Comunicadores en Pie de Lucha

CJNG Y FAMILIA MICHOACANA SE EXPANDEN EN MÁS DE 60 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO BAJO LA MIRADA DEL GOBIERNO ESTATAL

 

*Diagnóstico oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirma presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana y otras células en corredores industriales y zonas densamente pobladas, mientras autoridades siguen acumulando mapas sin frenar la violencia

 

Por: Rodolfo Rodríguez y Martín Ponce.

 

TOLUCA, Estado de México, 25 de febrero de 2026.- La radiografía no deja lugar a dudas: el problema ya no es percepción, es estructura. Si la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México documenta que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en al menos 60 municipios mexiquenses —y que La Familia Michoacana alcanza 75—, entonces el Estado de México no enfrenta hechos aislados, sino una expansión criminal sostenida y tolerada.

 

Y AQUÍ ES DONDE LA CRÍTICA SE VUELVE INEVITABLE

 

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez prometió un cambio profundo bajo la bandera de la llamada “transformación”. Pero lo que muestran los mapas oficiales es otra cosa: superposición de grupos, disputa territorial, corredores industriales infiltrados y municipios estratégicos bajo asedio criminal. Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Texcoco, Toluca… la lista es larga y alarmante. No se trata de un punto rojo: es un estado sembrado de puntos.

 

El Fiscal General de Justicia del Edomex, José Luis Cervantes Martínez ha perfeccionado el diagnóstico. Láminas, mapas, colores superpuestos, clasificaciones por delito. Pero mientras la burocracia presenta gráficas, en las calles la extorsión se normaliza, los homicidios dolosos continúan, el secuestro no desaparece y el acopio de armas de uso exclusivo del Ejército se vuelve rutina en investigaciones abiertas. El conocimiento del problema ya no puede presumirse como logro; cuando la enfermedad avanza, el diagnóstico sin tratamiento es omisión.

 

El secretario de Seguridad Cristóbal Castañeda Camarillo llegó con discurso de experiencia y firmeza. Sin embargo, el mapa institucional reconoce incluso la existencia de una “Nueva Alianza” —la suma entre el CJNG y la Unión Tepito— operando en municipios clave del corredor industrial del Valle de México. Si el propio aparato de seguridad identifica estas convergencias criminales, ¿por qué la estrategia no ha desarticulado esas células de forma contundente?

 

El problema no es que existan investigaciones abiertas hasta 2024 o 2025. El problema es que, a pesar de años de registros de inteligencia federal que sitúan la expansión criminal desde la segunda mitad de la década de 2010, hoy la presencia no se reduce: se diversifica y se consolida. Robo de combustible en el norte colindante con Hidalgo, extorsión en zonas densamente pobladas, disputas en corredores comerciales, homicidios en municipios estratégicos. El patrón es claro.

 

Más grave aún es el trasfondo que nadie quiere tocar con firmeza: la corrupción como habilitador estructural. Sin complicidad política, sin redes de protección institucional, sin impunidad judicial, ningún grupo criminal logra expandirse en 60 o 75 municipios. Cuando la autoridad se limita a mapear el crimen, pero no a limpiar sus propias filas, el mensaje es devastador: el Estado observa, documenta… y permite.

 

Morena hoy gobierna el Estado de México, tiene mayoría legislativa federal, controla congresos locales y domina la narrativa nacional. Cuando eran oposición, aseguraban que el problema era la “herencia” y la falta de voluntad política. Hoy que concentran todo el poder. ¿Cuál es ahora el pretexto?

 

Si el diagnóstico oficial ya reconoce la magnitud del problema, la omisión deja de ser incapacidad y empieza a parecer tolerancia. Y cuando un gobierno se especializa en explicar el crimen en lugar de erradicarlo, la ciudadanía queda atrapada entre mapas institucionales y balas reales.

 

El Estado de México no necesita más radiografías. Necesita cirugía. Y, hasta ahora, ni la gobernadora, ni el fiscal, ni el secretario han demostrado estar dispuestos a empuñar el bisturí contra la corrupción que alimenta al crimen organizado.

 

Si se revisa con seriedad la propia radiografía institucional aportada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el panorama es todavía más preocupante cuando se detallan municipios y grupos criminales señalados.

 

GRUPOS CRIMINALES IDENTIFICADOS

 

El diagnóstico menciona presencia o incidencia de: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana, La Unión Tepito (en alianza con CJNG bajo la figura denominada “Nueva Alianza”), El Cártel de Tláhuac, Nuevo Imperio, Los Peluches, Los Catalinos, Los Gastones.

 

MUNICIPIOS CON PRESENCIA O INCIDENCIA VINCULADA AL CJNG

 

El informe ubica al CJNG en al menos 60 municipios. Entre los mencionados destacan: Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Nicolás Romero, Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Toluca, Metepec, Atlacomulco y Jilotepec.

 

En varios de estos puntos, el mapa muestra superposición, es decir, coexistencia o disputa entre distintos grupos criminales.

 

MUNICIPIOS CON FUERTE PRESENCIA DE LA FAMILIA MICHOACANA

 

De acuerdo con el mismo diagnóstico, concentra mayor incidencia en: Ecatepec, Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán, Chalco e Ixtapaluca.

 

Además, en municipios del sur y poniente del estado, se encuentra la “Nueva Alianza” (CJNG Unión Tepito).

 

La figura descrita como alianza operativa aparece en: Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Tultepec, Coacalco y Ecatepec.

 

Cártel de Tláhuac, tiene registros en: Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca. El dato central es demoledor: no se trata de un solo grupo ni de una sola región, sino de un entramado criminal extendido en corredores industriales, zonas densamente pobladas y rutas comerciales estratégicas del Valle de México, el Valle de Toluca, el norponiente y el oriente mexiquense.

 

Cuando los propios documentos oficiales enlistan municipios específicos y estructuras criminales con nombre y apellido, la discusión deja de ser imprecisa. El problema está geográficamente identificado. La pregunta ya no es dónde están. La pregunta es por qué, si el Estado sabe exactamente dónde operan y quiénes son, no ha logrado desmontar su presencia territorial.