COMERCIANTES DENUNCIAN RED DE EXTORSIÓN INSTITUCIONAL EN LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD DE NEZAHUALCÓYOTL
*Locatarios de Neza acusan a inspectores de Movilidad y a un
presunto operador político apodado “El Jarocho” de exigir cuotas de 500 pesos semanales
bajo la amenaza de arrastrar sus vehículos y clausurar los establecimientos
Por: EXPEDIENTE SECRETO
Los inconformes manifestaron que esta situación agrava la
crisis de inseguridad en el municipio, pues argumentan que al pago de
"derecho de piso" exigido por grupos criminales de la delincuencia
organizada y a las cuotas entregadas a algunos policías municipales a cambio de
protección, ahora se suman las presiones de los servidores públicos de la
Dirección de Movilidad.
OPERACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS LOCALES
Según las denuncias de los afectados, empleados de la
Dirección de Movilidad han visitado de manera sistemática talleres de
hojalatería y pintura, establecimientos de compra de desperdicios industriales
y negocios dedicados a la reparación, compra y venta de llantas para vehículos.
El personal institucional advierte a los dueños que no pueden
mantener vehículos estacionados a las puertas de sus negocios, amenazando con
trasladar las unidades al corralón municipal mediante plataformas de arrastre
si no acatan la disposición. No obstante, los comerciantes señalaron que los
inspectores ofrecen "hacerse de la vista gorda" y omitir las
sanciones a cambio del pago de una cuota obligatoria de 500 pesos semanales,
esto es una realidad, pues los funcionarios visitan solo a algunos negocios para
amedrentan a los dueños, pero a los que acceden a pagar la extorsión nunca son molestados.
Así es la manera de actuar del notificador y empleado de Movilidad, de nombre,
Juan Rodríguez Zaragoza.
EL ROL DE "EL JAROCHO" E INTERMEDIARIOS POLÍTICOS
En este esquema de presunta corrupción gubernamental, los
denunciantes identificaron a un individuo apodado “El Jarocho”, con domicilio
reportado en la colonia Vicente Villada, en las inmediaciones de la avenida
Carmelo Pérez y la calle Petróleos Mexicanos. Según los testimonios, este
sujeto se presenta en los comercios de la periferia y con vendedores ambulantes
para ofrecer un supuesto respaldo que evite que sean molestados por la
autoridad municipal, exigiendo también una tarifa fija de 500 pesos semanales.
En caso de que los locatarios se nieguen a pagar la cuota a
dicho intermediario, personal adscrito a la Dirección de Movilidad se presenta
posteriormente en los establecimientos para colocar notificaciones y documentos
en los parabrisas de los automóviles, reforzando las amenazas de arrastre de
los vehículos al corralón y amagando con la clausura definitiva de los giros
comerciales. Al ejecutar estas acciones, los inspectores sostienen que actúan
bajo instrucciones directas de sus mandos superiores y del propio presidente
municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo.
De acuerdo con los registros vecinales, "El Jarocho"
afirma desempeñarse como empleado del ayuntamiento y cuenta con una trayectoria
de permanencia institucional que abarca distintas administraciones locales de diversas
fuerzas políticas. Los quejosos indicaron que este operador estuvo vinculado a
la gestión del exalcalde Juan Zepeda Hernández bajo las siglas del PRD,
continuó durante los dos periodos de gobierno de Juan Hugo de la Rosa García y
se integró posteriormente a la actual estructura de Morena. El perfil descrito
por los afectados lo señala históricamente como un movilizador político
encargado del acarreo de personas, asegurando que la estructura de funcionarios
operativos se mantiene prácticamente intacta a pesar de las alternancias
partidistas en la demarcación.
REPERCUSIONES CIUDADANAS Y PANORAMA POLÍTICO
Los microempresarios manifestaron su hartazgo ante los abusos
recurrentes y exigieron al alcalde Cerqueda Rebollo que frene las operaciones
de los directores de área y de los gestores señalados, a quienes acusan de
operar bajo cobijo oficial.
Asimismo, los inconformes formularon una crítica hacia la
estrategia política de la actual administración, señalando que la entrega de
programas sociales, tales como las pensiones para adultos mayores y las becas
escolares para estudiantes, no compensa el descontento generado por las
prácticas de corrupción. Los inconformes recordaron a la ciudadanía que los
apoyos económicos prioritarios ya se encuentran elevados a rango constitucional
dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que
su continuidad jurídica está garantizada independientemente del partido
político que gane las elecciones.
Finalmente, los denunciantes advirtieron que la falta de
supervisión y el comportamiento de los funcionarios identificados con los
distintivos institucionales del partido oficial podrían derivar en un voto de
castigo para las autoridades locales de cara al próximo proceso electoral de
2027 en el Estado de México.
