EXTORSIÓN ASFIXIA AL EDOMEX: DELFINA Y SU SECRETARIO DE
SEGURIDAD, CÓMPLICES POR OMISIÓN
Toluca, Estado de México, 7 de septiembre de 2025.- La
extorsión se ha convertido en el cáncer económico que corroe al Estado de
México, y mientras empresarios exigen con urgencia recursos en inteligencia y
tecnología para combatirla, la gobernadora morenista Delfina Gómez Álvarez y su
secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, se lavan las manos,
simulando gobernar mientras permiten que los delincuentes dicten las reglas.
Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y
Asociaciones Empresariales del Estado de México, fue contundente: el pago de
derecho de piso, las llamadas de extorsión, las amenazas y el sobrecosto en
insumos han funcionado como un “arancel criminal” que durante años ha frenado
inversiones, provocado cierres de negocios y dejado a miles de familias en la
ruina. Tan solo en 2025 ya suman más de mil 500 denuncias, aunque se estima que
el 99.8% de los delitos no se denuncian por miedo y desconfianza hacia las
autoridades.
El trasfondo es claro: buena parte de la extorsión opera desde
los propios centros penitenciarios, convertidos en oficinas del crimen bajo la
vista gorda de los directivos y, por omisión o complicidad, de Castañeda
Camarillo. El dinero sucio corre por las cárceles del Edomex y alimenta a
quienes deberían combatirlo. En este esquema de corrupción, resulta imposible
pensar que Delfina Gómez no esté enterada; su silencio la convierte en
cómplice.
Mientras tanto, la mandataria morenista prefiere posar en
brigadas de recolección de basura dominicales en Ecatepec junto a la alcaldesa
Azucena Cisneros, señalada por sus nexos con la banda de extorsionadores “La
Chokiza”. En lugar de enfrentar a los criminales que exprimen a comerciantes,
transportistas y empresarios, Gómez Álvarez gasta su tiempo en shows mediáticos
que nada resuelven y que indignan a quienes día con día pagan la llamada
“segunda renta” para poder subsistir.
Los datos nacionales son escalofriantes: el Observatorio
Nacional de Seguridad reporta que en México se cometen 29 extorsiones diarias,
con una cifra negra del 96.7%. Si a nivel federal el reto es mayúsculo, en el
Edomex la pasividad gubernamental ha colocado a la entidad como epicentro del
cobro de piso.
Hoy, mientras el Congreso de la Unión arranca la discusión de
la Ley General contra la Extorsión, que busca reformas profundas a la
Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, la realidad es que
sin voluntad política en los estados, todo será letra muerta. Y en el caso del
Estado de México, la falta de acción de Delfina Gómez y Cristóbal Castañeda
solo demuestra que han optado por la complicidad y la simulación antes que por
la defensa de los ciudadanos.
En el Edomex, la extorsión no solo es un delito: es un negocio
permitido desde el poder.
