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SED, MIEDO Y ENCAPUCHADOS: EL NEGOCIO DEL AGUA QUE TIENE  AL BORDE DEL ESTALLIDO A LA PAZ   *Agua condicionada, grupos de choque y crime...

jueves, 5 de febrero de 2026

SED, MIEDO Y ENCAPUCHADOS: EL NEGOCIO DEL AGUA QUE TIENE

 AL BORDE DEL ESTALLIDO A LA PAZ

 

*Agua condicionada, grupos de choque y crimen: el pozo de La Paz convertido en botín político

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 5 de febrero de 2026.— La crisis por el agua en el municipio de La Paz estuvo a punto de convertirse en un episodio de violencia abierta. Habitantes de la comunidad conocida como El Potrero, en la colonia Lomas de San Sebastián, se manifestaron ayer al mediodía a las afueras del pozo ubicado en la calle Dalia, luego de que se les negara la dotación de agua que regularmente se les vende, mientras decenas de pipas salían cargadas del mismo pozo.

 

La protesta escaló peligrosamente cuando, de acuerdo con testimonios de los pobladores, un grupo de hombres armados y encapuchados, identificados por los vecinos como un grupo de choque vinculado a la presidenta municipal Martha Guerrero Sánchez y a su esposo Tranquilino Lagos Buenabad, arribó al lugar con actitud intimidante. La confrontación estuvo a punto de desbordarse. La policía municipal nunca apareció.

 

Los inconformes relatan que acudieron al pozo tras no recibir la venta de agua que, de manera irregular, se les ofrece los lunes, miércoles y viernes. Al llegar, se percataron de que más de 50 pipas estaban siendo abastecidas, mientras a los habitantes de la zona se les negó incluso “una gota”. La indignación llevó a los vecinos a bloquear la salida de las pipas.

 

“El pozo se explota todos los días, pero el pueblo sigue seco”, reclamaron los manifestantes, quienes acusan que el agua, lejos de ser un derecho, se ha convertido en un negocio lucrativo y selectivo, controlado desde el ayuntamiento.

 

Según los pobladores, Tranquilino Lagos Buenabad y la alcaldesa morenista Martha Guerrero han instaurado un sistema de control y condicionamiento del agua, especialmente en las partes altas del municipio. Cuando el vital líquido llega, no es gratuito: se vende como limosna y bajo reglas políticas.

 

De acuerdo con los testimonios, el ayuntamiento llena tinacos de mil litros los lunes, miércoles y viernes por 100 pesos, más 30 pesos adicionales “para el refresco” de quienes reparten el agua. Pero este “beneficio” solo aplica para quienes se afilian a Morena y asisten a reuniones partidistas dos veces por semana.
Quien se niega a militar en el partido guinda, recibe el castigo: los mismos mil litros se le venden hasta en 270 pesos.

 

“Nos están cobrando el agua y, además, nos quieren obligar a afiliarnos”, denunciaron los vecinos, quienes califican la práctica como extorsión política con el agua como instrumento de control social.

 

La distribución y el cobro, aseguran, está a cargo de Alejandro “N”, encargado del pozo, así como de Reyna Martínez y Teresa Gaona, empleados del ayuntamiento morenista. Para los habitantes, esto evidencia que el esquema no es aislado, sino institucional.

 

Pero el señalamiento más grave apunta a la presunta colusión con el grupo criminal “Sindicato 22 de Octubre”, que, según los inconformes, controla las pipas, fija precios y vende agua a empresas privadas y particulares hasta en 1,800 pesos por pipa. Afirman que no se permite la entrada de pipas de otras empresas, y que quienes lo intentan son apedreados, robados o incluso despojados de sus unidades.

 

Los vecinos identifican a Silvia Roana como la persona encargada de vigilar que ninguna pipa ajena entre a las partes altas del municipio. Dicha persona, aseguran, forma parte del “Sindicato 22 de Octubre”, cuyo líder es Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, sexto regidor de Chalco por el Partido Verde Ecologista de México, actualmente recluido en el penal Neza-Bordo por extorsión, secuestro y otros delitos graves, además de ser señalado por disputas violentas relacionadas con el control del agua en la zona oriente del Estado de México.

 

Trabajadores de Gobernación que se encontraban en la zona presenciaron el clima de tensión y los hechos intimidatorios, mientras la población espera que esta información haya sido notificada a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

 

“Si aquí corre sangre, la responsabilidad será directa de Tranquilino Lagos Buenabad y de Martha Guerrero Sánchez”, advirtieron los habitantes, quienes exigen una investigación inmediata sobre el manejo del pozo, la venta ilegal del agua y la presunta relación entre autoridades municipales y grupos criminales.

 

La pregunta queda abierta y resuena entre la población sedienta de La Paz: ¿Cuánto recibe Tranquilino Lagos Buenabad por permitir que el crimen organizado haga un negocio millonario con el agua del pueblo?

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