DETENCIÓN DE ACTIVISTA EN LA PAZ REVIVE ACUSACIONES DE PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA EL GOBIERNO DE MARTHA GUERRERO
*La captura de Pablo Tenoch reaviva denuncias de presunto uso
político de las instituciones y profundiza las críticas contra la
administración de Martha Guerrero y la influencia de Tranquilino Lagos en el
gobierno de La Paz
Por: EXPEDIENTE SECRETO
De acuerdo con esta versión, la inconformidad vecinal no
surgió por intereses partidistas, sino por la preocupación de habitantes que
exigen mayor transparencia sobre las obras relacionadas con el suministro de
agua y el destino de espacios públicos en la colonia Ampliación Tecamachalco.
Para los críticos del gobierno municipal, la detención de uno de los
principales opositores al proyecto envía un mensaje preocupante a quienes
buscan manifestar desacuerdos con las autoridades.
Las críticas no son nuevas. Diversos actores políticos y
sociales han señalado en distintas ocasiones lo que consideran una tendencia
autoritaria y represiva por parte de la alcaldesa Martha Guerrero y de su
principal operador político, su esposo Tranquilino Lagos Buenabad.
Uno de los casos más citados por sus detractores es el de José
Luis Díaz Ramírez, quien meses atrás anunció movilizaciones contra el gobierno
municipal y posteriormente fue detenido tras una reunión donde, según sus
simpatizantes, acudiría para dialogar con representantes del gobierno local.
Desde entonces permanece sujeto a proceso, situación que sus seguidores
interpretan como un acto de represalia política, mientras que las autoridades
sostienen que la actuación estuvo sustentada en investigaciones ministeriales,
sin embargo, todo mundo sabe que fue una acusación fabricada para beneficiar a la
alcaldesa Martha Guerrero.
Otro episodio que alimentó la polémica ocurrió en mayo pasado,
cuando comerciantes de la avenida Morelos denunciaron públicamente extorsiones
atribuidas a integrantes del grupo criminal denominado "Sindicato 22 de
Octubre". Posteriormente algunos de los denunciantes enfrentaron acusaciones
penales, situación que fue presentada por sus defensores como un intento de
intimidación. Los involucrados finalmente recuperaron su libertad, luego de demostrar
jurídicamente que las acusaciones fueron un montaje por parte de la Fiscalía
del Estado de México, hecho que demostró que las imputaciones carecían de
sustento jurídico.
A estos señalamientos se suma la denuncia presentada por dos
reporteros que aseguraron haber sido retenidos durante varias horas dentro del
Palacio Municipal mientras distribuían material informativo. Los represores de
los reporteros están identificados como el titular de la oficina da gobernación
municipal, el expriista, Jaime Hernández Méndez y uno de sus empleados, Pedro
Luna Pintor, quienes se han encargado de sembrar el terror a personas incomodas
para la administración municipal.
Ambos, permanentemente se encuentran asechando, como perros
guardianes al interior del edificio municipal. Aunque la privación ilegal
contra los reporteros fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México, sostienen que no ha existido un avance significativo en las
investigaciones, por lo que es evidente que la fiscalía estatal no goza de
independencia, sino que es un instrumento que está al servicio y capturada por Morena.
Para los críticos de la administración municipal, estos
episodios reflejan un ambiente de creciente intolerancia hacia la crítica y la
disidencia política. La detención de Pablo Tenoch Castellanos, afirman, no
puede analizarse de manera aislada, sino como parte de una serie de
acontecimientos que han generado preocupación entre organizaciones sociales,
comerciantes, activistas y comunicadores.
Otro de los cuestionamientos recurrentes está relacionado con
el manejo del sistema de distribución de agua en el municipio. Vecinos y
actores políticos han exigido públicamente que el gobierno municipal esclarezca
cualquier vínculo o acuerdo con integrantes del grupo criminal denominado
"Sindicato 22 de Octubre", organización señalada por diversos
sectores ciudadanos de tener todo el control de los posos de agua y su distribución,
así como implementar un sistema de pago de derecho de piso (extorsión) a
comerciantes y dueños de antros presuntamente acordada con la pareja gobernante.
Hasta el momento, Martha Guerrero y Tranquilino Lagos no han rechazado las
acusaciones y tampoco se han deslindado de ellas.
La controversia ocurre en un contexto donde Morena gobierna
tanto el Estado de México como la mayoría de los municipios de la entidad,
situación que, según ciudadanos críticos y preocupados por la alarmante situación,
dificulta la existencia de contrapesos institucionales efectivos. Desde esta
perspectiva, la captura de activistas, comerciantes y voces críticas genera
inquietud sobre el respeto a las libertades de expresión, asociación y
manifestación.
Por ello, para numerosos habitantes de La Paz, la pregunta de
fondo ya no es únicamente qué ocurrió durante el enfrentamiento en
Tecamachalco, sino si las instituciones están siendo utilizadas para garantizar
el orden público o para neutralizar a quienes cuestionan al gobierno municipal.
La respuesta, sostienen, será determinante para la confianza ciudadana en las
autoridades y para el futuro de las libertades democráticas en el municipio.
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