EL “PLAN MICHOACÁN”: CIFRAS MILLONARIAS, DISCURSOS
RECICLADOS Y UNA PAZ QUE NO LLEGA
Ciudad de México, 9 de noviembre de 2025.– A una semana del
asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, la presidenta Claudia
Sheinbaum Pardo decidió responder con lo que este gobierno mejor sabe hacer: presentar
un plan, con cifras espectaculares y promesas que suenan vacías.
Desde Palacio Nacional, rodeada de funcionarios y cámaras,
Sheinbaum anunció el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia
que, según dijo, movilizará más de 57 mil millones de pesos en inversión
pública y mixta para “recuperar la paz” en el estado. Lo mismo se dijo hace
seis años con el Plan Integral para la Pacificación del País, y antes con el Plan
de Apoyo a Guerrero, y más atrás con el Programa Nacional de Seguridad. La
historia se repite, el resultado también.
El anuncio llegó en medio de la indignación por el crimen de
Manzo, pero también como una maniobra política para lavar la imagen de un
gobierno que ha perdido el control en Michoacán. Los ejes, los montos y los
discursos parecen calcados de administraciones pasadas: reforzar la Guardia
Nacional, construir infraestructura, atender las causas. La receta es la misma,
aunque los muertos se acumulen.
Doce ejes, cien acciones, miles de millones… y cero
autocríticas. El plan promete de todo: patrullas, escuelas, becas, carreteras,
créditos para mujeres, fibra óptica y campañas turísticas. Una lista digna de
un catálogo electoral más que de una política de seguridad. En los hechos, ni
Sheinbaum ni su secretario de Seguridad han explicado cómo evitarán que las
obras públicas, los contratos y los apoyos sociales terminen en manos del
crimen organizado, que en Michoacán controla desde las obras hasta el voto.
El gobernador morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, con el
cinismo de siempre, agradeció “el respaldo del Gobierno de México” y ofreció
2,700 millones más. Pero no dijo nada sobre sus vínculos familiares con el
narcotráfico, documentados en cortes estadounidenses. No mencionó tampoco que
su propio estado ha sido incapaz de garantizar seguridad ni siquiera a sus
alcaldes.
En los municipios, los ediles gobiernan entre amenazas y los
ciudadanos sobreviven entre balas. Hablar de paz desde Palacio Nacional
mientras Uruapan, Zamora o Aguililla son territorios sitiados es, como mínimo,
una ofensa.
El llamado Plan de Operaciones “Paricutín”, que involucra
Ejército, Marina y Guardia Nacional, suena contundente, pero ya se ha intentado
antes. En 2019, con el despliegue federal de 6,000 elementos, se prometió
“recuperar la tranquilidad” en Tierra Caliente. Hoy, los cárteles son más, las
armas mejores y las fosas más profundas.
Sheinbaum habló de diálogo con comunidades indígenas,
empresarios, jóvenes y mujeres. Pero ese diálogo nunca llega a los que más lo
necesitan: los alcaldes que viven con escolta, los campesinos que pagan derecho
de piso o las familias que entierran a sus muertos sin justicia.
La presidenta aseguró que dará seguimiento personal cada 15
días al plan y que los avances se informarán en “La mañanera del pueblo”. Un
guiño al control mediático que ya se volvió política pública: si se anuncia,
existe; si se repite, funciona.
El país lleva dos décadas escuchando planes de paz. Y
Michoacán ha sido laboratorio de todos. El resultado: más programas, menos
seguridad; más dinero, menos Estado.
Mientras los funcionarios presentan ejes y montos, la gente
sigue huyendo de sus pueblos, los empresarios cierran cortinas y los criminales
cobran impuestos. Esa es la verdadera rendición de cuentas.
La paz no se decreta, se construye. Y en Michoacán, por ahora,
solo se finge.
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