IMPUNE Y BRUTAL CENTRO DE TORTURA EN NEZAHUALCÓYOTL
*Juez declaró ilegal la detención de dos mujeres y ordenó
investigar posibles actos de tortura y corrupción dentro de la Comisaría
General de Seguridad Ciudadana
(PRIMERA PARTE)
Por EXPEDIENTE SECRETO
De acuerdo con los testimonios de Ximena Ibarra Helu y Nicole
Daniela Vega Helu, el pasado 4 de mayo, alrededor de las 12:40 horas, ambas
fueron interceptadas por elementos adscritos al área de Inteligencia Municipal,
luego de salir del gimnasio GYMAN PINK, ubicado en calle Mariquita 211, la
colonia Benito Juárez.
Las denunciantes sostienen que fueron detenidas en distintos
puntos cercanos al establecimiento sin que existiera orden judicial, mandato ministerial
o circunstancia legal que justificara su aseguramiento. Pese a ello, ambas
terminaron siendo puestas a disposición del ministerio público por el mismo
delito.
Según las víctimas, desde los primeros momentos de la
detención comenzaron las agresiones verbales, amenazas e insultos.
Posteriormente, afirman haber sido sometidas físicamente, obligadas a descender
de sus motocicletas, revisadas sin autorización y presionadas para desbloquear
sus teléfonos celulares.
Las mujeres relatan que al negarse a entregar el acceso a sus
dispositivos, los elementos policiacos incrementaron la violencia mediante
golpes, jalones de cabello, cachetadas, puñetazos y patadas. Para ese momento,
aseguran, participaban al menos 15 policías municipales, tanto uniformados como
vestidos de civil.
Entre las personas señaladas por las denunciantes se encuentra
la elemento Jocelyn Chávez Zacarías, quien intervino desde el inicio de los
hechos.
Posteriormente, ambas fueron trasladadas por separado a
instalaciones de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl.
Una de ellas asegura haber sido obligada a subir a una camioneta Silverado
blanca con placas MRH-471-A, llegando incluso a pensar que se encontraba frente
a un secuestro o que sería privada de la vida.
Las víctimas sostienen que fueron llevadas específicamente a
la base conocida como Sistema de Información Criminal (SIC), ubicada en la
calle Caballo Bayo, donde se cometieron los actos más graves.
De acuerdo con sus declaraciones, dentro de esas instalaciones
fueron sometidas a golpes reiterados, métodos de asfixia y descargas eléctricas
en diversas partes del cuerpo, incluyendo zonas íntimas. El objetivo, afirman,
era obligarlas a desbloquear sus teléfonos celulares y construir una acusación
en su contra por delitos graves.
Las denunciantes aseguran que durante horas gritaron, pidieron
ayuda y suplicaron que cesaran las agresiones, sin que nadie interviniera. Lo
más alarmante, señalan, es que numerosos policías transitaban por el lugar
observando lo que ocurría con absoluta indiferencia.
Si los hechos denunciados son confirmados por las autoridades
competentes, estaríamos frente a algo mucho más grave que un caso aislado de
abuso policial: la existencia de un centro de tortura operando dentro de
instalaciones oficiales del gobierno municipal.
Las víctimas identifican como responsable del operativo a
Francisco Michael Pérez Ramírez, titular de la coordinación de Inteligencia
Municipal, a quien señalan como la persona que dirigía, autorizaba y ordenaba
las acciones ejecutadas en su contra.
Según las denunciantes, al no encontrar evidencia de algún
delito, los agentes habrían decidido fabricar cargos por daños contra la salud.
Afirman que Pérez Ramírez ordenó colocarles diez bolsas con presuntos
estupefacientes para presentarlas ante el ministerio público de Neza La Perla.
Ellas desesperadas por el dolor de la tortura firmaron la declaración y se auto
incriminaron.
La acusación quedó registrada en la carpeta de investigación:
NEZ/NEZ/NZ3/062/119703/26/06 por delitos contra la salud.
Sin embargo, el caso dio un giro cuando llegó ante el Juez de
Control, Gabriel Ruano Solís, dentro de la carpeta administrativa:1234/2026.
De acuerdo con la resolución judicial, el órgano
jurisdiccional declaró ilegal la detención al advertir múltiples
irregularidades en el procedimiento, además de las lesiones físicas que
presentaban las detenidas. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía
Especializada en Investigación del Delito de Tortura y a la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción.
La decisión judicial representa un golpe demoledor para la
versión oficial de los hechos y constituye un reconocimiento formal de que
existían elementos suficientes para investigar posibles conductas criminales
cometidas por servidores públicos. Pese a ello, las denunciantes aseguran que
nada ha ocurrido contra los responsables.
Aunque la Contraloría Interna de la corporación inició los
expedientes CGSC/CA1/QJ208/2026 y CGSC/CA1/QJ209/2026, y aunque el alcalde
Adolfo Cerqueda Rebollo, los regidores y síndicos del Ayuntamiento fueron
notificados de los hechos, hasta el momento no se conocen sanciones ejemplares
ni separaciones definitivas del cargo.
El caso adquiere una dimensión todavía más preocupante debido
a los señalamientos que rodean a Francisco Michael Pérez Ramírez.
Fuentes policiales consultadas por las denunciantes aseguran
que el mando tiene antecedentes controvertidos durante su paso por
corporaciones de Michoacán, donde presuntamente se le vinculó con integrantes
del grupo delictivo “La Nueva Familia Michoacana”. Tales señalamientos deberán
ser investigados por las autoridades competentes.
Asimismo, Pérez Ramírez presume ser familiar político de
Adolfo Eloy Peralta Mora, ex Fiscal Regional de Tecámac, quien fue separado de
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en marzo de 2022 por tener
un grupo de delincuentes a su servicio, durante una reestructuración interna
ordenada por el Fiscal General José Luis Cervantes Martínez.
Frente a este panorama, la pregunta resulta inevitable: ¿cómo
llegó una persona con semejantes cuestionamientos a encabezar el área de
Inteligencia Municipal de Nezahualcóyotl?
Más aún, ¿por qué continúa en funciones mientras existen
denuncias de tortura, fabricación de delitos y privación ilegal de la libertad
respaldadas por una resolución judicial que declaró ilegal la detención de las
víctimas?
Lo ocurrido no sólo pone en entredicho a los elementos
involucrados. También coloca bajo escrutinio al comisario Vicente Ramírez
García y al alcalde morenista Adolfo Cerqueda Rebollo, quienes tienen la
obligación legal y moral de garantizar que la corporación policiaca opere
dentro de la ley y no al margen de ella.
Si las acusaciones resultan ciertas, Nezahualcóyotl no estaría
frente a simples excesos policiales, sino ante una estructura institucional que
habría permitido durante años prácticas propias de regímenes autoritarios:
tortura, fabricación de pruebas, abuso de poder y protección a mandos
delincuentes y muy cuestionados.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM),
tiene ahora la responsabilidad de esclarecer los hechos y determinar si detrás
de este caso existe una red de corrupción policial que opera bajo el amparo de
la impunidad. (Continuará)
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