CHIMALHUACÁN EN MANOS DE LA VIOLENCIA
*“Centurión”, bajo señalamientos por presuntas cuotas,
extorsiones y control de la policía municipal; dos hombres fueron ejecutados en
una zona donde vecinos denuncian venta de droga
La propaganda oficial habla de avances, los funcionarios
presumen estrategias, las cifras intentan vender una imagen de control. Pero en
las colonias hay balaceras, asesinatos, miedo y una creciente desconfianza hacia
quienes tienen la obligación de proteger a la población. La distancia entre el
discurso oficial y lo que ocurre en las calles es cada vez más difícil de
ocultar.
El pasado viernes 30 de julio, alrededor de las 17:30 horas,
dos hombres quedaron tendidos sin vida sobre la vía pública, en la zona de las
calles Xocuilco y San Pablo, luego de ser atacados con disparos de arma de
fuego. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, pero ya no había nada que
hacer. Ulises Yahir Rodríguez y José Francisco López habían perdido la vida.
Dos hombres asesinados. Dos familias destruidas. Y una nueva
escena de violencia que vuelve a exhibir el fracaso de las autoridades para
garantizar seguridad en uno de los municipios más golpeados por la
delincuencia.
Mientras los gobiernos contabilizan cifras y difunden
boletines, los habitantes cuentan muertos. Y la pregunta que nadie responde es
cuánto tiempo más seguirá la violencia imponiendo su propia ley en
Chimalhuacán.
NARCOMENUDEO A LA VISTA DE TODOS
Vecinos de la zona aseguraron que en el lugar donde ocurrió el
doble homicidio opera un punto de venta de droga, particularmente cocaína en su
modalidad conocida como “piedra”.
La denuncia es todavía más grave porque, según los habitantes,
la actividad sería conocida por la Policía Municipal. Los vecinos aseguran que
los elementos sabían —y saben— de la venta de droga.
Sin embargo, denuncian que, lejos de intervenir, detener a los
responsables o desmantelar el punto de narcomenudeo, algunas patrullas acuden de
manera constante para recolectar dinero.
Es decir, de acuerdo con los testimonios ciudadanos, la
policía no habría llegado para combatir el delito, sino para cobrar. Se trata de
una posible red de tolerancia y corrupción que habría permitido la continuidad
de actividades delictivas a cambio de beneficios económicos.
La autoridad que debería proteger a los ciudadanos estaría siendo
señalada de cobrar a quienes tendría que perseguir. Y mientras las patrullas
pasan, el narcomenudeo continúa. Mientras los mandos permanecen en sus cargos,
la violencia crece. Y mientras el gobierno guarda silencio, los cuerpos siguen
apareciendo en las calles.
¿Quién permitió que ese punto de venta siguiera funcionando? ¿quién
supervisa a las patrullas que acudían a la zona? ¿quién recibía el dinero que,
según los vecinos, se recolecta? ¿y por qué nadie ha sido separado del cargo
mientras se investigan estas denuncias? Hasta ahora, las respuestas no
aparecen.
“CENTURIÓN”, EL MANDO QUE POLICÍAS SEÑALAN COMO EL VERDADERO
PODER
El descontento no sólo se escucha entre los ciudadanos. También
existe dentro de la propia Policía Municipal. Elementos de la corporación
aseguran estar cansados de las exigencias económicas que atribuyen al director
operativo Arturo Hernández Ortega, identificado con el indicativo “Centurión”.
De acuerdo con las versiones recabadas, “Centurión” sería
quien realmente controla la operación de la corporación y tendría una
influencia mayor que la del propio comisario de Seguridad Pública Municipal, Salvador
Hernández Torres.
La pregunta es inevitable: Si “Centurión” es quien manda,
¿quién supervisa a “Centurión”? Policías inconformes sostienen que el director
operativo exige cuotas a los comandantes y que éstos, a su vez, trasladan las
exigencias económicas a los elementos de menor rango.
Según los señalamientos, se habría construido una cadena de
presión que termina golpeando directamente a la ciudadanía. El mando exige. Los
comandantes cobran. La tropa busca el dinero. Y el ciudadano termina convertido
en la fuente de recursos.
Es preocupante que la Policía Municipal no estaría funcionando
como una institución de seguridad, sino como una estructura de recaudación de
dinero que opera en la clandestinidad.
Los elementos consultados aseguran que las cuotas generan una
presión constante y que algunos policías terminan involucrándose en abusos,
extorsiones, cobros ilegales o presuntos acuerdos con grupos delictivos para
cumplir con las cantidades exigidas.
La acusación es devastadora: Una corporación creada para
combatir la delincuencia estaría siendo señalada de empujar a sus propios
elementos hacia prácticas delictivas. Un uniforme que debería representar
protección estaría siendo utilizado, según las denuncias, como una herramienta
de intimidación.
Y una estructura de mando que tendría que imponer disciplina
estaría alimentando una cadena de corrupción. Si los señalamientos son falsos,
“Centurión” y el gobierno municipal tienen la obligación de aclararlos
públicamente y demostrar que no existe ningún sistema de cuotas. Pero si son verdaderos,
la responsabilidad no puede terminar en los policías de menor rango.
SALVADOR HERNÁNDEZ, UN COMISARIO CUESTIONADO Y REBASADO
Los ciudadanos también cuestionan la inoperancia del comisario
de Seguridad Pública Municipal, Salvador Hernández Torres. Para muchos
habitantes, la corporación parece carecer de control, estrategia y resultados.
Los presuntos de venta de droga continúan operando. La
violencia no desaparece. Los homicidios siguen ocurriendo. Y las denuncias de
corrupción se acumulan. Entonces, ¿qué está haciendo el comisario?
Si las versiones de los policías son ciertas y “Centurión”
concentra el control real de la corporación, Salvador Hernández Torres tendría
que explicar cuál es su función y por qué no ha frenado las prácticas
denunciadas.
Porque el silencio de un mando frente a posibles actos de
corrupción no fortalece a la corporación. La debilita. La desacredita. Y deja a
la ciudadanía completamente desprotegida.
XÓCHITL FLORES Y EL COSTO POLÍTICO DEL SILENCIO
La alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez no puede seguir
actuando como si las denuncias no existieran. La seguridad pública depende de
su gobierno. Los mandos fueron designados o ratificados bajo su administración.
La Policía Municipal forma parte de la estructura que encabeza.
Por ello, la responsabilidad política llega directamente hasta
la Presidencia Municipal. Guardar silencio para evitar que el escándalo alcance
a su gobierno, es una pésima señal del gobierno morenista.
