MIENTRAS EL GOBIERNO PRESUME RESULTADOS, LA REALIDAD CONTRADICE EL DISCURSO OFICIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO

 

*Sheinbaum deja "tareas" a Delfina Gómez porque la estrategia de seguridad sigue sin resolver la extorsión, la violencia y las inundaciones que afectan a millones de mexiquenses

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 22 de julio de 2026.- Si la estrategia de seguridad en el Estado de México fuera tan exitosa como lo presume el gobierno, difícilmente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habría instruido públicamente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez fortalecer el combate a la extorsión, revisar la infraestructura y reforzar los programas sociales.

 

El mensaje presidencial deja una lectura distinta a la presentada en el boletín oficial: si hay que fortalecer las acciones, es porque los resultados aún son insuficientes frente a uno de los estados con mayores problemas de violencia, cobro de derecho de piso, desapariciones y presencia del crimen organizado.

 

Mientras la administración estatal presume reducciones porcentuales en distintos delitos y asegura que el Mando Unificado Oriente ha disminuido los homicidios, miles de habitantes de municipios como Ecatepec, Chimalhuacán, La Paz, Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl continúan denunciando extorsiones, robos, homicidios y la operación de grupos criminales que mantienen control territorial en diversas zonas.

 

Más aún, la propia gobernadora reconoció que una de las prioridades será fortalecer la estrategia contra la extorsión, delito que comerciantes, transportistas y empresarios denuncian desde hace años como uno de los principales problemas que enfrentan diariamente.

EL GRAN PENDIENTE: LA FAMILIA MICHOACANA

 

Uno de los temas que continúa generando cuestionamientos es la permanencia en libertad de Johnny Hurtado Olascoaga, alias "El Pez", y José Alfredo Hurtado Olascoaga, "El Fresa", identificados por autoridades estatales y federales como líderes de la organización criminal conocida como Familia Michoacana.

 

A pesar de los múltiples operativos y de los constantes anuncios oficiales sobre capturas de objetivos criminales, ambos continúan prófugos.

 

Su permanencia fuera del alcance de las autoridades ha alimentado señalamientos y especulaciones en distintos sectores sociales sobre posibles redes de protección institucional entre los líderes criminales y funcionarios estatales, federales y militares. Las dudas persisten debido a que a lo largo tiempo que han permanecido operando sin ser capturados.

 

Para numerosos ciudadanos resulta difícil entender cómo uno de los grupos criminales con mayor presencia en el Estado de México continúa activo mientras el gobierno sostiene que la estrategia de seguridad avanza con éxito.

 

MILLONES INVERTIDOS... PERO LAS INUNDACIONES CONTINÚAN

 

El gobierno estatal también volvió a presumir inversiones por más de 75 mil millones de pesos dentro del llamado Plan Integral para la Zona Oriente. Sin embargo, para miles de familias la realidad sigue siendo distinta.

 

Cada temporada de lluvias, municipios como Chalco, La Paz, Valle de Chalco, Ecatepec, Neza y Chimalhuacán vuelven a registrar severas inundaciones que afectan viviendas, negocios y vialidades.

 

Habitantes de la región cuestionan dónde se reflejan las inversiones anunciadas en obras hidráulicas, colectores, cárcamos y drenajes, pues año tras año las imágenes de calles anegadas y colonias bajo el agua siguen repitiéndose.

 

La contradicción entre el discurso oficial y las condiciones que viven miles de mexiquenses ha incrementado el escepticismo hacia los anuncios gubernamentales.

 

MUCHOS NÚMEROS, POCA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

 

Durante la conferencia presidencial se presentaron reducciones de 19 por ciento en delitos de alto impacto, 40 por ciento en incidencia mensual y 53 por ciento en homicidios en municipios del oriente.

 

Sin embargo, para numerosos ciudadanos esas estadísticas contrastan con la percepción cotidiana de inseguridad, la presencia de grupos criminales, el cobro de derecho de piso y los hechos violentos que continúan registrándose en distintas regiones del estado.

 

Los anuncios sobre miles de detenidos, armas aseguradas y operativos especiales tampoco han disipado la preocupación social respecto a la capacidad de las organizaciones criminales para seguir operando.

 

Mientras el gobierno celebra cifras y reuniones de coordinación, una parte importante de la población continúa esperando resultados que puedan percibirse en las calles y no únicamente en conferencias de prensa.

 

Para muchos mexiquenses, la instrucción de Claudia Sheinbaum para reforzar la estrategia representa, en los hechos, un reconocimiento implícito de que la seguridad, el combate a la extorsión y la infraestructura siguen siendo asignaturas pendientes en el Estado de México.

OTRO FEMINICIDIO SACUDE AL EDOMEX; LA VIOLENCIA DESMIENTE EL

 DISCURSO OFICIAL DE DELFINA GÓMEZ

 

*Una mujer fue hallada semidesnuda, golpeada y sin vida en Texcoco; el crimen exhibe la incapacidad de las autoridades para contener la violencia de género

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 21 de julio de 2026.- Mientras el gobierno estatal insiste en presumir avances en materia de seguridad y reducción de delitos de alto impacto, la realidad vuelve a exhibir un escenario completamente distinto. El hallazgo del cuerpo de una mujer semidesnuda, con visibles huellas de violencia, en un terreno baldío de Texcoco representa un nuevo golpe a la credibilidad de la estrategia encabezada por la gobernadora morenista Delfina Gómez Álvarez, el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, y el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo.

 

La tarde del pasado sábado, alrededor de las 13:45 horas, elementos policiacos fueron alertados sobre la presencia de una persona tirada en el cruce de San Pedro y Vía Lago, en la colonia San Felipe, a espaldas de la Plaza de las Tradiciones.

 

Al arribar al sitio confirmaron que se trataba de una mujer de aproximadamente 45 años de edad, quien permanecía sin vida y con escasa ropa. Vestía una chamarra Adidas, un short azul y una playera con la leyenda "Esc. Sec. Of. No. 0130 Nezahualcóyotl".

 

Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales y que presentaba múltiples golpes, indicios de una agresión violenta. Horas después, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde permanece en calidad de desconocida mientras continúan las investigaciones.

 

Con este crimen, suman 67 feminicidios registrados en el Estado de México durante 2026, de acuerdo con el recuento realizado por diversos medios de comunicación de la entidad.

 

El caso vuelve a colocar bajo severo cuestionamiento la política de seguridad del gobierno estatal. A pesar de los constantes mensajes oficiales que hablan de disminuciones en homicidios, feminicidios y otros delitos de alto impacto, los hechos continúan mostrando una realidad marcada por asesinatos, violencia contra las mujeres y una persistente percepción de inseguridad.

 

Cada nuevo feminicidio representa no sólo una investigación pendiente, sino también un desafío para las instituciones encargadas de prevenir la violencia, investigar los delitos y garantizar el acceso a la justicia. El hallazgo ocurrido en Texcoco se suma a una serie de casos que mantienen la atención sobre la eficacia de las acciones emprendidas por las autoridades estatales.

 

Mientras los discursos gubernamentales hablan de avances y resultados, la aparición de otra mujer asesinada en condiciones violentas vuelve a recordar que, para muchas familias mexiquenses, la inseguridad sigue siendo una realidad cotidiana y que el Estado de México continúa enfrentando uno de los mayores desafíos del país en materia de violencia contra las mujeres.

LOS COLGADOS DE ZACATECAS

*El dantesco escenario está dirigido a las estructuras políticas del estado. El gobernador David Monreal ha guardado absoluto silencio. La línea principal de investigación está encaminada a posible colusión de servidores públicos con la delincuencia organizada.

 

Héctor De Mauleón

Ciudad de México, 20 de julio de 2026.- El Mundial terminó en México de manera sombría, con los cuerpos de cinco personas colgados de un puente en la comunidad de Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco, en Zacatecas, y con el hallazgo de otros cinco cadáveres en Morelos (donde aparecieron 4) y de uno más en Saín Alto. Todas las víctimas están vinculadas al municipio de Fresnillo, Zacatecas.

 

Diez cadáveres en total.

 

Eso, sin contar el descubrimiento de un onceavo cuerpo: el de un comandante de la Policía Metropolitana que fue hallado dentro de un Sentra gris, una muerte que inicialmente fue considerada un suicidio, aunque el Sentra presentaba impactos de bala en la ventanilla trasera y –se ven las imágenes– la policía colocó varios conos de señalización balística alrededor del auto. De manera extraoficial, se ha indicado que el cadáver del comandante presentaba dos impactos de bala en la cabeza.

 

Las víctimas son funcionarios y exfuncionarios, así como empresarios ligados al ramo de la minería, la proveeduría de obras y los centros nocturnos, según informó anoche el secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza.

 

Ocho de esas personas murieron por estrangulamiento. Dos más por impacto de proyectil de arma de fuego. Entre las víctimas se hallan el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón (2016-2018), empresario minero que fue extraído de su domicilio en la madrugada del sábado; Fidel Alvarado, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, así como un funcionario de Protección Civil de Fresnillo: Jesús Gerardo Muñetón.

 

Según el fiscal general del estado, Cristian Paul Camacho, en los exámenes toxicológicos, dos de los funcionarios dieron positivo a consumo de estupefacientes.

 

Entre las víctimas había también un exdirector de la policía de Durango, un empresario enfocado en la distribución de pipas de agua, y un expresidente municipal de Canatlán: Andrés Vázquez.

 

Lo más preocupante es que no se trató, como otras veces, de un ajuste de cuentas entre cárteles.

 

Al lado de los cuerpos fueron colocados mensajes enviados por un grupo de la delincuencia organizada (no se ha precisado cuál):

 

“Esto nos pasó por desviar recursos de gobierno y culpar a la organización”.

 

El mensaje se dirigía también a dos personajes “señores Serve y Lentitos”, a los que se advirtió: “Ustedes saben de qué se habla, el mensaje es claro. Dejen de hacer películas y crucificar gente inocente si no quieren que los expongamos”.

 

Había una referencia también al “señor de la noche y de la federación”. Fuentes de inteligencia asocian al “señor de la noche” con “Batman”, el secretario de seguridad Omar García Harfuch, y al “señor de la federación”, con el titular de la Sedena.

 

El mensaje dice: “Nuestros respetos a ustedes por su gran trabajo que han hecho, fuera bueno y de la manera más atenta que le diera una checada con su personal de confianza a las corporaciones locales (…) así se dará cuenta la realidad para que no llegue las novedades como teléfono descompuesto para que no digan que nuestra organización roba y extorsiona porque es totalmente falso” (sic).

 

Hace solo unos días, el 7 de julio, en una nevería de Guadalajara fue asesinado de un tiro en la cabeza el exalcalde de Fresnillo Benjamín Medrano Quezada, quien llegó al cargo en 2013. Las autoridades se tardaron tres días en identificarlo. Su agresor escapó en una motocicleta.

 

Medrano Quezada, cantante y promotor artístico, estaba ligado también al giro de los negocios nocturnos: presidió el patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, fue acusado del desvío de 60 millones de pesos y se le dictó orden de aprehensión, aunque esta fue revocada por un tribunal de circuito. Se había escondido en Tijuana, Nayarit y Estados Unidos, hasta que finalmente lo encontraron.

 

El dantesco escenario de este sábado está dirigido a las estructuras políticas del estado. El gobernador David Monreal ha guardado absoluto silencio. Anoche, el fiscal del estado, Cristian Paul Camacho, el secretario de Seguridad, el general Arturo Medina Mayoral, y el secretario de Gobierno Reyes Mugüerza informaron que se dejó de tener contacto con cuatro de las víctimas desde el 16 de julio, con cinco desde el 17 y con otro desde el 18.

 

En ninguno de los casos se levantó denuncia o reporte por desaparición.

 

La línea principal de investigación está encaminada a posibles actos de extorsión y colusión de servidores públicos con la delincuencia organizada.

 

Terminó el Mundial. Volvió la realidad: narcos y políticos, dicen en Estados Unidos, ocupando la misma cama.

CHIMALHUACÁN, A MERCED DEL CRIMEN: DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO DE MORENA ABANDONÓ A LOS GASEROS

 

*Mientras la extorsión se expande en al menos 30 expendios, empresarios acusan omisión de las autoridades y piden la intervención urgente del Ejército y la Guardia Nacional

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHIMALHUACÁN, Estado de México, 18 de julio de 2026.- La extorsión parece haber encontrado un terreno fértil en Chimalhuacán. Empresarios gaseros aseguran que, mientras el crimen organizado amenaza con incendiar negocios y asesinar trabajadores y clientes, el gobierno municipal de Morena permanece inmóvil, pese a que desde hace semanas conoce las denuncias, las pruebas y la identidad del grupo que presuntamente está detrás de los ataques.

 

Para los afectados, el problema ya no es únicamente la presencia de la delincuencia, sino el abandono institucional que, afirman, ha permitido que los extorsionadores operen con absoluta impunidad.

 

Integrantes de la asociación de gaseros y permisionarios denunciaron que al menos 30 expendios de Gas LP han recibido cartas donde presuntos integrantes del grupo criminal "La Chokiza" exigen el pago de 15 mil pesos semanales como derecho de piso. De negarse, advierten que incendiarán las estaciones de servicio y atacarán tanto a empleados como a clientes.

 

La amenaza quedó documentada en un video que circula en redes sociales, donde dos hombres armados llegan en motocicleta a una gasera, entregan la carta de extorsión a una trabajadora y se retiran sin que nadie los moleste.

 

Lo que más preocupa a los empresarios es que los documentos contienen información detallada de cada establecimiento: número de empleados, horarios de trabajo e incluso domicilios particulares de algunos trabajadores, lo que demuestra, aseguran, que el grupo criminal mantiene vigilancia permanente sobre sus víctimas.

 

Pese a haber presentado al menos cinco denuncias ante el Ministerio Público, los empresarios sostienen que no existe un solo resultado que les permita confiar en las autoridades. Por el contrario, aseguran que las amenazas continúan y que en cinco gaseras ya se registraron agresiones contra empleados e intentos por incendiar las instalaciones.

 

Los denunciantes afirmaron que el comisario de la Policía Municipal, Salvador Hernández Torrez; la alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez; y el director operativo Arturo Hernández Ortega, con indicativo "Centurión", tienen conocimiento de lo que ocurre. Además, señalaron que este último presuntamente instruye al grupo de inteligencia de la policía municipal para brindar protección a los extorsionadores, una acusación que hasta el momento no ha sido respondida públicamente.

 

"Por eso creemos que están coludidos o algo pasa ahí. Esa inacción de las autoridades da mucho miedo", expresó el representante legal de una de las empresas afectadas, quien pidió el anonimato.

 

Los empresarios también manifestaron su temor de dar seguimiento a las investigaciones, pues sospechan que podría existir filtración de información hacia los grupos criminales.

 

Frente a este escenario, hicieron un llamado urgente al Gobierno de México para que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas asuman el control de la seguridad en el municipio antes de que las amenazas se conviertan en una tragedia.

 

Para los gaseros, la pregunta ya no es si la delincuencia está operando en Chimalhuacán, sino por qué, pese a las denuncias, las pruebas videográficas y los ataques registrados, los responsables siguen actuando con total libertad.

 LA PAZ: DOS ALCALDES, MÁS VIOLENCIA Y CADA

 VEZ MÁS PREGUNTAS SIN RESPUESTA

*Mientras Martha Guerrero gobierna formalmente, crecen los señalamientos de que su esposo, Tranquilino Lagos, concentra el poder real; un nuevo ataque armado revive las exigencias de esclarecer presuntos vínculos con el "Sindicato 22 de Octubre"

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 17 de julio de 2026.- En Los Reyes La Paz ya no solo preocupa la violencia. También crece una pregunta que se escucha en colonias completas, comercios y espacios públicos: ¿quién gobierna realmente el municipio? Para numerosos habitantes, la administración local parece tener dos presidentes municipales: la alcaldesa constitucional, Martha Guerrero Sánchez, quien obtuvo el cargo mediante el voto ciudadano, y su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, a quien diversos sectores señalan como la persona que influye o toma las decisiones más importantes dentro del Ayuntamiento.

 

Mientras esa percepción se fortalece, la delincuencia continúa imponiendo su propia ley.

 

La tarde del jueves 16 de julio, alrededor de las 16:00 horas, un hombre fue atacado a balazos frente a su domicilio, en la calle Río Baluarte, casi esquina con Río Bravo, en la colonia El Salado. De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos lo interceptaron para despojarlo de su motocicleta y le dispararon en dos ocasiones: una bala impactó en el pecho y otra en la cadera. Los agresores escaparon sin que nadie los detuviera, mientras la víctima fue trasladada de emergencia a un hospital, donde se debate entre la vida y la muerte.

 

Las primeras líneas de investigación manejan dos hipótesis: una sostiene que el hombre transportaba una fuerte cantidad de dinero que le fue robada; la otra apunta a que fue baleado por negarse a entregar su motocicleta. En cualquiera de los dos escenarios, el saldo es el mismo: la delincuencia volvió a actuar con absoluta impunidad.

 

El ataque también reavivó los cuestionamientos sobre la eficacia del llamado Grupo de Inteligencia Municipal, anunciado por la alcaldesa Martha Guerrero como uno de los pilares de su estrategia de seguridad.

 

La ciudadanía se pregunta qué resultados ha dado esa estructura si los hechos violentos continúan registrándose prácticamente todos los días.

 

Los señalamientos también alcanzan al director operativo de Seguridad Ciudadana, Isaías Ramírez Leal, de quien dentro de la propia corporación se afirma que es quien realmente decide qué se hace y qué no se hace en la policía municipal. Incluso, durante este hecho, trascendió que habría ordenado impedir que reporteros grabaran videos o tomaran fotografías de la escena, alimentando las críticas sobre una política orientada más a controlar la información que a combatir la delincuencia.

 

Las críticas tampoco excluyen al comisario de Seguridad Pública Municipal, Eduardo Fouilloux Bataller, a quien elementos de la corporación describen como un mando ausente, señalando que pasa gran parte del tiempo dentro de su oficina sin asumir un liderazgo operativo frente a la creciente crisis de inseguridad. Mientras tanto, los hechos violentos continúan acumulándose.

 

El atentado ocurrido en El Salado se suma a una larga lista de homicidios, robos con violencia, ejecuciones y agresiones que mantienen a Los Reyes La Paz bajo un ambiente permanente de temor. Comerciantes y vecinos sostienen que, lejos de disminuir, la extorsión se ha expandido durante la actual administración municipal, afectando negocios, transportistas y familias enteras.

 

En ese contexto, diversos actores políticos, especialistas en seguridad y sectores de la sociedad han planteado como hipótesis que el crecimiento de las extorsiones y otros delitos podría estar relacionado con acuerdos entre Tranquilino Lagos Buenabad y el grupo delictivo llamado "Sindicato 22 de Octubre", encabezado por Héctor Becerril.

 

Hasta este momento la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM), no ha investigado si existe una relación entre el esposo de la alcaldesa y Becerril, por ello, Tranquilino Lagos se siente intocable. Sin embargo, los cuestionamientos públicos persisten y distintos sectores continúan exigiendo que el esposo de la alcaldesa responda públicamente y de manera directa a esas versiones y aclare cuál es su papel dentro del gobierno municipal.

 

ESE PRONUNCIAMIENTO NUNCA HA LLEGADO

 

El silencio, lejos de disipar las dudas, ha alimentado una percepción de opacidad que se reactiva con cada asesinato, cada ataque armado y cada nuevo hecho de violencia que golpea al municipio.

 

Hoy, mientras un hombre lucha por sobrevivir tras ser baleado frente a su casa, miles de habitantes vuelven a preguntarse por qué la estrategia de seguridad no ofrece resultados, quién toma realmente las decisiones dentro del Ayuntamiento y por qué la delincuencia sigue actuando con una libertad que parece desafiar a las propias autoridades.

 

En Los Reyes La Paz, la crisis ya no solo se mide por el número de víctimas. También se refleja en la profunda pérdida de confianza ciudadana hacia un gobierno que prometió devolver la tranquilidad y que, hasta ahora, observa cómo las calles continúan llenándose de violencia, mientras las respuestas oficiales siguen sin convencer a una población cada vez más cansada de vivir entre el miedo y la incertidumbre.

EL SILENCIO QUE HUNDE A SAMUEL RÍOS

 

*El diputado de Morena evade responder por qué su cuñado, Marco Antonio Gómez Vargas, alias "El Kino", señalado por las autoridades como líder regional de La Familia Michoacana, permaneció prófugo durante años mientras su familia concentraba el poder político en Chicoloapan.

 

CHICOLOAPAN, Estado de México, 16 de julio de 2026.- Lo que el diputado local de Morena, Samuel Ríos Moreno, intentó presentar como una campaña de "calumnias", "fuego amigo" y ataques políticos terminó convirtiéndose en una entrevista llena de evasivas, contradicciones y respuestas incompletas sobre uno de los casos que más ha golpeado la credibilidad de su grupo político.

 

Porque el problema ya no es únicamente la captura de Marco Antonio Gómez Vargas, alias "El Kino".

 

El verdadero escándalo es que "El Kino" era hermano de la exalcaldesa morenista Nancy Gómez Vargas, cuñado del actual diputado Samuel Ríos Moreno y, de acuerdo con las autoridades federales y estatales, líder regional de La Familia Michoacana, organización criminal señalada por sembrar violencia, controlar extorsiones y operar en la zona oriente del Estado de México.

 

La pregunta es tan simple como devastadora: ¿Cómo es posible que un jefe criminal permaneciera prófugo durante años sin que nadie de su entorno político y familiar supiera absolutamente nada?

 

EL CASO YA NO ES UNA VERSIÓN PERIODÍSTICA

 

Samuel Ríos intentó desacreditar las publicaciones asegurando que se trata de "calumnias" y que no existe información oficial. Sin embargo, los hechos desmienten su discurso.

 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, confirmaron oficialmente la captura de Marco Antonio Gómez Vargas, identificado como líder regional de La Familia Michoacana.

 

Las propias autoridades lo relacionan además con el cobro de extorsiones en diversos municipios de la zona oriente mexiquense, una actividad criminal que durante años ha asfixiado a comerciantes, transportistas y empresarios.

 

A ello se suma una orden de aprehensión por homicidio calificado en agravio de Carlos Nájera Luna, que se encuentra dentro del expediente 1011/2020, librada desde el 12 de septiembre de 2020 por el juez Magdaleno Camacho Vázquez.

 

Es decir, no se trata de rumores ni de una guerra sucia. Son investigaciones oficiales del Estado mexicano.

 

EL SILENCIO QUE NADIE EXPLICA

 

Lejos de responder con claridad, Samuel Ríos prefirió victimizarse. Aseguró que todo obedece a grupos políticos interesados en frenar sus aspiraciones.

 

Habló de "fuego amigo". Habló de adversarios. Habló de quienes "no quieren perder privilegios". Pero nunca respondió la pregunta que realmente importa.

 

¿Por qué "El Kino" permaneció prófugo durante tantos años? ¿Cómo pudo esconderse mientras su propia hermana gobernaba Chicoloapan? ¿Por qué ninguna autoridad municipal logró ubicarlo? ¿Nadie sabía dónde estaba? ¿Nadie sospechaba absolutamente nada?

 

Y si Samuel Ríos sostiene que "quien cometa un delito debe pagar las consecuencias, sea quien sea", entonces surge otra interrogante igual de incómoda: ¿Él mismo denunció alguna vez a su cuñado o colaboró para que fuera detenido? Hasta hoy, esa respuesta sigue sin existir.

 

UNA ENTREVISTA MÁS PARECIDA A UN RESCATE POLÍTICO

 

La entrevista concedida a Infomexiquense, realizada al término de las llamadas "Asambleas por la Defensa de la Soberanía", dejó otra escena que no pasó inadvertida.

 

Cuando el diputado hablaba de los ataques contra su familia, fue el propio entrevistador quien intervino para señalar: "Sobre todo cuando se meten con la familia."

 

Lejos de mantener una posición crítica, el comentario fue interpretado por asistentes como un intento de justificar al legislador y suavizar un tema que involucra a su cuñado, identificado como líder criminal.

 

En una entrevista periodística las preguntas deben incomodar al poder. No protegerlo.

 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA MIENTRAS LA INSEGURIDAD CONTINÚA

 

La entrevista ocurrió después de una reunión denominada "Asamblea por la Defensa de la Soberanía", eventos impulsados por Morena que para diversos sectores representan actos anticipados de campaña disfrazados de reuniones informativas.

 

Mientras funcionarios y legisladores recorren el estado promoviendo su imagen, miles de familias continúan padeciendo extorsiones, homicidios, desapariciones, falta de servicios públicos y un clima permanente de inseguridad. El contraste resulta inevitable.

 

Hay recursos para movilizaciones políticas. Pero los ciudadanos siguen esperando resultados.

 

EL DISCURSO DE CERO IMPUNIDAD CHOCA CONTRA LA REALIDAD

 

Samuel Ríos insistió durante la entrevista: "Debe existir cero impunidad... quien cometa un delito debe pagar las consecuencias, sea quien sea."

 

Nadie podría estar en desacuerdo con esa frase. El problema es que el primer examen de ese principio comienza en casa.

 

Porque la sociedad no cuestiona que exista un familiar acusado de delitos. Lo que exige saber es si hubo omisión, encubrimiento, indiferencia o silencio cuando ese familiar era buscado por la justicia. Hasta ahora, ninguna de esas dudas ha sido aclarada.

 

LAS ASPIRACIONES POLÍTICAS FRENTE A UNA CRISIS DE CREDIBILIDAD

 

Pese a la tormenta política, Samuel Ríos afirmó que seguirá aspirando a nuevos cargos. "Estaremos donde la gente y el Morena nos quiera llevar", aseguró.

 

Sin embargo, antes de pensar en nuevas candidaturas, el legislador enfrenta un reto mucho más complejo: recuperar la confianza de una ciudadanía que exige respuestas, no discursos; explicaciones, no descalificaciones; transparencia, no victimización.

 

Porque mientras él habla de "calumnias", los documentos judiciales existen. Mientras habla de "guerra sucia", existe una orden de aprehensión emitida desde 2020.

 

Mientras asegura que todo es un ataque político, las autoridades federales y estatales identificaron a su cuñado como líder regional del grupo criminal La Familia Michoacana.

 

Y mientras esas preguntas sigan sin respuesta, la sospecha política continuará creciendo alrededor de una de las familias que durante años concentró y pretende seguir concentrando el poder en Chicoloapan.

 

En democracia, la confianza no se exige. Se gana respondiendo con claridad. Y hasta este momento, Samuel Ríos Moreno ha optado por el silencio cuando la ciudadanía esperaba explicaciones.

HARFUCH SE CONTRADICE PARA DEFENDER A MARINA DEL PILAR Y PONE EN ENTREDICHO LA UTILIDAD DE LAS MESAS DE SEGURIDAD

 

*Al minimizar el contenido de las reuniones entre autoridades federales, estatales y municipales, el secretario de Seguridad envía un mensaje que cuestiona el propósito mismo de la estrategia nacional contra la delincuencia

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de julio de 2026.- Las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para defender a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, han abierto un debate sobre la importancia y el contenido de las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad, uno de los principales mecanismos de coordinación del Gobierno de México.

 

Tras difundirse audios en los que la propia gobernadora reconoce sostener una conversación con personas que se presentaban como supuestos agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, García Harfuch aseguró que en las reuniones de seguridad entre la Federación y las entidades federativas no se comparte información sensible cuya divulgación pueda poner en riesgo las operaciones.

 

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la SSPC afirmó que de las grabaciones "no se infiere que se vaya a dar información confidencial" y sostuvo que en las reuniones del Gabinete de Seguridad "no hay una información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartida con alguna autoridad".

 

También señaló que no existe certeza sobre la identidad de las personas con las que conversaba la mandataria bajacaliforniana, por lo que pidió tomar con cautela el contenido de los audios.

 

Sin embargo, horas antes, la propia Marina del Pilar Ávila reconoció públicamente la autenticidad de las grabaciones, aunque aseguró que se trató de una conversación privada con personas que se presentaron como representantes de autoridades estadounidenses sin acreditar oficialmente esa calidad. La gobernadora afirmó que nunca entregó información oficial y que cualquier asunto de esa naturaleza debía

 

ATENDERSE EXCLUSIVAMENTE POR LAS VÍAS INSTITUCIONALES

 

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esa versión al señalar que, de acuerdo con la explicación de la gobernadora, no se comprometió información relacionada con la seguridad nacional ni con la seguridad pública de Baja California y que las gestiones estaban vinculadas con asuntos personales relacionados con su visa estadounidense.

 

No obstante, las declaraciones de García Harfuch han generado cuestionamientos de fondo.

 

Si en las Mesas de Seguridad —a las que diariamente asisten mandos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, fiscalías estatales, secretarios de Seguridad y autoridades municipales— no se intercambia información estratégica ni datos relevantes para combatir a la delincuencia, resulta inevitable preguntarse cuál es el verdadero alcance de esos encuentros.

 

Las Mesas de Seguridad fueron creadas precisamente para coordinar operativos, compartir inteligencia, analizar la incidencia delictiva y definir acciones conjuntas contra los grupos criminales. Reducirlas, como interpretan diversos analistas a partir de las declaraciones del secretario, a reuniones donde no existe información sensible, termina por restarles valor institucional y proyectar una imagen de burocracia antes que de eficacia operativa.

 

En el intento por cerrar filas con una gobernadora políticamente presionada, García Harfuch corre el riesgo de debilitar el discurso que durante años ha presentado a las Mesas de Seguridad como el eje de la coordinación nacional en materia de combate al crimen.

 

La polémica ya no se limita a los audios de Marina del Pilar. Ahora alcanza al propio secretario de Seguridad, cuya explicación ha provocado que se cuestione si esas reuniones realmente generan inteligencia útil o si, como consecuencia de sus propias declaraciones, la ciudadanía debe creer que en ellas no se discute información de relevancia para la seguridad pública.

 

La controversia coloca a la estrategia de seguridad del Gobierno Federal frente a una disyuntiva incómoda: si las Mesas de Seguridad sí son espacios donde se comparte información estratégica, las declaraciones del secretario resultan difíciles de conciliar con ese objetivo; pero si, como él afirmó, no contienen información sensible, entonces queda abierta la pregunta sobre el verdadero alcance y utilidad de un mecanismo al que diariamente se destinan importantes recursos humanos, logísticos e institucionales para enfrentar a la delincuencia organizada. 

TEOTIHUACÁN BAJO LAS BALAS: OTRO ATAQUE CONTRA UN EXCANDIDATO EXHIBE EL FRACASO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN EL EDOMEX

 

*José Marcial Arpide volvió a ser blanco de un atentado, cinco años después del ataque en el que fue asesinado su hijo. Mientras la violencia golpea nuevamente a un actor político, el discurso oficial sobre la disminución de los delitos enfrenta nuevos cuestionamientos.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEOTIHUACÁN, Estado de México, 15 de julio de 2026.- La violencia volvió a estallar en el Estado de México y, una vez más, alcanzó a un personaje de la vida política sin que existan, hasta ahora, responsables detenidos.

 

José Marcial Arpide, excandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Teotihuacán, fue atacado a balazos la tarde del martes cuando circulaba en una camioneta sobre la calle Jorge Jiménez Cantú, a escasos metros de la Catedral de Teotihuacán.

 

Sujetos armados interceptaron el vehículo y dispararon en repetidas ocasiones. En el lugar quedaron decenas de casquillos percutidos y la camioneta presentó múltiples impactos de bala en el costado izquierdo. El exaspirante resultó herido y fue trasladado a un hospital, mientras que otras dos personas también sufrieron lesiones: uno de sus acompañantes y un vecino que quedó atrapado en la línea de fuego.

 

Como ocurre una y otra vez en los hechos de alto impacto registrados en la entidad, la escena fue acordonada por policías municipales y estatales; peritos levantaron evidencias y comenzaron las investigaciones. Sin embargo, hasta el cierre de esta información no se había informado sobre personas detenidas.

 

El atentado cobra una dimensión aún más preocupante porque no se trata de un hecho aislado.

 

En 2021, José Marcial Arpide ya había sobrevivido a otro ataque armado. Aquella agresión terminó con el asesinato de su hijo, Sixto Arpide. Cinco años después, la historia parece repetirse en un municipio donde la violencia continúa imponiéndose sobre la capacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia.

 

Este nuevo episodio vuelve a poner bajo la lupa la estrategia de seguridad del Gobierno del Estado de México.

 

Mientras la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el fiscal general José Luis Cervantes Martínez y el secretario general de Gobierno Horacio Duarte Olivares sostienen de manera reiterada que los delitos de alto impacto muestran una tendencia a la baja, los ataques armados, homicidios y agresiones contra personajes públicos continúan ocurriendo en distintos municipios mexiquenses.

 

Cada conferencia oficial presume estadísticas; cada Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz habla de avances; cada comunicado insiste en una disminución de la violencia. Sin embargo, para los ciudadanos que observan balaceras en plena vía pública, asesinatos casi diarios y atentados como el ocurrido en Teotihuacán, la percepción dista mucho del optimismo gubernamental.

 

La pregunta resulta inevitable: ¿de qué sirven las reuniones de seguridad si los hechos violentos continúan registrándose con la misma frecuencia y, en muchos casos, sin responsables capturados?

 

El atentado contra José Marcial Arpide no sólo representa un ataque contra una persona. También reaviva el debate sobre la eficacia de las instituciones encargadas de prevenir la violencia, investigar los delitos y garantizar condiciones mínimas de seguridad para la población.

 

La ciudadanía no evalúa una estrategia por el número de conferencias de prensa ni por los discursos oficiales. La juzga por los resultados. Y cuando un político sobrevive a un segundo atentado, después de haber perdido a un hijo en un ataque previo, resulta comprensible que vuelvan a surgir cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para contener la violencia y esclarecer estos hechos.

 

Mientras las investigaciones continúan, permanece la exigencia de que las autoridades determinen si ambos ataques guardan relación y, sobre todo, de que el caso no se sume a la larga lista de expedientes sin una resolución clara. Porque detrás de cada cifra presentada en los informes oficiales hay víctimas, familias y comunidades que siguen esperando algo más que estadísticas. Exigen resultados.

CJNG DECLARA LA GUERRA A LA UNIÓN TEPITO Y AL CÁRTEL DE TLÁHUAC; EL CONFLICTO AMENAZA CON EXTENDERSE AL ORIENTE DEL EDOMEX

 

*Video armado revive el fantasma de la narcoguerra mientras Ecatepec, Tecámac, Texcoco y la zona oriente aparecen en la disputa criminal; crecen los llamados para investigar posibles redes de protección institucional.

 

Por: EXPEDIETE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de julio de 2026.- Un nuevo episodio de intimidación del crimen organizado volvió a encender las alertas en la Zona Metropolitana del Valle de México. Un video difundido masivamente en redes sociales, atribuido a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), anuncia una ofensiva contra la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac, dos de las organizaciones criminales con mayor presencia en la capital del país y municipios del Estado de México.

 

La grabación, de casi un minuto de duración, muestra a más de una decena de hombres encapuchados portando rifles AK y chalecos tácticos con las siglas del CJNG. En el mensaje, leído desde un teléfono celular, los sujetos acusan a integrantes de la Unión Tepito y del Cártel de Tláhuac de utilizar el nombre del CJNG para extorsionar comerciantes, cobrar derecho de piso y asesinar personas inocentes.

 

Durante el video son mencionados por nombre presuntos operadores criminales conocidos como "El Yayo", "El Masero" y "Lic. Vallarta", a quienes señalan de mantener una red de extorsión supuestamente protegida desde la Fiscalía Regional de Ecatepec, una acusación de enorme gravedad que, de confirmarse, implicaría posibles vínculos entre servidores públicos y estructuras del crimen organizado.

 

Los encapuchados también enviaron un mensaje directo a los habitantes de Ecatepec, Tecámac, Texcoco y Tizayuca, asegurando que "la limpia ya empezó" e invitando a la población a no dejarse intimidar por los grupos que, según ellos, extorsionan utilizando el nombre del CJNG.

 

Hasta el momento, tanto autoridades de la Ciudad de México como del Estado de México analizan la autenticidad del material y buscan determinar quiénes aparecen en él, cuál es su origen y si representa una amenaza operativa real o una estrategia de propaganda criminal.

 

UN CONFLICTO QUE PUEDE ESCALAR

 

El video aparece en un contexto particularmente delicado.

 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tenía identificados hasta mayo de 2025 al menos 62 grupos delictivos operando en la capital, muchos de ellos disputándose el control del narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso.

 

No es la primera vez que el CJNG utiliza mensajes audiovisuales para marcar territorio en la Ciudad de México.

 

Desde la narcomanta colocada en la colonia Tlaxpana en 2018; el asesinato de dos ciudadanos israelíes en Plaza Artz Pedregal en 2019; el atentado contra Omar García Harfuch en Paseo de la Reforma en 2020; las amenazas contra la periodista Azucena Uresti en 2021; y los videos difundidos en mayo pasado contra grupos criminales de Xochimilco y Tlalpan, la organización ha buscado proyectar capacidad operativa mediante acciones de alto impacto mediático.

 

En octubre de 2024, diversos reportes periodísticos documentaron una presunta alianza entre el CJNG y la Anti-Unión Tepito para disputar el control criminal de la colonia Morelos, escenario donde en apenas cuatro días fueron ejecutadas seis personas, obligando al despliegue masivo de fuerzas federales y capitalinas.

 

LA EXPANSIÓN HACIA EL ESTADO DE MÉXICO

 

Diversos informes de inteligencia también han señalado desde hace años que la expansión del CJNG no se limita a la Ciudad de México.

 

De acuerdo con investigaciones atribuidas a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el grupo habría establecido bases de operación en diversos municipios del sur y oriente del Valle de México.

 

Entre los operadores mencionados aparece el llamado "Comandante Flaco", identificado como uno de los responsables de disputar el control criminal a la Unión Tepito y con presencia, según esos reportes, en Xochimilco, Chalco, Los Reyes La Paz y Nezahualcóyotl.

 

Estas versiones incrementan la preocupación sobre la creciente penetración del crimen organizado en municipios estratégicos de la zona oriente del Estado de México.

 

UNA PREGUNTA QUE LAS AUTORIDADES YA NO PUEDEN SEGUIR IGNORANDO

 

El nuevo mensaje criminal también vuelve a colocar bajo presión a las autoridades federales, capitalinas y mexiquenses.

 

Si desde hace años existen informes de inteligencia que ubican células del CJNG operando en municipios gobernados por Morena y alcaldías controladas por ese mismo partido, la exigencia social apunta ahora a esclarecer si existen únicamente disputas territoriales entre organizaciones criminales o si también hay redes de protección política, institucional o policial que han permitido su expansión.

 

No se trata únicamente de verificar la autenticidad de un video difundido en redes sociales.

 

Se trata de investigar por qué organizaciones criminales mencionan municipios específicos del Estado de México, lanzan acusaciones directas contra autoridades y continúan enviando mensajes públicos con total impunidad mientras miles de comerciantes siguen denunciando cobros de piso, amenazas y violencia cotidiana.

 

Porque cuando son los propios grupos criminales quienes anuncian el inicio de una guerra, el verdadero riesgo es que la población termine atrapada entre balas, extorsiones y disputas territoriales mientras las instituciones llegan tarde o simplemente permanecen en silencio.