PENAL EL MOLINO DE LAS FLORES BAJO SOSPECHA: ACUSAN AL DIRECTOR DE ENTREGAR EL CONTROL A UN REO Y PERMITIR RED DE CORRUPCIÓN

 

*Familiares denuncian desvío de víveres, extorsiones, drogas y privilegios ilegales; ataque armado previo exhibe la crisis y el vacío de autoridad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 13 de febrero de 2026.— El nombre de Mario Alberto Santamaría Méndez, director del penal El Molino de las Flores, volvió a colocarse en el centro de la polémica, tras nuevas acusaciones de familiares de internos que denuncian una presunta red de corrupción, abuso y control criminal al interior del centro penitenciario.

 

De acuerdo con testimonios de familiares e información proveniente de fuentes internas, el funcionario penitenciario habría entregado el control operativo de los víveres y otros recursos al interno conocido como “El Adrián”, quien presuntamente administra alimentos, privilegios y actividades ilegales dentro del penal con la anuencia de la propia dirección.

 

Los denunciantes aseguran que los víveres enviados por el gobierno del Estado de México, que deberían ser distribuidos equitativamente entre las personas privadas de la libertad, no llegan completos a su destino. Parte de estos suministros, transportados en camionetas oficiales, son desviados hacia otros lugares por órdenes del interno, sin que exista intervención o sanción alguna por parte de la autoridad penitenciaria.

 

PERO EL PRESUNTO NEGOCIO NO SE LIMITA AL DESVÍO DE ALIMENTOS

 

Según las denuncias, dentro del penal se ha instaurado un sistema donde todo tiene precio: desde tarjetas telefónicas y el uso ilegal de teléfonos celulares, hasta pagos para evitar labores obligatorias, extorsiones a familiares y el presunto control de la venta de drogas al interior del centro penitenciario. Todo ello, bajo un esquema que, afirman, opera con el consentimiento de la dirección.

 

Fuentes internas señalan que este control absoluto habría sido otorgado desde la llegada de Santamaría Méndez al cargo, quien habría permitido que el interno consolidara su poder como intermediario y operador de estos negocios ilícitos, generando ganancias que ascenderían a cientos de miles de pesos.

 

La gravedad de la situación se agrava por el contexto personal del interno señalado. Según versiones internas, “El Adrián” habría sido diagnosticado con VIH desde 2021, cuando estuvo recluido en el penal Neza-Bordo, y presuntamente se encontraría en una etapa avanzada de la enfermedad. Esta condición, afirman las fuentes, habría sido utilizada como un factor que lo hace menos vulnerable a represalias y más dispuesto a operar sin temor a consecuencias, consolidando todo el control de los internos.

 

La tensión y el deterioro del control institucional habrían escalado a niveles alarmantes. El pasado 6 de diciembre, alrededor de las 02:40 horas, dos sujetos armados a bordo de una motocicleta atacaron el acceso principal del penal, disparando al menos veinte veces contra el portón antes de darse a la fuga.

 

El ataque fue presenciado por el custodio penitenciario Antonio Barrera Díaz, con más de 25 años de servicio, quien observó los hechos desde una torre de vigilancia y dio aviso inmediato a las autoridades. El atentado quedó sentado en la carpeta de investigación TEX/CAJ/AIX/100/338025/25/12.

 

En el lugar, los agresores dejaron además un mensaje intimidatorio dirigido al director del penal, lo que evidencia un clima de amenazas, confrontación y pérdida de control institucional dentro del centro penitenciario.

 

Pese a la gravedad del ataque y a las denuncias persistentes de familiares e internos, el gobierno del Estado de México no ha fijado una postura pública clara ni ha anunciado investigaciones o sanciones.

 

El silencio institucional solo alimenta la percepción de que, dentro del penal El Molino de las Flores, la autoridad formal podría no ser quien realmente manda.

 

Mientras el director enfrenta señalamientos por presuntamente permitir y beneficiarse de una red de corrupción interna, familiares de internos advierten que los verdaderos costos de este sistema los pagan las personas privadas de la libertad, sometidas a extorsiones, carencias y abusos dentro de un espacio que debería estar bajo el control absoluto del Estado.

 

El caso expone, una vez más, la fragilidad del sistema penitenciario y plantea una pregunta inquietante: si el control se ha cedido al interior de las cárceles, ¿quién gobierna realmente tras los muros?

DEL ATAQUE FRONTAL A LA SUMISIÓN POLÍTICA: EL INEXPLICABLE VIRAJE DE AQUILES CÓRDOVA Y ANTORCHA HACIA MORENA

 

*El líder vitalicio antorchista pasó de llamar “desastre” a la 4T a pedir que continúe en el poder, en medio de presuntos pactos con el grupo político de Higinio Martínez en el Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 12 de febrero de 2026.— El repentino y drástico cambio de discurso de Aquiles Córdova Morán, líder nacional de Antorcha Campesina, exhibe no solo una contradicción política monumental, sino una rendición ideológica que revela el verdadero motor detrás de muchas organizaciones que durante décadas han lucrado con el discurso social: el poder.

 

Hace apenas unos meses, el dirigente antorchista no dejaba espacio para la ambigüedad. Describía el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto de la Cuarta Transformación como un fracaso. Hablaba de un país en “zona de desastre”, denunciaba una “tragedia nacional” en salud y seguridad, y calificaba programas insignia como Sembrando Vida como un despilfarro inútil.

 

Acusaba directamente a Morena de haber provocado un “desastre sanitario y económico”, señalando errores graves en el manejo de la pandemia y alertando que la continuidad del partido en el poder significaría un retroceso nacional. En ese momento, Córdova Morán se asumía como opositor frontal y presentaba a su organización como una alternativa política superior.

 

Pero hoy, el mismo personaje que condenaba con severidad al régimen ha dado un giro que raya en la incongruencia absoluta.

 

Ahora afirma que los ataques contra Morena provienen de intereses extranjeros, particularmente de Estados Unidos, y sostiene que, pese a sus fallas, es preferible que continúe el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum antes que permitir que gobierne la derecha.

 

“Mejor que siga la 4T, con los problemas que tiene”, declaró el dirigente antorchista, en una afirmación que contradice de manera directa y brutal sus propias palabras recientes.

 

Este cambio no parece obedecer a una reflexión ideológica ni a una evaluación objetiva de resultados. Coincide, en cambio, con revelaciones sobre presuntos acuerdos políticos entre la dirigencia antorchista y el grupo encabezado por el senador Higinio Martínez Miranda, orientados a influir en la definición de candidaturas en el Estado de México.

 

El señalamiento es devastador, porque implicaría que Morena estaría abriendo la puerta a una organización que durante años fue adversaria y símbolo de las prácticas más cuestionadas del viejo sistema político, desplazando incluso a sus propios militantes.

 

El historial de Antorcha Campesina no es menor. Durante décadas, su nombre ha estado asociado a movilizaciones de presión, confrontaciones violentas y a su estrecha relación con estructuras del antiguo régimen, particularmente con el Partido Revolucionario Institucional. Episodios como los ocurridos durante la toma de protesta del exalcalde Jesús Tolentino Román Bojórquez en el año 2000, donde se registraron hechos violentos, que marcaron la imagen de un grupo señalado por su capacidad de presión y confrontación.

 

Hoy, esa misma organización que acusaba a Morena de llevar al país al desastre, busca espacios dentro del mismo poder que antes condenaba.

 

El viraje no solo pone en entredicho la credibilidad de Aquiles Córdova Morán, sino también la de toda la estructura antorchista, incluyendo a dirigentes como Juan Manuel Celis Aguirre, Telésforo García Carreón, Maricela Serrano Hernández y Brasil Alberto Acosta Peña, quienes durante años construyeron su narrativa sobre la supuesta defensa del pueblo, mientras hoy parecen alinearse con quienes señalaban como responsables de la crisis nacional.

 

La pregunta inevitable es qué queda de su discurso original. Qué explicación pueden ofrecer a sus propias bases, a quienes durante años convencieron de que Morena representaba el fracaso nacional, y que hoy ven a sus dirigentes acomodarse en la órbita del mismo poder que juraron combatir.

 

Más aún, el presunto acercamiento con el grupo político de Higinio Martínez abre una herida interna dentro del propio morenismo. Militantes que construyeron el movimiento desde sus bases observan ahora cómo viejos adversarios podrían ser incorporados como aliados estratégicos, en una maniobra que contradice los principios que dieron origen al partido.

 

Este episodio confirma una vieja constante en la política mexicana: cuando el acceso al poder está en juego, las convicciones desaparecen y el discurso se convierte en una simple herramienta de negociación.

 

El caso de Aquiles Córdova Morán no parece ser la excepción. Su tránsito de acusador implacable a aliado conveniente no refleja una evolución política, sino una adaptación calculada.

 

Y en ese cálculo, la ideología parece haber sido sacrificada en el altar del poder.

CISMA EN LA 4T: SCHERER Y RAMÍREZ CUEVAS DESATAN GUERRA DE ACUSACIONES QUE SALPICA A PALACIO

 

*Dos exhombres de máxima confianza de López Obrador se acusan de corrupción y vínculos criminales; la “unidad del movimiento” cruje desde dentro

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

La respuesta del exvocero presidencial y actual coordinador de Asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas, a las graves acusaciones vertidas en su contra en el libro “Ni venganza ni perdón” de Julio Scherer Ibarra, no solo no apaga el fuego: confirma el cisma que atraviesa al lopezobradorismo.

 

No se trata de adversarios políticos ni de voces opositoras. Son dos de los hombres que estuvieron en el círculo más cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Dos piezas clave del engranaje de poder de la llamada Cuarta Transformación que hoy se señalan mutuamente de conductas que, de probarse, implicarían corrupción, tráfico de influencias y hasta vínculos con el huachicol.

 

Scherer sostiene en su libro que Ramírez Cuevas aparece mencionado en expedientes judiciales de Estados Unidos por su presunto vínculo con el empresario huachicolero Sergio Carmona Angulo. Afirma que habría sido él quien lo acercó al entonces presidente López Obrador y al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para convertirlo en presunto financiador de campañas morenistas en distintos estados, aportando recursos ilícitos a candidatos a alcaldías, diputaciones e incluso gubernaturas.

 

Del otro lado, Ramírez Cuevas responde descalificando a Scherer como “un abogado que salió del gobierno en medio de señalamientos de tráfico de influencia y de extorsión”. Se presenta como un “convencido luchador de izquierda” y exige pruebas. Pero en su defensa pública no aporta evidencia que desmonte puntualmente las imputaciones ni presenta documentación que respalde sus propias acusaciones contra el exconsejero jurídico.

 

La paradoja es evidente: quien durante el sexenio pasado fue operador central de la narrativa oficial y promotor de campañas de descrédito contra periodistas críticos, hoy exige pruebas mientras descalifica sin mostrarlas. Y mientras niega la existencia de una “guerra civil” dentro de la 4T, acusa que el libro de Scherer es un “intento de ataque contra el movimiento” y contra López Obrador y Sheinbaum. Si no hay fractura interna, ¿por qué el intercambio de acusaciones entre dos figuras tan cercanas al poder?

 

No es un detalle menor. Ramírez Cuevas fue el ideólogo del discurso presidencial, el encargado de la confrontación permanente con medios y críticos. Scherer, por su parte, operaba la relación política y jurídica con el Poder Judicial. Ambos tuvieron influencia directa y constante sobre el expresidente. Que hoy se acusen de corrupción y vínculos criminales no solo los exhibe a ellos: proyecta sombras sobre el gobierno que integraron.

 

El contexto tampoco es inocente. Las tensiones con Estados Unidos, las investigaciones judiciales en ese país que presuntamente tocan a figuras del morenismo, la disputa anticipada por candidaturas rumbo a 2027 y los reacomodos que la presidenta Sheinbaum ha comenzado a realizar, están acelerando las fracturas internas. Lo que durante años se sostuvo con la figura dominante de López Obrador comienza a resquebrajarse.

 

Durante el sexenio pasado se insistió en que la 4T era un movimiento unido por principios, no por intereses. Sin embargo, la acumulación de poder sin contrapesos reales parece estar produciendo el fenómeno anunciado: ante la debilidad de la oposición externa, las tribus internas empiezan a convertirse en los verdaderos adversarios.

 

A los señalamientos por fallas, negligencias y sobrecostos en megaproyectos, a las denuncias de enriquecimientos inexplicables y a los escándalos que han rodeado a figuras del oficialismo, ahora se suma esta confrontación directa entre dos exfuncionarios de altísimo nivel. Y en el trasfondo inevitable aparece la pregunta incómoda: ¿qué tanto sabía y permitió el liderazgo que los cobijó?

 

La narrativa de la “transformación moral” enfrenta así una prueba interna más severa que cualquier crítica opositora. Porque cuando las acusaciones surgen desde el corazón mismo del poder, el daño político no proviene de fuera: nace desde adentro. Y, esa es la fractura más peligrosa.

BOMBA EN PALACIO: LIBRO DE SCHERER REVELA VÍNCULOS DEL “REY DEL HUACHICOL” CON EL CÍRCULO MÁS CERCANO AL PODER

 

*Jesús Ramírez y Mario Delgado, señalados en “Ni venganza ni perdón” como piezas clave en la trama que habría financiado campañas de Morena con dinero del mercado ilegal de hidrocarburos

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de febrero de 2026.— Una revelación sacude el corazón mismo del poder. El libro “Ni venganza ni perdón”, escrito por Julio Scherer Ibarra —exconsejero jurídico de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador— y el periodista Jorge Fernández Menéndez, no sólo abre grietas en la narrativa oficial de la 4T: lanza acusaciones que golpean directamente al gobierno de Claudia Sheinbaum.

 

El volumen, que comienza a circular a partir de hoy bajo el sello Planeta, coloca en el centro de una delicada trama al actual jefe de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y al hoy secretario de Educación, Mario Delgado. No se trata de rumores externos ni de filtraciones opositoras: la versión proviene de uno de los hombres más cercanos al expresidente, con acceso privilegiado al núcleo de decisiones del primer tramo del sexenio.

 

Según se narra en el libro, fue Jesús Ramírez Cuevas quien abrió las puertas de Palacio Nacional a Sergio Carmona, conocido como el “Rey del Huachicol”, un personaje que —afirman los autores— llegó a controlar hasta un tercio del mercado ilegal de hidrocarburos en la frontera norte del país. Carmona, asesinado en noviembre de 2021 tras presuntamente entrar en tratos con agencias de seguridad estadounidenses, habría sido pieza clave en el engranaje electoral de Morena en el norte.

 

La acusación es directa: Ramírez Cuevas no sólo facilitó reuniones estratégicas, sino que presentó a Carmona con el entonces dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. El libro sostiene que parte de las ganancias del tráfico ilegal de combustibles “bañaron” campañas del partido oficial en las elecciones intermedias de 2021, particularmente en Tamaulipas, Sonora y Sinaloa.

 

Más aún: se maneja la versión de que el propio Carmona se habría reunido con López Obrador.

 

Hoy, mientras Carmona está muerto,  Mario Delgado ocupa la Secretaría de Educación Pública en el gobierno de Claudia Sheinbaum —y se menciona incluso su posible regreso a la dirigencia nacional del partido—, y Ramírez Cuevas funge como jefe de asesores presidenciales. Según el libro, su nombre ya figura en cortes de Nueva York y Texas, un dato que podría tener implicaciones internacionales.

 

Pero el golpe no termina ahí.

 

Scherer Ibarra dibuja a un presidente que “casi no leía los periódicos” y cuya principal fuente de información eran las tarjetas que Ramírez Cuevas dejaba en su escritorio y los comentarios que le hacía camino a la mañanera. En ese trayecto —según el relato— se cocinaba la agenda pública.

 

“Le refería todo lo que le interesaba que el presidente escuchara. De ese modo se daba la gran manipulación, aderezada con preguntas siempre a modo”, escribe Scherer. Y remata: el presidente respondía a temas que eran de interés de Jesús Ramírez, no necesariamente del gobierno ni del país.

 

El exconsejero jurídico admite que la mañanera estuvo poblada de “seudoperiodistas” al servicio del “gran manipulador”, y que el sistema de medios públicos operó para satisfacer los deseos del vocero y su círculo. La información —según el libro— se filtraba y se moldeaba, generando “un gran daño tanto al presidente como a la sociedad”.

 

En paralelo, se describe una red de comunicadores y empresas favorecidas con contratos millonarios y publicidad oficial. Entre los casos señalados destaca el periódico Regeneración, que habría recibido 2 mil 800 millones de pesos durante el sexenio lopezobradorista, actuando —según el relato— como un instrumento incondicional del régimen.

 

Paradójicamente, mientras Scherer intenta presentar a López Obrador como el gran traicionado, el libro va dejando huellas que alcanzan a figuras clave del obradorismo, algunas aún incrustadas en el actual gobierno.

 

La pregunta inevitable es política y judicial: ¿habrá consecuencias? Porque si las revelaciones provienen del corazón mismo de la 4T, el escándalo no puede despacharse como ataque opositor. Se trata de un testimonio interno que, de confirmarse, configuraría uno de los capítulos más oscuros del financiamiento político reciente.

 

El libro apenas comienza a circular. Pero sus “misiles”, como los llama el propio relato, ya impactaron en Palacio Nacional.

NARCOALCALDES: LA BASE PODRIDA DEL PODER EN MÉXICO

 

*Municipios sometidos, alcaldes ejecutados y partidos infiltrados: la narcopolítica ya gobierna desde lo local

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 9 de febrero de 2026.— El caso del narcoalcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, no es una anomalía ni un hecho aislado: es el retrato crudo de un país donde el poder municipal —el primer contacto entre el Estado y la ciudadanía— ha sido capturado, sometido y administrado por el crimen organizado.

 

Lo ocurrido en Tequila se repite como una receta criminal en decenas de municipios del país. Los cárteles no solo infiltran ayuntamientos: imponen candidatos, financian campañas, someten alcaldes y gobiernan con la ley de “plata o plomo”. Hoy, en amplias regiones de México, los presidentes municipales no gobiernan para la gente, sino para los capos que los pusieron o los amenazan.

 

El fenómeno atraviesa estados completos: Estado de México, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas, Sinaloa, Oaxaca y muchos más. Municipios enteros están secuestrados por los tentáculos del narco, mientras los gobernadores —cuando no son cómplices— se lavan las manos bajo el cómodo argumento de que “son delitos federales”. Así, los alcaldes quedan abandonados: o se someten, o los matan.

 

Las cifras son demoledoras y exhiben el fracaso del Estado mexicano. En México asesinan a un alcalde cada dos meses y medio. De 2000 a la fecha, 119 presidentes municipales han sido ejecutados. El sexenio de Enrique Peña Nieto encabezó la lista con 42 asesinatos; Felipe Calderón registró 37; López Obrador, 26; y en el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum ya van 10 alcaldes asesinados, una tendencia que apunta a convertirse en el periodo más sangriento.

 

El asesinato de alcaldes no es daño colateral: es método de control. Lo demostró el caso del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien se negó a someterse al imperio criminal y terminó pagando con su vida el intento de gobernar con dignidad. Y ahora, el escándalo de Tequila confirma una nueva etapa del crimen organizado: los cárteles ya no negocian con alcaldes incómodos; ahora seleccionan a los suyos y los colocan en las boletas.

 

Capos como Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ya no se desgastan presionando autoridades rebeldes. Hoy eligen operadores, los infiltran en partidos políticos —en este caso Morena— y los convierten en presidentes municipales. Una vez en el cargo, estos narcoalcaldes no administran municipios: extorsionan, cobran cuotas, saquean el erario y entregan millones a sus jefes criminales, incluso colocando a sicarios y operadores del cártel en la nómina municipal.

 

El caso de Tequila solo estalló porque Estados Unidos intervino. Fue el presidente Donald Trump quien ordenó investigar al alcalde por afectar intereses de empresarios estadounidenses. Dentro de Morena, el vínculo del edil con el CJNG era conocido desde hace tiempo, pero nadie hizo nada. Silencio, encubrimiento y complicidad.

 

La pregunta es inevitable: ¿cuántos Diegos Rivera Navarro gobiernan hoy en México?

La narcopolítica no nació arriba; se construyó desde abajo, desde las alcaldías. Primero sometieron municipios, luego gobernadores —varios ya señalados por vínculos criminales— y por encima solo quedan la Presidencia de la República y los poderes Legislativo y Judicial, cada vez más cercados por la sombra del dinero sucio.

 

Si el Estado mexicano quisiera desmantelar de verdad las redes políticas del narco, tendría que empezar por auditar, investigar y depurar todas las presidencias municipales. Porque como demuestra Tequila, los municipios con turismo, comercio, agricultura o industria son hoy minas de oro para el crimen organizado.

 

La violencia lo confirma. Tan solo la semana pasada: Atentaron contra la alcaldesa de Ayotoxco, Puebla. Emboscaron al alcalde de Temoac, Morelos. Balearon la casa del presidente municipal de Banderilla, Veracruz. Intentaron asesinar al alcalde de Zacualpan, Veracruz, junto a su esposa.

 

LA LISTA CRECE. LA SANGRE CORRE. Y EL ESTADO SIGUE AUSENTE

 

¿Cuántos alcaldes más deben morir por no someterse al narco?

 

¿Cuántos municipios más deben rendirse para que alguien actúe?

 

Tequila es apenas la punta del iceberg de una claudicación histórica del Estado mexicano. La narcopolítica —heredada del PRI, tolerada por el PAN y profundizada por Morena bajo la farsa de los “abrazos, no balazos”— sigue avanzando como un cáncer que carcome las instituciones.

 

Negar que vastas regiones del país están gobernadas por los cárteles es insultar la inteligencia nacional. Cuando los partidos postulan operadores del narco y los alcaldes independientes son asesinados, el mensaje es claro: en muchos municipios de México, el narco ya gobierna.

TIEMPOS DE TRAIDORES: MADURO CANTA, EL POPULISMO SE DERRUMBA

 Y AMLO QUEDA EN LA MIRA DE TRUMP

 

*Dictadores del sur se quiebran, delatan a sus socios y confirman la alianza entre narcopolítica y poder en México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de febrero de 2026.— No es una teoría conspirativa ni un delirio de sobremesa: es cuestión de tiempo para que todo se destape. El continente vive tiempos de traidores, tiempos en los que los autoproclamados “líderes populistas” dejan de lado la retórica soberanista para convertirse en soplones de manual, dispuestos a entregar a cualquiera con tal de salvar el pellejo.

 

Hoy queda claro que muchos de los llamados populistas latinoamericanos dicen y hacen lo que les dicta el tirano del norte, obedeciendo instrucciones telefónicas, aceptando humillaciones públicas y agachando la cabeza frente a Washington. El discurso antiimperialista se esfuma cuando la amenaza es real.

 

El caso mexicano es emblemático. La presidenta de México, lejos de mostrar carácter o dignidad institucional, reacciona diariamente a los designios de Donald Trump, exhibiendo una imagen de sumisión que raya en el servilismo. La soberanía se quedó en los discursos de campaña.

 

Pero México no está solo en esta tragicomedia continental. Hace apenas unos días, el presidente colombiano Gustavo Petro terminó por doblarse ante la presión del gobierno estadounidense, que dejó entrever incluso la posibilidad de su derrocamiento. El resultado fue predecible: Petro se bajó los pantalones para conservar el cargo. El populismo es valiente… hasta que le tocan el expediente.

 

Sin embargo, el espectáculo más vergonzoso lo protagoniza Nicolás Maduro. El dictador venezolano, acorralado y sin salida, entró en una auténtica diarrea discursiva, en la que comenzó a vomitar información sensible a los agentes norteamericanos, revelando los vínculos de su régimen con políticos del continente.

 

Según esas revelaciones, la dictadura venezolana habría financiado proyectos políticos aliados para garantizar su hegemonía regional. Y entre los nombres que comenzaron a salir a flote aparece uno que durante años fue intocable: Andrés Manuel López Obrador.

 

Maduro habría confesado que Hugo Chávez financió la campaña presidencial de AMLO en 2006, y que el propio régimen venezolano utilizó al narcotráfico mexicano como plataforma logística para negocios personales y tráfico de drogas. Todo, a cambio de protección política y alianzas ideológicas.

 

Nada de esto sorprende a quienes advirtieron desde enero de 2026 que Maduro terminaría delatando a López Obrador. Era inevitable. Cuando el dictador entiende que su única moneda de cambio es la traición, no duda. Traiciona a socios, “hermanos”, aliados y hasta a sus propios cómplices.

 

Vivimos tiempos bíblicos, donde se repite la historia de Caín y Abel. Tiempos en los que criminales, ladrones y narcodictadores entregan a los suyos a cambio de perdón, justicia suave o privilegios familiares. Nicolás Maduro no es la excepción: es el ejemplo perfecto.

 

Pero la traición no es un accidente; es parte de la estrategia. El “golpe de fuerza” impulsado por el gobierno de Donald Trump contra la dictadura venezolana tiene un objetivo claro: hacer hablar a Maduro. “Escucha Juan, para que entiendas Pedro”. Venezuela es solo una pieza del ajedrez.

 

El mensaje es claro: el siguiente en la mira es López Obrador. ¿Por qué? Porque es un secreto a voces que el régimen venezolano financió a Morena y que el modelo mexicano replica el mismo esquema de poder entregado al crimen organizado.

 

Trump no lo dijo con rodeos. El 4 de enero de 2026 lo dejó claro al mundo: “México tiene que poner orden porque las drogas están entrando a caudales… desafortunadamente los cárteles controlan México”.

 

La pregunta es obligada: ¿Cómo debe leerse ese mensaje? Como la señal inequívoca de que Trump no solo va por Maduro, sino que uno de sus mayores trofeos será exhibir la alianza entre el poder político mexicano y los cárteles criminales, principales socios del régimen venezolano.

 

Por eso Trump empuja, presiona y asfixia. Porque sabe que Maduro terminará traicionando a Obrador y a Sheinbaum. Solo es cuestión de tiempo. Y en estos tiempos, el que primero habla… sobrevive. 

CHIMALHUACÁN: EL ROBO ESTABA DENTRO DE LA PATRULLA

 

*Cateo destapa megacentro de autopartes robadas y exhibe a policías municipales protegidos por el mando

 

Por: EXPEDIENTE SECREETRO

 

CHIMALHUACÁN, Estado de México, 8 de febrero de 2026.— Lo que comenzó como la denuncia por el robo violento de un vehículo terminó por destapar una cloaca de corrupción incrustada en la propia policía municipal de Chimalhuacán. Más de 30 toneladas de autopartes robadas, una caja seca con medios de identificación adulterados y cinco personas detenidas, entre ellas dos policías municipales en activo, fue el saldo de un cateo que confirma lo que al interior de la corporación era un “secreto a voces”: el crimen operaba con placa, uniforme y con protección.

 

El pasado 5 de febrero, un operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal, derivado de una investigación iniciada tras el robo con violencia de un automóvil ocurrido el pasado 26 de enero en este municipio. A partir de la denuncia, el Ministerio Público logró acreditar ante un juez la posible ubicación del vehículo y obtuvo la orden judicial para catear un inmueble en una colonia de Chimalhuacán.

 

Ahí, las autoridades encontraron un auténtico centro de desmantelamiento y acopio ilegal: cofres, parrillas, fascias, cajuelas, piezas eléctricas y cajas de plástico pertenecientes a vehículos de distintas marcas y modelos, además de una caja seca con identificación alterada, también cargada con autopartes de procedencia ilícita.

 

“Las investigaciones permitieron identificar el predio donde se encontraba la unidad robada y asegurar elementos clave para los procesos legales”, informó la Fiscalía del Edoméx.

 

El inmueble quedó asegurado por orden del Ministerio Público para preservar las evidencias y continuar las investigaciones que permitan determinar la procedencia de las autopartes y la situación jurídica del predio. Sin embargo, lo más grave no fue el volumen del botín, sino quiénes lo custodiaban.

 

Entre los detenidos se encuentra un hombre de apellido Carrillo, policía municipal en activo, adscrito a la Región 1, primer turno, así como Marelis Varilla, también policía municipal en funciones, adscrita a la Región 3. De acuerdo con testimonios de sus propios compañeros, ambos eran considerados “los consentidos” del director operativo Arturo Hernández Ortega, conocido dentro de la corporación con el indicativo “Centurión”, a quien presuntamente le “arrimaban” fuertes cantidades de dinero.

 

Al interior de la policía municipal, señalan fuentes consultadas, era sabido que los hoy detenidos operaban como delincuentes protegidos y solapados por el mando operativo, mientras la ciudadanía era extorsionada y asaltada por quienes juraron protegerla.

 

Y MIENTRAS LA PODREDUMBRE SALE A FLOTE, EL SILENCIO OFICIAL ES ENSORDECEDOR

 

La alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez no ha emitido una sola declaración pública comprometiéndose a limpiar la corporación ni a romper con las redes de corrupción que hoy quedan exhibidas. Tampoco ha fijado postura ante los señalamientos de que los extorsionadores de negocios serían policías municipales adscritos al área de inteligencia.

 

La omisión no es menor. Ni la presidenta municipal ni la gobernadora Delfina Gómez han anunciado acciones concretas para depurar la policía de Chimalhuacán y poner fin a la impunidad de quienes, con uniforme oficial, operan como ratas disfrazadas de policías.

 

Mientras tanto, la pregunta queda en el aire: ¿Cuántos centros de robo más operan bajo la protección del poder municipal y cuántos “Centuriones” siguen cobrando su cuota a costa de la seguridad de la gente?

 

En Chimalhuacán, una vez más, quedó claro que el crimen no estaba escondido: estaba uniformado.

EL AGUA COMO ARMA: MORENA ENTREGA LOS REYES

 LA PAZ AL CRIMEN ORGANIZADO

 

*Tranquilino Lagos y Martha Guerrero desatan una guerra contra los más pobres al permitir que el Sindicato 22 de Octubre controle, venda y extorsione con el agua

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Los Reyes La Paz, Estado de México, 8 de febrero de 2026.— La indignación social en las partes altas de Los Reyes La Paz ha cruzado un punto de no retorno. El control absoluto del agua potable quedó en manos del crimen organizado con el aval de Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez, una decisión que hoy amenaza con detonar una explosión social de consecuencias impredecibles.

 

De acuerdo con testimonios vecinales y fuentes internas del propio gobierno municipal, Tranquilino Lagos permitió que el grupo criminal Sindicato 22 de Octubre se apoderara de la venta, distribución y control político del agua, utilizando el recurso más básico para la vida como instrumento de extorsión, sometimiento y afiliación forzada a Morena, mientras el personaje conocido como “El Trancas” opera el control territorial y político de la zona.

 

Lo que ocurre en La Paz no es un conflicto administrativo ni un problema de gestión: es una entrega deliberada del municipio al crimen organizado, con el agua como moneda de cambio y el hambre y la sed como métodos de control social.

 

DEL DISCURSO DE “PRIMERO LOS POBRES” A LA REPRESIÓN CONTRA LOS POBRES

 

El enojo popular ya se transformó en confrontación abierta. El bloqueo del pozo ubicado en la calle Dalia, en la comunidad de El Potrero, en la colonia Lomas de San Sebastián, fue respondido con grupos de choque ligados directamente a la presidenta municipal y a su esposo, quienes intentaron amedrentar y reprimir a los vecinos inconformes.

 

Ese conato de violencia no fue un hecho aislado: marcó el inicio de una guerra frontal del gobierno municipal contra su propia gente, contra el sector más pobre y vulnerable de Los Reyes La Paz. La señal fue clara: quien proteste, será intimidado; quien no se someta, será castigado.

 

ADVERTENCIAS IGNORADAS Y UN MUNICIPIO AL BORDE DEL ESTALLIDO

 

Incluso colaboradores cercanos de la pareja gobernante, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, confirmaron que ya pidieron directamente a Tranquilino Lagos y a Martha Guerrero que saquen a la mafia del control del agua, advirtiéndoles que de no hacerlo “todo va a acabar muy mal”.

 

La molestia social crece día a día, especialmente al comparar la situación con el municipio vecino de Chimalhuacán, donde el agua es gratuita, mientras que en La Paz se vende, se condiciona y se usa como castigo político. El resultado es un clima de irritación, rabia y hartazgo que avanza peligrosamente hacia un desenlace violento.

 

ANTECEDENTES OSCUROS Y PACTOS QUE HOY COBRAN FACTURA

 

Tranquilino Lagos no es un improvisado ni un actor menor. Su historial está marcado por episodios oscuros. En noviembre de 2008, tres presuntos integrantes del crimen organizado intentaron asesinarlo cuando se dirigía a su domicilio a bordo de una camioneta de lujo, marca NITRO, placas MBV-6033. Resultó herido en el hombro. El hecho quedó asentado en la averiguación previa LR/III/4439/08 por intento de homicidio y lesiones.

 

La pregunta nunca resuelta fue: ¿por qué “El Trancas” nunca dio seguimiento a la denuncia? Hoy, al entregar el control del agua al Sindicato 22 de Octubre, esa interrogante parece tener una respuesta que confirma los peores temores de la población.

 

HUACHICOLEO DE AGUA, EXTORSIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

 

En Los Reyes La Paz se ha instaurado un sistema criminal de extracción y venta ilegal de agua. Mil litros se venden en 100 pesos, más 30 pesos “para el refresco”, pero si el ciudadano no se afilia a Morena, el costo se eleva hasta 270 pesos por mil litros. Además, solo pueden circular pipas del Sindicato 22 de Octubre, cualquier otra es bloqueada, apedreada o robada.

 

Este esquema constituye huachicoleo de agua, delito castigado en el Estado de México con penas de hasta 8 años de prisión, conforme al Artículo 145 del Código Penal estatal, además de multas severas.

 

NOMBRES, OPERADORES Y UNA RED CRIMINAL BIEN ACEITADA

 

El enlace directo entre Tranquilino Lagos y el grupo criminal es Silvia Roano, quien, acompañada por sujetos armados, supervisa la extracción diaria de al menos 100 pipas de agua, vendidas ilegalmente a empresas del Estado de México y la Ciudad de México. Cada pipa alcanza precios de hasta 1,800 pesos.

 

Roano opera públicamente porque Héctor Becerril, actual líder del sindicato, se mantiene oculto, mientras que el máximo dirigente, Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, ex sexto regidor de Chalco por el PVEM, se encuentra recluido en el penal Neza-Bordo, acusado de extorsión, secuestro y otros delitos graves.

 

RESPONSABILIDADES PENALES Y COMPLICIDAD POLÍTICA

 

Tranquilino Lagos no es funcionario público, pero ejerce un poder fáctico sobre un recurso estratégico del municipio. Esa sola condición exige una investigación inmediata por parte de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

 

Pero la responsabilidad no termina ahí. Martha Guerrero Sánchez, como presidenta municipal, no puede alegar ignorancia. Todo apunta a una red de extorsión operada desde el poder municipal, lo que la convierte en cómplice directa de delitos graves que deben ser castigados conforme a la ley.

 

EXIGEN “OPERACIÓN CAUDAL” ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE

 

Los habitantes de las partes altas de Los Reyes La Paz exigen la implementación inmediata de la “Operación Caudal” para desmantelar estas redes criminales que han convertido el agua en negocio, arma política y mecanismo de terror social.

 

El mensaje de la ciudadanía es claro: si el Estado no actúa, la tragedia será inevitable. Morena prometió dignidad y justicia; hoy, en La Paz, gobierna con sed, miedo y criminales.

AUSTERIDAD DE MENTIRA: LA 4T Y LA OBSCENIDAD DEL PODER

 

*Entre peines, maquillaje y zapatos boleados, la 4T convirtió la “austeridad” en un privilegio de élite

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de febrero de 2026.— La Cuarta Transformación ya no gobierna: se burla. Se burla del hambre, de la precariedad, del salario mínimo que no alcanza y del ciudadano al que durante años le repitieron como dogma que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Hoy ese lema no solo está muerto: está escupido, pisoteado y exhibido en vivo desde el propio Senado de la República.

 

Mientras millones de mexicanos sobreviven sin servicios básicos, los legisladores de la 4T disfrutan de un salón de belleza dentro del Senado, pagado con dinero público. No es una metáfora, no es exageración, es la postal exacta de un régimen que prometió acabar con los privilegios… para quedárselos todos. ¿En qué país serio un representante popular tiene estética, peinado y maquillaje financiados por el erario público? En el México de Morena, donde la austeridad solo aplica hacia abajo.

 

La indignación estalló cuando se difundió el video de la senadora del Partido Verde, Juanita Guerra, recibiendo tranquilamente un tratamiento capilar en ese recinto de lujo disfrazado de oficina legislativa. El problema no fue el privilegio —porque ese ya lo dan por hecho—, sino que se atrevieran a exhibirlo. Por eso ahora se habla de “prudencia”, no de cancelarlo. Que vuelva a operar, sí, pero sin cámaras, sin escándalo, sin pueblo mirando.

 

El cinismo alcanzó niveles grotescos cuando la senadora morenista Beatriz Mojica intentó apagar el incendio acusando de misoginia a quienes cuestionan el salón de belleza. Una manipulación vulgar: usar la bandera de género para justificar el despilfarro y los lujos de una clase política desconectada de la realidad. No es misoginia señalar privilegios; misoginia es usar a las mujeres como escudo retórico para proteger la corrupción del poder.

 

Y como si el cuadro no fuera suficientemente ofensivo, también se normaliza que los legisladores varones cuenten con un espacio para bolearse los zapatos. Tan acostumbrados están al trato de realeza, que ahora algunos exigen “equidad”: si se cierra la estética, que también se clausure el área de lustrado. No por austeridad, sino por berrinche. ¿O acaso esperan recibir a alguien tan importante que amerite zapatos relucientes y cabezas perfectamente peinadas?

 

La respuesta la dio la propia 4T hace unos días, cuando circuló un video que quedará marcado como símbolo del nuevo régimen: una mujer arrodillada, limpiando los zapatos del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, minutos antes de un acto oficial en Querétaro. Una imagen humillante, clasista, colonial. La foto perfecta del poder morenista: de pie, cómodo, mientras otros se arrodillan para servirle.

 

Eso es Morena hoy. Eso es la 4T real. No la de los discursos, no la del templete, no la de las mañaneras. La de los privilegios ocultos, la de los salones VIP, la de los servidores públicos convertidos en servidumbre moderna. Un proyecto que prometió dignidad y terminó reproduciendo —con más descaro— los vicios del viejo régimen.

 

La transformación no fue del sistema, fue de los beneficiarios. Cambiaron los colores, cambiaron los nombres, pero el desprecio por el pueblo sigue intacto. La austeridad republicana murió peinada, maquillada y con los zapatos bien boleados, dentro del Senado de la República.

FALSOS POLICÍAS, CRÍMENES REALES: LA PODREDUMBRE QUE

 DESNUDA A LA FISCALÍA DEL EDOMEX

 

*La farsa del uniforme: corrupción interna permitió que el crimen operara desde la propia Fiscalía

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 6 de febrero de 2026.— La detención de 21 personas que se hacían pasar por Policías de Investigación, vinculadas con homicidios, extorsiones y robos de vehículos, exhibe no solo la audacia del crimen organizado, sino la profunda descomposición que carcome a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

 

De acuerdo con la propia Fiscalía, los detenidos operaban con armas de fuego, narcóticos, insignias falsas y vehículos rotulados para simular pertenecer a corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Con esa fachada sembraron terror, despojaron patrimonios y arrebataron vidas en distintas regiones del Edomex, aprovechándose de la confianza —y del miedo— que inspira una placa oficial.

 

Las capturas, resultado de denuncias ciudadanas y publicaciones que evidenciaban conductas criminales, derivaron en un escándalo mayor: 110 expedientes abiertos, entre investigaciones de oficio y denuncias formales. En ellos aparecen señalados 39 servidores públicos de la propia Fiscalía y al menos ocho policías de investigación con probable participación directa en delitos como extorsión y usurpación de funciones públicas.

 

Aunque la FGJEM presume acciones penales contra algunos implicados y procedimientos administrativos contra otros, la magnitud del caso deja claro que no se trata de hechos aislados ni de “manzanas podridas”. El problema es estructural. Durante años, estas redes operaron con total impunidad, bajo la mirada —cuando no la protección— de mandos regionales que hoy siguen intocados.

 

El fiscal general, José Luis Cervantes Martínez, sabe que la corrupción no se gesta en la calle, sino en las oficinas donde se toleran abusos, se archivan denuncias y se reparten favores. Sin una depuración real de los fiscales regionales y de los mandos medios, cualquier detención será apenas un gesto cosmético: se corta la rama, pero se deja intacta la raíz.

 

La captura de falsos policías puede venderse como un avance, pero para la ciudadanía es apenas una confirmación de lo que ya sabía: que el uniforme se ha usado como licencia para delinquir y que la justicia, en el Estado de México, sigue secuestrada por la corrupción. Si no hay una limpia profunda y pública, la Fiscalía seguirá siendo parte del problema y no de la solución.