LA REALIDAD DE LA NOTICIA

VALLE DE CHALCO: LA VIOLENCIA CRECE Y ALAN VELASCO GUARDA SILENCIO   *Mientras el alcalde presume “proximidad social”, las balas y la dr...

lunes, 25 de agosto de 2025

FERNANDITO, UN CASO QUE INDIGNA; MARTHA GUERRERO, EXHIBIDA

 

Por: Expediente Secreto




LA PAZ, Méx.- La muerte de Fernandito «N», un niño de apenas cinco años, no es solo un crimen atroz. Es la radiografía de un municipio hundido en la miseria, gobernado por la morenista Martha Guerrero Sánchez, donde la corrupción, la indiferencia institucional y el abandono social se entrelazan hasta convertirse en una condena de muerte para los más vulnerables.

 

LA TRAGEDIA

 

Todo comenzó el 28 de julio de 2025, cuando Fernando fue arrebatado a su madre, doña Noemí, por una deuda absurda en cantidad, pero devastadora en consecuencia: mil pesos. Los agresores, una familia compuesta por padre, madre e hija, le aseguraron que «tomarían al niño en prenda» hasta que pagara. En un municipio funcional, la madre habría acudido de inmediato a las autoridades.

 

Pero en La Paz, la historia es otra: nadie confía en la policía, ni en la fiscalía ni el gobierno municipal. Noemí, la madre, hizo lo que hacen muchos ciudadanos desesperados: suplicar a los captores la liberación de su hijo. Durante días enteros fue y vino al domicilio de los agresores. Cada vez recibía una excusa distinta: «No está», «Se lo llevó un tío». El 4 de agosto, cuando las autoridades finalmente actuaron, Fernando ya estaba muerto.

 

FUNCIONARIOS SOLO DE ADORNO

 

El viacrucis de Noemí comenzó en el DIF municipal donde fue recibida por la procuradora Korina Corona García, hija del exalcalde perredista Agustín Corona Ramírez. La funcionaria lejos de ofrecer ayuda, la ignoró. El siguiente paso fue acudir a la Fiscalía General de Justicia, en Los Reyes La Paz.

 

Allí, el jefe de la Unidad de Averiguaciones Previas, de nombre Óscar Paulín también la ignoró. Le respondió con cinismo: «No tengo tiempo, voy a un cateo». Pasaron días de angustia antes de que la policía se presentara en el domicilio de la colonia Ejidal El Pino, en calle Carmen Serdán, manzana 36, lote 07. El ingreso solo fue posible porque el dueño del inmueble autorizó la entrada. En el interior hallaron el cuerpo de Fernandito dentro de unas bolsas blancas, envuelto en una sábana amarilla, en avanzado estado de descomposición.

 

LA EVIDENCIA

 

El dictamen de necropsia fue demoledor: Fernandito tenía la clavícula derecha rota, ambos brazos fracturados, marcas de amordazamiento y señales de haber sido maniatado. La causa de muerte: traumatismo craneoencefálico severo, producido por golpes con un objeto pesado, posiblemente un martillo. Según los peritos, murió entre el 28 y 29 de julio, días antes de su hallazgo. Tres personas fueron detenidas: Lidia «N», de 40 años; Ana Lilia «N», de 18 años y Carlos «N», de 56 años. Pese a sus declaraciones, que intentaban matizar los hechos, el juez del caso confirmó que las pruebas eran contundentes y que la madre había rogado en repetidas ocasiones la devolución de su hijo sin éxito.

 

SHOW POLÍTICO Y MANIPULACIÓN

 

 El escándalo trascendió fronteras. El domingo 10 de agosto, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez visitaron a la madre, cargando despensas y promesas de «apoyo total». Poco después, algo cambió: Noemí renunció a su abogada Fabiola Villa para aceptar la representación de un supuesto «asesor jurídico» del ayuntamiento de La Paz, un individuo de nombre Ramón Flores Buendía, quien se desempeña como secretario particular de la alcaldesa. El problema: que la ley no le permite litigar por ser servidor público. La maniobra dejó a la vista una intención más de control político que de justicia real.

 

CORRUPCIÓN CON NOMBRE Y APELLIDO

 

Es un secreto a voces que Oscar Mendoza Paulin es el funcionario que desprecio y cerró la puerta a la madre de Fernandito. Este servidor público no es un desconocido para los vecinos de La Paz. Mendoza Paulín es señalado de actuar como «dique» para frenar investigaciones contra oscuros personajes del hampa como es el caso del desaparecido Emilio Elizalde Servín, quien fuera ejecutado el 21 de abril de 2024. En vida el peligroso hampón presumía pagarle 50 mil pesos mensuales a Mendoza Paulín, «El Papá Oso», para detener cualquier denuncia en su contra. Otro hampón que también se movía con total impunidad gracias a la protección del «Papá Oso» fue José Luis Díaz Ramírez, alias el «Mimoso», individuo que hace algunas semanas fue detenido y quien actualmente se encuentra recluido en el penal de Santiaguito. El «Mimoso», ex presidiario, contaba con numerosas carpetas de investigación en su contra por invasión de predios, extorsión y despojo, pero misteriosamente siempre eran archivadas en la fiscalía donde manda Oscar Mendoza Paulin. La propia presidenta Claudia Sheinbaum, en la «Mañanera del Pueblo» del pasado 11 de agosto pidió cambios urgentes en la Fiscalía mexiquense para que tragedias como la del niño Fernandito no se repitan. De ahí que sería saludable que Mendoza Paulín, el «Papá Oso» fuera removido del cargo o dado de baja de la institución encargada de impartir justicia porque su presencia apesta en el municipio.

 

UN GOBIERNO SIN ESTRATEGIA

 

 La desconfianza hacia la policía municipal es total. El titular de Seguridad Pública, el contralmirante Eduardo Fouilloux Bataller, ni siquiera ha presentado sus exámenes de control y confianza. El pueblo, indignado, se pregunta: ¿Cómo puede un funcionario que teme evaluarse ofrecer seguridad a la ciudadanía? Mientras tanto, se acumulan denuncias de corrupción, abusos y omisiones, pero en el palacio municipal la prioridad parece ser proteger el cargo y la imagen de la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez. Incluso cuando se anunció el despido del titular del DIF, Mario Cristalinas, vecinos afirman que sigue cobrando sin presentarse a trabajar, presuntamente con la venia de Guerrero Sánchez.

 

El caso de Fernandito no es aislado. Es el síntoma de una enfermedad social y política que corroe las arterias de La Paz: miseria, abandono y corrupción. Aquí, un niño puede morir por una deuda de mil pesos y la respuesta institucional es un comunicado y una foto entregando despensas.

 

En redes sociales, vecinos preguntan lo obvio: si el gobierno municipal no puede garantizar la vida de los más vulnerables, ¿Para qué sirve? La muerte de Fernandito es un recordatorio brutal de que, en La Paz, la vida de un niño vale menos que el silencio de un funcionario.

domingo, 24 de agosto de 2025

CHICOLOAPAN: CUANDO EL CRIMEN ORGANIZADO

 GOBIERNA DESDE EL CABILDO

 

*Chicoloapan, tierra sin ley: el alcalde morenista y la complicidad con el crimen organizado


Por: Expediente Secreto




San Vicente Chicoloapan, Estado de México, 24 de agosto de 2025.– Lo que en campaña se presentó como la promesa de un “cambio verdadero” con la llegada del alcalde morenista Javier Mendoza Vázquez, terminó convertido en una pesadilla para comerciantes y ciudadanos de Chicoloapan. Hoy, la voz de los habitantes es unánime: la delincuencia gobierna con la complicidad de las autoridades.

 

EL PACTO CRIMINAL

 

El nombre de Reinaldo Ruiz Castaneyra, alias “El Perro”, resuena en cada calle. Se trata del líder del grupo delictivo “Los Talibanes”, dedicado a la extorsión y al despojo de comerciantes. De acuerdo con versiones locales, Ruiz Castaneyra habría invertido fuertes sumas de dinero en la campaña del alcalde Mendoza. La recompensa llegó pronto: su hijo, Edgar Ruiz Aguilar, fue colocado como primer regidor de Morena, abriendo la puerta a que el crimen organizado se incrustara en el gobierno municipal.

 

Hoy “El Perro” se jacta públicamente de tener bajo su control a la policía municipal, presumiendo que las patrullas y uniformados obedecen a sus órdenes.

 

COMERCIANTES BAJO SECUESTRO

 

La violencia contra el sector productivo es cotidiana. Testimonios de comerciantes revelan que los integrantes de Los Talibanes no solo cobran el clásico “derecho de piso”, sino que también exigen mercancía: costales de arroz y frijol, papel higiénico, aceite y otros productos básicos.

 

La brutalidad va más allá: cuando los comerciantes se niegan, sus camiones de reparto son robados y sus negocios saqueados. Peor aún, algunos pequeños empresarios aseguran que son obligados a endeudarse con préstamos forzados; al no poder cubrir los intereses diarios, terminan perdiendo sus vehículos, negocios e incluso sus viviendas.

 

La tragedia alcanza tintes de cinismo: la mercancía robada se reparte en despensas a nombre de Morena, en un uso descarado del crimen para fines políticos.

 

IMPUNIDAD Y COMPLICIDAD OFICIAL

 

La población señala directamente al alcalde Javier Mendoza Vázquez y al comisario de policía Josafat Green Ramírez como cómplices silenciosos de la expansión criminal. Las denuncias a la policía local, son ignoradas, mientras los delincuentes operan con total libertad en mercados, calles y negocios.

 

El hijo del líder criminal, Edgar Ruiz Aguilar, primer regidor, se exhibe protegido por un grupo de al menos seis hombres armados, presuntos integrantes de Los Talibanes, quienes lo escoltan incluso dentro de la presidencia municipal. Comerciantes señalan que todos portan armas cortas en mariconeras, en pleno desafío a la legalidad.

 

ATAQUE A LA PRENSA

 

El cerco de impunidad no solo alcanza a los comerciantes. El pasado 22 de agosto, dos escoltas de Edgar Ruiz Aguilar agredieron física y verbalmente a tres reporteros de la Revista Expediente Secreto, luego de que uno de ellos dejara un ejemplar en la oficina del regidor.

 

La agresión contra periodistas encendió las alarmas: en Chicoloapan no solo se persigue a quienes trabajan arduamente para tratar de alcanzar un mejor nivel de vida, también se atenta contra la libertad de expresión, bajo la tolerancia del alcalde Mendoza.

 

EXIGENCIA DE INTERVENCIÓN FEDERAL

 

El clima de terror en Chicoloapan obliga a mirar hacia el gobierno federal. Habitantes y comerciantes demandan que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atienda con urgencia la situación.

 

La reciente estrategia anunciada contra la extorsión, con la habilitación del número 089 para denuncias anónimas, despierta esperanza, pero también escepticismo: los ciudadanos temen que se trate de otra simulación burocrática, mientras en la práctica el crimen organizado sigue siendo la verdadera autoridad en el municipio.

 

CONCLUSIÓN

 

Chicoloapan se ha convertido en un caso emblemático de cómo el crimen organizado puede capturar gobiernos municipales con la venia de partidos políticos. En este municipio mexiquense, la llamada “transformación” se tradujo en un narco-gobierno disfrazado de administración pública, donde los ciudadanos son víctimas y los criminales, regidores.

 

La gran pregunta sigue en el aire: ¿seguirá el Estado tolerando que Los Talibanes gobiernen en nombre de Morena?

viernes, 22 de agosto de 2025

SAYONARA, POLÉMICA DESIGNACIÓN AL FRENTE DE LA

 COORDINACIÓN DE COMBATE AL HOMICIDIO

 

* En lugar de ser investigada tras el homicidio de Fernandito, la nueva Coordinadora General de Combate al Homicidio fue premiada

* La reciente designación de Sayonara Encarnación Rosales ha desatado críticas y sospechas en la entidad mexiquense

 



TOLUCA, Méx.– Los recientes cambios al interior de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se dieron en medio de la indignación social provocada por el brutal asesinato de Fernandito, un niño de apenas cinco años que fue arrebatado de los brazos de su madre y ejecutado por una deuda de tan solo mil pesos.

 

El escándalo escaló al grado de llegar a la llamada «Mañanera del Pueblo», donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exigió públicamente cambios profundos en la Fiscalía mexiquense para evitar que tragedias como la de Fernandito vuelvan a repetirse.

 

Cualquiera pensaría que las consecuencias de este crimen recaerían sobre los responsables directos de la procuración de justicia en la zona oriente, particularmente en Óscar Mendoza Paulin, jefe de unidad de la FGJEM de La Paz, quien le negó la atención inmediata a la madre de Fernandito, así como sobre Sayonara Encarnación Rosales, fiscal Regional de Nezahualcóyotl. Sin embargo, lejos de sanciones, la funcionaria fue premiada con un cargo que ha desatado críticas y sospechas en la entidad mexiquense.

 

Sayonara Encarnación Rosales, fue premiada al ser nombrada hace unos días Coordinadora General de Combate al Homicidio de la FGJEM, en sustitución del licenciado Octavio Mendoza Chávez, éste último fue enviado como fiscal Regional de Tlalnepantla.

 

SEÑALADA Y PREMIADA

 

En lugar de ser investigada por su actuación deficiente, Encarnación Rosales fue nombrada Coordinadora General de Combate al Homicidio. La decisión resulta todavía más polémica si se recuerda que según la defensora de derechos humanos Fabiola Villa, en una entrevista hecha por Azteca Noticias, la propia fiscal presionó para que la Villa se retirara de la representación legal de la madre de Fernandito con el argumento de que «entorpecía la investigación». A pesar de su cuestionable proceder, no solo evitó responsabilidades, sino que fue removida a un mejor cargo.

 

NEPOTISMO A LA VISTA

 

La designación también destapó un caso evidente de nepotismo. El hijo de la funcionaria, Dante Emmanuel Garnica Encarnación, actualmente se desempeña como Fiscal Especial de Homicidios del Valle de México (Zona Norte).

 

Ahora, con su madre como jefa directa, el riesgo de complicidad, abusos de poder y tráfico de influencias se multiplica, lesionando la credibilidad de la institución

 

La situación se vuelve aún más alarmante con las declaraciones del titular de la Fiscalía de Homicidios Zona Oriente, Guillermo Varela Espinoza, quien según diversas versiones, ha presumido públicamente tener ya un «arreglo» con Encarnación Rosales para garantizar su permanencia en el cargo.

 

Esto pese a los reiterados señalamientos de corrupción en su área: fabricación de carpetas de investigación, encarcelamiento de inocentes, extorsiones a criminales y liberación pactada de verdaderos responsables.

 

UN CAMBIO COSMÉTICO

 

Así, lo que parecía una reestructuración seria en la Fiscalía mexiquense terminó convertida en un cambio cosmético que perpetúa las mismas prácticas de corrupción y complicidad. La ciudadanía percibe que casos como el de Fernandito seguirán ocurriendo mientras no se tomen decisiones firmes y transparentes.

 

El maestro José Luis Cervantes Martínez, titular de la FGJEM, aún tiene la responsabilidad de corregir el rumbo. Los mexiquenses confían en él y esperan que la rotación de servidores públicos no se convierta en simple reciclaje de personajes cuestionados, y que de una vez por todas se pongan límites claros al nepotismo y a la corrupción rampante que corroe a la institución.

jueves, 21 de agosto de 2025

CHIMALHUACÁN: ENSAYO DE CAMPAÑA ANTICIPADA DE HIGINIO MARTÍNEZ CON DINERO PÚBLICO Y COMPLICIDAD DE LA ALCALDESA XÓCHITL FLORES

 

Por: Expediente Secreto.

 



Chimalhuacán, Estado de México, 21 de agosto de 2025.– Con un acto que raya en lo ilegal y lo inmoral, el senador con licencia Higinio Martínez Miranda convirtió a Chimalhuacán en el escenario de lo que a todas luces fue un ensayo de campaña electoral disfrazado de celebración. Bajo el pretexto de “conmemorar” sus 50 años en la política, el morenista organizó un evento con alrededor de 200 acarreados, donde lo que predominó no fue el homenaje, sino la propaganda personal.

 

La alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez, lejos de atender la urgencia de frenar la ola delictiva que azota al municipio, optó por destinar recursos públicos y el aparato municipal para enaltecer la figura de un político ampliamente cuestionado. Servicios, seguridad y necesidades de la población quedaron relegados para rendir pleitesía a quien, en realidad, está preparando el terreno rumbo a la contienda por la gubernatura del Estado de México.

 

El acto evidenció dos realidades que Morena no puede ocultar: por un lado, el descarado desvío de recursos públicos con fines electorales pese a que la ley prohíbe expresamente las campañas anticipadas; y por otro, la fractura interna de las tribus morenistas en el Edomex, que ya se disputan posiciones con miras al 2029.

 

La trayectoria de Martínez Miranda está marcada por señalamientos de corrupción y enriquecimiento ilícito. En 2017, el PRI denunció a través de la vocera del CEN y del PRI en Coordinación con la Cámara de Diputados, Yulma Rocha Aguilar que el entonces presidente municipal de Texcoco acumuló 85 millones de pesos en bienes inmuebles en apenas cinco años, construyendo un imperio inmobiliario presuntamente financiado con recursos públicos y bajo el cobijo de complicidades políticas. Lejos de responder ante la justicia, el senador ha utilizado su cargo y su influencia para blindarse y seguir escalando dentro de Morena.

 

Resulta ofensivo que mientras Chimalhuacán enfrenta una crisis de violencia con grupos criminales que se han adueñado de todo el territorio, sus autoridades gasten dinero del erario en levantarle la imagen a un político que lleva medio siglo viviendo del presupuesto. La ausencia de resultados en materia de seguridad, servicios y bienestar social es sustituida por actos masivos que no son otra cosa que mítines disfrazados.

 

Este evento confirma que Higinio Martínez no busca conmemorar su “trayectoria política”, sino posicionarse como aspirante al gobierno del Estado de México. La complicidad de alcaldes, diputados y regidores que acudieron al acto es una muestra de que dentro de Morena ya se están repartiendo las fichas para el futuro, aun cuando la ley electoral establece con claridad que los tiempos de campaña no han iniciado.

 

La ciudadanía de Chimalhuacán, como siempre, queda en segundo plano: con un municipio olvidado, inseguro y sin rumbo, mientras sus gobernantes utilizan recursos públicos para promover ambiciones personales. Lo ocurrido es un mensaje claro: los viejos vicios de la política siguen vivos en Morena y se repiten con la misma fórmula de acarreados, despilfarro y propaganda ilegal.

miércoles, 20 de agosto de 2025

BRUTAL HOMICIDIO A MANOS DE POLICÍAS DE LA SSC EXHIBE EL

 FRACASO DE LA SEGURIDAD EN LA CDMX

 

Por: Expediente Secreto.




Ciudad de México, 20 de agosto de 2025.– La violencia institucional volvió a cobrar una vida en la capital del país. El homicidio doloso de un joven de apenas 21 años, ocurrido la tarde del 19 de agosto en la colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, desnuda una vez más el fracaso de la seguridad pública en la Ciudad de México y la brutalidad con la que actúan los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

 

El hecho ocurrió alrededor de las 15:05 horas, cuando Cristofer “N”, de 21 años, ingresó al Hospital General de Balbuena en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un policía uniformado. Fue trasladado en la ambulancia 695 del SAMU, acompañado por su padre, Leoncio “N”, quien relató a los medios lo sucedido: ambos circulaban a bordo de una motocicleta en Avenida Fray Servando Teresa de Mier y Circuito Interior, cuando fueron interceptados por una patrulla del Sector Balbuena.

 

Los oficiales les marcaron el alto y exigieron identificaciones sin dar motivo alguno. Al cuestionar la legalidad de la detención, uno de los policías intentó arrebatarle la mariconera al padre del joven, lo que derivó en un forcejeo. En el que los uniformados fueron superados por la resistencia de los tripulantes de la motocicleta, luego, uno de los uniformados desenfundó su arma de cargo y disparó a quemarropa contra Cristofer, hiriéndolo de muerte. Minutos más tarde, el joven perdió la vida en el área de trauma choque del hospital por la gravedad de la lesión.

 

Policías homicidas, pero también extorsionadores

 

Los responsables de este crimen fueron identificados como Julio “N”, de 42 años, y Luis Arturo “N”, de 38, ambos adscritos al Sector Balbuena. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público, pero la ciudadanía teme que, como ocurre en la mayoría de los casos de abuso policial, queden libres por la inacción de las autoridades y la corrupción que protege a estas “lacras uniformadas”.

 

La tragedia deja en evidencia otra práctica sistemática: los policías de seguridad pública realizan detenciones y revisiones a conductores sin tener facultades de tránsito, un esquema que en la práctica se ha convertido en una herramienta de extorsión y abuso cotidiano contra la ciudadanía.

 

Brugada calla, la impunidad avanza

 

Lo más indignante es que, mientras la familia de Cristofer llora la pérdida de un joven con futuro, la jefa de gobierno Clara Brugada Molina guarda un silencio cómplice. La mandataria capitalina no ha ofrecido una sola declaración, no ha exigido justicia ni ha condenado el actuar de los policías asesinos. Con su omisión, Brugada envía un mensaje claro: en su gobierno, la impunidad y el abuso policiaco son tolerados y normalizados.

 

El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez Camacho, también ha evadido responsabilidades, como si la vida de un joven no mereciera ni siquiera una explicación pública. La ausencia de ambos funcionarios no solo es cobardía política, sino también un acto criminal de encubrimiento.

 

Policías extorsionadores con uniforme oficial

 

En lugar de brindar seguridad, los policías capitalinos se han convertido en un ejército de extorsionadores que detienen a conductores aun sin ser agentes de tránsito. Clara Brugada lo sabe, pero lo permite, porque ese sistema de corrupción es funcional a su gobierno: la policía no protege, la policía recauda.

 

El asesinato de Cristofer no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una política de seguridad fallida, donde los uniformados actúan con licencia para robar, golpear y asesinar bajo la sombra protectora de un gobierno que solo busca discursos triunfalistas.

 

Exigencia de justicia y renuncia

 

La familia de Cristofer, y toda la sociedad capitalina, merecen más que promesas vacías: exigen justicia real y castigo ejemplar a los policías asesinos y a quienes los encubren.

 

Pero también es momento de exigir cuentas claras a Clara Brugada Molina: ¿Cómo piensa gobernar una ciudad cuya policía mata a sus jóvenes? ¿Cómo pretende hablar de “seguridad” cuando sus elementos son verdugos

 

Si la jefa de Gobierno no tiene la capacidad, la dignidad ni el valor para enfrentar esta crisis, debe renunciar de inmediato. La Ciudad de México no puede seguir en manos de una mandataria que permite que la policía se convierta en un escuadrón de muerte con placa oficial.

martes, 19 de agosto de 2025

CHIMALHUACÁN: IMPUNIDAD, COMPLICIDAD Y ABANDONO CIUDADANO EN EL DOBLE ASALTO A EMPRESARIOS

 

Por: Expediente Secreto

 



Chimalhuacán, Estado de México, 19 de agosto de 2025.– La violencia y la impunidad volvieron a sacudir a Chimalhuacán. El pasado 4 de agosto, alrededor de las 3:30 de la madrugada, los dueños de una fábrica de frituras ubicada en el Barrio Cesteros fueron víctimas, por segunda ocasión en menos de cuatro meses, de un violento asalto a manos de los mismos delincuentes que ya los habían despojado en abril de este año.

 

El periodista Carlos Jiménez documentó y transmitió las imágenes y videos de este nuevo ataque a través de su cuenta de X, revelando no solo la brutalidad con la que actuaron los hampones, sino también el desinterés y la complicidad del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez y su comisario de seguridad, Salvador Hernández Torres.

 

Una familia ignorada por las autoridades

 

Los empresarios relataron que, tras el primer atraco, en el que fueron despojados de celulares, joyas y casi 600 mil pesos en efectivo, acudieron a denunciar a los responsables, plenamente identificados como vecinos de la zona y ex trabajadores de la fábrica. Sin embargo, la denuncia fue ignorada. Como ocurre en cientos de casos en el oriente del Estado de México, las autoridades locales se limitaron a archivar el caso, dejando impunes a los delincuentes.

 

Ante el abandono institucional, la familia decidió armarse para defender su fuente de empleo y su hogar.

 

El asalto grabado en video

 

En la transmisión de C4 se observa cómo al menos cuatro sujetos armados, entre ellos uno con pistola con silenciador, disparan contra la chapa de la puerta, la patean y la rafaguean hasta abrirla. Acto seguido ingresan a la vivienda, donde se escuchan más disparos.

 

La reacción de las víctimas cambió el rumbo del ataque: los delincuentes huyeron cuando fueron repelidos con disparos desde el interior. Uno de los asaltantes, conocido como “El Negro”, cayó abatido en el lugar. Otros tres, identificados como Marín Ramírez alias “El Jampol”, Alexander Marín alias “El Ñoño” y Daniel Marín, este último ex empleado de la empresa y señalado como autor intelectual de los robos, lograron escapar.

 

Ese mismo día, a la misma hora del atraco, dos jóvenes en motocicleta llevaron a un hombre herido de bala al Hospital 90 Camas. No esperaron parte médico y huyeron, pero más tarde se confirmó que se trataba de Alexander “N”, uno de los delincuentes involucrados, quien también resulto herido y permanece hospitalizado.

 

Seguridad pública secuestrada

 

Lejos de ser un caso aislado, este violento episodio confirma lo que los habitantes de Chimalhuacán denuncian desde hace años: la colusión de la policía municipal con grupos criminales. Numerosos testimonios sostienen que los uniformados protegen a narcomenudistas, vigilan puntos de venta de droga y permiten la operación de bandas a cambio de sobornos, mientras la ciudadanía queda a merced de la violencia.

 

Resulta indignante que, mientras las familias trabajadoras son despojadas y revictimizadas, la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez y su comisario Salvador Hernández Torres permanezcan en silencio. Su inacción, lejos de ser simple negligencia, apunta a un pacto de complicidad con el crimen organizado que opera en el municipio.

 

Una comunidad atrapada entre el miedo y la impunidad

 

Este caso es apenas una ventana a la crisis de inseguridad que carcome a Chimalhuacán. La falta de respuesta oficial ha orillado a ciudadanos a armarse para defenderse, con el riesgo de que la violencia escale aún más.

 

La pregunta es inevitable: ¿Cuántos asaltos, asesinatos y tragedias más deberán ocurrir para que la alcaldesa y su comisario cumplan con su obligación de garantizar seguridad? O peor aún, ¿son parte del mismo negocio que mantiene a la delincuencia como la verdadera autoridad en el municipio?

 

Lo ocurrido en el Barrio Cesteros desnuda la podredumbre de un sistema en el que los criminales operan con libertad, los vecinos saben quiénes son, pero las autoridades se niegan a actuar, y las víctimas se ven obligadas a tomar la justicia en sus manos.

lunes, 18 de agosto de 2025

ENTREGA DE CERTIFICADOS MÉDICOS EN LA PAZ:

 MÁS PROPAGANDA QUE ATENCIÓN REAL

 

*Certificados médicos gratuitos en La paz: propaganda oficial frente a un sistema de salud colapsado

 

Por Expediente Secreto




Los Reyes La Paz, Estado de México, 18 de agosto de 2025.- El gobierno municipal de La Paz presumió la entrega de “mil certificados médicos gratuitos” a estudiantes de nivel básico como parte de una jornada previa al ciclo escolar 2025-2026. La alcaldesa Martha Guerrero Sánchez y su equipo lo presentaron como un “apoyo a las familias de bajos recursos”, pero detrás del discurso triunfalista, el panorama real es mucho más precario y preocupante.

 

Jornadas improvisadas y atención superficial

 

El módulo instalado en la colonia Lomas de San Sebastián fue habilitado de manera provisional, sin las condiciones mínimas para atender a cientos de menores y sus padres. Largas filas, espacios reducidos y personal médico insuficiente fueron la constante del operativo.

 

Padres de familia señalaron que la revisión se limitó a un chequeo rápido: peso, talla, preguntas generales y, en algunos casos, una mirada superficial a los dientes o los ojos. “En menos de cinco minutos ya teníamos el certificado, pero no es una revisión real, ni siquiera revisaron bien a mi hijo”, comentó una madre que prefirió omitir su nombre.

 

Lejos de un diagnóstico serio, los certificados entregados funcionaron únicamente como una papeleta para cumplir con el trámite escolar, pese a que el propio director de Salud Municipal reconoció que estos documentos ni siquiera son obligatorios para la inscripción.

 

Promesas frente a la realidad

 

El director de Salud Municipal, Jorge Javier González Montaño, aseguró que la entrega de certificados busca apoyar a las familias sin seguridad social. Sin embargo, especialistas consultados advierten que este tipo de jornadas no sustituye una atención médica de calidad.

 

Problemas graves como la obesidad infantil, la diabetes, la hipertensión o las deficiencias visuales requieren estudios más completos, equipo especializado y seguimiento médico. Ninguno de estos elementos se ofreció en las jornadas de La Paz.

 

De hecho, vecinos denunciaron que varios certificados ni siquiera incluían exploraciones básicas: “solo preguntaron si mi hijo se sentía bien y ya, con eso dieron el documento”, explicó otro padre de familia.

 

El verdadero rostro de la salud en La Paz

 

Mientras la alcaldesa difunde comunicados celebrando la entrega de certificados, el municipio enfrenta una crisis de salud pública:

 

Las escasas clínicas que existen en La Paz, carecen de personal, de medicamentos y de todos los in sumos para funcionar, de igual manera sucede en colonias como Acaquilpan, Floresta y San Isidro y los pacientes son canalizados a Nezahualcóyotl o a hospitales de la Ciudad de México.

 

Si algo ha caracterizado al municipio de Los Reyes La Paz, es la falta de atención especializada. Niños y adultos con padecimientos crónicos deben recorrer largas distancias para recibir consultas en hospitales regionales, con gastos adicionales que golpean directamente a las familias de bajos recursos.

 

Propaganda disfrazada de política social

 

El evento, que el ayuntamiento presumió como un “ahorro económico” para las familias, terminó siendo más un acto cosmético y propagandístico que una solución real.

 

Mientras el gobierno municipal presume cifras alegres, la realidad es que los certificados médicos gratuitos no resuelven los problemas estructurales: la falta de doctores, medicinas y atención de calidad.

 

“Esto es más para la foto que para la salud”, señaló una vecina de Lomas de San Sebastián, quien cuestionó que el municipio invierta más en publicidad y espectáculos que en mejorar los centros médicos de las colonias populares.

 

Martha Guerrero y la simulación gubernamental

 

La alcaldesa Martha Guerrero Sánchez ha insistido en que su administración “acerca los servicios a las comunidades”. No obstante, las acciones implementadas muestran más intención política que compromiso con la salud pública.

El contraste es evidente: mientras se organizan jornadas improvisadas para entregar certificados de dudosa utilidad, los habitantes siguen enfrentando largas filas en clínicas sin insumos, falta de atención médica adecuada y un sistema de salud municipal en ruinas.

 

Conclusión

 

La entrega de mil certificados médicos gratuitos en La Paz, lejos de representar un logro, es un espejismo propagandístico. Un acto pensado para maquillar con cifras y comunicados la incapacidad del gobierno local para atender las verdaderas necesidades de salud.

 

La ciudadanía no necesita certificados exprés, sino clínicas equipadas, médicos suficientes, medicamentos disponibles y atención digna. Mientras eso no ocurra, las jornadas anunciadas por Martha Guerrero y su equipo no serán más que una burla a las familias que realmente esperan soluciones.

CANJE DE ARMAS EN AMECAMECA: SIMULACIÓN, DESDÉN Y

 UNA BURLA  A LA CIUDADANÍA

 

*Juan Carlos Espinoza Castillo, apenas se presentó unos minutos para la fotografía oficial y abandonó el lugar rápidamente al notar la presencia de los medios de comunicación




Amecameca, Estado de México, 18 de agosto de 2025.– El programa Canje de Armas 2025, presentado como una herramienta fundamental en la estrategia de seguridad del Estado de México, volvió a exhibir en Amecameca su verdadero rostro: el de la simulación, la indiferencia y la desconfianza ciudadana.

 

El módulo instalado en el centro de la localidad, que supuestamente serviría para recibir armas de fuego a cambio de dinero en efectivo, permaneció vacío, frío y desangelado. No hubo filas, no hubo participación ciudadana y, sobre todo, no hubo autoridades que dieran la cara.

 

La presidenta municipal, Ivette Topete García, ni siquiera se presentó a la apertura. La misma edil que en otras ocasiones ha pronunciado discursos sobre la importancia de reducir riesgos en los hogares por la presencia de armas, esta vez decidió ausentarse. El mensaje fue claro: cuando no hay cámaras ni reflectores, la seguridad deja de ser prioridad.

 

El contraste no pudo ser más simbólico: mientras en la parte superior del módulo colgaba una lona de grandes dimensiones promocionando la Feria de la Nuez y las bandas que amenizaron las fiestas patronales, en la parte baja soldados y policías esperaban sin éxito a ciudadanos dispuestos a entregar sus armas. Para el gobierno municipal quedó claro qué pesa más: la fiesta, la feria y los conciertos, antes que la seguridad pública.

 

El comisario municipal, Juan Carlos Espinoza Castillo, tampoco se salvó del descrédito. Con pasado en la Policía Estatal, donde fungió como jefe de Servicios del Quinto Agrupamiento en Ozumba, apareció únicamente para tomarse la fotografía oficial. Pero al notar la presencia de medios de comunicación, abandonó apresuradamente el lugar. Su huida despertó más preguntas que respuestas: ¿qué teme Espinoza Castillo? ¿Por qué evitar a la prensa? ¿Qué guarda en su historial que lo hace incomodarse frente a las cámaras?

 

El programa en sí tampoco genera confianza. Aunque se asegura que es anónimo, voluntario y que se paga en efectivo por cada arma entregada de acuerdo con un tabulador oficial, la duda persiste entre los ciudadanos: ¿realmente son destruidas las armas en el momento? ¿O se reciclan para otros usos? La opacidad y la falta de transparencia han convertido este ejercicio en un ritual burocrático que año con año se repite, pero que nunca entrega resultados medibles ni creíbles.

 

Mientras tanto, la violencia sigue azotando a Amecameca y a toda la región de los volcanes. Robos, extorsiones, homicidios y la presencia del crimen organizado siguen siendo parte de la cotidianidad. Pero en lugar de enfrentar el problema con políticas serias, las autoridades se limitan a montar módulos vacíos y a repartir discursos que nadie escucha.

 

Lo más grave es la incongruencia del gobierno estatal. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez y su secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, insisten en presentar el Canje de Armas como un programa “exitoso”, como si la realidad de las calles no existiera. Mientras ellos se felicitan por organizar ferias de cartón y reciclar viejas fórmulas, las comunidades siguen padeciendo la violencia sin soluciones de fondo.

 

La ausencia de la presidenta municipal y la huida del comisario son un reflejo del vacío de autoridad que hoy vive Amecameca. Pero la responsabilidad no termina ahí. Es el propio gobierno estatal, encabezado por Delfina Gómez, el que sostiene y promueve un esquema fallido que solo sirve para maquillar cifras y para alimentar discursos huecos.

 

El Canje de Armas 2025 en Amecameca fue un fracaso. Pero más allá de este episodio puntual, lo que quedó exhibido es que la seguridad pública en el Estado de México no es prioridad real ni para los alcaldes, ni para los comisarios, ni para la propia gobernadora.

 

El mensaje enviado a la ciudadanía es devastador: la violencia no se combate con simulacros, con lonas publicitarias ni con ferias. Y mientras Delfina Gómez y Cristóbal Castañeda sigan apostando a programas de fachada, la inseguridad seguirá creciendo y los mexiquenses seguirán pagando las consecuencias de un gobierno que se conforma con aparentar lo que nunca logra cumplir.

sábado, 16 de agosto de 2025

EL CERCO SOBRE LOS BARTLETT: CUENTAS CONGELADAS, PRESIONES DE EU Y SILENCIO EN PALACIO NACIONAL

 



Ciudad de México, 16 de agosto de 2025.— En la columna publicada por el periodista Salvador García Soto, aseguro que el blindaje político que durante décadas protegió a Manuel Bartlett Díaz comienza a resquebrajarse. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo la batuta de su nuevo titular Omar Reyes Colmenares, ordenó el congelamiento de las cuentas de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus, hijo y pareja del ex director de la Comisión Federal de Electricidad. Una acción que, más allá de lo administrativo, se lee como la confirmación de que el gobierno mexicano abrió una investigación sobre el político poblano, señalado desde hace casi cuatro décadas por su presunta participación en el brutal asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

 

El caso vuelve a colocar a Bartlett en el centro del huracán. No solo por el congelamiento de cuentas de su círculo más cercano, sino porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo considera pieza clave para cerrar la “Operación Leyenda”, la investigación más extensa en la historia de la DEA sobre el secuestro, tortura y asesinato del agente norteamericano en Guadalajara en 1985. Washington lo acusa de haber protegido a Rafael Caro Quintero y de haber filtrado información que selló el destino de Camarena.

 

La coyuntura no es menor: Caro Quintero ya está en una prisión estadounidense, a la espera de juicio, gracias a que la presidenta Claudia Sheinbaum terminó por entregar a quien López Obrador se negó a extraditar durante años. Para la DEA, el último eslabón pendiente es Bartlett.

 

El incómodo visitante de Palacio Nacional

 

Apenas el mes pasado, Bartlett fue visto entrando a Palacio Nacional. La presidenta Sheinbaum, visiblemente molesta, trató de minimizar el hecho al asegurar que fue a ver a un funcionario de la Consejería Jurídica por un asunto “particular”. Pero distintas versiones apuntan a que se reunió con la consejera Ernestina Godoy, quien le habría informado oficialmente de la gravedad de su situación en Estados Unidos y de las pruebas presentadas en Brooklyn: grabaciones de las torturas a Camarena y a su piloto Alfredo Zavala, donde su nombre aparece involucrado.

 

La reacción presidencial contrastó con la gravedad de los señalamientos. Más que aclarar, la defensa irritada de Sheinbaum despertó sospechas: ¿por qué tanto celo en justificar la visita de un personaje tan marcado por la sombra del narco y el poder político?

 

La caída del blindaje

 

Durante el sexenio de López Obrador, Bartlett gozó de un manto protector pese a múltiples escándalos, desde sus negocios familiares con ventiladores en plena pandemia, hasta denuncias de conflicto de interés y enriquecimiento inexplicable. Incluso se habló de enviarlo como embajador a París para regalarle inmunidad diplomática. Pero el nombramiento nunca llegó. Hoy, el cerco de Washington lo coloca en una posición incómoda y revela que el blindaje presidencial se acabó.

 

Que la UIF congele cuentas de su familia es, en sí mismo, un golpe político: significa que ya no es intocable. Significa que el sistema mexicano, presionado por Estados Unidos, comienza a soltar lastre, incluso si se trata de un viejo operador del priismo reciclado en la “Cuarta Transformación”.

 

Un asunto de Estado

 

La exigencia de extradición de Bartlett será, tarde o temprano, una prueba de fuego para Sheinbaum. Con Caro Quintero ya tras las rejas en EU, Bartlett es la pieza que falta en el tablero. Si la presidenta cede, confirmará que Washington dicta parte de la agenda de justicia en México. Si lo protege, pagará el costo político de cargar con un personaje que, para la DEA, simboliza la corrupción y complicidad del Estado mexicano con el narcotráfico.

 

A 40 años del asesinato de Kiki Camarena, el fantasma de aquel crimen sigue marcando la relación bilateral. Hoy Bartlett, el mismo hombre que en los años ochentas controlaba Gobernación y que en el gobierno de AMLO reapareció como pieza central de la CFE, podría enfrentar su capítulo más oscuro.

 

El mensaje es claro: el tiempo de la impunidad eterna se acaba, incluso para quienes parecían indestructibles.

DE INSTRUCTOR DE ZUMBA A MAGNATE DE NEZA: LA RIQUEZA BRILLANTE DE ADOLFO CERQUEDA BAJO EL SILENCIO CÓMPLICE DEL EDOMEX

 

Por: Expediente Secreto.

 



NEZAHUALCÓYOTL, Edomex., 16 de agosto de 2025.– Mientras Nezahualcóyotl sufre carencias históricas, con colonias enteras sin agua potable, calles deshechas y una violencia que no cede, su alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, ha escalado a una velocidad acelerada de los quioscos donde daba clases de zumba, a los corporativos millonarios que hoy controla en el Estado de México y más allá de sus fronteras.

 

El caso, documentado por Quadratín EMX, exhibe la contradicción entre la “austeridad republicana” pregonada por la Cuarta Transformación y la realidad de una élite política que acumula riqueza a la sombra del poder. Cerqueda no tiene título profesional registrado en el Registro Nacional de Profesionistas, pero sí dos empresas con solvencia millonaria: LDA y Asociados S.C de R.L de C.V. y Multiproductos y Servicios ACR y Asociados S.A de C.V.

 

Ambos corporativos, creados con amigos y operadores políticos, controlan contratos públicos de transporte, distribución de mercancías y hasta traslados de gasolina y residuos tóxicos con Pemex. Todo ello en apenas unos años, en un municipio hundido en el rezago.

 

Negocios al amparo del poder

 

Cerqueda ha consolidado un parque vehicular que renta a gobiernos municipales afines y ha diversificado su emporio con capacidad de operar fuera del país. Sus aliados en estas sociedades mercantiles incluyen viejos políticos de Neza como Juan Hugo de la Rosa García y Roberto Tejeda Chávez, además de operadores de su confianza, así como amigos y colaboradores cercanos. Esta firma no solo distribuye bienes y servicios: también renta pipas de agua, camiones de carga y unidades de transporte a ayuntamientos gobernados por Morena, y ha ganado contratos con Pemex para mover gasolina y residuos tóxicos.

 

El crecimiento económico del alcalde no puede entenderse sin la red de complicidades que lo rodea. Y aquí la pregunta inevitable: ¿dónde están los órganos de fiscalización?, ¿dónde está el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, cuya inacción frente al evidente conflicto de interés y posible enriquecimiento ilícito raya en la complicidad?

 

Delfina Gómez: el silencio que protege

 

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha optado por mirar hacia otro lado. Ni su oficina ni las instancias estatales de control han dicho una sola palabra sobre el súbito enriquecimiento del edil de Nezahualcóyotl. Su silencio, en un municipio clave para el morenismo, envía un mensaje claro: mientras se mantenga la lealtad política, la corrupción puede florecer sin consecuencias.

 

Neza pobre, alcalde rico

 

Con 1 millón 77 mil habitantes, Neza sigue siendo un mosaico de marginación. Familias sin servicios básicos, colonias abandonadas a la delincuencia y jóvenes sin oportunidades. Mientras tanto, su alcalde presume un emporio empresarial que contradice los principios de “no mentir, no robar, no traicionar al pueblo” que Morena promete en cada campaña.

 

La historia de Adolfo Cerqueda es el retrato del nuevo morenismo mexiquense: funcionarios que usan el poder público como trampolín para enriquecerse, mientras el pueblo que los eligió permanece en la miseria. Y el silencio de Delfina Gómez y de José Luis Cervantes no solo los convierte en testigos pasivos, sino en cómplices activos de una corrupción que hoy huele, además de gasolina, a impunidad.