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viernes, 19 de septiembre de 2025

«INVESTIGAR A VARELA Y CÓMPLICE», ORDENA CERVANTES MARTÍNEZ

 

* El Fiscal Especializado de Homicidios en zona Oriente, se encuentra en la mira de la Fiscalía Anticorrupción por exigir dinero a ministerios públicos, según él, «para su jefa Sayonara»

* Al respecto existe una carpeta de investigación en su contra por el delito de abuso de autoridad, indagatoria que, por cierto, mantiene muy nervioso al funcionario

 

Por EXPEDIENTE SECRETO

 



TOLUCA, MÉX., A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025.- La Fiscalía Especializada de Homicidios, zona Oriente, bajo la dirección de Guillermo Varela Espinoza, se ha convertido en un epicentro de corrupción, abuso y fabricación de culpables. Lo que debería ser un espacio para impartir justicia y perseguir a los responsables de los crímenes más graves en la entidad, opera hoy como un negocio criminal con sello institucional.

 

LA REUNIÓN QUE DESTAPÓ LA CLOACA

 

El pasado 9 de septiembre, en las oficinas de Varela Espinoza, tuvo lugar una reunión clave. Acompañado de su secretario particular, Ricardo Iván Mendoza Gutiérrez, convocó a todos los agentes del ministerio público de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán e Ixtapaluca.

 

El mensaje fue claro: a partir de ese momento cada agente debería entregar dos mil pesos semanales como «renta» y poner a disposición cinco detenidos mensuales ante un juez de control, existieran pruebas o no.

 

Según Varela Espinoza, esas eran las órdenes directas de la maestra Sayonara Encarnación Rosales, recién nombrada Coordinadora General de Combate al Homicidio.

 

El escándalo no tardó en estallar. El propio maestro José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, dando un puñetazo en el escritorio ordenó a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción abrir una investigación de oficio contra Varela y Mendoza, por el delito de abuso de autoridad, la cual quedó asentada en la carpeta de investigación: CCF/SPN/00/MPI/184/00304/25/09.

 

AMENAZAS E INTIMIDACIONES

 

Desde que comenzó la indagatoria, agentes del ministerio público han sido citados para rendir testimonio en Villada 200, colonia Metropolitana, municipio de Nezahualcóyotl, donde la Fiscalía Anticorrupción tiene su sede.

 

Sin embargo, Varela Espinoza reaccionó con lo que mejor sabe hacer: amedrentar. Él y Ricardo, su secretario particular, han advertido a quienes deben declarar que aquel que se atreva a hablar de los «negocios» en la Fiscalía de Homicidios «se atenga a las consecuencias».

 

El círculo de corrupción está claramente identificado: Guillermo Varela Espinoza, Fiscal Especializado de Homicidios, zona Oriente. Ricardo Iván Mendoza Gutiérrez, su secretario particular y operador directo, así como Pedro Iván Galindo Ortiz, agente del ministerio público; éste último encargado de recibir el dinero de los sobornos.

 

Entre los tres han consolidado una maquinaria para fabricar culpables, encarcelar inocentes y liberar criminales a cambio de sobornos.

 

VÍCTIMAS DE UNA JUSTICIA EN VENTA

 

Los ejemplos sobran y revelan cómo la Fiscalía convirtió los expedientes en mercancía: Los hermanos Martín y Daniel, en junio de 2024 fueron acusados del homicidio del exalcalde de Ixtapaluca, Fernando Fernández García. Martín fue detenido en su motocicleta; Daniel fue arrestado cuando acudió a preguntar por él.

 

La familia denunció que la Fiscalía les exigía 300 mil pesos para liberarlos. No pudieron pagar. Hoy están condenados en el penal de Huitzilzingo, pese a ser inocentes.

 

Las hermanas Nancy Adriana y Elizabeth Gómez Gómez, en abril de 2024, tras el homicidio de Emilio Elizalde Servín en la comunidad de Cuautlalpan, municipio de Texcoco, fueron detenidas sin estar involucradas en el caso.

 

Hace unas semanas un juez de control ordenó su libertad por falta de pruebas, pero Varela Espinoza instruyó reabrir una carpeta también de homicidio de 2023 en su contra para mantenerlas presas.

 

Otro ejemplo más: El doble homicidio en Valle de Chalco ocurrido el 24 de octubre de 2024 dónde aparecieron dos cuerpos maniatados con un narcomensaje firmado presuntamente por el CJNG.

 

Días antes, los jóvenes habían sido detenidos por policías estatales pertenecientes al agrupamiento Valle de Chalco. Tras ser identificados seis responsables, Pedro Iván Galindo Ortiz, agente del ministerio público, por órdenes de Varela manipuló el caso.

 

A cambio de 200 mil pesos por cabeza, tres policías quedaron libres. Los otros, al no reunir el dinero, fueron enviados a prisión.

 

Cada caso expone la misma fórmula: extorsión, manipulación de expedientes, presión a familiares y venta de libertades.

 

EL PADRINAZGO Y LA IMPUNIDAD

 

Varela Espinoza presume a los cuatro vientos que su verdadero protector es Mario Salas Ortiz, ex Fiscal de Atención Especializada, recientemente removido del cargo y actual titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

 

Testigos lo recuerdan en el Restaurante Campestre «La Finca VS», propiedad de Varela Espinoza, ubicado en San Nicolás Tlaminca, municipio de Texcoco, donde juntos se entregaban a excesos de comida y alcohol. Ese padrinazgo le dio a Varela la sensación de ser intocable, y por años lo fue.

 

INSTITUCIÓN SECUESTRADA

 

Hoy, la Fiscalía Especializada de Homicidios, zona Oriente, no solo está bajo sospecha: está secuestrada por intereses criminales internos. El personal trabaja bajo amenaza, la sociedad no confía en quienes deberían protegerla y las cárceles están llenas de personas que pudieron ser víctimas de fabricación de culpables.

 

La justicia se ha convertido en una moneda de cambio, y el precio lo pagan los inocentes.

 

LA JUSTICIA VENDIDA AL MEJOR POSTOR

 

El Estado de México enfrenta una crisis institucional que ya no puede maquillarse. Guillermo Varela Espinoza, Ricardo Mendoza y Pedro Galindo han transformado la fiscalía en un mercado donde el delito se negocia, la libertad se vende y la inocencia se destruye.

 

Los casos documentados muestran que inocentes purgan condenas por no tener dinero y delincuentes peligrosos caminan libres porque pudieron pagar su «cuota de libertad».

 

El maestro José Luis Cervantes Martínez, titular de la FGJEM, así como la también maestra Sayonara Encarnación Rosales, Coordinadora General de Combate al Homicidio, tienen una decisión histórica: limpiar de raíz esta red criminal interna o convertirse en cómplices por omisión.

 

El silencio y la pasividad serían devastadores. Porque si Varela y sus operadores logran evadir la justicia, el mensaje será inequívoco: en el Estado de México no gobierna la ley, gobierna la corrupción.

 

Y entonces, ¿qué le queda al ciudadano común? Nada. Ni justicia, ni seguridad, ni instituciones confiables. Solo miedo.

 

En la Fiscalía Especializada de Homicidios, zona Oriente, la justicia ya tiene precio, y la sociedad mexiquense está pagando la factura más alta: vivir bajo un sistema donde la verdad se negocia y la justicia se prostituye.

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