LA REALIDAD DE LA NOTICIA

K9, PROPAGANDA Y SIMULACIÓN: LA PAZ PRESUME SEGURIDAD MIENTRAS LA INSEGURIDAD Y LA EXTORSIÓN SIGUEN MANDANDO   *Con sueldos de hambre, p...

miércoles, 4 de febrero de 2026

K9, PROPAGANDA Y SIMULACIÓN: LA PAZ PRESUME SEGURIDAD MIENTRAS LA INSEGURIDAD Y LA EXTORSIÓN SIGUEN MANDANDO

 

*Con sueldos de hambre, policías sin dignidad y boletines triunfalistas, el gobierno de La Paz fabrica una seguridad que no existe

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 4 de febrero de 2026.— Entre ceremonias cívicas, honores a la bandera y boletines cuidadosamente redactados, el gobierno municipal de Martha Guerrero Sánchez intenta vender la idea de que la seguridad en La Paz avanza. La realidad en las calles, sin embargo, contradice el discurso oficial: la delincuencia no se ha ido, la percepción de inseguridad persiste y la estrategia parece más enfocada en la propaganda que en resolver el problema de fondo.

 

El anuncio del fortalecimiento de la Unidad K9 —pasar de dos a cuatro caninos— fue presentado como un logro relevante. Pero en un municipio asfixiado por el narcomenudeo, los asaltos y las extorsiones, la medida resulta simbólica y claramente insuficiente. Cuatro perros no representan una política de seguridad, sino un recurso mediático que sirve para encubrir la falta de resultados tangibles.

 

La alcaldesa insistió en que la unidad fue recibida en abandono y que ahora cuenta con instructores certificados y mejores condiciones. El argumento del “todo estaba mal antes” se repite como coartada para justificar la incapacidad de la administración actual. A más de un año de gobierno de Morena, los problemas estructurales de la policía municipal siguen intactos y los ciudadanos siguen sin ver mejoras reales.

 

La morenista Guerrero Sánchez aseguró que la incidencia delictiva ha disminuido gracias a la coordinación con la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. No obstante, incluso el propio gobierno admite que esa supuesta reducción no se percibe entre la población. No se trata de una sensación aislada: vecinos continúan denunciando robos, cobro de cuotas, abusos policiales y venta de droga a plena luz del día, sin que existan cifras públicas, verificables y transparentes que respalden el optimismo oficial.

 

El discurso se apoya en la entrega de uniformes, equipo táctico, kits para armas y nuevas patrullas. Pero el gobierno municipal evita deliberadamente hablar del elefante en la habitación: la miseria salarial de los policías. Hace apenas ocho meses, los propios elementos bloquearon una carretera para exigir un aumento de sueldo. Su ingreso sigue siendo de 3 mil 500 pesos quincenales, una cantidad insultante para quien arriesga la vida todos los días.

 

Con salarios de hambre, no puede sorprender que la corporación sea vulnerable a la corrupción, la extorsión y los malos tratos a la ciudadanía. Pretender combatir la delincuencia sin dignificar a la policía es una receta conocida para el fracaso. El gobierno exige honestidad, pero no garantiza condiciones mínimas de vida; pide disciplina, pero paga una miseria.

 

La alcaldesa también presumió la publicación del Código de Ética Profesional y afirmó que hoy los policías “son más observados” y “grabados”. Pero la vigilancia no sustituye al profesionalismo, ni los códigos impresos sustituyen a una política seria de depuración, sanción y mejora salarial. Sin consecuencias reales, la ética es solo discurso.

 

En La Paz, la seguridad no se construye con boletines optimistas ni con fotos oficiales. Se construye con resultados, transparencia y voluntad política para enfrentar las causas reales del problema. Mientras el gobierno municipal siga apostando a la simulación y evite tocar los temas incómodos, la inseguridad seguirá mandando y los ciudadanos seguirán pagando el costo de un gobierno que confunde propaganda con gobierno.

PRESIÓN DE ESTADOS UNIDOS DERRIBA A ADÁN AUGUSTO DEL SENADO; SE CIERRA EL CERCO CONTRA LA CÚPULA MORENISTA

 

*Investigaciones por corrupción, vínculos criminales y amenazas de sanciones y extradiciones cerraron el paso al intocable de López Obrador y encendieron alertas en la cúpula de Morena

 

Por: EXPEDIENTEE SECRETO

 



CIUDAD DE MÉXICO, 4 de febrero de 2026.— Tras un forcejeo político que se prolongó durante un año, Adán Augusto López Hernández dejó finalmente la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado. No fue una decisión personal —como intentó presentar el gobierno federal—, sino el desenlace de una derrota inevitable frente a la presión directa del gobierno de Estados Unidos, cuyas investigaciones alcanzaron a la esposa del senador y a su red de socios y contratistas millonarios.

 

De acuerdo con información revelada por el periodista Héctor De Mauleón, Washington hizo saber al gobierno mexicano que estaba listo para congelar bienes y activos vinculados al llamado grupo Palenque, una estructura empresarial que obtuvo contratos jugosos en diversas dependencias durante la gestión de López Hernández. La advertencia incluyó incluso la amenaza de formalizar una solicitud de extradición contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como líder del grupo criminal La Barredora.

 

La ratonera se cerró hace unas semanas, durante la última reunión de Adán Augusto con la presidenta Claudia Sheinbaum. La presión desde el norte se volvió insostenible y los márgenes para ofrecerle una salida “digna” se agotaron, luego de una cadena de escándalos que incluyó presuntos actos de corrupción, ingresos millonarios, conflictos de interés, evasión fiscal y posibles vínculos con estructuras criminales. Muchos de estos señalamientos, según las fuentes, fueron filtrados desde el propio gobierno y amplificados por redes digitales vinculadas al aparato de comunicación oficial.

 

Desde septiembre del año pasado, reportajes de The Wall Street Journal y The New York Times colocaron el nombre de Adán Augusto en el contexto de la infiltración del crimen organizado en la política mexicana. Aunque el senador intentó desviar las acusaciones culpando primero a enemigos internos y luego a la “derecha”, sin embargo, el volumen y la precisión de la información solo podían provenir de los más altos niveles del poder.

 

Sheinbaum sabía que heredó en el Senado a un adversario político impuesto por Andrés Manuel López Obrador y protegido por el manto de los “intocables”. El factor Trump —y el endurecimiento de la política estadounidense— lo cambió todo. Desde agosto de 2025, en Palacio Nacional se tenía conocimiento de que López Hernández era investigado por agencias estadounidenses de alto nivel, lo que provocó tensiones constantes con la Presidencia por mantenerlo en una posición clave del Congreso.

 

Lejos de dar un paso al costado, Adán Augusto exigió respaldo de legisladores, gobernadores y figuras centrales de la 4T, respaldo que en su momento le fue concedido por personajes como Alfonso Durazo. Sin embargo, la defensa pública comenzó a erosionar la credibilidad del movimiento. Desde Palacio se pidió frenar el respaldo político, ante la creciente percepción de cinismo e impunidad que marcó el llamado “verano VIP” de las élites morenistas.

 

La ofensiva final incluyó revelaciones sobre discrepancias fiscales y conflictos de interés, mientras altos funcionarios estadounidenses —como Marco Rubio, Christopher Landau y el embajador Ronald Johnson— insistían en el alto costo diplomático de proteger a políticos vinculados con el crimen organizado. Se habló incluso de audios en poder de Omar García Harfuch que formarían parte del expediente contra el exsecretario de Gobernación.

 

Aunque fuentes aseguran que López Obrador intervino para frenar el caso Bermúdez y blindar a su antiguo colaborador, la tumba política ya estaba cavada. Y quien terminó de cerrarla fue el gobierno de Estados Unidos.

 

En la misma reunión en la que se notificó la salida de Adán Augusto de la coordinación senatorial. De acuerdo al periodista Héctor De Mauleón, se advirtió también a Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, que él y su entorno familiar habían sido alcanzados por investigaciones estadounidenses. Un día después, Monreal anunció que tiene firmada su carta de renuncia, apelando a un supuesto “relevo generacional”.

 

Para muchos, 2026 marcó el fin de la borrachera de poder. La resaca, advierten las fuentes, apenas comienza. Y todo indica que ha llegado la hora de pagar la cuenta.

martes, 3 de febrero de 2026

EXIGEN FRENAR LA IMPUNIDAD: TEMEN LIBERACIÓN DE EXCOMANDANTE

 QUE  ASESINÓ A MADRE E HIJO EN LA GAM

 

*Admiten amparo a excomandante acusado del doble homicidio y reavivan el temor de impunidad en la CDMX

 

Por: Rodolfo R. Martín P. y Carlos R.

 



CIUDAD DE MÉXICO, 3 de febrero de 2026.— A más de un año del brutal asesinato de Verónica “N” y su hijo Gael “N”, así como de Gabriela “N”, ocurrido el 17 de noviembre de 2024 en la colonia San Felipe de Jesús, Manuel Hernández, esposo y padre de Verónica y Gael, alzó nuevamente la voz para exigir a las autoridades que no permitan la liberación del responsable del crimen que destrozó a su familia.

 

De acuerdo con la carpeta de investigación FIGAM/UAT-GAM-4UI-1 S/D/02873/112024, judicializada como la causa 012/3159/2024, los hechos se registraron durante una reunión familiar en el domicilio de Hernández, cuando Martín Inocencio Ibarra Pérez, entonces comandante de la policía municipal de Tlalnepantla, Estado de México, arribó al lugar acompañado de otros sujetos y comenzó a agredir verbalmente a los asistentes.

 

Tras una primera riña y una aparente calma momentánea, el exmando policial lanzó amenazas directas: advirtió que regresaría armado. Minutos después cumplió su palabra. Ibarra Pérez volvió al domicilio, irrumpió de manera violenta y abrió fuego contra la familia. Manuel Hernández intentó proteger a su esposa y a su hijo, pero lamentablemente las tres personas fueron alcanzadas por las balas y murieron en el lugar, en un ataque que exhibe el uso criminal del poder policial.

 

Aunque Martín Inocencio Ibarra Pérez y Ernesto García de Jesús permanecen actualmente detenidos, los familiares de las víctimas denunciaron que la jueza Ruby Celia Castellanos Barradas admitió a trámite un amparo promovido por la defensa, bajo el argumento de presuntas violaciones a sus derechos humanos, lo que encendió las alarmas sobre una posible liberación de los acusados.

 

“La justicia no puede convertirse en una burla”, advirtieron los deudos, quienes señalaron que permitir la salida de prisión del excomandante representaría un agravio irreparable no sólo para la familia Hernández, sino para toda la sociedad, al enviar el mensaje de que un policía puede matar y quedar impune, a pesar de que existen múltiples señalamientos y evidencias que demuestran su culpabilidad.

 

El caso también está marcado por retrasos y omisiones graves. A pesar de la gravedad del crimen, el excomandante fue detenido hasta el 21 de junio de 2025, cuando se dirigía a su domicilio en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, y ello sólo ocurrió después de que los familiares ejercieran presión directa sobre la Fiscalía de la Ciudad de México.

 

Los familiares acusaron además al agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero, Atanahel Huecas Solís, de ocultar información y obstaculizar el acceso a la justicia, revictimizando a quienes perdieron a sus seres queridos a manos de un mando policial.

 

Ante este panorama, exigieron la intervención directa de la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, para impedir que el presunto asesino recupere su libertad gracias a la corrupción y a las redes de protección que, aseguran, siguen enquistadas en el sistema de procuración de justicia de la capital.

 

“La vida de dos mujeres y de un niño no puede valer menos que los privilegios de un excomandante”, sentenciaron.

lunes, 2 de febrero de 2026

MILLONES SIN RESULTADOS: EL COMISARIO INTOCABLE DE METEPEC

 Y LA VIOLENCIA QUE NO CEDE

 

*Diez años, millones de pesos y cero resultados: la seguridad de Metepec atrapada entre la violencia y la protección política

 



METEPEC, Estado de México, 2 de febrero de 2026.— Mientras Metepec enfrenta una de las etapas más violentas de su historia reciente, el director de Seguridad Pública municipal, Jesús Ramírez Manzur, acumula más de 9.2 millones de pesos en percepciones salariales a lo largo de la última década, sin que existan resultados verificables que justifiquen su permanencia ni el costo de su gestión.

 

De acuerdo con cifras oficiales de Transparencia, Ramírez Manzur —en el cargo desde septiembre de 2015— recibió tan solo en 2024 un total de 922 mil 511 pesos, suma que incluye sueldo neto, aguinaldo y prima vacacional. Sus ingresos acumulados alcanzaron 7 millones 380 mil pesos en ocho años, cifra que se incrementó con el salario de 2025 y la parte proporcional de enero de 2026, hasta rebasar los 9.2 millones de pesos.

 

El monto no solo resulta elevado: no cuadra con el tabulador municipal. Mientras los salarios oficiales para cargos directivos oscilan entre 64 mil y 78 mil pesos mensuales, los registros de Transparencia muestran que el comisario ha percibido ingresos superiores incluso a los del propio alcalde, evidenciando inconsistencias administrativas graves y una opacidad que nadie ha explicado.

 

VIOLENCIA CONSTANTE, RESULTADOS NULOS

 

El gasto millonario no se tradujo en seguridad. Durante la gestión de Ramírez Manzur, los delitos no han disminuido de manera sostenida. Las cifras de homicidio muestran picos recurrentes entre 2015 y 2025, y el robo a transeúnte, uno de los delitos que más afectan a la población, se ha mantenido entre 300 y 400 casos anuales, sin una tendencia clara a la baja.

 

Los registros municipales tampoco reflejan mejoras en lesiones con arma, robo a casa habitación, robo de vehículos o robo a negocio. En varios rubros, la incidencia actual es similar a la de hace diez años, lo que confirma un estancamiento prolongado en la política de seguridad.

 

Desde 2024, Metepec vive una ola sostenida de ataques armados, ejecuciones y agresiones directas, que exhiben la pérdida de control territorial. Entre los hechos más graves destacan:

 

La ejecución de un hombre en Infonavit San Francisco, asesinado mientras cambiaba la llanta de su vehículo; los agresores escaparon en motocicleta.

 

Un ataque armado en la calle Galeana, en plena cabecera municipal, que dejó un herido y ninguna detención.

 

Nueve balaceras documentadas en un solo año, ocurridas en zonas comerciales y habitacionales.

 

El asesinato del exfiscal regional de Nezahualcóyotl, Elohim Díaz Jiménez, y de un empresario, dentro de un restaurante.

 

Homicidios ligados al despojo de inmuebles, un delito donde confluyen células criminales, intereses económicos y omisiones institucionales.

Solo en 2025 se registraron 11 asesinatos, al menos cuatro vinculados a disputas de predios o grupos criminales.

 

EL COMISARIO QUE NADIE TOCA

 

Pese a este panorama, Ramírez Manzur ha sobrevivido tres administraciones municipales —dos priistas y una panista— sin evaluaciones públicas, sin auditorías visibles y sin rendición de cuentas. Su permanencia está asociada a su cercanía con José Manzur Quiroga, exsecretario general de Gobierno del Estado de México y figura histórica del priismo regional.

 

En una entidad donde suele abrirse investigación inmediata a mandos policiacos por posibles vínculos con el crimen organizado, el caso de Metepec resulta atípico: el comisario jamás ha sido investigado, a pesar del deterioro de la seguridad, la duración inusual de su encargo y sus conexiones políticas.

 

Durante una década, la estrategia de Ramírez Manzur se ha limitado a presencia policial reactiva, sin fortalecer la prevención social, la inteligencia criminal ni una reducción sostenida de los delitos. Hoy, tras millones de pesos invertidos en la jefatura de seguridad, Metepec no solo es más inseguro: es un ejemplo de cómo la impunidad administrativa y la protección política pueden perpetuar el fracaso.

 

La pregunta ya no es cuánto ha costado su gestión, sino por qué nadie la investiga.

domingo, 1 de febrero de 2026

ADÁN AUGUSTO CAE EN EL SENADO: EL VENDAVAL DE LA

 BARREDORA LO ARRASTRA FUERA DE MORENA

 

*La sombra de La Barredora rompe a Morena y sepulta el liderazgo de Adán Augusto en el Senado

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



CIUDAD DE MÉXICO, 1 de febrero de 2028.– De manera repentina, sin discurso de despedida y en medio de un silencio que dice más que cualquier comunicado, Adán Augusto López Hernández dejó la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado y, con ello, la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Su salida ocurre tras meses de desgaste político y bajo la sombra de un escándalo que nunca logró sacudirse: sus nexos con Hernán Bermúdez, el temido “Comandante H”, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora.

 

Fueron ocho meses de resistencia. Ocho meses en los que el tabasqueño soportó críticas, señalamientos públicos, revisiones de propiedades, cuentas y vínculos, mientras repetía que no renunciaría y que se mantendría al frente de la bancada oficialista. Hoy, ese discurso quedó pulverizado.

 

Desde septiembre del año pasado comenzaron a ventilarse las relaciones entre Adán Augusto y Hernán Bermúdez, a quien él mismo nombró secretario de Seguridad al inicio de su gobierno en Tabasco. Bermúdez fue posteriormente acusado, detenido y señalado en expedientes de la Secretaría de la Defensa Nacional como líder de La Barredora, una organización criminal dedicada a la extorsión, el contrabando de drogas y migrantes, el control del huachicol y asesinatos en distintas regiones del estado.

 

Las exigencias de que Adán Augusto dejara el cargo y fuera investigado no solo vinieron de la oposición, sino desde el interior de Morena. El escándalo fracturó a la bancada guinda, donde un grupo de senadores comenzó a cuestionar abiertamente su liderazgo. Aun así, el exsecretario de Gobernación se aferró al cargo, incluso cuando ya no era interlocutor válido con los grupos parlamentarios opositores.

 

A la presión interna se sumaron versiones periodísticas que lo colocan como uno de los políticos mexicanos bajo investigación por autoridades de Estados Unidos, un señalamiento que, aunque no confirmado oficialmente, terminó de minar su posición política.

 

La caída de Adán Augusto se da, además, en un momento clave: en plena negociación de la reforma electoral que será enviada al Senado en la segunda semana de febrero, una de las iniciativas prioritarias para la presidenta Claudia Sheinbaum. Su salida deja a Morena sin uno de sus operadores políticos más experimentados justo cuando más lo necesitaba.

 

Queda la pregunta que recorre los pasillos del Senado y los corrillos políticos: ¿Adán Augusto renunció por voluntad propia o fue empujado fuera del cargo para evitar un mayor costo político al gobierno y a Morena?

 

Por ahora, lo único claro es que el vendaval de La Barredora terminó por alcanzarlo, y el político que alguna vez fue llamado “hermano” del expresidente Andrés Manuel López Obrador salió por la puerta trasera del Senado, cargando un silencio que huele más a caída que a decisión propia.

EXIGEN JUSTICIA POR VANESA: PROTESTAN EN CHIMALHUACÁN POR EL ASESINATO DE UNA ODONTÓLOGA MIENTRAS LA ALCALDESA GUARDA SILENCIO

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

*La mataron trabajando y el gobierno calla: Chimalhuacán suma otro feminicidio en total impunidad

 



CHIMALHUACÁN, Estado de México, 1 de febrero de 2026.– La indignación volvió a desbordarse en Chimalhuacán. Familiares, amigos y conocidos de Vanesa Maricruz Trejo Ramos, odontóloga de 30 años de edad, se concentraron este domingo alrededor de las 8 de la mañana en el kiosco de San Agustín para exigir justicia por su asesinato, ocurrido el pasado 26 de enero, en lo que denuncian como un presunto feminicidio.

 

Con pancartas, consignas y el reclamo que se repite una y otra vez en el Estado de México, los familiares denunciaron públicamente que a Vanesa le arrebataron la vida mientras trabajaba en su consultorio, sin que hasta ahora exista claridad sobre el caso ni responsables detenidos.

 

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, Vanesa salió ese lunes a trabajar a un consultorio ubicado sobre avenida del Peñón, frente a la estación del Mexibús Las Flores, pero nunca regresó a casa. Fue atacada, presuntamente, dentro de su propio espacio de trabajo.

 

Su prima, Alma Trejo, relató los hechos en una publicación que se viralizó rápidamente y que desmonta cualquier intento de criminalizar a la víctima:

 

“Ella no estaba de fiesta, ni borracha. Ella no estaba vestida provocativamente. Ella no iba de noche sola. Ella estaba en su consultorio, trabajando, esperando su comida. ¿Cuál fue su error? ¿Ser mujer? ¡Exigimos justicia! ¡Exigimos llegar al culpable!”

 

El mensaje es claro y demoledor: Vanesa fue asesinada por el simple hecho de ser mujer, en uno de los municipios más violentos y abandonados por las autoridades del Estado de México.

 

Lo más indignante, señalan los manifestantes, es el silencio absoluto del gobierno municipal. Chimalhuacán está gobernado por Xóchitl Flores Jiménez, una alcaldesa emanada de Morena, de quien la sociedad esperaba una postura firme, pública y contundente. Sin embargo, no ha levantado la voz, no ha exigido al Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, resultados, pero, adema, no se ha dignado en acompañar a la familia de la víctima.

 

La omisión resulta escandalosa. Para los familiares, el silencio de la alcaldesa no solo es complicidad pasiva, sino una confirmación de que la delincuencia se ha adueñado del municipio sin resistencia desde el poder local.

 

Este caso también deja en entredicho el discurso oficial del gobierno federal. Para muchos, el lema de la presidenta Claudia Sheinbaum, “llegamos todas”, se estrella contra la realidad de municipios como Chimalhuacán, donde las mujeres siguen siendo asesinadas mientras las autoridades callan.

 

Vanesa Maricruz Trejo Ramos no murió en una riña, no murió en la calle de madrugada, no murió por “andar mal”. La mataron trabajando. Y mientras no haya justicia, su nombre se suma a la larga lista de mujeres asesinadas en el Estado de México, un territorio donde la impunidad sigue mandando.

CATEM: LA MAFIA SINDICAL QUE EXTORSIONA AL PAÍS CON EL SELLO DE LA 4T

 

*Cobros ilegales, amenazas, vínculos criminales y protección política: el imperio de Pedro Haces vuelve a estallar, ahora en Tampico

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



CIUDAD DE MÉXICO, 31 de enero de 2026.- La CATEM ya no es solo un sindicato. Es un aparato de extorsión con estructura nacional, disfrazado de representación laboral y blindado por su cercanía con el poder político. A un mes de que empresarios denunciaran ante autoridades federales un patrón sistemático de chantaje, falsificación de firmas y amenazas de huelga, el escándalo vuelve a estallar, ahora en Tampico, Tamaulipas.

 

Empresarios de la Canaco Tampico acusan a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México de exigir pagos de hasta 25 mil pesos para permitir la descarga de mercancías en el puerto. Un derecho convertido en botín. La denuncia, ya en manos de la Secretaría de Gobernación, señala directamente a Juan Manuel Quezada Rodríguez, directivo de la CATEM, como operador de los cobros ilegales, bajo la dirigencia estatal de Hugo Torteya Chimeli.

 

Pero Tampico no es la excepción: es la confirmación. En diciembre pasado fue detenido en Durango Edgar Rodríguez Ortiz, alias, “El Limones”, identificado como secretario de organización de la CATEM en el estado y señalado por empresarios como extorsionador serial de transportistas y constructores. Su nombre no es menor: organizaciones de La Laguna lo ubican como operador financiero de los Cabrera Sarabia, grupo criminal ligado al entorno de El Mayo Zambada.

 

 

A pesar de ello, el líder nacional de la CATEM y diputado de Morena, Pedro Haces Barba, negó cualquier vínculo. Pero las pruebas lo desmienten. Fotografías eliminadas de las redes del sindicato —y rescatadas por usuarios— muestran a Haces posando sonriente junto a Él Limones, ambos con la camiseta de la CATEM. Para los transportistas, la relación era “un secreto a voces”. Para el poder, un silencio conveniente.

 

En agosto del año pasado, 19 cámaras empresariales de Coahuila y Durango rompieron el miedo y calificaron a la CATEM como lo que es: un “sindicato criminal”. Denunciaron cobros ilegales por transportar ganado, mover materiales de construcción, usar módulos de riego e incluso por cada hectárea sembrada. Un impuesto mafioso impuesto a punta de amenazas.

 

La violencia verbal y el terror quedaron expuestos en audios difundidos públicamente, donde Nassael Armando Cobián Duarte, secretario general de la CATEM en Durango, amenaza con lenguaje brutal a sindicatos de transportistas para forzarlos a afiliarse y pagar cuotas. No era negociación: era sometimiento.

 

Las denuncias se multiplicaron en al menos seis estados —Oaxaca, Veracruz, Querétaro, Estado de México y Puebla, entre otros— donde se habló de desapariciones, privaciones de la libertad, cobros indebidos y alianzas con el crimen organizado. En Altamira y Ciudad Madero, desde mediados de 2025, trabajadores de carga y descarga fueron obligados a firmar su afiliación bajo presión directa.

 

Con más de mil sindicatos bajo su control y alrededor de siete millones de afiliados, Pedro Haces se ha convertido en un factor de poder incómodo dentro de Morena. No es bien visto en Palacio Nacional, no por sus métodos, sino por sus excesos, sus lujos y sus vínculos. Sus relaciones con abogados cercanos a El Mayo Zambada provocaron alarma, y su figura es vista como un muro entre la Presidencia y el sector empresarial.

 

Cuando los escándalos estallaron a nivel nacional, Omar García Harfuch recibió la orden de investigar a la CATEM. El diagnóstico fue lapidario: lo ocurrido en La Laguna no era una anomalía, sino un modus operandi nacional. Desde Palacio se ordenó contener el poder extorsionador del sindicato. Contener, no desmantelar.

 

Hoy, el escándalo revienta en Tampico y deja al descubierto una verdad incómoda: la extorsión también se institucionaliza, cuando el poder mira hacia otro lado. Mientras tanto, en la nómina política de la Cuarta Transformación sigue creciendo la lista de personajes que contradicen, con hechos, el discurso oficial de honestidad y justicia.

sábado, 31 de enero de 2026

MORENA Y SUS ALIADOS: UNA ALIANZA SOSTENIDA POR EL MIEDO,

 EL DINERO Y EL SILENCIO

 

*Entre pactos de impunidad, dinero y presuntos vínculos criminales, Morena sostiene a aliados que ya dejaron de ser comparsas para convertirse en factores de riesgo rumbo a 2027

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



TOLUCA, Estado de México, 31 de enero de 2026.— Morena logró lo que en política suele comprarse caro: retener, por ahora, a sus aliados incómodos, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mediante una “declaración de continuidad” rumbo a 2027 que huele a todo, menos a convicción ideológica y más a pacto de supervivencia.

 

El anuncio se hizo en conferencia de prensa sin preguntas, un detalle menor solo para los ingenuos. Luisa María Alcalde (Morena), Alberto Anaya —propietario de facto del PT— y Karen Castrejón (PVEM) sellaron una alianza que presume éxito electoral, pero que evita explicar su costo político, ético y social.

 

LA REFORMA QUE LOS OBLIGARÍA A SUICIDARSE POLÍTICAMENTE

 

La tensión es evidente: Morena exige a sus aliados respaldar una reforma electoral que elimina legisladores plurinominales y reduce el financiamiento público. Traducido sin eufemismos: les pide firmar su acta de defunción. Si el PT y PVEM aceptan, desaparecen; si no, se convierten en estorbo.

 

Por eso permanecen. No por principios, sino, por intereses millonarios. Ambos partidos han hecho del cobijo de Morena un negocio redondo: cargos, presupuestos, municipios, impunidad. Morena es el vehículo; ellos, los pasajeros que cobran peaje.

 

EL EDOMEX: EL LABORATORIO DEL PRAGMATISMO SIN ESCRÚPULOS

 

En 2023, la coalición Juntos Hacemos Historia llevó a Delfina Gómez a la gubernatura con 3 millones 268 mil votos (52.65%), apenas 8.31 puntos arriba de la oposición. No fue un arrasador mandato popular, sino una victoria quirúrgica que hoy se traduce en poder territorial: 89 de 125 municipios están bajo control de la alianza (Morena 60, PVEM 19, PT 10).

 

El crecimiento del Partido Verde es el dato más inquietante. Bajo el liderazgo de José Alberto “Pepe” Couttolenc, el PVEM dejó de ser satélite y se convirtió en actor central, acumulando gobiernos municipales y estructura política, no exenta de señalamientos graves.

 

EL ELEFANTE EN LA SALA: CRIMEN ORGANIZADO Y PODER MUNICIPAL

 

El caso de Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, sexto regidor de Chalco emanado del PVEM y actualmente detenido en el Penal Neza-Bordo, es imposible de ignorar. De acuerdo con investigaciones, se le señala como operador financiero de una red de extorsión que afecta a transportistas, comerciantes, empresas, además, se le agrega el lucrativo negocio del agua en municipios del oriente del Edomex.

 

El grupo criminal conocido como “El Sindicato 22 de Octubre”, comandado por “El Jimmy”, controla pozos de agua en Neza, Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz, Chicoloapan y Chimalhuacán, elevando el precio de una pipa hasta los 2 mil pesos. Y, aun así, la oposición guarda silencio. Incapaz —o desinteresada— de capitalizar políticamente estos vínculos incómodos.

 

GOBERNABILIDAD O COMPLICIDAD

 

El crecimiento del Verde no ha sido solo electoral, sino estructural. Diecinueve gobiernos municipales, varios integrados por cuadros reciclados del PRI, de Morena y, presuntamente, del crimen organizado. En este contexto, no sorprende la coordinación pública y directa entre el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, y “Pepe” Couttolenc, visible incluso en encuentros al interior del Palacio de Gobierno. El PVEM ya no es un actor secundario. Es un socio exigente, con ambiciones propias y proyección estatal.

 

EL PT: DIVIDIDO Y FUNCIONAL

 

En contraste, el PT vive su propia guerra interna. Óscar González Yáñez disputa el control del partido en el Edomex con Reginaldo Sandoval, dirigente nacional. Una fractura que, de nuevo, la oposición no ha sabido —o querido— aprovechar.

 

UNA ALIANZA QUE SE SOSTIENE POR CONVENIENCIA

 

La ratificación de Morena-PT-PVEM rumbo a 2027 no es gratis. Para mantener la cohesión, Morena ha tenido que moderar su reforma electoral y tolerar excesos de sus aliados. La coalición de la Cuarta Transformación se mantiene no por proyecto de país, sino por oportunismo electoral y por intereses económicos que nadie quiere transparentar.

 

EL FACTOR HIGINIO: LA GRIETA INTERNA

 

Hay, sin embargo, un riesgo latente: Higinio Martínez Miranda. El senador arrastra un resentimiento político profundo al ver cómo sus antiguos pupilos lo rebasaron y cómo la candidatura al gobierno estatal se le aleja definitivamente. Higinio puede convertirse en un factor de sabotaje interno rumbo a 2027. Su capacidad de daño en la elección intermedia es real.

 

La pregunta es si la astucia política de Delfina Gómez y de Horacio Duarte será suficiente para contener una ruptura que, de concretarse, podría exhibir que la alianza que hoy presumen sólida, en realidad está sostenida con alfileres.

 

Porque cuando el poder se construye sobre silencios, pactos inconfesables y dinero, tarde o temprano pasa la factura.

viernes, 30 de enero de 2026

HIGINIO MARTÍNEZ REGRESA AL SENADO: EL RETORNO DEL FACTOR DE DIVISIÓN QUE AMENAZA CON REVENTAR A MORENA EN EL EDOMEX

 

*El cacique de Texcoco reaparece con un discurso de “unidad” que nadie cree, tras un año dedicado a golpear a Delfina Gómez, dinamitar a la 4T y pactar con Antorcha Campesina

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



TEXCOCO, Estado de México, 30 de enero de 2026.– El regreso de Higinio Martínez Miranda al Senado de la República no representa un cierre de filas ni un gesto de reconciliación dentro de Morena, sino la reaparición del principal factor de descomposición interna del partido en el Estado de México. El senador con licencia vuelve justo cuando se discutirá la reforma electoral, en un movimiento calculado y oportunista que huele más a chantaje político que a compromiso con la Cuarta Transformación.

 

Tras más de un año de licencia, Martínez Miranda retorna luego de haberse dedicado, de tiempo completo, a atacar al gobierno de Delfina Gómez Álvarez, a minar la autoridad del secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, y a sembrar la idea de que Morena está dividido. No fue distancia institucional: fue una ofensiva sistemática para debilitar al gobierno que él no encabeza.

 

El senador texcocano, ampliamente conocido como el cacique de Texcoco, no ocultó su desprecio por la unidad del movimiento. Por el contrario, durante meses sostuvo una narrativa corrosiva que fracturó al morenismo mexiquense, provocando un daño profundo al partido que hoy dice querer acompañar. Su supuesto “trabajo por el Edomex” fue, en realidad, una campaña permanente de desgaste contra la gobernadora.

 

Higinio Martínez es el rostro visible del grupo Mexiquenses de Corazón, una marca política creada para hacer campaña anticipada, despilfarrar recursos públicos y presionar al interior de Morena con un solo objetivo: imponer su candidatura al gobierno estatal. Alcaldes alineados a ese grupo han sido utilizados como caja chica política, en una operación descarada que contradice por completo los principios que dice defender la 4T.

 

Pero el daño no termina ahí. En su obsesión enfermiza por el poder, Martínez Miranda construyó una alianza con Antorcha Campesina, una organización priista señalada históricamente por la violencia, el control territorial y un largo historial de muertos. Un pacto que, de confirmarse, no solo es inmoral, sino incompatible con cualquier discurso de transformación.

 

Durante su ausencia, el senador jamás bajó el tono. Sostuvo reuniones, giras y actos partidistas donde arremetió sin pudor contra los grupos afines a Delfina Gómez y Horacio Duarte. Alimentó rumores, tensó la cuerda y apostó al desgaste institucional, todo con la intención de reventar la unidad interna y presentarse como “indispensable”.

 

Ahora, en un acto de cinismo político, anuncia que acompañará el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno estatal, “sin renunciar a opinar”. Traducido al lenguaje real: seguirá saboteando desde dentro, usando el Senado como plataforma para mantenerse vigente y seguir presionando por la candidatura.

 

La presencia de Higinio Martínez en la Cámara Alta no fortalece a Morena, la pone en riesgo. Su capacidad de negociación, su arraigo territorial y su historial de confrontación lo convierten en un agente de inestabilidad, capaz de provocar un rompimiento definitivo en el Edomex si su ambición no es satisfecha.

 

Si el senador realmente quisiera la unidad, el camino sería claro y contundente: romper públicamente con Antorcha Campesina, detener la guerra interna y asumir que su tiempo ya pasó. Mientras eso no ocurra, su regreso al Senado no será recordado como un acto de responsabilidad política, sino como el retorno de un político dispuesto a incendiar su propio partido con tal de gobernar.

 

En Morena lo saben: Higinio Martínez no vuelve para sumar, vuelve para cobrar facturas, aunque en el proceso arrastre consigo al proyecto que dice defender.

miércoles, 28 de enero de 2026

LA PAZ: DISCURSOS DE ORDEN URBANO FRENTE A UN MUNICIPIO SUMIDO EN LA INSEGURIDAD, LA CORRUPCIÓN Y EL ABANDONO

 

*Entre el discurso oficial y la realidad: La Paz se hunde en la inseguridad, la corrupción policiaca y el negocio del agua

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



Los Reyes la Paz, Estado de México, 28 de enero de 2026.- Mientras la presidenta municipal de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, presume coordinación interinstitucional, atlas de riesgo “de los mejores del Estado de México” y módulos de regularización de predios, en los hechos el municipio continúa atrapado en una crisis mucho más profunda y urgente que la mera falta de escrituras: la inseguridad desbordada, la corrupción institucionalizada y la escasez de servicios básicos como el agua potable.

 

El boletín oficial pinta un escenario casi idílico, donde la regularización del suelo aparece como la gran prioridad gubernamental. Sin embargo, la alcaldesa morenista vuelve a recurrir a una constante de su administración: omitir deliberadamente los temas que más lastiman a la ciudadanía. En ningún momento habló del clima de terror que se vive todos los días en colonias de la parte alta y baja del municipio, donde asaltos, extorsiones y abusos policiacos se han normalizado ante la inacción del gobierno local.

 

La inseguridad en La Paz no solo es rampante, sino incontrolable. La población ha tenido que aprender a vivir con miedo, sabiendo que salir a trabajar, transportar mercancía o simplemente circular por las calles implica el riesgo de ser víctima no solo de la delincuencia común, sino —peor aún— de elementos policiacos municipales. De acuerdo con múltiples denuncias ciudadanas exhibidas de manera constante en redes sociales, jefes policiacos, como el que tiene el indicativo “Cancer” habrían instruido a sus subordinados a extorsionar y robar a quien se les atraviese, especialmente a conductores y comerciantes, en un esquema que opera con total impunidad.

 

Pero el silencio de la presidenta municipal no se limita al tema de la seguridad. Tampoco dijo una sola palabra sobre la grave crisis de agua que padecen miles de familias en Los Reyes La Paz. El desabasto del vital líquido se ha convertido, presuntamente, en un negocio redondo para su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, quien según señalamientos ciudadanos habría tejido alianzas con grupos de la delincuencia organizada para monopolizar la venta de pipas de agua, alcanzando precios de hasta mil 700 pesos por carga, una cifra impagable para la mayoría de los habitantes.

 

Este negocio, que florece mientras las colonias pasan días o semanas sin una gota de agua, representa una traición abierta al discurso político que Morena dice enarbolar: “primero los pobres”. En Los Reyes La Paz, la realidad parece ser otra: primero el negocio de Tranquilino, aunque los más pobres se queden sin agua.

 

Así, mientras el gobierno municipal presume ordenamiento territorial y regularización a bajo costo, evade su responsabilidad frente a una administración señalada por la corrupción, la colusión y el abandono de las verdaderas urgencias sociales. Regularizar predios puede ser importante, pero resulta insuficiente —e incluso ofensivo— cuando se gobierna un municipio donde la gente vive con miedo, paga por agua como si fuera un lujo y desconfía de la policía que debería protegerla.

 

En La Paz, el discurso oficial habla de orden; la calle, en cambio, grita descomposición.

martes, 27 de enero de 2026

FGJEM BAJO LA LUPA: CRECEN DENUNCIAS POR EXTORSIÓN DE

 POLICÍAS DE INVESTIGACIÓN EN EL EDOMEX

 

* Aunque 10 agentes ya fueron separados, las quejas ciudadanas superan las 20 y exhiben una red de abusos, falsos policías y “madrinas” que operan con impunidad en vialidades como la México–Pachuca

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



Toluca, Estado de México, 27 de enero de 2026.— La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se encuentra nuevamente bajo el escrutinio público, luego de que salieran a la luz decenas de denuncias ciudadanas por presuntos actos de extorsión cometidos por policías de investigación, principalmente contra automovilistas que circulan por la autopista México–Pachuca, una de las vialidades más transitadas y conflictivas de la entidad.

 

De acuerdo con información oficial dada a conocer por la propia Fiscalía, cuyo titular es José Luis Cervantes Martínez, las quejas han llegado a través de correos electrónicos institucionales y de los Centros de Justicia, donde ciudadanos relatan haber sido detenidos de manera arbitraria por sujetos que se identifican como agentes de investigación, quienes posteriormente exigen dinero a cambio de no fabricar delitos, no remitir vehículos al corralón o simplemente “dejarlos ir”.

 

Hasta el momento, la FGJEM informó que 10 policías de investigación ya fueron separados de la corporación como parte de estas indagatorias. Sin embargo, lejos de tranquilizar a la ciudadanía, este anuncio provocó un efecto contrario: las denuncias aumentaron. Tras hacerse pública la investigación, el número de quejas superó ya las 20, lo que deja en evidencia que el problema podría ser mucho más profundo y extendido de lo que inicialmente se reconocía.

 

Las autoridades aseguran que ahora el objetivo es diferenciar a los verdaderos elementos de la corporación involucrados en actos de corrupción, de aquellos individuos que simulan ser agentes de investigación para delinquir, conocidos popularmente como “madrinas”. No obstante, esta línea de investigación despierta suspicacias, ya que al interior de la propia Fiscalía es un secreto a voces la existencia y tolerancia histórica de estas figuras, que operan en los márgenes de la legalidad, muchas veces con protección interna.

 

La autopista México–Pachuca ha sido señalada reiteradamente como un foco rojo de abusos, donde conductores denuncian operativos irregulares, detenciones sin fundamento legal y amenazas veladas o directas. A pesar de ello, los resultados visibles han sido escasos, y las sanciones ejemplares prácticamente inexistentes.

 

Diversos sectores de la sociedad civil cuestionan si esta ofensiva contra la corrupción es un intento real de limpiar la institución, o simplemente una reacción mediática para contener la indignación social, en un contexto donde la desconfianza hacia las corporaciones de seguridad y procuración de justicia se encuentra en uno de sus niveles más altos.

 

La separación de elementos, sin información clara sobre procesos penales, consignaciones o sentencias, resulta insuficiente para una ciudadanía que exige algo más que comunicados. La pregunta que flota en el ambiente es clara:

 

¿habrá consecuencias reales para los responsables o, como ha ocurrido en otras ocasiones, el caso terminará diluyéndose entre investigaciones internas, cambios administrativos y el olvido?

 

Mientras tanto, las denuncias siguen llegando, los automovilistas continúan expuestos y la Fiscalía del Estado de México enfrenta una prueba clave: demostrar con hechos que la corrupción no se combate con discursos, sino con acciones firmes y transparentes.