CHIMALHUACÁN: IMPUNIDAD, COMPLICIDAD Y ABANDONO CIUDADANO EN EL DOBLE ASALTO A EMPRESARIOS

 

Por: Expediente Secreto

 

Chimalhuacán, Estado de México, 19 de agosto de 2025.– La violencia y la impunidad volvieron a sacudir a Chimalhuacán. El pasado 4 de agosto, alrededor de las 3:30 de la madrugada, los dueños de una fábrica de frituras ubicada en el Barrio Cesteros fueron víctimas, por segunda ocasión en menos de cuatro meses, de un violento asalto a manos de los mismos delincuentes que ya los habían despojado en abril de este año.

 

El periodista Carlos Jiménez documentó y transmitió las imágenes y videos de este nuevo ataque a través de su cuenta de X, revelando no solo la brutalidad con la que actuaron los hampones, sino también el desinterés y la complicidad del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez y su comisario de seguridad, Salvador Hernández Torres.

 

Una familia ignorada por las autoridades

 

Los empresarios relataron que, tras el primer atraco, en el que fueron despojados de celulares, joyas y casi 600 mil pesos en efectivo, acudieron a denunciar a los responsables, plenamente identificados como vecinos de la zona y ex trabajadores de la fábrica. Sin embargo, la denuncia fue ignorada. Como ocurre en cientos de casos en el oriente del Estado de México, las autoridades locales se limitaron a archivar el caso, dejando impunes a los delincuentes.

 

Ante el abandono institucional, la familia decidió armarse para defender su fuente de empleo y su hogar.

 

El asalto grabado en video

 

En la transmisión de C4 se observa cómo al menos cuatro sujetos armados, entre ellos uno con pistola con silenciador, disparan contra la chapa de la puerta, la patean y la rafaguean hasta abrirla. Acto seguido ingresan a la vivienda, donde se escuchan más disparos.

 

La reacción de las víctimas cambió el rumbo del ataque: los delincuentes huyeron cuando fueron repelidos con disparos desde el interior. Uno de los asaltantes, conocido como “El Negro”, cayó abatido en el lugar. Otros tres, identificados como Marín Ramírez alias “El Jampol”, Alexander Marín alias “El Ñoño” y Daniel Marín, este último ex empleado de la empresa y señalado como autor intelectual de los robos, lograron escapar.

 

Ese mismo día, a la misma hora del atraco, dos jóvenes en motocicleta llevaron a un hombre herido de bala al Hospital 90 Camas. No esperaron parte médico y huyeron, pero más tarde se confirmó que se trataba de Alexander “N”, uno de los delincuentes involucrados, quien también resulto herido y permanece hospitalizado.

 

Seguridad pública secuestrada

 

Lejos de ser un caso aislado, este violento episodio confirma lo que los habitantes de Chimalhuacán denuncian desde hace años: la colusión de la policía municipal con grupos criminales. Numerosos testimonios sostienen que los uniformados protegen a narcomenudistas, vigilan puntos de venta de droga y permiten la operación de bandas a cambio de sobornos, mientras la ciudadanía queda a merced de la violencia.

 

Resulta indignante que, mientras las familias trabajadoras son despojadas y revictimizadas, la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez y su comisario Salvador Hernández Torres permanezcan en silencio. Su inacción, lejos de ser simple negligencia, apunta a un pacto de complicidad con el crimen organizado que opera en el municipio.

 

Una comunidad atrapada entre el miedo y la impunidad

 

Este caso es apenas una ventana a la crisis de inseguridad que carcome a Chimalhuacán. La falta de respuesta oficial ha orillado a ciudadanos a armarse para defenderse, con el riesgo de que la violencia escale aún más.

 

La pregunta es inevitable: ¿Cuántos asaltos, asesinatos y tragedias más deberán ocurrir para que la alcaldesa y su comisario cumplan con su obligación de garantizar seguridad? O peor aún, ¿son parte del mismo negocio que mantiene a la delincuencia como la verdadera autoridad en el municipio?

 

Lo ocurrido en el Barrio Cesteros desnuda la podredumbre de un sistema en el que los criminales operan con libertad, los vecinos saben quiénes son, pero las autoridades se niegan a actuar, y las víctimas se ven obligadas a tomar la justicia en sus manos.

ENTREGA DE CERTIFICADOS MÉDICOS EN LA PAZ:

 MÁS PROPAGANDA QUE ATENCIÓN REAL

 

*Certificados médicos gratuitos en La paz: propaganda oficial frente a un sistema de salud colapsado

 

Por Expediente Secreto

Los Reyes La Paz, Estado de México, 18 de agosto de 2025.- El gobierno municipal de La Paz presumió la entrega de “mil certificados médicos gratuitos” a estudiantes de nivel básico como parte de una jornada previa al ciclo escolar 2025-2026. La alcaldesa Martha Guerrero Sánchez y su equipo lo presentaron como un “apoyo a las familias de bajos recursos”, pero detrás del discurso triunfalista, el panorama real es mucho más precario y preocupante.

 

Jornadas improvisadas y atención superficial

 

El módulo instalado en la colonia Lomas de San Sebastián fue habilitado de manera provisional, sin las condiciones mínimas para atender a cientos de menores y sus padres. Largas filas, espacios reducidos y personal médico insuficiente fueron la constante del operativo.

 

Padres de familia señalaron que la revisión se limitó a un chequeo rápido: peso, talla, preguntas generales y, en algunos casos, una mirada superficial a los dientes o los ojos. “En menos de cinco minutos ya teníamos el certificado, pero no es una revisión real, ni siquiera revisaron bien a mi hijo”, comentó una madre que prefirió omitir su nombre.

 

Lejos de un diagnóstico serio, los certificados entregados funcionaron únicamente como una papeleta para cumplir con el trámite escolar, pese a que el propio director de Salud Municipal reconoció que estos documentos ni siquiera son obligatorios para la inscripción.

 

Promesas frente a la realidad

 

El director de Salud Municipal, Jorge Javier González Montaño, aseguró que la entrega de certificados busca apoyar a las familias sin seguridad social. Sin embargo, especialistas consultados advierten que este tipo de jornadas no sustituye una atención médica de calidad.

 

Problemas graves como la obesidad infantil, la diabetes, la hipertensión o las deficiencias visuales requieren estudios más completos, equipo especializado y seguimiento médico. Ninguno de estos elementos se ofreció en las jornadas de La Paz.

 

De hecho, vecinos denunciaron que varios certificados ni siquiera incluían exploraciones básicas: “solo preguntaron si mi hijo se sentía bien y ya, con eso dieron el documento”, explicó otro padre de familia.

 

El verdadero rostro de la salud en La Paz

 

Mientras la alcaldesa difunde comunicados celebrando la entrega de certificados, el municipio enfrenta una crisis de salud pública:

 

Las escasas clínicas que existen en La Paz, carecen de personal, de medicamentos y de todos los in sumos para funcionar, de igual manera sucede en colonias como Acaquilpan, Floresta y San Isidro y los pacientes son canalizados a Nezahualcóyotl o a hospitales de la Ciudad de México.

 

Si algo ha caracterizado al municipio de Los Reyes La Paz, es la falta de atención especializada. Niños y adultos con padecimientos crónicos deben recorrer largas distancias para recibir consultas en hospitales regionales, con gastos adicionales que golpean directamente a las familias de bajos recursos.

 

Propaganda disfrazada de política social

 

El evento, que el ayuntamiento presumió como un “ahorro económico” para las familias, terminó siendo más un acto cosmético y propagandístico que una solución real.

 

Mientras el gobierno municipal presume cifras alegres, la realidad es que los certificados médicos gratuitos no resuelven los problemas estructurales: la falta de doctores, medicinas y atención de calidad.

 

“Esto es más para la foto que para la salud”, señaló una vecina de Lomas de San Sebastián, quien cuestionó que el municipio invierta más en publicidad y espectáculos que en mejorar los centros médicos de las colonias populares.

 

Martha Guerrero y la simulación gubernamental

 

La alcaldesa Martha Guerrero Sánchez ha insistido en que su administración “acerca los servicios a las comunidades”. No obstante, las acciones implementadas muestran más intención política que compromiso con la salud pública.

El contraste es evidente: mientras se organizan jornadas improvisadas para entregar certificados de dudosa utilidad, los habitantes siguen enfrentando largas filas en clínicas sin insumos, falta de atención médica adecuada y un sistema de salud municipal en ruinas.

 

Conclusión

 

La entrega de mil certificados médicos gratuitos en La Paz, lejos de representar un logro, es un espejismo propagandístico. Un acto pensado para maquillar con cifras y comunicados la incapacidad del gobierno local para atender las verdaderas necesidades de salud.

 

La ciudadanía no necesita certificados exprés, sino clínicas equipadas, médicos suficientes, medicamentos disponibles y atención digna. Mientras eso no ocurra, las jornadas anunciadas por Martha Guerrero y su equipo no serán más que una burla a las familias que realmente esperan soluciones.

CANJE DE ARMAS EN AMECAMECA: SIMULACIÓN, DESDÉN Y

 UNA BURLA  A LA CIUDADANÍA

 

*Juan Carlos Espinoza Castillo, apenas se presentó unos minutos para la fotografía oficial y abandonó el lugar rápidamente al notar la presencia de los medios de comunicación

Amecameca, Estado de México, 18 de agosto de 2025.– El programa Canje de Armas 2025, presentado como una herramienta fundamental en la estrategia de seguridad del Estado de México, volvió a exhibir en Amecameca su verdadero rostro: el de la simulación, la indiferencia y la desconfianza ciudadana.

 

El módulo instalado en el centro de la localidad, que supuestamente serviría para recibir armas de fuego a cambio de dinero en efectivo, permaneció vacío, frío y desangelado. No hubo filas, no hubo participación ciudadana y, sobre todo, no hubo autoridades que dieran la cara.

 

La presidenta municipal, Ivette Topete García, ni siquiera se presentó a la apertura. La misma edil que en otras ocasiones ha pronunciado discursos sobre la importancia de reducir riesgos en los hogares por la presencia de armas, esta vez decidió ausentarse. El mensaje fue claro: cuando no hay cámaras ni reflectores, la seguridad deja de ser prioridad.

 

El contraste no pudo ser más simbólico: mientras en la parte superior del módulo colgaba una lona de grandes dimensiones promocionando la Feria de la Nuez y las bandas que amenizaron las fiestas patronales, en la parte baja soldados y policías esperaban sin éxito a ciudadanos dispuestos a entregar sus armas. Para el gobierno municipal quedó claro qué pesa más: la fiesta, la feria y los conciertos, antes que la seguridad pública.

 

El comisario municipal, Juan Carlos Espinoza Castillo, tampoco se salvó del descrédito. Con pasado en la Policía Estatal, donde fungió como jefe de Servicios del Quinto Agrupamiento en Ozumba, apareció únicamente para tomarse la fotografía oficial. Pero al notar la presencia de medios de comunicación, abandonó apresuradamente el lugar. Su huida despertó más preguntas que respuestas: ¿qué teme Espinoza Castillo? ¿Por qué evitar a la prensa? ¿Qué guarda en su historial que lo hace incomodarse frente a las cámaras?

 

El programa en sí tampoco genera confianza. Aunque se asegura que es anónimo, voluntario y que se paga en efectivo por cada arma entregada de acuerdo con un tabulador oficial, la duda persiste entre los ciudadanos: ¿realmente son destruidas las armas en el momento? ¿O se reciclan para otros usos? La opacidad y la falta de transparencia han convertido este ejercicio en un ritual burocrático que año con año se repite, pero que nunca entrega resultados medibles ni creíbles.

 

Mientras tanto, la violencia sigue azotando a Amecameca y a toda la región de los volcanes. Robos, extorsiones, homicidios y la presencia del crimen organizado siguen siendo parte de la cotidianidad. Pero en lugar de enfrentar el problema con políticas serias, las autoridades se limitan a montar módulos vacíos y a repartir discursos que nadie escucha.

 

Lo más grave es la incongruencia del gobierno estatal. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez y su secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, insisten en presentar el Canje de Armas como un programa “exitoso”, como si la realidad de las calles no existiera. Mientras ellos se felicitan por organizar ferias de cartón y reciclar viejas fórmulas, las comunidades siguen padeciendo la violencia sin soluciones de fondo.

 

La ausencia de la presidenta municipal y la huida del comisario son un reflejo del vacío de autoridad que hoy vive Amecameca. Pero la responsabilidad no termina ahí. Es el propio gobierno estatal, encabezado por Delfina Gómez, el que sostiene y promueve un esquema fallido que solo sirve para maquillar cifras y para alimentar discursos huecos.

 

El Canje de Armas 2025 en Amecameca fue un fracaso. Pero más allá de este episodio puntual, lo que quedó exhibido es que la seguridad pública en el Estado de México no es prioridad real ni para los alcaldes, ni para los comisarios, ni para la propia gobernadora.

 

El mensaje enviado a la ciudadanía es devastador: la violencia no se combate con simulacros, con lonas publicitarias ni con ferias. Y mientras Delfina Gómez y Cristóbal Castañeda sigan apostando a programas de fachada, la inseguridad seguirá creciendo y los mexiquenses seguirán pagando las consecuencias de un gobierno que se conforma con aparentar lo que nunca logra cumplir.

EL CERCO SOBRE LOS BARTLETT: CUENTAS CONGELADAS, PRESIONES DE EU Y SILENCIO EN PALACIO NACIONAL

 

Ciudad de México, 16 de agosto de 2025.— En la columna publicada por el periodista Salvador García Soto, aseguro que el blindaje político que durante décadas protegió a Manuel Bartlett Díaz comienza a resquebrajarse. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo la batuta de su nuevo titular Omar Reyes Colmenares, ordenó el congelamiento de las cuentas de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus, hijo y pareja del ex director de la Comisión Federal de Electricidad. Una acción que, más allá de lo administrativo, se lee como la confirmación de que el gobierno mexicano abrió una investigación sobre el político poblano, señalado desde hace casi cuatro décadas por su presunta participación en el brutal asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

 

El caso vuelve a colocar a Bartlett en el centro del huracán. No solo por el congelamiento de cuentas de su círculo más cercano, sino porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo considera pieza clave para cerrar la “Operación Leyenda”, la investigación más extensa en la historia de la DEA sobre el secuestro, tortura y asesinato del agente norteamericano en Guadalajara en 1985. Washington lo acusa de haber protegido a Rafael Caro Quintero y de haber filtrado información que selló el destino de Camarena.

 

La coyuntura no es menor: Caro Quintero ya está en una prisión estadounidense, a la espera de juicio, gracias a que la presidenta Claudia Sheinbaum terminó por entregar a quien López Obrador se negó a extraditar durante años. Para la DEA, el último eslabón pendiente es Bartlett.

 

El incómodo visitante de Palacio Nacional

 

Apenas el mes pasado, Bartlett fue visto entrando a Palacio Nacional. La presidenta Sheinbaum, visiblemente molesta, trató de minimizar el hecho al asegurar que fue a ver a un funcionario de la Consejería Jurídica por un asunto “particular”. Pero distintas versiones apuntan a que se reunió con la consejera Ernestina Godoy, quien le habría informado oficialmente de la gravedad de su situación en Estados Unidos y de las pruebas presentadas en Brooklyn: grabaciones de las torturas a Camarena y a su piloto Alfredo Zavala, donde su nombre aparece involucrado.

 

La reacción presidencial contrastó con la gravedad de los señalamientos. Más que aclarar, la defensa irritada de Sheinbaum despertó sospechas: ¿por qué tanto celo en justificar la visita de un personaje tan marcado por la sombra del narco y el poder político?

 

La caída del blindaje

 

Durante el sexenio de López Obrador, Bartlett gozó de un manto protector pese a múltiples escándalos, desde sus negocios familiares con ventiladores en plena pandemia, hasta denuncias de conflicto de interés y enriquecimiento inexplicable. Incluso se habló de enviarlo como embajador a París para regalarle inmunidad diplomática. Pero el nombramiento nunca llegó. Hoy, el cerco de Washington lo coloca en una posición incómoda y revela que el blindaje presidencial se acabó.

 

Que la UIF congele cuentas de su familia es, en sí mismo, un golpe político: significa que ya no es intocable. Significa que el sistema mexicano, presionado por Estados Unidos, comienza a soltar lastre, incluso si se trata de un viejo operador del priismo reciclado en la “Cuarta Transformación”.

 

Un asunto de Estado

 

La exigencia de extradición de Bartlett será, tarde o temprano, una prueba de fuego para Sheinbaum. Con Caro Quintero ya tras las rejas en EU, Bartlett es la pieza que falta en el tablero. Si la presidenta cede, confirmará que Washington dicta parte de la agenda de justicia en México. Si lo protege, pagará el costo político de cargar con un personaje que, para la DEA, simboliza la corrupción y complicidad del Estado mexicano con el narcotráfico.

 

A 40 años del asesinato de Kiki Camarena, el fantasma de aquel crimen sigue marcando la relación bilateral. Hoy Bartlett, el mismo hombre que en los años ochentas controlaba Gobernación y que en el gobierno de AMLO reapareció como pieza central de la CFE, podría enfrentar su capítulo más oscuro.

 

El mensaje es claro: el tiempo de la impunidad eterna se acaba, incluso para quienes parecían indestructibles.

DE INSTRUCTOR DE ZUMBA A MAGNATE DE NEZA: LA RIQUEZA BRILLANTE DE ADOLFO CERQUEDA BAJO EL SILENCIO CÓMPLICE DEL EDOMEX

 

Por: Expediente Secreto.

 

NEZAHUALCÓYOTL, Edomex., 16 de agosto de 2025.– Mientras Nezahualcóyotl sufre carencias históricas, con colonias enteras sin agua potable, calles deshechas y una violencia que no cede, su alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, ha escalado a una velocidad acelerada de los quioscos donde daba clases de zumba, a los corporativos millonarios que hoy controla en el Estado de México y más allá de sus fronteras.

 

El caso, documentado por Quadratín EMX, exhibe la contradicción entre la “austeridad republicana” pregonada por la Cuarta Transformación y la realidad de una élite política que acumula riqueza a la sombra del poder. Cerqueda no tiene título profesional registrado en el Registro Nacional de Profesionistas, pero sí dos empresas con solvencia millonaria: LDA y Asociados S.C de R.L de C.V. y Multiproductos y Servicios ACR y Asociados S.A de C.V.

 

Ambos corporativos, creados con amigos y operadores políticos, controlan contratos públicos de transporte, distribución de mercancías y hasta traslados de gasolina y residuos tóxicos con Pemex. Todo ello en apenas unos años, en un municipio hundido en el rezago.

 

Negocios al amparo del poder

 

Cerqueda ha consolidado un parque vehicular que renta a gobiernos municipales afines y ha diversificado su emporio con capacidad de operar fuera del país. Sus aliados en estas sociedades mercantiles incluyen viejos políticos de Neza como Juan Hugo de la Rosa García y Roberto Tejeda Chávez, además de operadores de su confianza, así como amigos y colaboradores cercanos. Esta firma no solo distribuye bienes y servicios: también renta pipas de agua, camiones de carga y unidades de transporte a ayuntamientos gobernados por Morena, y ha ganado contratos con Pemex para mover gasolina y residuos tóxicos.

 

El crecimiento económico del alcalde no puede entenderse sin la red de complicidades que lo rodea. Y aquí la pregunta inevitable: ¿dónde están los órganos de fiscalización?, ¿dónde está el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, cuya inacción frente al evidente conflicto de interés y posible enriquecimiento ilícito raya en la complicidad?

 

Delfina Gómez: el silencio que protege

 

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha optado por mirar hacia otro lado. Ni su oficina ni las instancias estatales de control han dicho una sola palabra sobre el súbito enriquecimiento del edil de Nezahualcóyotl. Su silencio, en un municipio clave para el morenismo, envía un mensaje claro: mientras se mantenga la lealtad política, la corrupción puede florecer sin consecuencias.

 

Neza pobre, alcalde rico

 

Con 1 millón 77 mil habitantes, Neza sigue siendo un mosaico de marginación. Familias sin servicios básicos, colonias abandonadas a la delincuencia y jóvenes sin oportunidades. Mientras tanto, su alcalde presume un emporio empresarial que contradice los principios de “no mentir, no robar, no traicionar al pueblo” que Morena promete en cada campaña.

 

La historia de Adolfo Cerqueda es el retrato del nuevo morenismo mexiquense: funcionarios que usan el poder público como trampolín para enriquecerse, mientras el pueblo que los eligió permanece en la miseria. Y el silencio de Delfina Gómez y de José Luis Cervantes no solo los convierte en testigos pasivos, sino en cómplices activos de una corrupción que hoy huele, además de gasolina, a impunidad.

EDOMEX: LA FISCALÍA QUE ENCARCELA INOCENTES, ROBA, EXTORSIONA

 Y GOZA DE IMPUNIDAD POLÍTICA

 

*Nancy y Elisabeth Gómez: 1 año y 3 meses presas por delitos inventados

*Fiscalía roba, extorsiona y fabrica culpables… con aval político

 

Los Reyes La Paz, Estado de México, 14 de agosto de 2025.– El caso de Nancy Adriana Gómez y Elisabeth Gómez es una radiografía del cáncer de corrupción que carcome a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la impunidad que se respira desde el despacho de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

 

Las dos hermanas llevan más de un año y tres meses encarceladas injustamente por el homicidio de Emilio Elizalde Servín, un vendedor ilegal de predios ilegales y presunto extorsionador, con vínculos documentados con elementos de la propia Fiscalía mexiquense, a pesar de que pruebas periciales oficiales y de la defensa demuestran que nunca dispararon un arma y que jamás han tenido antecedentes penales.

 

La pesadilla comenzó el día del crimen, en abril de 2024 en Texcoco. Nancy Adriana estuvo en una fiesta con Elizalde Servín, pero se retiró antes del asesinato. Horas después, el hombre apareció frente a su domicilio; de pronto llegaron sujetos armados que lo ejecutaron a sangre fría. Ella, lejos de huir, fue quien llamó a la policía y esperó en el lugar.

 

Diez minutos después llegaron uniformados y, poco después, la Fiscalía de Homicidios zona oriente, encabezada por Guillermo Varela Espinoza. En lugar de tomar su declaración como testigo, la sacaron del lugar con el pretexto de “ampliar su testimonio” y la desaparecieron seis días completos, sin registro, sin abogados y sin notificar a su familia. Durante ese tiempo fue acusada primero de cohecho y luego, sin sustento alguno, de homicidio.

 

La historia se tiñó aún más de podredumbre: policías de investigación catearon su casa sin orden judicial, robaron todo lo que encontraron, incluyendo un Mazda 2016 y un Civic blanco. El Mazda fue localizado un mes después, conducido por una mujer en una escuela de Texcoco; el vehículo estaba en manos de quienes deberían investigar, pero la Fiscalía solo lo “resguardó” tras la presión pública de la familia. Del Civic, nada se sabe.

 

Las extorsiones fueron descaradas: el abogado defensor informó que la Fiscalía pedía 50 mil pesos para liberar a Nancy; al negarse, los policías le advirtieron a la madre que ahora serían 200 mil pesos “o la vamos a chingar”. Ante las amenazas, el abogado tuvo que renunciar.

 

El patrón de abuso se repitió con Elisabeth, a quien citaron para “declarar” y terminaron deteniendo con la misma táctica: primero por cohecho y luego por homicidio.

 

En juicio, la Fiscalía exhibió su desprecio por la ley: agentes en contradicción, ausencia reiterada del Ministerio Público a las audiencias, manipulación de testimonios y desaparición de la principal testigo acusadora, Ana Karen Elizalde, hermana del occiso, cuya única declaración era que “Nancy dio la orden” de matar a Emilio. Esa versión se derrumbó cuando el primer respondiente confirmó que Nancy fue quien pidió la presencia de la policía y que estaba tranquila en el lugar.

 

Ante la caída de las pruebas, un juez de control ordenó la libertad de ambas. Pero Guillermo Varela Espinoza, en lugar de acatar la justicia, fabricó una nueva acusación: otro homicidio ocurrido dos años antes en San Vicente Chicoloapan, repitiendo el mismo método ilegal. Así, las hermanas continúan presas, víctimas de una maquinaria estatal diseñada para encarcelar inocentes.

 

Este no es un caso aislado. La Fiscalía de Homicidios de la zona oriente acumula denuncias por fabricación de carpetas, extorsión, robos y amenazas, con decenas de familias afectadas. Y sin embargo, José Luis Cervantes Martínez, fiscal general del Estado de México, no solo guarda silencio: lo protege.

 

Ese silencio es avalado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que presume un discurso de justicia social pero tolera que en su estado existan fiscalías que operan como bandas criminales con credencial oficial. Cada día que las hermanas Gómez siguen encarceladas, es un día más de complicidad directa entre el Ejecutivo estatal y la Fiscalía.

 

El mensaje es claro: en el Edomex, la ley es un arma para perseguir inocentes y blindar a los verdaderos responsables, incluso si son funcionarios. Mientras Guillermo Varela siga en su cargo, mientras Cervantes Martínez continúe al frente de la Fiscalía y mientras Delfina Gómez permanezca muda, el Estado de México seguirá siendo un territorio donde la justicia se negocia, se vende y se roba.

 

La pregunta que hoy resuena es tan sencilla como brutal: ¿Cuántos casos como el de Nancy y Elisabeth Gómez se necesitan para que caigan estos funcionarios corruptos? Y aún más incómoda para la mandataria: ¿Cuánto más piensa callar, gobernadora?

ASESINAN A PADRE DE JOVEN DESAPARECIDO EN IXTAPALUCA: UN CRIMEN ANUNCIADO QUE EL GOBIERNO DEJÓ OCURRIR

 

Ixtapaluca, Estado de México.- Lo mataron como se mata a quien incomoda al poder. El padre de Johan Alain, joven de 19 años desaparecido en 2024, fue asesinado a balazos la tarde del pasado lunes 11 de agosto afuera de su domicilio en la Unidad Habitacional San Buenaventura. Su muerte no solo es una tragedia familiar: es la consecuencia directa de un Estado ausente, de autoridades omisas y de una red de intereses políticos y criminales que castiga a quienes se atreven a exigir justicia.

 

El hombre, cuyo nombre resguardamos por seguridad de la familia, se encontraba reparando un vehículo en la cochera de su casa, oficio al que se dedicaba desde hace años, cuando sujetos armados se acercaron y le dispararon a quemarropa. Murió ahí mismo, sin que los cuerpos de emergencia pudieran hacer nada. Los atacantes escaparon sin dificultad, como si la zona no contara con vigilancia, cámaras o patrullajes.

 

La víctima no era un ciudadano cualquiera para las autoridades: llevaba un año denunciando, protestando y presionando para que se investigara la desaparición de su hijo, ocurrida el 3 de septiembre de 2024 en la misma unidad habitacional. Sus movilizaciones que incluyeron bloqueos en la autopista México–Puebla y campañas en redes sociales— exhibieron en repetidas ocasiones la inseguridad que asfixia a Ixtapaluca y la indolencia oficial.

 

Fruto de su insistencia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a cuatro personas: tres conocidos de Johan, presuntamente implicados en su desaparición, y un sujeto que usaba su teléfono celular. Los cuatro están recluidos en el penal de Huitzilzingo, en Chalco. Sin embargo, la familia seguía exigiendo justicia, denunciando públicamente que la Fiscalía de Homicidios en la zona oriente no investiga con rigor, sino que fabrica culpables para proteger a verdaderos criminales que, según testimonios, “llenan los bolsillos de dinero” del Fiscal Regional de Homicidios Guillermo Varela Espinoza.

 

No era un secreto que la familia recibía amenazas. En al menos dos ocasiones, padre y madre advirtieron públicamente que estaban siendo intimidados para que abandonaran la búsqueda. Ninguna autoridad movió un dedo. Ni la Fiscalía, ni el gobierno municipal de Felipe Rafael Arvizu de la Luz, alcalde morenista, ni su jefe de la policía local, Juan Antonio Soberanes, tanto el alcalde, como el jefe policiaco, sabían de las advertencias, pero no ofrecieron protección alguna.

 

La incomodidad del alcalde era evidente: las protestas de la familia se convirtieron en un recordatorio vivo de la violencia desbordada y de su incapacidad para garantizar seguridad. Hoy, mientras Johan sigue desaparecido, su padre ha sido silenciado de la forma más brutal.

 

Este asesinato es un crimen anunciado. Un reflejo de la impunidad que permite que las amenazas contra víctimas y activistas se cumplan sin consecuencias. Un recordatorio de que en el Estado de México la justicia no solo es lenta e ineficaz, sino selectiva y corrupta.

 

Mientras la Fiscalía se jacta de detenciones que la propia familia considera dudosas, los verdaderos responsables —de la desaparición y del asesinato— siguen libres. Y las autoridades locales, estatales y federales permanecen en silencio, como si no fuera su deber proteger a quienes buscan a sus desaparecidos.

 

En Ixtapaluca, la justicia no llega: se entierra.

DIRECTOR DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL EDOMEX BAJO

 LA LUPA POR POSIBLE CORRUPCIÓN

*Millones desviados, nepotismo descarado… y Delfina Gómez en silencio

 

Toluca, Estado de México, agosto de 2025.— El director de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM), Mario Ariel Juárez Rodríguez, está en el centro de un escándalo que mezcla nepotismo, corrupción y presunto enriquecimiento ilícito, según reveló El Financiero en julio pasado.

 

Una investigación del Órgano Interno de Control detectó que hasta 1,000 millones de pesos destinados a bacheo y mantenimiento habrían sido entregados a empresas sin infraestructura real, bajo adjudicaciones directas o licitaciones restringidas. Varias de ellas comparten representantes legales o domicilios fiscales, lo que apunta a una simulación para desviar recursos.

 

El funcionario también es acusado de colocar a familiares en puestos clave: su pareja, María Teresa Ruiz Pérez, como Subdirectora de Administración, y su cuñado, Walter Ruiz Pérez, como responsable jurídico. Ambos controlan áreas críticas como pagos, recursos humanos y contratos.

 

A ello se suma su presunto lujo no declarado: camionetas GMC y Ford Lobo Raptor valuadas en más de 2 millones de pesos, y la adquisición reciente de un Porsche. Ninguno de estos bienes aparece en su declaración patrimonial, protegida bajo un candado de opacidad en la Plataforma Nacional de Transparencia.

 

Pero lo más grave no es solo lo que ocurre dentro de la Junta de Caminos. Lo verdaderamente alarmante es que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez guarda un silencio absoluto. No hay postura oficial, no hay apertura de investigaciones públicas, no hay sanciones. El mutismo del gobierno estatal se convierte así en un mensaje claro: la corrupción se tolera mientras sea de los cercanos.

 

En un Estado de México donde las carreteras siguen llenas de baches y los caminos se deterioran día con día, este silencio no solo es cómplice: es un aval político para que la impunidad siga pavimentando las rutas de siempre.

SE ARMA BALACERA PARA CAPTURAR A “EL CRACK” EN EDOMEX

*Detienen a presunto líder criminal tras intenso operativo; un policía resultó herido y se aseguraron armas, droga y equipo táctico

 

Los Reyes La Paz, Estado de México, 10 de agosto de 2025.— La tranquilidad se rompió la tarde del pasado viernes 8 de agosto, cuando un fuerte dispositivo de seguridad irrumpió en la calle Popocatépetl, en el municipio de en Chiconcuac, para detener a José Luis “N”, alias “El Crack”, un presunto líder criminal con amplio historial delictivo en la zona oriente del Estado de México.

 

El sujeto, considerado cabecilla de una célula dedicada a la extorsión y al homicidio, era buscado por autoridades estatales y federales desde hace meses. De acuerdo con reportes oficiales, cuenta con al menos dos órdenes de aprehensión vigentes por delitos cometidos en los municipios de Los Reyes La Paz y Nezahualcóyotl.

 

La operación para su captura, fue coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional, tenía como objetivo ejecutar una orden de cateo en un inmueble que había sido identificado como su refugio.

 

Según testigos, los agentes apenas se acercaban a la vivienda cuando fueron recibidos con disparos de arma de fuego. “Vinieron por un narco”, relató un vecino que grabó en su teléfono el estruendo de la balacera que retumbó en la zona.

 

Los policías repelieron la agresión, lo que desató un intercambio de disparos que duró varios minutos. En medio del enfrentamiento, un elemento de la Policía Estatal fue alcanzado por una bala y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital cercano. Afortunadamente, las autoridades reportaron que no sufrió heridas de gravedad.

 

Finalmente, “El Crack” fue sometido y detenido. Su traslado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en Toluca, se realizó bajo un estricto operativo, ante el riesgo de que integrantes de su grupo intentaran liberarlo.

 

José Luis “N” se había convertido en un personaje temido y, paradójicamente, popular en el ámbito criminal de la región. Su fama llegó al punto de inspirar un corrido interpretado por Fercho Sierra junto al grupo Los de los Reyes, titulado “El Crack”, que circula en YouTube y en redes sociales.

 

Las investigaciones apuntan a que lideraba una estructura delictiva especializada en el cobro de piso, extorsión a comerciantes y homicidios por encargo, operando principalmente en el oriente del Estado de México, aunque con vínculos en otros municipios del Valle de México.

 

En el cateo al domicilio, las autoridades localizaron armas largas, equipo táctico y diversas dosis de droga, lo que refuerza las líneas de investigación que lo vinculan con el crimen organizado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la detención a través de su cuenta de X (antes Twitter), destacando la colaboración de las distintas corporaciones y reiterando que no habrá tregua contra grupos que amenazan la paz pública.

 

La captura de “El Crack” representa un golpe importante contra el crimen organizado en la zona, pero también evidencia la magnitud de la violencia que vive el Estado de México. Es importante destacar que, aunque “El Crack” fue detenido. Los Reyes La Paz continúa siendo escenario de enfrentamientos, asesinatos y operativos armados que, aunque dirigidos contra delincuentes, mantienen en vilo a la población civil.

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ESCUELAS DEL CRIMEN: LAS CÁRCELES DEL EDOMEX SIGUEN BAJO CONTROL DEL NARCO, PESE A LA “LIMPIA” DE DIRECTORES

 

*Pese a la destitución de directores penitenciarios por nexos con el narco, las cárceles del Edomex siguen siendo centros de corrupción, extorsión y poder criminal, protegidos por el silencio institucional.

 

Por: Redacción.

 

Toluca. Estado de México, 7 de agosto de 2025.- En una declaración que más parece un intento de lavarse la cara que de rendir cuentas reales, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, reconoció que más del 50% de los directores penitenciarios de la entidad fueron destituidos por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo Nuevo Imperio.

 

“La reinserción no puede construirse desde estructuras corruptas”, afirmó con solemnidad. Pero más allá del discurso, la realidad carcelaria en Edomex sigue siendo un caldo de cultivo para el crimen organizado y un negocio millonario para funcionarios corruptos.

 

Porque aunque Castañeda presume una nueva “estructura operativa”, la verdad es que las cárceles siguen funcionando como auténticas sucursales del narco, donde la extorsión, el tráfico de droga, la venta de comida y la violencia son moneda corriente. Y lo peor: todo ocurre con la complicidad de quienes deberían garantizar orden, seguridad y el respeto a los derechos humanos.

 

Las prisiones mexiquenses operan a casi el 200% de su capacidad, en condiciones de hacinamiento brutales. A diario, los familiares de los internos son extorsionados con cuotas para poder visitarlos o ingresar alimentos. Se venden privilegios, se alquilan celdas, se negocia hasta el silencio. Y todo esto ocurre bajo la mirada y con la participación de los directivos penitenciarios. ¿No se enteran? ¿No se dan cuenta? ¿O simplemente no les conviene hacer nada?

 

Una estructura podrida que llega hasta arriba

 

Fuentes cercanas al sistema penitenciario aseguran que los criminales pagan cantidades millonarias para mantener el control dentro de las cárceles, dinero que fluye hacia los directores… y más arriba. Porque nadie entrega millones sin protección. ¿Hasta dónde llegan esos sobornos? ¿Hasta el despacho del secretario de Seguridad? ¿Hasta la oficina de la gobernadora Delfina Gómez? La pregunta no es escandalosa: es lógica.

 

Cristóbal Castañeda colocó a gente de su confianza tras la supuesta limpia, pero los resultados siguen siendo desastrosos. Los delitos, como el cobro de extorsiones continúan operando desde las cárceles hacia el exterior, los grupos criminales se fortalecen desde adentro y la reinserción social es un mito cruel en un sistema donde solo prospera la ley del más corrupto.

 

Y mientras tanto, la gobernadora morenista Delfina Gómez guarda silencio. No hay una estrategia seria de transformación penitenciaria, no hay seguimiento a las denuncias de corrupción, no hay sanciones ejemplares. Solo boletines y declaraciones vacías.

 

¿Quién renunciaría a ese negocio?

 

Controlar el crimen organizado en el Estado de México es imposible sin controlar las cárceles. Porque el narco no solo opera fuera, también gobierna dentro. Y no lo hace solo: lo hace de la mano de funcionarios, custodios, directores y autoridades que han convertido las penitenciarías en verdaderas escuelas del crimen y cajas chicas del poder.

 

Por eso la pregunta es inevitable: ¿Si es cierto que Cristóbal Castañeda y Delfina Gómez obtienen ganancias millonarias por concepto de la corrupción al interior de las cárceles, estarían dispuestos a renunciar a los millones que deja ese control? La respuesta es clara, claro que no.

 

Porque el negocio del crimen no solo está en la calle. También está en los barrotes. Y tiene socios en el gobierno, quienes “alegremente y sin ninguna repercusión reciben cantidades millonarias de dinero” que aparentemente nadie se da cuenta.

¿SE HUNDIRÁ SHEINBAUM CON LA 4T?

 

Por: Solange Márquez

 

En un lodazal de corrupción, abuso de poder y ostentación, la 4T se hunde lentamente bajo el peso de sus propias contradicciones. Lo que vendieron como un proyecto de austeridad y humildad terminó por develarse como un circo cuyos integrantes hacen gala de una ostentación que haría sonrojar hasta a Enrique Peña Nieto.

 

Legisladores, gobernadores, y funcionarios de Morena y del régimen se pasean por el mundo en vuelos en primera clase, acumulan propiedades inexplicables para sus ingresos, o son acusados de nexos con grupos del crimen organizado. Su conducta exhibe un flagrante desprecio por los supuestos valores que los llevaron al poder.

 

El caso de Sergio Gutiérrez y su esposa #DatoProtegido, con su vida de privilegios, relojes costosos y ropa de marca, o el reciente viaje a Japón de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, hijo del expresidente, son apenas síntomas de una enfermedad terminal que carcome las entrañas de Morena: la absoluta inexistencia de una brújula moral.

 

La carta de López Beltrán, lejos de justificar su viaje a Tokio, generó más encono. Un texto en el que él termina siendo la víctima y balbucea sobre austeridad y una supuesta medianía que no encaja con pagar entre 150 mil y 200 mil pesos solamente en hospedaje, en un hotel que costaba “solo” 7,500 pesos por noche.

 

Y en medio de este lodazal, Claudia Sheinbaum parece atrapada entre la lealtad a su antecesor y la urgencia de afirmar su propia autoridad ante la diáfana evidencia de que el país se le está cayendo a pedazos. Su respuesta a la carta de López Beltrán, un tímido “prefiero no opinar” seguido de un evasivo “tengo un claro posicionamiento”, huele a indecisión y a un intento lastimoso de deslinde. Pero la ambigüedad es un lujo que ya no puede permitirse.

 

Si Sheinbaum quiere sobrevivir políticamente, tendrá que dar un manotazo en la mesa. Emular el arresto de Raúl Salinas de Gortari en 1995, un golpe audaz de Ernesto Zedillo contra la constante injerencia de su antecesor, podría marcar la diferencia. Zedillo entendió que debía romper con el pasado para legitimarse; lo mismo hicieron, en su momento, presidentes como López Portillo, quien envió a Echeverría como embajador ante la UNESCO, o De la Madrid, que se distanció de las políticas populistas de su antecesor y marginó a sus operadores dentro del gabinete.

 

Lo que hoy ocurre con la filtración de los viajes de López Beltrán, las acusaciones contra Adán Augusto o los lujos de legisladores y funcionarios, podría no ser obra de la prensa ni de la oposición, sino fuego amigo desde Palacio Nacional. Un intento de debilitar al obradorismo duro para que Sheinbaum pueda ejercer el poder sin tutelas.

 

Los escándalos recientes no son anécdotas aisladas, sino grietas que revelan la podredumbre de un proyecto que prometió demasiado y ha cumplido poco o nada. Legisladores gastando millones en lujos, un penthouse adquirido por un funcionario con sueldo supuestamente austero, y el hijo del expresidente derrochando en Japón mientras desde Palacio se predica la austeridad. Estos excesos no solo traicionan a quienes votaron por la 4T, sino que exponen la hipocresía de un movimiento que se jacta de ser distinto y ha resultado peor. Sheinbaum, al guardar silencio, se arriesga a confirmarse cómplice de esta farsa.

 

Hay quienes argumentarán que Sheinbaum no está detrás de los escándalos, sino que lidia con una crisis heredada: una 4T corroída por la corrupción y la indisciplina. La cautela presidencial sería un intento de evitar un choque frontal con López Obrador y los suyos; pero en política, la indecisión es una forma de claudicación, y su silencio será leído como connivencia. Mantenerse al margen ya no es opción.

 

El arresto de Raúl Salinas no es solo una referencia histórica, sino una lección: Zedillo usó esa acción para enviar un mensaje claro: no toleraría la injerencia ni los excesos del pasado. Sheinbaum enfrenta un dilema que ya advertí en un artículo previo: “sabe que sin el apoyo de AMLO no habría ganado la elección, pero también que, si no se sacude esa sombra, no podrá gobernar”. Esa es la tensión que define su presidencia: o asume plenamente el poder y rompe con quienes la arrastran al descrédito, o quedará reducida a una figura incapaz de liberarse de la tutela de su creador. La historia no perdona a los títeres.