SECUESTRAN A PERIODISTA EN VERACRUZ Y LA IMPUNIDAD
VUELVE A EXHIBIR EL FRACASO DEL ESTADO
*La desaparición de Roxana Guzmán reabre la herida de la
violencia contra la prensa en un país donde los ataques a periodistas rara vez
encuentran castigo
Por: EXPEDIENTE SECRETO
La mañana de este martes, sujetos armados irrumpieron
violentamente en un domicilio de Nanchital y se llevaron por la fuerza a la
comunicadora. Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que
tres hombres encapuchados y armados derriban la puerta e ingresan apuntando con
armas de fuego a los presentes, en una escena que recuerda más a un operativo
criminal que a un hecho aislado.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la
apertura de una carpeta de investigación por la privación ilegal de la libertad
de la periodista y aseguró que realiza labores para localizarla. Sin embargo,
para organizaciones defensoras de la prensa, las promesas institucionales
suelen llegar después de los hechos consumados y rara vez terminan en justicia.
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas (CEAPP) confirmó que Roxana Guzmán fue sustraída por la fuerza y
desplegó personal especializado para acompañar a sus familiares. Mientras
tanto, la incertidumbre crece en torno al paradero de la comunicadora.
El caso ocurre en un país donde informar sigue siendo una
actividad de alto riesgo. México se mantiene desde hace años entre las naciones
más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos de guerra.
La desaparición de periodistas, las amenazas, los atentados y los asesinatos
forman parte de una realidad que los gobiernos de distintos partidos no han
logrado revertir.
Las cifras son demoledoras. Desde el año 2000, al menos 174
periodistas han sido asesinados y 33 permanecen desaparecidos. La mayoría de
los expedientes continúan sin resolverse, alimentando un círculo de impunidad
que envía un mensaje devastador: en México, atacar a la prensa sigue siendo un
delito con escasas consecuencias.
Durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia
Sheinbaum, al menos 12 periodistas fueron asesinados y uno más desapareció, de
acuerdo con registros de organizaciones nacionales e internacionales de defensa
de la libertad de expresión. Los números contradicen el discurso oficial de
fortalecimiento institucional y evidencian que las agresiones contra
comunicadores continúan siendo una emergencia nacional.
Aún más alarmante es el desempeño de la Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Desde su creación en 2010 y hasta septiembre de 2025, apenas logró nueve
sentencias por asesinato de periodistas y cuatro por tentativa de homicidio. El
contraste es brutal: en ese mismo periodo, organizaciones especializadas
documentaron al menos 126 periodistas asesinados y 17 desaparecidos.
La desaparición de Roxana Guzmán no solo representa un ataque
contra una periodista; constituye una agresión directa al derecho de la
sociedad a estar informada. Cada comunicador silenciado amplía las zonas de
oscuridad donde prosperan la corrupción, el crimen organizado y los abusos de
poder.
Mientras las autoridades prometen investigaciones, una
pregunta vuelve a resonar con fuerza en Veracruz y en todo México: ¿cuántos
periodistas más tendrán que ser secuestrados, desaparecidos o asesinados antes
de que la protección a la prensa deje de ser un discurso y se convierta en una
realidad?
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