EXPLOTA EL CASO SOSA RUIZ: INVESTIGACIÓN EN EE. UU. POR HUACHICOL FISCAL Y FINANCIAMIENTO ILEGAL DE CAMPAÑAS EN TEXAS
Por: EXPEDIENTE SECRETO
Ciudad de México, 6 de noviembre de 2025.- La bomba la soltó
el periodista especializado en temas de seguridad, Óscar Balderas, y su onda
expansiva amenaza con alcanzar a las más altas esferas del poder. Según
documentos a los que tuvo acceso, existe una investigación radicada en Estados
Unidos contra la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, representante de Morena por
Tamaulipas, por contrabando ilegal de combustible, huachicol fiscal y por
presuntamente financiar campañas políticas estadounidenses con dinero sucio.
El caso es de dimensiones mayúsculas. El dinero proveniente
del contrabando de combustible en Tamaulipas, operado por la red del llamado “Rey
del Huachicol”, Sergio Carmona, habría sido canalizado para fortalecer campañas
de políticos texanos, con la promesa de recibir protección y contratos públicos
a cambio.
De confirmarse las acusaciones, Washington podría clasificar a
los implicados como terroristas, una etiqueta que en términos judiciales coloca
a Sosa Ruiz y su red en la misma categoría que Genaro García Luna o Joaquín “El
Chapo” Guzmán.
Aún más grave: la semana pasada habría llegado a Palacio
Nacional una alerta diplomática procedente del Departamento de Estado, encabezado
por Marco Rubio, notificando la inclusión de Sosa Ruiz en una lista de
funcionarios mexicanos bajo investigación judicial en Estados Unidos. Un
recordatorio incómodo para un gobierno que presume “cero tolerancia a la
corrupción”.
No es la primera vez que el nombre de la senadora aparece en
escándalos financieros. Hace unas semanas trascendieron operaciones por más de
60 millones de pesos realizadas por su madre y su tía mediante Vector Casa de
Bolsa, encabezada por Alfonso Romo, exjefe de gabinete de López Obrador y hoy
también en la mira de Washington. Sosa, sin embargo, ha querido justificar esas
transacciones bajo el argumento de que se trató de “una herencia familiar”.
El contexto internacional no podría ser más delicado. NBC News
reveló recientemente, con fuentes de alto nivel en la CIA y el Joint Special
Operations Command, que el Pentágono estaría preparando un plan de incursión terrestre
contra los cárteles mexicanos, una acción que podría ejecutarse sin
consentimiento del gobierno de Claudia Sheinbaum. La advertencia es clara: si
Estados Unidos decide intervenir, no pedirá permiso.
Y mientras tanto, personajes como los gobernadores Rubén Rocha
Moya, Alfredo Ramírez Bedolla, Américo Villarreal, o la propia Olga Patricia
Sosa Ruiz, socavan el discurso oficial del combate al narco y la cooperación
bilateral.
Porque una cosa es el relato de la 4T, y otra muy distinta la
percepción en Washington: que existe una red de políticos protegidos por el
poder, que han hecho del crimen y la corrupción un negocio institucionalizado.
El problema no son los periodistas que revelan la podredumbre
del sistema. El problema y la vergüenza son los funcionarios que la encarnan.
¿Hasta cuándo seguirán culpando al mensajero, en lugar de
asumir las consecuencias de sus actos?
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