EXTORSIÓN ARMADA Y PRESUNTOS NEXOS POLÍTICOS

 DESATAN TERROR EN LA PAZ

 

*Comerciantes denuncian cobros diarios, ataques y vínculos entre criminales, supuestas fundaciones y actores del Partido Verde ante la pasividad de autoridades

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 15 de abril de 2026.- La avenida Morelos se ha convertido en territorio del miedo. Comerciantes denuncian una red de extorsión que opera con total impunidad desde hace meses, imponiendo cobros diarios, amenazas armadas y presuntos nexos con actores políticos y organizaciones que, lejos de ayudar, hoy están bajo sospecha.

 

De acuerdo con los afectados, desde diciembre de 2025 comenzaron las exigencias de “derecho de piso”: entre 300 y 400 pesos diarios para poder trabajar. Quien se negará, simplemente era desplazado. Sin embargo, el punto de quiebre llegó la madrugada del 10 de febrero, cuando entre 30 y 40 sujetos —armados con rifles y pistolas— irrumpieron en la zona y tomaron por la fuerza varios puestos.

 

EL MENSAJE FUE CLARO Y BRUTAL: PAGAR O DESAPARECER

 

Lo más alarmante no fue sólo la violencia del operativo criminal, sino su ubicación: frente al palacio municipal, en una zona donde hay presencia policial permanente. Aun así, nadie vio nada, nadie actuó. Para los comerciantes, esto no es omisión: es complicidad.

 

Tras semanas de silencio institucional, los afectados decidieron denunciar y hacer público el caso. La presión surtió efecto apenas parcialmente. Este martes 14 de abril fue detenido Óscar Pozos Rodríguez, señalado directamente por una víctima de exigir dinero a cambio de permitirle trabajar. Además, el líder del tianguis lo identifica como el responsable de haber baleado su domicilio como forma de intimidación.

 

El detenido fue capturado alrededor de la 1:30 de la tarde en el mismo tianguis de la avenida Morelos, cuando viajaba en una motocicleta Pulsar N250 amarilla. No iba solo: su acompañante logró escapar. El caso quedó registrado en la carpeta de investigación NUC: TLA/FTR/FTR/013/100462/26/04 por el delito de extorsión.

 

PERO EL ESCÁNDALO ESCALA

 

Los comerciantes señalan directamente a Emilio Molina, alias “El Millones”, y a Axel Villaseñor, a “La Madrina”, Chayo Zalazar como presuntos líderes de la red. Axel Villaseñor y Emilio Molina en redes sociales, aseguran formar parte de la supuesta fundación Actuar para Transformar el Estado de México. Molina se presenta como encargado en La Paz y Villaseñor como presidente. Sin embargo, no hay claridad sobre la legalidad ni el registro real de dicha organización.

 

Más aún, Villaseñor —identificado como líder juvenil del Partido Verde en el Estado de México— ha intentado desviar las acusaciones, asegurando que el conflicto es político y no criminal. Los hechos, sin embargo, lo contradicen: cobros sistemáticos, amenazas armadas y ataques directos a quienes se resisten.

 

Las sospechas no terminan ahí. Autoridades estatales están obligadas a investigar posibles vínculos entre estos personajes y el grupo criminal autodenominado “Sindicato 22 de Octubre”, presuntamente encabezado por Héctor Becerril, quien —según denuncias— controla incluso la distribución de agua en la zona.

 

El señalamiento es aún más delicado: comerciantes aseguran que este control se ejerce con el consentimiento de la alcaldesa Martha Guerrero y su esposo, Tranquilino Lagos Buenabada, a quien acusan de mantener reuniones con el líder criminal para acordar la venta y control del agua.

 

De confirmarse, no se trataría sólo de extorsión, sino de una estructura de poder donde crimen y política operan de la mano.

 

En este contexto, también surge la exigencia hacia José Alberto “Pepe” Couttolenc, dirigente estatal del Partido Verde, para explicar por qué perfiles ligados a su partido aparecen una y otra vez en escándalos criminales.

 

Los antecedentes son inquietantes. El sexto regidor de Chalco, Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, se encuentra actualmente preso acusado de delitos graves como extorsión, secuestro y homicidio. A esto se suma Román Rico González, quien presume liderazgo en La Paz y arrastra señalamientos por actividades ilícitas.

 

Hoy, la pregunta no es si hay crimen organizado en Los Reyes La Paz. La pregunta es quién lo protege.

 

Mientras tanto, los comerciantes siguen trabajando bajo amenaza, pagando por sobrevivir en un territorio donde la ley parece haber sido reemplazada por el miedo.

FUEGO AMIGO EN MORENA: MAURILIO ARREMETE CONTRA ALCALDE

 Y EXHIBE RUPTURA EN EL EDOMEX

 

*Choques, acusaciones y defensa de Higinio evidencian una guerra interna por el poder rumbo a la gubernatura del Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 14 de abril de 2026.- La fractura interna en Morena dejó de ser rumor y se convirtió en confrontación abierta. En medio de una disputa que escala rumbo a la próxima contienda electoral, el diputado local Maurilio Hernández González lanzó un ataque frontal contra el alcalde de Cuautitlán, Daniel Serrano Palacios, al asegurar que “no tiene calidad moral” para opinar sobre otros integrantes del movimiento.

 

El señalamiento no fue gratuito. Surgió luego de que Serrano calificara como “ingrato” al senador Higinio Martínez Miranda, a quien recriminó que le debe todo al movimiento. La respuesta de Maurilio no sólo fue inmediata, sino cargada de fondo político: cuestionó la trayectoria de Serrano, su paso por la dirigencia estatal de Morena y dejó entrever que su actuar ha estado marcado por intereses personales.

 

“Quienes han tenido responsabilidades dentro del movimiento deben honrar la confianza de la gente; quien no lo haga, no debería repetir en el cargo”, sentenció el legislador, elevando el tono de una disputa que ya no puede ocultarse.

 

DEFENSA DE UN CACICAZGO POLÍTICO

 

Maurilio Hernández no sólo arremetió contra Serrano, también salió en defensa de Higinio Martínez, el influyente senador texcocano que, desde hace meses, ha insistido en su “derecho a opinar y criticar” dentro de Morena, amparado —según él— en más de 50 años de trayectoria en la izquierda mexicana.

 

Sin embargo, detrás de ese discurso de autocrítica, crecen las sospechas. Para diversos actores dentro del propio partido, la insistencia de Martínez Miranda no es otra cosa que una estrategia para posicionarse rumbo a la candidatura al gobierno del Estado de México, incluso si eso implica dinamitar la unidad interna de Morena.

 

UNA GUERRA QUE APENAS COMIENZA

 

La confrontación entre estos actores confirma lo que en Morena se intenta negar: la lucha por el poder ya comenzó y será encarnizada. A medida que se acerquen los tiempos electorales, las descalificaciones y los ajustes de cuentas se intensificarán.

 

El trasfondo es claro: candidaturas, control territorial y el futuro político del Estado de México.

 

ACUERDOS INCÓMODOS Y MEMORIA SELECTIVA

 

En medio de esta batalla, surgen cuestionamientos que incomodan. ¿Qué opina Maurilio Hernández sobre los acercamientos de Higinio Martínez con grupos históricamente señalados por su violencia política, como Antorcha Campesina?

 

Una organización que durante años fue blanco de críticas del máximo líder del movimiento Andrés Manuel López Obrador, quien desde la tribuna de la mañanera la acusaba de desviar los apoyos sociales, para operar con ellos en prácticas clientelares. Para el diputado Maurilio, perece ser que esos señalamientos quedaron en segundo plano frente a la lucha interna por el poder.

 

MORENA: ENTRE LA AUTOCRÍTICA Y LA FRACTURA

 

Mientras Higinio defiende la autocrítica como “saludable”, sus adversarios internos acusan que el discurso sólo aplica cuando no toca sus propios intereses. La paradoja es evidente: un movimiento que prometió terminar con los privilegios y viejas prácticas, hoy enfrenta sus propias contradicciones.

 

La pregunta ya no es si hay división en Morena. La pregunta es qué tan profunda es… y si el partido llegará unido —o hecho pedazos— a la próxima elección.

EXTORSIÓN DESATADA EN LA PAZ: COMERCIANTES ACUSAN PROTECCIÓN OFICIAL

*Golpes, cobros y terror en plena cabecera municipal mientras autoridades locales y la fiscalía permanecen inmóviles ante una red que opera con total impunidad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 14 de abril de 2026.- El silencio se rompió. Y lo que salió a la luz no es menor: una estructura de extorsión que, según denuncian comerciantes de la cabecera municipal, opera con total impunidad, violencia sistemática y bajo la sombra de una autoridad que —cuando no es omisa— parece jugar del otro lado.

 

Cansados de pagar, de ser golpeados y humillados, las víctimas decidieron hablar. Sus testimonios dibujan un escenario alarmante donde el crimen no se esconde: tiene nombres, apodos, territorio… y, presuntamente, protección.

 

UNA RED QUE OPERA A LA VISTA DE TODOS

 

Los señalados no son fantasmas. De acuerdo con los denunciantes, son personajes conocidos en la zona que han construido una maquinaria de control basada en el miedo.

 

Entre ellos mencionan a Axel Villaseñor; Enrique Molina, alias “El Kike”, hijo de “El Millones”; un sujeto apodado “El Camarón”, identificado como ejecutor de golpizas; Rogelio Méndez, hijo de Rogelio Méndez, mayordomo de una iglesia de la localidad y “La Madrina” Chayo Salazar, a quien responsabilizan de sembrar terror entre comerciantes.

 

El aviso llegó el 5 de diciembre de 2025: comenzarían a cobrar “derecho de piso” en la avenida Morelos. Nadie imaginó el nivel de violencia que vendría después.

 

EL DÍA QUE LA AUTORIDAD DESAPARECIÓ

 

El 12 de febrero de 2026 marcó un antes y un después. De madrugada, al menos 30 sujetos armados irrumpieron en la zona comercial: destruyeron más de 15 puestos, sometieron a comerciantes y obligaron a varias mujeres a arrodillarse como acto de humillación. Todo ocurrió a escasos metros del palacio municipal. La policía municipal nunca llegó.

 

“La autoridad simplemente desapareció”, relatan las víctimas, quienes apuntan directamente a la administración encabezada por la morenista Martha Guerrero Sánchez y señalan la influencia de su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, como pieza clave en el control político y territorial.

 

EXTORSIÓN CON CUOTA Y GOLPES

 

Ese mismo día, los agresores regresaron, ahora con el argumento de tener supuestas órdenes judiciales. Bajo el mando de Axel Villaseñor y “El Kike”, intimidaron directamente a los comerciantes.

 

Cuando un vendedor exigió legalidad, la respuesta fue inmediata: golpes. La orden —según testigos— la ejecutó “El Camarón”.

 

Días después, el mensaje fue contundente: todos debían alinearse con “El Millones”. El cobro quedó fijado entre 300 y 400 pesos diarios. Quien no pague, no trabaja… o paga con violencia.

 

CONTROL, MIEDO Y QUIEBRA

 

La extorsión se normalizó. Figuras como Roselia Mirafuentes, denuncian, operan como enlaces para decidir quién puede vender y quién no. El saldo es devastador: familias sin ingresos, negocios cerrados y una comunidad sometida.

 

Aunque los comerciantes aseguran que no buscan politizar con la denuncia, la realidad los alcanza: la violencia, afirman, se disparó con la llegada de la actual administración. La pregunta es inevitable: ¿ineptitud o complicidad?

 

SOSPECHAS QUE APUNTAN ARRIBA

 

Una fuente interna de la dirección de gobierno municipal, bajo anonimato, revela un dato aún más delicado: Tranquilino Lagos Buenabad mantendría presuntos vínculos con un grupo delictivo que opera en la zona.

 

Mientras públicamente la alcaldesa promete apoyo a los comerciantes, en los hechos —acusan— se estaría gestando una estrategia para desmantelar a los comerciantes de la avenida Morelos, considerados un jugoso “botín político y económico”.

 

FISCALÍA: OCHO MESES DE SILENCIO

 

La indignación crece al señalar la inacción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En particular, apuntan a la licenciada, Norma Liliana Mendiola Gómez, quien tiene ocho meses de haber asumido el cargo de Fiscal Regional de Nezahualcóyotl, sin embargo, sigue dormida en sus laureles, pues, afirman que, a pesar de tener conocimiento directo de los hechos desde febrero, ni siquiera se ha dignado en permitir que las victimas ratifiquen sus denuncias.

 

Existe carpeta de investigación. Existen denuncias. Existen pruebas. Existen fotografías. Pero no hay detenidos. Ni avances. Ni siquiera llamados a declarar.

 

El vínculo personal entre la fiscal y la alcaldesa, Martha Guerrero, quien presume una estrecha cercanía con la Fiscal Regional, levanta sospechas entre los afectados: ¿se trata de negligencia… o de un acuerdo de protección?

 

LLAMADO URGENTE: ANTES DE QUE SEA TARDE

 

Ante el abandono institucional, los comerciantes han elevado la voz a nivel federal. Exigen la intervención inmediata del titular de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch. Sobre todo, porque recientemente se tipifico el delito de extorsión como un delito grave del fuero federal.

 

Advierten, los afectados que el escenario es explosivo. Los grupos que operan no sólo son violentos: actúan con la certeza de que nadie los va a detener.

 

Y cuando el crimen se siente intocable, la tragedia deja de ser posibilidad… para convertirse en destino.

 

Los comerciantes ya hablaron. Ahora la pregunta es quién, en el poder, está dispuesto a escuchar… y actuar antes de que la sangre vuelva a correr.

TENANGO DEL VALLE ARDE: COMANDO ARMADO EMBOSCA A POLICÍAS, DEJA UN MANDO MUERTO Y CUATRO HERIDOS

 

*Silencio oficial frente a la violencia que desborda el sur mexiquense

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TENANGO DEL VALLE, Estado de México, 12 de abril de 2026.– La violencia volvió a imponerse en el sur del Estado de México. Elementos de la Fiscalía General de Justicia estatal y de la Secretaría de Seguridad fueron brutalmente atacados por un grupo armado cuando intentaban ejecutar un operativo en un inmueble de la delegación de Santiaguito Cuaxustenco.

 

La emboscada ocurrió sobre la calle Morelos, entre Juárez y 5 de Mayo, donde los uniformados fueron sorprendidos por sujetos fuertemente armados. A pesar de que los agentes repelieron la agresión, el saldo fue devastador: cuatro elementos resultaron lesionados —dos de ellos pertenecientes a la Fiscalía mexiquense— y uno más perdió la vida.

 

La víctima mortal fue identificada como Rodrigo Garduño Ascencio, jefe de Servicios del Segundo Agrupamiento de Calimaya, quien cayó abatido en cumplimiento de su deber, en otro episodio que evidencia la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad en esta región.

 

Tras el ataque, se desplegó un operativo en la zona que permitió la detención de uno de los presuntos agresores, quien ya fue puesto a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, el resto del comando logró escapar, dejando al descubierto la capacidad de fuego y organización de estos grupos criminales.

 

El hecho no solo exhibe la violencia con la que operan las células delictivas, sino también el preocupante vacío de autoridad. Hasta el momento, ninguna instancia de seguridad ha fijado una postura oficial sobre la agresión. El único pronunciamiento fue una esquela emitida por la Secretaría de Seguridad estatal, limitada a expresar condolencias por la muerte del elemento caído.

 

En el trasfondo de esta nueva agresión se encuentra la sombra de “La Nueva Familia Michoacana”, organización criminal que mantiene presencia en el sur de la entidad y que es señalada por su historial de ataques contra fuerzas de seguridad. Este grupo es liderado por los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”.

 

Diversas versiones apuntan a que esta organización no solo opera con impunidad, sino que además cuenta con presuntos vínculos y protección desde sectores de corporaciones policiacas y autoridades municipales, lo que ha permitido su expansión y consolidación en la región.

 

Aunque hasta ahora no existe confirmación oficial de que este grupo esté detrás del ataque, la forma en que se ejecutó la agresión, así como el contexto de violencia que impera en la zona, refuerzan la hipótesis de su participación.

 

Lo ocurrido en Tenango del Valle no es un hecho aislado, sino parte de una escalada de violencia que ha cobrado la vida de múltiples elementos policiacos en el sur del Estado de México. La falta de resultados contundentes y el silencio institucional solo profundizan la percepción de abandono en una región donde la ley parece haber sido rebasada.

 

La exigencia es clara: desmantelar a los grupos criminales que operan en la zona y romper, de una vez por todas, los posibles nexos de complicidad que les han permitido actuar con tal nivel de impunidad. Mientras eso no ocurra, los ataques como el de ayer seguirán repitiéndose, con consecuencias cada vez más graves.

HALLAN 219 RESTOS HUMANOS EN CHALCO; MADRES BUSCADORAS DESTAPAN OTRO CEMENTERIO CLANDESTINO

*Colectivos denuncian omisión de autoridades y exigen verdad y justicia ante uno de los hallazgos más graves del año en los límites con Tláhuac

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHALCO, Estado de México, 12 de abril de 2026.- Lo que comenzó como una jornada de búsqueda terminó por confirmar el horror: 219 restos óseos de origen humano fueron localizados en la zona de las lagunas de La Habana, en los límites entre Chalco y el cerro de Xico, durante la primera etapa de la Jornada de Búsqueda por Patrones Tláhuac-Chalco.

 

El hallazgo, realizado entre el 7 y el 10 de abril por familiares de personas desaparecidas, no solo exhibe la magnitud de la tragedia que vive el Estado de México, sino también la incapacidad —o indiferencia— de las autoridades para enfrentar una crisis que sigue creciendo bajo sus narices.

 

Las cifras son contundentes y estremecedoras: 49 restos fueron encontrados el martes, 29 el miércoles, 51 el jueves y 90 más el viernes. En apenas cuatro días, la tierra volvió a hablar… y lo hizo con crudeza.

 

Ante la dimensión del descubrimiento, madres, padres y colectivos decidieron continuar las labores de búsqueda, convencidos de que la zona es un punto de “alto interés forense” que aún guarda más restos humanos. No buscan otra cosa que respuestas, pero lo que encuentran es abandono institucional.

 

En un comunicado firmado por colectivos como Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, así como por familias independientes, los buscadores expresaron su “indignación, profunda preocupación y firme exigencia” frente a lo encontrado.

 

“Las familias tenemos derecho a la verdad, a la justicia y a un trato digno”, sentenciaron, al tiempo que exigieron que los trabajos de análisis e identificación se realicen con total transparencia, respeto y en coordinación real con quienes llevan años buscando a sus seres queridos.

 

Durante las labores participaron autoridades de las comisiones de búsqueda de la Ciudad de México y del Estado de México, pero la presencia institucional no ha sido suficiente para disipar la desconfianza. Para las familias, la historia se repite: llegan tarde, reaccionan lento y muchas veces, simplemente no están.

 

El silencio de la alcaldesa de Chalco, Abigail Sánchez Martínez, ha sido ensordecedor. A pesar de la gravedad del hallazgo —más de 200 restos humanos en su territorio— no ha emitido posicionamiento alguno ni ha mostrado, al menos públicamente, respaldo a los colectivos que hacen el trabajo que el Estado ha abandonado.

 

La indignación crece aún más al recordar que Chalco arrastra serios problemas en materia de seguridad. En poco más de un año de administración, el municipio ha cambiado en cuatro ocasiones al titular de Seguridad Pública, reflejo de una inestabilidad alarmante. A esto se suma la reciente detención de policías municipales por su presunta participación en secuestros, lo que abre una línea inquietante: ¿qué tanto están infiltradas las corporaciones encargadas de proteger a la ciudadanía?

 

A nivel estatal, la situación no es mejor. Bajo la gestión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Estado de México encabeza la lista nacional de personas desaparecidas, con 14,772 casos registrados a inicios de 2026. Municipios como Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y el propio Chalco concentran una crisis que ya no puede ocultarse.

 

Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encabezada por José Luis Cervantes Martínez, permanece bajo cuestionamientos constantes por su falta de resultados en la investigación y resolución de estos casos.

 

El hallazgo en las lagunas de La Habana no es un hecho aislado: es el reflejo de un país donde miles de familias han tenido que convertirse en investigadoras, peritos y excavadoras, ante la ausencia de un Estado que no responde.

 

Hoy, una vez más, son las madres buscadoras quienes hacen el trabajo que las autoridades no quieren —o no pueden— hacer. Y mientras ellas escarban la tierra con sus propias manos, México sigue desenterrando su tragedia.

ESCÁNDALO EN LA PAZ: ASESOR DE ALCALDESA ESTALLA

 CONTRA VECINOS Y LANZA AMENAZAS

*Ramón Flores Buendía, cercano a la alcaldesa Martha Guerrero, protagoniza agresión captada en video; habitantes de la colonia Tecamachalco denuncian miedo y exigen sanciones

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 12 de abril de 2026.- Una nueva crisis exhibe el desorden y la impunidad que imperan en el gobierno municipal de Los Reyes La Paz. Esta vez, el protagonista es Ramón Flores Buendía, asesor jurídico de la alcaldesa morenista Martha Guerrero, quien fue evidenciado en redes sociales tras protagonizar un altercado cargado de insultos, amenazas y actitudes intimidatorias contra vecinos de la colonia Tecamachalco.

 

Los hechos, que quedaron registrados en un video difundido ampliamente en plataformas digitales, ocurrieron la tarde del pasado jueves, cuando un grupo de habitantes se acercó al funcionario para solicitar información sobre trabajos relacionados con el servicio urbano en la zona, particularmente el acceso a una calle. Lo que debía ser una atención institucional derivó en un episodio de agresividad descontrolada.

 

De acuerdo con testimonios, Flores Buendía —quien padece una discapacidad visual— reaccionó de manera violenta ante los cuestionamientos ciudadanos. Lejos de ofrecer respuestas, comenzó a lanzar insultos y amenazas, escalando la confrontación hasta un nivel alarmante. Incluso, según los denunciantes y lo que se aprecia en la grabación, el funcionario ordenó a otros servidores públicos identificar el domicilio de la persona que lo estaba grabando con la intención de agredirla físicamente.

 

“Solo queríamos una respuesta, pero comenzó a gritarnos, a insultarnos y a amenazarnos”, relataron vecinos, quienes además lo describen como una persona agresiva, impulsiva y peligrosa, por lo que temen represalias tras la difusión del video.

 

El material, grabado con un teléfono celular, se ha convertido en una pieza clave que podría sustentar una denuncia formal ante las autoridades competentes. Sin embargo, hasta el momento, ni la alcaldesa Martha Guerrero ni su principal operador político —y esposo— Tranquilino Lagos Buenabad han emitido postura alguna, lo que ha incrementado la indignación ciudadana.

 

Habitantes de Tecamachalco exigen no solo una investigación inmediata, sino sanciones ejemplares contra el servidor público, al considerar que su comportamiento es incompatible con cualquier función dentro de la administración municipal.

 

Pero este no es un hecho aislado. El nombre de Ramón Flores Buendía ya había estado envuelto en polémica meses atrás. En agosto de 2025, el mismo personaje intentó hacerse pasar por abogado penalista durante la audiencia del caso de Fernando “N”, un menor de apenas cinco años que fue secuestrado y posteriormente asesinado por una deuda de mil pesos.

 

En aquel entonces, Flores Buendía acudió a los juzgados simulando brindar apoyo legal a la madre del menor, pero fue expulsado al no contar con cédula profesional que acreditara su ejercicio como abogado. El episodio generó indignación, sobre todo porque ocurrió en medio del abandono institucional denunciado por la madre de Fernandito, luego de que la presidenta del DIF municipal, Ana Guerrero —hermana de la alcaldesa— fuera señalada por darles la espalda, quien ni siquiera se dignó en escucharla.

La reincidencia en conductas irregulares por parte del asesor jurídico refuerza la percepción de un gobierno municipal rebasado, donde personajes sin perfil ni control operan con total impunidad. Mientras tanto, la administración encabezada por Martha Guerrero y operada políticamente por Tranquilino Lagos Buenabad parece optar por el silencio y la omisión, incluso frente a evidencias públicas.

 

En un municipio marcado por la inseguridad, el desgobierno y los escándalos, este nuevo episodio no hace más que confirmar lo que los propios habitantes denuncian: en Los Reyes La Paz, la autoridad no solo está ausente, sino que en ocasiones se convierte en una amenaza directa para la ciudadanía.

CHALCO: FISCALÍA VA POR HASTA 210 AÑOS DE CÁRCEL CONTRA

 FAMILIA, PERO IGNORA SU PROPIA OMISIÓN

*Aplazan audiencia de Carlota “N”; denuncias desatendidas, órdenes judiciales ignoradas y la inacción de autoridades abren el debate sobre corresponsabilidad en el doble homicidio

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHALCO, Estado de México, 10 de abril de 2026.- La justicia mexiquense vuelve a exhibir su rostro más implacable… y también el más cuestionable. La audiencia intermedia de Carlota “N” y sus hijos fue aplazada, pero la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya adelantó su intención: buscar una condena de hasta 140 años de prisión para la mujer de 74 años, y 210 años para sus hijos Mariana y Eduardo, por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

 

La decisión de posponer la audiencia —ahora programada para el próximo 20 de abril— no obedeció a una estrategia legal de la defensa, sino a la ausencia del abogado de las presuntas víctimas en la sala de juicios orales de Chalco. Aun así, el órgano judicial ordenó al Ministerio Público avanzar en la presentación de pruebas, dejando claro que el proceso seguirá su curso sin contemplaciones.

 

Lejos de buscar una salida alterna, Carlota “N” y sus hijos rechazaron el juicio abreviado, es decir, se negaron a declararse culpables a cambio de una reducción de pena. Optaron por enfrentar un proceso completo, aun cuando eso implica exponerse a las penas máximas que ahora exige la fiscalía.

 

El caso se remonta a abril de 2025, cuando un video se viralizó en redes sociales: en él, se observa el momento en que se acciona un arma de fuego y dos personas pierden la vida, en medio de un conflicto por la invasión de una vivienda en la colonia Ex Hacienda de Guadalupe, en Chalco. La escena detonó indignación, pero también abrió una grieta incómoda: ¿Qué ocurrió antes de ese momento?

 

Hoy, Carlota “N” enfrenta el proceso bajo prisión domiciliaria, beneficio otorgado por su edad y condiciones de salud, tras haber salido del penal la semana pasada. Sus hijos, en cambio, permanecen recluidos bajo la medida de prisión preventiva justificada.

 

Sin embargo, más allá del expediente judicial, el caso revela una cadena de omisiones que resultan imposibles de ignorar. La propia familia había denunciado previamente la invasión de su vivienda. Acudieron ante la fiscalía, gestionaron apoyo institucional e incluso obtuvieron un mandato judicial para que la policía municipal les brindara acompañamiento. Nada de eso se cumplió.

 

Ni la corporación policiaca respondió, ni la autoridad municipal —encabezada por la alcaldesa Abigail Sánchez Martínez— garantizó la seguridad de sus gobernados. El mandato judicial fue, en los hechos, ignorado.

 

La pregunta entonces es inevitable: ¿por qué la misma fiscalía que hoy busca imponer castigos ejemplares no actuó cuando tenía la obligación de prevenir el conflicto?

 

Bajo la gestión del fiscal José Luis Cervantes Martínez, la institución vuelve a quedar bajo sospecha. Porque mientras se exige todo el peso de la ley contra los ciudadanos, persiste la percepción —cada vez más extendida— de que las autoridades actúan con negligencia, o peor aún, en complicidad con intereses ajenos a la legalidad.

 

El caso de Carlota “N” no es un hecho aislado. Es el reflejo de una realidad más amplia: denuncias ignoradas, órdenes judiciales desobedecidas y ciudadanos abandonados a su suerte. En ese contexto, la tragedia no solo es consecuencia de una acción violenta, sino del fracaso sistemático de las instituciones.

 

La indignación crece porque el mensaje es claro: en el Estado de México, la justicia parece llegar tarde… o no llegar.

 

Y entonces surge la pregunta que nadie responde: ¿Quién juzga a las autoridades que, por omisión, permiten que estos hechos ocurran?

 

Porque si la ley pretende ser implacable con los ciudadanos, también debería serlo con quienes, desde el poder, dejaron que todo esto pasara.

HASTA ENCONTRARTE

 

¿Cómo serán hoy los rostros de las más de 132 mil personas que permanecen desaparecidas en nuestro país?

 

Por: Azucena Uresti

Hola, Letty. Tal vez no me recuerdas, pero hace 13 años me hablaste de la desaparición de tu hijo, Roy, que hoy tendría 33 años. Ahora yo sigo viéndote en cada búsqueda, en cada post en tus redes sociales, en cada manifestación contra la negligencia de las autoridades.

 

No logro entender aún cómo has sobrevivido. Aquel día de 2013, cuando conversamos, tu rostro estaba marchito, tus ojos vacíos, tu corazón destrozado. Pero recuerdo también que tu esperanza era grande y me afirmaste que encontrarías a Roy.

 

Desde aquel encuentro ha pasado más de una década y lo sigues buscando. No lo has podido encontrar.

 

Tu hijo, de apenas 17 años, fue secuestrado en 2011 por un grupo de hombres que vestían chalecos de la Policía Municipal de Escobedo, Nuevo León. Fue una desaparición forzada, según determinó el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2021.

 

En la búsqueda de tu hijo has encontrado, junto a otras madres, al menos 100 cuerpos. Claro que caminamos sobre muertos y pareciera que no nos damos cuenta —o no queremos—, tal vez protegiéndonos contra el horror o, peor aún, mostrando indiferencia ante el dolor ajeno.

 

He pensado mucho en esto hoy que hay una disputa entre el gobierno federal y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que, finalmente, parece haber puesto suficiente atención en la tragedia mexicana a pesar de la resistencia de las autoridades. Si todos entendieran que solo quieres —queremos— encontrarlos, no sería tan difícil empezar a cerrar este infierno.

 

Solo conocí una foto de Roy: sonriente, viendo a la cámara, pero hace unos meses mostraste un retrato progresivo de tu niño, ya convertido en hombre, y aunque su rostro, evidentemente, ha cambiado… es él. Sus ojos alegres, llenos de vida.

 

Tu rostro, Letty, también ha cambiado. Pareciera que el rictus de dolor se instaló en él. ¿Cómo serán hoy los rostros de las más de 132 mil personas que permanecen desaparecidas en México? Ellas se quedaron ahí, en esa edad eterna. Se quedaron suspendidos en el tiempo. El mismo tiempo que no perdona cada día de dolor e incertidumbre que viven las madres quienes siguen cavando y pidiendo no morir sin volverlos a ver.

 

¿Cómo lograste mantener la esperanza? Hace 13 años nadie quería hablar de los desaparecidos. Hoy tampoco. Pero tú fuiste muy valiente.

 

Recuerdo también a don Vicente, el abuelito que perdió a su nieto, Gino, en esa misma época, ¿Qué fue de Don Vicente?

 

¿Y la señora Salia, quien en aquel año fatal confesó que había perdido ya toda la esperanza de encontrar vivo a su hijo Daniel? “Siento que mi hijo está en el cielo, es la única forma de seguir viviendo”, me dijo hace 13 años.

 

Y tú, Letty, aquella tarde dijiste: “Roy, sabes que te estoy buscando, mi niño, y espero que muy pronto nos reencontremos. Y así va a ser, mi cielo. Te voy a seguir buscando hasta encontrarte. No pierdas la fe”.

 

Has cumplido.

RETIRAN LONAS DE “#ESCARMEN” EN NEZA TRAS DENUNCIA EN CABILDO; ACUSAN CAMPAÑA ANTICIPADA Y ABUSO DE RECURSOS

*Señalamientos de ilegalidad, burla política y hartazgo ciudadano rodean a la promoción de Carmen de la Rosa en el municipio

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México, 9 de abril de 2026.– Lo que durante días fue evidente en calles, postes y espacios públicos de Nezahualcóyotl —la promoción abierta con lonas de la consigna “#EsCarmen”— desapareció de manera repentina tras ser exhibido en Cabildo. La denuncia pública de la segunda síndica municipal, Julieta Bautista, encendió la mecha y, casi de inmediato, ocurrió lo que muchos califican como un “milagro”: las lonas fueron retiradas sin explicación oficial.

 

El episodio no solo confirma la existencia de una estrategia anticipada de posicionamiento político, sino que también deja al descubierto la presión social que provocó el rechazo ciudadano ante lo que consideran una campaña anticipada, ilegal y descarada.

 

La propia síndica advirtió en sesión de Cabildo sobre la presencia de esta propaganda en espacios públicos, lo que podría constituir una violación directa a la legislación electoral. Horas después, la evidencia física simplemente desapareció, sin que autoridad alguna asumiera responsabilidad o diera explicación sobre su colocación inicial.

 

Sin embargo, el retiro de las lonas no apagó la polémica. Por el contrario, intensificó las críticas contra militantes y operadores de la diputada local, Carmen de la Rosa y de Morena, a quienes se les acusa de actuar con soberbia y de asumir que el control político del municipio —y del país— les pertenece.

 

En el centro de la controversia se encuentra la diputada local Carmen de la Rosa, cuya imagen y nombre eran impulsados en las lonas bajo la etiqueta “#EsCarmen”, en lo que diversos sectores interpretan como una campaña anticipada rumbo a futuros procesos electorales.

 

Las críticas no se limitan al posible uso indebido de propaganda. También apuntan a lo que califican como un modelo político sostenido en el uso de recursos públicos a través de programas sociales, que —según denuncias— estaría siendo capitalizado electoralmente para construir candidaturas.

 

Lejos de reconocer el descontento, simpatizantes de la diputada reaccionaron con burlas. En redes y círculos políticos locales comenzaron a circular caricaturas y contenido ofensivo dirigido a la síndica Julieta Bautista, en un intento por desacreditarla y ridiculizar su denuncia.

 

Esta respuesta fue interpretada por diversos actores como una muestra de arrogancia política y una señal de que, dentro de ciertos grupos de Morena, se da por hecho no solo la candidatura de Carmen de la Rosa, sino también su eventual triunfo, sin considerar el desgaste que este tipo de prácticas genera entre la ciudadanía.

 

El contexto agrava aún más la situación. Carmen de la Rosa es hija de Juan Hugo de la Rosa, exalcalde en dos ocasiones y figura señalada históricamente como un actor dominante en la política local. Para muchos habitantes de Nezahualcóyotl, su apellido representa una forma de control político, que se ha convertido en un cacicazgo y que ha perdurado por años, situación que los ciudadanos aborrecen.

 

Las acusaciones en contra del padre de la diputada local, Juan Hugo de la Rosa García —aunque no judicializadas en todos los casos— incluyen presuntos desvíos millonarios de recursos públicos durante su paso por la administración municipal, lo que ha alimentado una percepción de hartazgo entre sectores de la población.

 

En ese sentido, la aparición de propaganda anticipada no solo es vista como una falta legal, sino como la continuación de una lógica de poder basada en el control político, el uso de recursos públicos y la imposición de candidaturas.

 

Hoy, en las calles de Nezahualcóyotl, donde el retiro de las lonas no logra borrar la memoria reciente, el tema sigue generando conversación, enojo y cuestionamientos. Para muchos ciudadanos, el mensaje es claro: más allá de la propaganda, lo que está en juego es la forma en que se ejerce el poder.

 

Y mientras las autoridades guardan silencio, el episodio deja una pregunta abierta: ¿fue el retiro de las lonas un acto de corrección… o simplemente una maniobra para ocultar una campaña que ya había quedado al descubierto?

MÉXICO, EN EL BANQUILLO INTERNACIONAL: DESAPARICIONES MASIVAS APUNTAN A CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

*ONU enciende alertas máximas; en el Estado de México, Delfina Gómez y el fiscal Cervantes, bajo la sombra de la omisión

 

Por: Rodolfo Rodríguez, Martín Ponce y Carlos Recio

 

TOLUCA, Estado de México, 8 de abril de 2026.- México enfrenta una de las acusaciones más graves en materia de derechos humanos de su historia reciente: un informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advierte que la crisis de desapariciones en el país no solo es sistemática, sino que podría constituir crímenes de lesa humanidad, con indicios de participación directa o tolerada por agentes del Estado y el crimen organizado.

 

La gravedad del diagnóstico encendió las alarmas internacionales. El Comité activó el Artículo 34 de la Convención Internacional, un mecanismo excepcional que solicita llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU y el Secretario General para la adopción de medidas urgentes. México ha cruzado una línea crítica y hoy está bajo escrutinio global.

 

El informe es lapidario: no hay mejoras sustanciales desde 2021. La impunidad, la crisis forense y la ausencia de judicialización siguen siendo la constante. En los hechos, el aparato del Estado ha sido incapaz —o renuente— a frenar una maquinaria de desapariciones que sigue operando con brutal eficacia.

 

Las cifras son demoledoras. Más de 130 mil personas desaparecidas integran el registro nacional, muchas sin datos suficientes para su búsqueda. Colectivos ciudadanos denuncian que tan solo en el primer año de la actual administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se registró un promedio de 40 desapariciones diarias, confirmando que la crisis no solo continúa, sino que se profundiza.

 

El informe además señala algo aún más grave: el “beneplácito” de fuerzas de seguridad, es decir, la tolerancia o participación directa de autoridades en estos crímenes. Esto no es negligencia menor, es un señalamiento que coloca al Estado mexicano en el terreno de la responsabilidad directa.

 

Mientras tanto, las madres buscadoras siguen haciendo el trabajo que el gobierno no hace: cavar la tierra para encontrar a sus hijos. Y pese a su lucha incansable, denuncian que ni la actual presidenta ni su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, han tenido la voluntad política siquiera de mirarlas a los ojos en una reunión formal.

 

Pero si el panorama nacional es devastador, el caso del Estado de México resulta escandaloso.

 

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el fiscal general José Luis Cervantes Martínez no solo enfrentan una crisis: están al frente del estado con más desapariciones en todo el país, y aun así su respuesta ha sido el silencio, la inacción y la ausencia de una estrategia real.

 

No se trata de falta de información. Los datos están sobre la mesa: 14,772 personas desaparecidas y no localizadas a inicios de 2026 colocan al Estado de México en el primer lugar nacional, por encima de entidades históricamente violentas como Jalisco y Tamaulipas. Municipios como Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Atlautla concentran la tragedia.

 

Lo verdaderamente grave es que, frente a esta realidad, no existe una política de Estado seria. Ni una secretaría especializada con autonomía, ni recursos suficientes, ni una reingeniería institucional que rompa con la corrupción enquistada en cuerpos policiacos y en la propia fiscalía.

 

La omisión de Delfina Gómez Álvarez y José Luis Cervantes Martínez ya no puede leerse como simple incapacidad: es una negligencia política que raya en la complicidad por omisión. Gobernar el estado con más desaparecidos del país sin una respuesta contundente no es solo un fracaso administrativo, es una renuncia de facto a la responsabilidad constitucional de proteger a la población.

 

El Estado de México se ha convertido en un epicentro de desapariciones, con una incidencia particularmente alta en mujeres, superando la media nacional. Y, aun así, las autoridades estatales han preferido la pasividad, mientras las cifras crecen y las fosas clandestinas se multiplican.

 

El resultado es brutal: un territorio que se descompone en silencio, donde la ausencia de justicia se vuelve norma y la autoridad, ausente.

 

El informe internacional no deja lugar a dudas. México enfrenta una acusación histórica. Pero en el Estado de México, esa acusación tiene rostro, nombre y cargo. Y hasta ahora, quienes deberían responder, simplemente no lo han hecho.