LA PAZ BAJO ASEDIO: DENUNCIAN EXPANSIÓN CRIMINAL, EXTORSIONES Y RETIRO DE CÁMARAS MIENTRAS EL GOBIERNO MUNICIPAL GUARDA SILENCIO

* Entre extorsiones, violencia y retiro de cámaras vecinales, crecen sospechas sobre presuntos pactos de poder y crimen en el municipio mexiquense

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 9 de mayo de 2026.- El miedo se ha convertido en rutina para miles de familias en Los Reyes La Paz. Vecinos de distintas colonias denuncian que grupos de sujetos armados a bordo de motocicletas han tomado el control de calles, bares y zonas comerciales, donde operan con total impunidad entre homicidios, narcomenudeo, extorsiones y asaltos violentos, mientras las autoridades municipales permanecen ausentes o, peor aún, actúan contra los propios ciudadanos.

 

Habitantes de colonias ubicadas en las partes altas del municipio aseguran que los robos a transeúntes se han disparado de manera alarmante en las últimas semanas. Denuncian que hombres encapuchados recorren diariamente las calles despojando a vecinos de dinero, celulares y pertenencias, sin que exista presencia policiaca suficiente para contener la ola delictiva.

 

Pero el terror no termina ahí. Comerciantes y propietarios de bares han comenzado a encontrar números telefónicos pegados en fachadas y establecimientos, con mensajes intimidatorios para que se comuniquen y “arreglen” su situación, una práctica que, según testimonios, ha derivado en cobros de piso y amenazas directas.

 

Frente a este escenario, vecinos afirman haber solicitado en repetidas ocasiones apoyo de seguridad a la administración encabezada por la alcaldesa morenista Martha Guerrero, sin obtener respuesta efectiva. La indignación creció aún más luego de que el gobierno municipal iniciara el retiro de cámaras de videovigilancia particulares instaladas por ciudadanos para protegerse ante la incapacidad oficial de garantizar seguridad.

 

Para muchos habitantes, la decisión resulta incomprensible y profundamente sospechosa. Mientras la delincuencia se expande, el gobierno local parece enfocado en desmantelar los pocos mecanismos de vigilancia ciudadana que documentan robos, agresiones y movimientos de grupos criminales.

 

“En lugar de protegernos, pareciera que quieren dejarnos ciegos”, denunció un vecino de la zona alta del municipio, quien pidió anonimato por temor a represalias.

 

Las acusaciones adquieren una dimensión todavía más delicada debido a los señalamientos que desde hace tiempo persiguen a Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa y autodenominado operador político de la localidad. Diversas versiones lo vinculan presuntamente con integrantes del grupo criminal conocido como “Sindicato 22 de Octubre”, organización señalada de controlar actividades de extorsión, transporte irregular y distribución de agua mediante el control de pozos públicos.

 

En el centro de esos señalamientos aparece el nombre de Héctor Becerril, identificado por diversas fuentes locales como operador del grupo en la región y supuesto responsable del control de los pozos de agua y la distribución del líquido en el municipio.

 

De acuerdo con testimonios cercanos al entorno político local, existiría la intención de replicar en Los Reyes La Paz un esquema similar al que operó en Chalco bajo el mando de Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, líder del mismo grupo criminal, quien presuntamente construyó una red de extorsión que alcanzó a taxistas, mototaxistas, choferes del transporte público, operadores de pipas y comerciantes.

 

Las versiones sostienen que el control del agua, del transporte y de actividades comerciales no sería únicamente un negocio criminal, sino también una estructura de presión política y territorial con miras a los próximos procesos electorales, donde Morena buscaría consolidar poder territorial en medio de crecientes acusaciones de presuntos pactos con grupos delincuenciales.

 

Mientras tanto, el municipio continúa hundido en la violencia, el miedo y la desconfianza institucional. Existen videos y fotografías donde se aprecian a colaboradores muy cercanos a regidores y regidoras, en los que se puede apreciar que están haciendo disparos al aire para demostrar quien manda en ese territorio, sin embargo, para el gobierno de Morena, eso es totalmente normal.   

 

Los habitantes cuestionan el silencio de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, así como la actuación del fiscal mexiquense José Luis Cervantes Martínez, a quienes acusan de mantener una postura complaciente frente al deterioro de la seguridad pública en La Paz desde la llegada de Morena al gobierno municipal.

 

Hoy, en Los Reyes La Paz, la pregunta que recorre las calles ya no es cuándo regresará la seguridad, sino quién gobierna realmente el municipio.

MORENA Y PRI CRUZAN LA LÍNEA: ACUSACIONES DE NARCOPOLÍTICA DESATAN UNA GUERRA QUE AMENAZA CON INCENDIAR AL PAÍS

 

*Estados Unidos aprieta la presión sobre el oficialismo mientras Morena responde con acusaciones de injerencia y el país se hunde en una nueva crisis de credibilidad política

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Toluca, Estado de México, 9 de mayo de 2026.- La confrontación entre el PRI y Morena dejó de ser un simple intercambio de declaraciones para convertirse en una batalla política de consecuencias impredecibles, marcada por acusaciones de vínculos con el crimen organizado, presiones de Estados Unidos y un gobierno mexicano atrapado entre el descrédito internacional y la descomposición interna.

 

Todo estalló luego de que Alejandro Moreno anunciara que solicitará formalmente al gobierno de Estados Unidos investigar a Morena e incluso analizar la posibilidad de considerarlo una “organización terrorista”, debido a los presuntos nexos de actores políticos del partido guinda con grupos criminales.

 

La respuesta desde Morena no tardó. La recién llegada dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel, arremetió contra el PRI asegurando que “el PRI está en el basurero de la historia” y acusó al tricolor de recurrir a la “intervención extranjera” para intentar recuperar el poder perdido.

 

Pero detrás del choque mediático existe una crisis mucho más profunda: la creciente percepción internacional de que sectores de la política mexicana han sido infiltrados por el crimen organizado mientras el gobierno federal se niega a actuar con contundencia.

 

El anuncio de Moreno ocurre después de semanas de tensión por investigaciones abiertas en Estados Unidos relacionadas con presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales, particularmente tras los señalamientos que rodean al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

 

Los escándalos no son nuevos. La polémica se agravó cuando la Fiscalía General de la República confirmó irregularidades y presuntos montajes en videos presentados por la fiscalía de Sinaloa sobre el caso del asesinato del diputado federal electo Héctor Melesio Cuén. A pesar de ello, ninguna autoridad política asumió responsabilidades y, una vez más, el aparato oficial apostó al desgaste mediático y al olvido.

 

HOY EL PROBLEMA YA NO ESTÁ CONTENIDO DENTRO DE MÉXICO

 

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una de las crisis políticas más delicadas de su administración. Mantener la defensa política de figuras señaladas por presuntos vínculos criminales podría profundizar el choque con Washington y aumentar la presión internacional contra Morena. Pero actuar contra personajes clave del oficialismo también significaría abrir una fractura interna de enormes dimensiones dentro del movimiento construido por Andrés Manuel López Obrador.

 

El problema para Morena es que las advertencias provenientes de Estados Unidos dejaron de ser discretas. Desde hace meses, distintos sectores políticos y sociales exigieron reformas para impedir que partidos políticos vinculados al financiamiento del crimen organizado pudieran conservar su registro. Sin embargo, el oficialismo rechazó incluir candados más severos durante la pasada discusión de la reforma electoral.

 

La señal enviada hacia el exterior fue devastadora: mientras crecían los señalamientos sobre infiltración criminal, el poder político se negó a blindar el sistema electoral.

 

HOY ESA DECISIÓN COMIENZA A PERSEGUIR AL PARTIDO GOBERNANTE

 

La narrativa de Morena basada en acusar “intervención extranjera” choca con una realidad incómoda: las sospechas sobre vínculos entre actores políticos y grupos criminales no nacieron en Washington ni en la oposición, sino en investigaciones, filtraciones, expedientes judiciales y escándalos acumulados durante años.

 

Mientras tanto, el PRI intenta utilizar el desgaste del oficialismo para recuperar terreno político, aunque carga también con décadas de corrupción, impunidad y pactos oscuros que gran parte de la ciudadanía no olvida.

 

En medio de esta guerra política, México aparece atrapado entre dos fuerzas desacreditadas: un viejo régimen que intenta sobrevivir y un nuevo poder que prometió transformación, pero que hoy enfrenta acusaciones similares a las que durante años denunció.

 

La crisis ya no es únicamente electoral o partidista. Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones mexicanas, la estabilidad política del país y la posibilidad de que el crimen organizado haya penetrado estructuras completas del poder público mientras el gobierno continúa negando la gravedad del problema.

 

Y en ese escenario, Morena podría estar iniciando un desgaste que no necesita de la oposición para avanzar, porque el mayor enemigo del movimiento guinda comienza a surgir desde sus propias contradicciones.

FISCALÍA MEXIQUENSE: LA CORRUPCIÓN QUE CERVANTES YA NO QUIERE TOCAR

 

*Entre rotaciones, renuncias y escándalos internos, la Fiscalía mexiquense exhibe una corrupción estructural que el fiscal José Luis Cervantes Martínez ya no logra —o no quiere— contener

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 8 de mayo de 2026.- Lo que alguna vez quiso venderse como una “limpia histórica” dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México terminó convertido en un ejercicio de simulación burocrática. El informe entregado al Congreso local por la institución encabezada por José Luis Cervantes Martínez, lejos de presumir resultados contundentes, exhibe el tamaño de la podredumbre que existe al interior de la dependencia encargada de procurar justicia en territorio mexiquense.

 

Las cifras son demoledoras: 579 servidores públicos fueron dados de baja entre abril de 2025 y marzo de 2026. De ellos, 281 eran Agentes del Ministerio Público; 115 Policías de Investigación; 119 trabajadores administrativos; además de peritos, conciliadores y mandos medios y superiores. Es decir, prácticamente todas las áreas estratégicas de la Fiscalía están contaminadas.

 

Y aunque el documento intenta disfrazar la crisis señalando que “la mayoría” de las bajas fueron voluntarias, la realidad es que el propio informe reconoce renuncias derivadas de actos de corrupción, investigaciones penales y procedimientos internos. Lo alarmante no es únicamente el número de funcionarios involucrados, sino que la corrupción parece operar como una estructura normalizada dentro de la institución.

 

El discurso de la “nueva construcción institucional” quedó reducido a un simple mecanismo de rotación de personal. Más de mil 60 servidores públicos fueron cambiados de adscripción bajo el argumento de evitar malas prácticas. Sin embargo, dentro de la propia Fiscalía se sabe que los funcionarios señalados por corrupción no son separados realmente del sistema: simplemente son movidos de oficina, protegidos y reciclados.

 

La podredumbre es tan profunda que el propio informe admite 110 investigaciones contra Policías de Investigación por probables actos delictivos. Muchas de esas carpetas surgieron tras publicaciones en redes sociales donde se denunciaban presuntos vínculos criminales, extorsiones y abusos. Incluso fueron identificados 39 servidores públicos relacionados con esos hechos.

 

Diez funcionarios fueron separados, entre ellos coordinadores regionales y jefes de grupo. Pero la pregunta inevitable es: ¿Cuántos más siguen operando con total impunidad?

 

Porque para nadie es un secreto que muchas agencias del Ministerio Público en el Estado de México dejaron de ser espacios de procuración de justicia y se transformaron en auténticas oficinas recaudadoras de dinero sucio. Dinero que, en numerosos casos, proviene de víctimas desesperadas, de carpetas de investigación manipuladas y de acuerdos construidos entre corrupción y criminalidad.

 

Y de todo ello tienen conocimiento tanto el fiscal José Luis Cervantes Martínez como la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Sin embargo, el informe entregado al Poder Legislativo evita profundizar en las redes de protección interna, en los cobros ilegales y en los funcionarios que llevan años enriqueciéndose bajo el amparo institucional.

 

La realidad es que Cervantes Martínez ya no es aquel funcionario que llegó prometiendo sacudir la estructura corrupta heredada durante décadas. Hoy, dentro y fuera de la Fiscalía, comienza a consolidarse la percepción de un fiscal tibio, rebasado o, peor aún, cómodo frente al sistema de corrupción que supuestamente iba a combatir.

 

El caso de Oscar Mendoza Paulin, jefe de departamento en la Fiscalía de Los Reyes La Paz, ejemplifica perfectamente el deterioro institucional. De acuerdo con versiones de trabajadores de la propia dependencia, luego de ser enviado a otra sede en la zona norte de Ciudad Nezahualcóyotl, presuntamente habría pagado cerca de 200 mil pesos para regresar a Los Reyes La Paz.

 

La pregunta es inevitable: ¿Por qué alguien estaría dispuesto a pagar semejante cantidad por volver a la jefatura de una Agencia de Ministerio Publico?

 

La respuesta, aseguran empleados de la propia Fiscalía, sería simple: control territorial, relaciones políticas, contactos criminales y enormes beneficios económicos. Mendoza Paulin lleva más de una década operando en esa región; conoce a líderes locales, funcionarios de distintos partidos y el funcionamiento interno de las redes de poder.

 

Entonces surge otra interrogante todavía más grave: ¿De verdad el fiscal general desconoce este tipo de movimientos internos o simplemente decidió mirar hacia otro lado?

 

Porque mientras los ciudadanos continúan siendo víctimas de extorsiones, carpetas fabricadas, corrupción ministerial y abuso de autoridad, la Fiscalía mexiquense parece más preocupada por maquillar cifras que por desmontar el aparato corrupto que consume a la institución desde dentro.

 URGENTE: SHERLYN NECESITA DE TODOS NOSOTROS

 

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de mayo de 2026.- Hoy, Sherlyn enfrenta una de las batallas más importantes de su vida. Esta pequeña será sometida a un trasplante de médula ósea y necesita algo que ningún hospital puede fabricar y que ningún dinero puede comprar: sangre y plaquetas donadas de manera altruista.

 

Se requieren con urgencia 29 donadores. Cada persona que acuda puede convertirse en la esperanza que Sherlyn y su familia necesitan en estos momentos.

 

Las donaciones se realizan en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, ubicado a espaldas del Hospital General de México.

 

En este hospital, decenas de niñas y niños luchan todos los días por seguir viviendo. Hoy Sherlyn necesita de la solidaridad de la gente de buen corazón.

 

Tu sangre puede salvar vidas. Tu tiempo puede devolver esperanza. Tu decisión puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

 

Si puedes donar, hazlo hoy mismo. Y si no puedes hacerlo, comparte este mensaje para que llegue a más personas.

 

Para mayores informes y contacto con familiares de Sherlyn:

📞 55 60 31 40 48

 

Porque cuando donas sangre, no pierdes nada… y alguien puede ganarlo todo.

LA FISCALÍA DEL EDOMEX: FÁBRICA DE CULPABLES

 Y BRAZO POLÍTICO DE MORENA

 

*Mientras los verdaderos delincuentes extorsionan con armas largas, la FGJEM encarcela a quienes denuncian

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 6 de mayo de 2026.- La indignación social crece y la paciencia ciudadana se agotó. En el Estado de México, la Fiscalía General de Justicia mexiquense parece haberse convertido en una maquinaria de fabricación de delitos, donde las carpetas de investigación se construyen a conveniencia política y no para combatir al crimen real que mantiene secuestradas amplias zonas de la entidad.

 

El caso del líder de comerciantes de Los Reyes La Paz, Juan Cerda Cerón, es hoy el ejemplo más brutal de cómo la justicia mexiquense presuntamente opera para proteger intereses políticos y castigar a quienes se atreven a denunciar.

 

Su “delito” fue levantar la voz. Fue denunciar públicamente que desde el pasado 10 de diciembre de 2025 un grupo armado comenzó a cobrar derecho de piso a comerciantes de la avenida Morelos, exigiendo cuotas diarias de entre 300 y 400 pesos para permitirles trabajar. Sujetos armados con cuernos de chivo llegaron a sembrar terror mientras las autoridades municipales guardaban silencio.

 

De acuerdo con las denuncias, tanto la alcaldesa morenista Martha Guerrero como su esposo y operador político, Tranquilino Lagos Buenabad, tuvieron conocimiento inmediato de los hechos. Según comerciantes, pidieron que el tema no se hiciera público bajo la promesa de “encargarse del asunto”. Nunca ocurrió. Por el contrario, la extorsión continuó avanzando.

 

Hasta hoy, aseguran comerciantes, muchos siguen pagando cuotas criminales para poder trabajar en paz, pero tienen miedo a denuncia, a quienes presuntamente controlan la extorsión, Rosalía Mirafuentes, Rogelio Méndez y a Axel Villaseñor. Y mientras el terror se normalizó en las calles, ante la mira cómplice de Marta Guerrero y su esposo, las autoridades optaron por perseguir al denunciante y no a los extorsionadores.

 

LA SECUENCIA RESULTA ESCANDALOSA

 

Después de denunciar públicamente la presencia del grupo delictivo mediante una conferencia de prensa, Juan Cerda fue detenido. Primero intentaron imputarle un supuesto asalto a mano armada. Sin embargo, la acusación no pudo sostenerse ante un juez de los juzgados Neza-Bordo, quien ordenó su liberación inmediata.

 

Pero antes de recuperar su libertad, la Fiscalía mexiquense le fabricó una nueva carpeta de investigación, ahora por el delito de extorsión. Es decir: quien denunció a extorsionadores terminó acusado de extorsión.

 

La contradicción exhibe el nivel de degradación institucional que atraviesa la procuración de justicia en el Estado de México. Ministerios públicos convertidos en operadores políticos, carpetas utilizadas como armas de persecución y una fiscalía más ocupada en encarcelar incómodos que en enfrentar a los verdaderos grupos criminales.

 

Mientras tanto, diversos señalamientos ciudadanos e investigaciones periodísticas han apuntado hacia presuntos nexos entre Tranquilino Lagos Buenabad y el grupo conocido como “Sindicato 22 de Octubre”, organización a la que presuntamente se le habría entregado el control de pozos, distribución y venta de agua en Los Reyes La Paz.

 

Habitantes denuncian desde hace meses que el suministro de agua se utiliza como mecanismo de control político: a quien no simpatiza con Morena se le castiga restringiéndole el servicio o vendiéndole el agua a precios imposibles de pagar.

 

Sin embargo, pese a la gravedad de los señalamientos, la Fiscalía encabezada por José Luis Cervantes Martínez no ha mostrado interés alguno en investigar.

 

Ni cateos. Ni operativos. Ni carpetas espectaculares. Ni conferencias triunfalistas. Nada convence a la ciudadanía porque saben que la institución que encabeza Cervantes Martínez esta al servicio de Morena.

 

Solo basta con que alguien critique al régimen o exhiba públicamente el avance criminal en municipios gobernados por Morena para que la maquinaria judicial se active de inmediato.

 

La pregunta ya no es si existe independencia en la Fiscalía mexiquense. La pregunta es cuánto tiempo más seguirá utilizándose la institución como herramienta de intimidación política.

 

Porque mientras José Luis Cervantes Martínez persigue comerciantes, activistas y ciudadanos incómodos, colectivos enteros siguen denunciando que cientos de inocentes permanecen encarcelados mediante expedientes fabricados.

 

Ahí está el caso del colectivo “Haz Valer Mi Libertad”, que este miércoles cumple 63 días de plantón frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, exigiendo diálogo y revisión de casos que consideran plagados de irregularidades y violaciones a derechos humanos.

 

Familias enteras sobreviven afuera de la Fiscalía esperando justicia, mientras recuerdan que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez prometió públicamente revisar esos expedientes desde mayo de 2024. Sin embargo, nada ha cambiado.

 

También exigen la intervención del magistrado presidente del Poder Judicial mexiquense, Héctor Macedo García, para retomar las mesas del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal y revisar procesos contaminados por irregularidades.

 

Incluso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha advertido violaciones graves en diversos expedientes de amnistía analizados durante meses. Pero las alertas institucionales parecen no importarle a los poderos de Morena y de la Fiscalía mexiquense.

 

Ni las protestas. Ni los plantones. Ni las denuncias públicas. Ni las investigaciones periodísticas. Ni las familias destruidas. Nada importa.

 

La Fiscalía mexiquense sigue operando bajo el mismo patrón: fabricar culpables rápidos para simular eficiencia, mientras el crimen organizado se fortalece en las calles.

 

EL CASO DE JUAN CERDA CERÓN RESUME EL TAMAÑO DE LA CRISIS

 

En el Estado de México, denunciar criminales puede llevarte a prisión. Guardar silencio parece ser la única garantía de libertad.

 

Y mientras eso ocurre, la ciudadanía sigue pagando el costo de una fiscalía rebasada, desacreditada y cada vez más señalada de actuar al servicio del poder político y no de la justicia.

MORENA PRESUME ENCUESTAS QUE ANTES LLAMABA “MENTIRA”

 

*La Paz y Neza intentan vender aprobación ciudadana mientras crecen ejecuciones, extorsiones y sospechas de nexos criminales en sus policías

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 5 de mayo de 2026.- La narrativa oficial se desmorona entre encuestas cuestionadas y municipios hundidos en violencia.

 

Resulta contradictorio —por no decir cínico— que hoy Morena celebre y difunda con entusiasmo los resultados de Massive Caller, una encuestadora que durante años ha sido atacada, desacreditada y señalada por el propio oficialismo como “mentirosa”, “manipuladora” y parte de una supuesta estrategia mediática de la oposición.

 

La misma empresa que en 2024 fue exhibida por Morena y por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador tras fallar estrepitosamente en sus encuestas de salida, hoy es utilizada como herramienta propagandística para intentar vender una imagen de estabilidad y aceptación en municipios donde la realidad cotidiana está marcada por la violencia, las ejecuciones y los presuntos nexos criminales dentro de las corporaciones policiacas.

 

En Los Reyes La Paz, gobernado por Martha Guerrero Sánchez, la situación dista mucho del escenario optimista que intenta pintar Massive Caller. Tan solo en las últimas semanas, el municipio ha sido escenario de asesinatos a plena luz del día, ataques armados y una creciente percepción de inseguridad entre los ciudadanos. A ello se suman los constantes señalamientos sobre presuntos vínculos entre mandos policiacos municipales y grupos de la delincuencia organizada, específicamente es señalado el director operativo Isaías Ramírez Ariel, con indicativo “Gallo”. Sin embargo, la alcaldesa insiste en mantenerlo en el cargo.

 

Pese a ello, ahora se pretende hacer creer que la ciudadanía “premió” las estrategias de seguridad. Una narrativa difícil de sostener cuando las calles siguen teñidas de sangre y el miedo domina colonias enteras.

 

El caso de Nezahualcóyotl tampoco escapa al descrédito. La administración de Adolfo Cerqueda enfrenta severos cuestionamientos luego de que salieran a la luz presuntas operaciones de extorsión encabezadas por mandos policiacos ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación. Versiones periodísticas y denuncias apuntan directamente a integrantes de la estructura de seguridad municipal, quienes están bajo las órdenes y son coordinados por Jorge Amador Amador, alias “La Jirafa”.

 

Con ese contexto, resulta poco creíble que el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo aparezca como uno de los mejores evaluados del Estado de México.

 

La contradicción política es evidente: cuando Massive Caller mostraba ventajas para el PAN, PRI o PRD, Morena acusaba manipulación y guerra sucia; ahora que la encuestadora favorece a gobiernos morenistas, sus cifras son difundidas como si fueran una verdad absoluta.

 

No hay que olvidar que Massive Caller fue una de las casas encuestadoras más cuestionadas tras la elección presidencial de 2024, luego de difundir encuestas de salida que daban ventaja a Xóchitl Gálvez. Los resultados oficiales terminaron desmintiendo completamente sus proyecciones, obligando a la propia empresa a reconocer errores en sus mediciones.

 

Aun así, hoy los gobiernos de Morena toman esos números como bandera política, aunque contradigan la realidad que viven miles de ciudadanos en municipios golpeados por la inseguridad, las extorsiones y la desconfianza hacia sus autoridades.

 

A ello se suma otro elemento que levanta sospechas sobre la difusión de esta narrativa: la encuesta fue impulsada por el portal Reporteros en Movimiento, ligado políticamente a Juan Lázaro Santiago, ex integrante de Antorcha Campesina y hoy cercano a Morena. Además, su esposa, Gloria Aguilar Mateos, mantiene desde hace años posiciones estratégicas dentro del área de Comunicación Social en el municipio de Texcoco, convirtiéndose —según críticos— en juez y parte al operar políticamente desde una estructura pública mientras impulsa contenidos en distintos medios de comunicación para favorecer a la llamada Cuarta Transformación.

 

Más que reflejar una aprobación ciudadana auténtica, la difusión de esta encuesta parece formar parte de un esfuerzo propagandístico para maquillar gobiernos locales rebasados por la inseguridad y las acusaciones de corrupción.

EN LA PAZ: SANGRE, MIEDO Y UN GOBIERNO REBASADO

 

*Entre ejecuciones, señalamientos de corrupción policial y un gobierno dedicado a la propaganda, habitantes de La Paz denuncian que el municipio quedó en manos del crimen

Por EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 5 de mayo de 2026.- Mientras la alcaldesa morenista Martha Guerrero presume supuestos niveles de aprobación pagados en encuestas de dudosa procedencia, las calles del municipio vuelven a teñirse de sangre. La noche del domingo, un hombre fue ejecutado a balazos en plena vía pública, en la esquina de Vicente Guerrero y Allende, en San Sebastián Chimalpa, confirmando lo que miles de habitantes repiten todos los días: en La Paz gobierna el miedo y la impunidad.

 

La víctima fue identificada por sus familiares como Andrés Páez Fernández, de 33 años. Según los testimonios, alrededor de la 9 de la noche, apenas había salido de su domicilio cuando se escucharon las detonaciones. Segundos después, su cuerpo yacía sobre el asfalto. Los paramédicos solo llegaron para confirmar la muerte. Los asesinos, según vecinos, escaparon tranquilamente a bordo de un Tsuru blanco. Como ocurre casi siempre, las patrullas aparecieron únicamente para acordonar la escena cuando todo había terminado.

 

La historia se repite una y otra vez en un municipio convertido en terreno fértil para sicarios, extorsionadores y narcomenudistas. La ciudadanía vive abandonada mientras el gobierno municipal parece más preocupado por fabricar propaganda política que por recuperar la seguridad. Porque mientras las ejecuciones aumentan, desde el círculo cercano de la alcaldesa se insiste en construir una narrativa ficticia de “gobernabilidad” y “aceptación ciudadana”.

 

Y es ahí donde el nombre de Tranquilino Lagos Buenabad vuelve a aparecer. El esposo de la alcaldesa presume públicamente ser operador político de Morena en el municipio, pero bajo esa estructura política el crimen organizado parece operar con absoluta comodidad. Los delincuentes saben perfectamente que en La Paz difícilmente serán perseguidos y mucho menos detenidos.

 

Las sospechas sobre presuntos nexos entre mandos policiacos y grupos criminales crecen cada día. Policías municipales, bajo condición de anonimato, aseguran que Isaías Ramírez Ariel, director operativo de la corporación, con indicativo “Gallo”, habría ordenado a los elementos no actuar contra integrantes de la delincuencia organizada. De ser ciertas estas declaraciones, se trataría de un hecho gravísimo: una policía municipal sometida, paralizada y presuntamente infiltrada.

 

A ello se suma el severo cuestionamiento contra el titular de Seguridad Pública municipal, el contraalmirante Eduardo Fouilloux Batalle, a quien elementos de la propia corporación describen como un mando ausente, desconectado y sin control real sobre la crisis de violencia que consume al municipio. Mientras tanto, las ejecuciones continúan, los criminales operan con impunidad y la población queda atrapada entre el terror y la indiferencia institucional.

 

La pregunta ya no es si La Paz está fuera de control. La verdadera pregunta es cuánto más tendrá que soportar la ciudadanía antes de que las autoridades estatales y federales intervengan seriamente en un municipio donde la violencia parece haberse normalizado y donde la autoridad llega siempre tarde… o nunca llega.

HABLAN DE SOBERANÍA, PERO ENTREGARON LA PAZ AL CRIMEN

 

*Mientras Tranquilino Lagos presume lealtad y soberanía en el Congreso de Morena, en Los Reyes La Paz crecen las acusaciones por presuntos vínculos del poder municipal con el cobro de piso, el control criminal del agua y la violencia que mantiene sometida a la población

 

Por. EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México.- Durante una entrevista con medios de comunicación a las puertas del Congreso Nacional de Morena, realizado ayer domingo 3 de mayo de 2026, Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa morenista de Los Reyes La Paz, Martha Guerrero, intentó vestirse de defensor de la soberanía nacional y de la “lealtad” al movimiento. Sin embargo, en La Paz la realidad dista mucho del discurso político que presume frente a las cámaras.

 

Porque mientras Lagos Buenabad habla de “no intervención”, “autodeterminación” y respaldo absoluto a Morena, en Los Reyes La Paz la ciudadanía vive atrapada por la violencia, el cobro de derecho de piso y el avance de grupos criminales que, durante años, han operado con total impunidad.

 

Resulta insultante escuchar discursos patrióticos de quien, en los hechos, permitió que el grupo criminal conocido como Sindicato 22 de Octubre, encabezado en la zona por Héctor Becerril, extendiera su influencia en la localidad. Vecinos y comerciantes señalan desde hace tiempo que el control territorial, las extorsiones y hasta el manejo de servicios públicos estratégicos, como los pozos de agua, terminaron bajo intereses ajenos a la ciudadanía.

 

Mientras en el Congreso de Morena se hablaba de soberanía y de presuntas conspiraciones internacionales, en las calles de La Paz la gente sigue padeciendo amenazas, violencia y miedo. Esa es la verdadera crisis que Tranquilino Lagos evita mencionar.

 

El esposo de la alcaldesa defendió incluso la decisión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de separarse del cargo tras los señalamientos de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos criminales. Pero jamás mostró la misma preocupación por las víctimas de la inseguridad en su propio municipio, gobernado por su esposa.

 

La contradicción es evidente: Tranquilino habla de dignidad nacional mientras en La Paz el crimen organizado gana espacios que debería controlar la autoridad. Hablan de “no sumisión” frente a Estados Unidos, pero guardan silencio ante los grupos criminales que someten a comerciantes, transportistas y ciudadanos.

 

Más grave aún es que Lagos Buenabad asegure que Morena no permitirá ser señalado de “narcoterrorista” o vinculado a la narcoviolencia, cuando cada vez son más los ciudadanos que cuestionan la cercanía de operadores políticos con estructuras delictivas en distintas regiones del país.

 

Por eso el Congreso morenista celebrado este fin de semana ya es señalado públicamente como una “cumbre de narcopolíticos”, no por una campaña extranjera, sino por la creciente desconfianza social hacia dirigentes y funcionarios señalados por presuntos nexos criminales.

 

La verdadera amenaza para México no está únicamente fuera del país. También está dentro de los gobiernos que prefieren construir discursos ideológicos mientras permiten que la delincuencia organizada se incruste en la vida pública y controle territorios completos, como ocurre en Los Reyes La Paz.

ENTRE DISCURSOS Y SILENCIO: CUESTIONAN A IRENE MONTIEL POR

 OLVIDAR LA LUCHA FEMINISTA DESDE EL PODER

 

*La regidora morenista es señalada de utilizar las demandas de las mujeres como plataforma política, mientras guarda silencio ante feminicidios y violencia en Los Reyes La Paz

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 4 de mayo de 2026.- Mientras colectivos de madres buscadoras afinan detalles para participar este próximo 10 de mayo en la 14 Marcha de la Dignidad Nacional “Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”, bajo el lema “Las madres llegaremos al final”, en el municipio de Los Reyes La Paz crece el enojo ciudadano contra Irene Montiel González, a quien acusan de haber convertido las causas feministas en una herramienta de promoción personal y conveniencia política.

 

La movilización nacional partirá en la Ciudad de México desde el Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia y buscará aprovechar la narrativa internacional del Mundial de Futbol 2026 para visibilizar la tragedia de miles de familias mexicanas que continúan buscando a sus desaparecidos. Sin embargo, mientras madres buscadoras preparan una nueva jornada de exigencia y dignidad, en La Paz la indignación se concentra en el silencio de personajes políticos que antes aseguraban encabezar luchas sociales.

 

En ese contexto, ciudadanos y activistas cuestionan severamente a Irene Montiel, hoy regidora de Morena, debido a que —afirman— cuando le convenía políticamente se asumía como defensora de las mujeres, feminista y activista contra la violencia de género, pero una vez instalada en el poder y con un cargo público bien remunerado, simplemente guardó silencio frente a la violencia que azota al municipio.

 

Las críticas no son menores. Durante años, la propia Irene Montiel aseguró que su lucha estaba enfocada en combatir los feminicidios, exigir seguridad para las mujeres y promover políticas públicas con perspectiva de género en Los Reyes La Paz. No obstante, habitantes del municipio consideran que todo ese discurso quedó sepultado desde que dio el salto político a Morena y obtuvo un espacio en el gobierno municipal.

 

La molestia social crece debido a que, durante el gobierno de la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez, al menos una decena de mujeres han sido asesinadas en hechos violentos ocurridos en hoteles, afuera de bares y centros nocturnos, e incluso mientras realizaban actividades cotidianas como hacer ejercicio y hasta una mujer policía fue asesinada. Pese a ello, aseguran que Irene Montiel no ha emitido una sola postura pública contundente, ni siquiera mensajes de solidaridad hacia las víctimas o sus familias.

 

Para muchos ciudadanos, el silencio resulta todavía más grave porque contrasta con la actitud que la hoy regidora mantuvo cuando formaba parte de la oposición. Acusan que antes denunciaba, protestaba y exigía justicia; hoy, desde el gobierno, únicamente aplaude las decisiones de Morena, exactamente igual —señalan— como antes respaldaba a la administración priista de Cristina González Cruz.

 

“Cuando era oposición gritaba y exigía; ahora que cobra del erario, calla”, es una de las frases que más se repiten entre sectores inconformes del municipio.

 

La inconformidad también revive declaraciones que Irene Montiel realizó en diciembre de 2023, cuando asumió la coordinación municipal para el fortalecimiento del PRD. En aquel momento afirmó que las mujeres habían dejado de ser espectadoras para convertirse en protagonistas de la vida pública del Estado de México y sostuvo que todavía faltaban muchas barreras por romper. Sin embargo, críticos consideran que todo ese discurso quedó reducido a simple retórica política tras su incorporación a Morena.

 

Para sectores ciudadanos, el caso de Irene Montiel representa el ejemplo de cómo algunos actores políticos utilizan causas legítimas, como la defensa de las mujeres y la violencia de género, únicamente como trampolín electoral o herramienta de posicionamiento público, olvidando las demandas sociales una vez que alcanzan cargos, salarios y privilegios del poder.

 

Ahora, frente a la movilización nacional de madres buscadoras, ciudadanos consideran que Irene Montiel debería acompañar y respaldar públicamente estas exigencias, aunque sea para demostrar que aún recuerda que en México existen cientos de miles de mujeres desaparecidas y cientos de miles de madres que continúan buscando justicia en medio del abandono institucional provocado por Morena.

SINALOA ARDE TRAS CAÍDA DE ROCHA: EJECUTAN A LÍDER SINDICAL

 EN PLENA DISPUTA DEL NARCOPODER

 

*El asesinato de Homar Salas exhibe que la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa sigue intacta, mientras Morena intenta contener el impacto político de las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de mayo de 2026.- Apenas un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a una decena de altos funcionarios de operar presuntamente al servicio de la facción de Los Chapitos, la violencia volvió a sacudir al estado con un mensaje brutal: el asesinato del secretario general electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC), Homar Salas Gastélum.

 

El líder sindical fue ejecutado a tiros afuera de su domicilio, en el fraccionamiento Las Brisas, junto a su escolta. El crimen confirmó que la disputa entre grupos criminales por el control político, económico y sindical de Sinaloa no solo continúa, sino que se encuentra en plena escalada.

 

La ejecución ocurre en medio de un escenario explosivo, luego de que autoridades estadounidenses acusaran a Rocha Moya de haber recibido apoyo electoral del Cártel de Sinaloa a cambio de entregar protección institucional desde áreas estratégicas del gobierno estatal, incluyendo seguridad pública, finanzas, la fiscalía y el Ayuntamiento de Culiacán.

 

El asesinato de Homar Salas no es un hecho aislado. Desde hace meses, las facciones conocidas como Los Chapitos y La Mayiza mantienen una feroz disputa por el control del STASAC, considerado uno de los sindicatos más influyentes del estado debido a su cercanía con el aparato gubernamental de Culiacán.

 

Previo a la renovación sindical, dos aspirantes a la dirigencia fueron obligados a renunciar repentinamente “por motivos personales”, horas después de anunciar su participación. Uno de ellos ni siquiera acudió a registrar formalmente su planilla. Fuentes de inteligencia señalaron que operadores de Los Chapitos buscaban imponer perfiles afines dentro del sindicato.

 

En paralelo, el exalcalde de Culiacán y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, también intentó impulsar una candidatura cercana a su grupo político. Sin embargo, a finales de enero sobrevivió a un atentado armado que dejó gravemente herida a una legisladora de Movimiento Ciudadano que lo acompañaba.

 

La espiral de violencia en Sinaloa parece haber entrado en una nueva etapa tras las revelaciones de Washington. Lejos de provocar un repliegue criminal, las acusaciones detonaron incertidumbre y reacomodos entre grupos del narcotráfico que buscan mantener o ampliar su control territorial y político.

 

Tan solo el pasado 30 de abril se registraron 10 homicidios dolosos en la entidad, equivalente al 20% de todos los asesinatos ocurridos ese día en México. Varias de las ejecuciones fueron perpetradas por comandos armados.

 

De acuerdo al periodista, Héctor De Mauleón, en Morena crece el nerviosismo. Aunque diversas figuras del partido intentaron cerrar filas en defensa de Rocha Moya, alegando “falta de pruebas” y denunciando presunto injerencismo estadounidense, dentro del Congreso Nacional de Morena la instrucción habría sido actuar con cautela y evitar una defensa abierta del mandatario sinaloense.

 

Así mismo, asegura que, versiones surgidas desde Palacio Nacional sostienen que el gobierno de Claudia Sheinbaum ya tendría en sus manos nombres adicionales entregados por la embajada de Estados Unidos, relacionados con presuntos vínculos entre políticos y grupos criminales.

 

El temor dentro de la llamada 4T no es menor. La preocupación central radica en que funcionarios señalados en Sinaloa busquen acuerdos judiciales con Estados Unidos para convertirse en testigos protegidos, lo que podría detonar revelaciones sobre supuestos esquemas de apoyo electoral del crimen organizado a candidaturas de Morena en distintas entidades del país.

Fuentes cercanas al gobierno federal afirman que la advertencia ya habría llegado incluso a Andrés Manuel López Obrador, en medio de presiones internas para sostener políticamente a Rocha Moya.

 

En este contexto, Sinaloa aparece hoy como el epicentro de una crisis que rebasa la seguridad pública y amenaza con convertirse en una fractura política de dimensiones nacionales. La ejecución de Homar Salas dejó claro que el narcopoder sigue operando, que las estructuras señaladas por Estados Unidos continúan intactas y que el derrumbe político alrededor de Rocha Moya apenas comienza.

 

Rubén Rocha Moya, es el caso más prominente, señalado formalmente por el Departamento de Justicia de EE. UU. Sin embargo, la lista es larga, Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, es señalado por presuntos nexos con el grupo criminal "La Barredora" y por la protección a funcionarios locales vinculados al crimen.

 

Otro más, es Américo Villareal, gobernador de Tamaulipas: Acusado de recibir financiamiento ilícito del crimen organizado para su campaña electoral. Marina del Pilar Ávila gobernadora de Baja California: Señalada por presuntos vínculos con grupos delictivos, reportándose además la revocación de su visa estadounidense.

 

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora: Señalado dentro de listas de políticos con supuestos nexos con grupos del narcotráfico. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán: Vinculado presuntamente a organizaciones criminales locales conocidas como "Cárteles Unidos". La lista es interminable, ahora solo falta ver como Morena enfrenta esta avalancha de denuncias.