OTRO NIÑO ASESINADO EN LA PAZ: LAS ADVERTENCIAS IGNORADAS Y UN PATRÓN QUE VUELVE A EXHIBIR AL GOBIERNO DE MARTHA GUERRERO

 

*Aunque el presunto asesino ya fue detenido, vecinos denuncian que las autoridades ignoraron durante meses las alertas sobre la violencia que sufría el menor. Un año después del caso de Fernandito, Los Reyes La Paz vuelve a enfrentar un crimen que exhibe posibles omisiones institucionales y el fracaso de los mecanismos de protección a la infancia

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 2 de julio de 2026.- El asesinato de un niño de apenas tres años de edad volvió a colocar a Los Reyes La Paz en el centro de la indignación nacional. Más allá del crimen, el caso abre una nueva línea de cuestionamientos sobre la actuación —o la falta de ella— del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez, luego de que vecinos aseguran haber advertido en diversas ocasiones sobre la violencia que sufría el menor sin que las autoridades intervinieran.

 

Mientras el gobierno municipal intentó contener la crisis mediante un video y un comunicado en el que la alcaldesa expresó condolencias a la familia, la reacción fue considerada por diversos sectores de la población como insuficiente frente a la gravedad de los hechos. Para muchos habitantes, el mensaje oficial no respondió a la pregunta central: ¿por qué nadie actuó cuando las alertas ya existían?

 

De acuerdo con el reporte policial, el crimen ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Girasol, colonia San José de las Palmas. Sobre la banqueta fue localizado sin vida un menor identificado con las iniciales I.A.J., de tres años de edad.

 

La primera persona que solicitó ayuda fue la vecina Abigail Reyes González, quien declaró que escuchó los gritos del niño y, al asomarse, observó al padrastro, Sergio Quintana, de 23 años, golpeándolo violentamente. Según su testimonio, cuando el agresor notó que el menor había dejado de llorar huyó del lugar con rumbo desconocido.

 

Los servicios de emergencia acudieron a la vivienda y únicamente pudieron confirmar que el menor ya no presentaba signos vitales.

Poco después arribó la madre del niño, María Isabel Gracia Juárez, de 33 años, quien manifestó que regresaba de su jornada laboral y desconocía lo ocurrido. Posteriormente fue trasladada ante el Ministerio Público para rendir su declaración.

 

Habitantes de la colonia aseguran que desde tiempo atrás el menor era víctima constante de violencia física y que esa situación fue reportada en diversas ocasiones a la Policía municipal de Género.

 

De acuerdo con sus testimonios, realizaron llamadas telefónicas y solicitaron apoyo porque con frecuencia escuchaban al niño llorar durante la madrugada y en distintos momentos del día. Aseguran incluso que existen registros de esas comunicaciones.

 

Según los vecinos, las respuestas fueron insuficientes o simplemente nunca hubo una intervención efectiva para proteger al menor.

 

De confirmarse estas versiones mediante las investigaciones correspondientes, el caso no sólo evidenciaría un homicidio, sino también posibles omisiones institucionales en los mecanismos de protección a la infancia.

 

EL DIF MUNICIPAL, NUEVAMENTE BAJO CUESTIONAMIENTOS

 

La tragedia también vuelve a colocar bajo escrutinio el funcionamiento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

 

El organismo es presidido honoríficamente por Ana María Guerrero Sánchez, hermana de la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez, un nombramiento que es para beneficiar a la familia de la mandataria, sin embargo, no cuenta con un perfil especializado que requiere ese cargo.

 

Vecinos consultados sostienen que el DIF municipal opera como una institución distante de la ciudadanía y con escasa capacidad de respuesta para atender casos de violencia familiar o riesgo contra menores.

 

Hasta el momento, el gobierno municipal no ha informado públicamente si existían antecedentes, expedientes, reportes o intervenciones relacionadas con el entorno familiar del menor asesinado.

 

UN AÑO DESPUÉS, LA HISTORIA PARECE REPETIRSE

 

El nuevo crimen revive inevitablemente uno de los episodios más dolorosos registrados en el municipio.

 

En julio de 2025 fue asesinado Fernandito, un niño de cinco años cuyo caso provocó indignación nacional después de haber sido secuestrado y posteriormente privado de la vida por presuntos prestamistas, quienes, de acuerdo con las investigaciones difundidas en aquel momento, actuaron como represalia por una deuda de mil pesos que la madre no pudo cubrir.

 

En ese caso, la madre del menor denunció públicamente que acudió al DIF municipal, a la Policía Municipal y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México buscando ayuda mientras su hijo permanecía secuestrado. Según su versión, ninguna autoridad actuó con la rapidez necesaria para localizar al menor.

 

Tras el homicidio, la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez y la gobernadora morenista Delfina Gómez Álvarez acudieron al domicilio de la familia. Diversas versiones difundidas públicamente señalaron que ofrecieron dinero a los familiares a cambio de su silencio, desde entonces, no se supo más del asesinato de Fernandito.

 

DOS CASOS, UN MISMO CUESTIONAMIENTO

 

Aunque las circunstancias de ambos homicidios son distintas, existe un elemento que hoy vuelve a generar cuestionamientos entre la población: las denuncias de que existieron alertas previas que no derivaron en acciones eficaces de protección.

 

Especialistas en protección infantil sostienen que cuando existen reportes reiterados sobre posibles agresiones contra menores, las instituciones encargadas de la seguridad, asistencia social y procuración de justicia deben activar protocolos de evaluación de riesgo e intervención inmediata.

 

UNA CRISIS QUE REBASA LOS DISCURSOS

 

La muerte de otro menor coloca nuevamente al gobierno municipal frente a una severa crisis de credibilidad.

 

Más allá de los mensajes de condolencia, la principal exigencia ciudadana apunta a conocer si las denuncias vecinales existieron, qué dependencia las recibió, quién decidió no intervenir y por qué los mecanismos de protección infantil volvieron a fallar.

 

La captura del presunto homicida podrá cerrar una parte de la investigación penal, pero no devuelve la vida al niño de tres años. Tampoco elimina las dudas sobre el desempeño del gobierno municipal.

 

Si se confirma que existieron denuncias previas ignoradas por las autoridades, el caso dejaría de ser únicamente un homicidio para convertirse también en un ejemplo del fracaso institucional para proteger a un menor cuya situación de riesgo, según los vecinos, había sido advertida con anticipación.

 

La responsabilidad del agresor deberá ser determinada por los tribunales, pero las posibles omisiones de los servidores públicos también tendrían que ser investigadas y, en su caso, sancionadas.

OTRO NIÑO MUERTO, OTRA TRAGEDIA ANUNCIADA: VECINOS DENUNCIAN OMISIÓN Y MORENA VUELVE A QUEDAR BAJO CUESTIONAMIENTO EN LA PAZ

 

*Vecinos afirman que denunciaron en repetidas ocasiones el presunto maltrato, pero aseguran que la Policía de Género nunca intervino

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 1 de julio de 2026.- La muerte de un niño de apenas cinco años volvió a exhibir la incapacidad de las autoridades municipales de Los Reyes La Paz para actuar frente a casos de violencia familiar que, según denuncian vecinos, eran del conocimiento de la policía municipal desde hacía tiempo.

 

El menor fue localizado sin vida al interior de una vivienda de la colonia Lomas de San José Las Palmas. Las primeras investigaciones apuntan a que habría sido víctima de constantes agresiones físicas presuntamente cometidas por su padrastro.

 

Sin embargo, para los habitantes de la zona, la tragedia pudo evitarse.

 

Vecinos relataron que el niño era víctima frecuente de golpes, gritos y maltratos. Aseguran que en varias ocasiones escucharon cómo era agredido y que incluso presentaba visibles huellas de violencia cuando salía de su domicilio. Pese a ello, nadie intervino de manera efectiva para protegerlo.

 

También aseguran, a través de redes sociales, que la situación de violencia que presuntamente sufría el menor ya era del conocimiento de la encargada de la Policía de Género, Mérida Rangel, así como de su compañero Antonino Horacio.

 

De acuerdo con los testimonios, desde hacía varias semanas realizaron llamadas en distintas ocasiones para solicitar la intervención de las autoridades, debido a que con frecuencia escuchaban al niño llorar durante la madrugada y también a lo largo del día. Incluso afirman que sabían que el menor permanecía solo en la vivienda por largos periodos.

 

Los vecinos relatan que, al no obtener respuesta a las llamadas realizadas a los números telefónicos proporcionados por la corporación, acudieron en al menos tres ocasiones al módulo de la Policía de Género ubicado sobre la avenida Pantitlán. Señalan que cada vez que se comunicaban por teléfono les indicaban que debían presentar la denuncia de manera presencial.

 

Según su versión, cuando finalmente acudieron al módulo fueron atendidos por una mujer de cabello rubio y con lentes, quien se identificó como psicóloga y especialista en el área de género. Ahí, aseguran, se les informó que se programaría una visita domiciliaria para atender el caso.

 

Sin embargo, los vecinos sostienen que dicha visita nunca se realizó. Afirman que la funcionaria les aseguró que daría seguimiento al caso y que se haría cargo de la situación, pero, según su testimonio, las autoridades jamás acudieron al domicilio para verificar las condiciones en las que se encontraba el menor.

 

Las denuncias ciudadanas vuelven a colocar bajo cuestionamiento al gobierno municipal encabezado por la morenista Martha Guerrero Sánchez, cuya administración ya había sido severamente criticada tras el caso del menor conocido como "Fernandito", otro niño que murió en circunstancias similares luego de que también existieran señales de violencia que, presuntamente, no fueron atendidas oportunamente.

 

Para muchos habitantes de La Paz, el asesinato de este nuevo menor confirma que las autoridades municipales no aprendieron absolutamente nada del caso anterior.

 

Lejos de fortalecer mecanismos de prevención, atención inmediata y protección de niñas, niños y adolescentes en riesgo, la administración de Morena continúa reaccionando únicamente cuando las tragedias ya son irreversibles.

 

Vecinos cuestionan la ausencia de campañas permanentes para detectar violencia infantil, la falta de coordinación entre el DIF municipal, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las áreas de seguridad pública, así como la inexistencia de protocolos eficaces que permitan intervenir antes de que los casos terminen en homicidios.

 

"La violencia era evidente. Todos sabían que ese niño sufría. ¿Cómo es posible que ninguna autoridad hiciera nada?", expresó una vecina de la colonia, quien pidió reservar su identidad por temor a represalias.

 

La indignación crece porque este no es un hecho aislado. Organizaciones civiles y habitantes recuerdan que el caso de Fernandito generó promesas de reforzar la protección de la infancia, revisar protocolos de actuación y evitar que otra familia viviera una tragedia similar. Hoy, aseguran, esas promesas quedaron únicamente en discursos.

 

Para los vecinos, este nuevo crimen no sólo representa el fracaso de una familia que violentó a un menor, sino también el de un gobierno que, pese a los antecedentes, no construyó una red efectiva de prevención para proteger a los más vulnerables.

 

Porque cuando un caso se repite bajo circunstancias prácticamente idénticas, la indignación deja de ser únicamente por el crimen y se convierte en un severo cuestionamiento hacia quienes tenían la responsabilidad institucional de prevenirlo.

TECÁMAC, EPICENTRO DE LOS ESCÁNDALOS DE MORENA; AHORA SALPICA PRESUNTA RED DE 762 MILLONES DE PESOS

 

*Mientras la senadora Mariela Gutiérrez enfrenta cuestionamientos por una residencia de 36.5 millones de pesos no declarada, una investigación periodística vincula al síndico Agustín Delgado y a su hija con empresas que habrían recibido más de 762 millones de pesos del Ayuntamiento. La bandera de la austeridad vuelve a quedar bajo severo escrutinio

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TECÁMAC, Estado de México, 30 de junio de 2026.- Lo que durante años fue presentado por Morena como un ejemplo de honestidad y combate a la corrupción hoy se encuentra rodeado por una cadena de escándalos que golpean directamente a algunos de sus principales cuadros políticos en Tecámac.

 

La más reciente controversia surge tras la publicación de la periodista Lourdes Mendoza en El Financiero, donde revela que Bárbara Delgado, hija del síndico municipal Agustín Delgado, aparece como apoderada legal de 15 proveedores del Ayuntamiento de Tecámac que, desde 2019, habrían recibido más de 762 millones de pesos en pagos.

 

De acuerdo con la publicación, la relación familiar entre el funcionario y la representante legal de esas empresas podría representar un posible conflicto de interés y un eventual abuso de funciones, al tratarse de un servidor público encargado, entre otras responsabilidades, de vigilar y proteger el patrimonio municipal.

 

La columnista sostiene además que Agustín Delgado tendría acceso privilegiado a la información financiera del Ayuntamiento y que habría utilizado esa posición para respaldar públicamente el reclamo del supuesto adeudo de 80 millones de pesos que Bárbara Delgado exigía mediante protestas frente al Palacio de Gobierno del Estado de México, en Toluca, deuda que, según la administración municipal, simplemente no existe.

 

El caso adquiere una dimensión aún mayor porque esas movilizaciones han sido relacionadas políticamente con la confrontación que mantiene la senadora Mariela Gutiérrez Escalante contra el actual gobierno municipal, conflicto que se ha intensificado conforme han surgido nuevos señalamientos públicos sobre la exalcaldesa.

 

En paralelo, Mariela Gutiérrez enfrenta cuestionamientos derivados de una investigación periodística que reportó la existencia de una residencia con un valor estimado en 36.5 millones de pesos, ubicada en la colonia Ozumbilla, inmueble que, según esa publicación, no fue incluido en su declaración patrimonial. La senadora también ha sido objeto de críticas por otros señalamientos relacionados con decisiones adoptadas durante su administración municipal, los cuales han generado un amplio debate público. El cúmulo de señalamientos vuelve a colocar a Morena en una posición incómoda frente a la ciudadanía.

 

El partido que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción, acabar con los privilegios y gobernar bajo los principios de austeridad enfrenta ahora preguntas que exigen respuestas claras.

 

¿Cómo puede explicarse que personajes cercanos al poder aparezcan vinculados con operaciones por cientos de millones de pesos? ¿Por qué siguen acumulándose investigaciones periodísticas sobre el patrimonio y el entorno de algunos de sus dirigentes? ¿Dónde quedaron la transparencia y la rendición de cuentas que tanto prometieron?

 

Cada nuevo escándalo profundiza el desgaste de un discurso que durante años sostuvo que la corrupción era exclusiva de los gobiernos anteriores. Hoy, las sospechas alcanzan a figuras de la propia llamada Cuarta Transformación, y la ciudadanía demanda algo más que descalificaciones contra la prensa: exige investigaciones imparciales, transparencia absoluta y explicaciones convincentes.

 

Porque cuando un gobierno hizo de la honestidad su principal bandera política, la exigencia social también debe ser mayor. La confianza pública no se recupera con discursos ni con movilizaciones, sino con cuentas claras, patrimonio plenamente justificado y autoridades dispuestas a investigar cualquier señalamiento, sin importar el cargo o el partido de quien resulte involucrado.

CAE POLICÍA DE NEZAHUALCÓYOTL EN CATEO; EL SILENCIO DE ADOLFO CERQUEDA AGRAVA LA CRISIS DE SEGURIDAD

 

*La captura de un elemento activo de la Policía Municipal con armas, equipo táctico y droga vuelve a exhibir la falta de controles internos en la corporación. Mientras crecen los escándalos, el gobierno morenista de Adolfo Cerqueda Rebollo sigue sin anunciar una depuración de fondo

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México, 30 de junio de 2026.- La promesa de construir una policía confiable en Nezahualcóyotl vuelve a desmoronarse. La detención de un elemento activo de la Comosaria de Seguridad Ciudadana durante un cateo realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México representa un nuevo golpe a la credibilidad de una corporación que, desde hace varios años, arrastra señalamientos por presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad y posibles vínculos de algunos de sus integrantes con actividades delictivas.

 

El operativo, realizado el pasado 26 de junio en un inmueble ubicado en la calle Herradero número 166, colonia Benito Juárez, derivó en la detención de César Damián "N", quien se identificó como policía municipal de Nezahualcóyotl y estaba adscrito al Sector 8 Metropolitano. De acuerdo con la información oficial, el elemento se encontraba incapacitado por prescripción médica desde hacía casi cuatro meses.

 

Durante el cateo, autorizado por un juez tras una denuncia por la presunta venta de narcóticos, agentes de la Policía de Investigación aseguraron tres camisolas con insignias de la Policía Estatal, dos pantalones tácticos tipo comando, cuatro chalecos balísticos, una mariconera, decenas de bolsas tipo Ziploc utilizadas presuntamente para dosificar droga, dos armas de fuego, cargadores, 45 cartuchos calibre .40 Smith & Wesson, además de dosis de aparente metanfetamina.

 

El detenido fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza-Bordo, donde quedó a disposición de un juez. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar penas de hasta ocho años por portación de arma de fuego, seis años por delitos contra la salud y cinco años por el uso indebido de uniformes e insignias oficiales. Como establece la ley.

 

Sin embargo, más allá de la responsabilidad individual del detenido, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que el gobierno municipal sigue sin responder: ¿cuántos casos más serán necesarios para que se realice una depuración real de la Policía de Nezahualcóyotl?

 

La captura de un policía en activo con este tipo de aseguramientos vuelve a colocar bajo presión al comisario general Vicente Ramírez García, cuya administración ha enfrentado reiterados cuestionamientos por la aparición constante de elementos municipales en investigaciones penales.

 

Pero la responsabilidad política también alcanza al alcalde morenista Adolfo Cerqueda Rebollo. Como titular del gobierno municipal y responsable de la seguridad pública en el ámbito administrativo, hasta ahora no ha anunciado una revisión integral de la corporación, un programa extraordinario de control de confianza ni medidas concretas para fortalecer los mecanismos internos de supervisión, pese a que los casos de policías investigados continúan generando preocupación entre la población.

 

La ausencia de una respuesta institucional alimenta la percepción de que las autoridades municipales reaccionan únicamente cuando la Fiscalía interviene, en lugar de prevenir, detectar y sancionar oportunamente posibles actos de corrupción dentro de sus propias filas.

 

A ello se suman las denuncias y señalamientos públicos de ciudadanos que, desde hace tiempo, han acusado presuntos actos de corrupción y extorsión cometidos por algunos policías municipales. Aunque esas acusaciones no acreditan por sí mismas responsabilidades penales, si deben investigarse conforme a la ley, su persistencia ha deteriorado la confianza ciudadana en la corporación.

 

Mientras la Fiscalía mantiene asegurado el inmueble y continúa con las investigaciones, el caso deja nuevamente en evidencia que la crisis de seguridad en Nezahualcóyotl no sólo debe medirse por los delitos que ocurren en las calles, sino también por la capacidad —o incapacidad— de las autoridades municipales para garantizar que quienes portan un uniforme actúen conforme a la ley.

 

La ciudadanía espera algo más que silencio. Espera resultados, transparencia y una depuración efectiva que permita recuperar la confianza en una institución cuya principal obligación es proteger a la población, no convertirse, a través de algunos de sus integrantes, en motivo de preocupación.

MILLONES "EVITADOS", PERO LA EXTORSIÓN SIGUE

 IMPARABLE EN EL ESTADO DE MÉXICO

 

*Mientras la administración estatal presume resultados, las redes de extorsión y la corrupción institucional siguen siendo señaladas como parte del problema

*Por: EXPEDIENTE SECRETO 

TOLUCA, Estado de México, 29 de junio de 2026.- El Gobierno del Estado de México presume como un éxito haber evitado que presuntas víctimas de extorsión entregaran más de 30.6 millones de pesos a la delincuencia en menos de un mes. Sin embargo, detrás del discurso oficial hay una realidad mucho más preocupante: la extorsión continúa creciendo y miles de mexiquenses siguen siendo blanco de grupos criminales prácticamente todos los días.

 

Lejos de representar una disminución del delito, las cifras difundidas por la propia administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez revelan la enorme dimensión del problema. Entre el 28 de mayo y el 24 de junio se recibieron 3 mil 457 reportes, es decir, un promedio cercano a 130 denuncias diarias, lo que confirma que la extorsión se mantiene como uno de los delitos que más afectan a la población.

 

El gobierno celebra haber impedido depósitos millonarios, pero el boletín no informa cuántos extorsionadores fueron detenidos, cuántas bandas criminales fueron desarticuladas, cuántas investigaciones concluyeron con sentencias o si disminuyó realmente la incidencia del delito. En otras palabras, presume el dinero que no se perdió, pero guarda silencio sobre los responsables que siguen operando.

 

Más aún, las propias cifras evidencian que existen modalidades cada vez más diversas: extorsión telefónica, fraude telefónico, amenazas, extorsión electrónica y hasta casos de cobro de derecho de piso, un delito que refleja la presencia de organizaciones criminales que buscan controlar territorios y actividades económicas.

 

El gobierno también destaca que el monto exigido por los delincuentes disminuyó 45 por ciento en una semana. Sin embargo, ese indicador no significa necesariamente que la delincuencia esté retrocediendo; únicamente refleja la cantidad de dinero que los extorsionadores intentaron obtener en ese periodo. El número de reportes sigue siendo elevado y la amenaza permanece vigente.

 

Pero el problema no termina en las calles. Diversos abogados, litigantes y ciudadanos han denunciado durante años que en general las agencias del Ministerio Público continúan siendo señaladas como espacios donde prevalecen actos de corrupción, abusos y redes de extorsión contra quienes buscan acceso a la justicia. Lejos de combatir esas prácticas, persiste la percepción de que la impunidad permite que esos esquemas continúen operando.

 

En ese contexto, las críticas también alcanzan al fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, a quien distintos sectores cuestionan por no haber erradicado de manera efectiva los focos de corrupción al interior de la institución que encabeza. Para sus críticos, mientras no exista una depuración profunda, sanciones ejemplares y transparencia sobre el desempeño de ministerios públicos y fiscales, cualquier estrategia contra la extorsión quedará incompleta.

 

Mientras la administración estatal presenta estadísticas sobre recursos "evitados", miles de comerciantes, transportistas, empresarios y ciudadanos continúan enfrentando llamadas, amenazas y presiones que afectan su patrimonio y su tranquilidad.

 

La verdadera medición del éxito no debería centrarse únicamente en cuánto dinero dejaron de recibir los delincuentes, sino en cuántos fueron capturados, procesados y sentenciados, cuántos funcionarios corruptos fueron separados del cargo y cuántas agencias del Ministerio Público fueron saneadas. Esos datos, al menos en este informe oficial, simplemente no aparecen.

 

Porque evitar un depósito es importante. Desmantelar las redes de extorsión, dentro y fuera de las instituciones encargadas de procurar justicia, sería el verdadero indicador de que la estrategia está funcionando.

ROXANA, EL GRUPO SOMBRA Y LOS HORRORES DE VERACRUZ 

 

Por: Héctor De Mauleón

 

*El caso habla del nivel de violencia que se vive en Veracruz, y de la protección que ha permitido al Grupo Sombra convertirse en generador de los peores horrores

 

El 2 de junio, alrededor de las 6 de la mañana, tres hombres armados y encapuchados irrumpieron en el domicilio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Nanchital, Veracruz. La directora del portal Pulso Informativo del Sureste alcanzó a grabar parte de la irrupción: la manera en que sujetos encapuchados y vestidos de negro reventaron su puerta con un mazo.

 

En medio de la conmoción que causó el secuestro, personal de Inteligencia Naval envió a Coatzacoalcos un equipo especial multidisciplinario. Durante varios días, aeronaves no tripuladas sobrevolaron la zona, mientras expertos en inteligencia de señales y forensia digital barrieron esa parte del estado.

 

Las investigaciones, realizadas en coordinación con otras instancias federales, se centraron en la Mafia Veracruzana, conocida también como el Grupo Sombra: una violenta organización con presencia dominante en la región, que actualmente se encuentra en pugna con células criminales, igualmente violentas, del Cártel Jalisco Nueva Generación.

 

Sobre el Grupo Sombra solo hay que decir que en 2017 operaba solo en dos municipios de Veracruz; que en 2019 su presencia se detectó en 14, y que en 2024 su expansión abarcaba ya un total de 52. En ese tiempo infestó el norte, el centro y el sur del estado.

 

En 2022 los hackers de Guacamaya filtraron documentos secretos del Ejército que alertaban de manera “extra urgente” que el gobernador morenista Cuitláhuac García había apoyado la entrada a Veracruz del Cártel Noreste, mientras su gabinete de seguridad brindaba protección al Grupo Sombra, cuyo líder ha sido identificado como Martín Martínez Hernández y/o Francisco Mendiola Cisneros, alias El Mirinda.

 

En febrero de 2022 el propio Cuitláhuac García anunció la captura, en posesión de fusiles de asalto, drogas y un ponchallantas, de cinco integrantes del Grupo Sombra que operaban en Álamo, Naranjos y Tantoyuca, y se hallaban vinculados a cinco homicidios. Diez horas después, la fiscalía estatal les retiró los cargos

 

La investigación federal desprendida del secuestro de la periodista Guzmán Ramírez se extendió a lo largo de 24 días y permitió finalmente la recolección de una red de números telefónicos, en cuyos cruces apareció vinculado uno de los jefes locales de la Mafia Veracruzana-Fuerzas Especiales Grupo Sombra: José del Carmen Cadena Escalona, cuyo nombre clave es Delta 7.

 

En dicha red figuraba la que sería la puerta de acceso al líder criminal: su pareja sentimental, Karen “N”, involucrada también en las actividades de la organización delictiva, y quien varias veces había expresado su disgusto, según fuentes cercanas a la investigación, porque era obligada a resguardar diversas casas de seguridad.

 

El 24 de junio, Karen “N” fue detenida en Moloacán por las autoridades. De acuerdo con la información, Delta 7, que ignoraba que era objeto de seguimiento, se presentó en el lugar en que esta se hallaba asegurada, sin sospechar lo que acababa de ocurrir. Ahí, pidió informes sobre la situación legal de su pareja. En ese instante lo identificaron por sus tatuajes.

 

En entrevista ministerial, Cadena Escalona reconoció haber participado directamente en la privación de la libertad de la directora del portal Pulso Informativo y entregó la ubicación de un predio localizado en el municipio de Ixhuatlán del Sureste, en donde, según dijo, se habría llevado a cabo la ejecución e inhumación del cuerpo de la periodista.

 

En el lugar fue encontrado un tambo metálico con capacidad de 200 litros, que el grupo criminal empleaba para calcinar cuerpos. Fueron hallados, también, restos humanos que habían sido inhumados y que quedaron en manos, para su identificación, de un equipo de peritos.

 

En un operativo paralelo, cuatro policías municipales de Ixhuatlán fueron aprehendidos por las autoridades. El presidente municipal, el emecista Raúl González Martínez, declaró que no le habían informado las causas de la detención. Aunque no se ha detallado con precisión el papel que los agentes municipales jugaron en este caso específico, se ha confirmado que sus nombres fueron entregados a las autoridades por Delta 7 como parte de la red institucional de apoyo a su organización y como cómplices en la privación de la libertad de la periodista.

 

Delta 7 fue ubicado por expertos en seguridad como un mando intermedio del Grupo Sombra: el mismo grupo que en julio del año pasado hundió al país en el horror, luego de difundir un video en el que la maestra jubilada y taxista Irma Hernández, privada de la libertad en Álamo Temapache, fue grabada de rodillas, mientras llamaba a sus compañeros taxistas a pagar las cuotas exigidas por el grupo, “o van a terminar como yo”.

 

“Con la Mafia Veracruzana no se juega”, le obligaron a decir a la maestra. Su cadáver apareció poco después con huellas de violencia.

“Les guste o no, murió de un infarto”, dijo entonces la gobernadora Rocío Nahle.

 

Las causas del secuestro de Roxana Berenice Guzmán no se han dado a conocer, pero en todas sus aristas el caso habla del nivel de violencia que se vive en Veracruz, y de la protección que ha permitido al Grupo Sombra convertirse en generador de los peores horrores.

HIGINIO: EL OCASO DEL CACIQUE... Y LA FOTO QUE NO BORRA SUS DERROTAS

 

*Aislado políticamente, cuestionado por sus propios aliados y con un grupo cada vez más debilitado, el senador busca refugiarse en la imagen de Delfina Gómez para intentar recuperar el liderazgo que Morena ya no parece dispuesto a devolverle.

 

Por: EXPPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 29 de junio de 2026.- Hay fotografías que muestran poder. Y hay otras que exhiben la necesidad de aparentarlo.

 

La imagen de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez junto al senador Higinio Martínez Miranda, durante la inauguración de la represa de captación de agua "Tláloc" en Texcoco, el pasado domingo, pertenece a la segunda categoría.

 

Quien durante décadas fue el hombre más poderoso de Texcoco y el auténtico dueño del morenismo mexiquense, hoy necesita aparecer al lado de la gobernadora para enviar un mensaje que, paradójicamente, revela exactamente lo contrario: que su liderazgo atraviesa la peor crisis desde que Morena llegó al poder en el Estado de México.

 

La política no perdona. Y Morena tampoco.

 

Durante años, Higinio Martínez construyó un grupo político basado en el control absoluto de candidaturas, alcaldías, diputaciones y estructuras partidistas. En el Estado de México prácticamente nada se movía sin la autorización del llamado Grupo Texcoco. Ese tiempo parece estar terminando.

 

Las alianzas impulsadas por el senador con el grupo priísta y mayor represor Antorcha Campesina marcaron un antes y un después. Para miles de militantes de Morena resultó incomprensible que uno de los principales dirigentes del movimiento terminara negociando con una organización que durante décadas fue presentada como parte de las viejas prácticas políticas que la Cuarta Transformación prometía desterrar.

 

Aquella decisión no sólo provocó molestia. Abrió una fractura que hoy sigue dividiendo a Morena.

 

Muchos liderazgos nunca le perdonaron haber privilegiado acuerdos de supervivencia política por encima de los principios que el movimiento dice defender.

 

Desde entonces comenzó un lento pero constante proceso de aislamiento. Las derrotas internas empezaron a acumularse.

 

El control absoluto del partido comenzó a diluirse. Y el liderazgo de Higinio dejó de ser incuestionable.

 

Aun así, el senador insiste en conservar el poder mediante la permanencia de su círculo más cercano.

 

No es casualidad que varias de las figuras impulsadas por el Grupo Texcoco pretendan mantenerse en los espacios de decisión rumbo a la elección de 2027.

 

El problema para Higinio es que muchos de esos perfiles hoy representan más un pasivo político que un activo electoral. El ejemplo más evidente es Ecatepec.

 

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss, considerada una de las principales cartas del higinismo, enfrenta un profundo desgaste político luego de la difusión de fotografías y videos en los que aparece junto a Alejandro Gilmare Mendoza Díaz, identificado públicamente como líder del grupo delictivo conocido como "La Chokiza", agrupación que ha sido señalada públicamente en diversas denuncias por actividades delictivas como extorsión, narcomenudeo, invasión de predios y múltiples asesinatos. Lejos de tomar distancia, la presidenta municipal afirmó públicamente que dicho personaje "es un gran ser humano", una declaración que provocó indignación y fuertes cuestionamientos al interior de Morena.

 

Ese episodio no golpeó únicamente a la alcaldesa. Golpeó directamente al grupo político que la impulsó, “Mexiquenses de Corazón”.

 

Como también ocurrió con el caso de Nancy Nápoles en Tenancingo, donde la alcaldesa es acusada de autosecuestrarse, para presuntamente despojar 400 millones de pesos del erario público, la crisis terminó exhibiendo la feroz disputa interna que vive Morena por el control de las candidaturas y del poder rumbo a 2027.

 

Hoy el panorama es completamente distinto al de hace apenas unos años.

 

Mientras Horacio Duarte consolida posiciones dentro del gobierno estatal y nuevos liderazgos comienzan a disputar los espacios de decisión, el llamado Grupo Texcoco encabezado por Martínez Miranda enfrenta el mayor desgaste de su historia.

 

Por eso la fotografía con Delfina Gómez tiene un enorme significado político. No parece la imagen de dos liderazgos que caminan hombro con hombro.

 

Parece la fotografía de un senador que necesita demostrar que todavía pertenece al primer círculo del poder.

 

Porque una cosa es compartir un presídium. Y otra muy distinta conservar el control político.

 

La gobernadora sabe perfectamente que Morena llega a una etapa decisiva.

 

La sucesión de 2027 definirá quién controlará el partido y quién encabezará el proyecto rumbo a 2029.

 

En ese escenario, cargar con liderazgos cuestionados puede convertirse en un costo demasiado alto.

 

Higinio Martínez intenta proyectar fortaleza.

 

Pero cada fotografía, cada movimiento y cada mensaje parecen confirmar una realidad difícil de ocultar: el viejo cacicazgo que dominó Texcoco y gran parte de Morena en el Estado de México ya no tiene la capacidad de imponer condiciones como antes.

 

La fotografía busca transmitir unidad. La realidad política transmite otra cosa.

 

Transmite el ocaso de un liderazgo que durante años confundió el control con el respaldo, la disciplina con la lealtad y el poder con la permanencia.

 

Y en política, cuando un dirigente necesita demostrar que sigue siendo indispensable, normalmente es porque dejó de serlo hace mucho tiempo.

NUNDACIONES DESENMASCARAN EL FRACASO DE MARTHA GUERRERO; PROMESAS MILLONARIAS QUEDARON BAJO EL AGUA

 

*El convenio con Iztapalapa y la inversión anunciada no evitaron que La Paz volviera a colapsar

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 27 de junio de 2026.- Bastó apenas una hora de lluvia para que se derrumbara, una vez más, el discurso oficial del gobierno morenista de Martha Guerrero Sánchez. Las calles volvieron a convertirse en ríos, decenas de viviendas resultaron afectadas, familias perdieron parte de su patrimonio y la realidad terminó por exhibir que las promesas de acabar con las inundaciones siguen siendo eso: simples promesas.

 

Las imágenes de junio de 2026 son prácticamente idénticas a las de años anteriores. Colonias enteras bajo el agua, vehículos varados, vialidades intransitables y vecinos desesperados tratando de rescatar sus pertenencias mientras el nivel del agua alcanzaba hasta los 70 centímetros en diversos puntos del municipio.

 

Avenidas como Lerma, distintos tramos de la carretera México-Texcoco, así como colonias como Mejoramiento Ambiental y Santa Martha, volvieron a padecer un problema que el gobierno municipal aseguró haber atendido desde hace más de un año.

 

Los más afectados, como siempre, fueron las familias de menores recursos, quienes nuevamente vieron cómo el agua ingresó a sus viviendas, destruyendo muebles, electrodomésticos y artículos adquiridos con años de esfuerzo, mientras la respuesta gubernamental llegó tarde y resultó insuficiente.

 

Aunque posteriormente personal de Protección Civil y del OPDAPAS realizó labores de desazolve, los trabajos únicamente evidenciaron el enorme rezago en el mantenimiento del sistema de drenaje, una deficiencia que cada temporada de lluvias termina cobrando factura a la población.

 

Lo ocurrido también revive una pregunta inevitable: ¿Dónde quedó la millonaria inversión anunciada para impedir precisamente estas inundaciones?

 

En junio de 2025, Martha Guerrero apareció públicamente junto con la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, para anunciar un ambicioso programa conjunto que, según ambas autoridades, solucionaría los problemas históricos de inundaciones en la zona limítrofe entre ambos municipios.

 

En aquel entonces recorrieron la zona, supervisaron obras hidráulicas, hablaron de rehabilitación de infraestructura pluvial, mantenimiento de pozos de absorción, captación de agua de lluvia y una importante inversión proveniente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, recursos que —aseguraron— seguirían la política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la infraestructura hídrica.

 

El discurso fue aún más optimista cuando Martha Guerrero afirmó que existía la voluntad política suficiente para evitar que las familias volvieran a sufrir inundaciones.

 

Incluso anunció un convenio de colaboración denominado "50 y 50" con Iztapalapa para rehabilitar infraestructura y mejorar la movilidad en la zona limítrofe.

 

La frase que pronunció entonces hoy resulta inevitablemente contrastante con la realidad:

 

Aquí en La Paz e Iztapalapa sí se puede.

 

Sin embargo, la lluvia terminó diciendo exactamente lo contrario.

 

Porque si realmente las obras anunciadas hubieran sido suficientes, si el mantenimiento preventivo hubiera sido permanente y si los recursos públicos se hubieran traducido en resultados visibles, difícilmente una tormenta de apenas una hora habría provocado nuevamente el colapso de vialidades completas y afectaciones a cientos de ciudadanos.

 

Las inundaciones de este fin de semana no sólo representan un fenómeno natural; también reflejan las consecuencias de una infraestructura que sigue siendo insuficiente frente a un problema perfectamente conocido por las autoridades municipales.

 

Mientras los habitantes sacaban el agua de sus casas con cubetas y escobas, el discurso oficial volvió a quedar atrapado bajo el mismo lodo que año tras año invade las calles de Los Reyes La Paz.

 

A ello se suma que el esposo de la alcaldesa y uno de los principales operadores políticos del gobierno municipal, Tranquilino Lagos Buenabad, ha sostenido públicamente que la administración trabaja para transformar el municipio. Sin embargo, para cientos de vecinos, la transformación prometida sigue sin reflejarse en uno de los problemas más graves y recurrentes de La Paz.

 

Porque las lluvias no distinguen colores partidistas, pero sí exhiben gobiernos que, pese a anunciar inversiones, convenios, coordinación institucional y grandes proyectos hidráulicos, no logran evitar que cada temporal termine con las mismas escenas de siempre.

 

Al final, las inundaciones de 2026 dejaron algo más que calles anegadas: dejaron nuevamente al descubierto la enorme distancia entre los compromisos anunciados por el gobierno de Martha Guerrero y los resultados que hoy padecen miles de habitantes de Los Reyes La Paz. Mientras los discursos hablaban de soluciones definitivas, la realidad volvió a demostrar que, frente a la primera lluvia intensa, el municipio continúa exactamente en el mismo punto de siempre.