CAE “EL BORREGAS”; QUEDAN INTACTAS LAS REDES
POLÍTICAS QUE LO PROTEGIERON
ECATEPEC, Estado de México, 2 de junio de 2026. La detención de Misael Rodríguez Fragoso, alias “El Borregas”, no debería ser presentada como un triunfo aislado de las autoridades. Por el contrario, pone nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda que durante años ha permanecido sin respuesta: ¿cómo fue posible que personajes vinculados a estructuras criminales crecieran, operaran y consolidaran poder político, económico y territorial sin la protección o la omisión de funcionarios municipales?
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó
sobre la captura de Misael Rodríguez Fragoso, identificado como integrante
relevante de agrupaciones que operaban bajo la fachada de sindicatos y que
actualmente es investigado por delitos como extorsión, secuestro, robo con
violencia y despojo. Sin embargo, el caso va mucho más allá de un solo
detenido.
Su primo, Guillermo Fragoso Báez, conocido como “El Memo” o “El
Jefe”, permanece prófugo de la justicia pese a contar con una orden de
aprehensión por los delitos de extorsión agravada, extorsión a mototaxistas,
taxistas y piperos, radicada en la causa penal 88/2025. Lo más grave es que no
se trata de un personaje desconocido para la vida pública de Ecatepec. Fue
regidor durante la administración 2019-2021, en el primer gobierno del entonces
alcalde morenista y hoy diputado federal Fernando Vilchis Contreras,
demostrando que los presuntos vínculos entre política y estructuras criminales
no surgieron de la nada.
La historia se vuelve todavía más preocupante cuando se recuerda
que Merced Guillermo Fragoso Estévez, padre de Guillermo Fragoso Báez, fue
nombrado director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal durante la misma
administración. Desde esa posición estratégica se presume que operaron
estructuras de poder que hoy son objeto de investigaciones judiciales.
La captura de “El Borregas” también revive los
cuestionamientos sobre la relación que diversos actores políticos mantuvieron
con estos grupos. Durante años, Guillermo Fragoso presumió cercanía con
personajes del poder local. Fotografías públicas donde aparece junto a la
actual alcaldesa morenista Azucena Cisneros Coss han generado cuestionamientos
legítimos sobre la naturaleza de esa relación y sobre el nivel de conocimiento
que existía respecto a las actividades de quienes hoy son señalados por la
justicia.
Pero el problema no termina en Ecatepec. Las investigaciones
apuntan a organizaciones como USON, 25 de Marzo y Piperos de Ecatepec y Estado
de México, estructuras que durante años se presentaron como sindicatos, aunque
las autoridades ahora las vinculan con actividades delictivas. Su presencia se
habría extendido a municipios como Chalco, Valle de Chalco, Chicoloapan y
Amecameca, además de diversas alcaldías de la Ciudad de México.
Particular atención merece el denominado Sindicato 22 de
Octubre, relacionado con la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales
(USON), organización que ha sido señalada por su influencia en la distribución
y comercialización de agua mediante pipas en distintas localidades mexiquenses.
Hoy la estructura criminal “Sindicato 22 de Octubre”, se
encuentra operando en Los Reyes La Paz con el permiso y la presunta complicidad
de Tranquilino Lagos Buenabad, esposo da la alcaldesa morenista, Martha
Guerrero, quien le ha dado todas las facilidades al grupo criminal para imponer
un sistema de extorsión. Se trata de un negocio multimillonario que durante
años ha prosperado en medio de la escasez del líquido y la incapacidad
gubernamental para garantizar el suministro regular a la población.
Ante este escenario, resulta inevitable preguntarse por qué
las autoridades federales y estatales continúan actuando únicamente sobre
operadores de nivel medio mientras las estructuras políticas, financieras y de
protección institucional permanecen intactas. Cada detención parece formar
parte de una estrategia mediática para demostrar resultados, pero no de una
verdadera ofensiva para erradicar las redes que permitieron el crecimiento de
estos grupos.
Si realmente existe voluntad de combatir a estas
organizaciones, la investigación tendría que alcanzar a quienes les abrieron
las puertas de los gobiernos municipales, a quienes les otorgaron espacios de
poder, a quienes les permitieron controlar territorios y a quienes, por acción
u omisión, facilitaron que se convirtieran en actores dominantes en amplias
regiones del Estado de México.
La captura de “El Borregas” podría representar el inicio de
una limpieza institucional o convertirse en otro episodio de simulación
gubernamental. Por ahora, los hechos parecen apuntar a lo segundo: golpes
espectaculares contra algunos integrantes, mientras las estructuras políticas
que los cobijaron continúan intactas y sin rendir cuentas ante la ciudadanía.
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