MADRE BUSCA DESESPERADAMENTE A SUS HIJOS; ACUSA QUE FUERON SUSTRAÍDOS POR SU PADRE EN TLÁHUAC

 

Tláhuac, 14 de mayo de 2026.- La angustia y la desesperación consumen a la señora Nesly Martínez, quien desde hace más de una semana no sabe nada de sus hijos, Nesly Samantha Rosas Martínez, de 6 años de edad, y Néstor Maximiliano Rosas Martínez, de apenas 5 años, luego de que presuntamente fueran sustraídos por su propio padre sin su consentimiento.

 

De acuerdo con la madre de los menores, los hechos ocurrieron el pasado 6 de mayo, cuando el padre de los niños, identificado como Néstor Adán Rosas Villa, presuntamente se llevó a los pequeños y desde entonces se desconoce su paradero.

 

Aunque ya existe una alerta de búsqueda y el caso fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, hasta el momento las autoridades no han logrado localizar a los menores, situación que mantiene en una profunda incertidumbre a la familia.

 

Según la información proporcionada por la madre, se cree que los niños pudieron haber sido sacados de la colonia Granjas México, en la alcaldía Tláhuac, por lo que pidió el apoyo urgente de la ciudadanía para ayudar a encontrarlos y evitar que puedan estar en riesgo.

 

La señora Nesly Martínez solicitó que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Nesly Samantha y Néstor Maximiliano, o que sospeche dónde podrían encontrarse, se comunique de inmediato al número telefónico 55 5484 0430.

 

“Solo quiero encontrar a mis hijos y tenerlos de regreso conmigo”, expresó la madre, quien aseguró que continuará buscándolos hasta dar con su paradero.

LA PAZ: MARTHA GUERRERO GOBIERNA ENTRE PROMESAS RECICLADAS, MIEDO Y UN MUNICIPIO TOMADO POR LA VIOLENCIA

 

*Entre ejecuciones, extorsiones y abandono policial, la alcaldesa admite el colapso de la seguridad mientras promete soluciones que nunca llegan

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 14 de mayo de 2026.- A un año y cinco meses de haber llegado al poder bajo las siglas de Morena, la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez parece seguir atrapada en modo campaña. En entrevista con medios de comunicación, la morenista habló de inseguridad, patrullas, cámaras y promesas futuras como si apenas estuviera pidiendo el voto y no gobernando uno de los municipios más violentos y abandonados del Estado de México.

 

La propia edil reconoció el tamaño del desastre: admitió que el municipio, con más de 350 mil habitantes, debería contar con más de 800 policías, pero apenas tiene 426 elementos. Sin embargo, pese al reconocimiento de la crisis, no explicó por qué durante un año y cinco meses su gobierno no ha sido capaz de fortalecer a la corporación municipal ni mejorar las condiciones laborales de los uniformados, quienes apenas perciben alrededor de 3 mil pesos quincenales, un salario miserable para enfrentar a grupos criminales que operan con absoluta impunidad.

 

La alcaldesa presumió la adquisición de nuevas patrullas y afirmó que contarán con entre 80 y 90 unidades para atender “mapas de calor” y zonas inseguras. Pero lejos de generar confianza, sus declaraciones levantan sospechas sobre otro posible negocio millonario disfrazado de arrendamiento vehicular, mientras la violencia continúa devorando colonias enteras.

 

Cuando habló de las zonas más peligrosas, mencionó a Lomas de San Sebastián y la cabecera municipal, aunque intentó minimizar la situación diciendo que “las colonias cambian”. La realidad es mucho más brutal: en las últimas semanas, la cabecera municipal ha sido escenario de una ola de ejecuciones de hombres y mujeres, incluso mujeres asesinadas mientras hacían ejercicio. Dentro de bares también han sido ejecutadas mujeres, en una estrategia de terror vinculada al cobro de derecho de piso y al control criminal del territorio.

 

Aun así, la alcaldesa habló de la inseguridad como si se tratara de “un poco” de robos de motocicletas, “un poco” de robo a transeúntes y “un poco” de robo vehicular. La expresión retrata el nivel de desconexión de un gobierno que parece incapaz de dimensionar la tragedia diaria que viven miles de habitantes.

 

En otro momento de la entrevista, Martha Guerrero Sánchez suspiró y, con evidente duda, aseguró que para comenzar necesitarían apenas 30 cámaras de videovigilancia. Luego reconoció que serían insuficientes para cubrir un municipio rebasado por la delincuencia. El comentario provocó indignación entre vecinos que hace apenas unos días difundieron videos donde se observa a policías municipales retirando cámaras de vigilancia particulares sin explicación alguna, como si la propia corporación actuara más en favor de grupos criminales que de la ciudadanía.

 

La contradicción es todavía más grave porque la alcaldesa admitió tener identificadas al menos 11 cámaras descompuestas en las partes altas del municipio, precisamente donde la presencia policiaca es prácticamente inexistente y donde operan grupos criminales ligados al despojo de terrenos, extorsión y narcomenudeo.

 

En esas mismas zonas, reconoció que existen delitos de los que ni siquiera tienen conocimiento. Es decir, la presidenta municipal aceptó públicamente que hay territorios de La Paz donde el gobierno simplemente no tiene control.

 

Pese al escenario de terror, la morenista perdió el piso y comenzó a repartir promesas: habló de “dar certeza”, “confianza” y “valor a la palabra”, olvidando que ya lleva más de un año gobernando sin resultados visibles. La frase resultó todavía más insultante cuando aseguró que si prometen instalar cámaras “tienen que funcionar”, como si la población no estuviera cansada de escuchar compromisos incumplidos.

 

En una contradicción brutal, afirmó que la ciudadanía “confía mucho” en su administración porque les expresan sus preocupaciones cuando camina por las colonias. Pero la verdadera pregunta es otra: ¿de qué sirve escuchar a la población cuando no existen soluciones reales? La propia alcaldesa terminó por reconocer la gravedad del colapso al revelar que ella misma ha sido víctima de asaltos y que incluso le han apuntado con una pistola en la cabeza. Si la alcaldesa no puede sentirse segura, ¿qué queda para los ciudadanos comunes?

 

También presumió la llegada del general Raúl Martínez como nuevo coordinador regional de seguridad en la zona oriente, tras el fracaso de su antecesor. Pero mientras las autoridades organizan reuniones y recorridos oficiales, la violencia sigue fuera de control.

 

La alcaldesa incluso aseguró, con entusiasmo, que cada 15 días se reúne con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo revisa diariamente los índices delictivos de La Paz. Declaraciones que para muchos habitantes suenan más a propaganda política que a una estrategia efectiva de seguridad.

 

Pero quizás lo más delicado es lo que la alcaldesa evita mencionar. En Los Reyes La Paz es un secreto a voces que su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, presuntamente habría establecido acuerdos con el grupo criminal “Sindicato 22 de Octubre”, encabezado en la zona por Héctor Becerril. Versiones que apuntan a que, a cambio de fuertes cantidades de dinero, se permitió a este grupo tomar control del negocio de distribución de agua mediante pipas y comenzar operaciones de extorsión en tianguis y zonas comerciales para imponer cobros de derecho de piso.

 

Mientras las ejecuciones aumentan, los robos se multiplican y las partes altas permanecen prácticamente abandonadas, el gobierno municipal insiste en discursos optimistas y promesas recicladas. La tragedia de La Paz ya no puede ocultarse detrás de conferencias, patrullas rentadas o reuniones políticas. Hoy el municipio parece gobernado por la improvisación, el miedo y la sombra de la delincuencia organizada.

CIA, EXPLOSIONES Y SILENCIO OFICIAL: EL CASO TECÁMAC

 EXHIBE EL COLAPSO DE LA FISCALÍA MEXIQUENSE

 

*Explosión en Tecámac revive sospechas de encubrimiento y fracaso de la Fiscalía mexiquense

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TECÁMAC, Estado de México, 13 de mayo de 2026.- La explosión ocurrida el pasado 28 de marzo sobre la carretera México-Pachuca, en la que murió Francisco Efraín Beltrán de la Peña, alias “El Payín”, volvió a colocar al Estado de México en el centro de una polémica internacional, luego de que CNN revelara que el hecho habría sido parte de una operación encubierta vinculada con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

 

La versión cimbró al gobierno federal y obligó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a salir públicamente a desmentir la información y calificarla como falsa. Sin embargo, la respuesta abrió nuevas preguntas: ¿cómo puede asegurar el funcionario federal que la versión es falsa si ni siquiera la Fiscalía General de Justicia del Estado de México transparentó la investigación sobre la explosión?

 

Y es que, desde el primer momento, la Fiscalía mexiquense, encabezada por José Luis Cervantes Martínez, manejó el caso con total hermetismo. No hubo avances públicos, no hubo explicaciones técnicas convincentes y tampoco resultados concretos. Como ocurre en decenas de casos de alto impacto en el Estado de México, la apuesta institucional parecía ser la de siempre: dejar que el tema muriera mediáticamente y esperar al olvido.

 

PERO LA PUBLICACIÓN INTERNACIONAL REVENTÓ NUEVAMENTE EL CASO

 

De acuerdo con el reportaje de CNN, la explosión no habría sido un accidente ni un hecho aislado, sino una acción dirigida específicamente contra “El Payín”, señalado como operador del Cártel de Sinaloa. El medio estadounidense sostuvo que fuentes vinculadas al gobierno de Estados Unidos señalaron una posible intervención de un grupo especializado ligado a la CIA dentro de una estrategia más agresiva de Washington contra los cárteles mexicanos.

 

“Las autoridades mexicanas han mantenido un extremo hermetismo en torno a la explosión, pero múltiples fuentes dijeron a CNN que el ataque fue un asesinato selectivo, facilitado por agentes operativos de la Agencia Central de Inteligencia”, señaló el reportaje.

 

Horas después, una vocera de la CIA rechazó públicamente la versión y aseguró que la información era falsa. Sin embargo, hasta el momento CNN no se ha retractado de la publicación ni ha retirado el contenido, lo que mantiene viva la controversia.

 

Además, resulta ingenuo pensar que una agencia como la CIA reconocería públicamente operaciones encubiertas en territorio extranjero. Históricamente, las agencias de inteligencia trabajan precisamente bajo esquemas de secrecía y negación oficial. En México, desde hace décadas, persiste la percepción de que agencias estadounidenses realizan operaciones de inteligencia y seguimiento relacionadas con el narcotráfico, muchas veces sin conocimiento pleno del gobierno mexicano en turno.

 

Lo verdaderamente grave es que el vacío de información dejado por la Fiscalía del Estado de México abrió espacio para especulaciones internacionales, exhibiendo nuevamente la debilidad institucional de la dependencia encargada de procurar justicia en la entidad más poblada del país.

 

Mientras Omar García Harfuch intenta contener el escándalo mediático, en el Estado de México crece la presión política contra José Luis Cervantes Martínez. Legisladores mexiquenses ya exigen abiertamente su renuncia al considerar que la Fiscalía acumula años de opacidad, ineficacia y fracaso frente al avance del crimen organizado.

 

Porque el fondo del problema no es solamente si la CIA participó o no en un operativo clandestino en Tecámac. El verdadero escándalo es que las autoridades mexicanas dejaron tantas dudas abiertas, que hoy una versión internacional resulta más creíble para muchos ciudadanos que la palabra de su propia Fiscalía.

PERIODISTA PROTEGIDO ACUSA AL PROPIO MECANISMO DEL EDOMEX DE VOLVERSE EN SU CONTRA

 

*ECATEPEC, Estado de México, 13 de mayo de 2025.- Osvaldo Muller denuncia que funcionarios encargados de proteger a periodistas acompañaron a una diputada para intentar proceder contra él por escribir una nota incómoda; teme por su vida y la seguridad de su familia

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ECATEPEC, Estado de México, 13 de mayo de 2026.- Lo que debía ser un escudo para proteger periodistas amenazados en el Estado de México, hoy se convirtió —según la denuncia pública del periodista Osvaldo Muller— en un aparato de presión política al servicio del poder.

 

La mañana de este miércoles, alrededor de las 11:00 horas, Muller difundió un video donde asegura temer por su vida, luego de señalar directamente a Israel Hernández Sosa, Coordinador Ejecutivo del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México, así como a Andrés Coca Salcedo, encargado de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Inmediata, de haber acompañado a una diputada de Ecatepec para intentar denunciarlo por una publicación periodística que resultó incómoda para la legisladora.

 

La acusación resulta explosiva porque Osvaldo Muller no es un ciudadano cualquiera frente al mecanismo: es beneficiario de protección oficial. Es decir, los mismos funcionarios señalados tienen acceso a información altamente sensible sobre su vida personal, movimientos, rutinas y entorno familiar.

 

El periodista cuestionó cómo quienes deberían garantizar la libertad de expresión y proteger a comunicadores, terminan amenazado los, presuntamente, respaldando a una figura política inconforme con una nota periodística. Más aún, subrayó que en ningún momento reveló el nombre de la diputada involucrada, recordando que cualquier servidor público está sujeto al escrutinio social debido a que ejerce funciones financiadas con recursos públicos.

 

Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no habría dado entrada a la intención de proceder contra el periodista, Muller considera que el hecho evidencia una peligrosa utilización política de las instituciones creadas para proteger a la prensa.

 

El comunicador afirmó sentirse especialmente vulnerable porque el mecanismo conoce detalles íntimos de su vida y de su familia: desde las escuelas de sus hijos, hasta los dispositivos de seguridad instalados en su domicilio, sus rutas de traslado, lugares de trabajo e incluso sitios donde realiza actividades cotidianas como comprar alimentos.

 

Además, advirtió que, mediante el botón de pánico entregado por el propio mecanismo, las autoridades responsables pueden conocer su ubicación prácticamente en tiempo real.

 

Para Muller, el riesgo no solo radica en el presunto intento de intimidación política, sino en la posibilidad de que el mecanismo busque retirarle la protección institucional, dejándolo expuesto ante cualquier agresión futura y permitiendo que las autoridades se deslinden de responsabilidad.

 

“El mecanismo ya no es confiable”, sostuvo el periodista, quien además lanzó críticas directas contra Israel Hernández Sosa, a quien calificó como un funcionario ajeno a la realidad mexiquense y más cercano a intereses políticos que a la defensa de periodistas amenazados.

 

La denuncia abre una interrogante de enorme gravedad: ¿qué ocurre cuando quienes poseen información sensible sobre periodistas protegidos terminan señalados de actuar políticamente contra ellos?

 

El caso exhibe una crisis de credibilidad dentro del sistema estatal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, un mecanismo que nació para resguardar vidas, pero que ahora enfrenta acusaciones de convertirse en una herramienta de presión y control.

 

Ante el nivel de desconfianza, Osvaldo Muller anunció que acudirá a instancias federales e internacionales para solicitar apoyo y protección, e incluso advirtió que podría abandonar el país si considera que su integridad y la de su familia están en riesgo.

 

Asimismo, exigió de manera urgente una reunión con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; con el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte; y con el fiscal general mexiquense, José Luis Cervantes Martínez, para denunciar lo que considera una traición institucional desde el propio mecanismo que debía protegerlo.

METEPEC: DEL CASTIGO EJEMPLAR AL RESPALDO

 POLÍTICO A POLICÍAS GOLPEADORES

 

*Fernando Flores intenta justificar brutalidad policiaca y abre la puerta a la impunidad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

METEPEC, Estado de México, 12 de mayo de 2026.– En menos de 24 horas, el discurso oficial en Metepec dio un giro alarmante: primero, el gobierno municipal aseguró que los policías que aparecen golpeando brutalmente a un ciclista serían investigados y separados del cargo; después, el alcalde Fernando Flores Fernández salió públicamente a justificar la agresión bajo el argumento de que la víctima “presuntamente” estaría relacionada con hechos delictivos.

 

La contradicción exhibe no solo desorden dentro del gobierno municipal, sino una peligrosa narrativa que pretende normalizar el abuso policial y convertir a los uniformados en jueces y verdugos en plena vía pública.

 

El escándalo estalló luego de que se difundiera un video grabado en las calles Ezequiel Capistrán Rodríguez y Miguel Hidalgo, donde se observa a elementos de la policía municipal interceptar a un hombre que circulaba en bicicleta, someterlo a golpes y posteriormente dejarlo ir.

 

Las imágenes provocaron indignación inmediata en redes sociales debido a la evidente desproporción en el uso de la fuerza. En el video se aprecia cómo al menos tres policías participan en la agresión física contra un hombre que nunca fue presentado ante autoridad ministerial alguna.

 

Ante la presión pública, el comisario de Seguridad Pública de Metepec, Jesús Ramírez Manzur, difundió un mensaje asegurando que los elementos ya habían sido identificados y separados de sus funciones.

 

“El presidente fue claro: no se permitirá que ningún funcionario abuse de su posición”, declaró el mando policiaco, prometiendo una investigación y acompañamiento a la persona afectada.

 

Sin embargo, el discurso institucional cambió abruptamente cuando el alcalde Fernando Flores Fernández decidió intervenir para justificar la actuación de los policías, argumentando que el hombre agredido supuestamente ya había sido detenido anteriormente y liberado por la Fiscalía por falta de pruebas.

 

La declaración del alcalde abre cuestionamientos delicados: ¿desde cuándo un antecedente o una sospecha se convierte en autorización para golpear ciudadanos en la calle? ¿Bajo qué ley los policías municipales pueden castigar físicamente a una persona sin presentarla ante el Ministerio Público?

 

Porque si el hombre realmente cometió un delito, la obligación legal de los uniformados era detenerlo conforme a derecho y ponerlo a disposición de la autoridad competente, no propinarle una golpiza y después abandonarlo en la vía pública.

 

El problema de fondo no es únicamente la agresión captada en video, sino el mensaje político que emite el gobierno de Metepec: la posibilidad de legitimar la violencia policial bajo el argumento de que la víctima “podría ser delincuente”.

 

En un Estado de derecho, la culpabilidad no la determina un alcalde, ni un policía municipal, ni una publicación en redes sociales. La determina una autoridad judicial mediante pruebas y un debido proceso.

 

Lo verdaderamente preocupante es que mientras el comisario hablaba de sanciones y separación del cargo, el presidente municipal ya comenzaba a abrir la puerta para el eventual regreso de los elementos involucrados.

 

La pregunta que hoy queda en el aire para los habitantes de Metepec es inevitable: si el propio alcalde justifica el uso excesivo de la fuerza, ¿qué garantías tiene cualquier ciudadano de no ser golpeado mañana bajo la simple acusación de “parecer sospechoso”?

 

Porque las imágenes son contundentes. No muestran una detención profesional. No muestran control táctico. Muestran brutalidad.

 

Y cuando una autoridad intenta justificar la brutalidad en lugar de condenarla, el mensaje para la corporación policiaca es devastador: la violencia puede tener respaldo político.

FISCALÍA DEL EDOMEX: 70 MIL DESAPARECIDOS, ERRORES

 MASIVOS Y UN FISCAL REBASADO

 

*Mientras la FGJEM presume depuración de registros, miles de familias siguen atrapadas entre expedientes duplicados, omisiones ministeriales y una crisis de desapariciones que mantiene al Estado de México como el peor del país

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 12 de mayo de 2026.- La crisis de desapariciones en el Estado de México ya no puede maquillarse con discursos burocráticos ni con informes llenos de tecnicismos. La propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encabezada por José Luis Cervantes Martínez, terminó por admitir el tamaño del desastre: más de 70 mil reportes de personas desaparecidas acumulados entre enero de 2005 y marzo de 2026, expedientes duplicados, registros alterados, casos activos de personas que ya habían sido localizadas y una estructura institucional incapaz de mantener control sobre una de las tragedias humanas más graves del país.

 

El reconocimiento oficial exhibe no sólo el colapso administrativo de la Fiscalía mexiquense, sino también la incapacidad de un fiscal que, pese a los años al frente de la institución, sigue justificando errores históricos mientras miles de familias viven atrapadas en la incertidumbre, el abandono y el dolor.

 

Las cifras son demoledoras. Según el Cuarto Informe de Gestión 2025-2026 de la FGJEM, la entidad acumuló 70 mil 139 reportes de desaparición. El crecimiento más alarmante ocurrió entre 2012 y 2019, cuando los casos pasaron de 910 a 6 mil 862 denuncias, un incremento brutal de 654% en apenas siete años.

 

Aunque la Fiscalía presume una reducción de reportes entre 2024 y 2025, al pasar de 5 mil 988 a 5 mil 285 denuncias, la realidad es que el Estado de México se mantiene como la entidad con más personas desaparecidas y no localizadas de todo el país, con 14 mil 772 casos vigentes, superando incluso a entidades históricamente marcadas por la violencia como Tamaulipas y Jalisco.

 

Detrás de las estadísticas hay un reconocimiento todavía más grave: la Fiscalía admitió que durante años mantuvo registros erróneos de personas que aparecían oficialmente como desaparecidas pese a haber sido encontradas. Es decir, ni siquiera la institución encargada de buscar personas tenía claridad sobre quién seguía desaparecido y quién no.

 

El propio informe reconoce que las inconsistencias derivaron de duplicidad de expedientes, omisiones ministeriales, falta de actualización de carpetas de investigación, errores de seguimiento y fallas en la coordinación entre bases de datos estatales y nacionales.

 

En otras palabras: la Fiscalía perdió el control de la información más sensible relacionada con miles de víctimas.

 

La dependencia intentó justificar el desastre argumentando que algunas familias no notificaron la localización de sus seres queridos o que ciertas personas pidieron mantenerse como desaparecidas para escapar de violencia familiar o deudas. Sin embargo, esas explicaciones no reducen la gravedad de los hechos; por el contrario, evidencian la ausencia de protocolos eficientes y la precariedad institucional bajo la gestión de Cervantes Martínez.

 

Resulta escandaloso que una Fiscalía que presume tecnología, inteligencia y capacidad operativa haya permitido durante años la existencia de expedientes duplicados y registros falsamente activos en uno de los temas más delicados del país.

 

La FGJEM presume que el 77% de las personas reportadas han sido localizadas y que 65% aparecieron durante los primeros cinco días. Sin embargo, el mismo documento revela otra cifra alarmante: apenas 7.2% fueron encontradas el mismo día en que el Ministerio Público recibió el reporte. Es decir, la reacción inmediata sigue siendo mínima en una crisis donde las primeras horas suelen definir entre la vida y la muerte.

 

Además, aunque la institución sostiene que más del 95% de las personas localizadas sin vida murieron por accidentes, suicidios o problemas de salud, también reconoce que miles de casos estuvieron relacionados con delitos graves como homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata y privación ilegal de la libertad.

 

La tragedia no es solamente estadística. Son miles de madres buscando a sus hijos, familias enteras destruidas y colectivos de búsqueda haciendo el trabajo que el Estado no ha podido resolver.

 

Lo más preocupante es que el reconocimiento de errores ocurre después de años de crisis, presión social y exigencias de colectivos. La Fiscalía ahora asegura que desde 2022 todo reporte debe integrarse obligatoriamente en carpetas de investigación y promete fortalecer “análisis de contexto” para detectar patrones de desaparición. Pero esas medidas llegan tarde para miles de víctimas que quedaron atrapadas entre la negligencia institucional, la simulación y el desorden burocrático.

 

PORQUE ADMITIR ERRORES NO BASTA

 

Un funcionario medianamente responsable, después de reconocer semejante nivel de fallas estructurales, inconsistencias y omisiones en una tragedia de dimensiones históricas, tendría que asumir consecuencias políticas y morales. Permanecer en el cargo mientras el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en desapariciones sólo confirma que la crisis ya rebasó por completo a la Fiscalía mexiquense.

 

Las desapariciones no son simples números en un informe de gestión. Son vidas humanas. Y cada expediente mal integrado, cada carpeta duplicada y cada registro alterado representa una familia condenada a vivir entre el abandono institucional y el sufrimiento interminable.

MORENA FRENA CANDADO CONTRA EL NARCO EN EL CONGRESO MEXIQUENSE

 

*La “Bancada Guinda” rechaza propuesta para impedir que aspirantes con presuntos vínculos criminales lleguen al poder; el caso de Samuel Ríos vuelve a encender las alarmas

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 12 de mayo de 2026.- Mientras el discurso oficial de Morena insiste en combatir la corrupción y cerrar el paso al crimen organizado, en el Congreso mexiquense ocurrió exactamente lo contrario: la mayoría morenista rechazó una propuesta que buscaba impedir que personas con presuntos vínculos con grupos criminales pudieran contender por cargos de elección popular en el Estado de México.

 

La iniciativa fue presentada por la diputada Ruth Salinas, integrante de Movimiento Ciudadano, quien propuso incorporar a la Constitución local un requisito elemental: que cualquier aspirante a diputaciones, alcaldías o regidurías declarara, bajo protesta de decir verdad, no tener nexos con el crimen organizado, narcotráfico o terrorismo.

 

Además, la propuesta contemplaba que las autoridades electorales pudieran solicitar información a la Fiscalía para verificar posibles vínculos delictivos de los candidatos.

 

Sin embargo, la reserva a los artículos 40, 68 y 119 de la Constitución mexiquense fue sepultada por la mayoría de Morena sin argumentos sólidos, jurídicos o políticos, evidenciando que para el partido gobernante resulta más cómodo blindar intereses que transparentar candidaturas.

 

Durante su intervención, Ruth Salinas fue contundente: “La lucha contra el crimen organizado no puede quedarse en discursos”. Pero en el Congreso local el mensaje fue otro: cuando se trata de tocar intereses políticos, Morena prefiere cerrar filas antes que abrir expedientes.

 

El rechazo de la reforma volvió a poner bajo la lupa al diputado morenista Edgar Samuel Ríos Moreno, presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales y Desarrollo Democrático, quien fue uno de los principales opositores a la propuesta.

 

Samuel Ríos representa al distrito de Chimalhuacán-Chicoloapan y es esposo de la exalcaldesa del municipio de San Vicente Chicoloapan, la morenista Nancy Gómez Vargas, personaje cuya familia ha estado envuelta desde hace años en escándalos relacionados con presuntos vínculos criminales.

 

En junio de 2023 fue detenido en el municipio de Texcoco Alexis Gómez Vargas, alias “El Honda”, hermano de la entonces alcaldesa, por presunta posesión de armas y drogas. De acuerdo con reportes, el sujeto intentó identificarse como familiar directo de la presidenta municipal para evitar su detención ante policías y elementos del Ejército.

 

Pero el caso más delicado es el de Marco Antonio Gómez Vargas, alias “El Kino”, otro hermano de Nancy Gómez Vargas y cuñado del diputado Samuel Ríos. El sujeto permanece prófugo y es buscado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por su presunta participación en un homicidio ocurrido en 2020, además de ser señalado como posible operador de una célula de La Familia Michoacana.

 

Diversas investigaciones apuntan que, tras la captura de Brayan “N”, alias “El Panqué”, “El Kino” habría asumido el control de operaciones criminales en Chicoloapan.

 

Pese a ello, Morena ha evitado pronunciarse con firmeza sobre el tema, mientras personajes cercanos al grupo político continúan ocupando posiciones de poder y control legislativo.

 

En los pasillos políticos mexiquenses el señalamiento ya no es menor: ¿por qué Morena rechazó una reforma que únicamente pedía transparencia y revisión de antecedentes para quienes buscan gobernar?

 

La contradicción se vuelve todavía más evidente frente a las declaraciones recientes de la presidenta de Morena a nivel Nacional, Ariadna Montiel, quien durante el pasado Congreso Nacional de Morena aseguró que ninguna persona con señalamientos de corrupción o vínculos criminales debería ser postulada, incluso si ganaba encuestas internas.

 

“Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción o tiene vínculos con criminales, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato”, afirmó.

 

Hoy, esas palabras chocan de frente con la actuación de la bancada morenista en el Estado de México, donde diputados decidieron bloquear una reforma que precisamente buscaba impedir la infiltración del crimen organizado en la vida pública.

 

La ciudadanía mexiquense observa con creciente desconfianza cómo Morena se niega a establecer filtros básicos para sus propios cuadros políticos, mientras personajes cuestionados continúan acumulando poder bajo el amparo del partido gobernante.

MAPA CRIMINAL EXHIBE PRESUNTA PROTECCIÓN DE MORENA Y EL PVEM A SINDICATOS LIGADOS A EXTORSIÓN EN EL EDOMEX

*La Fiscalía mexiquense reconoce tener identificados a más de 20 grupos criminales, pero continúan operando con impunidad; crecen señalamientos contra funcionarios y gobiernos ligados a Morena por presuntos vínculos y encubrimiento político

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 11 de mayo de 2026.- El reciente “mapa criminal” presentado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no solo confirma lo que millones de mexiquenses denuncian desde hace años: que el crimen organizado domina amplias regiones de la entidad; también deja al descubierto el tamaño del fracaso político del gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez, quien ha preferido guardar silencio frente a los presuntos vínculos entre operadores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y organizaciones criminales disfrazadas de sindicatos.

 

Porque mientras la Fiscalía asegura tener plenamente identificados a más de 20 grupos criminales, sus zonas de operación, sus actividades ilícitas y hasta sus estructuras de control territorial, la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué continúan operando con absoluta impunidad?

 

La respuesta parece encontrarse en la protección política. Y es ahí donde el gobierno de Delfina Gómez queda severamente cuestionado.

 

Lejos de emprender una limpia profunda dentro de Morena y de los gobiernos municipales señalados por sus presuntos nexos con estas estructuras, la mandataria mexiquense ha optado por el silencio, el encubrimiento político y la simulación institucional.

 

Uno de los casos más graves es el del llamado Sindicato 22 de Octubre, organización señalada por la propia Fiscalía por presuntos delitos relacionados con extorsión, control territorial, invasión de predios y presión contra comerciantes y transportistas.

 

Sin embargo, el líder de esta agrupación en Chalco —hoy encarcelado— no surgió de la clandestinidad ni del anonimato criminal: era regidor emanado del Partido Verde Ecologista de México, aliado político de Morena en el Estado de México.

 

Es decir, mientras el gobierno estatal hablaba de combate al crimen, personajes vinculados a organizaciones señaladas por la propia Fiscalía ocupaban cargos públicos y operaban políticamente desde las instituciones.

 

En Los Reyes La Paz, las denuncias ciudadanas son todavía más delicadas. Habitantes acusan desde hace años que el Sindicato 22 de Octubre controla presuntamente pozos de agua, la distribución y venta del líquido, además de intentar apoderarse de los tianguis locales para imponer cobros de derecho de piso.

 

Todo ello, afirman diversas voces locales, bajo presuntos acuerdos políticos ligados al entorno del gobierno municipal morenista.

 

El escándalo también alcanza a Ecatepec con el grupo conocido como “La Chokiza”, señalado por actividades de presión y extorsión. Diversas versiones apuntan a la cercanía de sus operadores con personajes del entorno político de la alcaldesa morenista Azucena Cisneros Coss.

 

Frente a este escenario, la gobernadora Delfina Gómez no puede seguir fingiendo desconocimiento.

 

Porque si la Fiscalía tiene plenamente identificadas estas organizaciones, entonces el gobierno estatal también sabe perfectamente quiénes son los funcionarios, regidores, operadores políticos y alcaldes que permitieron su crecimiento.

 

El problema ya no es únicamente de seguridad. Es un problema de presunta complicidad política.

 

Mientras Morena presume discursos de transformación y combate a la corrupción, en municipios mexiquenses continúan creciendo estructuras criminales que operan bajo la fachada de sindicatos, movimientos sociales o agrupaciones populares, muchas de ellas con presuntos vínculos con actores políticos en funciones.

 

Y aunque el gobierno estatal insiste en hablar de estrategia y coordinación, la realidad es que los ciudadanos siguen viviendo bajo extorsión, violencia, cobro de cuotas, despojo de propiedades y amenazas constantes.

 

El mapa criminal presentado por la Fiscalía, bajo las órdenes del Fiscal General de Justicia, José Luis Cervantes Martínez, termina siendo, en realidad, un retrato devastador del fracaso institucional de Morena en el Estado de México.

 

Porque de nada sirve identificar a los criminales si el poder político continúa protegiendo a quienes los hicieron crecer.

¿EL CÁRTEL DE SINALOA TAMBIÉN AVALÓ A JUECES Y

 MAGISTRADOS DEL ACORDEÓN?

 

*Si las elecciones de 2021 demostraron que en Sinaloa nadie pudo llegar a un cargo sin el aval del Cártel, ¿podría alguien convertirse en juez o en magistrado sin la venia de los jefes del crimen?

 

Por: Héctor De Mauleón

 

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió la semana pasada que vendrían nuevas acusaciones en contra de funcionarios y políticos mexicanos y dejó como al pasar una frase que ha desatado una crisis en el Poder Judicial de Sinaloa:

 

“Ya hemos acusado a múltiples funcionarios del gobierno de México; recientemente, también a un juez”.

 

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara formalmente al gobernador Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios de su gobierno, de haber pactado su acceso al poder con el Cártel de Sinaloa, y de recibir sobornos a cambio de facilitar el flujo masivo de drogas por parte de esta organización delictiva, se han rescatado innumerables testimonios y trabajos periodísticos que documentan la intervención de ese cártel durante la elección de 2021.

 

Rocha Moya cayó a resultas del escándalo.

 

No así su amigo y mano derecha, el senador de Morena Enrique Inzunza, otro de los acusados por el Departamento de Justicia, y quien ocupó la secretaría general de Gobierno durante el primer tramo del sexenio del mandatario sinaloense.

 

Desde el 29 de abril pasado, cuando se dio a conocer la acusación, Inzunza dejó de presentarse en público y tampoco acudió a la sesión de la Comisión Permanente del pasado 6 de mayo, para no dar oportunidad, según anunció, a que los “personeros de la derecha conservadora” se valieran de las acusaciones de Estados Unidos para convertir la sesión en un espectáculo.

 

El senador sigue escudado en el fuero, mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum se resiste a cumplir la solicitud de captura con fines de extradición de los funcionarios señalados.

 

Y es que Enrique Inzunza puede ser igual de peligroso para la 4T que el mismo Rocha Moya. El senador, señalado por la acusación que validó un Gran Jurado como cómplice del Cártel de Sinaloa, fue el gran operador de la reforma judicial de 2025.

 

En Sinaloa, todos los jueces incluidos en el “acordeón” que Inzunza planchó en Mazatlán en mayo de 2025 con una ministra de la Suprema Corte, resultaron triunfadores en dicha elección. La coincidencia entre las listas distribuidas por órdenes de Inzunza y los ganadores, es ni más ni menos que del 100 por ciento.

 

Si las elecciones de 2021 demostraron que en Sinaloa nadie pudo llegar a un cargo político sin el aval del Cártel de Sinaloa, ¿podría alguien convertirse en juez o en magistrado sin la venia de los jefes de este grupo criminal?

 

En la semana previa a la elección judicial, los burócratas de Sinaloa recibieron acordeones con instrucciones de voto. Además de instruir a los empleados de gobierno sobre qué candidatos elegir, se les pidió que tomaran fotografías de las boletas, una vez llenadas.

 

En las listas aparecían los jueces y juezas de distrito, los magistrados y magistradas de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados y las magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral y las magistradas y los magistrados de circuito.

 

En el caso de Sinaloa las seis boletas, divididas en colores, fueron entregadas a los trabajadores con los nombres y los números de los candidatos y candidatas seleccionados.

 

Como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Inzunza fue una pieza clave para procesar la reforma judicial y establecer las nuevas reglas para la integración del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales. Había presidido el Poder Judicial de Sinaloa durante más de seis años, y al sumarse al gobierno de Rocha Moya dejó a gente de su equipo. No solo repartió cargos entre su esposa, sus hermanos y otros familiares: era el mayor poder dentro de ese poder en Sinaloa: ponía y quitaba jueces a su antojo.

 

En el Senado defendió la reforma judicial y la comparó con “la reforma histórica” de 1857. Citó a Riva Palacio, a José María Iglesias, a Zarco y a El Nigromante, para asegurar que tras la reforma habría jueces y magistrados más imparciales e independientes. Dijo que sin importar cómo un juez sea nombrado, lo importante era “la virtud de la imparcialidad”. Dijo que resultarían electos los abogados más dignos y honrados. Dijo que no había que “desconfiar del pueblo”.

 

En abril de 2025 llamó a los partidos a no meterse en la elección. Aseguró que se trataba de una elección “netamente ciudadana”.

 

Al mismo tiempo, a partir de operadores cercanos, entre los que se menciona a Irineo Lizárraga Velarde, operó esa elección a modo.

 

¿Si Inzunza y sus cómplices entregaron el gobierno estatal al Cártel de Sinaloa, no hicieron lo mismo con el Poder Judicial? ¿Podría permitir el Cártel de Sinaloa la llegada de jueces y magistrados que lo pusieran en riesgo?

 

En Sinaloa se preparan acusaciones que sostienen que para estar en el “acordeón” era preciso contar la autorización de los jefes del Cártel —y, en cada municipio, con la venia de los jefes de plaza.

 

Inzunza es uno de los perfiles de mayor peso dentro del partido oficial. Un operador de primer nivel al lado de Adán Augusto López e Ignacio Mier. De resultar culpable podría ser sentenciado a cadena perpetua o a una pena de 40 años. ¿Qué Poder Judicial le dejó a los sinaloenses?

 

Cuando la advertencia del fiscal general de Estados Unidos finalmente adquiera un perfil, un nombre, tal vez esa pregunta podrá ser contestada.

MORENA Y EL VIEJO TRUCO DEL PODER: DESAYUNOS, PROMESAS Y PERIODISTAS OLVIDADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO

 

*Entre cafés y discursos, el gremio periodístico vuelve a escuchar las mismas promesas que el poder jamás cumplió

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHALCO, Estado de México, 10 de mayo de 2026.– En el Estado de México la historia volvió a repetirse, solo cambiaron los colores del partido en el poder. Morena terminó por adoptar las mismas prácticas que durante décadas criticó al PRI: utilizar al gremio periodístico cuando conviene políticamente, llenarlo de promesas en tiempos estratégicos y después abandonarlo al olvido, a la precariedad y a la indefensión.

 

El pasado viernes 8 de mayo, la presidenta estatal de Morena, Luz María Hernández Bermúdez, compartió un desayuno con periodistas de la zona oriente mexiquense. El encuentro provocó entusiasmo entre varios comunicadores, quienes difundieron fotografías, mensajes y expresiones de agradecimiento por la cercanía mostrada por la dirigente morenista.

 

Sin embargo, detrás de las sonrisas, los abrazos y las mesas servidas, resurge una pregunta incómoda: ¿Tan rápido olvidaron los agravios?

 

Apenas en enero pasado, periodistas denunciaron públicamente haber sido excluidos de un desayuno convocado por la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez. En ese momento circularon videos, reclamos y notas periodísticas donde comunicadores acusaban al área de Comunicación Social del gobierno estatal de negarles el acceso y tratarlos con desprecio.

 

Hoy, meses después, muchos de esos mismos comunicadores celebran un desayuno político como si se tratara de un acto histórico de reconocimiento al gremio. Una contradicción brutal que exhibe el nivel de vulnerabilidad en el que sobrevive gran parte del periodismo mexiquense.

 

La escena no es nueva. Durante décadas, los gobiernos priistas perfeccionaron un mecanismo perverso: prometer protección, seguridad social, apoyos económicos, publicidad oficial, pensiones, gastos funerarios y respaldo jurídico a periodistas independientes. Todo eso aparecía cada vez que había elecciones o crisis políticas.

 

DESPUÉS VENÍA EL SILENCIO

 

Los compromisos jamás se materializaban. El gremio seguía trabajando sin garantías, sin seguridad y muchas veces bajo amenazas constantes. Pero el objetivo político ya se había cumplido: obtener cobertura gratuita, favorable y reducir las críticas incómodas.

 

HOY MORENA RECORRE EXACTAMENTE EL MISMO CAMINO QUE EL PRI

 

En los últimos días comenzó a circular información sobre una posible reforma a la Ley de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en el Estado de México. Según el discurso oficial, la iniciativa incluiría servicios de salud, seguridad social, apoyos funerarios, capacitación y profesionalización para periodistas.

 

La narrativa gubernamental sostiene que el proyecto surgió del diálogo con el gremio y de los foros regionales impulsados por el gobierno estatal.

 

La encargada de difundir esa versión fue Nayeli Gómez Castillo, sobrina de la gobernadora y coordinadora de comunicación social del gobierno del Edomex, quien aseguró que las propuestas nacieron directamente de las demandas expresadas por periodistas mexiquenses.

 

EL DISCURSO SUENA BIEN. DEMASIADO BIEN

 

Porque mientras desde el poder hablan de democracia, libertad de expresión y protección al periodismo, la realidad en las calles mexiquenses es completamente distinta: agresiones, abandono institucional, censura indirecta, exclusión, precariedad económica y presión política permanente sobre medios de comunicación.

 

Muchos periodistas saben perfectamente cómo opera el sistema. Saben que los gobiernos —sin importar el partido— suelen acercarse al gremio cuando necesitan legitimidad, cobertura mediática o control político.

 

Por eso resulta todavía más preocupante que algunos comunicadores continúen cayendo en el mismo juego de siempre: cambiar dignidad por cercanía política, crítica por fotografías y exigencia profesional por desayunos protocolarios.

 

Mientras tanto, el Estado de México continúa hundido en una crisis de violencia, corrupción y desconfianza institucional. Municipios gobernados por Morena enfrentan constantes señalamientos por inseguridad y presuntos vínculos de funcionarios locales con grupos criminales, mientras desde el poder se insiste en construir una narrativa de transformación que cada vez convence menos.

 

EL PROBLEMA NO ES UN DESAYUNO

 

El problema es que el periodismo mexiquense corre el riesgo de convertirse nuevamente en rehén de las promesas vacías del poder político, exactamente igual que ocurrió durante los peores años del priismo que Morena juró combatir.