ATAQUES CON ÁCIDO: REFORMA PENAL INCOMPLETA,
IGNORA REALIDAD
DE VÍCTIMAS
*Mientras los casos de ataques con ácido a mujeres se
multiplican en México con un registro de 36 sobrevivientes, las iniciativas
legales no logran concretar que se cataloguen como intento de feminicidio, y en
la mayor parte del país se tratan como lesiones que tardan en sanar entre 15 y
60 días, lo que genera impunidad. Tampoco hay programas especializados de salud
para su atención.
Por Gloria Piña y Maricarmen Gutiérrez
Ana Saldaña tuvo que salir de México para protegerse de sus
agresores y atender las afectaciones en su salud. María Elena Ríos
lucha en Oaxaca para que su agresor no quede impune. Elisa Xolalpa exige
justicia después de que la Fiscalía de la Ciudad de México mantuviera
“desaparecida” su carpeta de investigación.
A Liliana Fernández, el sistema de salud de Nuevo León no le
ha otorgado la atención necesaria para sanar sus quemaduras. Mientras que
para Alejandra López Tovar han pasado 34 años sin justicia por el ataque
con ácido del que sobrevivió. El agresor sigue libre.
En México al menos 36 mujeres, de acuerdo con la Fundación
Carmen Sánchez, sobrevivieron a ataques químicos, con sustancias ácidas o
inflamables. Sin embargo, las autoridades no tienen un registro de la magnitud
del problema, no hay programas de salud especializados para su atención y
tampoco es reconocida como un tipo de violencia en las leyes. El 95% de los
casos se quedan en la impunidad.
En las normas y Códigos Penales, la violencia química o
ácida no está reconocida, y lejos de ser considerada como un intento de
feminicidio, suele clasificarse como lesiones que tardan en sanar entre 15
y 60 días. Cuando en realidad, las afectaciones de salud, emocionales y
sociales quedan de por vida en las sobrevivientes.
A nivel nacional, sólo en siete estados está aprobada la
tipificación de este tipo de violencia. Algunos de ellos son Oaxaca, Baja
California, la Ciudad de México y el Estado de México; sin embargo, sólo se
contemplan como agravantes al delito de lesiones por razones de género. Cuando
de acuerdo con especialistas y sobrevivientes, este tipo de agresión se trata
de un intento de feminicidio.
Hace unas semanas, en el Congreso de la Ciudad de México se
presentó la “Ley Malena”, en reconocimiento a la sobreviviente María Elena
Ríos. Con ella se busca acreditar los ataques con ácido como una nueva forma de
violencia dentro la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia.
Además de que es la primera vez que se busca clasificar
a estos ataques como tentativa de feminicidio con sanciones de 12 a 30 años,
pero sólo en los casos donde se acredite que las afectaciones son
irreversibles.
“Se considerará tentativa de feminicidio, cuando las
lesiones cometidas contra la mujer provoquen resección parcial o total en las
mamas, alteración en el aparato genital, en las funciones de reproducción
sexual o atente contra el ejercicio de la autonomía sexual, cause alguna
deformidad o daño físico permanente en algún órgano interno, externo o ambos,
provoque daños en extremidades, entorpezca, debilite u ocasione la pérdida
parcial o total del oído, vista, habla o incapacidad permanente para trabajar”,
se lee en la iniciativa presentada.
Sin embargo, sobrevivientes de ataques químicos reclaman que
en esta propuesta de ley no fueron consultadas para su formulación, además de
que no hay mecanismos eficientes que propicien a la justicia para los casos ya
existentes, ya que las leyes no son retroactivas para delitos ocurridos previos
a la presentación de las leyes.
¿Cuáles son las leyes y la manera de impartir justicia que
le deben las autoridades a las sobrevivientes de violencia feminicida por
ataques químicos?
LA LEY MALENA SIN EFECTOS PARA CASOS DEL PASADO
La Ley Malena fue presentada en el Congreso de la Ciudad de
México por la diputada de Morena, Marcela Fuente Castillo, para modificar el
Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia de la
Ciudad de México.
Durante la conferencia de presentación, ocurrió una disputa
entre sobrevivientes y legisladoras de Morena, ya que no es la primera vez que
se presenta una reforma en torno a violencia ácida, pero en anteriores
proyectos las disposiciones no fueron aprobadas. Además, reclamaron que no se
les tomó en cuenta para su formulación.
“Me parece una excelente día, pero no me parece una reforma
que vaya a beneficiar a las víctimas que ya tenemos una carpeta de
investigación abierta y que desafortunadamente no hemos podido alcanzar la justicia”,
apunta Ana Saldaña, en entrevista con la Revista MX, sobreviviente de
violencia ácida ocurrido en noviembre de 2018. Por su caso no hay detenidos ni
personas sentenciadas.
Apunta que en 2019 presentó junto a la entonces legisladora
del Partido Verde, Alessandra Rojo de la Vega una iniciativa para tipificar
los ataques con ácido, pero se quedó congelada sin tener repercusión para
su caso ni el de otras sobrevivientes en el futuro.
“Es un infierno vivirlo. Te tienes que atravesar por todo el
tema legal y tu agresor sigue suelto, es un peligro para ti y todos los que te
rodean”, cuenta Ana Helena Saldaña, quien espera que las autoridades hagan
efectiva una ley para prevenir y apoyar a las mujeres que en el futuro lleguen
a vivir esta violencia, pero que tampoco se olvide la impartición de justicia
para los casos del pasado.
“Nos va a dar justicia que exhorten a sus fiscalías para que
dejen de ser corruptas e incompetentes. Nos va ayudar que la Jefa de
Gobierno deje de pronunciarse por las mujeres y le deje de importar que nos
dejen con químicos y ácidos que venden por 15 pesos en la tlapalería…Nos va a
ayudar que lleven esta iniciativa al pleno del Senado para que sea una reforma
federal, no solamente local”, señala la sobreviviente.
La Ley Malena fue turnada a Comisiones Unidas de Igualdad de
Género y de Procuración de Justicia, y en marzo se realizarán foros
públicos para que pueda nutrirse con las posturas de más colectivas y
sobrevivientes; ya que al momento de su construcción sólo se contempló a la
sobreviviente María Elena Ríos.
“Con la Fundación Carmen Sánchez no pudimos entablar mucha
comunicación, con la que sí pudimos es con María Elena Ríos. Ella estuvo en la
construcción de la iniciativa de ley”, afirma la legisladora de Morena, Marcela
Fuente en entrevista con MX.
SIN REFORZAR LA FIGURA DE TENTATIVA DE FEMINICIDIO
Con esta reforma se propone que los casos de ataques
químicos no sólo sean contemplados como lesiones, sino como una agravante de
tentativa de feminicidio cuando se determinen afectaciones de salud
irreversibles, con sanciones de hasta 30 años de prisión.
Sin embargo, la tentativa de feminicidio no es un
delito autónomo en la Ciudad de México.
A nivel nacional sólo cuatro estados reconocen la figura de
tentativa de feminicidio: Nuevo León, Puebla, Campeche y Durango. Al no existir
una figura específica en las leyes, los casos suelen clasificarse como lesiones
o violencia familiar.
Pese a ello, la legisladora Marcela Fuente del grupo
parlamentario de Morena, reconoce que esta iniciativa presentada no se enfoca
en tipificar la tentativa de feminicidio, sino incluir los ataques químicos
como una agravante.
“Que no sólo sean lesiones en razón de género, sino como
tentativa de feminicidio. Sobre todo, cuando existe un daño a su autonomía
sexual, órganos reproductivos, marcas permanentes o daños en el oído, el habla,
la vista”, explica la diputada Marcela Fuente.
Considera que para reforzar la tentativa de feminicidio como
un delito autónomo no es tema de esta propuesta, ya que debe analizarse junto a
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cómo funciona ese
concepto; además de que implica un “debate sobre la coerción y el punitivismo
de las leyes que tenemos que dar con las instituciones que imparten justicia”.
En tanto, colectivas y sobrevivientes como la Fundación
Carmen Sánchez afirman que es necesario que exista un tipo penal autónomo de
feminicidio en grado de tentativa a nivel federal y en los Códigos Penales
locales.
“Desde la Fundación llevamos diciendo al menos dos años que
el ataque con ácido se tiene que incluir no solamente en el Código Penal
Federal, sino en todos los códigos locales, como un delito autónomo, como un
feminicidio en grado de tentativa, porque el ataque con ácido es violencia
feminicida. Que no haya beneficios judiciales para los imputados, eso significa
libertad condicional, prisión domiciliaria, libertad preparatoria y cualquier
otro más”, afirma Ximena Canseco, historiadora, activista y cofundadora de la
Fundación Carmen Sánchez.
La legisladora Marcela Fuente afirma que para hacer posible
una iniciativa de esta magnitud es necesario analizar el presupuesto destinado
a prisiones, pues “para que una ley sirva tiene que apegarse a la realidad
presupuestal”.
“Cuando hablamos de 30 años (de prisión), para el Estado ya
es un gasto. Entonces también hay que analizar el tema de los reclusorios. Todo
eso se tiene que hablar cuando pensamos en endurecer un tipo penal, en este
caso, el de tentativa de feminicidio”.
PENDIENTES EN ACCESO A LA SALUD
Una de las principales deudas para las sobrevivientes de
ataques con ácido es el acceso a atención médica especializada para quemaduras
y cirugías reconstructivas; además de que se garantice su protección y
reparación integral del año.
“El tema de salud es un problema para empezar a hacer
justicia, no puedes buscarla si no te encuentras bien físicamente. El lado
psicológico también, piensan que el daño solamente es físico, pero no”, apunta
la sobreviviente Ana Saldaña.
Al no existir programas especializados en salud pública, la
Fundación Carmen Sánchez ha enlazado a sobrevivientes de estas violencias con
médicos privados a través de donaciones, aunque afirman que es una
responsabilidad del Estado dar la atención necesaria en cirugías funcionales,
reconstructivas, estéticas y rehabilitación.
“El sector de salud pública, por ejemplo, tiene que atender
de manera gratuita, integral, eficaz y proporcional las afectaciones causadas.
Tiene que haber atención psicológica para ellas y sus familias. Las
medidas de seguridad y de protección tienen que ser efectivas”, dice la
activista feminista, Ximena Canseco.
La Ley Malena establece por primera vez que la Secretaría de
Salud deberá diseñar y ejecutar programas especializados para atender a las
mujeres víctimas de violencia; además de llevar un registro sobre las personas
atendidas en casos de lesiones causadas con ácidos o sustancias químicas y
corrosivas.
