HIGINIO VA POR EL SENADO… Y POR EL EDOMEX: LA GUERRA

 CONTRA DELFINA Y DUARTE ESCALA

 

*La llegada del texcocano a la presidencia del Senado exhibe la ruptura del Grupo Texcoco y abre una nueva batalla por la sucesión mexiquense; detrás aparecen Antorcha Campesina, Chapingo y el conflicto de Zoquiapan

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 28 de agosto de 2026.- La guerra interna de Morena en el Estado de México dejó de ser un pleito de pasillo para convertirse en una disputa por el poder con alcances nacionales.

 

En el centro de la confrontación aparece el senador Higinio Martínez Miranda, quien, después de una década de retrocesos, desplazamientos y derrotas políticas, estaría a punto de recuperar una posición privilegiada: la presidencia del Senado de la República.

 

Y el mensaje político es brutal: el viejo Grupo Texcoco está roto y sus antiguos pupilos, Delfina Gómez Álvarez y Horacio Duarte, ahora son adversarios de quien durante años fue su jefe político.

 

Martínez Miranda, vicecoordinador de membrete de la bancada de Morena en el Senado, habría superado en la carrera por la presidencia de la Cámara Alta al tabasqueño Óscar Cantón Zetina, quien contaba con el respaldo de personajes de enorme peso dentro del morenismo, entre ellos Ignacio Mier y Adán Augusto López, ambos cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

 

La diferencia, de acuerdo con las versiones que circulan dentro del Senado, habría sido una sola: el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

 

Y si Higinio llega finalmente a la presidencia del Senado para el periodo septiembre de 2026-agosto de 2027, no solamente ocupará uno de los cargos legislativos más poderosos del país.

 

Tendrá también una plataforma privilegiada para disputar el futuro político del Estado de México.

 

El regreso del cacique: Higinio Martínez lleva años intentando regresar al primer plano de la política mexiquense.

 

Su historia está íntimamente ligada a Texcoco y al denominado Grupo Texcoco, una estructura política que comenzó a consolidarse hace aproximadamente 26 años bajo su liderazgo, primero dentro del PRD y posteriormente en Morena.

 

El grupo llegó a convertirse en una de las principales fuerzas políticas del oriente mexiquense, con influencia que se extendió hasta municipios como Ecatepec.

 

Martínez fue presidente municipal de Texcoco entre 2003 y 2006. Antes de él había gobernado el municipio Horacio Duarte, entre 2000 y 2003; años después, Delfina Gómez ocupó la alcaldía entre 2013 y 2015.

 

Los tres fueron durante años parte del mismo proyecto político. Hoy, prácticamente todo aquello quedó reducido a cenizas.

 

Delfina Gómez llegó a la gubernatura en 2023 y, en una de las mayores afrentas políticas para Martínez Miranda, no lo colocó como secretario general de Gobierno. Eligió a Horacio Duarte. La decisión no solamente dejó fuera al viejo cacique texcocano de una posición estratégica.

 

También fortaleció a su antiguo pupilo y convirtió a Duarte en uno de los principales operadores del gobierno estatal.

 

Desde entonces, la disputa por el control político de Texcoco y por el futuro del Estado de México se convirtió en una guerra de posiciones.

 

La eventual llegada de Higinio Martínez a la presidencia del Senado adquiere por ello una dimensión que va mucho más allá del Poder Legislativo.

 

Quienes conocen los movimientos internos de Morena sostienen que la presidenta Claudia Sheinbaum habría identificado en Martínez Miranda una pieza útil para contener el peso político de Adán Augusto López dentro del Senado, particularmente de cara al proceso electoral de 2027.

 

Adán Augusto y la senadora Andrea Chávez han mantenido sus propios proyectos políticos, entre ellos la disputa por la candidatura de Morena en Chihuahua. De acuerdo con las versiones internas, ambos habrían rechazado la posibilidad de que Chávez compitiera por la alcaldía de Ciudad Juárez, dejando el camino a Cruz Pérez Cuéllar rumbo a la gubernatura. En ese tablero, colocar a Higinio al frente del Senado significaría introducir una pieza de contrapeso.

 

Pero el problema es que el contrapeso nacional puede convertirse en una bomba política dentro del Estado de México.

 

Porque mientras Sheinbaum podría estar utilizando a Higinio para equilibrar fuerzas en el Senado, Delfina Gómez y Horacio Duarte tienen razones de sobra para impedir que el senador fortalezca su estructura rumbo a la sucesión mexiquense.

 

LA ELECCIÓN DE 2027 SERÁ DETERMINANTE

 

Estarán en juego gubernaturas, diputaciones federales, congresos locales y presidencias municipales. Y el Estado de México será una pieza fundamental debido a su enorme peso electoral y a la cantidad de diputaciones federales que representa en San Lázaro. Por eso, la verdadera batalla no estaría en quién preside el Senado.

 

La verdadera batalla es quién llegará con mayor fuerza al momento de definir la candidatura de Morena al gobierno mexiquense.

 

Higinio quiere regresar. Delfina quiere conservar el control. Duarte quiere consolidar el suyo.

 

Y entre los tres existe una historia política común que ahora se convirtió en una factura pendiente.

 

La llegada del texcocano al Senado mandaría, además, una señal que incomoda profundamente al morenismo mexiquense: la sucesión del Estado de México podría dejar de depender exclusivamente de Andrés Manuel López Obrador y comenzar a definirse desde Palacio Nacional bajo la conducción de Claudia Sheinbaum.

 

Si esa lectura es correcta, se trataría de una de las mayores fracturas políticas dentro de Morena desde su llegada al poder. Pero la disputa no termina en los cargos políticos.

 

Alrededor del grupo de Higinio Martínez existen situaciones muy preocupantes. Los señalamientos sobre la relación política con sectores de Antorcha Campesina, organización que, según diversas voces, ha ganado espacios y desplazado a liderazgos tradicionales de Morena en distintas regiones del Estado de México.

 

Las acusaciones son especialmente delicadas en la Universidad Autónoma Chapingo, donde sectores universitarios denuncian una intromisión política que estaría afectando programas académicos, estructuras administrativas, derechos laborales y proyectos regionales.

 

Entre los señalamientos se encuentra la intención de modificar programas universitarios para orientarlos hacia intereses de corporaciones agroalimentarias y agroexportadoras, incluso mediante la creación de programas relacionados con cadenas productivas como el aguacate y los llamados frutos berries.

 

También se denuncia un proceso de debilitamiento o desaparición de unidades regionales de Chapingo en Mérida, Zacatecas y San Luis Acatlán, Guerrero, mientras la Unidad Regional Sur-Sureste de Puyacatengo, Tabasco, enfrentaría una reducción de estudiantes y apoyos.

 

Todo ello requiere una investigación seria, pública y documentada.

 

Porque si detrás de estas decisiones existen intereses políticos o económicos ajenos a la comunidad universitaria, el problema dejaría de ser una disputa administrativa para convertirse en un intento de captura política de una institución educativa estratégica para el campo mexicano.

 

ZOQUIAPAN: EL CONFLICTO QUE NADIE QUIERE EXPLICAR

 

El caso más delicado es el de la Estación Forestal Experimental Zoquiapan.

 

Las acusaciones que circulan dentro de Chapingo vinculan el conflicto con una presunta alianza política entre operadores de Higinio Martínez y sectores de Antorcha Campesina.

 

De acuerdo con testimonios universitarios, el conflicto comenzó a escalar el 15 de octubre de 2025, cuando ejidatarios de Río Frío cerraron el acceso principal a la estación e introdujeron maquinaria pesada para abrir caminos.

 

Los estudiantes de Ciencias Forestales intentaron continuar con sus prácticas utilizando rutas alternas.

 

La situación habría empeorado el 15 de febrero de 2026, cuando, según testimonios, estudiantes fueron enfrentados y amenazados con machetes para impedirles el acceso.

 

“Estos son nuestros bosques”, habría sido la advertencia. Finalmente, el 28 de mayo, los caminos y veredas restantes fueron cerrados. Desde entonces, profesores y estudiantes dejaron de acudir a la estación ante el temor de una confrontación violenta.

 

La acusación más grave sostiene que detrás del conflicto existiría una operación política para reconocer como propietarios a ejidatarios de Río Frío sobre aproximadamente 1,640 hectáreas.

 

Y aquí aparecen dos nombres más: los diputados federales de Morena Armando Corona Arvizu y Jesús Cuanalo, quienes son señalados de haber realizado gestiones ante distintas dependencias para respaldar las demandas de los ejidatarios.

 

Si esas gestiones existieron, deben transparentarse. Si hubo intervención política, debe explicarse. Y si Higinio Martínez ha intentado utilizar una disputa agraria para construir una estructura electoral, la sociedad tiene derecho a saberlo.

 

¿DESPOJO O NEGOCIACIÓN POLÍTICA?

 

Las versiones más severas sostienen que Higinio Martínez y Antorcha Campesina habrían intervenido políticamente para favorecer el reconocimiento de los ejidatarios y facilitar el control de los terrenos.

 

Son acusaciones extremadamente graves que deben ser investigadas por las autoridades competentes.

 

Porque si se demostrara que funcionarios, legisladores, dirigentes políticos o grupos de presión participaron en una operación para apropiarse de tierras pertenecientes a una institución pública, estaríamos frente a algo mucho más serio que una disputa entre ejidatarios y estudiantes.

 

Estaríamos frente a un posible negocio político con territorio, una universidad y recursos públicos como moneda de cambio.

 

EL SILENCIO TAMBIÉN ES POLÍTICO

 

Lo preocupante es que las denuncias sobre Chapingo y Zoquiapan ya habrían llegado hasta las conferencias presidenciales. Las mañaneras, sin que hasta ahora exista una solución contundente que satisfaga a las partes.

 

¿Quién protege a los estudiantes? ¿quién garantiza que puedan realizar sus prácticas? ¿quién determina legalmente la propiedad de las tierras? ¿quién autorizó las gestiones políticas? ¿quién está detrás de ellas? ¿y qué papel juegan Higinio Martínez y Antorcha Campesina?

 

Cuando están involucradas tierras, estudiantes, trabajadores, recursos públicos y una universidad estratégica para el país, la transparencia no puede ser opcional.

 

HIGINIO REGRESA, PERO LA GUERRA APENAS COMIENZA

 

La ruptura del Grupo Texcoco ya no es reversible. Delfina Gómez no parece dispuesta a entregarle el control político del Estado de México.

 

Horacio Duarte tampoco. Y Higinio, con la presidencia del Senado en las manos, tendrá una plataforma desde la cual podrá reconstruir su estructura. Por eso la disputa apenas comienza.

 

El Senado puede convertirse en su trampolín hacia la candidatura mexiquense.

 

Chapingo puede convertirse en uno de los escenarios más incómodos de esa batalla. Zoquiapan, en una prueba de fuego para todos los involucrados.

POLICÍAS DE TLALNEPANTLA, ATRAPADOS EN LA EXTORSIÓN

*Cuatro agentes fueron detenidos tras ser exhibidos presuntamente extorsionando a un transportista; el caso pone bajo la lupa al comisario Jorge Alberto Gómez Estrella y obliga al alcalde Raciel Pérez Cruz a explicar qué ocurre dentro de su corporación

 

Por: EXEDIENTE SECRETO

 

TLALNEPANTLA DE BAZ, Estado de México, 26 de agosto de 2026.- La corrupción volvió a quedar al descubierto en las filas de la policía municipal de Tlalnepantla de Baz. Cuatro elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, luego de ser señalados por presuntamente extorsionar a un transportista y posteriormente intentar comprar su impunidad.

 

Se trata de César Alberto “N”, Florencio “N”, Erick “N” y Eusebio “N”, quienes la noche del pasado 4 de agosto fueron captados por cámaras de Telediario Mx cuando presuntamente extorsionaban a un transportista sobre la avenida Ceylán, casi en su incorporación con Periférico Norte.

 

El caso resulta particularmente grave porque, de acuerdo con la información conocida, cuando el comisario Jorge Alberto Gómez Estrella tuvo conocimiento de los hechos ordenó un pase de lista de los agentes de tránsito que se encontraban en turno. Fue entonces cuando los cuatro uniformados, lejos de enfrentar de inmediato las consecuencias de sus actos, habrían ofrecido dinero a su propio mando para evitar una sanción.

 

Ahí se terminó de exhibir el verdadero rostro del problema: policías señalados por extorsionar a ciudadanos y, posteriormente, intentando comprar protección dentro de la propia corporación.

 

Los cuatro fueron finalmente detenidos por policías municipales y trasladados ante la Fiscalía Anticorrupción, donde quedaron a disposición de la autoridad por su presunta participación en el delito de cohecho. Paralelamente, el área de Asuntos Internos inició un procedimiento administrativo y se determinó su baja de la corporación.

 

Pero el asunto no termina con cuatro detenidos. ¿Quién controla realmente a la policía de Tlalnepantla?

 

El escándalo obliga a mirar hacia arriba y preguntar qué está ocurriendo dentro de la corporación que encabeza Jorge Alberto Gómez Estrella, particularmente porque elementos de la propia tropa han señalado presuntas prácticas de cobro de cuotas y castigos económicos al interior de la institución.

 

Según los señalamientos de policías, existirían cobros por prácticamente todo: faltas laborales, utilización de patrullas y diversas situaciones administrativas, además de pagos para evitar castigos. Acusaciones que, por su gravedad, deberían ser investigadas a fondo y no simplemente desestimadas como conflictos internos.

 

La pregunta inevitable para el alcalde morenista Raciel Pérez Cruz es sencilla: ¿qué clase de policía está construyendo su gobierno y quién está realmente al frente de ella?

 

Porque resulta contradictorio que un gobierno que llegó al poder prometiendo acabar con las viejas prácticas políticas permita que dentro de su policía municipal surjan señalamientos de extorsión, cohecho y presuntas cuotas internas.

 

La sombra de Nezahualcóyotl. A este escándalo se suma un elemento que no puede ignorarse.

 

Jorge Alberto Gómez Estrella es señalado como uno de los policías que se formaron bajo las órdenes de Jorge Amador Amador, conocido como “La Jirafa” o “El Doctor”, quien durante más de una década tuvo una posición de enorme influencia en la seguridad pública de Nezahualcóyotl.

 

Diversas publicaciones periodísticas han relacionado a Amador Amador con presuntos vínculos con estructuras delictivas, enfáticamente con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y con la formación de mandos policiales que habrían servido a intereses criminales. Esas acusaciones deben ser investigadas y acreditadas por las autoridades competentes, pero su existencia vuelve indispensable revisar con lupa la trayectoria y las redes de mando que rodean a la actual dirección policial de Tlalnepantla.

 

Lo verdaderamente preocupante es que, mientras la ciudadanía exige policías capaces de enfrentar a la delincuencia, cuatro agentes municipales terminan detenidos precisamente por hechos relacionados con corrupción y presunta extorsión.

 

De la “policía ejemplar” a los acuerdos bajo sospecha. Durante años se ha intentado vender la imagen de que la policía de Nezahualcóyotl es una de las mejores del país. Sin embargo, una corporación no puede medirse únicamente por discursos, estadísticas o reconocimientos: también debe responder por lo que ocurre con sus mandos, sus redes internas y sus posibles vínculos con grupos criminales.

 

Los señalamientos sobre supuestos acuerdos entre actores políticos, policías y organizaciones delictivas en Nezahualcóyotl son graves y requieren pruebas, investigaciones ministeriales y rendición de cuentas. No pueden convertirse en una verdad conveniente ni tampoco en acusaciones utilizadas sin sustento, se requiere una profunda investigación.

 

Precisamente por eso, el caso de Tlalnepantla merece una investigación mucho más profunda. Cuatro policías fueron detenidos, pero el verdadero problema podría estar varios escalones arriba.

 

Si existen cobros ilegales dentro de la corporación, si se exigen cuotas a los agentes, si hay mandos que utilizan su posición para obtener dinero o si existen redes de protección para policías corruptos, el alcalde Raciel Pérez Cruz tiene la obligación de aclararlo. No basta con presumir que los agentes fueron dados de baja.

 

Se debe de investigar quién los dejó operar, quién los supervisaba, quién recibió o pudo haber recibido dinero y si se trata de cuatro policías corruptos o de una estructura de corrupción mucho más amplia.

 

La ciudadanía de Tlalnepantla no necesita una policía que únicamente reaccione cuando una cámara de televisión descubre a sus elementos.

 

Necesita una corporación que no extorsione, no cobre cuotas, no proteja delincuentes y no convierta el uniforme en una licencia para abusar del ciudadano.

 

Y si el gobierno de Raciel Pérez Cruz realmente pretende demostrar que Morena llegó para “purificar” la vida pública, este caso es una prueba ineludible.

 

Porque cuatro policías detenidos pueden ser un problema de corrupción. Pero si la corrupción llega a los mandos, entonces ya no estamos hablando de cuatro malos elementos: estamos hablando de una posible enfermedad institucional. En la que el alcalde tiene la última palabra. Y, sobre todo, tiene la obligación de investigar hasta las últimas consecuencias.

“USTED NOS MINTIÓ”: VECINOS ENFRENTAN A AZUCENA CISNEROS

 

*Vecinos de Las Américas acusan al gobierno de Ecatepec de imponer obras, cerrar el diálogo y utilizar a policías para contener las protestas; el choque con Azucena Cisneros exhibe el creciente malestar ciudadano

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ECATEPEC, Estado de México, 26 de agosto de 2026.- El discurso de “gobierno del pueblo” se desmoronó frente a los vecinos de Las Américas. La alcaldesa morenista Azucena Cisneros Coss acudió el martes 25 de agosto a una de las llamadas mesas de paz y terminó protagonizando un tenso enfrentamiento verbal con habitantes que, lejos de recibirla con aplausos, la recibieron con pancartas, reclamos y una acusación que se repitió una y otra vez: “¡Usted nos mintió!”

 

En un video difundido por vecinos en redes sociales quedó registrado el momento en que Cisneros Coss intentaba defender su administración ante una comunidad inconforme.

 

“Nunca voy a hacer una obra o una acción en contra del pueblo que tanto amo y quiero y a quien me debo”, aseguró la presidenta municipal. La respuesta fue inmediata: “¡No es cierto!”

 

La alcaldesa insistió en que “el diálogo está abierto”, pero los habitantes le respondieron a gritos que no estaba abierto. Cuando Cisneros Coss argumentó que las obras eran “regionales” y que ninguna colonia podía actuar por sí sola, los vecinos volvieron a confrontarla: “¡Usted nos mintió!”

 

La tensión aumentó. Visiblemente molesta, la presidenta municipal terminó elevando la voz: “¡No nos entendemos, compañeros!”

 

Pero los vecinos no cedieron. “Usted nos mintió!”, insistieron desesperadamente.

 

El episodio resulta particularmente incómodo para una administración que presume cercanía con la ciudadanía. Lo ocurrido en Las Américas muestra, al menos en el terreno político, una fractura entre el discurso oficial y el malestar de habitantes que aseguran que sus reclamos no están siendo escuchados.

 

Cisneros Coss pidió calma y sostuvo que se requería información clara para evitar la “desinformación”. Sin embargo, la tranquilidad tampoco llegó del lado de los funcionarios municipales.

 

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, elementos de la Policía Municipal presentes durante el encuentro asumieron una actitud que los habitantes calificaron como intimidatoria y represiva.

 

Entre los mandos policiacos violentos fue identificado Israel Perales Sánchez, quien años atrás se desempeñó como subdirector metropolitano de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl y que, al inicio de la administración de Cisneros Coss, fungió como encargado de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal ante la ausencia de un titular.

 

Vecinos de Neza en diferentes ocasiones han señalaron a Perales Sánchez por sus negros antecedentes. Perales presuntamente brindar protección a una banda delictiva en la que, según las acusaciones, habrían participado familiares suyos. Estas imputaciones son señalamientos de los vecinos de Neza, sin embargo, nunca fueron investigadas, por lo que la alcaldesa debería de ordenar investigarse. Porque esa podría ser una de las razones por las que la violencia no disminuye en Ecatepec.

 

La presencia de los elementos policiacos, lejos de contener la inconformidad, terminó alimentando la percepción de los habitantes de que el gobierno municipal pretendía controlar la protesta de manera violenta en lugar de atender sus demandas.

 

Los vecinos del Fraccionamiento Las Américas solicitaron hacer públicas las agresiones y represión que, aseguran, sufrieron durante la reunión del 25 de agosto.

 

El reclamo de fondo tiene que ver con una obra que, de acuerdo con los habitantes, afectaría severamente la calidad de vida de la comunidad y cuyo costo consideran injustificado.

 

La inconformidad no es nueva. Los habitantes aseguran que en días anteriores bloquearon la Avenida Central para exigir respuestas y reclamaron la destitución de personal de SAPASE Ecatepec y de trabajadores de la UTC50, a quienes responsabilizan de las acciones que, según ellos, han incrementado el conflicto.

 

Para los vecinos, las llamadas mesas de paz se han convertido en escenarios donde la ciudadanía tendría que acudir a escuchar explicaciones oficiales, pero no necesariamente a cuestionar las decisiones del gobierno. Porque corren el riesgo de ser agredidos.

 

Y ahí está precisamente el problema para la administración de Cisneros Coss: cuando los ciudadanos dejan de aplaudir y comienzan a cuestionar, el diálogo se convierte en confrontación.

 

Los habitantes sostienen que diversos servidores públicos municipales actuaron como un grupo de choque, una práctica que —ironizan— el propio discurso de Morena suele condenar cuando se atribuye a gobiernos anteriores.

 

Los inconformes aseguran que el gobierno municipal pretende imponer la obra pese a las advertencias de los habitantes sobre sus posibles consecuencias.

 

La acusación es grave: que las decisiones sobre infraestructura pública ya estarían tomadas y que las mesas de diálogo solamente funcionarían como una escenografía política para justificar decisiones previamente adoptadas, sin escuchar a la población.

 

Por ello, los vecinos demandaron la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión del Agua del Estado de México, ante lo que consideran una situación que rebasa el ámbito municipal.

MOTOS, ARMAS Y MUERTE: LA VIOLENCIA DESMIENTE LAS

 CIFRAS DE AZUCENA CISNEROS

 

*El asesinato de una mujer exhibe las fallas de vigilancia en Ecatepec, mientras vecinos y policías cuestionan la estrategia de seguridad y el desempeño del comisario Luis Alberto Taylor González

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ECATEPEC, Estado de México, 25 de agosto de 2026.- El discurso oficial de seguridad en Ecatepec vuelve a estrellarse contra la realidad. Mientras el gobierno municipal presume reducciones en delitos como homicidio doloso, robo de vehículos, robo a casa habitación y extorsión, en las calles una mujer fue perseguida y asesinada a balazos sin que la presencia policial pudiera impedirlo.

 

La noche del jueves 20 de agosto, una mujer que circulaba a bordo de una motoneta fue perseguida por sujetos armados que viajaban en otra motocicleta, en una zona limítrofe entre las colonias Jardines de Morelos y La Laguna Chiconautla.

 

La víctima intentó acelerar para escapar de sus agresores, pero fue alcanzada cerca de la avenida Heberto Castillo y la calle Vicente Guerrero. Los sujetos le dispararon al menos cinco veces y posteriormente huyeron del lugar.

 

Elementos de seguridad municipal y estatal acudieron para acordonar la zona y permitir el desarrollo de las investigaciones correspondientes, bajo el protocolo de feminicidio.

 

El crimen, sin embargo, dejó nuevamente expuesta una de las principales preocupaciones de los habitantes de estas zonas: la sensación de que los delincuentes tienen mayor movilidad y capacidad de reacción que las propias corporaciones de seguridad.

 

Los vecinos han solicitado mayor iluminación y una base de vigilancia permanente en estos sectores, particularmente por tratarse de zonas limítrofes donde, según habitantes, la presencia policial resulta insuficiente.

 

Mientras tanto, la alcaldesa morenista Azucena Cisneros Coss insiste en que su administración ha conseguido reducir delitos de alto impacto. Pero para los habitantes, las estadísticas oficiales poco significan cuando una mujer puede ser perseguida durante la noche por sujetos armados y terminar asesinada a plena vía pública.

 

El problema no se limita a este homicidio. De acuerdo con testimonios recogidos por diversos medios, los habitantes enfrentan una delincuencia que utiliza motocicletas como uno de sus principales instrumentos para operar: desde robos de teléfonos celulares y asaltos a automovilistas hasta despojos de vehículos y motocicletas a punta de pistola.

 

Las motocicletas también son señaladas como un medio recurrente de movilidad para la distribución de drogas y para la comisión de ataques armados.

 

La pregunta inevitable es ¿dónde están las patrullas cuando los delincuentes se desplazan con semejante facilidad?

 

Porque de poco sirve presumir estadísticas descendentes si en las calles persiste una ciudadanía que se siente vulnerable y observa cómo los delincuentes circulan armados, seleccionan a sus víctimas, las atacan y escapan.

 

A este escenario se suma el cuestionamiento interno hacia el capitán de Marina Luis Alberto Taylor González, quien actualmente se desempeña como comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec.

 

Elementos de la propia corporación consultados sostienen que el desempeño del mando ha resultado decepcionante y califican su gestión como un fracaso. Incluso, aseguran que existe falta de conocimiento sobre la operación territorial y las condiciones reales que enfrenta la policía municipal.

 

Se trata de acusaciones que, por su gravedad, deberían ser respondidas públicamente por el propio comisario y por el gobierno municipal.

 

Porque si los policías que están diariamente en las calles consideran que su jefe desconoce la realidad operativa del municipio, entonces el problema deja de ser solamente de percepción ciudadana y se convierte en un asunto de conducción institucional.

 

El asesinato de esta mujer vuelve a colocar a Ecatepec frente a una incómoda realidad: la seguridad no se mide únicamente con boletines, porcentajes o conferencias de prensa; se mide en las calles, en la capacidad de prevenir un asesinato, detener a los responsables y devolverle a la población la tranquilidad que hoy no tiene.

 

Mientras el gobierno municipal presume avances, los habitantes siguen pidiendo iluminación, vigilancia y policías suficientes.

 

Y mientras las autoridades hablan de reducción del delito, una mujer ya no podrá contar si esas estadísticas son ciertas o no: fue asesinada a balazos mientras intentaba escapar de sus agresores.

 

Ese es el verdadero rostro de la inseguridad que enfrenta Ecatepec.

LA POLICÍA DE CHICOLOAPAN, CONVERTIDA EN CAJA DE COBRO: ACUSAN A COMISARIO Y MANDOS DE EXTORSIONAR A SUS PROPIOS AGENTES

 

*Policías denuncian cuotas de 900 pesos semanales, castigos y presuntas extorsiones a transportistas; acusan al comisario Josafat Green Ramírez y señalan al alcalde morenista Francisco Javier Mendoza Vázquez de conocer el esquema y permitirlo

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

SAN VICENTE CHICOLOAPAN, Estado de México, 24 de agosto de 2026.- Lo que debería ser una corporación encargada de proteger a la ciudadanía habría terminado convertida, de acuerdo con testimonios de propios elementos policiacos, en un mecanismo de cobro, amenazas y castigos internos, donde los agentes no sólo enfrentan condiciones laborales precarias, sino que son obligados a conseguir dinero en la calle para cubrir cuotas impuestas desde la propia estructura policial.

 

Los señalamientos apuntan directamente al comisario de Seguridad Pública Municipal, Josafat Green Ramírez, y alcanzan al presidente municipal morenista, Francisco Javier Mendoza Vázquez, a quien los uniformados responsabilizan de conocer la situación y permitir que continúe.

 

De acuerdo con los testimonios recabados por EXPEDIENTE SECRETO, los policías aseguran estar hartos de los presuntos abusos y de un esquema en el que cada elemento debe entregar 900 pesos semanales por utilizar una patrulla.

 

La acusación es particularmente grave: los uniformados sostienen que los mandos les exigen salir a conseguir dinero mediante extorsiones a ciudadanos y conductores para poder cubrir esa cuota.

 

LA PATRULLA COMO NEGOCIO

 

Entre los mandos señalados aparece Tolentino Hernández Luis Ángel, jefe de turno, a quien los policías identifican como uno de los operadores encargados de cobrar las cuotas y de contener las inconformidades dentro de la corporación.

 

Los elementos aseguran que las denuncias internas por abusos no prosperan y que existiría una red de protección alrededor de los mandos, incluso dentro del área de Asuntos Internos. La licenciada y titular del área tiene una muy estrecha cercanía con el comandante Luis Ángel, por ello, las denuncias nunca prosperan.

 

Pero los señalamientos no terminan ahí. Otro de los nombres mencionados por los uniformados es el del comandante Pérez Cantú Evelio, a quien atribuyen el cobro de 600 pesos por cada falta laboral. Los agentes aseguran contar con comprobantes de depósitos que, según su versión, corresponderían a esos cobros.

 

Más grave todavía es la acusación de que a los policías se les habría sugerido obtener dinero mediante presuntas extorsiones a los camiones de carga que circulan por la carretera México-Texcoco.

 

El mecanismo descrito por los uniformados sería sencillo y brutal: detener a los conductores, amenazarlos con inventarles algún delito y mantener sus vehículos en los corralones, sabiendo que recuperar una unidad puede representar para los transportistas gastos de decenas de miles de pesos. Por ello, acceden a pagar las extorsiones.

 

Si estos señalamientos se confirman mediante una investigación formal, no se estaría hablando simplemente de abusos aislados de algunos policías, sino de un posible esquema institucional de corrupción que convertiría la función de seguridad pública en una fuente de ingresos producto de extorsiones.

 

EL PRECIO DE DENUNCIAR

 

Los policías también denuncian que quienes se atreven a cuestionar las cuotas o a protestar por los abusos son castigados. Según sus testimonios, pueden ser retirados de las patrullas y enviados a los llamados “servicios de castigo”, con la intención de desgastarlos hasta provocar su renuncia.

 

Los elementos afirman incluso que existe el temor de que, como represalia, se les fabriquen responsabilidades y sean puestos a disposición del Ministerio Público. Es decir, el mensaje para los uniformados sería contundente: pagar, callar o irse.

 

Y mientras los policías viven bajo presión, la ciudadanía queda atrapada en el extremo más peligroso del problema: si los uniformados necesitan obtener dinero en la calle para cumplir cuotas internas, la seguridad pública deja de ser un servicio y corre el riesgo de convertirse en una actividad de recaudación ilegal.

 

CINCO MIL 500 PESOS QUINCENALES Y 900 PESOS SEMANALES DE CUOTA

 

Las condiciones económicas denunciadas por los policías hacen todavía más grave el panorama. Los elementos aseguran percibir 5 mil 500 pesos quincenales, pero de esa cantidad tendrían que desprenderse de 900 pesos cada semana por la renta de las patrullas.

 

A ello se suman los gastos de combustible. Los agentes aseguran que reciben apenas ocho litros diarios de combustible, cantidad que consideran insuficiente para realizar sus recorridos.

 

Cuando una patrulla se descompone, según los testimonios, los propios policías tendrían que asumir el costo de las reparaciones si quieren continuar trabajando.

 

El resultado sería una corporación en la que el policía termina pagando por trabajar, mientras los ciudadanos padecen las consecuencias de una estructura que, en lugar de fortalecer la seguridad, estaría generando incentivos para obtener dinero por vías irregulares.

 

JORNADAS EXTENUANTES Y POLICÍAS AL LÍMITE

 

A este escenario se agregan las condiciones laborales. Los uniformados denuncian jornadas de 24 horas de trabajo por 24 de descanso, aunque aseguran que en ocasiones ni siquiera cuentan con tiempo suficiente para comer.

 

Quienes permanecen asignados al Palacio Municipal, afirman, deben cubrir jornadas de aproximadamente 9 de la mañana a 12 de la noche, con apenas una hora destinada a alimentos. La pregunta resulta inevitable: ¿cómo puede exigirse eficiencia, profesionalismo y seguridad a policías sometidos a estas condiciones?

 

El problema no sería únicamente laboral. También representa un riesgo para la ciudadanía. Un policía agotado, mal pagado, presionado económicamente y sometido a amenazas internas difícilmente puede desempeñar de manera adecuada una función que exige concentración, disciplina y capacidad de respuesta.

 

¿QUÉ SABE EL ALCALDE MORENISTA?

 

Los policías aseguran que el presidente municipal Francisco Javier Mendoza Vázquez conoce los señalamientos y que, pese a ello, el sistema continúa operando. Las acusaciones son suficientemente graves como para que el alcalde no pueda limitarse a guardar silencio.

 

Si desconoce lo que ocurre dentro de su propia corporación, entonces tendría que explicar por qué sus mandos pueden cobrar cuotas a los policías sin que nadie los detenga. Si lo conoce, tendría que explicar por qué no ha actuado.

 

Y si sostiene que todo es falso, la respuesta no debería ser política ni discursiva: debería abrirse una investigación independiente, revisar los depósitos bancarios denunciados por los elementos, auditar las cuotas, investigar las quejas ante Asuntos Internos y determinar si existe o no una estructura de extorsión dentro de la policía municipal.

 

Porque aquí no se está hablando solamente de policías inconformes.

Se está hablando de cobros obligatorios, amenazas, castigos, extorsiones a transportistas, denuncias internas que son frenadas y una cadena de mando que, según los testimonios, llegaría hasta el comisario y el propio gobierno municipal.

 

LA POLICÍA SE CANSÓ DE SER SEÑALADA

 

Los uniformados que decidieron romper el silencio sostienen que existe una percepción social de que toda la policía municipal es responsable de los abusos. Pero aseguran que detrás de muchos de esos comportamientos existe una estructura de presión que comienza dentro de la propia corporación.

 

Y ante la gravedad de estos señalamientos, el alcalde Francisco Javier Mendoza Vázquez y el comisario Josafat Green Ramírez tienen algo más que una obligación política de responder: tienen la responsabilidad de aclarar públicamente qué está ocurriendo dentro de la corporación que está bajo su mando.

 

Las acusaciones aquí descritas corresponden a testimonios de policías municipales y deberán ser investigadas y corroboradas por las autoridades competentes.

POLICÍA ASESINADO EN CHICOLOAPAN DESTAPA CLOACA DE DROGA Y CORRUPCIÓN; COMPAÑEROS LO SEÑALAN COMO PRESUNTO NARCOMENUDISTA

 

*El homicidio de un policía señalado por sus propios compañeros como presunto narcomenudista vuelve a poner bajo la lupa a Chicoloapan y las acusaciones de una posible infiltración del crimen organizado en la corporación y el gobierno municipal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHICOLOAPAN, Estado de México, 22 de agosto de 2026.- El asesinato de un policía municipal en Chicoloapan no sólo volvió a exhibir la violencia que azota al municipio: abrió una cloaca de acusaciones sobre presunto narcomenudeo, corrupción dentro de la corporación policiaca y una presunta protección institucional que, de confirmarse, revelaría hasta dónde habría penetrado el crimen organizado en las estructuras del gobierno local.

 

La mañana de ayer viernes, alrededor de las 07:00 horas, fue localizado sin vida Marcos Raúl Pérez Díaz, de 47 años, quien se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de Chicoloapan.

 

El cuerpo fue encontrado sobre Avenida Real de Arzobispado, esquina con Real de Castilla, sin número, en la colonia Real de Costitlán. Al arribar los servicios médicos de emergencia determinaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

 

PERO EL CASO ESTÁ RODEADO DE INTERROGANTES

 

En el lugar no fueron localizados casquillos percutidos, por lo que hasta el momento no existe certeza sobre si Pérez Díaz fue asesinado en ese punto o si su cuerpo fue abandonado posteriormente. La investigación deberá determinar dónde ocurrió el homicidio, quienes participaron y cuál fue el móvil.

 

Sin embargo, lo que más sacude a la corporación son los señalamientos realizados por compañeros del propio policía asesinado, quienes solicitaron permanecer en el anonimato.

 

De acuerdo con esos testimonios, Pérez Díaz llevaba tiempo involucrado en actividades de narcomenudeo y habría utilizado su posición dentro de la corporación para participar en la distribución de droga. Incluso, sus compañeros lo señalan como un presunto distribuidor de cocaína al interior de la propia Policía Municipal.

 

Se trata de acusaciones graves que deberán ser investigadas por las autoridades competentes, pero que adquieren especial relevancia por un antecedente que ya había puesto al elemento bajo la lupa.

 

DETENIDO POR DELITOS CONTRA LA SALUD Y DE REGRESO A LA POLICÍA

 

El pasado 21 de abril, Marcos Raúl Pérez Díaz fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por presuntos delitos contra la salud.

 

No obstante, según los testimonios recabados, horas después habría recuperado su libertad tras un supuesto pago de dinero dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y, lejos de ser separado de la corporación, habría regresado a trabajar como policía municipal con absoluta normalidad.

 

Esta versión, por su gravedad, exige una investigación a fondo sobre todo para que el comisario de la policía municipal Josafat Green Ramírez explique quien permitió su reincorporación, bajo qué condiciones recuperó su libertad y, sobre todo, si existió alguna irregularidad en el procedimiento ministerial.

 

Porque si un policía municipal efectivamente fue detenido por delitos contra la salud y posteriormente regresó a portar el uniforme y ejercer funciones de seguridad, la pregunta es inevitable: ¿Quién lo protegió y por qué?

 

Y esa pregunta conduce directamente al problema de fondo que desde hace años arrastra Chicoloapan.

 

SEIS AÑOS DE ACUSACIONES Y LA SOMBRA DEL CRIMEN ORGANIZADO

 

Durante los seis años en que Nancy Gómez Vargas, de Morena, estuvo al frente del Ayuntamiento, el municipio quedó marcado por constantes señalamientos sobre una presunta presencia y operación de grupos criminales.

 

Uno de los nombres que apareció públicamente fue el de su hermano, Marco Antonio Gómez Vargas, alias “El Kino”, quien desde 2022 comenzó a ser señalado públicamente como presunto operador criminal.

 

De acuerdo con los señalamientos que se hicieron durante aquellos años, “El Kino” habría estado relacionado con el cobro de extorsiones y derecho de piso, además de la presunta distribución y control de puntos de venta de droga.

Durante años, esas acusaciones generaron cuestionamientos sobre la capacidad —o voluntad— de las autoridades para enfrentar a la delincuencia.

 

Finalmente, el pasado 10 de julio, Marco Antonio Gómez Vargas fue detenido en Chiapas y puesto a disposición de las autoridades por delitos relacionados con tráfico de drogas, extorsión y homicidio, de acuerdo con los datos proporcionados para esta información.

 

Pero la detención de “El Kino” no significó que las acusaciones sobre la penetración criminal en Chicoloapan desaparecieran.

 

AHORA, LAS ACUSACIONES APUNTAN AL GOBIERNO DE FRANCISCO JAVIER MENDOZA

 

El municipio es gobernado actualmente por el morenista Francisco Javier Mendoza Vásquez, y nuevamente aparecen señalamientos que vinculan a integrantes del entorno político municipal con personas acusadas públicamente de actividades criminales.

 

Entre ellos está Reinaldo Ruiz Castaneyra, alias “El Perro”, a quien comerciantes y distintas versiones locales señalan como el encargado del cobro de extorsiones y derecho de piso a comerciantes establecidos y ambulantes.

 

El señalamiento adquiere una dimensión política porque, según las acusaciones, Mendoza Vásquez ha aparecido públicamente junto a Ruiz Castaneyra, mientras integrantes del equipo del alcalde se refieren a éste como “licenciado”.

 

Y existe un cuestionamiento todavía más delicado: se afirma que un hijo de “El Perro”, Edgar Ruiz Aguilar fue incorporado como primer regidor de la administración municipal.

 

Con estas circunstancias, el problema ya no es solamente la existencia de delincuentes operando en las calles. Sino que la sociedad se enfrenta ala a posible infiltración de intereses criminales en las propias estructuras del gobierno municipal.

 

¿QUIÉN GOBIERNA REALMENTE CHICOLOAPAN?

 

El asesinato de Marcos Raúl Pérez Díaz coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta que las autoridades municipales y estatales no pueden seguir esquivando: ¿Hasta dónde ha penetrado el crimen organizado en Chicoloapan?

 

Porque resulta inadmisible que un policía municipal sea asesinado y que, simultáneamente, compañeros de la corporación lo señalen como presunto vendedor de droga dentro de la propia institución, mientras existen antecedentes de una detención por delitos contra la salud que habría terminado sin impedir su regreso al servicio.

 

Tampoco puede ignorarse que durante años han existido señalamientos sobre extorsión, venta de drogas y presuntos operadores criminales vinculados con círculos políticos de Morena.

 

Con tanta sangre derramada en Chicoloapan, la sociedad se enfrenta al riesgo de que la frontera entre gobierno y delincuencia se haya vuelto prácticamente invisible.

 

Y mientras las autoridades hablan de seguridad, los ciudadanos siguen viviendo entre homicidios, extorsiones y miedo.