EXTORSIÓN GOLPEA MERCADOS DE NEZA: LOCATARIOS DENUNCIAN CUOTAS, AMENAZAS DE MUERTE Y DESCONFIANZA EN LA POLICÍA

*Señalamientos contra exjefe policiaco y versión oficial chocan con testimonios; edil Adolfo Cerqueda Rebollo niega presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México.— En los últimos dos meses, locatarios de al menos tres mercados públicos denunciaron un incremento en las extorsiones en su contra por parte de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes exigen cuotas bajo amenazas de muerte, generando un clima de miedo entre los comerciantes.

 

De acuerdo con testimonios recabados y publicados por El Universal, los extorsionadores operan mediante llamadas telefónicas o mensajes escritos que dejan directamente en los locales.

 

En uno de los casos, los delincuentes entregaron recados con el nombre del secretario de la mesa directiva del mercado, incluyendo dirección y fotografía de su domicilio, con la instrucción de convocar a una reunión para informar sobre una “cuota” obligatoria.

 

En un mercado con cerca de 250 locales, el cobro asciende a 300 pesos por negocio cada 15 días, lo que representa alrededor de 150 mil pesos mensuales. El pago es individual y, a cambio, los comerciantes reciben supuesta “protección”.

 

En otros centros de abasto, las amenazas se dirigen directamente a las mesas directivas, a cuyos responsables se les exige una cantidad fija mensual, sin dar explicaciones adicionales, pero advirtiendo que conocen su ubicación y que cualquier intento de denuncia será castigado.

 

El miedo ha llevado a los locatarios a evitar a la policía municipal, pues perciben posibles vínculos entre elementos de seguridad y los extorsionadores. Un comerciante que denunció fue ubicado posteriormente por los delincuentes y obligado a pagar 15 mil pesos como represalia.

 

“Nos dejaron un papel con nombres, dirección y foto. Decían que había cuota de 300 pesos por local cada 15 días. Nadie quiere hablar con la policía porque cuando uno denunció, lo castigaron con más dinero”, relató un afectado.

 

Otro locatario señaló que las llamadas van directo a los encargados: “Les dicen que son responsables, que saben dónde están y que pasarán por el dinero. Si denuncias, se enteran. A uno lo multaron con miles de pesos por ‘chillar’”.

 

A este contexto se suma un elemento que profundiza la desconfianza ciudadana. De acuerdo con una investigación del medio Latinus, el ex titular de la policía municipal, Jorge Amador Amador, conocido como “El Doctor” o “La Jirafa”, ha sido señalado como presunto operador de esquemas de extorsión en el municipio y vinculado, según esa publicación, con actividades relacionadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

 

Estos señalamientos, aunque no constituyen una determinación judicial, han abonado a la percepción de que las corporaciones locales podrían estar infiltradas, lo que explicaría por qué comerciantes prefieren no denunciar.

 

Pese a este escenario, el alcalde morenista Adolfo Cerqueda Rebollo negó que el CJNG o cualquier otro grupo delictivo opere en los mercados del municipio y sostuvo que los casos corresponden a conflictos internos.

 

El edil afirmó que en el Mercado 1 de Mayo dos personas que se hacían pasar por integrantes del cártel fueron detenidas, mientras que en la colonia Maravillas un caso atribuido al CJNG resultó ser un conflicto familiar vinculado a deudas de tipo “gota a gota”.

 

Asimismo, reconoció disputas al interior de los mercados, incluyendo confrontaciones entre mesas directivas y comerciantes, e incluso casos en los que los propios locatarios desalientan las denuncias.

 

“Estamos teniendo muchos temas al interior de los mercados por confrontaciones entre dirigencias y situaciones aisladas”, afirmó.

 

No obstante, entre comerciantes y ciudadanos crece la percepción de que la postura oficial minimiza un problema que, aseguran, es cotidiano y cada vez más visible en Ciudad Nezahualcóyotl.

 

El gobierno municipal informó que mantiene mesas de trabajo semanales con comerciantes y anunció la realización de un foro de seguridad en mercados, aunque para muchos locatarios estas acciones resultan insuficientes frente a una realidad que, advierten, se vive todos los días bajo amenaza.

TOLUCA BAJO ASEDIO: CALL CENTERS DE EXTORSIÓN OPERAN CON IMPUNIDAD Y EXHIBEN DEBILIDAD DE LA FISCALÍA

 

*Extorsión telefónica crece mientras autoridades titubean y criminales se reorganizan en el Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

TOLUCA, Estado de México, 24 de marzo de 2026.- En el Estado de México, la delincuencia no solo muta, también se institucionaliza en la sombra. Hoy, los llamados “call centers” operan como auténticos centros de extorsión sin que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a cargo de José Luis Cervantes Martínez logre —o quiera— frenarlos con contundencia.

 

Detrás de fachadas aparentemente legales, estos centros de llamadas funcionan como engranajes de un sistema de cobranza ilegal que intimida, amenaza y exprime a ciudadanos endeudados. Con acceso a bases de datos cuya procedencia nadie explica, los operadores llaman de manera insistente para exigir pagos que, en muchos casos, ni siquiera corresponden a ellos, sino a bancos o tiendas que deberían regirse bajo la ley.

 

El esquema es claro: presionan a las víctimas con amenazas, les exigen depósitos a cuentas personales —algo abiertamente irregular— y juegan con la incertidumbre y el miedo. No es cobranza, es extorsión disfrazada.

 

Lo más grave no es su existencia —que es un secreto a voces— sino la pasividad de las autoridades. Mientras ciudadanos denuncian abusos, la Fiscalía parece ir un paso atrás, generando más dudas que certezas. La falta de acciones firmes alimenta la percepción de complicidad o, en el mejor de los casos, de una alarmante incapacidad institucional.

 

Aunque algunos de estos centros han bajado sus cortinas ante la presión mediática y el temor a operativos, el problema dista mucho de resolverse. Se trata de una estructura que opera como “monstruo de mil cabezas”, capaz de replegarse y reaparecer en cuestión de días.

 

Paradójicamente, sí hubo resultados en el pasado reciente. Bajo la coordinación del entonces fiscal regional Elohim Díaz Jiménez, se llevaron a cabo operativos en Nezahualcóyotl entre 2023 y 2024, donde se desmantelaron múltiples centros clandestinos en colonias como la Metropolitana. En esos operativos se aseguraron inmuebles, se decomisó equipo especializado para fraudes y se detuvo a decenas de personas, incluidos presuntos líderes de estos centros de extorsión.

 

El modus operandi era sofisticado: uso de software para engaños bancarios, llamadas masivas de fraude y extorsiones que trascendían fronteras. Era una industria criminal bien aceitada.

 

Pero el golpe más duro llegó después. La tarde del 21 de enero de 2025, Díaz Jiménez fue asesinado dentro de un restaurante en Metepec. Su ejecución no solo apagó a un operador clave en la lucha contra estos grupos, también dejó un mensaje inquietante: enfrentar a estas redes tiene consecuencias.

 

Hoy, con ese antecedente, la Fiscalía mexiquense enfrenta una prueba crítica. No bastan operativos espectaculares ni despliegues mediáticos. Se requiere solidez jurídica, inteligencia, coordinación y, sobre todo, voluntad real para desmontar una estructura criminal que ya echó raíces.

 

Porque mientras no se actúe con firmeza, los call centers seguirán marcando… y cobrando, pero no deudas, sino el miedo de miles de ciudadanos.

OPERATIVOS EN ANEXOS DEL EDOMEX DESTAPAN SOSPECHAS

 DE DELITOS OCULTOS

*Fiscalía mexiquense mantiene investigaciones en sigilo; denuncian irregularidades en centros de rehabilitación

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 23 de marzo de 2026.– En medio de un creciente clima de incertidumbre, en las últimas semanas han comenzado a multiplicarse las quejas de personas vinculadas a los llamados “anexos” —centros de rehabilitación para personas con adicciones— en distintos puntos del Estado de México, tras una serie de operativos que han derivado en el aseguramiento de inmuebles sin explicaciones públicas claras.

 

De acuerdo con testimonios recabados, las intervenciones han sido encabezadas por autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cuyo titular es José Luis Cervantes, sin que hasta el momento se haya emitido información detallada sobre los motivos específicos de cada acción.

 

Sin embargo, versiones cercanas a las investigaciones señalan que estas medidas no son arbitrarias. Por el contrario, responden a líneas de indagatoria que apuntan a la posible comisión de diversos delitos al interior de algunos de estos establecimientos, los cuales, en teoría, deberían estar enfocados exclusivamente en la rehabilitación de personas con problemas de alcoholismo y drogadicción.

 

Entre las irregularidades que presuntamente se investigan se encuentran actividades ilícitas que nada tendrían que ver con la recuperación de los internos, lo que ha encendido alertas sobre el funcionamiento real de ciertos anexos, muchos de los cuales operan sin supervisión estricta o bajo esquemas poco transparentes.

 

Pese a ello, la Fiscalía ha optado por mantener un hermetismo casi total en torno a los operativos, lo que ha generado molestia e inquietud entre familiares, encargados de centros y organizaciones civiles, quienes reclaman claridad sobre los criterios utilizados para intervenir y asegurar los inmuebles.

 

Algunos de los inconformes advierten que la falta de información podría derivar en afectaciones a espacios que sí cumplen con su labor social, mientras que otros reconocen que desde hace años existen denuncias sobre abusos, encierros forzados y otras prácticas ilegales dentro de ciertos anexos, lo que justificaría una intervención más profunda de las autoridades.

 

En este contexto, todo apunta a que las investigaciones continúan avanzando de manera discreta, pero firme. Fuentes cercanas al caso anticipan que en los próximos días podrían darse a conocer resultados concretos sobre el alcance de estas indagatorias, así como posibles responsabilidades penales.

 

Por ahora, el silencio oficial contrasta con el movimiento constante en torno a estos centros, en un tema que podría destapar una problemática mucho más grave de lo que hasta ahora se ha reconocido públicamente.

POLICÍAS DE CHALCO SECUESTRAN A MENOR Y EXIGEN RESCATE; CRISIS DE SEGURIDAD SE PUDRE DESDE DENTRO

*Segundo caso en 2026 involucra a uniformados; detenciones en flagrancia exhiben una corporación infiltrada mientras el gobierno municipal guarda silencio

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

CHALCO, Estado de México, 23 de marzo de 2026.- La descomposición de la policía municipal de Chalco quedó nuevamente al descubierto: dos elementos en activo fueron detenidos en flagrancia el pasado 20 de marzo tras privar ilegalmente de la libertad a un adolescente y exigir 15 mil pesos a su familia para liberarlo.

 

Los hechos, que retratan una estructura de corrupción incrustada en la corporación, ocurrieron en la colonia San Martín Cuautlalpan. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, los uniformados arribaron al domicilio de la víctima bajo el pretexto de investigar una camioneta con reporte de robo. Fue entonces cuando, aprovechando la confianza, subieron al menor a una patrulla oficial.

 

Minutos después, la familia recibió una llamada: 15 mil pesos a cambio de su libertad. Un secuestro exprés ejecutado, presuntamente, por quienes deberían proteger a la ciudadanía.

 

La denuncia al 911 permitió activar un operativo estatal que derivó en una entrega controlada del dinero. En el punto acordado, los agentes estatales lograron capturar a los dos policías municipales en pleno intercambio. Durante la intervención se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles y la patrulla utilizada para cometer el delito.

 

Los detenidos, ambos de aproximadamente 30 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Antisecuestros con sede en Nezahualcóyotl, donde se definirá su situación jurídica. El adolescente fue liberado sin lesiones graves y ya se encuentra con su familia.

 

REINCIDENCIA QUE ALARMA

 

Lejos de ser un hecho aislado, este caso confirma un patrón alarmante. Apenas el pasado 16 de febrero, otro policía activo de Chalco fue detenido por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de una persona, localizada en un inmueble de la colonia Santa María Huexoculco tras un operativo derivado de denuncias ciudadanas.

 

Dos casos en poco más de un mes, ambos con elementos en activo, apuntan a algo más grave que conductas individuales: una corporación penetrada por la delincuencia.

 

CRISIS Y DESCONTROL EN LA POLICÍA MUNICIPAL

 

En medio de este escenario, el municipio enfrenta una inestabilidad evidente en su estructura de seguridad. El Cabildo aprobó recientemente la designación de Hugo Flores Morales como nuevo director de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, convirtiéndose en el cuarto comisario en menos de diez meses.

 

La presidenta municipal, Abigail Sánchez Martínez, tomó protesta al nuevo mando tras la salida de Eduardo Aguilera González, quien apenas había asumido el cargo en julio y renunció tres meses después.

 

Los constantes cambios en la cúpula policial reflejan un descontrol institucional que coincide, peligrosamente, con el incremento de delitos cometidos por los propios elementos.

 

SILENCIO OFICIAL Y DESCONFIANZA CIUDADANA

 

A pesar de la gravedad de los hechos, el gobierno municipal no ha emitido una postura clara. Mientras tanto, la ciudadanía observa con creciente temor cómo quienes portan uniforme y armas oficiales se convierten en victimarios.

 

Lo ocurrido en Chalco no es un hecho menor: es la evidencia de una policía que, lejos de garantizar seguridad, se ha convertido en un riesgo. La captura de estos elementos debería detonar una depuración urgente, investigaciones a fondo y, sobre todo, responsabilidades políticas.

 

Porque cuando los policías secuestran, el problema ya no es la delincuencia: es el Estado fallando desde adentro.

ALIANZA TÓXICA: HIGINIO, ANTORCHA Y LA GUERRA

 INTERNA QUE SACUDE AL EDOMEX

*Ambición, rupturas y pactos cuestionables adelantan el 2027 y ponen en riesgo la estabilidad política estatal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 22 de marzo de 2026.- Lo que debería ser un proceso político ordenado rumbo a 2027 se ha convertido en una disputa anticipada marcada por la confrontación, las alianzas incómodas y una evidente descomposición interna. En el centro de esta tormenta se encuentra Higinio Martínez Miranda, cuya estrategia política no solo ha encendido las alertas, sino que ha desatado acusaciones de complicidad con grupos históricamente cuestionados.

 

El adelantado arranque de campañas disfrazadas de posicionamiento ha generado una ola de encuestas, rumores y movimientos políticos que exhiben una fractura profunda dentro de Morena en el Estado de México. Junto a Horacio Duarte, el senador ha sido señalado por diversos actores políticos, periodistas y usuarios en redes sociales de impulsar una carrera anticipada que no solo ignora los tiempos electorales, sino que dinamita la cohesión interna del partido.

 

La tensión es evidente. Municipios completos, liderazgos locales y estructuras políticas han comenzado a migrar de un bando a otro, en un reacomodo que huele más a imposición que a consenso. El caso de Tecámac es ilustrativo: una ruptura política abierta que tiene como telón de fondo la influencia directa de Higinio Martínez.

 

Pero el conflicto no se queda en el terreno de las percepciones. Al interior del propio Morena crece el malestar. Militantes han denunciado lo que consideran un intento de desestabilización del gobierno estatal, alimentado por protestas que, aseguran, tienen un trasfondo político. El plantón instalado frente al Palacio de Gobierno, impulsado por Felipe Rodríguez, líder único, vitalicio de la UPREZ, es visto como una maniobra que beneficia directamente al senador.

 

Más grave aún es el tejido de alianzas. En su intento por consolidar poder, Higinio ha abierto la puerta a grupos ligados al viejo priismo, incluyendo corrientes cercanas a Alejandra del Moral. Sin embargo, lo que ha generado mayor indignación es su cercanía con Antorcha Campesina, una organización con altos niveles de rechazo ciudadano.

 

La posibilidad de ver converger a estructuras como la UPREZ y Antorcha Campesina no solo resulta inquietante, sino explosiva. Ambas organizaciones arrastran historiales polémicos y niveles de desaprobación que, lejos de sumar, multiplican el desgaste político.

 

Paradójicamente, mientras algunas encuestas colocan a Higinio Martínez en posiciones competitivas, también revelan un dato contundente: encabeza los niveles de rechazo más alto entre los posibles aspirantes. Es decir, su figura no solo divide, sino que genera una resistencia significativa entre el electorado.

 

Si a esto se suma que Antorcha Campesina es una de las organizaciones con mayor rechazo a nivel nacional, y que la UPREZ enfrenta una percepción similar en el Estado de México, el resultado es una ecuación política adversa. La suma de negativos no solo debilita cualquier aspiración, sino que amenaza con convertir su eventual candidatura en un lastre electoral.

 

En este contexto, la llamada “ciencia política” que presumen dominar parece haber sido sustituida por la urgencia y la ambición. La apuesta es riesgosa: imponer una candidatura con altos niveles de rechazo podría no solo fracasar en las urnas, sino profundizar la crisis interna de Morena.

 

La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿por qué la ciudadanía tendría que pagar el costo de estas disputas de poder? Y más aún, ¿qué sigue en esta escalada? ¿La incorporación de estructuras criminales disfrazadas de sindicatos que son cuestionadas como parte de este bloque político?

 

El escenario es claro: una alianza que, lejos de fortalecer, amenaza con arrastrar al Estado de México a una confrontación política de alto costo social. Porque cuando la ambición supera a la prudencia, los daños no se quedan en la clase política… los termina pagando la gente.

CJNG SIGUE INTACTO TRAS CAÍDA DEL MENCHO; DUDAS SOBRE

 ESTRATEGIA DEL GOBIERNO FEDERAL

Declaraciones de Omar García Harfuch evidencian la falta de una ofensiva clara para desmantelar la estructura criminal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de marzo de 2026.-** La confirmación de lo evidente terminó por abrir una pregunta incómoda en materia de seguridad nacional: si el Cártel Jalisco Nueva Generación sigue operando con fuerza tras la caída de su líder, ¿por qué el Estado no ha lanzado una ofensiva para desmantelarlo?

 

Ayer, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe del Gabinete de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, reconoció que el grupo criminal no ha desaparecido pese a la muerte de su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

 

“El grupo sigue teniendo presencia nacional, es fuerte y altamente peligroso”, admitió el funcionario, en una declaración que, si bien responde a una pregunta obvia, deja al descubierto la ausencia de una narrativa más contundente: la de una estrategia clara para desarticular al cártel en su momento de mayor vulnerabilidad.

 

Porque, aunque la caída del Mencho representa, en teoría, el golpe más significativo al narcotráfico en los gobiernos recientes —en contraste con la política de “abrazos, no balazos” impulsada por Andrés Manuel López Obrador—, lo cierto es que no se ha anunciado una segunda fase ofensiva contra la estructura criminal.

 

Hasta ahora, no hay señales de operativos dirigidos a capturar o eliminar a los líderes regionales ni a desmantelar las redes financieras del CJNG, pese a que especialistas y mandos militares consideran que ese sería el paso lógico tras la neutralización del capo.

 

Fuentes castrenses señalan que el Ejército estaría listo para avanzar contra los posibles sucesores de Oseguera Cervantes, pero que la orden simplemente no ha llegado desde el más alto nivel del poder, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

 

La omisión resulta aún más llamativa si se considera la magnitud del conglomerado criminal. El CJNG no es una estructura vertical tradicional, sino una especie de franquicia delictiva que agrupa decenas de células dedicadas no sólo al narcotráfico, sino también al huachicol, trata de personas, tráfico de armas, extorsión, lavado de dinero y control territorial.

 

En ese contexto, la falta de una ofensiva posterior al golpe inicial abre interrogantes inevitables: ¿se trata de una estrategia deliberada o de una pausa inexplicable?

 

Entre las versiones que circulan, una apunta a factores internacionales y políticos. La cercanía de la Copa del Mundo y el temor a una reacción violenta del crimen organizado podrían estar influyendo en la contención de acciones más agresivas, ante el riesgo de generar inestabilidad en el país.

 

Otra línea, más delicada, sugiere tensiones internas y una reconfiguración en la cooperación bilateral en materia de seguridad, con un papel más directo de agencias estadounidenses y del aparato militar mexicano en operativos de alto nivel.

Incluso el nombre del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece en el trasfondo, ante las presiones para endurecer la lucha contra los cárteles, las cuales habrían influido en la decisión de ir por el Mencho.

 

Sin embargo, más allá de las versiones, lo único claro es que el CJNG sigue activo, con capacidad operativa y presencia nacional e internacional.

 

La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿ordenará el gobierno federal una ofensiva total para desmantelar a esta organización o permitirá que sus células se reorganicen y nombren a un nuevo líder?

 

Porque si algo ha demostrado la historia del narcotráfico en México es que los vacíos de poder no duran mucho. Y si no se actúa ahora, el riesgo es evidente: que en poco tiempo surja un nuevo “Mencho” y que las cuatro letras sigan imponiendo su ley en amplias regiones del país.

POLICÍAS DE TRÁNSITO DE LA PAZ GOLPEAN A CIUDADANO

 QUE SE NEGÓ A EXTORSIÓN

*Elementos de la patrulla TM-262, bajo el mando de Ismael “La Ardilla” Garduño, evidencian abuso mientras crecen señalamientos contra la alcaldesa Martha Guerrero por tolerar corrupción sistemática

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 20 de marzo de 2026.- La escena es tan indignante como reveladora: policías municipales de tránsito, a bordo de la patrulla TM-262, fueron captados mientras golpeaban a un ciudadano en plena vía pública. Los agresores —dos mujeres y un hombre uniformados— no solo hicieron uso excesivo de la fuerza, sino que, de acuerdo con testigos, actuaron como represalia luego de que la víctima se negara a ser extorsionada.

 

Los hechos, que han comenzado a circular entre vecinos y redes sociales, exponen nuevamente el patrón que desde hace años se denuncia en La Paz: el uso de la corporación de tránsito no para garantizar la seguridad vial, sino como un mecanismo sistemático de cobro ilegal a ciudadanos.

 

UNA ESTRUCTURA QUE PROTEGE ABUSOS

 

Detrás de estos elementos se encuentra el director de tránsito municipal, Ismael Garduño, alias “La Ardilla”, un personaje ampliamente señalado por su historial dentro de las corporaciones policiacas del Estado de México, donde arrastra acusaciones de prácticas corruptas y redes de complicidad con criminales.

 

Lejos de ser un hecho aislado, la agresión refleja una cadena de mando que, por acción u omisión, permite que estos abusos ocurran a plena luz del día. La pregunta es inevitable: ¿quién protege a estos policías?

 

SILENCIO DESDE EL PODER

 

La responsabilidad también alcanza a la alcaldesa de extracción morenista, Martha Guerrero, así como a su operador político y esposo, Tranquilino Lagos Buenabad. Ambos, según múltiples denuncias ciudadanas, conocen perfectamente el comportamiento de la policía de tránsito, cuya reputación está marcada por constantes señalamientos de extorsión.

 

A pesar de ello, no hay acciones contundentes, investigaciones públicas ni sanciones ejemplares. El silencio institucional frente a denuncias reiteradas solo fortalece la percepción de que existe una tolerancia deliberada —o incluso un beneficio directo— de estas prácticas.

 

LA PREGUNTA INCÓMODA

 

Las redes sociales están llenas de testimonios que apuntan en la misma dirección: agentes que detienen sin motivo, amenazas disfrazadas de infracciones y “arreglos” en efectivo para evitar sanciones. Todo esto ocurre sin que la autoridad municipal actúe.

 

En ese contexto, la interrogante que crece entre la ciudadanía es cada vez más directa y corrosiva: ¿Cuánto dinero circula dentro de esta estructura para que quienes gobiernan decidan hacerse de la vista gorda?

 

UN PROBLEMA QUE ESCALA

 

La golpiza registrada no es solo un abuso individual, es el síntoma de una corporación descompuesta, donde la violencia y la corrupción parecen normalizadas. La falta de control interno, sumada a la ausencia de voluntad política, convierte a los ciudadanos en víctimas potenciales de quienes deberían protegerlos.

 

Mientras no haya consecuencias reales, el mensaje es claro: en Los Reyes La Paz, negarse a pagar puede salir caro.

PT AMENAZA CON ROMPER CON MORENA POR CAMBIOS AL PLAN B ELECTORAL

*Denuncian que se alteró el acuerdo sobre la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum y temen uso político del proceso en 2027

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de marzo de 2026.- La aparente unidad del oficialismo en torno al llamado “Plan B” de la reforma electoral comenzó a resquebrajarse. El Partido del Trabajo (PT) abrió la puerta a rechazar la iniciativa, al acusar un rompimiento de acuerdos en las negociaciones sostenidas con el gobierno federal y Morena.

 

De acuerdo con versiones internas del petismo, el respaldo inicial a la propuesta no fue gratuito. El día en que dirigentes de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el PT salieron públicamente a cerrar filas con la iniciativa, se habría firmado un acuerdo político clave: la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum se realizaría en agosto de 2027, es decir, fuera del calendario electoral.

 

Sin embargo, según denuncian los petistas, tras el anuncio de respaldo el contenido del proyecto fue modificado “mágicamente”. El nuevo planteamiento fija la revocación en junio de ese mismo año, coincidiendo con las elecciones federales intermedias y los comicios para renovar gubernaturas, lo que encendió las alertas dentro del PT.

 

La preocupación no es menor. Dirigentes cercanos a Alberto Anaya consideran que la coincidencia de fechas podría abrir la puerta a una intervención directa de la titular del Ejecutivo en el proceso electoral. Bajo el argumento de promover la revocación de mandato, temen que Sheinbaum participe activamente en la contienda, pero no necesariamente para fortalecer a toda la coalición oficialista.

 

En el cálculo petista, el riesgo es claro: que la presidenta utilice su posicionamiento para apuntalar exclusivamente a los candidatos de Morena, relegando —o incluso debilitando— a sus aliados. Este escenario pondría al PT en una posición de desventaja frente a su socio mayoritario, con quien ha mantenido una relación de cooperación, pero también de tensiones soterradas.

 

El episodio exhibe, una vez más, la fragilidad de los acuerdos dentro del bloque gobernante. Aunque públicamente se ha buscado proyectar cohesión, en los hechos persisten disputas por espacios de poder, candidaturas y reglas del juego electoral. La eventual modificación de un compromiso previamente pactado habría sido la gota que derramó el vaso para el PT.

 

En este contexto, el partido enfrenta una decisión estratégica: mantener su respaldo al Plan B, aun con condiciones que considera adversas, o endurecer su postura y rechazar la reforma como medida de presión política. La disyuntiva no es menor, pues implicaría tensar la relación con Morena y el gobierno federal en un momento clave rumbo a 2027.

 

Por ahora, el petismo ha optado por elevar el tono y advertir que no dará un cheque en blanco. En los próximos días se definirá si las huestes de Alberto Anaya ceden ante la presión del oficialismo o, como ha ocurrido en otras coyunturas, deciden “vender caro su amor” y convertir su respaldo en moneda de cambio dentro del tablero político nacional.

EDOMEX: DE ANTORCHA AL UPREZ, LOS “MONSTRUOS” QUE EL

 PODER NO PUEDE CONTROLAR

 

*Del PRI a Morena, el Estado de México repite el mismo error: organizaciones que nacen al amparo del gobierno y terminan chantajeándolo

 

Por: Rodolfo Rodríguez, Martín Ponce y Carlos Recio

 

TOLUCA, Estado de México, 20 de marzo de 2026.– En el Estado de México, la historia política parece condenada a repetirse, y no precisamente en sus mejores capítulos. Existe una regla no escrita que los partidos en el poder han seguido al pie de la letra: crear, tolerar o alimentar estructuras clientelares que tarde o temprano terminan convertidas en verdaderos monstruos políticos.

 

ASÍ OCURRIÓ DURANTE DÉCADAS CON EL PRI Y ANTORCHA POPULAR

 

Lo que comenzó como un movimiento de corte social, terminó transformándose en un aparato de presión y chantaje que operó con total impunidad en municipios clave de la zona oriente como Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Ixtapaluca y Chalco. Durante casi 30 años, Antorcha no solo negoció con los gobiernos priistas: los dobló.

 

Sus liderazgos —Aquiles Córdoba Morán, Tolentino Román Bojórquez, Brasil Acosta y Maricela Serrano— perfeccionaron un modelo perverso: un día respaldaban al gobernador en turno y al siguiente bloqueaban calles, organizaban plantones o movilizaban contingentes para exigir recursos, programas sociales o privilegios.

 

Todo bajo un discurso de combate a la pobreza, acceso a la vivienda o impulso a la educación. En la práctica, los beneficios reales rara vez llegaban a la base social; quienes sí prosperaban eran los dirigentes, convertidos en caciques intocables.

 

HOY, CON MORENA EN EL PODER, EL PATRÓN NO SOLO CONTINÚA: SE RECICLA

 

La Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), encabezada por el exdiputado local y federal perredista y hoy flamante dirigente de Morena, Felipe Rodríguez Aguirre, se perfila como el nuevo “Antorcha” de la llamada Cuarta Transformación. Con un discurso similar y tácticas prácticamente calcadas, esta organización ha comenzado a tensar la relación con el gobierno estatal.

 

Hace apenas unos meses, en septiembre pasado, la UPREZ llenó puentes peatonales y vialidades principales como Paseo Tollocan con propaganda para felicitar a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por su Segundo Informe de gobierno. Hoy, ese respaldo se transformó en presión directa: mantienen un plantón indefinido frente a Palacio de Gobierno en Toluca.

 

¿LA EXIGENCIA? RECURSOS PÚBLICOS PARA RODRÍGUEZ AGUIRRE Y OTROS LÍDERES DE MORENA

 

Recursos para vivienda, educación y programas sociales, principalmente en la zona oriente del estado. Exactamente el mismo libreto que durante años utilizó Antorcha Campesina.

 

El mensaje es claro: primero se construye cercanía con el poder, luego se ejerce presión para obtener beneficios. Una relación basada no en gobernabilidad, sino en chantaje político.

 

Lo más preocupante no es la existencia de estos grupos, sino la permisividad del gobierno estatal. La administración de Delfina Gómez parece repetir el error histórico del PRI: tolerar estructuras que no representan a la ciudadanía, pero que sí tienen capacidad de movilización y presión.

 

El resultado es un círculo vicioso donde organizaciones como Antorcha o UPREZ no solo sobreviven, sino que se fortalecen, mientras la población sigue atrapada entre promesas incumplidas y liderazgos que lucran con la necesidad.

 

Hoy, nombres como Aquiles Córdoba Morán, Tolentino Román Bojórquez, Brasil Acosta, Maricela Serrano y Felipe Rodríguez Aguirre generan rechazo entre amplios sectores estudiantiles y ciudadanos. Sin embargo, ese descontento social no se traduce en acciones de gobierno.

 

POR EL CONTRARIO, LA TOLERANCIA INSTITUCIONAL LOS MANTIENE VIGENTES

 

El problema de fondo es estructural: el poder en el Estado de México sigue apostando por la misma fórmula desgastada, donde las organizaciones sociales dejan de ser interlocutores legítimos para convertirse en grupos de presión que condicionan la gobernabilidad.

 

ANTORCHA FUE EL MONSTRO DEL PRI, UPREZ AMENAZA CON SER EL DE MORENA

 

La pregunta ya no es si el gobierno puede controlarlos. La pregunta es cuánto tiempo más está dispuesto a seguir alimentándolos.

ENCUESTAS A MODO Y REALIDADES INCÓMODAS: EL ESPEJISMO

 DEL “ÉXITO” EN EL ESTADO DE MÉXICO

 

*Encuestas a modo frente a un estado marcado por la inseguridad, la desigualdad y la simulación gubernamental

 

TOLUCA, Estado de México, 18 de marzo de 2026.- Desde las oficinas del poder con sede en la capital mexiquense se insiste, una y otra vez, en construir una narrativa triunfalista que poco tiene que ver con lo que viven millones de mexiquenses todos los días. Ahora, con el respaldo de una encuesta de la empresa FactoMétrica, el gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez pretende vender la idea de que la percepción ciudadana ha mejorado sustancialmente. Pero detrás de los números alegres, la realidad sigue siendo mucho más dura.

 

El 65.1% de aprobación que presume el boletín no es más que una cifra que, en el mejor de los casos, refleja percepciones superficiales y, en el peor, una herramienta de propaganda cuidadosamente construida. Porque si algo caracteriza al Estado de México no es precisamente la bonanza económica ni la tranquilidad social, sino la precariedad laboral, la informalidad y la inseguridad que persistente.

 

Hablar de “avance” en generación de empleos resulta, por decir lo menos, ofensivo para miles de mexiquenses que sobreviven en condiciones de subempleo o dentro de la economía informal. Los empleos que se generan —cuando existen— suelen ser mal pagados, sin prestaciones y sin estabilidad. No hay política pública sólida que esté transformando el mercado laboral; lo que hay es maquillaje estadístico.

 

En cuanto a los programas sociales, el gobierno estatal intenta capitalizar políticamente su implementación, pero evita hablar de su uso como mecanismos clientelares. Lejos de ser herramientas de desarrollo estructural, estos apoyos muchas veces funcionan como paliativos temporales que no atacan las causas de fondo de la pobreza ni la desigualdad.

 

Pero donde el discurso oficial se vuelve francamente insostenible es en materia de seguridad. Presumir un incremento de casi 10 puntos en la percepción positiva, mientras el propio boletín reconoce que casi el 60% de la población considera la inseguridad como el principal problema, es una contradicción evidente. Es, en realidad, un intento por imponer una narrativa que no resiste el contraste con los hechos.

 

En municipios del oriente del estado, como Ciudad Nezahualcóyotl, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec o Los Reyes La Paz, la percepción no es la de una mejora, sino la de abandono. Extorsiones, robos, presencia del crimen organizado y cobro de derecho de piso forman parte de la cotidianidad, aunque no aparezcan en los boletines oficiales.

 

El problema de fondo no es la encuesta en sí, sino el uso político que se le da. Se pretende sustituir la realidad con cifras, como si los datos pudieran borrar la experiencia diaria de inseguridad, desigualdad y falta de oportunidades. Es una estrategia conocida: repetir una mentira suficientes veces hasta intentar convertirla en verdad.

 

Sin embargo, la realidad termina por imponerse. Y esa realidad no se mide en porcentajes, sino en calles inseguras, en negocios que cierran por extorsión, en jóvenes sin oportunidades y en familias que viven con miedo.

 

El gobierno estatal puede seguir difundiendo números optimistas, pero mientras no exista un cambio real y tangible en la vida de la gente, cualquier encuesta favorable será vista por amplios sectores de la población como lo que realmente es: propaganda disfrazada de medición.

SIMULACIÓN DE SEGURIDAD EN EL EDOMEX: CIFRAS INFLADAS, VIOLENCIA REAL

 

*Mientras el gobierno presume operativos y detenciones, ejecuciones, extorsiones y control criminal del agua exhiben un Estado rebasado

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 18 de marzo de 2026.- En el papel, todo parece funcionar. Operativos con nombres rimbombantes, cifras que superan las 400 detenciones y decomisos que buscan proyectar una estrategia integral contra el crimen. Pero fuera del boletín oficial, la realidad en el Estado de México cuenta otra historia: la violencia no cede, se adapta y, en muchos casos, se fortalece.

 

La narrativa impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, junto al secretario general de gobierno Horacio Duarte, así como el secretarios de seguridad Cristóbal Castañeda Camarillo y el fiscal José Luis Cervantes Martínez, insiste en vender eficacia. Sin embargo, en las calles —de Ecatepec a Nezahualcóyotl, Los Reyes la Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan y de Texcoco, así como al sur mexiquense— la percepción ciudadana está lejos de coincidir con esos números.

 

Porque mientras el gobierno presume más de 400 detenciones en dos años, la pregunta es inevitable: ¿cuántos de esos detenidos eran realmente operadores clave del crimen y cuántos simples eslabones reemplazables? La delincuencia organizada no se desarticula con cifras acumulativas, sino con resultados sostenidos. Y esos no se ven.

 

Las llamadas “macrooperaciones” —Enjambre, Caudal, Restitución, Liberación— parecen más ejercicios de comunicación política que estrategias de fondo. Se anuncian cateos, aseguramientos e investigaciones, pero en paralelo crecen fenómenos que evidencian la fragilidad institucional:

 

Ejecuciones que no cesan, muchas con signos de ajuste de cuentas. Extorsión sistemática, donde comerciantes, transportistas y pequeños empresarios pagan cuotas de supervivencia. Cobro de derecho de piso generalizado, ya no como excepción, sino como regla en amplias zonas del estado. Control del agua por grupos criminales, un fenómeno particularmente grave que no podría sostenerse sin redes de complicidad.

 

El propio gobierno reconoce haber intervenido tomas clandestinas y pozos. Pero lo que no dice es lo esencial: el negocio del agua ilegal no es posible sin protección política y omisión institucional. Es decir, el problema no es solo criminal, es estructural.

 

La llamada Operación Enjambre, que presume detenciones de funcionarios, confirma lo que la ciudadanía ya sabe: la infiltración del crimen en las instituciones no es un caso aislado, sino un sistema. Y si hay 60 detenidos, la duda es cuántos más siguen operando con total impunidad.

 

En este contexto, los boletines oficiales se convierten en instrumentos de propaganda. Se repiten cifras, se duplican párrafos, se inflan resultados. Pero no logran ocultar lo evidente: el Estado no ha recuperado el control territorial.

 

Hoy, en muchas regiones del Estado de México, la autoridad formal convive —o cede— ante una autoridad paralela impuesta por grupos criminales. Ellos fijan precios, controlan servicios, deciden quién trabaja y quién no.

 

Y frente a eso, ningún número, ningún operativo y ningún boletín alcanza para sostener la narrativa de éxito.

 

Porque la verdadera medición no está en los comunicados oficiales, sino en una pregunta simple: ¿vive hoy más segura la gente?

 

La respuesta, en la mayoría del territorio mexiquense, sigue siendo un rotundo no.