xico Primera Sección, dejando como saldo un hombre ejecutado en la vía pública y otro gravemente herido. Mientras las calles se tiñen de sangre por la abierta disputa de las mafias por el control de la plaza.

 

El alcalde morenista Alan Velasco Agüero es objeto de duras críticas por parte de la ciudadanía que lo acusa de desatender sus obligaciones de seguridad para concentrar sus esfuerzos en una campaña adelantada en busca de la reelección.

 

Los hechos ocurrieron en la calle Poniente Uno A, en el tramo comprendido entre las calles Sur 17 y Sur 18, una zona identificada por los propios residentes como un punto vulnerable ante el avance de los grupos criminales. Según los reportes policiales, sujetos armados interceptaron a las víctimas y abrieron fuego a quemarropa antes de que pudieran darse a la fuga, provocando el pánico entre los transeúntes y vecinos que buscaron refugio al escuchar las detonaciones.

 

Al arribar al sitio, los servicios de emergencia confirmaron el deceso de un hombre, cuyo cuerpo quedó tendido sobre el asfalto. Asimismo, paramédicos brindaron primeros auxilios a un segundo individuo que sobrevivió al ataque, quien fue trasladado de urgencia al Hospital General Fernando Quiroz para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de las heridas sufridas.

 

La persistencia de estos niveles de violencia ha generado una profunda indignación entre los habitantes de Valle de Chalco, quienes recuerdan que las autoridades locales fungen como los primeros respondientes ante la ciudadanía. De acuerdo con el marco legal e institucional, el Ayuntamiento tiene la responsabilidad directa de garantizar la seguridad pública y la prevención del delito dentro de su demarcación territorial. Por ello, diversos sectores sociales exigen que Velasco Agüero "dé la cara" y asuma las riendas de la estrategia de seguridad antes de pretender presentarse nuevamente en las urnas para solicitar el sufragio popular.

 

Los inconformes señalan que el presidente municipal constitucional tiene la obligación jurídica y moral de gobernar con eficacia hasta el último día de su mandato en curso. La percepción generalizada en las colonias periféricas es que la gestión local se encuentra paralizada por las aspiraciones políticas del alcalde, dejando un vacío de poder que es aprovechado por las organizaciones criminales para operar con total impunidad.

 

El debate en torno a la inseguridad en Valle de Chalco también ha tomado un tinte político y estructural. Durante años, los representantes del partido oficialista argumentaron que el combate a la delincuencia organizada en el Estado de México se veía obstaculizado porque la gubernatura y las instituciones estatales estaban en manos de administraciones de oposición, específicamente del PRI. Sin embargo, el panorama político actual ha cambiado drásticamente.

 

Hoy en día, Morena concentra la totalidad del poder político en la entidad: la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabeza el Poder Ejecutivo estatal y el partido cuenta con una sólida mayoría en la Legislatura local. Ante este escenario de alineación política entre los tres niveles de gobierno, los ciudadanos cuestionan cuál es el pretexto actual de alcaldes como Alan Velasco Agüero para no entregar resultados concretos en materia de pacificación. La concentración de recursos y la coordinación institucional ya no enfrentan las barreras del pasado, por lo que la persistencia de las ejecuciones es interpretada por la comunidad como una muestra de ineficacia y falta de voluntad política para proteger a la población que depositó su confianza en las promesas de cambio.

TIRANÍA EN VALLE DE CHALCO: ALAN VELASCO DESPOJA A

 VECINOS DE SU ÚNICO PARQUE

 

*Con un centenar de policías como brazo represor, el alcalde morenista impone cemento sobre área verde violando la ley y traicionando al pueblo que lo eligió

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

VALLE DE CHALCO, Estado de México.— En lo que la comunidad califica como un atropello propio de un régimen autoritario, el gobierno municipal de Valle de Chalco, encabezado por el morenista Alan Velasco Agüero, despojó a los habitantes de la colonia Niños Héroes primera sección de su único espacio verde. Sin mediar palabra, sin asambleas ciudadanas y violando la legalidad, el parque ubicado en la calle Sur 6 (entre Poniente 1 y Poniente 3) fue completamente acordonado para iniciar la demolición de su infraestructura.

 

La indignación de los vecinos escaló rápidamente al encontrarse de frente con un cerco de casi un centenar de policías municipales. Testigos en el lugar denunciaron la actitud sumisa e ignorante de los uniformados, quienes en lugar de combatir los altos índices delictivos que azotan a la demarcación, se prestaron como un grupo de choque para cerrarle el paso a las familias y amedrentar a cualquier ciudadano que intentara defender el predio.

 

Para los colonos, este conflicto pone al descubierto la verdadera naturaleza de la administración de Alan Velasco Agüero, a quien acusan de actuar como un tirano que desprecia el diálogo directo con los habitantes. Mientras las patrullas bloqueaban las calles para consumar el despojo, el presidente municipal brilló por su ausencia, una conducta que los afectados señalan como su sello personal desde que asumió el cargo.

 

"Es el mundo al revés: los sueldos de estos policías se pagan con nuestros impuestos, y hoy los usan para someternos y reprimirnos en nuestra propia colonia", reclamó uno de los manifestantes inconformes.

 

La imposición de este proyecto no solo carece de legitimidad social, sino que pasa por encima del marco legal vigente en el Estado de México. De acuerdo con especialistas en desarrollo urbano, la obra viola directamente el Artículo 2.96 del Código para la Biodiversidad del Estado de México, el cual establece con claridad que las áreas verdes y parques están reservados exclusivamente para la preservación ecológica, la recreación y el esparcimiento familiar.

 

Si bien Valle de Chalco enfrenta deficiencias históricas en infraestructura escolar, la destrucción de un parque resulta incompatible con el uso de suelo legal, además de vulnerar el derecho humano a un medio ambiente sano garantizado en el Artículo 4º de la Constitución Federal. La construcción de planteles debe ejecutarse en las zonas destinadas a equipamiento urbano, no mediante la eliminación de los escasos pulmones ecológicos que le quedan al municipio.

 

El descontento ha calado hondo en la base social de la localidad, provocando un abierto arrepentimiento entre quienes otorgaron su voto al partido oficialista bajo la promesa de que "el pueblo decidiría" a través de consultas ciudadanas. Los vecinos afirman que las promesas de la llamada "Cuarta Transformación" quedaron en el olvido, siendo sustituidas por imposiciones unilaterales.

 

La prisa por levantar la obra sin la autorización de la comunidad obedece, según los propios afectados, a compromisos políticos opacos y pactos con organizaciones que buscan el control de la futura escuela. A pesar del despliegue represivo de la policía municipal, los habitantes de la colonia Niños Héroes advierten que no darán marcha atrás y mantendrán la resistencia legal y social hasta que se transparenten los contratos y se devuelva el espacio público a las familias.

EN NEZA, LA POLICÍA MUNICIPAL OPERA COMO EL BRAZO

 ARMADO DEL CRIMEN ORGANIZADO

 

*El secreto a voces que las autoridades locales ignoraron explota tras la intervención de la FGR y el Ejército; acusan al ayuntamiento de encubrimiento institucional ante la podredumbre interna

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México. — Bajo el manto de la impunidad local y operando con el descaro que solo otorga la placa oficial, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl ha quedado al descubierto no como un cuerpo de seguridad que garantiza la paz, sino como una sucursal del crimen organizado.

 

El pasado miércoles 28 de octubre, un fulminante operativo conjunto ejecutado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló una parte de la red criminal que opera desde las entrañas de la policía municipal. Las fuerzas federales reventaron los domicilios particulares de tres elementos en activo: el comandante regional Jesús Rubio, el oficial José Galindo y el agente Salim Mendoza.

 

El golpe federal se dio bajo un absoluto hermetismo. A la policía de Neza no se le dio el más mínimo aviso; las agencias federales sabían perfectamente que, de haber notificado a los mandos locales, los hoy detenidos habrían sido alertados para escapar.

 

EL BRAZO ARMADO DE "EL CRIS": SECUESTROS EN PATRULLA OFICIAL

 

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) revelan un panorama aterrador para los habitantes del municipio. Jesús Rubio, José Galindo y Salim Mendoza no solo eran cómplices pasivos; aprovechaban activamente sus cargos, uniformes, armas de cargo y las propias patrullas pagadas con los impuestos públicos para dar cobertura, facilitar logística y participar de manera directa en los secuestros ordenados por el líder criminal apodado "El Cris".

 

Al interior de la corporación, la colusión de estos agentes con el hampa era un secreto a voces. Sin embargo, ni el comisario Vicente Ramírez García ni el alcalde morenista Adolfo Cerqueda Rebollo movieron un solo dedo. Este inmovilismo abre un debate urgente y legítimo: ¿Hasta dónde llega la omisión y dónde empieza la participación del alcalde y su comisario en estos hechos delictivos?

 

LA SOMBRA DE "EL DOCTOR" Y LA ESCUELA DE MANDOS PARA EL CJNG

 

Este escándalo no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una estructura criminal arraigada. Hace algunos meses, un organigrama de inteligencia federal sacó a la luz pública los presuntos vínculos entre funcionarios, policías y operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para mantener el control territorial de la zona oriente.

 

En la cúspide de esta red de poder es señalado José Jorge Amador Amador, alias “El Doctor” o “La Jirafa”, quien por más de una década controló la policía de Neza y posteriormente se incrustó como asesor de seguridad en Ecatepec. De acuerdo con los informes federales, “El Doctor” tenía la encomienda del CJNG de formar y sembrar mandos policiales que operaran para el cartel, encargándose específicamente de cobrar las extorsiones destinadas a financiar a la organización criminal. El hoy capturado comandante regional, Jesús Rubio, fue un jefe policiaco creado y encumbrado bajo la sombra de Jorge Amador Amador.

 

EL SILENCIO CÓMPLICE DE MORENA Y LA POLICÍA DEL HAMPA

 

Resulta condenable el silencio sepulcral que mantiene el alcalde morenista Adolfo Cerqueda Rebollo ante la caída de su comandante regional y sus oficiales. Esta crisis institucional debería provocar la destitución fulminante del comisario Vicente Ramírez García y una limpia profunda e inmediata de la corporación. No obstante, la podredumbre apenas comienza a salir a la superficie: trascendió que existen al menos diez órdenes de aprehensión pendientes en contra de más policías de Neza que serán ejecutadas en el futuro cercano, lo que sugiere que la mayoría de los mandos actuales sirven al crimen organizado.

 

Lamentablemente, la ciudadanía de Nezahualcóyotl enfrenta la amarga certeza de que las administraciones de Morena no se investigan a sí mismas; por el contrario, la norma política es el encubrimiento mutuo. Mientras el gobierno municipal calla, la población queda desamparada y a merced de una policía delincuente. Los hechos demuestran que la corporación bajo el mando de Vicente Ramírez y Adolfo Cerqueda Rebollo ha renunciado por completo a proteger a los ciudadanos, convirtiéndose en el brazo operativo del crimen organizado.

EL NARCO Y EL PODER: MORENA BAJO SOSPECHA

 

*La controversia por la presunta reunión de Ariadna Montiel con El Guano exhibe una peligrosa confusión entre los intereses del partido gobernante y las obligaciones del Estado. El desmentido oficial no esclarece el fondo de las acusaciones ni despeja las dudas sobre una posible intervención criminal en las elecciones de 2024

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

La respuesta del Gobierno federal a las revelaciones del periodista Héctor de Mauleón abrió una disputa entre el poder político y la prensa que va mucho más allá del debate mediático tradicional. El caso pone sobre la mesa una interrogante sumamente delicada sobre la autonomía y la independencia de las instituciones encargadas de la seguridad nacional en México: ¿el Estado realmente está investigando los posibles vínculos entre la delincuencia organizada y partidos políticos, incluyendo a Morena, o está utilizando su aparato institucional para defender políticamente a sus dirigentes?

 

La controversia estalló tras publicarse información sobre un presunto encuentro en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, entre Ariadna Montiel, actual presidenta nacional de Morena, y Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano", hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Según lo expuesto por De Mauleón, un reporte de inteligencia de carácter federal documentaba una negociación para apoyar a candidatos oficiales durante el proceso electoral de 2024 a cambio de mantener control territorial. Aunque el propio periodista aclara en su texto que el acuerdo no está acreditado públicamente y que se desconocía si la reunión finalmente se concretó, la gravedad específica de los señalamientos exigía un tratamiento estrictamente técnico, ministerial e institucional, lejos de la confrontación política.

 

Lo que transformó este episodio en un escándalo político mayor fue la inmediata y conjunta intervención del Gabinete de Seguridad federal, integrado por las secretarías de Defensa y Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A través de una carta aclaratoria, estas dependencias negaron de forma contundente la existencia de información oficial que confirmara el reporte citado. Sin embargo, en el terreno de la inteligencia penal, negar la existencia de un registro oficial indexado no equivale automáticamente a demostrar que la investigación previa, las carpetas informales o los testimonios de las fuentes consultadas por el periodista no existan. La respuesta gubernamental esquivó preguntas clave de fondo: ¿se realizó una búsqueda exhaustiva y rigurosa en los archivos de todas las dependencias durante el periodo electoral de 2024? ¿Se indagó de manera interna el origen de la presunta filtración antes de emitir el desmentido?

 

La historia reciente del país ha demostrado con creces que la delincuencia organizada no necesita gobernar formalmente para ejercer el poder real; le basta con condicionar candidaturas, financiar estructuras locales y controlar territorios clave. Por esta razón, cualquier indicio de un pacto político-criminal debe ser investigado con absoluta independencia y neutralidad, sin permitir que la filiación partidista o la relevancia pública de los señalados dicte el alcance o la profundidad de las indagatorias jurídicas.

 

Mientras la dirigencia de Morena y sus militantes tienen el legítimo derecho de defender su reputación frente a acusaciones que consideren falsas, las instituciones del Estado tienen una obligación constitucional radicalmente distinta: actuar con estricta imparcialidad. La inusual rapidez del desmentido oficial en este caso contrasta con la lentitud o la falta de resultados visibles en otros expedientes de alto impacto político y de seguridad, lo que termina alimentando la percepción pública de una selectividad institucional diseñada para dar cobertura política al movimiento gobernante. México no necesita instituciones de seguridad que actúen como escudos de contención para proteger las siglas de un partido; necesita un Estado firmemente dispuesto a investigar hasta las últimas consecuencias, incluso cuando los nombres señalados pertenezcan al oficialismo.