EDOMEX: LA FISCALÍA QUE ENCARCELA INOCENTES, ROBA, EXTORSIONA
Y GOZA DE IMPUNIDAD POLÍTICA
*Fiscalía roba, extorsiona y fabrica culpables… con aval
político
Los Reyes La Paz, Estado de México, 14 de agosto de 2025.– El
caso de Nancy Adriana Gómez y Elisabeth Gómez es una radiografía del cáncer de
corrupción que carcome a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y
de la impunidad que se respira desde el despacho de la gobernadora Delfina
Gómez Álvarez.
Las dos hermanas llevan más de un año y tres meses
encarceladas injustamente por el homicidio de Emilio Elizalde Servín, un
vendedor ilegal de predios ilegales y presunto extorsionador, con vínculos
documentados con elementos de la propia Fiscalía mexiquense, a pesar de que
pruebas periciales oficiales y de la defensa demuestran que nunca dispararon un
arma y que jamás han tenido antecedentes penales.
La pesadilla comenzó el día del crimen, en abril de 2024 en
Texcoco. Nancy Adriana estuvo en una fiesta con Elizalde Servín, pero se retiró
antes del asesinato. Horas después, el hombre apareció frente a su domicilio;
de pronto llegaron sujetos armados que lo ejecutaron a sangre fría. Ella, lejos
de huir, fue quien llamó a la policía y esperó en el lugar.
Diez minutos después llegaron uniformados y, poco después, la Fiscalía
de Homicidios zona oriente, encabezada por Guillermo Varela Espinoza. En lugar
de tomar su declaración como testigo, la sacaron del lugar con el pretexto de
“ampliar su testimonio” y la desaparecieron seis días completos, sin registro,
sin abogados y sin notificar a su familia. Durante ese tiempo fue acusada
primero de cohecho y luego, sin sustento alguno, de homicidio.
La historia se tiñó aún más de podredumbre: policías de
investigación catearon su casa sin orden judicial, robaron todo lo que
encontraron, incluyendo un Mazda 2016 y un Civic blanco. El Mazda fue
localizado un mes después, conducido por una mujer en una escuela de Texcoco;
el vehículo estaba en manos de quienes deberían investigar, pero la Fiscalía
solo lo “resguardó” tras la presión pública de la familia. Del Civic, nada se
sabe.
Las extorsiones fueron descaradas: el abogado defensor informó
que la Fiscalía pedía 50 mil pesos para liberar a Nancy; al negarse, los
policías le advirtieron a la madre que ahora serían 200 mil pesos “o la vamos a
chingar”. Ante las amenazas, el abogado tuvo que renunciar.
El patrón de abuso se repitió con Elisabeth, a quien citaron
para “declarar” y terminaron deteniendo con la misma táctica: primero por
cohecho y luego por homicidio.
En juicio, la Fiscalía exhibió su desprecio por la ley:
agentes en contradicción, ausencia reiterada del Ministerio Público a las
audiencias, manipulación de testimonios y desaparición de la principal testigo
acusadora, Ana Karen Elizalde, hermana del occiso, cuya única declaración era
que “Nancy dio la orden” de matar a Emilio. Esa versión se derrumbó cuando el
primer respondiente confirmó que Nancy fue quien pidió la presencia de la
policía y que estaba tranquila en el lugar.
Ante la caída de las pruebas, un juez de control ordenó la
libertad de ambas. Pero Guillermo Varela Espinoza, en lugar de acatar la
justicia, fabricó una nueva acusación: otro homicidio ocurrido dos años antes
en San Vicente Chicoloapan, repitiendo el mismo método ilegal. Así, las
hermanas continúan presas, víctimas de una maquinaria estatal diseñada para
encarcelar inocentes.
Este no es un caso aislado. La Fiscalía de Homicidios de la
zona oriente acumula denuncias por fabricación de carpetas, extorsión, robos y
amenazas, con decenas de familias afectadas. Y sin embargo, José Luis Cervantes
Martínez, fiscal general del Estado de México, no solo guarda silencio: lo
protege.
Ese silencio es avalado por la gobernadora Delfina Gómez
Álvarez, que presume un discurso de justicia social pero tolera que en su
estado existan fiscalías que operan como bandas criminales con credencial
oficial. Cada día que las hermanas Gómez siguen encarceladas, es un día más de
complicidad directa entre el Ejecutivo estatal y la Fiscalía.
El mensaje es claro: en el Edomex, la ley es un arma para
perseguir inocentes y blindar a los verdaderos responsables, incluso si son
funcionarios. Mientras Guillermo Varela siga en su cargo, mientras Cervantes
Martínez continúe al frente de la Fiscalía y mientras Delfina Gómez permanezca
muda, el Estado de México seguirá siendo un territorio donde la justicia se
negocia, se vende y se roba.
La pregunta que hoy resuena es tan sencilla como brutal: ¿Cuántos
casos como el de Nancy y Elisabeth Gómez se necesitan para que caigan estos
funcionarios corruptos? Y aún más incómoda para la mandataria: ¿Cuánto más
piensa callar, gobernadora?
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