POLICÍAS DE TLALNEPANTLA, ATRAPADOS EN LA EXTORSIÓN
Por: EXEDIENTE SECRETO
Se trata de César Alberto “N”, Florencio “N”, Erick “N” y
Eusebio “N”, quienes la noche del pasado 4 de agosto fueron captados por
cámaras de Telediario Mx cuando presuntamente extorsionaban a un transportista
sobre la avenida Ceylán, casi en su incorporación con Periférico Norte.
El caso resulta particularmente grave porque, de acuerdo con
la información conocida, cuando el comisario Jorge Alberto Gómez Estrella tuvo
conocimiento de los hechos ordenó un pase de lista de los agentes de tránsito
que se encontraban en turno. Fue entonces cuando los cuatro uniformados, lejos
de enfrentar de inmediato las consecuencias de sus actos, habrían ofrecido
dinero a su propio mando para evitar una sanción.
Ahí se terminó de exhibir el verdadero rostro del problema: policías
señalados por extorsionar a ciudadanos y, posteriormente, intentando comprar
protección dentro de la propia corporación.
Los cuatro fueron finalmente detenidos por policías municipales
y trasladados ante la Fiscalía Anticorrupción, donde quedaron a disposición de
la autoridad por su presunta participación en el delito de cohecho.
Paralelamente, el área de Asuntos Internos inició un procedimiento
administrativo y se determinó su baja de la corporación.
Pero el asunto no termina con cuatro detenidos. ¿Quién
controla realmente a la policía de Tlalnepantla?
El escándalo obliga a mirar hacia arriba y preguntar qué está
ocurriendo dentro de la corporación que encabeza Jorge Alberto Gómez Estrella,
particularmente porque elementos de la propia tropa han señalado presuntas
prácticas de cobro de cuotas y castigos económicos al interior de la
institución.
Según los señalamientos de policías, existirían cobros por
prácticamente todo: faltas laborales, utilización de patrullas y diversas
situaciones administrativas, además de pagos para evitar castigos. Acusaciones
que, por su gravedad, deberían ser investigadas a fondo y no simplemente
desestimadas como conflictos internos.
La pregunta inevitable para el alcalde morenista Raciel Pérez
Cruz es sencilla: ¿qué clase de policía está construyendo su gobierno y quién
está realmente al frente de ella?
Porque resulta contradictorio que un gobierno que llegó al
poder prometiendo acabar con las viejas prácticas políticas permita que dentro
de su policía municipal surjan señalamientos de extorsión, cohecho y presuntas
cuotas internas.
La sombra de Nezahualcóyotl. A este escándalo se suma un
elemento que no puede ignorarse.
Jorge Alberto Gómez Estrella es señalado como uno de los policías
que se formaron bajo las órdenes de Jorge Amador Amador, conocido como “La
Jirafa” o “El Doctor”, quien durante más de una década tuvo una posición de
enorme influencia en la seguridad pública de Nezahualcóyotl.
Diversas publicaciones periodísticas han relacionado a Amador
Amador con presuntos vínculos con estructuras delictivas, enfáticamente con el
Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y con la formación de mandos policiales
que habrían servido a intereses criminales. Esas acusaciones deben ser
investigadas y acreditadas por las autoridades competentes, pero su existencia
vuelve indispensable revisar con lupa la trayectoria y las redes de mando que
rodean a la actual dirección policial de Tlalnepantla.
Lo verdaderamente preocupante es que, mientras la ciudadanía
exige policías capaces de enfrentar a la delincuencia, cuatro agentes
municipales terminan detenidos precisamente por hechos relacionados con
corrupción y presunta extorsión.
De la “policía ejemplar” a los acuerdos bajo sospecha. Durante
años se ha intentado vender la imagen de que la policía de Nezahualcóyotl es
una de las mejores del país. Sin embargo, una corporación no puede medirse
únicamente por discursos, estadísticas o reconocimientos: también debe
responder por lo que ocurre con sus mandos, sus redes internas y sus posibles
vínculos con grupos criminales.
Los señalamientos sobre supuestos acuerdos entre actores
políticos, policías y organizaciones delictivas en Nezahualcóyotl son graves y
requieren pruebas, investigaciones ministeriales y rendición de cuentas. No
pueden convertirse en una verdad conveniente ni tampoco en acusaciones
utilizadas sin sustento, se requiere una profunda investigación.
Precisamente por eso, el caso de Tlalnepantla merece una
investigación mucho más profunda. Cuatro policías fueron detenidos, pero el
verdadero problema podría estar varios escalones arriba.
Si existen cobros ilegales dentro de la corporación, si se
exigen cuotas a los agentes, si hay mandos que utilizan su posición para
obtener dinero o si existen redes de protección para policías corruptos, el
alcalde Raciel Pérez Cruz tiene la obligación de aclararlo. No basta con
presumir que los agentes fueron dados de baja.
Se debe de investigar quién los dejó operar, quién los
supervisaba, quién recibió o pudo haber recibido dinero y si se trata de cuatro
policías corruptos o de una estructura de corrupción mucho más amplia.
La ciudadanía de Tlalnepantla no necesita una policía que
únicamente reaccione cuando una cámara de televisión descubre a sus elementos.
Necesita una corporación que no extorsione, no cobre cuotas,
no proteja delincuentes y no convierta el uniforme en una licencia para abusar
del ciudadano.
Y si el gobierno de Raciel Pérez Cruz realmente pretende
demostrar que Morena llegó para “purificar” la vida pública, este caso es una
prueba ineludible.
Porque cuatro policías detenidos pueden ser un problema de
corrupción. Pero si la corrupción llega a los mandos, entonces ya no estamos
hablando de cuatro malos elementos: estamos hablando de una posible enfermedad
institucional. En la que el alcalde tiene la última palabra. Y, sobre todo, tiene
la obligación de investigar hasta las últimas consecuencias.
