SELLOS, COBROS Y HARTAZGO: NEZA SE LEVANTA CONTRA CERQUEDA
La movilización paralizó durante varias horas uno de los
principales puntos de conexión entre la Ciudad de México y Nezahualcóyotl,
afectando a automovilistas provenientes de la alcaldía Iztapalapa y a quienes
pretendían dirigirse hacia Bordo de Xochiaca.
Los inconformes exigieron al ayuntamiento revisar caso por
caso las clausuras y demandaron que sus establecimientos sean reabiertos de
inmediato, al señalar que decenas de familias dependen económicamente de estos
negocios.
El gobierno municipal, encabezado por el morenista Adolfo
Cerqueda Rebollo, respondió con diálogo para intentar retirar el bloqueo y
recuperar la circulación.
Pero detrás de esta protesta existe un conflicto mucho mayor: el
creciente enfrentamiento entre pequeños y medianos comerciantes y una
estructura municipal de inspecciones, permisos y clausuras que ha sido
cuestionada públicamente por ciudadanos y empresarios.
Nadie puede defender que un bar o una chelería opere fuera de
la ley. Si existen establecimientos sin permisos, que incumplen medidas de
seguridad, venden alcohol de manera irregular o están relacionados con delitos,
corresponde a la autoridad clausurarlos y, en su caso, poner a disposición de
las autoridades competentes a quienes resulten responsables.
El problema aparece cuando los propios comerciantes denuncian
que los procedimientos no son transparentes y que las clausuras pueden
convertirse en una pesada carga burocrática para quienes intentan volver a
abrir sus negocios.
El antecedente más grave se registró meses atrás, cuando
propietarios de farmacias, tiendas y establecimientos de abarrotes denunciaron
públicamente que funcionarios de Protección Civil les exigían cantidades de
hasta 150 mil pesos para entregarles el visto bueno necesario para continuar
operando.
El escándalo alcanzó tal dimensión que el alcalde Adolfo
Cerqueda terminó despidiendo al encargado de esa área. La pregunta, sin
embargo, sigue vigente: ¿Fue un caso aislado o solamente la punta del iceberg? Porque
las denuncias de comerciantes no terminaron con la salida de ese funcionario.
Actualmente pueden encontrarse en distintos puntos de
Nezahualcóyotl negocios de diversos giros con calcomanías que anuncian una “suspensión
temporal”.
Zapaterías, construcciones de casas, tiendas, restaurantes,
fondas y otros establecimientos han quedado marcados por estos sellos
administrativos.
Para un funcionario pueden representar simplemente el
resultado de una inspección. Para un comerciante significan otra cosa: la
imposibilidad de trabajar, la pérdida de ingresos, trabajadores sin sueldo y
familias enteras enfrentando incertidumbre.
De acuerdo con testimonios de comerciantes, una vez colocado
el sello comienza un recorrido por distintas oficinas del ayuntamiento para
intentar regularizar la situación.
Y es precisamente en ese proceso donde algunos afectados
aseguran que aparecen exigencias económicas, cobros elevados o conceptos que,
según denuncian, serían utilizados para permitirles continuar con sus
actividades.
Si esas acusaciones son falsas, el gobierno municipal tiene
una salida sencilla: transparentar los expedientes, publicar los conceptos
cobrados, explicar cada clausura y demostrar que todos los pagos están
sustentados legalmente.
Pero si existen funcionarios que están utilizando las
facultades municipales para obtener dinero de los comerciantes, entonces el
problema sería mucho más grave.
El gobierno de Cerqueda ha intensificado los operativos contra
establecimientos con venta de alcohol.
Uno de los más recientes ocurrió en abril, cuando autoridades
municipales suspendieron 14 establecimientos ubicados en las colonias Estado de
México y Virgencitas, aparentemente sin que existiera un motivo de peso para ello.
Es importante que, la existencia de establecimientos
posiblemente irregulares no puede utilizarse como argumento para justificar abusos
contra quienes sí cumplen con la ley. La discusión, por tanto, no debería ser
si el ayuntamiento tiene facultades para clausurar.
La discusión es cómo las utiliza, bajo qué criterios, con qué
controles y qué ocurre después de que coloca el sello de suspensión.
El conflicto ocurre además en un municipio marcado por una
característica política que sus críticos consideran fundamental: la ausencia de
alternancia real durante por lo menos 15 años.
El grupo político que durante años gobernó Nezahualcóyotl bajo
las siglas del PRD ahora forma parte, en buena medida, de Morena y de la
llamada Cuarta Transformación. Es decir, los grupos políticos y las estructuras
podridas de poder han permanecieron.
Esa continuidad ha generado críticas de ciudadanos que
consideran que la falta de una oposición fuerte y de contrapesos efectivos ha
permitido que los funcionarios municipales actúen con demasiada libertad frente
a los habitantes.
La percepción que empieza a crecer entre comerciantes es
preocupante: que abrir un negocio en Nezahualcóyotl puede ser relativamente
sencillo, pero mantenerlo abierto frente a la maquinaria burocrática municipal
puede convertirse en una auténtica batalla legal y de corrupción. Las denuncias
sobre presuntos cobros irregulares no son un asunto menor.
Cuando un comerciante recibe una suspensión, queda obligado a
acudir a distintas áreas del gobierno municipal: Protección Civil, Desarrollo
Urbano, Reglamentos, Tesorería u otras dependencias, dependiendo del giro y del
supuesto incumplimiento. Cada trámite implica tiempo y dinero.
Y si, como denuncian algunos comerciantes, en ese laberinto
aparecen funcionarios que condicionan la solución a pagos indebidos, la
inspección deja de ser una herramienta de orden y se convierte en un mecanismo
de presión.
Por eso el caso de los bares y chelerías que ayer bloquearon
López Mateos y Chimalhuacán debería servir para revisar algo más que las
clausuras.
Debería servir para auditar toda la cadena de inspección,
suspensión, multa, regularización y reapertura de establecimientos en
Nezahualcóyotl.
El alcalde Adolfo Cerqueda enfrenta así una situación
políticamente incómoda.
Mientras mantiene una agenda pública marcada por actividades,
eventos y actos políticos, en las calles se acumulan las quejas de comerciantes
que aseguran estar cansados de enfrentar trámites, clausuras, multas y cobros
que consideran excesivos.
El problema es que cada negocio cerrado representa una familia
que deja de recibir ingresos.
Y cada denuncia de corrupción que no se investiga alimenta la
percepción de que en Nezahualcóyotl existen funcionarios que se sienten
intocables.
Cerqueda ya tuvo que remover a un funcionario luego del
escándalo por las acusaciones de cobros de hasta 150 mil pesos.
Ahora tiene nuevamente frente a Palacio Municipal a
comerciantes reclamando por sus clausuras.
La respuesta no puede limitarse a negociar el retiro de un
bloqueo.
El gobierno municipal debe explicar públicamente qué negocios
fueron clausurados, por qué motivo, qué funcionarios participaron, cuánto deben
pagar los propietarios para regularizarse y qué cantidades ingresaron
legalmente a las arcas municipales.
Porque si todo está en regla, transparentarlo debería ser lo
más sencillo.
El bloqueo de ayer dejó una imagen difícil de ignorar: comerciantes desesperados cerrando las principales avenidas de Neza para ser escuchados por su propio gobierno.
