DE ACUSADORA A ACUSADA: NANCY NÁPOLES DENUNCIÓ A PERIODISTAS ANTES DE SER EXHIBIDA POR PRESUNTO AUTOSECUESTRO
*Denunció a comunicadores por críticas a su gobierno; hoy
enfrenta acusaciones por simulación de secuestro
Por: EXPEDIENTE SECRETO
La agrupación 100 Periodistas por el Estado de México denunció
que cuatro comunicadores del espacio informativo La Madeja Política de
Tenancingo fueron citados ante el Ministerio Público luego de que la presidenta
municipal los acusara de violencia digital por publicar información crítica
relacionada con servicios públicos, nepotismo, salarios, manejo de recursos y
costos de obras municipales.
Los periodistas señalados son Ángel Ávila Calvo, Alejandro
López Vásquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez, quienes
fueron notificados el pasado 2 de junio para comparecer ante la Agencia del
Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género con
sede en Metepec.
La denuncia quedó asentada en la carpeta de investigación
275/2026, iniciada el 26 de mayo, apenas unos días antes de que estallara el
escándalo por el supuesto secuestro de la alcaldesa, caso que terminó por derrumbar
la versión oficial presentada inicialmente por su círculo cercano.
De acuerdo con la organización de periodistas, Nápoles Pacheco
exigió una reparación del daño de 125 mil pesos por cada comunicador,
argumentando afectaciones psicológicas derivadas de publicaciones,
transmisiones y comentarios en redes sociales que, según ella, dañaban su
reputación.
Paradójicamente, la alcaldesa presentó la denuncia como
ciudadana y no como servidora pública, pese a que los señalamientos realizados
por los periodistas estaban relacionados directamente con el ejercicio de su
cargo y el manejo de la administración municipal.
El colectivo sostuvo que las publicaciones cuestionadas
estaban respaldadas por investigaciones periodísticas, documentos públicos y
solicitudes de transparencia, por lo que advirtió un intento de utilizar
figuras legales para intimidar y silenciar voces críticas.
Más grave aún, la agrupación reveló que Nancy Nápoles
presuntamente habría pedido a la ciudadanía no comentar en redes sociales sobre
su gobierno y evitar consumir información generada por medios locales, una
postura que, señalaron, contradice los principios democráticos y el derecho
ciudadano a la información.
El caso adquiere una dimensión todavía más delicada tras la
revelación de la FGJEM sobre la presunta simulación de secuestro ocurrida el 31
de mayo. Según la investigación ministerial, la propia alcaldesa habría
participado activamente en la planeación y ejecución del montaje, cuyo objetivo
habría sido justificar un faltante de 40 millones de pesos en las finanzas municipales.
Las autoridades sostienen que las cámaras de vigilancia nunca
registraron un secuestro violento. Por el contrario, las imágenes muestran a la
edil descendiendo de su vehículo con ayuda de uno de los implicados para
abordar posteriormente un Volkswagen Virtus rojo. La investigación señala
incluso que fue la propia alcaldesa quien indicó rutas para evitar
videovigilancia y que, al percatarse del despliegue policial, pidió ser
abandonada en un camino de terracería de la comunidad de El Capulín para fingir
un escape.
La Fiscalía ejerció acción penal contra seis personas
involucradas. Tres fueron detenidas en Oaxaca, mientras que el esposo de la
alcaldesa, José Roberto, y su cuñado permanecen prófugos de la justicia. Ambos
son considerados por las autoridades como piezas clave en la organización del
presunto fraude.
Resulta especialmente llamativo que, durante una transmisión
en vivo realizada el 2 de junio, Nancy Nápoles descalificara a los medios de
comunicación que reportaron su desaparición, acusándolos de
"distorsionar" y "malinformar", al tiempo que pedía a la
población ignorar cualquier versión distinta a la difundida por ella misma. En
ese mismo mensaje agradeció públicamente el respaldo de su esposo, quien hoy aparece
señalado por la Fiscalía como uno de los principales organizadores del supuesto
montaje.
La investigación ministerial reveló además la existencia de
decenas de comunicaciones entre los involucrados. Solamente entre abril y junio
se documentaron 136 llamadas relacionadas con la planeación del caso y 49
contactos directos entre los principales operadores, contradiciendo la versión
pública ofrecida por el círculo cercano de la alcaldesa.
Ante este escenario, 100 Periodistas por el Estado de México
solicitó la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del fiscal
mexiquense José Luis Cervantes Martínez y del Congreso local para impedir que
se utilicen las instituciones como herramientas de persecución contra
periodistas que ejercen su labor de vigilancia y rendición de cuentas.
Lo que comenzó como una denuncia por presunta violencia
digital hoy exhibe un panorama más amplio: una alcaldesa que intentó llevar a
periodistas al Ministerio Público por cuestionar su gestión, mientras ella
misma enfrenta acusaciones que podrían derivar en uno de los mayores escándalos
políticos y judiciales recientes en Tenancingo. La audiencia de imputación
contra Nancy Nápoles Pacheco está programada para el próximo 9 de julio.
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