GOBIERNO PRESUME BAJA EN ROBO DE VEHÍCULO MIENTRAS EL CRIMEN ORGANIZADO MANTIENE PRESENCIA EN MÁS DE 60 MUNICIPIOS DEL EDOMEX
*Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
reporta reducción del 54 %, diagnósticos oficiales revelan expansión
territorial de grupos criminales en la entidad
Por Martin Ponce, Carlos Recio y Rodolfo Rodríguez
Mientras el gobierno del Estado de México celebra una
disminución del 54 por ciento en el robo de vehículo entre el 1 de enero y el
24 de febrero de 2026, el propio diagnóstico institucional reconoce la
presencia de estructuras del crimen organizado en decenas de municipios
estratégicos.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez difundió en redes
sociales que la reducción —de 5 mil 166 casos en 2025 a 2 mil 386 en 2026— es
resultado de la coordinación en la Mesa de Paz. Sin embargo, la cifra
corresponde a un periodo de apenas 55 días y no aborda otros delitos de alto
impacto como homicidio doloso, extorsión, secuestro o narcomenudeo.
EL PROBLEMA NO ES SOLO LA ESTADÍSTICA, SINO EL CONTEXTO.
La misma Fiscalía que reporta la baja en robo de autos ha
documentado presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en al menos 60
municipios y de La Familia Michoacana en 75, además de la coexistencia de otras
estructuras criminales en corredores industriales y zonas densamente pobladas
del Valle de México y el Valle de Toluca. Es decir, mientras se presume un
indicador específico a corto plazo, el mapa oficial muestra un fenómeno mucho
más amplio y estructural.
Especialistas en seguridad advierten que reducciones
temporales pueden obedecer a múltiples factores: desplazamiento geográfico del
delito, subregistro, reclasificación de carpetas de investigación o variaciones
estacionales. Además, la disminución en robo de vehículo no necesariamente
implica debilitamiento de las estructuras criminales, que diversifican
actividades hacia extorsión, cobro de piso, robo de combustible o control
territorial.
En la Mesa de Paz número 35 participaron el secretario de
Seguridad Cristóbal Castañeda Camarillo, el fiscal José Luis Cervantes Martínez
y representantes federales. La narrativa oficial insiste en la coordinación
institucional como eje de la estrategia.
Sin embargo, la pregunta de fondo permanece: ¿Puede hablarse
de “pacificación” cuando el propio diagnóstico estatal reconoce expansión y
disputa territorial entre grupos criminales?
Reducir un delito es positivo y debe reconocerse. Pero
convertir una cifra parcial en símbolo de transformación estructural puede
resultar prematuro si no se acompaña de acciones contundentes contra la
corrupción, la infiltración institucional y el control territorial de
organizaciones criminales.
La seguridad no se mide solo en porcentajes. Se mide en
percepción ciudadana, control efectivo del territorio y debilitamiento real de
las estructuras delictivas. Y en ese terreno, los propios mapas oficiales
cuentan una historia mucho más compleja que el boletín gubernamental.
No hay comentarios:
Publicar un comentario