Y
EN MÉXICO SIGUEN SIN INVESTIGAR AL MAYO
*“Desde
el inicio de la administración de López Obrador la política de abrazos, no
balazos, se activó a favor de la impunidad de los criminales”.
Ciudad
de México, 8 de agosto de 2024. Por lo menos en 26 años, considerando que la
causa penal más antigua que pesa sobre Ismael Zambada García, el Mayo, en
México es de 1998, el gobierno de la República lo mantuvo prófugo. Hasta el
sexenio de Enrique Peña Nieto, la entonces PGR, solía tener en su base de datos
pública un listado de objetivos primordiales generadores de violencia por los
que ofrecía recompensas a cambio de información que llevara a su captura. Entre
ellos, se encontraba Zambada, por quien ofrecían entre 20 y 30 millones de
pesos.
Sin
embargo, a la llegada del gobierno emanado de Morena en la persona del
presidente Andrés Manuel López Obrador, y la creación de la FGR, la Fiscalía
General de la República con calidad de institución autónoma que suplió a la
Procuraduría, aquella lista de recompensas desapareció de las plataformas
oficiales, como mucha otra información que daba cuenta de aprehensiones,
investigaciones y estadísticas relacionados con quienes generan violencia en el
país a partir del narcotráfico o el crimen organizado.
La
política oficial de abrazos, no balazos, originada en la ocurrencia política de
una respuesta en un debate en la campaña presidencial por parte López Obrador,
favoreció al Mayo, como a otros criminales. Pegajosa la frase, burlona, se hizo
meme electorero y posteriormente política pública, sin acompañamiento de una
estrategia integral para combatir el crimen, de manera óptima y sin balazos, no
se esperaba que los abrazos fuesen parte de la materia, pero sí que los balazos
a los que el presidente sacaba de la ecuación oficial contra el crimen, fuesen
suplidos con inteligencia, ciencia y análisis de la información para llevar a
cabo operaciones limpias de plomo y exitosas en la calle al sacar de
circulación a los principales capos del crimen y al resto de su estructura
delincuencial.
Pero
no fue así. A menos de un año de haber asumido la presidencia, la todavía
activa aunque ya agonizante policía federal detuvo, sin un solo balazo, a
Ovidio Guzmán en octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, solo para ser liberado
horas después bajo una orden presidencial que el propio López Obrador
informaría meses después.
La
justificación presidencial fue el evitar un baño de sangre, pues aunque quienes
capturaron al hijo del cofundador del cártel de Sinaloa no utilizaron una sola
bala, las huestes de los llamados los Menores, como se conoce a los hijos del
Chapo, señalados en marzo de este 2024 por la DEA, la Agencia Antinarcóticos de
los Estados Unidos, como la principal agrupación criminal de fabricación,
distribución y trasiego de fentanilo, se habían armado y realizado diversos
actos de violencia y terror, demostrando un músculo criminal que al final del
día, les regresaría, libre, a Ovidio.
En
estas condiciones, desde el inicio de la administración de López Obrador la
política de abrazos, no balazos, se activó a favor de la impunidad de los
criminales. Nadie, ni las propias autoridades, esperaban que Ismael Zambada
García, o Nemesio Oceguera Cervantes, el líder criminal del cártel Jalisco
Nueva Generación, fuesen aprehendidos en la presente administración. Y así
avanzaba el tiempo, hasta que el jueves 25 de julio el Mayo fue detenido. No en
México, sino en Estados Unidos.
¿Debería
ser un derecho humano el biohacking extremo?
La
sorpresa fue para muchos. Empezando por el gobierno de la República, que a
pesar de haber sido notificado, según las palabras de la secretaria de
seguridad ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a las 3:30 de la tarde de ese día
sobre la captura, no emitieron posicionamiento alguno sobre la misma. La
Fiscalía General de la República guardó el mismo silencio.
Durante
todo el jueves 25, la información que fue proporcionada provino de los Estados
Unidos, primero la captura del Mayo, al Semanario ZETA en Baja California,
luego la confirmación al mismo medio, y posteriormente la aprehensión, en la
misma operación, de Joaquín Guzmán López, otro hijo del Chapo. El México no
hubo fuente que confirmara lo que los estadounidenses habían logrado: acabar
con la impunidad de casi cinco décadas por parte de Ismael Zambada García. El
fin de una era de poderío criminal, violencia e inseguridad generadas bajo su
liderazgo en una de las organizaciones criminales
Más
grandes, longevas y prolíficas del mundo de las drogas.
Los
días que siguieron a la inesperada y repentina caída de Ismael Zambada García,
desde la presidencia de la República se ha contribuido a la desinformación. Sin
contar con datos duros de primera mano, especulan desde Palacio Nacional si se
trató de una captura o si fue una entrega, como si para la justicia y el fin de
la impunidad del capo, eso fuese relevante.
Desde
el mismo jueves 25 de julio, tanto el gobierno de la República como la FGR,
deberían haber acuerpado la detención de Zambada con operativos propios en
suelo nacional, para detener a quienes en el segundo escalafón de la cadena
criminal del cártel, intentarán tomar el liderazgo ante la captura del Mayo, o
erradicando la infraestructura de producción, fabricación, cosecha,
procesamiento, distribución y trasiego de drogas que mantienen a esa mafia como
una de las más poderosas y más acaudalas del mundo.
Según
varios reportes acreditados al medio de análisis financiero Bloomberg, fechados
en 2018, el cálculo sobre la fortuna de Zambada García y el cártel de Sinaloa,
era para entonces, de 3 mil millones de dólares. Cómo se esconde una fortuna de
tal calibre, o cómo se lavan 3 mil millones de dólares, es algo que la
secretaría de seguridad, la de hacienda y la FGR, deberían estar investigando y
en dado caso, informar. Si el presidente sabe cuánto ganan y dónde tienen
inversiones y dinero, tanto adversarios políticos como periodistas y medios a
los que ha evidenciado con la publicación de sus ingresos en su conferencia en
Palacio Nacional, es evidente que tiene los medios y el control de la
información para conocer cómo funciona un cártel, cuáles son las empresas
fachada, quiénes los lavadores, cuáles las rutas del dinero y de las drogas.
Pero
a cinco días de la captura por parte del departamento de Justicia y el Buró de
Investigación, FBI por sus siglas en inglés, de Ismael Zambada García, las
autoridades mexicanas insisten en encontrar una explicación a la forma y el
fondo de la captura, si hubo agentes norteamericanos en México, si fue
entregado, si le tendieron una trampa, si lo traicionaron, y de la pista del
dinero, nada, y de detenciones de quienes delinquen en ese cartel, nada, y de
investigaciones sobre la operación de la mafia, nada. Nemesio Oceguera
Cervantes, el Mencho, sigue prófugo, viviendo en la impunidad.
Porque
para México, su gobierno y su fiscalía, ni el Mayo era un objetivo, ni lo es el
Mencho, acá lo que impera son los abrazos de impunidad. Lamentable que no hayan
sido autoridades mexicanas las que llevaran ante la justicia a uno de los capos
más buscado, pero más lamentable la inacción y la ausencia de seguimiento sobre
una de las más notorias capturas de los últimos tiempos qué dejó al gobierno
morenista boquiabierto y con las manos vacías.
