ROMÁN RICO, EL CHAPULÍN QUE BUSCA OTRO PADRINO POLÍTICO

 

*Del PRI al Verde y ahora en busca de cobijo en Morena; su trayectoria está marcada por cargos para su familia, promesas incumplidas, escándalos y graves señalamientos que las autoridades deberían esclarecer

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 8 de septiembre de 2026.— Román Rico González parece haber convertido la política de La Paz en un negocio familiar y el cambio de partido en una estrategia de supervivencia. PRI, Partido Verde y ahora la búsqueda del acercamiento con Morena forman parte de una trayectoria en la que, más que principios, predominan los intereses personales y familiares.

 

Durante su etapa priista consiguió la Dirección de Gobierno Municipal y, posteriormente, logró colocar a integrantes de su familia en posiciones dentro del Ayuntamiento. Su esposa fue regidora; después una de sus hijas ocupó también una regiduría y, actualmente, otra de ellas llegó al Cabildo por el Partido Verde Ecologista.

 

El mensaje parece claro: los partidos cambian, pero la familia Rico permanece.

 

En el actual gobierno de Martha Guerrero, Román Rico también encontró espacio. Durante algunos meses encabezó el área de recolección de basura, hasta que terminó fuera del cargo luego de presuntos desencuentros con Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa.

 

Pero alrededor de su salida existen señalamientos que no deberían quedar en simples versiones políticas. Se ha acusado a Rico González de haber permitido el ingreso de personas presuntamente vinculadas con el grupo delictivo “Los Mazo” a espacios del área que encabezaba. Esa versión habría provocado fricciones con Lagos Buenabad, a quien también se le han atribuido presuntos acuerdos con la organización criminal conocida anteriormente como Sindicato 22 de Octubre y actualmente como Federación Unida 22 de Octubre, encabezada por Héctor Becerril.

 

Son acusaciones graves y, precisamente por eso, requieren investigación, no silencio.

 

UN PASADO QUE NO DESAPARECE CAMBIANDO DE PARTIDO

 

La historia política de Rico González tampoco comenzó en los escritorios del Ayuntamiento.

 

Versiones que durante años han circulado en Los Reyes La Paz lo ubican, hace aproximadamente tres décadas, como vendedor de naranjas en calles de la cabecera municipal. Posteriormente, esos mismos señalamientos lo relacionan con una banda delictiva encabezada por un sujeto conocido como “El Cacho”, dedicada presuntamente al robo de camiones y tráileres sobre la carretera México-Texcoco y a la comercialización de mercancía en el mercado negro.

 

Más tarde, según esas versiones, habría buscado protección dentro de corporaciones policiales, como la extinta policía judicial, donde como participo como supuesto informante, es decir, como madrina.

 

También existen señalamientos sobre una presunta participación en interrogatorios violentos y en la identificación de personas relacionadas con actividades delictivas.

 

Pero hay una acusación todavía más delicada: la versión de que habría sido obligado por integrantes de aquella banda a participar en el homicidio de una persona para garantizar que nunca los denunciara.

 

Una acusación de homicidio no puede desaparecer debajo de la alfombra cuando lleva años circulando. Si existe una investigación ministerial, debe conocerse. Si no existe, debe aclararse. Lo que corresponde no es la protección política, sino la verdad.

 

DEL GOLPE A UN REPORTERO AL ATAQUE A SU DOMICILIO

 

En enero de 2018, cuando aspiraba a la candidatura priista a la presidencia municipal, Rico González protagonizó otro episodio que exhibió su relación con la crítica.

 

Al ser cuestionado por un reportero sobre una presunta agresión atribuida a su hija Itzayana Rico contra vecinos y los daños ocasionados a un vehículo, el político reaccionó violentamente y golpeó al comunicador.

 

Para alguien que pretendía gobernar el municipio, la escena resulta por lo menos preocupante: un político que no parece tolerar preguntas incómodas ¿Cómo pretende gobernar?

 

Dos años después, la violencia llegó hasta su propia casa. La madrugada del 8 de junio de 2020, alrededor de las 03:51 horas, sujetos a bordo de un automóvil compacto blanco dispararon contra el portón de su domicilio ubicado en la calle Aldama número 14, en pleno Centro de Los Reyes La Paz.

 

Fueron reportados al menos 32 disparos. No hubo víctimas. Rico González declaró entonces que sabía quiénes eran los responsables y señaló a presuntos narcomenudistas. Y nuevamente surgieron preguntas que hasta ahora merecen respuesta:

 

¿Por qué tenía identificados a los presuntos responsables? ¿Qué relación existía con las personas señaladas? ¿Qué investigaron las autoridades? ¿Hubo detenidos? ¿Se esclareció el ataque?

 

Preguntas sencillas que, en un municipio donde la violencia y la delincuencia son asuntos cotidianos, no deberían quedar archivadas.

 

LA UNIVERSIDAD FANTASMA

 

Pero si algo ha caracterizado políticamente a Román Rico son también sus grandes promesas. Al inicio de la actual administración anunció, con bombo y platillo, la construcción de una universidad en Los Reyes La Paz.

 

Aseguró que ya contaba con el terreno, que había cientos de millones de pesos disponibles y que el proyecto tenía respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez e incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum.

 

Hasta ahora, la universidad simplemente no existe. Ni campus. Ni obra. Ni resultados.

 

Por eso las preguntas son inevitables: ¿Dónde está el predio? ¿Dónde están los cientos de millones de pesos? ¿Qué dependencia comprometió los recursos? ¿Dónde está el proyecto ejecutivo? ¿Dónde están los convenios?

 

Si todo lo anunciado era cierto, los documentos deberían existir. Si no existen, entonces aquella universidad no fue más que otra promesa utilizada para ganar reflectores políticos.

 

AHORA TOCA LA PUERTA DE TEXCOCO

 

El PRI ya no parece abrirle las puertas. El Verde tampoco parece dispuesto a seguir cargando con él. Y ahora, según versiones políticas locales, Román Rico estaría buscando un nuevo padrino para impulsar a su hijo menor hacia una regiduría.

 

En esa búsqueda habría comenzado a acercarse a Texcoco y al alcalde morenista Nazario Gutiérrez Martínez. El asunto coloca una papa caliente sobre el escritorio del presidente municipal texcocano:

 

¿Está dispuesto a convertirse en el nuevo padrino político de Román Rico? Porque si Morena decide darle cobijo, tendrá que responder una pregunta elemental:

 

¿Qué gana Texcoco cargando con el historial de un político que ha pasado de partido en partido y que arrastra señalamientos que nunca han sido aclarados plenamente?

 

Román Rico puede cambiar de partido cuantas veces quiera. Puede cambiar de camiseta. Puede cambiar de aliados. Puede cambiar de discurso.

 

Lo que no puede cambiar tan fácilmente es su historial. Y ese historial está lleno de preguntas. Por eso, antes de que algún nuevo grupo político le abra las puertas, sería conveniente que alguien le preguntara directamente:

 

¿Qué ocurrió realmente durante sus años de militancia y actividad política? Porque si todo son mentiras, que presente las pruebas y las desmienta.

 

Pero si detrás de los rumores existen expedientes, testimonios o investigaciones, entonces ya no estamos hablando de un simple chapulín político, sino de un asunto que corresponde esclarecer a las autoridades. Mientras tanto, Román Rico sigue buscando dónde acomodarse.

 

Después de brincar del PRI al Verde y tocar ahora las puertas de Morena, sólo falta saber quién será el próximo partido dispuesto a cargar con el costo político de su pasado.

ANTORCHA SE DESLINDA DE SEÑALAMIENTOS SOBRE CHAPINGO, PERO NO RESPONDE AL FONDO DE LAS ACUSACIONES

 

*Deslindarse no basta: Antorcha descalifica a medios incómodos, pero evita responder de fondo a los señalamientos sobre su presunto control político y administrativo de Chapingo

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 3 de septiembre de 2026.— La organización Antorcha Campesina decidió responder a la información publicada el pasado 24 de agosto por La Jornada, en la que integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) denunciaron un presunto control político, administrativo y académico de la institución, pero su deslinde difícilmente puede considerarse suficiente para desacreditar, por sí mismo, acusaciones de la gravedad de las difundidas.

 

En su comunicado, el movimiento antorchista rechazó las afirmaciones publicadas y aprovechó para arremeter contra otros medios de comunicación que han dado seguimiento al tema, a los que descalificó como “pasquineros”, una etiqueta que, más que responder a los cuestionamientos, evidencia el nivel de incomodidad que generan las publicaciones críticas.

 

El argumento central de Antorcha para cuestionar la información de La Jornada fue que la nota no estaba firmada por un periodista en particular. Sin embargo, ese hecho no invalida automáticamente la información publicada. La nota efectivamente apareció sin la firma de un periodista y fue publicada en la edición del 24 de agosto de 2026.

 

Más importante aún: el texto no presentó las acusaciones como una sentencia judicial contra Antorcha, sino como señalamientos realizados por profesores, académicos y estudiantes inconformes con la situación que, según sus testimonios, prevalece dentro de la universidad.

 

Y ahí está precisamente el problema para la organización: un comunicado de deslinde no sustituye una explicación puntual de cada uno de los señalamientos.

 

La información difundida por La Jornada habló de un presunto dominio antorchista sobre el órgano rector, el Consejo Universitario, direcciones y jefaturas de la UACh; de modificaciones presuntamente irregulares a estatutos y reglamentos; de la contratación de más de 200 asesores; de supuestos mecanismos de cooptación de trabajadores y estudiantes; de presiones contra profesores opositores y de una creciente intervención política en la vida universitaria.

 

También se cuestionó el papel del rector Ángel Garduño García y su cercanía con el movimiento, así como la modificación de estructuras administrativas de la institución.

 

La propia información periodística consignó el rechazo del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (Stauach) a un nuevo reglamento para el ingreso y permanencia del personal académico, al considerar que podría afectar la estabilidad laboral y contradecir disposiciones del contrato colectivo de trabajo, la legislación laboral y la Constitución.

 

¿Y QUÉ PASA CON LOS RECURSOS?

 

Otro de los asuntos que no desaparecen con un comunicado es el relacionado con la fiscalización de los recursos públicos.

 

De acuerdo con lo publicado por La Jornada, la Auditoría Superior de la Federación presumió un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de la universidad por 51 millones 138 mil 657 pesos, derivado de pagos que consideró improcedentes, además de las cargas financieras correspondientes.

 

Entre las observaciones se encuentran 8 millones 416 mil 469 pesos correspondientes a sueldos pagados a 595 empleados por encima del tabulador autorizado; 40 millones 625 mil 511 pesos por compensaciones garantizadas a 170 empleados; así como otros pagos por conceptos de despensa, renta, transporte y útiles escolares que habrían excedido los tabuladores acreditados.

 

La auditoría también detectó 1 millón 655 mil 889 pesos pagados a 97 empleados después de su baja; 194 mil 33 pesos correspondientes a 43 trabajadores a quienes no se descontaron inasistencias, y 33 mil 860.62 pesos relacionados con dos trabajadores que no registraron sus asistencias.

 

Es decir, el debate sobre Chapingo no puede reducirse a determinar si una nota periodística lleva el nombre de un reportero o aparece firmada por la redacción. Hay documentos de fiscalización, posicionamientos sindicales y testimonios de integrantes de la comunidad universitaria que merecen ser revisados y respondidos con argumentos y documentos.

 

DESCALIFICAR A LOS MEDIOS NO RESUELVE LAS PREGUNTAS

 

La reacción de Antorcha también abre otro debate: ¿por qué llamar “pasquineros” a los medios que resultan incómodos en lugar de responder a sus publicaciones?

 

El periodismo crítico puede equivocarse y, cuando ocurre, debe ser cuestionado con datos, documentos y derecho de réplica. Pero desacreditar de manera general a los medios únicamente porque publican información desfavorable tampoco constituye una respuesta de fondo.

 

En el caso de La Jornada, la publicación del 24 de agosto no fue un texto anónimo subido a una red social. Se trató de una información publicada en un periódico nacional y retomada posteriormente por otros espacios informativos. Además, el Observatorio de Políticas Educativas del IISUE-UNAM registró la publicación dentro de su seguimiento de información sobre autonomía y gobernabilidad universitaria.

 

Por ello, el deslinde antorchista deja abierta una pregunta elemental: si las acusaciones son falsas, ¿dónde están las pruebas que permitan desmentirlas una por una?

 

Porque afirmar que no existe control político sobre Chapingo es una cosa; demostrar quién ocupa cada órgano de decisión, cómo fueron designados los funcionarios, bajo qué procedimientos ingresaron los trabajadores y asesores cuestionados, cómo se modificaron los reglamentos y qué ocurrió con los recursos observados por la ASF es otra muy distinta.

 

El problema de los señalamientos sobre intimidación. Hay además un elemento particularmente delicado.

 

La organización ha sido históricamente señalada por su utilización de estructuras de movilización y grupos de choque. En el caso específico de Chapingo, los testimonios recogidos por La Jornada hablaron incluso de grupos de estudiantes o “porros” presuntamente utilizados para emprender ataques digitales contra profesores y trabajadores críticos de la administración, mediante perfiles falsos y videos difamatorios.

 

A ello se suman señalamientos que circulan desde hace años en torno a la existencia de grupos de personas identificadas por adversarios de Antorcha como “guardias blancas”, a quienes atribuyen tareas de intimidación o persecución contra desertores de la organización y personas consideradas enemigas.

 

Es importante precisar que estos últimos señalamientos constituyen acusaciones y no deben presentarse como hechos judicialmente acreditados sin pruebas específicas. Pero precisamente por la gravedad de lo que se denuncia, tampoco pueden desaparecer simplemente porque la organización emita un comunicado de deslinde.

 

Si Antorcha considera falsos esos señalamientos, tiene la oportunidad de demostrarlo con evidencias, no únicamente con descalificaciones. Chapingo merece algo más que una guerra de comunicados

 

La Universidad Autónoma Chapingo no es patrimonio de una organización política, de un grupo de profesores, de una corriente sindical ni de una administración en turno. Es una institución pública financiada con recursos de los todos los mexicanos y con una enorme responsabilidad en la formación de profesionales del sector agropecuario.

 

Por eso, las acusaciones sobre un eventual control político de la institución, modificaciones administrativas, contratación de personal, presunta cooptación de estudiantes y trabajadores, restricciones a investigadores y posibles irregularidades financieras deben ser sometidas al escrutinio público.

 

Antorcha Campesina tiene todo el derecho de defenderse, negar las acusaciones y ejercer su derecho de réplica. Pero deslindarse no equivale a demostrar que los señalamientos son falsos. Y llamar “pasquineros” a los medios que incomodan tampoco contesta las preguntas.

 

Mientras existan observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, pronunciamientos sindicales, testimonios de profesores y estudiantes y denuncias sobre la conducción de la universidad, el caso Chapingo seguirá siendo un asunto que merece investigación, transparencia y respuestas.

 

Porque si todo lo publicado es falso, la mejor manera de demostrarlo no será con insultos ni descalificaciones: serán los documentos, las auditorías, las actas, los reglamentos, los contratos, las nóminas y las decisiones de los órganos universitarios los que tendrán la última palabra.

FERIA DE SERVICIOS: MUCHO DISCURSO, POCA SEGURIDAD EN

 LA PAZ Y CHIMALHUACÁN

 

*Mientras presumen coordinación y “gobierno sin fronteras”, habitantes cuestionan que las ferias de servicios sustituyan los resultados en seguridad y servicios públicos, y advierten que solo se trata de actos anticipados de campaña rumbo a 2027

 

LA PAZ, Estado de México, 2 de septiembre de 2026.- Mientras las presidentas municipales de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, y de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, presumen que entre ambos municipios “no puede haber límites territoriales”, la realidad vuelve a colocar una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿para qué sirven tantos discursos de coordinación si la seguridad y los servicios públicos siguen siendo una de las principales preocupaciones de los habitantes de la zona oriente?

 

La llamada Feria de Servicios Intermunicipal Chimalhuacán-La Paz fue presentada como una muestra de coordinación para atender problemas como homicidios, violencia intrafamiliar y suicidios, además de acercar servicios jurídicos, psicológicos, médicos y sociales.

 

Sin embargo, para numerosos habitantes, una feria con módulos, consultas, vacunas, optometría y actividades recreativas no puede confundirse con una estrategia efectiva de seguridad pública. Y ahí aparece una contradicción todavía mayor.

 

Si realmente existe una coordinación institucional sin fronteras, como aseguran ambas alcaldesas, entonces habría que preguntar por qué resulta necesario montar una feria para demostrar una coordinación que, en teoría, ya debería existir todos los días.

 

Desde la creación del Mando Unificado Oriente, la promesa precisamente ha sido esa: coordinar a los gobiernos federal, estatal y municipales, junto con policías locales, Policía Estatal, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, para combatir la delincuencia en una región donde delitos como la extorsión y el robo de vehículos representan una preocupación permanente.

 

La estrategia contempla además el uso de herramientas de inteligencia y vigilancia, como cámaras del C5 y drones tácticos, y abarca municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco y Chicoloapan, entre otros.

 

Entonces, la pregunta es inevitable: ¿Dónde está esa coordinación cuando no hay cámaras, módulos ni fotografías oficiales?

 

Porque una cosa es recorrer calles y colonia, inaugurar ferias y hablar de “transformación”, y otra muy distinta es garantizar que los habitantes puedan caminar por sus calles sin miedo, denunciar un delito sin temor a represalias y contar con servicios públicos eficientes.

 

La feria puede ofrecer atención médica, psicológica y jurídica; puede acercar vacunas y orientación a la población. Todo eso puede ser útil. Pero no sustituye patrullajes, investigación criminal, prevención efectiva, combate a la extorsión, recuperación de espacios públicos ni resultados medibles contra la delincuencia. Sin embargo, a pesar de los discursos triunfalistas, distan mucho de la realidad.

 

Por eso, para sectores de la ciudadanía, este tipo de actos terminan pareciendo más un ejercicio de promoción y propaganda política que una respuesta de fondo a los problemas que padecen ambas demarcaciones.

 

Y el calendario electoral tampoco es un detalle menor. A menos de un año de las elecciones intermedias de 2027, cualquier acto público protagonizado por dos alcaldesas de Morena, acompañado de discursos sobre la “transformación” y recorridos para exhibir resultados, inevitablemente genera cuestionamientos sobre si se trata realmente de una política pública o de una plataforma de posicionamiento político.

 

LA CIUDADANÍA, MIENTRAS TANTO, NO VIVE DE FOTOGRAFÍAS NI DE BOLETINES

 

Vive —o intenta vivir— entre problemas de inseguridad, falta de servicios, calles deterioradas y una creciente percepción de que los gobiernos anuncian mucho más de lo que consiguen resolver.

 

La propia frase atribuida al expresidente Andrés Manuel López Obrador, aquella de que “tonto es el gobernante que cree que el pueblo es tonto”, bien podría ser recordada por ambas alcaldesas.

 

Porque los habitantes de La Paz y Chimalhuacán no necesitan que les expliquen que “no existen fronteras”.

 

Necesitan que los gobiernos demuestren, con resultados y no con eventos, que efectivamente pueden gobernar sus territorios.

 

Menos ferias para la fotografía y más resultados en las calles. Ese es el verdadero reto que tienen Martha Guerrero y Xóchitl Flores. Pero que están muy lejos de alcanzar.

EL “HOMBRE DE NEZA” Y LA SEGURIDAD QUE NO APARECE EN EL DISCURSO

 

*Mientras Juan Carlos Vicente Bárcenas presume orden, ética y una policía de respuesta inmediata, señalamientos sobre presunta protección a narcomenudistas colocan al gobierno de Adolfo Cerqueda ante una pregunta incómoda: ¿quién protege realmente a los habitantes de Nezahualcóyotl?

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México, 1 de septiembre de 2026.- El discurso suena impecable: un funcionario formado en la cultura del esfuerzo, con 25 años de servicio público, defensor de la legalidad, de la disciplina y de la educación cívica, que asegura que en Nezahualcóyotl existen 106 cuadrantes, patrullajes permanentes, redes vecinales y tiempos de respuesta de hasta tres minutos.

 

Pero detrás de la entrevista de Juan Carlos Vicente Bárcenas, coordinador municipal de Protección Civil, conocido como “El Duro”, hay una realidad que obliga a poner en duda la fotografía agradable que se pretende vender de la seguridad en Neza.

 

Bárcenas habló ante Lore Molecula, una de las mascotas de la información de Morena, también hablo de ética, firmeza y cero tolerancias. Incluso aseguró que cuando llega a un área establece una regla tajante: “el primero que cometa un error se va”. También presumió que la seguridad del municipio está respaldada por mediciones del INEGI y que Nezahualcóyotl sería el municipio más seguro del Estado de México.

 

El problema es que la seguridad de un municipio no puede medirse únicamente por discursos, encuestas, patrullas o tiempos de respuesta. También debe medirse por la capacidad de las instituciones para impedir que sus propios elementos sean señalados como presuntos protectores de actividades criminales. Y ahí aparece una historia mucho menos cómoda.

 

El pasado 2 de marzo, elementos de inteligencia de la policía municipal detuvieron a varios presuntos vendedores de droga. Durante la revisión de sus teléfonos celulares, de acuerdo con la información proporcionada, los agentes localizaron un número telefónico atribuido al comandante Artemio Trejo Hernández, coordinador de la zona poniente.

 

Según las declaraciones que habrían realizado los detenidos, Trejo Hernández sería presuntamente uno de los mandos que les brindaba protección a cambio de pagos periódicos. Pero el señalamiento no terminaría ahí.

 

Los detenidos habrían asegurado que una patrulla perteneciente al agrupamiento metropolitano “Titanes” había pasado recientemente a recoger la llamada “renta”, es decir, el pago que presuntamente se entregaba para poder comercializar droga sin ser molestados por la autoridad.

 

Si esas declaraciones son ciertas, no estaríamos frente a un simple problema de delincuencia en las calles, sino ante algo infinitamente más grave: la posibilidad de que determinados sectores de la policía municipal hayan sido utilizados para garantizar la operación de vendedores de droga. Y eso cambia completamente la conversación.

 

Porque los sectores que se encuentran bajo la responsabilidad de Trejo Hernández incluyen zonas como El Sol, Maravillas y Pantitlán, territorios donde, según los señalamientos referidos, existirían múltiples puntos de venta de droga.

 

Por eso la pregunta no es solamente cuántas patrullas existen o cuánto tarda una unidad en llegar a una emergencia. La pregunta verdaderamente incómoda es:

 

¿Qué ha hecho el gobierno de Adolfo Cerqueda frente a los señalamientos contra mandos policiales? ¿se abrió una investigación interna? ¿se dio vista a la Fiscalía?

 

¿Se revisaron los teléfonos, patrullas, bitácoras y movimientos de los elementos involucrados? ¿se investigó la presunta existencia de pagos periódicos a mandos policiales? ¿se verificó si las unidades de “Titanes” participaron en alguna recolección de dinero?

 

Porque presumir que existe una policía eficiente resulta insuficiente cuando existen acusaciones de que algunos elementos podrían estar actuando en sentido contrario.

 

“El Shagui”, otro nombre que vuelve a aparecer. La historia tampoco termina con Trejo Hernández.

 

Otro personaje mencionado dentro de la estructura policial es Juan Iván García Parea, alias “El Shagui”, quien habría sido chofer del exdirector de la policía municipal Jorge Amador Amador, igual que el comandante Trejo. El exdirector policiaco, es ampliamente conocido como “La Jirafa” o “El Doctor”.

 

“El Shagui” se habría desempeñado como jefe de servicios del agrupamiento metropolitano “Titanes” y, de acuerdo con los antecedentes señalados, pasó un periodo muy largo recluido en el penal Neza-Bordo para posteriormente reincorporarse a la estructura policial.

 

La circunstancia resulta particularmente delicada porque se estaría hablando de la reincorporación de una persona con antecedentes penitenciarios a una posición dentro de una corporación encargada de combatir precisamente a quienes operan fuera de la ley.

 

Y aquí aparece nuevamente el nombre de Jorge Amador Amador. De acuerdo con los señalamientos proporcionados, el exjefe policiaco ha sido relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se le atribuye influencia en la formación y colocación de mandos policiales en distintos municipios del Valle de México.

 

Estas acusaciones, por su gravedad, requieren investigación y pruebas antes de convertirse en conclusiones, pero precisamente por eso no pueden ser ignoradas.

 

La paradoja de “El Duro”. La entrevista de Bárcenas pretende construir la imagen de un funcionario inflexible: un hombre que habla de reglas claras, disciplina, cero tolerancia y servicio público.

 

Incluso relata que su mayor satisfacción sería que un ciudadano acudiera a una ventanilla y pudiera retirarse sin pagar “un solo centavo”. Es un discurso políticamente atractivo.

 

Pero si realmente existe esa filosofía de servicio, entonces debería aplicarse también a la seguridad pública.

 

Porque no basta con exigirle al ciudadano que respete la ley si dentro de las instituciones existen señalamientos de posibles pactos entre policías y delincuentes.

 

No basta con hablar de civismo mientras un vecino puede preguntarse quién controla una determinada calle.

 

No basta con presumir 106 cuadrantes si en alguno de ellos un grupo criminal pudiera operar bajo la presunta protección de un servidor público. Y mucho menos basta con citar al INEGI como certificado de seguridad.

 

El INEGI puede medir percepción, victimización y otros indicadores; ninguna encuesta puede sustituir una investigación ministerial cuando existen señalamientos concretos contra servidores públicos.

 

¿Seguridad o una paz comprada? La tesis más preocupante que se desprende de los señalamientos es que una eventual disminución de determinados delitos no necesariamente significaría que la delincuencia haya sido derrotada.

 

También podría ocurrir —si se acreditaran las acusaciones— que determinados grupos criminales hayan encontrado mecanismos para operar con menor confrontación mediante acuerdos ilegales con integrantes de las propias corporaciones policiacas. Eso no sería seguridad. Sería una paz sostenida por pactos clandestinos.

 

Y si esos pactos existieran, los ciudadanos no estarían más seguros: simplemente estarían viviendo bajo reglas que no conocen, pero que alguien más habría impuesto.

 

Por eso la entrevista de “El Hombre de Neza” deja una pregunta que ningún discurso institucional puede responder:

 

¿De qué sirve hablar de ética, disciplina y tiempos de respuesta de tres minutos si nadie explica qué ocurrió con los señalamientos que apuntan a una posible protección policial al narcomenudeo?

 

Juan Carlos Vicente Bárcenas asegura que “el primero que cometa un error se va”. Perfecto.

 

Entonces la ciudadanía tiene derecho a saber qué funcionarios fueron investigados, cuáles fueron separados de su cargo, cuáles fueron sancionados y qué resultados tuvieron esas investigaciones cuando aparecieron señalamientos de esta naturaleza.

 

Porque en materia de seguridad, la verdadera prueba de la rectitud no está frente a una cámara ni en una entrevista complaciente.

 

Está en lo que un gobierno hace cuando descubre que la corrupción podría estar sentada dentro de su propia patrulla.

DEL COBRO DE PISO A “REPARTIR MOCHILAS”: EL CINISMO DE “EL PERRO”

 

*Entre señalamientos de extorsión, presuntos vínculos con grupos delictivos y cercanía con Morena en Chicoloapan, “El Perro” busca ahora construir una imagen de benefactor repartiendo mochilas en colonias marginadas

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

VALLE DE CHALCO, Estado de México, 31 de agosto de 2026.- Lo que para cualquier familia de escasos recursos podría parecer un gesto de solidaridad, en Valle de Chalco adquiere otra dimensión: Reinaldo Ruiz Castaneyra, alias “El Perro”, señalado por comerciantes de San Vicente Chicoloapan por presuntas prácticas de extorsión, ahora aparece repartiendo mochilas entre habitantes de una colonia popular con motivo del regreso a clases.

 

La escena resulta, cuando menos, políticamente incómoda. El personaje señalado por comerciantes por presuntamente exigirles dinero de manera violenta aparece ahora convertido en benefactor social, repartiendo apoyos entre familias de bajos recursos.

 

“El Perro” es identificado por comerciantes fijos y semifijos de Chicoloapan como presunto dirigente de un grupo delictivo denimnado “Los Talibanes” al que atribuyen el cobro del llamado “derecho de piso”. Se trata de acusaciones graves que deberían ser investigadas por las autoridades correspondientes y no simplemente ignoradas por las instituciones políticas.

 

Pero el asunto adquiere todavía mayor relevancia por su cercanía con la estructura política de Morena en Chicoloapan.

 

Reinaldo Ruiz Castaneyra es padre de Edgar Ruiz Aguilar, quien ocupa la primera regiduría del Ayuntamiento de San Vicente Chicoloapan. Además, padre e hijo han sido vistos públicamente junto al presidente municipal morenista Javier Mendoza Vázquez, participando en actos políticos y lanzando consignas relacionadas con la defensa de la soberanía.

 

Aquí aparece una contradicción que Morena tendría que explicar con absoluta claridad: ¿Dónde termina la política y dónde comienza la tolerancia hacia personajes señalados por actividades criminales?

 

Porque no basta con hablar de “el pueblo”, de soberanía o de transformación mientras, en los municipios, personajes cuestionados adquieren espacios de influencia política y construyen estructuras sociales.

 

LA FACHADA DE LA “AYUDA SOCIAL”

 

La entrega de mochilas no puede analizarse de manera aislada. Históricamente, diversos grupos criminales han recurrido a la creación de organizaciones sociales, sindicales o de comerciantes para construir una imagen de cercanía con las comunidades, ganar simpatías y generar una base social que posteriormente pueda servir como escudo político.

 

En este caso, “El Perro” encabeza la denominada Confederación de Agricultores y Comerciantes Fijos y Ambulantes de la República Mexicana (CACFARMEX), desde donde ha buscado proyectarse como dirigente social.

 

El problema es que una organización social no puede convertirse en patente de impunidad ni en mecanismo para lavar políticamente la imagen de quienes son señalados por actividades delictivas.

 

EL EXPEDIENTE DE OTROS PERSONAJES DEBERÍA SERVIR COMO ADVERTENCIA

 

Años antes de su detención, EXPEDIENTE SECRETO señaló a Christian Jesús Castillo Grimaldo, “El Jimmy”, entonces identificado públicamente como líder sindical y exregidor de Chalco, por sus presuntos vínculos con el denominado Sindicato 22 de Octubre y con actividades de extorsión y despojo.

 

“El Jimmy” también sabía construir una imagen social: entregaba juguetes durante el Día de Reyes y el Día del Niño, repartía despensas en colonias marginadas y tenía cientos de seguidores.

 

Con el tiempo, aquella imagen de supuesto benefactor terminó contrastando brutalmente con las acusaciones y el proceso penal que enfrenta.

 

El mensaje es sencillo: repartir juguetes, despensas o mochilas no convierte a nadie en honorable.

 

“EL PERRO”, ENTRE LA POLÍTICA Y LOS SEÑALAMIENTOS

 

Lo verdaderamente preocupante es que Morena anunció que rumbo a las elecciones de 2027 establecería filtros para evitar que personas con antecedentes cuestionables llegaran a las candidaturas.

 

Sin embargo, en Chicoloapan ya existe un caso que obliga al partido a explicar qué filtros funcionaron y cuáles no.

 

Edgar Ruiz Aguilar ya ocupa una regiduría. Y su padre, Reinaldo Ruiz Castaneyra, aparece públicamente en actos políticos al lado de funcionarios emanados de Morena.

 

Mientras tanto, comerciantes sostienen presuntos señalamientos de extorsión contra el grupo que encabeza.

 

Las acusaciones incluso apuntan a sujetos conocidos como “Los Pelones”, a quienes se atribuye el cobro cotidiano del llamado derecho de piso.

 

Si esas acusaciones son falsas, que la Fiscalía las investigue y las descarte. Pero si son ciertas, entonces la pregunta resulta todavía más grave:

 

¿Cómo es posible que un personaje señalado por comerciantes pueda tener presencia política, construir una estructura social y aparecer públicamente al lado de funcionarios municipales?

 

¿Y EL CASO DE JUANA?

 

También está pendiente una investigación profunda sobre el homicidio de Juana, dirigente del tianguis instalado en el kilómetro 27 de la carretera federal México-Texcoco.

 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México debería esclarecer quién ordenó y quién ejecutó ese crimen y, en su caso, investigar cualquier relación que pudiera existir entre ese homicidio y quienes tenían intereses dentro de la zona comercial.

 

De la misma manera, deberían revisarse las versiones que han circulado respecto de la supuesta relación de Reinaldo Ruiz Castaneyra con la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), así como el origen y utilización de una camioneta que, según dichos y versiones difundidas, habría pertenecido a esa corporación y todo el tiempo era conducida por “El Perro”.

 

Porque cuando existen señalamientos reiterados, presencia política, organizaciones sociales, grupos de comerciantes y acusaciones de extorsión, lo mínimo que debe existir es una investigación seria, independiente y transparente.

 

MORENA TIENE QUE ESCOGER

 

Morena no puede pretender que el discurso de “primero el pueblo”, “primero Los pobres” y “la defensa de la soberanía” sea compatible con la presencia política de personajes sobre los que pesan señalamientos tan graves.

 

La defensa de la soberanía no se demuestra solamente marchando, gritando consignas o levantando banderas. También se demuestra combatiendo la extorsión. Se demuestra protegiendo a los comerciantes. Se demuestra evitando que grupos criminales construyan bases sociales.

 

Y, sobre todo, impidiendo que el dinero, la intimidación o las estructuras de organizaciones sociales terminen convirtiéndose en pasaportes para acceder al poder político.

 

Por eso, Morena tiene una pregunta que responder antes de llegar a 2027: ¿Su compromiso está realmente con el pueblo o está dispuesto a convivir políticamente con quienes son señalados por vínculos con estructuras de extorsión?

 

Porque una mochila puede aliviar temporalmente la economía de una familia.

 

Pero ninguna mochila borra los señalamientos de extorsión, ninguna despensa limpia un expediente y ningún acto político convierte automáticamente a un personaje cuestionado en representante legítimo del pueblo.

 

La Fiscalía debe investigar. Morena debe explicar. Y los ciudadanos tienen derecho a saber quiénes están buscando convertir la necesidad de las comunidades en una plataforma de poder.

 NAZARIO GUTIÉRREZ: TEXCOCO NO ES PATRIMONIO DEL GRUPO HIGINIO

 

*Alcalde se molesta por respaldo a Paco Vázquez y exhibe nerviosismo político rumbo a la elección del 2027

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 31 de agosto de 2026.- El alcalde de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, parece haber olvidado algo elemental: el municipio que gobierna no es propiedad del grupo político al que pertenece, ni las posiciones públicas son un patrimonio reservado para los mismos de siempre.

 

Su molestia por el respaldo que diputados locales de Morena dieron al coordinador de la bancada, Francisco Vázquez Rodríguez, durante la plenaria celebrada el pasado sábado 29 de agosto en Toluca, exhibe algo más que una diferencia política: el nerviosismo de una estructura que durante años ha ejercido una influencia determinante sobre Texcoco y que ahora observa cómo otros actores comienzan a disputar ese espacio.

 

Gutiérrez Martínez pertenece al grupo político encabezado por el senador Higinio Martínez Miranda, una corriente que durante décadas ha construido en Texcoco una poderosa red de dirigentes, alcaldes, legisladores y operadores políticos. Sin embargo, el problema aparece cuando esa influencia se confunde con una propiedad política del municipio. Y es precisamente ahí donde el alcalde parece perder de vista la realidad.

 

Las bardas con el hashtag #PacoVa fueron suficientes para encender los ánimos. Gutiérrez aseguró estar listo para aventarse un “round con quien sea”, una declaración que lejos de proyectar fortaleza política, puede interpretarse como una reacción de quien se siente amenazado ante la posibilidad de que una candidatura distinta a la de su grupo gane terreno.

 

Porque Paco Vázquez ya dijo públicamente que buscará contender por un cargo de elección popular en Texcoco. Y esa sola posibilidad parece haber provocado una reacción desproporcionada. ¿Por qué tanta preocupación?

 

La respuesta puede estar en la propia historia política de Texcoco: durante años, el grupo de Higinio Martínez ha mantenido una presencia dominante en la vida pública municipal. Pero los tiempos cambian, los equilibrios se mueven y Morena no necesariamente está obligado a seguir funcionando bajo la lógica de un solo grupo que se ha enquistado en el poder.

 

Más aún cuando el desempeño de la actual administración municipal ha sido objeto de fuertes cuestionamientos ciudadanos. Nazario Gutiérrez enfrenta el desgaste natural de un gobierno que no ha logrado convertir el capital político de su grupo en resultados contundentes para los texcocanos. Y ahí está una de las grandes contradicciones.

 

Mientras el alcalde parece concentrado en defender posiciones y responder a quienes comienzan a disputarle espacios políticos, los problemas cotidianos de Texcoco siguen siendo los que deberían ocupar el centro de la agenda del presidente municipal.

 

La política de Morena en Texcoco, además, ya no puede reducirse a las decisiones de un pequeño círculo.

 

El respaldo que legisladores dieron a Paco Vázquez durante la plenaria demuestra que hay otros actores políticos dispuestos a levantar la mano, a construir acuerdos y, sobre todo, a disputar democráticamente el futuro político del municipio.

 

Para el grupo de Higinio, seguramente el mensaje debe ser demasiado incómodo: Texcoco no tiene dueño.

 

No es propiedad de un senador, de un alcalde, de un grupo de operadores ni de una corriente política. Es un municipio cuyos ciudadanos tienen derecho a decidir quién los representa.

 

Y si Nazario Gutiérrez realmente quiere demostrar músculo político, tendría que hacerlo con resultados de gobierno y no con amenazas de “rounds” políticos.

 

Porque una cosa es tener poder dentro de una estructura partidista y otra muy distinta es tener el respaldo de los texcocanos.

 

La disputa rumbo a 2027 apenas comienza. Y la aparición de #PacoVa, el respaldo de diputados a Paco Vázquez y la reacción del alcalde podrían ser apenas los primeros síntomas de una fractura mayor dentro del morenismo texcocano.

 

El verdadero desafío para Nazario Gutiérrez no es pelearse con Paco Vázquez. Es demostrar que puede gobernar Texcoco sin comportarse como si el municipio fuera propiedad de su grupo político. Y en esa batalla, la pregunta resulta inevitable:

 

¿Quién llegará mejor posicionado a la definición política de Morena en Texcoco: el grupo que lleva años controlando la estructura o quienes ahora pretenden disputarle el territorio político?