LA PAZ, TIERRA DE NADIE: EXTORSIONADORES MARCHAN

 IMPUNES Y EL GOBIERNO SE ESCONDE

*Mientras comerciantes pagan “derecho de piso” o pierden todo, la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez, su esposo Tranquilino Lagos y las autoridades estatales guardan silencio

 

Por: EXPEDIENTE SECRETOS

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 18 de abril de 2026.– Lo que ocurrió ayer no fue una protesta: fue una exhibición descarada de poder criminal en pleno corazón del municipio. Mientras la cabecera municipal vuelve a arder en inconformidad por la incapacidad de un gobierno rebasado, un grupo de presuntos extorsionadores tomó las calles sin oposición alguna, como si fueran los verdaderos dueños de la plaza.

 

Al frente, José Emilio Molina Méndez, alias “El Millones”, acompañado por al menos 50 mototaxistas —muchos de ellos, según versiones, pagados con 300 pesos— marcharon sin causa, sin demandas, sin rumbo. No exigían justicia ni soluciones. Su único objetivo: intimidar. Insultar. Marcar territorio.

 

Lo hicieron a unos cuantos metros del palacio municipal, bajo la sombra de una supuesta vigilancia permanente. Ahí, donde debería imperar el orden, lo que reina es el miedo. Ejecuciones en bares cercanos, violencia cotidiana y una autoridad que simplemente no aparece. La escena no deja espacio a dudas: La Paz se ha convertido en un territorio sin ley.

 

La raíz del estallido viene de días atrás. Comerciantes de la avenida Morelos, cansados de extorsiones, amenazas y agresiones, rompieron el silencio y señalaron con nombre y apellido a quienes los tienen sometidos: “El Millones”, su hijo Enrique Molina alias “El Kike”, “El Camarón”, Rogelio Méndez y “La Madrina” Chayo Salazar. Todos, según denuncian, operan una red de cobros ilegales que obliga a pagar entre 300 y 450 pesos diarios para poder trabajar.

 

UNA CUOTA DIARIA POR SOBREVIVIR. Y LO MÁS GRAVE: LAS AUTORIDADES LO SABEN

 

Tanto la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez como su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, han sido advertidos. Sin embargo, la policía municipal permanece inmóvil. No hay operativos, no hay detenciones, no hay respuestas. Solo silencio. La omisión es evidente: quienes deberían garantizar la seguridad hoy se comportan como simples espectadores.

 

La marcha del viernes fue el mensaje más claro: los grupos criminales no solo operan, también se sienten protegidos. No pidieron audiencias ni levantaron consignas sociales. Solo lanzaron insultos contra el líder de los comerciantes. Un acto puro de intimidación, diseñado para dejar claro quién manda.

 

Y mientras tanto, la historia de la avenida Morelos —más de 45 años de trabajo, sustento familiar y movilidad social— está siendo aplastada por la violencia. Ahí, generaciones enteras han salido adelante. Hoy, ese mismo espacio es rehén del crimen.

 

Los antecedentes son contundentes. Desde el 5 de diciembre de 2025 comenzaron las amenazas. El 10 de febrero se cumplieron: un grupo de al menos 30 sujetos irrumpió de madrugada, destruyó puestos y despojó a comerciantes. Nadie intervino. Nadie respondió. La omisión fue total.

 

Solo hasta que las víctimas hablaron públicamente, hubo una reacción mínima: la detención de Óscar Pozos Rodríguez, sorprendido en flagrancia cobrando extorsión. Hoy está en el penal Neza-Bordo. Sin embargo, el caso revela un trasfondo aún más delicado: el detenido presuntamente es hijastro de Consuelo Molina, hermana de “El Millones”, lo que habría desatado la furia del grupo tras su captura.

 

PERO UN DETENIDO NO DESMANTELA UNA RED. EL PROBLEMA SIGUE INTACTO

 

Y aquí es donde la responsabilidad deja de ser difusa y se vuelve directa. La alcaldesa Martha Guerrero Sánchez tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad en el municipio. No es opcional. No es negociable. Sin embargo, ni ella ni su esposo han intervenido de manera efectiva. Por el contrario, su pasividad alimenta la sospecha de que detrás de estas maniobras hay intereses políticos que buscan someter o desaparecer al comercio organizado. Si eso es así, el riesgo es aún mayor.

 

Porque si la violencia escala, si las amenazas se convierten en ejecuciones, si la sangre vuelve a correr en La Paz, la responsabilidad no será abstracta. Tendrá nombre y apellido: Tranquilino Lagos Buenabad y la propia alcaldesa, por permitir que el municipio caiga en manos del crimen sin hacer nada.

 

A esto se suma un elemento político que no puede ignorarse. El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, José Alberto Couttolenc Buentello, está obligado a salir públicamente a deslindarse de estos hechos. Y es que Axel Villaseñor —vinculado por los comerciantes a este grupo— presume abiertamente ser líder juvenil del partido en el Estado de México. Si esa relación no es real, debe aclararse de inmediato. Si lo es, el silencio sería aún más grave.

 

En el mismo nivel de responsabilidad está el fiscal José Luis Cervantes Martínez, cuya inacción frente a una red de extorsión plenamente identificada resulta inadmisible. No actuar ya no es omisión: es permitir que el problema crezca.

 

Y también la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuya ausencia en la zona oriente del estado se traduce en abandono. La Paz no está en crisis: está al borde del colapso.

 

Aquí no hay margen para discursos ni simulaciones. Si la sangre corre, no será casualidad. Será consecuencia. Y habrá responsables.

ESTADO REBASADO: LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA OPERA SIN FRENO

*Gobierno federal, Delfina Gómez y el fiscal Cervantes Martínez fallan en detener a líderes criminales pese a años de inteligencia y violencia creciente

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Toluca, Estado de México, 18 de abril de 2026.- Lo que ocurre en el Estado de México y en amplias regiones del país ya no admite matices ni discursos oficiales: es un fracaso abierto del Estado. La operación impune de la organización criminal conocida como La Nueva Familia Michoacana es la prueba más clara de que las autoridades no solo han sido rebasadas, sino que han normalizado la incapacidad.

 

El secuestro del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre, no es un hecho aislado: es un mensaje directo del crimen organizado que exhibe quién tiene el control real del territorio. Y aun así, la respuesta institucional sigue siendo tibia, reactiva y, peor aún, ineficaz.

 

Resulta insostenible que, después de más de dos décadas de operaciones criminales, los líderes de este grupo, Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga, continúen en libertad. No se trata de desconocidos: las propias autoridades federales han documentado sus movimientos, sus redes familiares, sus operadores, sus rutas criminales y hasta su expansión territorial. Lo saben todo, menos cómo detenerlos.

 

La responsabilidad recae, en primer término, en el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, cuya gestión ha sido incapaz de contener la expansión criminal en una de las entidades más importantes del país. La violencia, las ejecuciones, las extorsiones y ahora el control de recursos estratégicos como el agua, avanzan sin freno mientras la Fiscalía permanece rebasada o, peor aún, ausente.

 

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez tampoco puede evadir su responsabilidad. Su administración ha permitido que regiones completas del estado, particularmente el sur y el oriente, queden bajo la sombra del crimen organizado. La promesa de transformación se diluye frente a una realidad donde los grupos criminales no solo operan, sino que imponen condiciones, controlan economías locales y, de acuerdo con autoridades federales, incluso influyen en procesos políticos.

 

Pero el problema no termina en el ámbito estatal. El gobierno federal, pese a contar con inteligencia militar, seguimiento permanente y hasta el respaldo internacional —como las millonarias recompensas ofrecidas por Estados Unidos—, tampoco ha logrado ejecutar capturas clave. La incapacidad para detener a estos objetivos prioritarios no solo debilita la credibilidad institucional, sino que fortalece la percepción de que hay territorios donde la ley simplemente no existe.

 

La diversificación criminal de este grupo —narcotráfico, extorsión, minería ilegal, robo de combustible y ahora el control del agua— demuestra una evolución que las autoridades no han sabido frenar. El reciente secuestro de Rogelio Poblete Zamora confirma que el crimen organizado no solo disputa territorios, sino sectores estratégicos que generan poder económico y político.

 

La pregunta ya no es qué está pasando. La pregunta es hasta cuándo las autoridades —estatales y federales— seguirán permitiendo que una organización criminal actúe con este nivel de impunidad. Porque cada día que pasa sin resultados, no solo crece el poder de estos grupos: se reduce, peligrosamente, la autoridad del Estado mexicano.

HIGINIO FRACASA Y DESATA GUERRA INTERNA EN MORENA

*Tras fallido intento de ruptura, el senador recurre a amenazas, victimismo y ataques mientras crece el rechazo dentro del movimiento en el Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 17 de abril de 2026.- No cesa, el intento del senador morenista Higinio Martínez Miranda por fracturar al movimiento en el Estado de México, sino que continúa exhibiendo una profunda crisis interna que hoy se traduce en amenazas, descalificaciones y una guerra de narrativas desde su propio círculo.

 

Tras el revés político, operadores y defensores del texcocano han salido en redes sociales con un discurso incendiario, lanzando acusaciones contra quienes —aseguran— “mordieron la mano que les dio respaldo”. En una ofensiva que raya en la desesperación, los “aplaudidores” del senador, ahora intentan posicionar la idea de traición, corrupción y venta de conciencias dentro del propio movimiento, sin presentar pruebas claras, pero sí elevando el tono de confrontación.

 

“Se vendieron… y no barato. Se vendieron caro”, acusan en mensajes que circulan ampliamente, mientras advierten que “las máscaras pueden caer” en los próximos meses. Sin embargo, más que una advertencia política, el discurso deja ver un intento por contener el desgaste de una figura que, lejos de fortalecerse, parece cada vez más aislada.

 

Columnas y publicaciones digitales han intentado rescatar la imagen del senador, que hoy por hoy está hundido —según sus propios críticos— en un “pozo político profundo” tras fallar en su intento de posicionarse rumbo a futuros procesos electorales. El rechazo de bases y liderazgos de Morena ha sido evidente, debilitando cualquier aspiración o liderazgo dentro del partido.

 

A este escenario se suma un factor que terminó por erosionar aún más su credibilidad: su acercamiento con Antorcha Campesina. La posible alianza con una de las organizaciones más controvertidas del Estado de México fue vista como una contradicción directa a su discurso de izquierda, generando críticas incluso entre sus simpatizantes. Para muchos, ese movimiento no solo fue un error estratégico, sino una traición a su propia trayectoria política.

 

Lejos de asumir costos, Martínez Miranda ha optado por victimizarse, asegurando que quienes hoy lo cuestionan fueron beneficiarios de su confianza. No obstante, sus detractores recuerdan que el propio senador defendía la crítica como un sano ejercicio democrático… hasta que esta se dirigió hacia él.

 

La incongruencia, señalan, alcanza niveles más profundos al revisar su historial político. Basta recordar su desencuentro con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, episodio en el que —según versiones ampliamente difundidas— el texcocano habría reclamado beneficios personales a cambio del proyecto, dejando al descubierto una lógica política centrada en intereses propios.

 

Hoy, ese pasado vuelve a pesarle. Lo que comenzó como una jugada para reposicionarse, terminó evidenciando fracturas, contradicciones y una pérdida de respaldo que difícilmente podrá revertir en el corto plazo.

 

Mientras tanto, la narrativa de traición, amenazas veladas y advertencias de “caída de máscaras” no hace más que confirmar que la disputa interna en Morena está lejos de terminar… y que, en este caso, apenas comienza.

EXTORSIÓN ARMADA Y PRESUNTOS NEXOS POLÍTICOS

 DESATAN TERROR EN LA PAZ

 

*Comerciantes denuncian cobros diarios, ataques y vínculos entre criminales, supuestas fundaciones y actores del Partido Verde ante la pasividad de autoridades

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 15 de abril de 2026.- La avenida Morelos se ha convertido en territorio del miedo. Comerciantes denuncian una red de extorsión que opera con total impunidad desde hace meses, imponiendo cobros diarios, amenazas armadas y presuntos nexos con actores políticos y organizaciones que, lejos de ayudar, hoy están bajo sospecha.

 

De acuerdo con los afectados, desde diciembre de 2025 comenzaron las exigencias de “derecho de piso”: entre 300 y 400 pesos diarios para poder trabajar. Quien se negará, simplemente era desplazado. Sin embargo, el punto de quiebre llegó la madrugada del 10 de febrero, cuando entre 30 y 40 sujetos —armados con rifles y pistolas— irrumpieron en la zona y tomaron por la fuerza varios puestos.

 

EL MENSAJE FUE CLARO Y BRUTAL: PAGAR O DESAPARECER

 

Lo más alarmante no fue sólo la violencia del operativo criminal, sino su ubicación: frente al palacio municipal, en una zona donde hay presencia policial permanente. Aun así, nadie vio nada, nadie actuó. Para los comerciantes, esto no es omisión: es complicidad.

 

Tras semanas de silencio institucional, los afectados decidieron denunciar y hacer público el caso. La presión surtió efecto apenas parcialmente. Este martes 14 de abril fue detenido Óscar Pozos Rodríguez, señalado directamente por una víctima de exigir dinero a cambio de permitirle trabajar. Además, el líder del tianguis lo identifica como el responsable de haber baleado su domicilio como forma de intimidación.

 

El detenido fue capturado alrededor de la 1:30 de la tarde en el mismo tianguis de la avenida Morelos, cuando viajaba en una motocicleta Pulsar N250 amarilla. No iba solo: su acompañante logró escapar. El caso quedó registrado en la carpeta de investigación NUC: TLA/FTR/FTR/013/100462/26/04 por el delito de extorsión.

 

PERO EL ESCÁNDALO ESCALA

 

Los comerciantes señalan directamente a Emilio Molina, alias “El Millones”, y a Axel Villaseñor, a “La Madrina”, Chayo Zalazar como presuntos líderes de la red. Axel Villaseñor y Emilio Molina en redes sociales, aseguran formar parte de la supuesta fundación Actuar para Transformar el Estado de México. Molina se presenta como encargado en La Paz y Villaseñor como presidente. Sin embargo, no hay claridad sobre la legalidad ni el registro real de dicha organización.

 

Más aún, Villaseñor —identificado como líder juvenil del Partido Verde en el Estado de México— ha intentado desviar las acusaciones, asegurando que el conflicto es político y no criminal. Los hechos, sin embargo, lo contradicen: cobros sistemáticos, amenazas armadas y ataques directos a quienes se resisten.

 

Las sospechas no terminan ahí. Autoridades estatales están obligadas a investigar posibles vínculos entre estos personajes y el grupo criminal autodenominado “Sindicato 22 de Octubre”, presuntamente encabezado por Héctor Becerril, quien —según denuncias— controla incluso la distribución de agua en la zona.

 

El señalamiento es aún más delicado: comerciantes aseguran que este control se ejerce con el consentimiento de la alcaldesa Martha Guerrero y su esposo, Tranquilino Lagos Buenabada, a quien acusan de mantener reuniones con el líder criminal para acordar la venta y control del agua.

 

De confirmarse, no se trataría sólo de extorsión, sino de una estructura de poder donde crimen y política operan de la mano.

 

En este contexto, también surge la exigencia hacia José Alberto “Pepe” Couttolenc, dirigente estatal del Partido Verde, para explicar por qué perfiles ligados a su partido aparecen una y otra vez en escándalos criminales.

 

Los antecedentes son inquietantes. El sexto regidor de Chalco, Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, se encuentra actualmente preso acusado de delitos graves como extorsión, secuestro y homicidio. A esto se suma Román Rico González, quien presume liderazgo en La Paz y arrastra señalamientos por actividades ilícitas.

 

Hoy, la pregunta no es si hay crimen organizado en Los Reyes La Paz. La pregunta es quién lo protege.

 

Mientras tanto, los comerciantes siguen trabajando bajo amenaza, pagando por sobrevivir en un territorio donde la ley parece haber sido reemplazada por el miedo.

FUEGO AMIGO EN MORENA: MAURILIO ARREMETE CONTRA ALCALDE

 Y EXHIBE RUPTURA EN EL EDOMEX

 

*Choques, acusaciones y defensa de Higinio evidencian una guerra interna por el poder rumbo a la gubernatura del Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 14 de abril de 2026.- La fractura interna en Morena dejó de ser rumor y se convirtió en confrontación abierta. En medio de una disputa que escala rumbo a la próxima contienda electoral, el diputado local Maurilio Hernández González lanzó un ataque frontal contra el alcalde de Cuautitlán, Daniel Serrano Palacios, al asegurar que “no tiene calidad moral” para opinar sobre otros integrantes del movimiento.

 

El señalamiento no fue gratuito. Surgió luego de que Serrano calificara como “ingrato” al senador Higinio Martínez Miranda, a quien recriminó que le debe todo al movimiento. La respuesta de Maurilio no sólo fue inmediata, sino cargada de fondo político: cuestionó la trayectoria de Serrano, su paso por la dirigencia estatal de Morena y dejó entrever que su actuar ha estado marcado por intereses personales.

 

“Quienes han tenido responsabilidades dentro del movimiento deben honrar la confianza de la gente; quien no lo haga, no debería repetir en el cargo”, sentenció el legislador, elevando el tono de una disputa que ya no puede ocultarse.

 

DEFENSA DE UN CACICAZGO POLÍTICO

 

Maurilio Hernández no sólo arremetió contra Serrano, también salió en defensa de Higinio Martínez, el influyente senador texcocano que, desde hace meses, ha insistido en su “derecho a opinar y criticar” dentro de Morena, amparado —según él— en más de 50 años de trayectoria en la izquierda mexicana.

 

Sin embargo, detrás de ese discurso de autocrítica, crecen las sospechas. Para diversos actores dentro del propio partido, la insistencia de Martínez Miranda no es otra cosa que una estrategia para posicionarse rumbo a la candidatura al gobierno del Estado de México, incluso si eso implica dinamitar la unidad interna de Morena.

 

UNA GUERRA QUE APENAS COMIENZA

 

La confrontación entre estos actores confirma lo que en Morena se intenta negar: la lucha por el poder ya comenzó y será encarnizada. A medida que se acerquen los tiempos electorales, las descalificaciones y los ajustes de cuentas se intensificarán.

 

El trasfondo es claro: candidaturas, control territorial y el futuro político del Estado de México.

 

ACUERDOS INCÓMODOS Y MEMORIA SELECTIVA

 

En medio de esta batalla, surgen cuestionamientos que incomodan. ¿Qué opina Maurilio Hernández sobre los acercamientos de Higinio Martínez con grupos históricamente señalados por su violencia política, como Antorcha Campesina?

 

Una organización que durante años fue blanco de críticas del máximo líder del movimiento Andrés Manuel López Obrador, quien desde la tribuna de la mañanera la acusaba de desviar los apoyos sociales, para operar con ellos en prácticas clientelares. Para el diputado Maurilio, perece ser que esos señalamientos quedaron en segundo plano frente a la lucha interna por el poder.

 

MORENA: ENTRE LA AUTOCRÍTICA Y LA FRACTURA

 

Mientras Higinio defiende la autocrítica como “saludable”, sus adversarios internos acusan que el discurso sólo aplica cuando no toca sus propios intereses. La paradoja es evidente: un movimiento que prometió terminar con los privilegios y viejas prácticas, hoy enfrenta sus propias contradicciones.

 

La pregunta ya no es si hay división en Morena. La pregunta es qué tan profunda es… y si el partido llegará unido —o hecho pedazos— a la próxima elección.

EXTORSIÓN DESATADA EN LA PAZ: COMERCIANTES ACUSAN PROTECCIÓN OFICIAL

*Golpes, cobros y terror en plena cabecera municipal mientras autoridades locales y la fiscalía permanecen inmóviles ante una red que opera con total impunidad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 14 de abril de 2026.- El silencio se rompió. Y lo que salió a la luz no es menor: una estructura de extorsión que, según denuncian comerciantes de la cabecera municipal, opera con total impunidad, violencia sistemática y bajo la sombra de una autoridad que —cuando no es omisa— parece jugar del otro lado.

 

Cansados de pagar, de ser golpeados y humillados, las víctimas decidieron hablar. Sus testimonios dibujan un escenario alarmante donde el crimen no se esconde: tiene nombres, apodos, territorio… y, presuntamente, protección.

 

UNA RED QUE OPERA A LA VISTA DE TODOS

 

Los señalados no son fantasmas. De acuerdo con los denunciantes, son personajes conocidos en la zona que han construido una maquinaria de control basada en el miedo.

 

Entre ellos mencionan a Axel Villaseñor; Enrique Molina, alias “El Kike”, hijo de “El Millones”; un sujeto apodado “El Camarón”, identificado como ejecutor de golpizas; Rogelio Méndez, hijo de Rogelio Méndez, mayordomo de una iglesia de la localidad y “La Madrina” Chayo Salazar, a quien responsabilizan de sembrar terror entre comerciantes.

 

El aviso llegó el 5 de diciembre de 2025: comenzarían a cobrar “derecho de piso” en la avenida Morelos. Nadie imaginó el nivel de violencia que vendría después.

 

EL DÍA QUE LA AUTORIDAD DESAPARECIÓ

 

El 12 de febrero de 2026 marcó un antes y un después. De madrugada, al menos 30 sujetos armados irrumpieron en la zona comercial: destruyeron más de 15 puestos, sometieron a comerciantes y obligaron a varias mujeres a arrodillarse como acto de humillación. Todo ocurrió a escasos metros del palacio municipal. La policía municipal nunca llegó.

 

“La autoridad simplemente desapareció”, relatan las víctimas, quienes apuntan directamente a la administración encabezada por la morenista Martha Guerrero Sánchez y señalan la influencia de su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, como pieza clave en el control político y territorial.

 

EXTORSIÓN CON CUOTA Y GOLPES

 

Ese mismo día, los agresores regresaron, ahora con el argumento de tener supuestas órdenes judiciales. Bajo el mando de Axel Villaseñor y “El Kike”, intimidaron directamente a los comerciantes.

 

Cuando un vendedor exigió legalidad, la respuesta fue inmediata: golpes. La orden —según testigos— la ejecutó “El Camarón”.

 

Días después, el mensaje fue contundente: todos debían alinearse con “El Millones”. El cobro quedó fijado entre 300 y 400 pesos diarios. Quien no pague, no trabaja… o paga con violencia.

 

CONTROL, MIEDO Y QUIEBRA

 

La extorsión se normalizó. Figuras como Roselia Mirafuentes, denuncian, operan como enlaces para decidir quién puede vender y quién no. El saldo es devastador: familias sin ingresos, negocios cerrados y una comunidad sometida.

 

Aunque los comerciantes aseguran que no buscan politizar con la denuncia, la realidad los alcanza: la violencia, afirman, se disparó con la llegada de la actual administración. La pregunta es inevitable: ¿ineptitud o complicidad?

 

SOSPECHAS QUE APUNTAN ARRIBA

 

Una fuente interna de la dirección de gobierno municipal, bajo anonimato, revela un dato aún más delicado: Tranquilino Lagos Buenabad mantendría presuntos vínculos con un grupo delictivo que opera en la zona.

 

Mientras públicamente la alcaldesa promete apoyo a los comerciantes, en los hechos —acusan— se estaría gestando una estrategia para desmantelar a los comerciantes de la avenida Morelos, considerados un jugoso “botín político y económico”.

 

FISCALÍA: OCHO MESES DE SILENCIO

 

La indignación crece al señalar la inacción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En particular, apuntan a la licenciada, Norma Liliana Mendiola Gómez, quien tiene ocho meses de haber asumido el cargo de Fiscal Regional de Nezahualcóyotl, sin embargo, sigue dormida en sus laureles, pues, afirman que, a pesar de tener conocimiento directo de los hechos desde febrero, ni siquiera se ha dignado en permitir que las victimas ratifiquen sus denuncias.

 

Existe carpeta de investigación. Existen denuncias. Existen pruebas. Existen fotografías. Pero no hay detenidos. Ni avances. Ni siquiera llamados a declarar.

 

El vínculo personal entre la fiscal y la alcaldesa, Martha Guerrero, quien presume una estrecha cercanía con la Fiscal Regional, levanta sospechas entre los afectados: ¿se trata de negligencia… o de un acuerdo de protección?

 

LLAMADO URGENTE: ANTES DE QUE SEA TARDE

 

Ante el abandono institucional, los comerciantes han elevado la voz a nivel federal. Exigen la intervención inmediata del titular de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch. Sobre todo, porque recientemente se tipifico el delito de extorsión como un delito grave del fuero federal.

 

Advierten, los afectados que el escenario es explosivo. Los grupos que operan no sólo son violentos: actúan con la certeza de que nadie los va a detener.

 

Y cuando el crimen se siente intocable, la tragedia deja de ser posibilidad… para convertirse en destino.

 

Los comerciantes ya hablaron. Ahora la pregunta es quién, en el poder, está dispuesto a escuchar… y actuar antes de que la sangre vuelva a correr.

TENANGO DEL VALLE ARDE: COMANDO ARMADO EMBOSCA A POLICÍAS, DEJA UN MANDO MUERTO Y CUATRO HERIDOS

 

*Silencio oficial frente a la violencia que desborda el sur mexiquense

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TENANGO DEL VALLE, Estado de México, 12 de abril de 2026.– La violencia volvió a imponerse en el sur del Estado de México. Elementos de la Fiscalía General de Justicia estatal y de la Secretaría de Seguridad fueron brutalmente atacados por un grupo armado cuando intentaban ejecutar un operativo en un inmueble de la delegación de Santiaguito Cuaxustenco.

 

La emboscada ocurrió sobre la calle Morelos, entre Juárez y 5 de Mayo, donde los uniformados fueron sorprendidos por sujetos fuertemente armados. A pesar de que los agentes repelieron la agresión, el saldo fue devastador: cuatro elementos resultaron lesionados —dos de ellos pertenecientes a la Fiscalía mexiquense— y uno más perdió la vida.

 

La víctima mortal fue identificada como Rodrigo Garduño Ascencio, jefe de Servicios del Segundo Agrupamiento de Calimaya, quien cayó abatido en cumplimiento de su deber, en otro episodio que evidencia la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad en esta región.

 

Tras el ataque, se desplegó un operativo en la zona que permitió la detención de uno de los presuntos agresores, quien ya fue puesto a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, el resto del comando logró escapar, dejando al descubierto la capacidad de fuego y organización de estos grupos criminales.

 

El hecho no solo exhibe la violencia con la que operan las células delictivas, sino también el preocupante vacío de autoridad. Hasta el momento, ninguna instancia de seguridad ha fijado una postura oficial sobre la agresión. El único pronunciamiento fue una esquela emitida por la Secretaría de Seguridad estatal, limitada a expresar condolencias por la muerte del elemento caído.

 

En el trasfondo de esta nueva agresión se encuentra la sombra de “La Nueva Familia Michoacana”, organización criminal que mantiene presencia en el sur de la entidad y que es señalada por su historial de ataques contra fuerzas de seguridad. Este grupo es liderado por los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”.

 

Diversas versiones apuntan a que esta organización no solo opera con impunidad, sino que además cuenta con presuntos vínculos y protección desde sectores de corporaciones policiacas y autoridades municipales, lo que ha permitido su expansión y consolidación en la región.

 

Aunque hasta ahora no existe confirmación oficial de que este grupo esté detrás del ataque, la forma en que se ejecutó la agresión, así como el contexto de violencia que impera en la zona, refuerzan la hipótesis de su participación.

 

Lo ocurrido en Tenango del Valle no es un hecho aislado, sino parte de una escalada de violencia que ha cobrado la vida de múltiples elementos policiacos en el sur del Estado de México. La falta de resultados contundentes y el silencio institucional solo profundizan la percepción de abandono en una región donde la ley parece haber sido rebasada.

 

La exigencia es clara: desmantelar a los grupos criminales que operan en la zona y romper, de una vez por todas, los posibles nexos de complicidad que les han permitido actuar con tal nivel de impunidad. Mientras eso no ocurra, los ataques como el de ayer seguirán repitiéndose, con consecuencias cada vez más graves.

HALLAN 219 RESTOS HUMANOS EN CHALCO; MADRES BUSCADORAS DESTAPAN OTRO CEMENTERIO CLANDESTINO

*Colectivos denuncian omisión de autoridades y exigen verdad y justicia ante uno de los hallazgos más graves del año en los límites con Tláhuac

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHALCO, Estado de México, 12 de abril de 2026.- Lo que comenzó como una jornada de búsqueda terminó por confirmar el horror: 219 restos óseos de origen humano fueron localizados en la zona de las lagunas de La Habana, en los límites entre Chalco y el cerro de Xico, durante la primera etapa de la Jornada de Búsqueda por Patrones Tláhuac-Chalco.

 

El hallazgo, realizado entre el 7 y el 10 de abril por familiares de personas desaparecidas, no solo exhibe la magnitud de la tragedia que vive el Estado de México, sino también la incapacidad —o indiferencia— de las autoridades para enfrentar una crisis que sigue creciendo bajo sus narices.

 

Las cifras son contundentes y estremecedoras: 49 restos fueron encontrados el martes, 29 el miércoles, 51 el jueves y 90 más el viernes. En apenas cuatro días, la tierra volvió a hablar… y lo hizo con crudeza.

 

Ante la dimensión del descubrimiento, madres, padres y colectivos decidieron continuar las labores de búsqueda, convencidos de que la zona es un punto de “alto interés forense” que aún guarda más restos humanos. No buscan otra cosa que respuestas, pero lo que encuentran es abandono institucional.

 

En un comunicado firmado por colectivos como Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, así como por familias independientes, los buscadores expresaron su “indignación, profunda preocupación y firme exigencia” frente a lo encontrado.

 

“Las familias tenemos derecho a la verdad, a la justicia y a un trato digno”, sentenciaron, al tiempo que exigieron que los trabajos de análisis e identificación se realicen con total transparencia, respeto y en coordinación real con quienes llevan años buscando a sus seres queridos.

 

Durante las labores participaron autoridades de las comisiones de búsqueda de la Ciudad de México y del Estado de México, pero la presencia institucional no ha sido suficiente para disipar la desconfianza. Para las familias, la historia se repite: llegan tarde, reaccionan lento y muchas veces, simplemente no están.

 

El silencio de la alcaldesa de Chalco, Abigail Sánchez Martínez, ha sido ensordecedor. A pesar de la gravedad del hallazgo —más de 200 restos humanos en su territorio— no ha emitido posicionamiento alguno ni ha mostrado, al menos públicamente, respaldo a los colectivos que hacen el trabajo que el Estado ha abandonado.

 

La indignación crece aún más al recordar que Chalco arrastra serios problemas en materia de seguridad. En poco más de un año de administración, el municipio ha cambiado en cuatro ocasiones al titular de Seguridad Pública, reflejo de una inestabilidad alarmante. A esto se suma la reciente detención de policías municipales por su presunta participación en secuestros, lo que abre una línea inquietante: ¿qué tanto están infiltradas las corporaciones encargadas de proteger a la ciudadanía?

 

A nivel estatal, la situación no es mejor. Bajo la gestión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Estado de México encabeza la lista nacional de personas desaparecidas, con 14,772 casos registrados a inicios de 2026. Municipios como Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y el propio Chalco concentran una crisis que ya no puede ocultarse.

 

Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encabezada por José Luis Cervantes Martínez, permanece bajo cuestionamientos constantes por su falta de resultados en la investigación y resolución de estos casos.

 

El hallazgo en las lagunas de La Habana no es un hecho aislado: es el reflejo de un país donde miles de familias han tenido que convertirse en investigadoras, peritos y excavadoras, ante la ausencia de un Estado que no responde.

 

Hoy, una vez más, son las madres buscadoras quienes hacen el trabajo que las autoridades no quieren —o no pueden— hacer. Y mientras ellas escarban la tierra con sus propias manos, México sigue desenterrando su tragedia.

ESCÁNDALO EN LA PAZ: ASESOR DE ALCALDESA ESTALLA

 CONTRA VECINOS Y LANZA AMENAZAS

*Ramón Flores Buendía, cercano a la alcaldesa Martha Guerrero, protagoniza agresión captada en video; habitantes de la colonia Tecamachalco denuncian miedo y exigen sanciones

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 12 de abril de 2026.- Una nueva crisis exhibe el desorden y la impunidad que imperan en el gobierno municipal de Los Reyes La Paz. Esta vez, el protagonista es Ramón Flores Buendía, asesor jurídico de la alcaldesa morenista Martha Guerrero, quien fue evidenciado en redes sociales tras protagonizar un altercado cargado de insultos, amenazas y actitudes intimidatorias contra vecinos de la colonia Tecamachalco.

 

Los hechos, que quedaron registrados en un video difundido ampliamente en plataformas digitales, ocurrieron la tarde del pasado jueves, cuando un grupo de habitantes se acercó al funcionario para solicitar información sobre trabajos relacionados con el servicio urbano en la zona, particularmente el acceso a una calle. Lo que debía ser una atención institucional derivó en un episodio de agresividad descontrolada.

 

De acuerdo con testimonios, Flores Buendía —quien padece una discapacidad visual— reaccionó de manera violenta ante los cuestionamientos ciudadanos. Lejos de ofrecer respuestas, comenzó a lanzar insultos y amenazas, escalando la confrontación hasta un nivel alarmante. Incluso, según los denunciantes y lo que se aprecia en la grabación, el funcionario ordenó a otros servidores públicos identificar el domicilio de la persona que lo estaba grabando con la intención de agredirla físicamente.

 

“Solo queríamos una respuesta, pero comenzó a gritarnos, a insultarnos y a amenazarnos”, relataron vecinos, quienes además lo describen como una persona agresiva, impulsiva y peligrosa, por lo que temen represalias tras la difusión del video.

 

El material, grabado con un teléfono celular, se ha convertido en una pieza clave que podría sustentar una denuncia formal ante las autoridades competentes. Sin embargo, hasta el momento, ni la alcaldesa Martha Guerrero ni su principal operador político —y esposo— Tranquilino Lagos Buenabad han emitido postura alguna, lo que ha incrementado la indignación ciudadana.

 

Habitantes de Tecamachalco exigen no solo una investigación inmediata, sino sanciones ejemplares contra el servidor público, al considerar que su comportamiento es incompatible con cualquier función dentro de la administración municipal.

 

Pero este no es un hecho aislado. El nombre de Ramón Flores Buendía ya había estado envuelto en polémica meses atrás. En agosto de 2025, el mismo personaje intentó hacerse pasar por abogado penalista durante la audiencia del caso de Fernando “N”, un menor de apenas cinco años que fue secuestrado y posteriormente asesinado por una deuda de mil pesos.

 

En aquel entonces, Flores Buendía acudió a los juzgados simulando brindar apoyo legal a la madre del menor, pero fue expulsado al no contar con cédula profesional que acreditara su ejercicio como abogado. El episodio generó indignación, sobre todo porque ocurrió en medio del abandono institucional denunciado por la madre de Fernandito, luego de que la presidenta del DIF municipal, Ana Guerrero —hermana de la alcaldesa— fuera señalada por darles la espalda, quien ni siquiera se dignó en escucharla.

La reincidencia en conductas irregulares por parte del asesor jurídico refuerza la percepción de un gobierno municipal rebasado, donde personajes sin perfil ni control operan con total impunidad. Mientras tanto, la administración encabezada por Martha Guerrero y operada políticamente por Tranquilino Lagos Buenabad parece optar por el silencio y la omisión, incluso frente a evidencias públicas.

 

En un municipio marcado por la inseguridad, el desgobierno y los escándalos, este nuevo episodio no hace más que confirmar lo que los propios habitantes denuncian: en Los Reyes La Paz, la autoridad no solo está ausente, sino que en ocasiones se convierte en una amenaza directa para la ciudadanía.

CHALCO: FISCALÍA VA POR HASTA 210 AÑOS DE CÁRCEL CONTRA

 FAMILIA, PERO IGNORA SU PROPIA OMISIÓN

*Aplazan audiencia de Carlota “N”; denuncias desatendidas, órdenes judiciales ignoradas y la inacción de autoridades abren el debate sobre corresponsabilidad en el doble homicidio

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHALCO, Estado de México, 10 de abril de 2026.- La justicia mexiquense vuelve a exhibir su rostro más implacable… y también el más cuestionable. La audiencia intermedia de Carlota “N” y sus hijos fue aplazada, pero la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya adelantó su intención: buscar una condena de hasta 140 años de prisión para la mujer de 74 años, y 210 años para sus hijos Mariana y Eduardo, por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

 

La decisión de posponer la audiencia —ahora programada para el próximo 20 de abril— no obedeció a una estrategia legal de la defensa, sino a la ausencia del abogado de las presuntas víctimas en la sala de juicios orales de Chalco. Aun así, el órgano judicial ordenó al Ministerio Público avanzar en la presentación de pruebas, dejando claro que el proceso seguirá su curso sin contemplaciones.

 

Lejos de buscar una salida alterna, Carlota “N” y sus hijos rechazaron el juicio abreviado, es decir, se negaron a declararse culpables a cambio de una reducción de pena. Optaron por enfrentar un proceso completo, aun cuando eso implica exponerse a las penas máximas que ahora exige la fiscalía.

 

El caso se remonta a abril de 2025, cuando un video se viralizó en redes sociales: en él, se observa el momento en que se acciona un arma de fuego y dos personas pierden la vida, en medio de un conflicto por la invasión de una vivienda en la colonia Ex Hacienda de Guadalupe, en Chalco. La escena detonó indignación, pero también abrió una grieta incómoda: ¿Qué ocurrió antes de ese momento?

 

Hoy, Carlota “N” enfrenta el proceso bajo prisión domiciliaria, beneficio otorgado por su edad y condiciones de salud, tras haber salido del penal la semana pasada. Sus hijos, en cambio, permanecen recluidos bajo la medida de prisión preventiva justificada.

 

Sin embargo, más allá del expediente judicial, el caso revela una cadena de omisiones que resultan imposibles de ignorar. La propia familia había denunciado previamente la invasión de su vivienda. Acudieron ante la fiscalía, gestionaron apoyo institucional e incluso obtuvieron un mandato judicial para que la policía municipal les brindara acompañamiento. Nada de eso se cumplió.

 

Ni la corporación policiaca respondió, ni la autoridad municipal —encabezada por la alcaldesa Abigail Sánchez Martínez— garantizó la seguridad de sus gobernados. El mandato judicial fue, en los hechos, ignorado.

 

La pregunta entonces es inevitable: ¿por qué la misma fiscalía que hoy busca imponer castigos ejemplares no actuó cuando tenía la obligación de prevenir el conflicto?

 

Bajo la gestión del fiscal José Luis Cervantes Martínez, la institución vuelve a quedar bajo sospecha. Porque mientras se exige todo el peso de la ley contra los ciudadanos, persiste la percepción —cada vez más extendida— de que las autoridades actúan con negligencia, o peor aún, en complicidad con intereses ajenos a la legalidad.

 

El caso de Carlota “N” no es un hecho aislado. Es el reflejo de una realidad más amplia: denuncias ignoradas, órdenes judiciales desobedecidas y ciudadanos abandonados a su suerte. En ese contexto, la tragedia no solo es consecuencia de una acción violenta, sino del fracaso sistemático de las instituciones.

 

La indignación crece porque el mensaje es claro: en el Estado de México, la justicia parece llegar tarde… o no llegar.

 

Y entonces surge la pregunta que nadie responde: ¿Quién juzga a las autoridades que, por omisión, permiten que estos hechos ocurran?

 

Porque si la ley pretende ser implacable con los ciudadanos, también debería serlo con quienes, desde el poder, dejaron que todo esto pasara.