Comunicadores en Pie de Lucha

MORENA Y LA SOMBRA DE LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA:

 SILENCIO, OMISIÓN O COMPLICIDAD

 

*Órdenes de aprehensión sin ejecutar, vínculos con alcaldes y presunta infiltración institucional alimentan las sospechas de protección política en el sur del Estado de México.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 24 de febrero de 2026.- Mientras el discurso oficial de la “cuarta transformación” presume una lucha frontal contra el crimen organizado, en el sur del Estado de México y en la región de Tierra Caliente opera con absoluta impunidad La Nueva Familia Michoacana, una organización que no solo se expandió territorialmente, sino que fue designada en febrero de 2025 como organización terrorista en el marco del combate internacional contra el fentanilo y las anfetaminas.

 

LA PREGUNTA ES INEVITABLE: ¿POR QUÉ SUS LÍDERES SIGUEN LIBRES?

 

Los hermanos Johnny “El Pez” Hurtado Olascoaga y José Alfredo “El Fresa” Hurtado Olascoaga controlan municipios estratégicos del sur mexiquense como Tejupilco, Tlatlaya, Amatepec, Sultepec y Texcaltitlán. Existen órdenes de aprehensión en su contra por secuestro y homicidio. Son objetivos prioritarios de la Fiscalía mexiquense. Hay recompensa pública. Hay inteligencia militar. Hay evidencia filtrada en los llamados #SedenaLeaks. Y, aun así, no hay detención.

 

La organización no nació ayer. Surgió como escisión de la vieja La Familia Michoacana, tras el debilitamiento de Los Caballeros Templarios, y desde 2016 comenzó a reposicionarse. De acuerdo con investigaciones federales iniciadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se permitió su ingreso y consolidación en el sur del Estado de México. Pero lo más grave no es su origen. Es su permanencia.

 

Durante el gobierno estatal actual, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, la estructura criminal no solo no ha sido desmantelada: mantiene control territorial, infiltra corporaciones policiacas, presuntamente recibe armamento —incluso granadas— desde instalaciones militares según investigaciones internas, y sostiene vínculos con autoridades municipales.

 

Los reportes militares hackeados por el colectivo Guacamaya son contundentes: “El Pez” mantiene relación con alcaldes y ex alcaldes en Guerrero, Michoacán y Estado de México. Se le atribuye infiltración de policías y militares. Se le vincula con extorsión sistemática a ayuntamientos y hasta con negociaciones para influir en contratos públicos, como la compra de camiones de basura en Amatepec.

 

¿DÓNDE ESTÁ LA TRANSFORMACIÓN PROMETIDA?

 

El 5 de octubre de 2022, en San Miguel Totolapan, 20 personas fueron asesinadas en un ataque brutal. La versión pública difundida por “El Fresa” culpó a Los Tequileros, pero los supuestos agresores nunca aparecieron. Según reportes, los cuerpos fueron incinerados. No hubo justicia. No hubo responsables detenidos.

 

En Valle de Bravo, en 2021, fue “levantada” la candidata opositora Zudikey Rodríguez para obligarla a abandonar la contienda municipal. El beneficiario político fue el entorno cercano al gobierno estatal. ¿Casualidad?

 

En San Vicente Chicoloapan, líderes regionales vinculados a la organización operaban presuntamente con protección de la policía municipal bajo el gobierno de la morenista, Nancy Gómez Vargas y de su esposo el diputado local, Samuel Ríos. Los jefes de plaza, Marco Antonio Gómez Vargas y Alexis Gómez Vargas, ambos hermanos de la alcaldesa y a más de dos años de que se destapara el escándalo, ellos siguen prófugos y su hermana la alcaldesa nunca fue siquiera llamada a rendir su declaración ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

 

Y mientras tanto, el Fiscal General del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, prometió transformación institucional. Pero los objetivos prioritarios siguen libres. Las órdenes de aprehensión no se ejecutan. Las recompensas no producen resultados.

 

Cuando una organización criminal cobra derecho de piso incluso a empresas mineras extranjeras, infiltra policías, negocia contratos públicos, decide candidaturas mediante la violencia y controla regiones completas, y aun así no es desmantelada, la discusión deja de ser operativa y se vuelve política.

 

Morena llegó al poder prometiendo acabar con los pactos de impunidad. Pero en el sur mexiquense la realidad parece distinta: un grupo criminal consolidado, líderes identificados, investigaciones abiertas y cero capturas.