LA REALIDAD DE LA NOTICIA

LA SANGRE QUE MARTHA GUERRERO NO PUEDE LLAMAR “DESINFORMACIÓN”   * La Paz se desangra mientras el gobierno de Martha Guerrero acusa de “...

lunes, 17 de agosto de 2026

LA SANGRE QUE MARTHA GUERRERO NO PUEDE LLAMAR “DESINFORMACIÓN”

 

*La Paz se desangra mientras el gobierno de Martha Guerrero acusa de “amarillistas” a los medios que exhiben la violencia


Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 17 de agosto de 2026.- Mientras el gobierno municipal de Martha Guerrero Sánchez pretende convencer a los habitantes de que en Los Reyes La Paz no existen “percances graves” y acusa a los medios de comunicación de ser un “arma” para desinformar, la realidad se encarga de responderle de la manera más brutal: a balazos.

 

Una niña de apenas 10 años fue asesinada; su padre recibió un disparo en la espalda y su madre resultó herida. Un trabajador de seguridad fue ejecutado afuera de un bar y, días antes, un motociclista fue atacado a plena luz del día.

 

Tres episodios violentos en cuestión de semanas bastan para exhibir la distancia entre el discurso oficial y la realidad que padecen los habitantes de La Paz.

 

Porque una cosa es la propaganda desde el Palacio Municipal y otra muy distinta lo que ocurre en las calles. Y en las calles hay armas, ataques, muertos, heridos y miedo.

 

UNA NIÑA DE 10 AÑOS, LA PRUEBA MÁS BRUTAL

 

El episodio más indignante ocurrió el pasado 9 de agosto, cuando la menor de iniciales E.Y.G.C., de apenas 10 años, perdió la vida durante un ataque armado contra una camioneta Toyota Hiace de transporte público, número económico 102 y placas 187NZ101, perteneciente a la Unión de Taxistas de Servicio Colectivo del Estado de México. En la unidad viajaban la niña y sus padres. Los hechos ocurrieron el domingo 9 de agosto alrededor de las 7:20 de la mañana, en avenida Texcoco Manzana 96 Lote 12, Colonia Ancón.

 

Cristian Alvarado Antonio, de 33 años, recibió un disparo en la espalda, mientras que Blanca Daniela García Cruz, de 32 años, resultó herida en el brazo izquierdo. En el lugar fueron localizados cinco casquillos calibre 9 milímetros. La niña murió, mientras su padre continúa luchando por su vida.

 

De acuerdo con compañeros de la ruta que pidieron permanecer en el anonimato, el ataque estaría relacionado con el cobro de extorsiones o “derecho de piso”, y señalaron que el transportista presuntamente se habría negado en reiteradas ocasiones a pagar las cantidades exigidas por grupos criminales.

 

Los testimonios recabados apuntan a que dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta; uno de ellos abrió fuego contra la unidad y ambos huyeron. Hasta donde se ha informado públicamente, no existe una detención relacionada con este ataque. Eso no es una opinión. Eso ocurrió.

 

MIENTRAS EL GOBIERNO HABLA DE “DESINFORMACIÓN”, LAS BALAS HABLAN POR SÍ MISMAS

 

El 1 de agosto, alrededor de las 23:30 horas, hombres armados llegaron al bar “La Malquerida de Oro”, ubicado sobre la carretera federal México-Puebla, en la colonia Emiliano Zapata, dentro del mismo predio donde opera el corralón Castillo.

El establecimiento pertenece a Arturo Castillo, también propietario de las grúas y el corralón Castillo.

 

De acuerdo con testimonios obtenidos en la zona, dos sujetos que viajaban en motocicleta ingresaron al establecimiento y dispararon contra un hombre de aproximadamente 40 a 45 años, quien se desempeñaba como elemento de seguridad y se disponía a abrir el negocio.

 

El trabajador murió. En el sitio fueron localizados dos casquillos calibre 9 milímetros.

 

Y apenas unos días antes, el 28 de julio, alrededor de las 15:30 horas, otro ataque volvió a demostrar la vulnerabilidad de quienes transitan por las calles de La Paz.

 

Un motociclista circulaba sobre la calle Tenancingo cuando dos sujetos que viajaban en otra motocicleta le cerraron el paso. Sin mediar palabra, abrieron fuego y escaparon. Nuevamente fueron localizados dos casquillos calibre 9 milímetros.

 

Tres hechos. Una niña asesinada. Un padre baleado. Una madre herida. Un trabajador ejecutado. Un motociclista atacado a plena tarde.

 

Y ante esta realidad, el discurso oficial parece concentrarse en desacreditar a quienes la documentan.

 

¿“AMARILLISMO” O UNA REALIDAD QUE EL AYUNTAMIENTO NO QUIERE MIRAR?

 

La administración municipal encabezada formalmente por Martha Guerrero Sánchez ha respondido a las críticas contra su gobierno descalificando a medios y páginas informativas que exhiben los problemas de seguridad y de servicios que enfrenta el municipio.

 

Entre los espacios señalados aparecen Comunicadores en Pie de Lucha, Maroma La Paz, Circo Maroma y Teatro, Palomita Buena Onda, Denuncia Informativa Los Reyes La Paz, Observatorio Ciudadano, La Mediocridad de La Paz, Denuncia Informativa La Paz y Escena Delictiva-MP.

 

La pregunta es inevitable: ¿Son “amarillistas” los medios o son amarillistas las balas? ¿También es “desinformación” una niña de 10 años asesinada? ¿Es “amarillismo” un padre que recibe un disparo en la espalda? ¿Es una “narrativa” una madre herida?

 

¿Es falsa información un trabajador de seguridad ejecutado? ¿También es “desinformación” un motociclista atacado a plena luz del día?

 

Los hechos no necesitan propaganda para existir. La sangre tampoco necesita comunicados de prensa.

 

MARTHA GUERRERO: “LOS MEDIOS PUEDEN SER UN ARMA PARA DESINFORMAR”

 

La postura de la alcaldesa quedó expuesta nuevamente durante la 67ª sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el 16 de agosto, donde cuestionó la información difundida por los medios de comunicación.

 

Durante su intervención sostuvo que los medios pueden convertirse en “un arma muy interesante para desinformar” y pidió a los ciudadanos no creer todo lo que aparece en esos espacios.

 

El problema para la presidenta municipal es que hay hechos que no dependen de lo que diga un periodista, una página de Facebook o un medio de comunicación. Dependen de las balas.

 

Cinco casquillos calibre 9 milímetros no son una campaña mediática. Una niña muerta no es una opinión editorial. Un hombre herido de bala no es “desinformación”. Un trabajador ejecutado no es “amarillismo”.

 

Y una familia atacada dentro de una unidad de transporte público no puede desaparecer de la realidad simplemente porque resulta incómoda para el gobierno municipal.

 

EL PODER PUEDE DESACREDITAR A LOS MEDIOS, PERO NO PUEDE BORRAR LOS MUERTOS

 

La paradoja de Los Reyes La Paz es obscena. Mientras desde el gobierno municipal se intenta construir un discurso de tranquilidad y se cuestiona a quienes informan sobre la violencia, los hechos siguen acumulándose.

 

Transportistas denuncian presiones y extorsiones. Comerciantes viven bajo el yugo del pago de derecho de piso. Los ciudadanos tienen miedo.

 

Y ahora una familia fue alcanzada por las balas, con el resultado más terrible posible: una niña de 10 años perdió la vida.

 

Frente a esto, el gobierno tiene dos caminos. Puede seguir atacando a los medios. O puede responder a los ciudadanos.

 

Porque la obligación de una administración municipal no es pedirle a la población que ignore las noticias que le incomodan al poder.

 

Su obligación es prevenir el delito, proteger a la población, colaborar con las investigaciones y exigir resultados.

 

Y AHORA, EL POLÉMICO MANDO POLICIACO

 

A esta crisis se suma otra interrogante que diversos medios de comunicación han venido planteando desde la llegada de Isaías Ramírez Leal, “El Gallo”, como director operativo de la policía municipal.

 

Desde entonces se han difundido señalamientos relacionados con su trayectoria en corporaciones de municipios del sur del Estado de México y presuntos vínculos con integrantes de La Familia Michoacana.

 

Estos señalamientos deben ser investigados y esclarecidos por las autoridades competentes; no pueden convertirse ni en condenas anticipadas ni en asuntos que simplemente se ignoren.

 

Pero precisamente ahí está el problema ¿Qué ha hecho el gobierno municipal para despejar públicamente esas dudas? ¿Ha presentado investigaciones, certificaciones, antecedentes y controles de confianza que permitan responder a los señalamientos? ¿O simplemente ha optado por cerrar filas y descalificar a quienes preguntan?

 

Porque si un gobierno considera falsas las acusaciones, tiene una obligación elemental: demostrarlo con transparencia.

 

No basta con llamar “amarillistas” a los medios. No basta con decir que existe “desinformación”. No basta con pedirle a la ciudadanía que no crea lo que lee.

 

LA PAZ NO NECESITA PROPAGANDA; NECESITA SEGURIDAD

 

Martha Guerrero y su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad —a quien actores políticos y militantes locales señalan por tener una influencia importante en decisiones del Ayuntamiento, pese a no haber sido electo para ocupar la Presidencia Municipal— pueden intentar controlar el discurso político.

 

Pueden cuestionar a los medios. Pueden señalar páginas. Pueden acusar de “amarillismo” a quienes exhiben los problemas.

 

Pero no pueden controlar las balas. No pueden regresar la vida a una niña de 10 años. No pueden borrar los cinco casquillos encontrados en el lugar del ataque. No pueden desaparecer el disparo que recibió su padre. No pueden curar con discursos la herida de su madre. No pueden revivir al trabajador ejecutado.

 

Y tampoco pueden convencer a los ciudadanos de que un ataque armado ocurrido a plena luz del día nunca sucedió.

 

La verdadera pregunta ya no es qué dicen los medios. La verdadera pregunta es:

 

¿Hasta dónde piensan llegar Martha Guerrero y Tranquilino Lagos Buenabad con una política de gobierno que, en lugar de responder a las denuncias sobre inseguridad, parece más preocupada por desacreditar a quienes las hacen públicas?

 

Porque mientras en el Ayuntamiento hablan de “desinformación”, en las calles de Los Reyes La Paz existe otra versión.

 

Una versión que no necesita micrófonos. Una versión que no necesita propaganda. Una versión escrita con balas. Y hay algo que ningún discurso oficial podrá convertir en “amarillismo”:

 

la sangre de una niña de diez años.

sábado, 15 de agosto de 2026

EL FAVOR DE ANTORCHA A HIGINIO: EL PACTO QUE AMENAZA CON ARREBATARLE A CHAPINGO 1,640 HECTÁREAS DE BOSQUE

 

*Voces de la comunidad de Chapingo sostienen que la ofensiva de los ejidatarios de Río Frío habría encontrado respaldo político en el grupo de Higinio Martínez; Armando Corona Arvizu y Jesús Cuanalo son señalados de gestionar ante autoridades el reconocimiento de los terrenos como propiedad ejidal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


TOLUCA, Estado de México, 15 de agosto de 2026.- Este sería el favor que Antorcha Campesina le habría pedido a Higinio Martínez Miranda para sellar su pacto rumbo a la gubernatura del Estado de México: ayudar a los ejidatarios de Río Frío a quedarse con 1,640 hectáreas de bosque que pertenecen a la Universidad Autónoma Chapingo (UACh).

 

Esa es la versión que circula con creciente fuerza entre integrantes de la comunidad universitaria, quienes observan con indignación cómo una invasión que comenzó con el cierre de accesos y el ingreso de maquinaria pesada a la Estación Forestal Experimental Zoquiapan (EFEZ) estaría siendo acompañada ahora por una ofensiva política y burocrática para intentar convertir la ocupación en un supuesto derecho de propiedad.

 

El asunto es explosivo porque, de acuerdo con las denuncias, el conflicto dejó de ser hace tiempo un simple pleito agrario.

 

Ahora aparecen diputados federales de Morena, funcionarios estatales, autoridades municipales, operadores agrarios y un técnico forestal externo que estaría construyendo los argumentos técnicos para respaldar la pretensión de los ejidatarios.

 

Y en el centro de esa operación aparece el nombre de Higinio Martínez Miranda, senador texcocano y uno de los principales aspirantes del morenismo mexiquense a la candidatura para gobernador en 2029.

 

La pregunta que nadie quiere responder es evidente: ¿El bosque de Chapingo se convirtió en la moneda de cambio de un pacto político?

 

ANTORCHA HABRÍA COBRADO EL FAVOR

 

Las acusaciones que circulan dentro de Chapingo apuntan a que la relación entre el grupo político de Higinio Martínez y sectores de Antorcha Campesina continúa vigente y que el conflicto de Zoquiapan podría formar parte de los acuerdos territoriales y políticos que permitirían al senador fortalecer su estructura rumbo a 2029.

 

La versión es contundente: Antorcha habría pedido apoyo para que los ejidatarios de Río Frío fueran reconocidos como propietarios de los terrenos forestales ocupados y Higinio habría activado a sus operadores políticos para abrir esa puerta.

 

Las voces aseguran que presuntamente el senador y Antorcha Campesina palmearon el despojo y así apropiarse de los terrenos. Las acusaciones deben ser investigadas porque, detrás de ellas, existe una serie de hechos concretos que requieren explicación.

 

Entre ellos está la intervención de dos diputados federales de Morena: Armando Corona Arvizu y Jesús Cuanalo.

 

Ambos son señalados de realizar gestiones ante distintas dependencias para respaldar a los ejidatarios y conseguir que sean reconocidos como propietarios de las 1,640 hectáreas.

 

Corona Arvizu, además, se hizo famoso en octubre de 2025 por impulsar una iniciativa relacionada con sancionar con prisión la difusión de memes contra funcionarios públicos, propuesta que provocó críticas y burlas en redes sociales.

 

Ahora vuelve a colocarse bajo los reflectores, pero por un asunto mucho más serio: su presunta participación en las gestiones políticas alrededor de uno de los principales espacios forestales de Chapingo.

 

PRIMERO ENTRARON POR LA FUERZA; AHORA BUSCAN LA LEGALIZACIÓN

 

La historia de Zoquiapan tiene una cronología que resulta difícil de ignorar. El 15 de octubre de 2025, ejidatarios de Río Frío cerraron el acceso principal a la Estación Forestal Experimental Zoquiapan e introdujeron maquinaria pesada para abrir caminos.

 

Los estudiantes de Ciencias Forestales no abandonaron inmediatamente sus prácticas. Buscaron caminos secundarios para continuar con sus actividades académicas.

 

Pero el 15 de febrero de 2026, según testimonios universitarios, los ejidatarios los enfrentaron con machetes y los amenazaron para impedirles el paso.

 

La advertencia habría sido directa: “Estos son nuestros bosques”.

 

Los alumnos continuaron intentando realizar sus prácticas hasta que la situación llegó a un punto crítico. El 28 de mayo, los caminos y veredas restantes fueron cerrados.

 

Los estudiantes fueron nuevamente expulsados y, desde entonces, profesores y alumnos dejaron de acudir a la estación por temor a una confrontación violenta.

 

Un profesor de Chapingo, quien solicitó anonimato, lo resumió así: “Pensamos que no irían más allá, por lo cual no suspendimos nuestras tareas de enseñanza, hasta que el 28 de mayo pasado cerraron todas las veredas y caminos y expulsaron con más amenazas a nuestros estudiantes. Desde entonces no hemos vuelto por el riesgo de violencia”.

 

LA OPERACIÓN POLÍTICA

 

Mientras los estudiantes quedaron fuera del bosque, comenzó otra etapa de la disputa.

 

Según las denuncias, Armando Corona Arvizu y Jesús Cuanalo comenzaron a realizar gestiones ante distintas instancias gubernamentales para respaldar la pretensión de los ejidatarios.

 

En el entramado aparecen también María Eugenia Rojano Valdés, secretaria del Campo del Estado de México; Abraham Noriega González, delegado regional de esa dependencia; integrantes del Ayuntamiento de Ixtapaluca y Lorenzo de Jesús, comisariado ejidal de Río Frío.

 

Pero existe otro personaje que llama particularmente la atención. Se trata de un técnico forestal externo, señalado como asesor de los ejidatarios y quien, según las denuncias, habría alentado su incursión en la estación.

 

Su función sería todavía más delicada: elaborar planos, delimitaciones, argumentos cartográficos y elementos técnicos relacionados con el uso de suelo para sustentar la reclamación de los terrenos.

 

Es decir: primero se ocupa el territorio y después se construye el expediente para intentar justificar la ocupación.

 

Eso es precisamente lo que integrantes de Chapingo consideran una operación destinada a fabricar una fachada técnica y legal para el despojo ¿Quién está protegiendo a los invasores?

 

Mientras tanto, el rector de Chapingo tampoco ha escapado a las críticas. El 15 de diciembre de 2025, el rector acudió a reunirse con representantes de los ejidatarios de Río Frío.

 

La comunidad universitaria nunca conoció con claridad el resultado de aquella reunión, mientras la ocupación continuó.

 

“Los estudiantes, los profesores y los trabajadores administrativos quedamos a la espera de que los desalojaran. Sin embargo, ahí siguen”, señaló el profesor entrevistado.

 

Y agregó una acusación todavía más fuerte: “Quizá convencieron al rector de que se hiciera de la vista gorda y de que no actuara con firmeza legal, o tal vez Antorcha Campesina lo presionó para que no se moviera y los ha dejado hacer a su antojo, beneficiando a los usurpadores ejidales”.

 

La acusación es grave y corresponde a las autoridades universitarias responderla.

 

Porque mientras se discuten documentos, gestiones y argumentos jurídicos, la realidad es que los alumnos de la Universidad de Chapingo fueron expulsados de una estación forestal que utilizan para su formación profesional.

 

CORONA, CUANALO Y EL GRUPO DE HIGINIO

 

La presencia de Corona Arvizu y Jesús Cuanalo adquiere especial relevancia por su presunta participación en las gestiones para favorecer a los ejidatarios.

 

Corona Arvizu pertenece al grupo morenista identificado con Higinio Martínez Miranda, por lo que la comunidad universitaria observa con especial suspicacia que un legislador cercano al senador participe en la defensa política de los reclamantes. Y ahí vuelve a aparecer la organización más represiva del Edomex, Antorcha Campesina.

 

Para quienes conocen la política mexiquense, la organización no es un actor menor. Su capacidad de movilización, presión territorial y negociación política la ha convertido durante décadas en un factor de poder.

 

Por eso, la versión que circula dentro de Chapingo resulta políticamente explosiva:

 

el conflicto de Zoquiapan sería uno de los favores que Antorcha habría colocado sobre la mesa para mantener su alianza con Higinio Martínez. Y si esa versión fuera cierta, la pregunta sería todavía más delicada:

 

¿Qué está dispuesto a entregar el grupo político de Higinio Martínez para obtener el respaldo territorial que necesita rumbo a 2029?

 

EL BOSQUE COMO MONEDA POLÍTICA

 

Lo que está en juego no son unas cuantas parcelas. Son 1,640 hectáreas de bosque pertenecientes al ámbito de la Universidad Autónoma Chapingo, utilizadas para enseñanza, investigación y prácticas profesionales.

 

Es patrimonio vinculado a una institución pública. Por eso, el caso exige que las autoridades federales, estatales, agrarias y universitarias hagan públicos los documentos que acrediten quién tiene la propiedad y posesión legal de esos terrenos.

 

También deben transparentarse las gestiones realizadas por los diputados Corona Arvizu y Cuanalo.

 

¿Con qué dependencias se reunieron? ¿A quién solicitaron que reconociera a los ejidatarios? ¿Con qué documentos pretenden acreditar la propiedad? ¿Quién elaboró los planos? ¿Quién financió esos trabajos técnicos? ¿Quién es el asesor forestal externo? ¿Y por qué los estudiantes de Chapingo tienen meses sin poder entrar a realizar sus prácticas?

 

Pero hay una pregunta todavía más importante: ¿Higinio Martínez está interviniendo en el conflicto?

 

Si no lo está haciendo, debería decirlo públicamente y deslindarse. Si sí lo está haciendo, debería explicar por qué.

 

Porque el escenario que hoy se denuncia es indignante: una organización política necesitaría un favor para respaldar una candidatura; el favor consistiría en ayudar a ocupar un bosque universitario; diputados morenistas moverían los hilos institucionales; funcionarios estatales y municipales aparecerían en el entramado y, finalmente, un técnico forestal construiría la justificación para intentar vestir de legalidad lo que comenzó con maquinaria, bloqueos y amenazas.

 

Si esto se confirma, no estaríamos frente a una simple disputa agraria. Estaríamos frente a una operación política para apropiarse de patrimonio público.

 

Y entonces el problema ya no sería únicamente que los ejidatarios de Río Frío quieran 1,640 hectáreas. El verdadero problema sería que alguien desde el poder político les esté abriendo la puerta para conseguirlas.

 

Mientras tanto, los estudiantes siguen fuera. El bosque sigue ocupado. Y quienes denuncian el despojo siguen esperando que alguna autoridad tenga el valor de preguntar lo elemental:

 

¿Quién está negociando Zoquiapan y qué está recibiendo a cambio?

viernes, 14 de agosto de 2026

¿AMARILLISMO? NO: EL VERDADERO ESCÁNDALO ES QUERER

 SILENCIAR LAS CRÍTICAS EN LA PAZ

 

*Mientras La Paz se desangra entre ejecuciones, extorsiones y señalamientos sobre su policía, el gobierno de Martha Guerrero prefiere llamar “amarillistas” a quienes exhiben la crisis, antes que responder con resultados, transparencia y cuentas claras

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 14 de agosto de 2026.- Resulta cuando menos grotesco que desde una página de Facebook identificada con la administración de Martha Guerrero Sánchez y su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, se pretenda dar lecciones de periodismo, profesionalismo y “desinformación” mientras Los Reyes La Paz se hunde en una crisis de inseguridad que el propio texto reconoce.

 

La página Nuestra Transformación publicó el pasado 12 de agosto un largo alegato contra diversas plataformas informativas a las que calificó de “amarillistas”, entre ellas Comunicadores en Pie de Lucha, Maroma La Paz, Circo Maroma y Teatro, Palomita Buena Onda, Denuncia Informativa Los Reyes La Paz, Observatorio Ciudadano, La Mediocridad de La Paz, Denuncia Informativa La Paz y Escena Delictiva-MP.

 

El problema es que el discurso de “no amarillismo” parece reducirse a una cosa: que nadie cuestione al gobierno municipal.

 

Porque si esas páginas exageran, como sostiene Nuestra Transformación, la pregunta elemental es: ¿por qué la administración de Martha Guerrero no responde con datos, expedientes, estadísticas, investigaciones y resultados que desmonten esas acusaciones?

 

Descalificar a los críticos es infinitamente más sencillo que explicar por qué la violencia continúa golpeando a la población.

 

EL VIEJO RECURSO: SI NO PUEDES RESPONDER, DESCALIFICA

 

El comunicado habla de “desinformación”, de publicaciones sin metodología, de uso deficiente de inteligencia artificial y de supuestas afinidades políticas.

 

Pero evade lo esencial. ¿Son falsos los asesinatos? ¿Son falsas las ejecuciones? ¿Es falso que comerciantes y habitantes han denunciado cobros de derecho de piso? ¿Son falsas las críticas al desempeño de la policía municipal? ¿Es falso que existen señalamientos públicos sobre funcionarios y mandos policiales? ¿Son falsas las preguntas sobre las presuntas relaciones políticas y personales de integrantes de la delincuencia organizada con el gobierno municipal? Si lo son, que presenten las pruebas.

 

Porque llamar “amarillista” a quien denuncia una realidad incómoda no convierte esa realidad en mentira.

 

Y aquí aparece una contradicción monumental: Nuestra Transformación reconoce que el municipio está “secuestrado por la inseguridad”, pero en lugar de explicar por qué la estrategia de seguridad municipal ha fallado, dedica buena parte de su publicación a atacar a quienes hablan de ella.

 

Eso no es una estrategia de seguridad. Es una estrategia de comunicación.

 

“EL GALLO”: DEMASIADAS PREGUNTAS Y NINGUNA RESPUESTA

 

Uno de los asuntos que han colocado bajo la lupa distintos espacios informativos es la llegada de Isaías Ramírez Leal, con indicativo “El Gallo”, como director operativo de la policía municipal.

 

Desde antes de su llegada se habían difundido señalamientos sobre su paso por corporaciones de municipios del sur del Estado de México y presuntos vínculos con integrantes de La Familia Michoacana.

 

Aquí debe quedar claro: se trata de señalamientos que requieren acreditación y, en su caso, investigación de las autoridades competentes; no de una condena judicial. Pero precisamente por eso la pregunta sigue vigente:

 

¿Qué hizo el gobierno municipal para investigar y despejar públicamente esas dudas antes de colocar a este mando en una posición estratégica de seguridad?

 

Porque cuando existen cuestionamientos de esa naturaleza, la respuesta de un gobierno serio no debería ser acusar de “amarillismo” a los medios. Debería ser transparencia.

 

UN COMISARIO CUESTIONADO Y UNA TROPA PRECARIZADA

 

También se han difundido señalamientos sobre el desempeño del comisario municipal de Seguridad Pública, Eduardo Fouilloux Bataller, un anciano de casi 70 años de edad, a quien trabajadores de la corporación —según las versiones recogidas— describen como una figura prácticamente decorativa y afirman que se pasa buena parte de la jornada en su oficina durmiendo. Si esas acusaciones son falsas, que el gobierno las desmienta. Pero si son ciertas, el problema es todavía más grave.

 

A ello se suma otro dato que ha sido señalado públicamente: policías municipales con salarios cercanos a 8 mil pesos mensuales. En un territorio donde se denuncia la presencia de células criminales y el cobro de piso, tener policías mal pagados, desmotivados y expuestos a organizaciones delictivas constituye una vulnerabilidad enorme.

 

Se han señalado incluso acercamientos entre algunos elementos policiacos y grupos criminales a cambio de dinero. Es una acusación delicada que debe investigarse.

 

Pero nuevamente: ¿qué está haciendo el gobierno municipal para impedirlo?

 

Y LUEGO ESTÁ EL ELEFANTE EN LA HABITACIÓN: HÉCTOR BECERRIL

 

Hay otro asunto que Nuestra Transformación convenientemente no explica.

 

La población ha solicitado públicamente a Tranquilino Lagos Buenabad esposo de la alcaldesa Martha Guerrero, que se deslinde de manera clara y contundente de cualquier relación con Héctor Becerril, identificado públicamente como dirigente del grupo delictivo “Sindicato 22 de Octubre”, actualmente denominado “Federación Unida 22 de Octubre”.

 

La respuesta, hasta ahora, ha sido el silencio, según los cuestionamientos planteados. Y ese silencio alimenta las preguntas.

 

No porque el silencio constituya una prueba de complicidad —no la constituye—, sino porque un gobierno que presume transparencia debería ser el primero interesado en despejar cualquier sospecha sobre sus relaciones políticas, personales o institucionales.

 

Más aún cuando existen señalamientos públicos y referencias de autoridades investigadoras respecto de actividades de ese grupo relacionadas con extorsión, cobro de piso y control de pozos de agua.

 

Si existen investigaciones oficiales, que se conozcan. Si no existe ninguna relación, que se diga. Y si los señalamientos son falsos, que se compruebe que son falsos.

 

Lo que no resulta aceptable es pretender resolver las preguntas insultando a quienes las formulan.

 

LA PÁGINA HABLA DE UNIDAD; LA REALIDAD EXIGE RENDICIÓN DE CUENTAS

 

Nuestra Transformación termina apelando a la “unidad de la población y gobierno”, a la responsabilidad y a la información verificable. Perfecto.

 

Entonces que empiece el gobierno municipal. Que publique los resultados reales de su estrategia de seguridad. Que explique los homicidios y ejecuciones que han ocurrido durante su administración.

 

Que informe qué investigaciones existen sobre las denuncias de extorsión y derecho de piso. Que explique qué mecanismos de control interno existen sobre sus policías. Que aclare los antecedentes y procesos de selección de sus mandos.

 

Que transparente cualquier relación institucional del gobierno con organizaciones sindicales o sociales señaladas públicamente por autoridades. Que responda sobre el desempeño del comisario.

 

Que explique qué está haciendo para evitar la infiltración criminal en la corporación policiaca. Y, sobre todo, que deje de confundir crítica con desestabilización.

 

Porque una democracia no se desestabiliza porque existan periodistas incómodos. Se desestabiliza cuando un gobierno pierde la capacidad de garantizar seguridad, justicia y servicios públicos y, en lugar de corregir sus errores, decide buscar culpables entre quienes los exhiben.

 

EL VERDADERO AMARILLISMO SERÍA MAQUILLAR LA TRAGEDIA

 

El gobierno municipal no puede exigir silencio mientras los ciudadanos tienen miedo. No puede pedir “unidad” mientras evade preguntas. No puede hablar de “información verificable” mientras no coloca sobre la mesa la información que permitiría verificar o desmentir los señalamientos.

 

Y mucho menos puede pretender que una página de Facebook sustituya la obligación institucional de rendir cuentas. Porque si hay algo que realmente debería preocupar a Los Reyes La Paz no son las páginas que critican.

 

Es que el gobierno tenga que recurrir a una página afín para defenderse de ellas. El problema de La Paz no es que existan demasiadas voces denunciando la inseguridad. El problema es que existen demasiados hechos que obligan a denunciarlos.

 

Y mientras los ciudadanos viven con miedo, los comerciantes enfrentan presuntas amenazas y la violencia sigue ocupando las calles, desde el entorno político de la alcaldesa Martha Guerrero parece haber una prioridad distinta: descubrir quién está hablando.

 

Eso sí tiene un nombre. No es combate a la inseguridad. Es control del relato.

 

Y cuando un gobierno dedica más energía a desacreditar al mensajero que a resolver el mensaje, la pregunta inevitable deja de ser quién hace “amarillismo”.

 

La pregunta verdaderamente incómoda es: ¿Qué es exactamente lo que no quieren que la población siga preguntando?

BLACK HAWK: UN HELICÓPTERO QUE VUELA ENTRE

 LA OPACIDAD Y EL ESCÁNDALO

 

*El Black Hawk de Delfina Gómez acumula dudas sobre su costo, origen de los recursos, matrícula, pilotos y adquisición; el gobierno mexiquense guarda silencio mientras crecen las sospechas de opacidad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 


TOLUCA, Estado de México, 14 de agosto de 2026.- El gobierno de Delfina Gómez Álvarez presume un Black Hawk como símbolo de fuerza contra la delincuencia, pero la aeronave comienza a convertirse en símbolo de algo mucho más incómodo: la opacidad que caracteriza algunas de las decisiones de su administración.

 

El pasado 22 de junio, la gobernadora, el secretario general de gobierno Horacio Duarte, el secretario de Seguridad Cristóbal Castañeda Camarillo y otros funcionrios presentaron el Sikorsky UH-60 como una nueva herramienta para combatir al crimen. El costo anunciado fue de 170 millones de pesos.

 

Pero fuentes internas de la Secretaría de Seguridad, que pidieron anonimato, aseguran que el costo real habría sido cercano a 190 millones de pesos ¿Dónde están los 20 millones de diferencia?

 

La pregunta es todavía más incómoda porque el 26 de mayo, La Revista Expediente Secreto ya había revelado que dentro del propio gobierno estatal existían dudas sobre una aeronave que presuntamente había sido adquirida desde enero de este año y que no aparecía por ningún lado: no había evidencia pública de su entrega, ubicación u operación, aunque incluso se hablaba de pagos relacionados con su resguardo. Después apareció el helicóptero. Y con él, nuevas dudas.

 

De acuerdo con fuentes de la dependencia, el gobierno mexiquense no cuenta con pilotos para operar esta aeronave, por lo que dos días antes de su presentación habría sido tripulada durante vuelos en Toluca por dos pilotos estadounidenses.

 

Si es así, las autoridades tienen que explicar quién los contrató, quién les pagó y bajo qué autorización realizaron esas operaciones. Pero el asunto no termina ahí.

 

También existen señalamientos de que no hay claridad documental sobre quién pagó la aeronave ni sobre el origen de los recursos utilizados para adquirirla. Las fuentes sostienen que un empresario cercano a Castañeda Camarillo habría intervenido como intermediario.

 

Hasta ahora, esta versión no ha sido acreditada públicamente. Precisamente por eso, el gobierno debería demostrar con documentos que no existe ninguna irregularidad.

 

Y hay otro dato todavía más delicado: las mismas fuentes aseguran que el Black Hawk no cuenta con matrícula.

 

Si una aeronave destinada a tareas de seguridad pública realmente carece de una identificación aeronáutica regular, la pregunta es brutalmente sencilla:

 

¿Qué está haciendo en el cielo del Estado de México? Aquí no sirven los discursos de combate al crimen ni las fotografías oficiales.

 

Una operación de casi 190 millones de pesos debe tener contratos, facturas, comprobantes de pago, procedimiento de adquisición, proveedor, intermediarios, registro, matrícula, permisos, pilotos y responsables perfectamente identificados. Todo debe estar en los expedientes.

 

Por eso, Delfina Gómez y Cristóbal Castañeda tienen una obligación política y administrativa: mostrar los documentos y despejar todas las dudas.

 

Porque si los 170 millones anunciados son reales, deben demostrarlo. Si costó casi 190 millones de pesos, deben explicar la diferencia. Si hubo un intermediario, deben identificarlo. Si existieron, o existen pilotos extranjeros, deben transparentar su contratación. Si tiene matrícula, deben mostrarla.

 

Y si todo está legalmente en regla, ¿por qué tanta opacidad? El problema ya no es el helicóptero. El problema es lo que parece estar ocultándose detrás de él.

 

Un gobierno que presume combatir a quienes operan en la oscuridad no puede permitir que una adquisición multimillonaria de su propia administración vuele envuelta en sombras.

 

El Black Hawk necesita algo más que combustible para despegar: necesita transparencia para no convertirse en otro escándalo de la administración de Delfina Gómez.