CHICOLOAPAN: CUANDO EL CRIMEN ORGANIZADO
GOBIERNA DESDE EL CABILDO
*Chicoloapan, tierra sin ley: el alcalde morenista y la complicidad con el crimen organizado
Por: Expediente Secreto
San Vicente Chicoloapan, Estado de México, 24 de agosto de
2025.– Lo que en campaña se presentó como la promesa de un “cambio verdadero”
con la llegada del alcalde morenista Javier Mendoza Vázquez, terminó convertido
en una pesadilla para comerciantes y ciudadanos de Chicoloapan. Hoy, la voz de
los habitantes es unánime: la delincuencia gobierna con la complicidad de las
autoridades.
EL PACTO CRIMINAL
El nombre de Reinaldo Ruiz Castaneyra, alias “El Perro”,
resuena en cada calle. Se trata del líder del grupo delictivo “Los Talibanes”,
dedicado a la extorsión y al despojo de comerciantes. De acuerdo con versiones
locales, Ruiz Castaneyra habría invertido fuertes sumas de dinero en la campaña
del alcalde Mendoza. La recompensa llegó pronto: su hijo, Edgar Ruiz Aguilar,
fue colocado como primer regidor de Morena, abriendo la puerta a que el crimen
organizado se incrustara en el gobierno municipal.
Hoy “El Perro” se jacta públicamente de tener bajo su control
a la policía municipal, presumiendo que las patrullas y uniformados obedecen a
sus órdenes.
COMERCIANTES BAJO SECUESTRO
La violencia contra el sector productivo es cotidiana. Testimonios
de comerciantes revelan que los integrantes de Los Talibanes no solo cobran el
clásico “derecho de piso”, sino que también exigen mercancía: costales de arroz
y frijol, papel higiénico, aceite y otros productos básicos.
La brutalidad va más allá: cuando los comerciantes se niegan,
sus camiones de reparto son robados y sus negocios saqueados. Peor aún, algunos
pequeños empresarios aseguran que son obligados a endeudarse con préstamos
forzados; al no poder cubrir los intereses diarios, terminan perdiendo sus
vehículos, negocios e incluso sus viviendas.
La tragedia alcanza tintes de cinismo: la mercancía robada se
reparte en despensas a nombre de Morena, en un uso descarado del crimen para
fines políticos.
IMPUNIDAD Y COMPLICIDAD OFICIAL
La población señala directamente al alcalde Javier Mendoza
Vázquez y al comisario de policía Josafat Green Ramírez como cómplices
silenciosos de la expansión criminal. Las denuncias a la policía local, son
ignoradas, mientras los delincuentes operan con total libertad en mercados,
calles y negocios.
El hijo del líder criminal, Edgar Ruiz Aguilar, primer
regidor, se exhibe protegido por un grupo de al menos seis hombres armados, presuntos
integrantes de Los Talibanes, quienes lo escoltan incluso dentro de la
presidencia municipal. Comerciantes señalan que todos portan armas cortas en
mariconeras, en pleno desafío a la legalidad.
ATAQUE A LA PRENSA
El cerco de impunidad no solo alcanza a los comerciantes. El
pasado 22 de agosto, dos escoltas de Edgar Ruiz Aguilar agredieron física y
verbalmente a tres reporteros de la Revista Expediente Secreto, luego de que
uno de ellos dejara un ejemplar en la oficina del regidor.
La agresión contra periodistas encendió las alarmas: en
Chicoloapan no solo se persigue a quienes trabajan arduamente para tratar de
alcanzar un mejor nivel de vida, también se atenta contra la libertad de
expresión, bajo la tolerancia del alcalde Mendoza.
EXIGENCIA DE INTERVENCIÓN FEDERAL
El clima de terror en Chicoloapan obliga a mirar hacia el
gobierno federal. Habitantes y comerciantes demandan que el secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atienda con urgencia la
situación.
La reciente estrategia anunciada contra la extorsión, con la
habilitación del número 089 para denuncias anónimas, despierta esperanza, pero
también escepticismo: los ciudadanos temen que se trate de otra simulación
burocrática, mientras en la práctica el crimen organizado sigue siendo la
verdadera autoridad en el municipio.
CONCLUSIÓN
Chicoloapan se ha convertido en un caso emblemático de cómo el
crimen organizado puede capturar gobiernos municipales con la venia de partidos
políticos. En este municipio mexiquense, la llamada “transformación” se tradujo
en un narco-gobierno disfrazado de administración pública, donde los ciudadanos
son víctimas y los criminales, regidores.
La gran pregunta sigue en el aire: ¿seguirá el Estado
tolerando que Los Talibanes gobiernen en nombre de Morena?
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