POBREZA Y
ABANDONO DEL MAGISTERIO
Por: Fernando
González Mejía
Pearson
(servicios y contenidos educativos) plantea que las profesiones son mecanismos
de control social: el abogado previene la desviación social asesorando al
cliente sobre las formas de mantenerse dentro de la legalidad; el médico hace
retornar al enfermo estigmatizado como desviado a la zona de la normalidad.
Particularmente quiero referirme a la profesión de maestro, alguna definición
dice que es aquel al que se le reconoce una habilidad extraordinaria en la
materia que instruye. En la sociedad actual, los maestros tienen una profesión
esencial para el buen funcionamiento de la sociedad.
Con motivo
de la pandemia por el coronavirus, el gobierno federal, a través de la SEP, anunció
la suspensión de clases presenciales y la continuidad del ciclo con mecanismos
virtuales en internet. En México solo el 60% de los mayores de 6 años tiene
acceso a internet, por lo que la medida no garantiza que todos los estudiantes
cumplan con sus actividades escolares. Con dicha acción los profesores siguen
laborando, algunos salen a realizar procesos administrativos y otros buscan
acceso a internet desde la escuela para poder atender a sus alumnos
virtualmente.
Ante este
panorama, me atrevo a hablar en nombre de miles de maestros de diferentes
escuelas públicas -entre ellas algunas que ha promovido el Movimiento Antorchista
Nacional-, pues lo que está viviendo el magisterio es un acto injusto,
insensible e impúdico. El gobierno del Estado de México, el gobernador Alfredo
Del Mazo, se niega a otorgar las plazas para maestros y horas clase necesarias
por el evidente crecimiento de la matrícula escolar (crecimiento natural) o en
escuelas de nueva creación por la justificada demanda del servicio educativo.
Estas necesidades están perfectamente consideradas en los manuales de
procedimiento de las Secretarías de Educación federal y estatal.
En total
suman 700 profesionistas frente a grupo en espera de ser integrados al
magisterio oficial, todos allegados a Antorcha Magisterial; estos maestros
atienden más 852 grupos escolares en 118 instituciones públicas de 25
municipios mexiquenses, la mayoría en la Zona Oriente de la entidad.
Durante 14
años, el gobierno estatal instrumentó, a través de la Secretaría de Educación
Estatal, un simbólico pago provisional a los maestros que estaban en ese
legítimo y normativo estatus; el primer año de la administración del gobernador
Del Mazo continuó con el pago simbólico, pero, a partir del mes de octubre del
año pasado (2019), el Mandatario estatal se negó a cumplir el acuerdo con los
maestros y decidió abandonar a estos 700 educadores que este mes de mayo
cumplirán 8 meses sin recibir su pago, a pesar de que ellos no han dejado de
cumplir sus actividades en las escuelas públicas, ni antes de la pandemia ni
ahora.
Esta
injusticia se ha agravado con el impacto del coronavirus. Para ilustrar la
situación recurriré a una historia de primera mano. El señor Leobardo Ruíz de
49 años murió por SARS-CoV-2 el domingo 20 de abril, era padre de la maestra
Silvia Ruíz, quien tiene tres ciclos escolares renovando un contrato de seis
meses con Educación estatal, el llamado “interinato”; el GEM se niega a dar su
plaza definitiva a pesar de que se justifica plenamente su lugar en el aula. El
lunes 21 se les aplicó la prueba de Covid al resto de los familiares que
habitaban con el señor Leobardo, todos resultaron positivos, 6 en total, entre
ellos Silvia y su esposo, Eliseo Pérez Pascual, también maestro frente a grupo.
Eliseo Pérez
tiene 5 años en listado en ese grupo de 700 maestros a los que Del Mazo les
retiró el pago simbólico; desde hace 8 meses no recibe ingreso y sigue frente a
sus grupos de alumnos. Esto implica un doble daño, porque el maestro Eliseo
está sin pago y con coronavirus, la pregunta es obvia: ¿cómo se quedarán Eliseo
y Silvia en casa? ¿Cómo se curarán? ¿Sus medicinas para ellos, para sus hijos y
familiares?
Gracias a la
administración del gobierno municipal de Chimalhuacán, quien tuvo una actitud
solidaria, ambos profesores contagiados, y sus familiares, fueron trasladados
al Hospital General Chimalhuacán “90 camas”. Remarco el adjetivo solidaria,
porque desde el momento de la manifestación del contagio del señor Leobardo, la
administración municipal de Chimalhuacán se hizo cargo tanto de la
hospitalización y luego de los servicios funerarios, como del pago de las
pruebas a toda la familia, con la respectiva dotación de todos los medicamentos
necesarios para su recuperación, a pesar de que debería ser obligación del
gobierno estatal.
Paradójicamente,
el maestro Juan Manuel Uribe Navarrete, secretario General del Sindicato de
Maestros al Servicio del Estado de México, envió un mensaje originado por el
primer caso de Covid en el magisterio oficial, disponía su buena voluntad a sus
agremiados para los cuidados contra el contagio del coronavirus. Su disposición
es cubrir el gasto-en promedio cuestan 4 mil pesos- de las pruebas para
detectar Covid, la intervención para la pronta atención médica en los
hospitales del Issemym, entre otras cosas. Pero, Silvia, Eliseo y cientos de
maestros más, no pueden recibir ese apoyo sindical por decisión del gobernador Del Mazo debido a
que no ha incluido a los maestros en el sistema de educación estatal, lo que
significa que el Mandatario se ha negado a cumplir sus compromisos de campaña y
por demeritar injustamente la valiosa profesión de los maestros en la sociedad.
Ahora los maestros están contagiados por Covid y abandonados por Del Mazo.