ASESINAN A PADRE DE JOVEN DESAPARECIDO EN IXTAPALUCA: UN CRIMEN ANUNCIADO QUE EL GOBIERNO DEJÓ OCURRIR
Ixtapaluca, Estado de México.- Lo mataron como se mata a quien
incomoda al poder. El padre de Johan Alain, joven de 19 años desaparecido en
2024, fue asesinado a balazos la tarde del pasado lunes 11 de agosto afuera de
su domicilio en la Unidad Habitacional San Buenaventura. Su muerte no solo es
una tragedia familiar: es la consecuencia directa de un Estado ausente, de
autoridades omisas y de una red de intereses políticos y criminales que castiga
a quienes se atreven a exigir justicia.
El hombre, cuyo nombre resguardamos por seguridad de la
familia, se encontraba reparando un vehículo en la cochera de su casa, oficio
al que se dedicaba desde hace años, cuando sujetos armados se acercaron y le
dispararon a quemarropa. Murió ahí mismo, sin que los cuerpos de emergencia
pudieran hacer nada. Los atacantes escaparon sin dificultad, como si la zona no
contara con vigilancia, cámaras o patrullajes.
La víctima no era un ciudadano cualquiera para las
autoridades: llevaba un año denunciando, protestando y presionando para que se
investigara la desaparición de su hijo, ocurrida el 3 de septiembre de 2024 en
la misma unidad habitacional. Sus movilizaciones que incluyeron bloqueos en la
autopista México–Puebla y campañas en redes sociales— exhibieron en repetidas
ocasiones la inseguridad que asfixia a Ixtapaluca y la indolencia oficial.
Fruto de su insistencia, la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México detuvo a cuatro personas: tres conocidos de Johan,
presuntamente implicados en su desaparición, y un sujeto que usaba su teléfono
celular. Los cuatro están recluidos en el penal de Huitzilzingo, en Chalco. Sin
embargo, la familia seguía exigiendo justicia, denunciando públicamente que la
Fiscalía de Homicidios en la zona oriente no investiga con rigor, sino que
fabrica culpables para proteger a verdaderos criminales que, según testimonios,
“llenan los bolsillos de dinero” del Fiscal Regional de Homicidios Guillermo
Varela Espinoza.
No era un secreto que la familia recibía amenazas. En al menos
dos ocasiones, padre y madre advirtieron públicamente que estaban siendo
intimidados para que abandonaran la búsqueda. Ninguna autoridad movió un dedo.
Ni la Fiscalía, ni el gobierno municipal de Felipe Rafael Arvizu de la Luz, alcalde
morenista, ni su jefe de la policía local, Juan Antonio Soberanes, tanto el
alcalde, como el jefe policiaco, sabían de las advertencias, pero no ofrecieron
protección alguna.
La incomodidad del alcalde era evidente: las protestas de la
familia se convirtieron en un recordatorio vivo de la violencia desbordada y de
su incapacidad para garantizar seguridad. Hoy, mientras Johan sigue
desaparecido, su padre ha sido silenciado de la forma más brutal.
Este asesinato es un crimen anunciado. Un reflejo de la
impunidad que permite que las amenazas contra víctimas y activistas se cumplan
sin consecuencias. Un recordatorio de que en el Estado de México la justicia no
solo es lenta e ineficaz, sino selectiva y corrupta.
Mientras la Fiscalía se jacta de detenciones que la propia
familia considera dudosas, los verdaderos responsables —de la desaparición y
del asesinato— siguen libres. Y las autoridades locales, estatales y federales
permanecen en silencio, como si no fuera su deber proteger a quienes buscan a
sus desaparecidos.
En Ixtapaluca, la justicia no llega: se entierra.
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