PENAL EL MOLINO DE LAS FLORES BAJO SOSPECHA: ACUSAN AL DIRECTOR DE ENTREGAR EL CONTROL A UN REO Y PERMITIR RED DE CORRUPCIÓN
*Familiares denuncian desvío de víveres, extorsiones, drogas y
privilegios ilegales; ataque armado previo exhibe la crisis y el vacío de
autoridad
Por: EXPEDIENTE SECRETO
TEXCOCO, Estado de México, 13 de febrero de 2026.— El nombre
de Mario Alberto Santamaría Méndez, director del penal El Molino de las Flores,
volvió a colocarse en el centro de la polémica, tras nuevas acusaciones de
familiares de internos que denuncian una presunta red de corrupción, abuso y
control criminal al interior del centro penitenciario.
De acuerdo con testimonios de familiares e información
proveniente de fuentes internas, el funcionario penitenciario habría entregado
el control operativo de los víveres y otros recursos al interno conocido como
“El Adrián”, quien presuntamente administra alimentos, privilegios y
actividades ilegales dentro del penal con la anuencia de la propia dirección.
Los denunciantes aseguran que los víveres enviados por el
gobierno del Estado de México, que deberían ser distribuidos equitativamente
entre las personas privadas de la libertad, no llegan completos a su destino.
Parte de estos suministros, transportados en camionetas oficiales, son
desviados hacia otros lugares por órdenes del interno, sin que exista
intervención o sanción alguna por parte de la autoridad penitenciaria.
PERO EL PRESUNTO NEGOCIO NO SE LIMITA AL DESVÍO DE ALIMENTOS
Según las denuncias, dentro del penal se ha instaurado un
sistema donde todo tiene precio: desde tarjetas telefónicas y el uso ilegal de
teléfonos celulares, hasta pagos para evitar labores obligatorias, extorsiones
a familiares y el presunto control de la venta de drogas al interior del centro
penitenciario. Todo ello, bajo un esquema que, afirman, opera con el
consentimiento de la dirección.
Fuentes internas señalan que este control absoluto habría sido
otorgado desde la llegada de Santamaría Méndez al cargo, quien habría permitido
que el interno consolidara su poder como intermediario y operador de estos
negocios ilícitos, generando ganancias que ascenderían a cientos de miles de
pesos.
La gravedad de la situación se agrava por el contexto personal
del interno señalado. Según versiones internas, “El Adrián” habría sido
diagnosticado con VIH desde 2021, cuando estuvo recluido en el penal
Neza-Bordo, y presuntamente se encontraría en una etapa avanzada de la
enfermedad. Esta condición, afirman las fuentes, habría sido utilizada como un
factor que lo hace menos vulnerable a represalias y más dispuesto a operar sin
temor a consecuencias, consolidando todo el control de los internos.
La tensión y el deterioro del control institucional habrían
escalado a niveles alarmantes. El pasado 6 de diciembre, alrededor de las 02:40
horas, dos sujetos armados a bordo de una motocicleta atacaron el acceso
principal del penal, disparando al menos veinte veces contra el portón antes de
darse a la fuga.
El ataque fue presenciado por el custodio penitenciario Antonio
Barrera Díaz, con más de 25 años de servicio, quien observó los hechos desde
una torre de vigilancia y dio aviso inmediato a las autoridades. El atentado
quedó sentado en la carpeta de investigación TEX/CAJ/AIX/100/338025/25/12.
En el lugar, los agresores dejaron además un mensaje
intimidatorio dirigido al director del penal, lo que evidencia un clima de
amenazas, confrontación y pérdida de control institucional dentro del centro
penitenciario.
Pese a la gravedad del ataque y a las denuncias persistentes
de familiares e internos, el gobierno del Estado de México no ha fijado una
postura pública clara ni ha anunciado investigaciones o sanciones.
El silencio institucional solo alimenta la percepción de que,
dentro del penal El Molino de las Flores, la autoridad formal podría no ser
quien realmente manda.
Mientras el director enfrenta señalamientos por presuntamente
permitir y beneficiarse de una red de corrupción interna, familiares de
internos advierten que los verdaderos costos de este sistema los pagan las
personas privadas de la libertad, sometidas a extorsiones, carencias y abusos
dentro de un espacio que debería estar bajo el control absoluto del Estado.
El caso expone, una vez más, la fragilidad del sistema
penitenciario y plantea una pregunta inquietante: si el control se ha cedido al
interior de las cárceles, ¿quién gobierna realmente tras los muros?
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