ASESINATOS LIGADOS AL HUACHICOL ENVUELVEN A LA MARINA
Por: Héctor De Mauleón
Unas horas después de que se diera a conocer su participación
en una red de tráfico de huachicol fiscal operada por altos
funcionarios de la Marina, el capitán Jeremías Pérez Ramírez fue
hallado sin vida en sus oficinas de la Unidad de Protección
Portuaria de Altamira, Tamaulipas. El cuerpo del capitán presentaba
un solo disparo en el pecho.
Su nombre acababa de aparecer en la lista de elementos de la
Marina que, según la acusación del exdirector de la Aduana de Tampico, el
capitán Alejandro Torres Joaquín, recibieron sobornos para
permitir la descarga de buques de huachicol en el puerto de Tampico.
Torres Joaquín recibió 100 mil pesos en abril de 2024,
enviados por el capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz,
operador de la red tejida por el vicealmirante Manuel Roberto Farías
Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, sobrinos
políticos del exsecretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel
López Obrador, Rafael Ojeda.
Según la información entregada a la Fiscalía General de
la República por el exdirector de la Aduana de Tampico, seis buques
cargados con millones de litros de combustible ilegal atracaron unas 14 veces
en el puerto, bajo la protección de elementos de la Agencia Nacional de
Aduanas de México: más de 25 millones de pesos fueron repartidos a personal
naval y aduanero por la red de tráfico manejada por los sobrinos del
almirante Ojeda. Los pagos para cada funcionario, según Torres
Joaquín, eran de entre 100 y 300 mil pesos.
La red no operó únicamente en las aduanas de Tampico y
Altamira. Desde agosto de 2022, el entonces secretario de la Defensa, Luis
Crescencio Sandoval, solicitó al director del Centro Nacional de
Inteligencia, Audomaro Martínez, que investigara una red que operaba
también en las aduanas de Baja California y Sonora, estado del que son
originarios los hermanos Farías Laguna, sobrinos del almirante Ojeda. En
abierta contradicción con el oficio girado por el general Sandoval, el
fiscal general Alejandro Gertz afirmó que la red fue denunciada hace
dos años. Las operaciones reveladas por el exdirector de la Aduana de Tampico
abarcan precisamente el tiempo en que, según su propia afirmación, el
fiscal Gertz tuvo conocimiento y comenzó “a investigar” dicha red.
En el oficio enviado a Audomaro Martínez, el secretario de la
Defensa señalaba al entonces administrador de Operación Aduanera, Juan
Carlos Madero Larios, cuñado de la hoy presidenta del Supremo Tribunal de
Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras, la cual fue a ampararse contra
una posible orden de aprehensión poco antes de que estallara el escándalo
de corrupción en las aduanas de Tamaulipas.
Durante el sexenio de López Obrador fue asesinado
el Rey del Huachicol, Sergio Carmona, cuyo hermano controló la aduana
de Reynosa e instaló una red de tráfico a gran escala, con cuyas
ganancias Carmona financió las campañas de varios
gobernadores y presidentes municipales de Morena en 2021 y 2022.
Cuando iba a convertirse en testigo protegido del gobierno de Estados
Unidos, sicarios con aire militar, según los testigos, lo ejecutaron en San
Pedro Garza García, Nuevo León.
No fue la única muerte asociada al tráfico de huachicol en
Tamaulipas. A finales de mayo de 2023, y a solo dos semanas de dejar su puesto
en el área de Comercio Exterior de la Aduana de Matamoros para asumir el cargo
de subdirector de Operación Aduanera en Manzanillo, hombres armados sacaron
a Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias del restaurante donde
desayunaba. Horas más tarde el funcionario fue encontrado muerto.
Había llegado a Manzanillo para remplazar al capitán de la
Marina Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien dejó el cargo por “un acuerdo” al
que había llegado con el almirante Rafael Ojeda y con el entonces titular de la
Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo. Dos días
antes de que lo asesinaran, denunció que un directivo de la Aduana de
Manzanillo lo había amenazado de muerte.
López Obrador atribuyó su asesinato “a las medidas que se
están tomando” para detener el tráfico de fentanilo. En la misma
conferencia, AMLO dijo que “la Marina ha hecho un trabajo ejemplar en
el control de los puertos marítimos”. El asesinato de Martínez Covarrubias
aparece, sin embargo, bajo una nueva luz tras las revelaciones que involucran a
marinos, funcionarios y empresarios de Tamaulipas con la red que manejaron los
sobrinos del almirante Ojeda y que dejó un quebranto en Pemex por miles de
millones de dólares.
Una historia mucho más siniestra salió a la luz en mayo de
2024, cuando un alto funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas, Carlos
Narváez Romero, fue asesinado en las cercanías de Polanco, en la ciudad
de México.
Narváez Romero era sobrino del entonces director de Pemex, Octavio
Romero, y amigo íntimo de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Había
trabajado como director de Procedimientos y Evaluación de Aduanas al lado de
Horacio Duarte, al que estuvo a punto de sustituir al frente la agencia, y con
el propio Rafael Marín Mollinedo. Uno de sus colaboradores fue precisamente
Juan Carlos Madero Larios, el cuñado de la hoy presidenta del Tribunal de
Justicia.
Narváez renunció intempestivamente en junio de 2023. Marín
Mollinedo declaró tras su muerte que Narváez había sido amenazado por las
mafias del huachicol. Un sicario lo esperó frente a su edificio y lo asesinó
cuando el exfuncionario regresaba de dejar a su hijo en la escuela.
Todas las muertes tienen en común un mismo sitio: la Aduana de
Tamaulipas. Todas las muertes conducen a ella. En noviembre pasado, Rubén
Guerrero Alcántara, el contralmirante que denunció en una carta la trama de
corrupción operada en puertos y aduanas por los sobrinos del almirante Ojeda,
fue asesinado en Manzanillo. Solo personal de la Marina conocía el lugar donde
iba a vacacionar.
La cloaca apenas comienza a destaparse. López Obrador ya tiene
por lo pronto en la Marina, quién iba a decirlo, a su propio García Luna.
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