EXTORSIÓN CON PLACA Y ARMAS LARGAS: ACUSAN RED CRIMINAL

 DENTRO DE LA FGR EN EL EDOMEX

 

*Empresarios del sector energético denuncian cobros ilegales, clausuras fabricadas y amenazas armadas en nombre del combate al huachicol

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 10 de enero de 2026.- Lo que debería ser una estrategia federal para erradicar el robo de combustible se ha convertido, según empresarios del sector Gas LP y gasolineros, en una maquinaria de extorsión institucional, operada por elementos de la Policía Ministerial Federal adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR). Bajo el disfraz de supuestos “operativos” contra el huachicol, agentes federales estarían saqueando a negocios legalmente constituidos en el norte del Estado de México.

 

Desde diciembre pasado, estaciones de servicio y puntos de venta de Gas LP en Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero han sido objeto de incursiones intimidatorias, principalmente los fines de semana, cuando la vigilancia ciudadana es menor y la presión económica mayor. Los operativos, denuncian los afectados, carecen de órdenes judiciales, actas fundadas o documentación oficial, pero sobran armas largas, camionetas oficiales y amenazas.

 

El libreto se repite: llegan hasta 10 agentes armados, realizan revisiones superficiales, inventan “irregularidades administrativas” y advierten que el negocio será clausurado y se abrirá una carpeta de investigación. Minutos después, aparece un Ministerio Público con una supuesta orden judicial que refuerza el montaje. La ley no investiga: aprieta.

 

Las exigencias económicas, según los testimonios, van de 100 mil a 200 mil pesos mensuales, una cuota que no se deposita en arcas públicas, sino que, presuntamente, engorda una red de corrupción que opera desde dentro del aparato federal.

 

“Tenemos todos los permisos: SENER, Protección Civil, municipio. Generamos empleos, pagamos impuestos y aun así ahora son los mismos policías los que nos quieren joder”, denunció Raúl Garza, encargado de una gasolinera en Atizapán de Zaragoza.

 

La extorsión se formaliza una vez colocados los sellos de clausura. Los agentes dejan un número telefónico. Al llamar, el mensaje es directo: para “agilizar” el levantamiento de sellos y evitar futuras inspecciones, hay que pagar. La advertencia es brutal: “Si no pagas, no vuelves a abrir”.

 

En las denuncias aparece señalado un agente que se identifica como José Eduardo Acosta, quien asegura actuar por instrucciones del comandante Fernando Pérez, adscrito a la Subdelegación de la FGR en Naucalpan. Ambos nombres ya figuran en testimonios que describen una operación sistemática, no hechos aislados.

 

Los empresarios aseguran que la FGR tiene conocimiento de estas acusaciones y que existe un expediente abierto en Asuntos Internos. No obstante, mientras los expedientes duermen el sueño de los justos, los negocios cierran, los trabajadores pierden ingresos y el miedo se impone como política pública de facto.

 

Arturo Martínez, encargado de otra gasolinera afectada, lanzó un llamado directo y sin rodeos: “Estamos empezando el año. Si la fiscal Ernestina Godoy o la gobernadora Delfina Gómez no actúan ya, esto va a ser una extorsión permanente. Así nos van a tener todo el sexenio”.

 

LLAMADA URGENTE A DERECHOS HUMANOS

 

Ante la gravedad de los señalamientos, los empresarios exigen la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como de organismos internacionales anticorrupción y de defensa de garantías económicas, al considerar que estas prácticas violan el derecho al trabajo, a la seguridad jurídica y al debido proceso, además de configurar presuntos delitos de extorsión y abuso de autoridad cometidos por servidores públicos federales.

 

Si estas denuncias se confirman y no hay consecuencias, el mensaje del Estado será devastador: que en México no solo el crimen organizado cobra cuotas, sino que el propio Estado aprendió a hacerlo con uniforme, placas oficiales y sellos de clausura.

 

Porque cuando combatir el huachicol se vuelve el pretexto perfecto para extorsionar a quien sí cumple la ley, el problema ya no es la delincuencia común, sino un Estado que corre el riesgo de llegar a 2027 con instituciones desacreditadas, empresarios asfixiados y una legalidad convertida en mercancía.

ATAQUE ARMADO AL PENAL DE TEXCOCO EXHIBE DENUNCIAS HISTÓRICAS DE EXTORSIÓN, OMISIÓN OFICIAL Y CONTROL INTERNO DE REOS

 

* Disparos, amenazas y señalamientos públicos vuelven a colocar bajo escrutinio al sistema penitenciario del Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Méx., 10 de enero de 2026.- La escalada de violencia en la zona oriente del Estado de México alcanzó un nivel crítico luego de que el Penal de Texcoco, conocido como «Molino de las Flores», fuera atacado a balazos, un hecho que no sólo evidenció fallas graves en la seguridad, sino que reactivó denuncias públicas y documentadas sobre presuntas redes de extorsión que operarían desde el interior del centro penitenciario.

 

De acuerdo con reportes oficiales, el pasado 6 de diciembre, alrededor de las 02:40 de la mañana, dos sujetos que viajaban en una motocicleta se aproximaron al acceso principal del penal. Uno de ellos descendió y realizó al menos veinte disparos con un arma larga contra el portón, provocando daños considerables antes de huir del lugar.

 

TESTIMONIO DIRECTO Y CARPETA DE INVESTIGACIÓN

 

Los hechos fueron observados por Antonio Barrera Díaz, custodio penitenciario con más de 25 años de servicio, quien se encontraba realizando labores de vigilancia en una de las torres del penal. El vigilante declaró que pudo percatarse del ataque tal como ocurrió y que de inmediato se tiró en el piso de la torre de vigilancia, por lo que pudo escuchar el número de disparos. Luego de manera inmediata dio aviso a las autoridades correspondientes.

 

El incidente quedó registrado en la carpeta de investigación TEX/CAJ/AIX/100/338025/25/12, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente sobre personas detenidas por estos hechos.

 

De manera extraoficial, trascendió que en el lugar fue localizada una cartulina blanca con un mensaje amenazante, dirigido presuntamente a la dirección del penal. El texto advertía inconformidad por la permanencia de un interno identificado como «Adrián», a quien se le atribuye, según diversas denuncias públicas, el control de una red de extorsión dentro del penal.

 

El mensaje decía a la letra: «Este es el primer msj al director que no hace caso y sigue teniendo al reo Adrián, ya estamos hartos de las extorsiones. Si ustedes no toman cartas en el asunto, ahora las tomaremos nosotros. Y como con huelgas y manifestaciones no se ha hecho, ahora será a nuestra manera».

 

GRAVES SEÑALAMIENTOS

 

Desde hace años, familiares de personas privadas de la libertad, organizaciones civiles y trabajos periodísticos de investigación han denunciado que al interior del Penal de Texcoco operaría una estructura de cobros ilegales, conocidos como «rentas» o «derecho de piso», cuyos montos, según los testimonios, oscilan entre 500 y 3,000 pesos semanales.

 

Los cobros presuntamente estarían relacionados con: Uso de teléfonos celulares, venta y acceso a alimentos, asignación de espacios para dormir, condiciones mínimas de seguridad dentro del penal y el cobro por las visitas de familiares y visitas íntimas.

 

Estas prácticas han sido señaladas reiteradamente como violaciones a derechos humanos, sin que hasta ahora exista una intervención visible que erradique el problema.

 

DIRECTIVOS CUESTIONADOS

 

Las inconformidades se han intensificado, según los denunciantes, a partir de la llegada de Mario Alberto Santamaría Méndez como director del penal. Asimismo, se ha cuestionado públicamente la actuación de Víctor Manuel Martínez Mendoza, subsecretario de Control Penitenciario del Estado de México, por la falta de acciones contundentes frente a las denuncias acumuladas.

 

UN SISTEMA BAJO SOSPECHA

 

 Fuentes consultadas aseguran que el interno «Adrián» presume que los recursos obtenidos de estas actividades ilegales se reparten entre diversos actores, versión que no ha sido confirmada por autoridad alguna, pero que forma parte del cúmulo de denuncias que rodean al penal.

 

El ataque armado ocurrido el 6 de diciembre no puede desligarse del contexto de estas acusaciones, pues refleja el nivel de descomposición que, según los denunciantes, se vive al interior del centro penitenciario, donde muchos internos aseguran enfrentar condiciones extremas pese a no contar con sentencias definitivas.

 

ADVERTENCIA IGNORADA

 

Lo sucedido en el Penal «Molino de las Flores» coloca nuevamente bajo escrutinio al sistema penitenciario del Estado de México y plantea interrogantes urgentes sobre la capacidad real del Estado para ejercer control en espacios que deberían ser los más vigilados.

 

Mientras las investigaciones continúan, las denuncias siguen sin una respuesta clara, y el ataque armado se convierte en una señal de alerta: cuando las quejas se acumulan y la autoridad no actúa, el riesgo escala, incluso en lugares donde el control debería ser absoluto.

SOBERANÍA DE DISCURSO, SILENCIO EN NEZA: CARMEN DE LA ROSA EVADE LA REALIDAD LOCAL MIENTRAS CARGA EL PESO DEL CACICAZGO FAMILIAR

 

*La diputada habla de dignidad nacional, pero calla ante la herencia de poder, los señalamientos criminales y la impunidad que rodean a su apellido

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 8 de enero de 2026.- La diputada local de Morena, Carmen de la Rosa Mendoza, salió a pronunciarse sobre la soberanía nacional y a rechazar cualquier “entreguismo” frente a intereses extranjeros, asegurando que el rumbo de México lo define el pueblo y no presiones externas, en referencia a recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos.

 

Desde Toluca, la legisladora afirmó que quienes hoy ocupan cargos públicos fueron electos por la voluntad popular y, por lo tanto, deben responder al mandato ciudadano. Recalcó que México es una nación soberana, construida por pueblos libres, donde el principio rector de la vida pública es que el pueblo manda y decide su destino.

 

El discurso se adornó con llamados a fortalecer la justicia social, redistribuir la riqueza, consolidar programas para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, y reconocer que la mayor riqueza del país es su gente trabajadora.

 

Sin embargo, mientras Carmen de la Rosa mira hacia el extranjero, evade deliberadamente la crisis política, social y de seguridad que vive su propio municipio, así como los cuestionamientos que pesan sobre su trayectoria y su entorno familiar.

 

DISCURSO VACÍO Y CANDIDATURA HEREDADA

Fuentes políticas locales señalan que la diputada ha recurrido a temas internacionales ante la ausencia de resultados concretos en beneficio de los habitantes de Nezahualcóyotl, y que su activismo mediático responde más a una estrategia anticipada rumbo a la candidatura a la alcaldía de Neza, impulsada —no por méritos propios— sino por la presión política de su padre, Juan Hugo de la Rosa García.

 

El exalcalde de Nezahualcóyotl gobernó el municipio en dos periodos consecutivos (2016–2018 y 2019–2021), consolidando un cacicazgo político que hoy busca perpetuarse a través de su hija.

 

Para amplios sectores ciudadanos, el único “mérito” que llevó a Carmen de la Rosa al Congreso local fue su apellido, no una agenda legislativa sólida ni un trabajo territorial comprobable.

 

LA SOMBRA DE LA SEGURIDAD Y LOS VÍNCULOS CRIMINALES

 

Durante las administraciones de Juan Hugo de la Rosa García, se tejió —según fuentes de inteligencia— una red de complicidades dentro de la Dirección de Seguridad Pública municipal, encabezada entonces director de la corporación policiaca, Jorge Amador Amador, alias “La Jirafa”.

 

De acuerdo con estos reportes, desde esa estructura se habría construido una red de mandos policiacos dedicados a la extorsión, cuyos recursos presuntamente beneficiaban a células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Señalamientos que nunca fueron aclarados ni investigados a fondo, y que hoy regresan como un lastre político para la diputada morenista.

 

EL CASO QUE EL DISCURSO NO PUEDE BORRAR

 

A este historial se suma un hecho que golpea directamente al núcleo familiar de la legisladora. Fabiola Yuritzi Hernández De la Rosa, sobrina del exalcalde Juan Hugo de la Rosa y prima de Carmen de la Rosa Mendoza, quien fuera sentenciada a 95 años de prisión por su participación en el delito de secuestro, de acuerdo con resoluciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

 

La Fiscalía documentó que el 25 de septiembre de 2022, la víctima —un comerciante de alimentos— se encontraba con dos familiares en su negocio ubicado en la colonia Loma de Cristo, municipio de Texcoco, cuando varios sujetos armados arribaron a bordo de una camioneta conducida por Fabiola Yuritzi Hernández De la Rosa.

 

Cuatro cómplices ingresaron al local, amagaron a la víctima con armas de fuego, la sacaron por la fuerza y la trasladaron a otro punto donde permaneció secuestrada. Horas después, la familia recibió llamadas exigiendo cinco millones de pesos a cambio de su liberación.

 

Tras la denuncia, la Policía de Investigación realizó un operativo el 12 de octubre de 2022, en el Circuito Exterior Mexiquense, municipio de Chimalhuacán, donde fueron detenidos cuatro implicados y asegurados dos vehículos.

 

Aunque la prima de la diputada fue sentenciada a 95 años de prisión, hoy se encuentra en libertad, presuntamente gracias a argucias legales y gestiones políticas atribuidas al exalcalde Juan Hugo de la Rosa y a su hija, la actual diputada de Morena.

 

Mientras Carmen de la Rosa Mendoza habla de soberanía, dignidad y justicia social, en Nezahualcóyotl persisten la impunidad, los cacicazgos y las redes de poder heredadas.

 

El problema no es el discurso patriótico, sino la incongruencia: no se puede exigir independencia nacional cuando se calla ante la corrupción local, ni presumir voluntad popular cuando se pretende imponer una candidatura por la fuerza del apellido.

 

Porque antes de hablar de presiones externas, la diputada debería explicar las cuentas pendientes de su propia casa política. Y en Neza, esas cuentas siguen abiertas.

VERDE POR FUERA, NEGRO POR DENTRO: EL PVEM PRESUME LEYES MIENTRAS APADRINA IMPRESENTABLES

 

*Más de 100 iniciativas “verdes” no alcanzan para tapar la podredumbre política y criminal que rodea al partido en el oriente del Edomex

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 8 de enero de 2025.- Al cierre de 2025, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado de México salió a presumir un balance legislativo “favorable”: más de 100 instrumentos impulsados, decenas de reformas aprobadas y un discurso edulcorado sobre sostenibilidad, bienestar y medio ambiente. Un informe de autoelogio que, leído sin contexto, podría parecer un ejemplo de responsabilidad pública.

 

Pero fuera del boletín, lejos del papel y de los discursos, la realidad del Verde en el Estado de México es otra: una estructura política infestada de personajes con señalamientos criminales, vínculos con la delincuencia organizada, abuso de poder y una impunidad que huele a complicidad.

 

El coordinador parlamentario del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, habla de “poner a las personas en el centro de las decisiones públicas”, mientras guarda silencio frente a los perfiles que su partido impulsa en los municipios más golpeados por la violencia. Un silencio que ya no es omisión, sino corresponsabilidad política.

 

LEYES VERDES, TERRITORIOS ROJOS

 

El Verde presume la prohibición de plásticos de un solo uso, el combate a la tala ilegal, la protección de la Mariposa Monarca, los certificados verdes y hasta el derecho a la alimentación. Sin embargo, ¿de qué sirve legislar sobre agua y medio ambiente cuando en la zona oriente del Edomex el control del agua está, en manos del crimen organizado ligado a cuadros del propio partido?

 

El informe legislativo omite deliberadamente el lado oscuro del crecimiento del Partido Verde en el Estado de México, particularmente en la zona oriente de la entidad, donde el partido ha impulsado y protegido a personajes con graves señalamientos criminales.

 

CHALCO: UNA CANDIDATURA MANCHADA DE SANGRE

 

Uno de los casos más graves es el de Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, regidor del PVEM en el municipio de Chalco durante el periodo 2025–2027 y líder del grupo criminal “Sindicato 22 de Octubre”.

 

Actualmente, El Jimmy se encuentra recluido en el penal Neza-Bordo, acusado de extorsión y secuestro. De acuerdo con diversas denuncias y reportes locales, Castillo Grimaldo ejercía control sobre pozos de agua en la zona oriente del Estado de México, encabezaba redes de extorsión al transporte público y a comerciantes, y estaría presuntamente vinculado con el asesinato de conductores de pipas de agua que se negaron a pagar derecho de piso.

 

Pese a estos antecedentes, José Alberto Couttolenc Buentello tenía conocimiento de los señalamientos y aun así avaló su candidatura, un hecho que compromete directamente la responsabilidad política del dirigente estatal del PVEM.

 

TEMAMATLA: UN ALCALDE BAJO INVESTIGACIÓN

 

En el municipio de Temamatla, el alcalde emanado del PVEM, José Gómez Hernández, enfrenta una investigación por intento de homicidio, luego de que presuntamente intentara asesinar a balazos a un chofer de transporte público tras un incidente vial.

Versiones ciudadanas señalan que el edil habría conducido a exceso de velocidad después de una noche de consumo de drogas. La investigación sigue abierta, mientras la dirigencia estatal del Verde, encabezada por Couttolenc, no ha fijado postura pública alguna.

 

LOS REYES LA PAZ: EL RECICLAJE DE LA VIOLENCIA

 

En Los Reyes La Paz, el PVEM colocó como dirigente municipal a Román Rico González, un personaje con un largo historial de episodios violentos. La madrugada del 8 de junio de 2020, su domicilio ubicado en la colonia Centro fue atacado con más de 30 disparos de arma de fuego, un hecho que generó pánico entre los vecinos.

De acuerdo a investigaciones, el hecho violento tuvo lugar por una disputa entre vendedores de droga al narcomenudeo, pero las indagatorias se frenaron sin explicación pública ¿Qué tiene que ver Rico González con vendedores de grapas de cocaína?

 

Además, existen señalamientos de la presunta participación de Román en un homicidio ocurrido años atrás, cuando se desempeñaba como “madrina”, es decir, soplon, de la entonces Policía Judicial del Estado de México.

 

A esto se suma un hecho documentado cuando agredió físicamente a un reportero dentro del comité municipal del PRI en La Paz, episodio que derivó en su expulsión de ese instituto político. Pese a estos antecedentes, el PVEM no solo lo arropó, sino que permitió que postulara a su hija como regidora, reproduciendo prácticas de nepotismo.

 

HÉCTOR PEDROZA JIMÉNEZ: DEL PRI AL VERDE SIN LIMPIAR EL PASADO

 

Otro de los cuadros apadrinados por el Partido Verde es Héctor Pedroza Jiménez, exdiputado local del PRI y actual diputado federal del PVEM.

En 2015, Pedroza fue señalado por amenazar a tortilleros de Nezahualcóyotl con clausurar sus negocios si no pintaban sus locales con los colores del PRI. Un año antes, en 2014, la entonces PGR y el SAT le congelaron cuentas bancarias por presunto enriquecimiento ilícito y vínculos con redes dedicadas al tráfico de vehículos “chocolate” en el norte del país.

En 2025, el legislador adquirió en Estados Unidos un laboratorio clínico móvil, valuado en más de un millón de dólares, con miras a utilizarlo en una eventual campaña rumbo a la presidencia municipal de Ciudad Nezahualcóyotl en 2027. Al mismo tiempo, reside en una zona residencial de Lomas de Chapultepec, lo que ha generado cuestionamientos públicos sobre el origen de sus recursos.

 

UN RIESGO PARA 2027

 

Círculos de inteligencia advierten que, conforme al crecimiento y la presencia política del Partido Verde en la zona oriente del Estado de México, también aumentaron los índices de extorsión, control ilegal del agua y violencia contra transportistas.

 

El silencio del dirigente estatal José Alberto Couttolenc Buentello, frente a estos perfiles y señalamientos, retumba como una forma de complicidad política.

 

El Partido Verde puede seguir presumiendo leyes ambientales y discursos de sustentabilidad, pero ninguna iniciativa borra los pactos con personajes ligados a la violencia y al crimen organizado.

Si el PVEM no rinde cuentas, su crecimiento rumbo a 2027 no representará una opción de cambio, sino la institucionalización de la impunidad y el avance de las mafias en el poder local.

Porque cuando el verde se mezcla con el crimen, el resultado no es esperanza: es miedo.

POLICÍA DE CHIMALHUACÁN: CASTIGADOS POR NO EXTORSIONAR,

 ABANDONADOS POR EL PODER

 

*Uniformados sin balas, sin patrullas y sin derechos, mientras la cúpula convierte la corporación en caja chica

 

CHIMALHUACÁN, Estado de México, 7 de enero de 2025.—Las condiciones en las que operan elementos de la policía municipal de Chimalhuacán han dejado de ser solo indignas para convertirse en una forma abierta de castigo y hostigamiento institucional. De acuerdo con testimonios internos, los uniformados asignados a custodias en zonas donde han ocurrido hechos sangrientos son, en su mayoría, aquellos que se han negado a participar en presuntas prácticas de robo y extorsión contra la ciudadanía.

 

Estos policías, señalan las denuncias, son enviados a servicios fijos donde hacen servicios de custodias, como la que se encuentra a las afuera del mercado San Isidro, sin condiciones mínimas para laborar: patrullas destartaladas, sin batería, sin mantenimiento y, en muchos casos, sin municiones en sus armas de cargo, lo que los deja totalmente vulnerables ante cualquier emergencia que se pudiera presentar.

 

La situación se agrava porque los elementos permanecen solos durante turnos prolongados de 24 horas, sin posibilidad de ir al baño o ingerir alimentos. Como consecuencia, varios de ellos presentan ya padecimientos en las vías urinarias, producto de jornadas inhumanas que, lejos de ser una omisión administrativa, representan un castigo deliberado por mantenerse íntegros.

 

EL CONTROL REAL DE LA CORPORACIÓN

 

Al interior de la policía municipal, el nombre que se repite es el del director operativo Arturo Hernández Ortega, conocido con el indicativo Centurión, señalado como quien realmente mueve los hilos de la corporación, quien, también, es señalado por estar detrás del grupo de policías delincuentes. En contraste, el comisario municipal Salvador Hernández Torres es descrito por los propios elementos policiacos como una figura decorativa, sin poder real de decisión, mientras su único trabajo es acompañar a la alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez.

 

Según versiones recabadas, Hernández Ortega habría convertido a la policía municipal en una presunta máquina de extorsión, donde los agentes que acceden a “cooperar” reciben privilegios, mejores turnos y protección, mientras que quienes se niegan son enviados a los servicios más precarios hasta que enferman o renuncian.

 

EL MERCADO SAN ISIDRO: EXTORSIÓN Y MUERTE

 

Un caso emblemático es el del mercado San Isidro, donde el pasado sábado 22 de noviembre fue asesinado un comerciante dedicado a la venta de caldos de gallina, presuntamente por negarse a pagar derecho de piso. Para los denunciantes, este crimen no derivó en una depuración interna ni en un golpe a las redes de extorsión, sino en un silencio que protege intereses oscuros de la alcaldesa, su esposo y centurión.

 

Una fuente de la Fiscalía del Edomex, aseguro que las acusaciones apuntan a que los extorsionadores estarían plenamente identificados y forman parte del grupo de inteligencia de la propia policía municipal, operando bajo la protección de mandos, entre ellos Hernández Ortega y la comandante Marisela Altamirano Rodríguez, responsable de la región donde se ubica el mercado.

 

PREFERENCIAS, REGALOS Y CORRUPCIÓN

 

El deterioro de la corporación es descrito como resultado directo de mandos que, lejos de dignificar el uniforme, lo enlodan. De acuerdo con los señalamientos, se da preferencia a policías allegados, especialmente a aquellos que entregan dinero y regalos producto de presuntos atracos a ciudadanos, consolidando una estructura de corrupción interna.

 

Mientras tanto, los elementos que aún se mantienen íntegros enfrentan hostigamiento sistemático, condiciones laborales extremas y abandono institucional.

 

LA PREGUNTA INCÓMODA

 

En medio de este panorama, ciudadanos y policías coinciden en una pregunta que sigue sin respuesta: ¿Dónde está la alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez?

 

De acuerdo con versiones locales, la edil ya ni siquiera viviría en Chimalhuacán, sino en zonas residenciales de Texcoco, donde presuntamente posee varias casas de lujo. Una postal que contrasta brutalmente con la precariedad de la policía municipal y con un municipio sometido por la violencia, la extorsión y la impunidad.

 

Mientras la corporación se descompone desde dentro y los policías son castigados por no delinquir, el gobierno municipal guarda silencio. Un silencio que, para muchos, ya no es omisión, sino complicidad.

CHICOLOAPAN: TRIPLE EJECUCIÓN CON SELLO DEL CRIMEN ORGANIZADO EXPONE EL PACTO DE IMPUNIDAD MORENISTA

 

* Maniatados, torturados y ejecutados: el mensaje criminal que el gobierno municipal se niega a enfrentar

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

SAN VICENTE CHICOLOAPAN, Estado de México, 5 de diciembre de 2025.– La violencia volvió a exhibir su rostro más brutal en la zona oriente del Estado de México. La mañana del domingo, tres hombres fueron localizados sin vida en el paraje Ejidos de Coatepec, en la comunidad de San Vicente Chicoloapan. Los cuerpos estaban maniatados, con visibles huellas de tortura y ejecutados con el llamado tiro de gracia, una escena que remite directamente a los métodos del crimen organizado que opera con absoluta impunidad en la región.

 

El hallazgo se produjo tras una llamada anónima que alertó a las autoridades sobre la presencia de varios cuerpos abandonados entre los matorrales, a un costado de la carretera Coatepec–San Vicente Chicoloapan. Elementos de seguridad acudieron al sitio y confirmaron la existencia de tres cadáveres masculinos con impactos de arma de fuego y signos evidentes de violencia extrema, por lo que procedieron a acordonar el área.

 

Minutos después arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cuyos peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento de los cuerpos, trasladados al Servicio Médico Forense para su identificación y la necropsia de ley. Hasta el momento no hay detenidos ni identidades confirmadas, una constante que se repite en los crímenes de alto impacto en este municipio.

 

Pero este triple homicidio no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de años de descomposición institucional. La violencia no ha cesado desde el anterior gobierno municipal morenista, encabezado por la exalcaldesa Nancy Gómez, señalada por haber instalado en el poder fáctico local a sus hermanos Marco Antonio Gómez Vargas, alias “El Kino”, y Alexis Gómez Vargas, ambos identificados como líderes del grupo delictivo “La Familia Michoacana”. Pese a los señalamientos públicos y reiterados, nunca han sido detenidos, protegidos por un manto de impunidad que apunta directamente al actual alcalde y a los círculos de poder político.

 

Ese blindaje, según denuncias locales, es garantizado por el alcalde morenista Francisco Javier Mendoza Vázquez y por el esposo de la exalcaldesa, el diputado local Samuel Ros Moreno, quienes habrían permitido que los grupos criminales operen libremente en Chicoloapan, cobrando vidas mientras el gobierno mira hacia otro lado.

 

La complicidad no termina ahí. El actual comisario de seguridad, Josafat Green Ramírez, carece de experiencia policiaca y llegó al cargo no por méritos, sino por haber sido chofer de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez cuando fue alcaldesa de Texcoco. Hoy, lejos de combatir al crimen, Green Ramírez estaría más ocupado en proteger a Reinaldo Ruiz Castaneyra, alias “El Perro”, presunto líder del grupo de extorsionadores “Los Talibanes”, para garantizar que siga fluyendo el dinero ensangrentado producto de las extorsiones, mientras la seguridad de la población queda relegada.

 

En Chicoloapan, los cadáveres se acumulan y las respuestas oficiales brillan por su ausencia. La ejecución de tres hombres, torturados y abandonados como mensaje, es una advertencia clara de que el control territorial está en manos del crimen, no del Estado.

 

La exigencia es ineludible: el alcalde Francisco Javier Mendoza Vázquez debe romper de inmediato el pacto de impunidad que mantiene con los grupos delictivos que operan en la zona. De no hacerlo, las ejecuciones continuarán y el terror seguirá gobernando Chicoloapan, mientras las autoridades morenistas insisten en simular que no pasa nada.

EXTORSIÓN SIN FRENO EN CHICOLOAPAN: BLOQUEAN LA MÉXICO–TEXCOCO Y ACUSAN PACTO ENTRE DELINCUENTES Y AUTORIDADES

 

* Entre cuotas ilegales, policías usados como amenaza y un regidor señalado como hijo del líder criminal, la extorsión en Chicoloapan opera con respaldo político y total impunidad

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

SAN VICENTE CHICOLOAPAN, Estado de México.– La paciencia se agotó. El pasado viernes 3 de enero, vecinos y comerciantes dedicados a la venta de juguetes bloquearon la carretera México–Texcoco, a la altura de Las Fuentes, para exigir al gobierno municipal y al Gobierno del Estado de México que frenen de una vez por todas a la banda de extorsionadores conocida como “Los Talibanes”.

 

Los manifestantes, quienes año con año participan en el tianguis de juguetes de la colonia Santa Rosa, denunciaron ser víctimas de un sistema de extorsión institucionalizado, encabezado —según sus testimonios— por Reinaldo Ruiz Castaneyra, alias “El Perro”, líder del grupo criminal que desde hace años controla al menos 10 tianguis en San Vicente Chicoloapan y en el municipio de Chimalhuacán.

 

EXTORSIÓN, COBRO DE PISO Y FALSOS UNIFORMES

 

De acuerdo con los comerciantes, “Los Talibanes” cobran cuotas que van desde 500 hasta 5 mil pesos por espacio, además de imponer pagos adicionales bajo el argumento de una supuesta “protección” de la Policía Federal, asegurando que con ese dinero “nadie los va moles y mucho menos a detener por vender artículos chinos o de piratería”.

 

A esto se suma la presencia de sujetos vestidos completamente de negro, identificados por los afectados como integrantes del mismo grupo delictivo, quienes cobran otra cuota más por “vigilancia”, configurando un doble y hasta triple cobro de derecho de piso.

 

ACUSAN PROTECCIÓN POLÍTICA

 

Los comerciantes señalaron que el poder de “El Perro” no es casual. Denunciaron que el grupo operó como grupo de choque tanto de la exalcaldesa morenista Nancy Gómez Vargas, como del actual presidente municipal Francisco Javier Mendoza Vázquez, lo que —afirman— permitió que Edgar Ruiz Aguilar, hijo del presunto líder criminal, fuera colocado como primer regidor del Ayuntamiento.

 

Para los manifestantes, esto representa una burla y una afrenta directa: un presunto delincuente disfrazado de funcionario público, protegido desde el poder municipal de Morena.

 

CON MORENA, EL ABUSO SE DISPARÓ

 

Aunque el cobro de piso no es nuevo, los afectados aseguran que con la llegada de Morena al gobierno local las extorsiones se incrementaron, y que con la administración de Mendoza Vázquez los abusos no tienen límites.

 

El temor es inmediato: advierten que el próximo 5 de enero, en plena venta por el Día de Reyes, el grupo criminal podría llegar acompañado de la policía municipal para amedrentar a los comerciantes y exigir cantidades estratosféricas, bajo amenaza de retirarlos o agredirlos.

 

LAS AUTORIDADES YA LO SABEN

 

Los denunciantes sostienen que estos hechos ya son del conocimiento de: Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Edomex, de Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal, así como de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal

 

Pero, subrayan, quien tiene responsabilidad directa es el alcalde de San Vicente Chicoloapan, a quien acusan de proteger abiertamente a “El Perro” y a su hijo, hoy regidor morenista.

 

DENUNCIA FORMAL, PERO SIN RESPUESTA

 

Los hechos ya fueron denunciados formalmente y quedaron asentados bajo el folio EDO_040126-0829, atendido por la operadora 0986. Aun así, no hay acciones visibles contra el grupo delictivo.

 

Miles de comerciantes esperan que esta vez no se simule, y que el gobierno municipal, el estatal y el federal rompan el pacto de impunidad que —acusan— mantiene a “Los Talibanes” operando a plena luz del día.

 

Porque en Chicoloapan, denuncian, la extorsión no solo se tolera: se gobierna y se controla desde el poder.

DONA SANGRE, DONA PLAQUETAS, DONA VIDA

 

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de enero de 2026. Sherlyn es una niña que hoy necesita de todas y todos nosotros. Su tratamiento depende de algo que no se puede fabricar ni comprar: sangre y plaquetas donadas de manera altruista.

 

Se requieren 29 donadores de manera urgente. Cada donación cuenta. Cada donador puede marcar la diferencia.

 

Lugar de donación: Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, Ubicado a espaldas del Hospital General de México.

 

En este hospital, muchas niñas y niños como Sherlyn luchan todos los días por su salud. Tu sangre no distingue nombres, edades ni historias, pero sí puede salvar vidas.

 

No lo olvides: Tu sangre es igual de importante. Tu tiempo puede ser esperanza. Tu decisión puede ser vida.

 

Si puedes donar, hazlo hoy. Si no puedes, ayuda compartiendo este mensaje. Contacta a familiares de Sherlyn al número telefónico: 5560 314048.

 

Porque cuando donas sangre, no pierdes nada y alguien lo gana todo.

REYES MAGOS EN SAN LÁZARO: LEGISLADORES PROLONGAN VACACIONES Y SE AUTO–REGALAN AUMENTO MILLONARIO

 

* Mientras millones de mexicanos enfrentan la cuesta de enero, la Comisión Permanente del Congreso decidió tomarse con calma el inicio del año: el regreso al trabajo será hasta después de abrir los regalos

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Ciudad de México, 2 de enero de 2026.- La austeridad republicana, al menos en el Poder Legislativo, parece haberse quedado guardada junto con los adornos navideños. Esto porque los diputados y senadores que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión optaron por extender sus vacaciones para pasar tranquilos el Día de Reyes en casa, lejos del recinto parlamentario y de cualquier urgencia nacional. El regreso a labores, dicen, será hasta el 7 de enero, ya con juguetes estrenados y rosca digerida.

 

No se trata de un simple descanso administrativo. Es una postal que retrata con precisión la distancia entre la clase política y la realidad cotidiana del país. Mientras hospitales operan con carencias y sin medicamentos, así como la inseguridad no toma vacaciones y miles de familias ajustan el gasto para sobrevivir la cuesta de enero, los legisladores decidieron que el trabajo podía esperar unos días más.

 

Pero la historia no termina ahí. Porque si algo saben hacer bien en San Lázaro, es consentirse a sí mismos. Antes de irse de descanso prolongado, los diputados se adelantaron su propio “regalo” al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, donde —sin rubor alguno— se autorizaron un aumento en sus percepciones.

 

El resultado: cada legislador tendrá ingresos anuales por un millón 307 mil 224 pesos, contando sueldo, aguinaldo y prestaciones como seguro de vida. Esto representa 113 mil 739 pesos más que el año anterior, un incremento que para cualquier trabajador promedio sería impensable, pero que en el Congreso se vota sin mayor debate ni resistencia.

 

En otras palabras, mientras el discurso oficial insiste en la contención del gasto y la disciplina financiera, los representantes populares se aseguran que la inflación, la cuesta de enero y la incertidumbre económica no les rocen ni el saco. A ellos, como diría el clásico, la cuesta de enero les hace lo que el viento a Juárez.

 

El contraste es brutal. El país inicia 2026 con presiones económicas, ajustes presupuestales en estados y municipios, recortes en políticas públicas, educación y en seguridad social y una ciudadanía que estira cada peso. Y, sin embargo, quienes deberían dar el ejemplo prefieren estirar el calendario laboral y engordar la nómina legislativa.

 

No hay comunicados de indignación interna, ni llamados a la congruencia, ni renuncias simbólicas al aumento. Tampoco hay prisa por sesionar. Total, los problemas nacionales pueden esperar; Melchor, Gaspar y Baltasar no.

 

Así, el Congreso confirma una vez más que, cuando se trata de privilegios, no hay colores partidistas ni ideologías enfrentadas: hay unanimidad. Y mientras los legisladores celebran con regalos nuevos y cheques más grandes, el país sigue esperando que alguien, del otro lado del pleno, decida tomarse en serio su trabajo.

BALAS, SILENCIO Y FRACTURA MORENISTA: EL ATENTADO EN TECÁMAC 

QUE DESNUDA UNA CRISIS POLÍTICA

 

* La violencia alcanza al gobierno municipal en medio de la guerra interna de Morena rumbo a 2027

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TECÁMAC, Estado de México, 2 de enero de 2026.— El atentado con arma de fuego contra Tania Avendaño Servín, directora del DIF municipal de Tecámac, no puede leerse como un hecho aislado ni reducirse a un simple episodio de violencia urbana. Ocurre en un municipio atravesado por una guerra interna dentro de Morena, una parálisis institucional creciente y una disputa abierta por el control político rumbo a 2027.

 

La funcionaria fue atacada la mañana del 31 de diciembre, alrededor de las 10 de la mañana, cerca de su domicilio, mientras viajaba en un vehículo Volkswagen Virtus blanco, con placas MRG-688-C del Estado de México. Aunque el ataque no se consumó plenamente —la funcionaria resultó herida por bala en el brazo izquierdo y se reporta fuera de peligro—, el mensaje fue claro: en Tecámac, hoy, ni los altos cargos públicos están a salvo.

 

El manejo oficial del caso, lejos de aportar certeza, sembró dudas. En un primer momento, el gobierno municipal se refirió a la víctima como “Tania N”, ocultando su identidad, lo que generó confusión y suspicacia. Horas más tarde, fue la propia cuenta oficial del DIF Tecámac la que confirmó que se trataba de su directora. ¿Por qué el titubeo? ¿A quién se buscaba proteger: a la víctima o al discurso político?

 

La alcaldesa Rosa Yolanda Wong Romero condenó el ataque y exigió justicia, al tiempo que reconoció públicamente que otros funcionarios y exfuncionarios municipales han sido amenazados e intimidados, hechos que —asegura— ya fueron denunciados ante las autoridades. Sin embargo, hasta ahora, no hay detenidos ni líneas claras de investigación conocidas por la ciudadanía.

 

La Guardia Civil de Tecámac desplegó un operativo de búsqueda y contención, pero el silencio posterior resulta ensordecedor frente a la gravedad del atentado. Las condenas retóricas no sustituyen resultados.

 

Este episodio ocurre en un contexto político enrarecido. El pasado 8 de diciembre, durante el primer informe de gobierno de la alcaldesa Wong Romero, el municipio vivió una escena inédita de confrontación pública: gritos, reproches y fracturas evidentes entre las facciones de Morena, particularmente con la exalcaldesa y hoy senadora Mariela Gutiérrez Escalante, en una disputa abierta por el control político de Tecámac.

 

Ni siquiera la presencia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez logró contener el choque de tribus: el desorden y la falta de respeto institucional dejaron al descubierto una crisis política que ya rebasa lo local y salpica al Estado de México.

 

A esta fractura se suma la parálisis de servicios municipales provocada por el plantón y las protestas de ex trabajadores despedidos, quienes acusan ceses injustificados. Tecámac hoy es un municipio detenido, crispado y sin gobernabilidad plena.

 

Frente a este escenario, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encabezada por José Luis Cervantes Martínez, tiene la obligación de no descartar ninguna línea de investigación, incluida la posibilidad de que el atentado contra la directora del DIF y las amenazas previas tengan un trasfondo político, derivado de la pugna interna de Morena por el poder local y la proyección rumbo a 2027 y la sucesión gubernamental.

 

Cerrar los ojos ante este contexto sería no solo irresponsable, sino peligroso. Cuando la violencia alcanza a funcionarios públicos en medio de disputas partidistas, ya no se trata solo de seguridad: se trata de democracia, legalidad y del uso del miedo como arma política.

 

Tecámac no necesita más comunicados de condena. Necesita verdad, justicia y un Estado que deje de mirar hacia otro lado. Si el poder se disputa a balazos, el daño no es solo para un partido: es para toda la sociedad.