HELICÓPTERO FANTASMA: EL BLACK HAWK QUE MORENA COMPRÓ, PERO NADIE ENCUENTRA EN EL EDOMEX

 

*Mientras la inseguridad golpea al Estado de México, el gobierno de Delfina Gómez enfrenta un nuevo escándalo: un helicóptero Black Hawk de 4 millones de dólares que presuntamente fue pagado, pero jamás apareció

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 26 de mayo de 2026.- Al interior del gobierno mexiquense comenzó a estallar un escándalo que amenaza con convertirse en uno de los casos más delicados de presunto desvío de recursos públicos durante la administración de la morenista Delfina Gómez Álvarez. La historia gira en torno a una aeronave militar, usada, Sikorsky UH-60 Black Hawk valuada en 4 millones de dólares, que habría sido adquirida desde enero pasado por el gobierno estatal, pero que simplemente no aparece.

 

No está en los hangares del aeropuerto de Toluca. No opera para la Secretaría de Seguridad del Estado de México. No existe evidencia pública de su entrega. Y, pese a ello, presuntamente ya se pagan espacios para resguardarlo con recursos públicos.

 

Fuentes consultadas al interior de la administración estatal aseguran que la compra del helicóptero fue impulsada directamente por el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien habría encabezado las negociaciones relacionadas con la adquisición del aparato. El problema es monumental: el Black Hawk nunca llegó.

 

La operación, según personal vinculado a la Dirección de Normatividad del gobierno mexiquense, comenzó a generar conflictos internos desde enero pasado, cuando diversas áreas empezaron a cuestionar la inexistencia física de la aeronave, mientras continuaban fluyendo pagos relacionados con su supuesto resguardo.

 

De acuerdo con información proporcionada a Expediente Secreto, incluso se estaría pagando mensualmente un espacio en hangares del aeropuerto de Toluca para mantener la aeronave “en un lugar seguro y digno”, aunque trabajadores y operadores aeroportuarios aseguran que el helicóptero jamás ha sido visto en la terminal aérea.

 

El costo de arrendamiento de un espacio para una aeronave de estas dimensiones puede oscilar entre 100 mil y 150 mil pesos mensuales, dependiendo del aeropuerto y los servicios incluidos. En este caso, el dinero saldría directamente del erario mexiquense.

 

La pregunta que ya comienza a recorrer pasillos gubernamentales y oficinas policiacas es brutal: ¿dónde quedó el dinero?

 

UN GOBIERNO ATRAPADO ENTRE OPACIDAD Y SOSPECHAS

 

El escándalo ocurre en un momento particularmente delicado para el gobierno estatal. Aunque la administración mexiquense insiste en presumir disminuciones en algunos indicadores delictivos, la percepción ciudadana de inseguridad continúa siendo una de las más altas del país, según mediciones recientes del INEGI.

 

Mientras millones de mexiquenses viven entre asaltos, extorsiones, desapariciones y violencia cotidiana, el gobierno estatal aparece involucrado en una operación opaca relacionada con equipo táctico militar de alto costo.

 

Y lo más grave es que, lejos de transparentar el caso, desde el entorno de la gobernadora habría existido un intento por contener el escándalo.

 

Dentro del propio gobierno mexiquense crece la molestia porque, pese a las acusaciones y señalamientos internos, Delfina Gómez Álvarez mantiene intacto a Cristóbal Castañeda Camarillo al frente de la seguridad estatal.

 

Funcionarios consultados cuestionan por qué el secretario sigue protegido políticamente cuando, en cualquier administración mínimamente funcional, una denuncia de este tamaño habría derivado en investigaciones inmediatas, separación del cargo y vigilancia institucional para evitar una posible fuga. Pero en el Edomex ocurre lo contrario.

 

EL GRUPO SINALOENSE QUE TOMÓ EL CONTROL DE LA SEGURIDAD MEXIQUENSE

 

La llegada de Cristóbal Castañeda Camarillo al Estado de México nunca estuvo libre de polémica.

 

El ex secretario de Seguridad de Sinaloa arribó acompañado de un grupo de mandos importados desde aquella entidad, varios de ellos señalados y cuestionados por su desempeño durante uno de los periodos más violentos en la historia reciente del estado gobernado por Rubén Rocha Moya.

 

Entre los perfiles que aterrizaron en territorio mexiquense aparecen: Carlos Alberto Hernández Leyva, nombrado subsecretario de la Policía Estatal, Víctor Antonio Cisneros Díaz, puesto al frente de la Unidad de Información (Inteligencia), Jesús Astorga Ríos, nombrado director de Operaciones del C5 en Ecatepec, uno de los municipios más violentos y codiciados por las organizaciones criminales, así como Gonzalo Hernández Durazo,  ex Delegado de la PGR y señalado por su oscuro paso dentro de estructuras federales en Sinaloa, fue nombrado titular de la Universidad Mexiquense de Seguridad y Justicia.  

 

Todos forman parte del círculo cercano de Castañeda Camarillo y todos llegaron a posiciones estratégicas dentro de la estructura de seguridad mexiquense.

 

Además, policías municipales y estatales cuestionan la estrategia de colocar militares o marinos retirados al frente de corporaciones locales en municipios gobernados por Morena, una política promovida por Castañeda Camarillo y que, aseguran, terminó agravando problemas operativos, administrativos y de coordinación, pues la mayoría no acredito los exámenes de control y confianza.

 

SINALOA: EL PASADO QUE PERSIGUE A CASTAÑEDA

 

La sombra de Sinaloa persigue permanentemente al actual secretario de Seguridad del Edomex.

 

Durante su gestión en aquella entidad, el crimen organizado no disminuyó. Por el contrario, el poder de las organizaciones criminales, como la de “Los Chapitos” y “El Mayo Zambada”, se consolidaron hasta convertirse en dueños de regiones enteras. En territorios prácticamente paralizados por la violencia.

 

Hoy, dentro de sectores policiacos y políticos mexiquenses, las preguntas son cada vez más incómodas: ¿por qué el gobierno mexiquense abrió sus puertas a mandos arrastrando señalamientos tan delicados?, ¿por qué siguen siendo protegidos?, ¿y por qué el caso del Black Hawk parece intocable?

 

La adquisición fallida o inexistente del helicóptero podría convertirse en mucho más que un escándalo administrativo. Si se confirma el presunto desvío de recursos, el caso tendría implicaciones federales, financieras y penales. Porque aquí no se habla únicamente de corrupción.

 

Se habla de millones de dólares públicos desaparecidos, de estructuras de seguridad infiltradas por sospechas, de opacidad institucional y de un gobierno que prometió ser distinto, pero que cada vez enfrenta más acusaciones de repetir —o incluso superar— las prácticas que durante años criticó.

 

La llamada “Cuarta Transformación” prometió terminar con los excesos y la corrupción. Sin embargo, en el Estado de México, el supuesto Black Hawk fantasma amenaza con convertirse en el símbolo perfecto de una administración atrapada entre el discurso de austeridad y las sospechas de un presunto saqueo silencioso.

LA PAZ: OPERATIVOS DE TEATRO Y PACTOS CRIMINALES

*Mientras Martha Guerrero y Tranquilino Lagos presumen clausuras y patrullajes mediáticos, ciudadanos denuncian vínculos con el “Sindicato 22 de Octubre”, extorsiones, narcomenudeo y control criminal del agua en el municipio

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 25 de mayo de 2026.- En Los Reyes La Paz ya nadie compra el discurso barato de los “operativos por la legalidad” que presume la alcaldesa morenista Martha Guerrero y su esposo Tranquilino Lagos Buenabad. La realidad en las calles es completamente distinta a la propaganda maquillada que intentan vender con videos producidos al estilo cinematográfico, donde aparecen decenas de patrullas, elementos federales y funcionarios municipales recorriendo antros y bares mientras una voz institucional intenta convencer a la ciudadanía de que “el orden y la legalidad” prevalecen en el municipio.

 

Lo insultante no es únicamente el montaje. Lo verdaderamente ofensivo es que pretenden presentar como un logro histórico la suspensión temporal de cinco antros de mala muerte y el aseguramiento administrativo de 17 motocicletas, mientras el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso y el control criminal del agua potable siguen creciendo descaradamente bajo sus narices.

 

Porque en La Paz todos saben perfectamente quién manda realmente en amplias zonas del municipio. Y todos saben también del presunto pacto político y criminal que señalan ciudadanos y comerciantes entre el gobierno morenista y el grupo delictivo “Sindicato 22 de Octubre”, encabezado presuntamente por Héctor Becerril. Un grupo señalado de operar con violencia, amenazas, extorsiones y control territorial.

 

La pregunta que nadie en el gobierno municipal quiere responder es muy simple: ¿por qué Tranquilino Lagos Buenabad no sale públicamente a deslindarse de Héctor Becerril y del “Sindicato 22 de Octubre”? ¿Por qué nunca condenan directamente a esa organización? ¿Por qué guardan silencio mientras comerciantes, vecinos y transportistas denuncian amenazas y cobros ilegales?

 

Mientras graban videos propagandísticos para redes sociales, la ciudadanía vive aterrorizada. Los bares y antros del municipio no solamente son señalados por venta irregular de alcohol, sino por operar como puntos de distribución de cocaína y cristal. Sin embargo, en los espectaculares “operativos coordinados”, jamás aparecen detenidos los narcomenudistas. Nunca hay aseguramientos relevantes. Nunca aparecen los verdaderos responsables. Todo termina reduciéndose a clausuras administrativas que sirven más para tomarse fotografías que para combatir el crimen.

 

La situación resulta todavía más grave porque el “Sindicato 22 de Octubre” no solamente ha sido relacionado con actividades de extorsión y control comercial, sino también con la distribución de agua mediante pipas en diversas zonas del municipio. Vecinos denuncian desde hace tiempo que el acceso al agua se convirtió en un mecanismo de presión política y sometimiento social. Quien no se alinea, quien no coopera o quien no simpatiza con Morena, simplemente es castigado.

 

Eso no es gobernar. Eso es utilizar las necesidades básicas de la población como instrumento de control político y terror social. Y mientras tanto, Martha Guerrero y Tranquilino Lagos Buenabad siguen escondidos detrás de videos institucionales que ya nadie cree.

 

La violencia, además, dejó de ser una amenaza aislada para convertirse en parte cotidiana del municipio. En antros de la localidad ya se han registrado ataques armados y asesinatos de mujeres inocentes, así como amenazas y narcomensajes firmados presuntamente a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y no puede ignorarse que autoridades mexiquenses ya han documentado operaciones del “Sindicato 22 de Octubre” vinculadas al CJNG en municipios cercanos como Chalco.

 

Es decir, mientras el gobierno municipal presume “orden y legalidad”, el crimen organizado avanza territorialmente con amenazas, ejecuciones y control económico.

 

El caso del tianguis de la cabecera municipal es quizá una de las pruebas más escandalosas de la descomposición institucional. Sujetos armados ingresaron para amenazar comerciantes prácticamente frente al palacio municipal y a escasos metros de la policía local. Nadie intervino. Nadie actuó. Nadie protegió a los comerciantes. Y según testimonios, Tranquilino Lagos ya tenía conocimiento de la situación y pidió que no se hiciera pública, prometiendo resolver el problema. No resolvió nada.

 

Eso explica perfectamente por qué los “operativos” generan más burlas que confianza.

 

Pero el deterioro institucional no termina ahí. Entre los personajes reciclados por este gobierno morenista aparece Francisco Felipe Villa Campa, actual director de Protección Civil y Bomberos, arrastrando señalamientos de corrupción, presuntas extorsiones y presuntos vínculos con grupos criminales desde otros cargos públicos.

 

Empresarios de Ciudad Nezahualcóyotl ya habían protestado anteriormente por presuntos intentos de extorsión cuando ocupó cargos en esa región. En Veracruz también enfrentó cuestionamientos severos durante su paso por la policía municipal de Xalapa. Sin embargo, lejos de representar un impedimento, ese historial parece haber sido suficiente mérito para ser incorporado al gobierno de Martha Guerrero.

 

Ahora, tras las clausuras de bares y antros, muchos empresarios temen que el siguiente paso sea el de siempre: presuntas extorsiones disfrazadas de “regularización”, donde funcionarios municipales convierten las clausuras en negocio personal.

 

La Paz no necesita videos propagandísticos ni montajes mediáticos. Necesita autoridades que rompan públicamente cualquier vínculo o sospecha con estructuras criminales, que enfrenten al narcomenudeo real y que dejen de utilizar las instituciones para administrar miedo, impunidad y simulación.

 

Porque mientras el gobierno presume patrullas y operativos teatrales, los ciudadanos siguen viviendo entre amenazas, extorsiones, balaceras y silencio oficial.

ECATEPEC: CAMINAR 22 MIL CALLES NO SIRVE CUANDO EL

 CRIMEN CAMINA DENTRO DEL PODER

 

*Vecinos conocen la inseguridad; el gobierno conoce a quienes la operan

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ECATEPEC, Estado de México, 24 de mayo de 2026.- Mientras la alcaldesa morenista Azucena Cisneros Coss presume en redes sociales que ya recorrió por tercera ocasión las 22 mil calles del municipio, la realidad que viven miles de familias en Ecatepec parece ir en sentido contrario a su propaganda. Porque recorrer calles con cámaras y discursos no significa gobernar, mucho menos resolver la violencia, la extorsión y el control criminal que desde hace años ahogan al municipio.

 

La propia alcaldesa reconoce en sus videos que son los vecinos quienes saben dónde asaltan, dónde no hay luz y dónde opera la inseguridad. Lo que Cisneros Coss omite decir es que también son los vecinos quienes desde hace tiempo denuncian que amplios sectores de la policía municipal están rebasados, infiltrados o incluso señalados por proteger intereses criminales antes que a la ciudadanía.

 

En sus recorridos propagandísticos, la alcaldesa habla de “tocar tierra”, pero evita hablar de los vínculos políticos y personales que desde hace años la persiguen públicamente. Uno de los nombres que más pesa sobre su administración es el de Alejandro Gilmaré Mendoza, alias “El Choko”, presunto líder de “La Chokiza”, organización relacionada con extorsión, homicidios, narcomenudeo, despojo de predios e invasiones de viviendas. A pesar de ello, Cisneros Coss llegó a presentarlo públicamente como un “luchador social” y “gran ser humano”, una postura que hoy resulta políticamente insostenible frente al historial criminal que le atribuyen las autoridades.

 

El problema no es únicamente Ecatepec. El municipio se convirtió en otro ejemplo del deterioro político de Morena en el Estado de México, donde cada vez son más frecuentes las acusaciones de infiltración criminal en estructuras de gobierno y grupos políticos locales. Mientras la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la Fiscalía mexiquense encabezada por José Luis Cervantes Martínez guardan silencio o actúan con lentitud, los hechos continúan acumulándose.

 

Los antecedentes sobran. En la zona sur del Estado de México quedaron documentadas presiones y amenazas atribuidas a La Familia Michoacana contra candidatos opositores durante procesos electorales. Uno de los casos más visibles fue el de Zudikey Rodríguez, quien denunció intimidaciones y amenazas para abandonar la contienda en Valle de Bravo.

 

En Ecatepec, la disputa política parece dividirse entre dos grupos con señalamientos igualmente delicados: por un lado, estructuras relacionadas con “Los 300”, vinculadas al ex alcalde morenista y hoy diputado federal, Luis Fernando Vilchis Contreras; por el otro, el círculo político de Azucena Cisneros, constantemente relacionado con personajes como “El Choko” y Guillermo Fragoso Báez, alias “El Memo” o “El Jefe”, identificado como dirigente sindical y presunto operador criminal ligado a homicidio, secuestro, extorsión, venta de combustible robado (huachicol), narco menudeo, despojo, tráfico de armas, según la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEIDM-MEX/0000421/2024 y hoy se encuentra prófugo de la justicia.

 

 

La tragedia para los habitantes de Ecatepec es que, mientras la clase política libra guerras de poder y presume recorridos calle por calle, los ciudadanos siguen atrapados entre la inseguridad, la corrupción y el abandono institucional. Porque el verdadero problema no es cuántas veces una alcaldesa camina las calles, sino cuántas veces el gobierno ha permitido que el crimen se instale en ellas.

LA AUSTERIDAD DE MORENA TERMINÓ DONDE EMPIEZAN LAS MANSIONES

 

*La mansión de 36 millones exhibe el doble discurso de austeridad que Morena convirtió en bandera política

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TECÁMAC, Estado de México, 22 de mayo de 2026.- La llamada “Cuarta Transformación” prometió acabar con los excesos, los privilegios y la corrupción de la vieja clase política. Juraron vivir en la justa medianía, combatir el enriquecimiento inexplicable y transparentar hasta el último peso del patrimonio de sus funcionarios. Ocho años después, la realidad volvió a golpear el discurso oficial: casas de lujo, propiedades ocultas, declaraciones patrimoniales incompletas y explicaciones que insultan la inteligencia de la gente.

 

AHORA EL ESCÁNDALO TIENE NOMBRE: MARIELA GUTIÉRREZ ESCALANTE

 

La senadora morenista intenta convencer a la opinión pública de que una residencia valuada en más de 36.5 millones de pesos no representa ningún problema porque “ya no es suya”, aunque siga viviendo ahí gracias a un usufructo vitalicio. Es decir, la propiedad está a nombre de sus hijos, pero ella mantiene el control y disfrute de la mansión. Una fórmula legal quizá válida en el papel, pero políticamente devastadora para un movimiento que construyó su narrativa atacando precisamente ese tipo de simulaciones patrimoniales.

 

Lo más grave no es solamente el valor de la propiedad ubicada en Ozumbilla, en Tecámac. Lo verdaderamente escandaloso es el contraste brutal entre el discurso de austeridad republicana y la realidad inmobiliaria de muchos cuadros de Morena, a quienes —misteriosamente— comienzan a aparecerles residencias millonarias, terrenos gigantescos y lujos imposibles de justificar únicamente con salarios públicos.

 

Porque mientras millones de mexicanos sobreviven entre inflación, inseguridad y precariedad laboral, la élite morenista parece haberse mudado a otra dimensión: la de las casas con techos de cristal, jardines monumentales, espejos de agua, esculturas decorativas y estacionamientos enormes. La “transformación” terminó transformando a varios políticos de supuestos luchadores sociales en nuevos integrantes de una clase privilegiada que vive exactamente igual —o mejor— que aquellos a quienes juraron combatir.

 

La explicación de Mariela Gutiérrez tampoco resuelve las dudas centrales. Si la propiedad dejó de pertenecerle desde 2014, ¿por qué continuó habitándola como residencia principal? ¿Por qué no transparentar desde el inicio el usufructo vitalicio? ¿Por qué hasta ahora, después del reportaje y del escándalo mediático, decidió “actualizar” su declaración patrimonial? En política, las omisiones también hablan. Y aquí las omisiones pesan toneladas.

 

El caso revive además una constante cada vez más evidente dentro de Morena: funcionarios que reportan austeridad en el discurso, pero cuyos patrimonios parecen crecer a velocidades imposibles de explicar. Casas de lujo, relojes caros, ranchos, departamentos exclusivos y redes familiares beneficiadas se han vuelto parte recurrente del paisaje político de un movimiento que llegó prometiendo superioridad moral.

 

La defensa de “no es delito tener propiedades” tampoco elimina el problema de fondo. Nadie cuestiona el derecho de una persona a tener patrimonio. Lo que la sociedad cuestiona es la opacidad, las inconsistencias y el doble discurso. Morena convirtió durante años la crítica patrimonial en arma política contra sus adversarios; hoy, cuando las sospechas apuntan hacia sus propios cuadros, las respuestas se reducen a tecnicismos legales y explicaciones familiares.

 

El caso también deja muy mal parado al discurso anticorrupción del oficialismo. Porque mientras se exige transparencia absoluta a opositores, periodistas, empresarios y ciudadanos, varios integrantes de la 4T parecen operar bajo una lógica distinta: ocultar primero, aclarar después y victimizarse cuando aparecen las investigaciones.

 

En el fondo, el escándalo de la residencia en Ozumbilla no es solamente un problema inmobiliario. Es el símbolo del desgaste moral de un proyecto político que prometió ser diferente y terminó reproduciendo las mismas prácticas que durante décadas denunció. La diferencia es que ahora los privilegios se justifican en nombre del pueblo.

 

Y mientras la narrativa oficial sigue hablando de austeridad, la realidad vuelve a exhibir algo mucho más incómodo: en Morena, la pobreza parece ser únicamente para el discurso.

ANTORCHA CAMPESINA Y EL VIEJO MODELO DE PODER

 QUE MORENA JURÓ COMBATIR

 

*Morena en Tlaxcala enfrenta tensión interna por la cercanía del gobierno municipal con Antorcha Campesina y operadores ligados al viejo PRI

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TLAXCALA, México, 22 de mayo de 2026.- El festejo por el 35 aniversario del Movimiento Antorchista en Tlaxcala no fue únicamente un acto político; fue la confirmación de que una de las organizaciones más cuestionadas del país sigue encontrando refugio en el poder, pese a su largo historial de señalamientos, privilegios y presuntas redes de protección política.

 

Mientras su dirigente nacional, Aquiles Córdoba Morán hablaba de “gestión social” y apoyo a los sectores vulnerables, la realidad es que el discurso de Antorcha Campesina hace años dejó de convencer incluso dentro de sus propios sectores. La razón es simple: durante décadas, la organización construyó un gigantesco aparato económico y político bajo la bandera de la pobreza, mientras sus líderes acumulaban poder, propiedades y negocios.

 

El propio ex presidente Andrés Manuel López Obrador denunció públicamente en distintas conferencias mañaneras que Antorcha Campesina recibía 20 mil millones de pesos al año, dinero público, que, en teoría, debía llegar a las personas más pobres del país. Según esos señalamientos, el dinero terminó sirviendo para consolidar un verdadero emporio económico con gasolineras, hoteles y centros comerciales, mientras la organización perfeccionaba un modelo basado en presión política, movilización callejera y negociación permanente con los gobiernos en turno.

 

No se trata de acusaciones menores. Antorcha Campesina ha sido históricamente una de las organizaciones con mayor capacidad de protesta y chantaje político en México. Bloqueos, marchas, plantones y movilizaciones masivas fueron durante años su herramienta principal para obtener recursos, posiciones y protección. Bajo el argumento de “gestión social”, la organización construyó un esquema donde la pobreza terminó funcionando como instrumento político.

 

A ello se suma el largo historial de controversias legales que ha perseguido a la organización y a varios de sus dirigentes: denuncias por presuntos despojos, investigaciones relacionadas con manejo irregular de recursos y múltiples señalamientos públicos que, casualmente, terminaban diluyéndose después de negociaciones políticas o movilizaciones masivas. En otras palabras, la presión social convertida en mecanismo de impunidad.

 

Por eso preocupa el acercamiento entre Antorcha Campesina y el alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, quien además cuenta con el respaldo político del grupo de poder encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. En Morena comienzan a encenderse las alertas porque entienden perfectamente lo que significa abrirle espacio a una organización que históricamente ha operado mediante estructuras clientelares y control político territorial.

 

El problema de fondo es que Morena prometió combatir precisamente ese viejo sistema de privilegios, corporativismo y manipulación social. Sin embargo, en Tlaxcala parece estar ocurriendo exactamente lo contrario: la incorporación silenciosa de un grupo que durante décadas sobrevivió gracias a los acuerdos con el poder.

 

Y como si eso no fuera suficiente, otro actor político aparece en el tablero: Alejandra Del Moral. Al interior de Morena existe preocupación por la operación política que la priista estaría realizando en Tlaxcala, aprovechando los vínculos familiares y políticos de su entorno. No es un dato menor que el padre de su esposo haya gobernado esa entidad y que exista la aspiración de recuperar poder en el estado.

 

La presencia de Del Moral alrededor de este entramado político confirma algo todavía más delicado: en la práctica, viejos grupos priistas, operadores regionales y organizaciones clientelares parecen estar encontrando espacios dentro de estructuras vinculadas a Morena. El discurso cambia, los colores cambian, pero los métodos siguen siendo los mismos.

 

En Tlaxcala, muchos dentro del oficialismo ya entienden el riesgo. Antorcha Campesina no llega sola ni gratis; llega con intereses políticos, estructuras de presión y ambiciones de control. Y cuando una organización con ese historial comienza a acercarse demasiado al poder municipal y estatal, lo que se pone en duda no es únicamente la congruencia de Morena, sino la posibilidad de que Tlaxcala termine atrapada nuevamente en las prácticas que el país dijo querer dejar atrás.

 EL EDOMEX NO MERECE IMPORTAR EL FRACASO DE SINALOA

 

*Mientras Sinaloa se hundía en la violencia y el poder criminal, el Edomex abrió sus instituciones de seguridad a mandos foráneos señalados por su cercanía con estructuras ligadas al narcotráfico y al fracaso policiaco

 

TOLUCA, Estado de México, 21 de mayo de 2026.- El problema ya no es únicamente la violencia. El verdadero escándalo es que el Gobierno del Estado de México parece decidido a convertir a la entidad en una sucursal política y operativa de Sinaloa, uno de los estados más golpeados por la narco-política, el control criminal y el colapso institucional.

 

Mientras en Sinaloa la violencia dejó ciudades paralizadas, negocios cerrados y una sociedad sometida por el miedo, en el Estado de México la administración de la morenista Delfina Gómez Álvarez abrió las puertas de la seguridad pública a un grupo de mandos importados que llegan cargando señalamientos, sospechas y un historial profundamente cuestionado, porque lejos de velar por la seguridad de aquel estado, le servían a “Los Chapitos” y a “El Mayo Zambada.

 

La cabeza visible de esta operación es Cristóbal Castañeda Camarillo, ex secretario de Seguridad en Sinaloa, estado donde el crimen organizado creció hasta convertirse prácticamente en una autoridad paralela. Y aun así, lejos de rendir cuentas por los resultados en aquella entidad, aterrizó en el Edomex acompañado de su propio círculo de poder.

 

No llegó solo. Trajo consigo a funcionarios como Carlos Alberto Hernández Leyva, Víctor Antonio Cisneros Díaz, Jesús Astorga Ríos y Gonzalo Hernández Durazo, este último ex Delegado de la PGR y señalado por su oscuro paso dentro de estructuras federales en Sinaloa.

 

La pregunta es inevitable: ¿qué experiencia vienen a exportar al Estado de México? ¿La de un estado incendiado por la guerra entre grupos criminales? ¿La de ciudades enteras sometidas por el miedo? ¿O la de gobiernos incapaces de contener a organizaciones como “Los Chapitos” y la estructura de Ismael “El Mayo” Zambada?

 

La indignación crece porque no se trata únicamente de nombramientos administrativos. Se trata del control de la seguridad pública, de la inteligencia policial y de la formación de nuevos elementos mexiquenses. La Universidad Mexiquense de Seguridad, institución clave para la capacitación policial, terminó convertida en enclave político del llamado “Grupo Sinaloa”, desplazando perfiles locales y dejando la impresión de que la lealtad política pesa más que la capacidad o la confianza ciudadana.

 

El mensaje para los mexiquenses es demoledor: mientras millones de ciudadanos viven atrapados entre extorsiones, desapariciones, ejecuciones y cobro de piso, el gobierno estatal coloca en puestos estratégicos a personajes ligados a uno de los modelos de seguridad más cuestionados del país.

 

Y el problema es todavía más profundo. Porque cuando un gobierno importa mandos policiacos desde una entidad señalada por presuntos vínculos entre poder político y crimen organizado, también importa desconfianza, sospechas y temor.

 

La administración de Delfina Gómez Álvarez prometió transformación, austeridad y cercanía con la gente. Pero la realidad parece distinta: un aparato de seguridad cerrado, opaco y dominado por operadores externos que desconocen la complejidad social, territorial y criminal del Estado de México.

 

Ecatepec, Toluca, Naucalpan, Chimalhuacán, La Paz, Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, Amecameca, San Vicente Chicoloapan, Texcoco, Nezahualcóyotl, etcétera, etcétera, etcétera, viven una crisis brutal de violencia. En lugar de fortalecer a perfiles locales con conocimiento del territorio, la estrategia fue entregar posiciones clave a un grupo que llega desde un estado hundido en una de las peores crisis de seguridad de México.

 

La pregunta política comienza a tomar fuerza dentro y fuera de Morena: ¿cuánto más resistirá Delfina Gómez Álvarez sosteniendo a Cristóbal Castañeda Camarillo y a su bloque sinaloense?

 

Porque cada día que pasa, el costo ya no es únicamente político. El costo lo pagan millones de mexiquenses que observan cómo la seguridad de sus familias quedó en manos de funcionarios marcados por el fracaso, la sospecha y la sombra permanente de la narco-política.

MORELOS: EL CRIMEN YA COBRA IMPUESTOS Y EL ESTADO SOLO OBSERVA

*La extorsión creció 320 por ciento en apenas 19 meses; familias pagan cuotas mensuales a dos cárteles para seguir con vida mientras el gobierno responde con discursos, líneas telefónicas y promesas vacías

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

MORELOS, México, 21 de mayo de 2026.- En Morelos, la extorsión dejó de ser un delito aislado para convertirse en un sistema de control territorial, económico y social que opera frente a la mirada impotente —o indiferente— de las autoridades. Lo que ocurre en la entidad ya no puede explicarse únicamente como un problema de inseguridad: es la consolidación de un poder criminal que impone reglas, cobra cuotas, desplaza al gobierno y condena a miles de ciudadanos a sobrevivir bajo amenaza permanente.

 

Las cifras son demoledoras. En septiembre de 2024, al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se registraron al menos 20 víctimas de extorsión. Para abril de 2026, la cifra subió a 84. El incremento es brutal: 320 por ciento en apenas 19 meses. Detrás del dato frío aparecen 762 denuncias acumuladas; es decir, más de una víctima por día que decidió romper el silencio aun sabiendo que denunciar en México puede equivaler a firmar una sentencia de muerte.

 

Pero las estadísticas apenas alcanzan a retratar una parte de la tragedia. La verdadera dimensión del colapso fue expuesta por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, quien describió una realidad que exhibe la desaparición práctica del Estado en algunas regiones de Morelos.

 

En Huautla, comunidad perteneciente al municipio de Tlaquiltenango, familias enteras deben pagar 200 pesos mensuales por cada integrante del hogar para que el crimen organizado “proteja” sus viviendas. No se trata de un impuesto oficial ni de una contribución gubernamental. Es un cobro criminal para poder seguir viviendo.

 

Una madre con cinco hijos debe entregar actualmente mil 400 pesos al mes. Y ni siquiera a un solo grupo delictivo. La población está atrapada entre las disputas de La Familia Michoacana y Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha generado una especie de doble tributación criminal donde los ciudadanos pagan dos veces para no ser asesinados.

 

Quien no paga enfrenta represalias inmediatas: incendios provocados, disparos contra viviendas, amenazas y desplazamiento forzado. El terror se volvió rutina. Incluso un párroco tuvo que abandonar su comunidad luego de ser amenazado de muerte por permitir el ingreso de la Guardia Nacional durante Semana Santa, como exigían los habitantes desesperados por recuperar algo de seguridad.

 

Mientras tanto, desde el gobierno federal, la respuesta parece reducida a la burocracia y la simulación. La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que basta con llamar al 089 para denunciar. Como si una llamada telefónica pudiera desmontar estructuras criminales que hoy cobran piso, controlan comunidades y desafían abiertamente a las instituciones.

 

En el ámbito estatal, el secretario de Gobierno de Morelos, Édgar Maldonado, habla de “caminar juntos” con empresarios y líderes religiosos. El problema es que mientras el discurso oficial habla de coordinación, las calles hablan otro idioma: miedo, abandono y resignación.

 

La señora que vende tamales, el comerciante que baja la cortina antes del anochecer, la familia que paga cuotas para no perder la vida, todos entendieron ya una verdad devastadora: están solos.

 

Solos frente a grupos criminales que cobran impuestos sin emitir facturas. Solos frente a autoridades que organizan mesas de trabajo mientras el territorio cambia de manos. Solos frente a un sistema incapaz de garantizar lo más básico: el derecho a vivir sin miedo.

 

Y todavía hay quienes exigen pruebas de que el crimen organizado está devorando al país. Como si las amenazas dejaran recibos fiscales. Como si los negocios incendiados necesitaran validación estadística. Como si los huérfanos del abandono institucional pudieran esperar a que el gobierno “investigue”.

 

En Morelos, la soberanía ya no parece ejercerse desde el Palacio de Gobierno. El verdadero poder se impone desde el miedo, desde las armas y desde las cuotas criminales que miles pagan en silencio para seguir respirando un día más.

OCUILAN ARDE ENTRE TALA ILEGAL, SANGRE E IMPUNIDAD

*Diputada exhibe colusión de funcionarios y acusa que grupos criminales ligados a la tala clandestina ya secuestran y asesinan mientras la fiscalía mexiquense sigue rebasada

 

POR EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 21 de mayo de 2026.- La tala clandestina dejó de ser desde hace años un simple delito ambiental en el Estado de México. Hoy es una estructura criminal que mezcla violencia, control territorial, corrupción política, impunidad institucional y negocios millonarios protegidos desde las sombras del poder. Lo ocurrido recientemente en Ocuilan, donde un operativo derivó en un enfrentamiento armado entre comuneros y presuntos talamontes, con saldo de dos muertos y bloqueos carreteros, es apenas una muestra del nivel de descomposición que enfrenta la entidad.

 

La diputada Vanesa Linares reconoció públicamente lo que durante años autoridades estatales y municipales intentaron minimizar: que la tala ilegal creció bajo la protección de funcionarios coludidos y que hoy los grupos criminales ligados a este negocio operan con el respaldo de la delincuencia organizada.

 

“El Estado de México está viviendo momentos críticos en el tema de la tala clandestina. Esto viene de años atrás. Sabíamos que había funcionarios coludidos”, sostuvo la legisladora, dejando al descubierto una red de corrupción que permitió que los bosques mexiquenses fueran saqueados durante décadas.

 

La situación en Ocuilan refleja el abandono institucional. Familias enteras han sido absorbidas por el negocio ilegal de la madera, mientras los verdaderos beneficiarios continúan intocables. Según Linares, alrededor de 300 familias participan en actividades relacionadas con la tala clandestina, aunque aclaró que la mayoría apenas sobrevive como mano de obra explotada por empresarios madereros que obtienen ganancias multimillonarias.

 

“Les pagan menos del salario mínimo para cortar árboles. Los millonarios son los empresarios madereros”, afirmó.

 

Pero el problema ya rebasó cualquier dimensión ambiental. La propia legisladora advirtió que los grupos dedicados a este delito hoy también secuestran y asesinan, generando terror en regiones enteras y provocando que muchos ayuntamientos simplemente dejaran de intervenir por miedo a represalias.

 

 

La devastación ecológica es brutal. Zonas emblemáticas como las Lagunas de Zempoala prácticamente fueron destruidas por la explotación ilegal. De acuerdo con Linares, de las 20 lagunas históricas de la región, actualmente sobreviven apenas dos. La pérdida forestal también impacta directamente en la crisis hídrica que vive el Estado de México. “No hay agua porque no hay árboles”, sentenció.

 

El corredor de Chichinautzin, fundamental para el abastecimiento hídrico del Valle de México, también enfrenta daños severos mientras las autoridades reaccionan tarde y de manera insuficiente.

 

Aunque recientemente se endurecieron las penas por tala clandestina, convirtiéndola en delito grave con sanciones que pueden superar los 100 años de prisión, la realidad demuestra que la impunidad continúa intacta. La diputada anunció que impulsa la creación de una fiscalía especializada en protección de bosques, ante la incapacidad de las instituciones actuales para contener el avance de los talamontes.

 

Y es ahí donde las críticas inevitablemente alcanzan a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a su titular, José Luis Cervantes Martínez. Porque mientras comunidades enteras viven bajo amenaza, los operativos siguen siendo aislados, tardíos y sin consecuencias reales contra las estructuras financieras y políticas detrás del negocio ilegal de la madera.

 

Cada enfrentamiento, cada bosque devastado y cada asesinato relacionado con este delito evidencian que la fiscalía no está actuando con la autonomía y firmeza que exige el cargo. La percepción ciudadana es clara: la procuración de justicia en el Estado de México continúa subordinada a intereses políticos.

 

Las críticas también alcanzan directamente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuya administración prometió combatir la corrupción y devolver la seguridad a la entidad, pero que enfrenta crecientes cuestionamientos por la persistencia de redes criminales enquistadas en distintos niveles del gobierno mexiquense.

 

Porque la tala clandestina no opera sola. Detrás existen redes de protección política, corrupción policial, complicidades municipales y estructuras económicas que durante años permitieron el saqueo forestal sin consecuencias. Y mientras eso no se ataque de raíz, los discursos oficiales seguirán siendo insuficientes frente a una realidad marcada por violencia, destrucción ambiental y control criminal de amplias regiones del Estado de México.

 

Lo ocurrido en Santa Martha, Ocuilan, donde comuneros terminaron enfrentándose armados contra presuntos talamontes, debería ser una señal de alarma para todo el gobierno estatal. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué más tiene que pasar para que las autoridades actúen de fondo y no únicamente cuando la violencia ya dejó muertos sobre el camino?

LA AUSTERIDAD DE DISCURSO Y LOS PRIVILEGIOS DE NÓMINA EN MORENA

 

*Entre discursos de “pobreza franciscana” y nóminas millonarias, alcaldes morenistas del Oriente mexiquense exhiben el verdadero rostro de la llamada austeridad republicana

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 19 de mayo de 2026.- La llamada “austeridad republicana” de Morena volvió a quedar exhibida como un simple discurso político, especialmente en municipios del Oriente del Estado de México, donde alcaldes morenistas cobran salarios que contrastan brutalmente con la pobreza, inseguridad y abandono que padecen millones de ciudadanos.

 

De acuerdo al portal IPOMEX que utilizan los gobiernos municipales para transparentar su gestión, publicando de manera obligatoria información sobre sueldos, presupuestos, contratos y trámites. Mismo que arroja datos que contrastan con el discurso de Morena, de purificar la vida pública y el combatir la corrupción.

 

El caso más indignante es el de Martha Guerrero Sánchez y su esposo Tranquilino Lagos Buenabad, quienes durante años han construido un discurso basado en la supuesta honestidad, la “transformación” y la austeridad, mientras en los hechos disfrutan de salarios privilegiados financiados con recursos públicos.

 

De acuerdo con los datos publicados en IPOMEX, la alcaldesa de La Paz reporta un ingreso bruto mensual de 104 mil 517 pesos, una cifra escandalosa para un municipio que apenas supera los 300 mil habitantes y que enfrenta graves problemas de inseguridad, servicios deficientes, calles destruidas y una evidente crisis de gobierno.

 

Pero el problema no es únicamente el monto. La contradicción es política y moral. Mientras Martha Guerrero y Tranquilino Lagos recorren medios y eventos presumiendo “finanzas sanas” y “austeridad republicana”, la realidad demuestra que el poder terminó convirtiéndose en privilegio personal.

 

La incongruencia llega al absurdo cuando en el propio registro oficial la alcaldesa aparece con la denominación de “Policía Tercero”, aunque adscrita al área de Presidencia Municipal. Un detalle que no solo refleja desorden administrativo, sino que exhibe la opacidad con la que muchos gobiernos municipales manejan la información pública.

 

En Morena repiten constantemente que “primero los pobres”, pero en municipios como La Paz parece que primero están los altos salarios de la clase política. Porque mientras miles de familias apenas sobreviven con ingresos mínimos, sus gobernantes se asignan percepciones que la mayoría de ciudadanos jamás alcanzará en toda su vida laboral.

 

La situación se repite en otros municipios gobernados por Morena. Azucena Cisneros Coss aparece con un salario bruto mensual de más de 120 mil pesos; Adolfo Cerqueda Rebollo supera los 100 mil pesos; Nazario Gutiérrez Martínez ronda los 97 mil; y Abigail Sánchez Martínez reporta casi 94 mil pesos mensuales.

 

La pregunta es inevitable: ¿dónde quedó la austeridad que Morena prometió como bandera ética y política?

 

Porque si algo ha quedado claro es que la narrativa de la “transformación” se ha convertido en una herramienta propagandística mientras los gobiernos municipales mantienen estructuras burocráticas costosas, salarios elevados y administraciones que siguen sin resolver los problemas básicos de la población.

 

Incluso el caso de Xóchitl Flores Jiménez, quien reporta el sueldo más bajo entre los municipios revisados, evidencia la enorme disparidad salarial existente dentro de gobiernos emanados del mismo partido.

 

En total, los salarios brutos mensuales de estos alcaldes morenistas superan los 810 mil pesos, lo que representa más de 9.6 millones de pesos al año. Dinero público que termina financiando una clase política que llegó al poder prometiendo exactamente lo contrario.

 

Y mientras eso ocurre, las calles siguen inseguras, los servicios públicos colapsan, el agua escasea, el transporte es deficiente y la ciudadanía continúa esperando resultados reales.

 

Morena llegó al poder criticando los excesos del pasado. Hoy, muchos de sus gobiernos parecen haber aprendido demasiado rápido las viejas mañas del sistema que juraron combatir.

TRANQUILINO LAGOS: EL OPERADOR QUE HOY PRETENDE BORRAR SU PROPIO PASADO POLÍTICO EN LOS REYES LA PAZ

 

*Mientras acusa al viejo PRI de corrupción y nexos criminales, el esposo de la alcaldesa Martha Guerrero carga con señalamientos de pactos políticos, control de poder y presuntos vínculos con grupos delictivos en Los Reyes La Paz

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 19 de mayo de 2026.- La columna publicada por Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa morenista Martha Guerrero, más que un ejercicio de memoria política, parece un desesperado intento por reescribir la historia de Los Reyes La Paz y colocarse del lado de los “transformadores”, cuando durante décadas formó parte del mismo sistema que hoy dice combatir.

 

En su texto, Lagos Buenabad se lanza contra los gobiernos del viejo PRI, acusándolos de corrupción, saqueo, complicidad con grupos criminales, obras fantasmas, despojos y utilización del poder para enriquecerse. Sin embargo, lo que omite deliberadamente es que él mismo fue parte activa de ese entramado político durante años y que su grupo participó directamente en las administraciones municipales que hoy pretende condenar.

 

Tranquilino habla como si hubiera sido un observador ajeno, como si hubiera vivido exiliado del poder, cuando la realidad política de La Paz demuestra exactamente lo contrario: entre el año 2000 y 2024 no gobernó únicamente el PRI. Durante al menos nueve años, el grupo político al que pertenece Lagos Buenabad tuvo participación directa en el manejo del municipio, colocando funcionarios, operadores y representantes populares dentro de distintas administraciones.

 

La incongruencia es todavía mayor cuando en su columna escribe: “Nosotros gobernamos con vocación de justicia social”. La frase no pasó desapercibida entre ciudadanos y actores políticos locales, porque deja abierta una pregunta inevitable: ¿quién gobierna realmente en Los Reyes La Paz? Porque la ciudadanía votó por Martha Guerrero, no por su esposo. Sin embargo, el lenguaje utilizado por Lagos Buenabad refleja la percepción cada vez más extendida de que detrás del gobierno municipal existe un poder paralelo encabezado por él mismo.

 

Pero, además, la memoria selectiva del morenista deja fuera episodios fundamentales de su propia trayectoria.

 

Se le olvida, por ejemplo, que Martha Guerrero fue regidora y el director del OPDAPAS durante el gobierno perredista de Agustín Corona entre 2006 y 2009. Se le olvida que su grupo político colocó regidores y operadores prácticamente en todas las administraciones municipales, independientemente del partido que gobernara. Se le olvida todos los millones que despilfarro cuando fue candidato del PRD a la alcaldía de La Paz y perdió la elección porque la ciudadanía lo repudia.

 

También pretende ignorar su cercanía política con la morenista Olga Medina, quien en su momento colocó una enorme manta en la fachada del palacio municipal acusando directamente a Lagos Buenabad y a su esposa de estar al servicio del PRI controlado entonces por el expresidente municipal Rolando Castellanos.

 

La historia política de Tranquilino Lagos no es la de un opositor al sistema; es la historia de un operador que transitó cómodamente entre distintos grupos de poder, adaptándose a cada circunstancia y conservando cuotas políticas sin importar los colores partidistas.

 

Y hay un tema aún más delicado que en su columna evita cuidadosamente tocar: las acusaciones sobre presuntos acuerdos con grupos criminales que operan en la región.

 

Diversos señalamientos locales lo vinculan políticamente con Héctor Becerril, identificado como líder del grupo criminal “Sindicato 22 de Octubre”. Acusaciones que, lejos de disiparse, han crecido en medio de la ola de violencia que actualmente sacude a Los Reyes La Paz y que ha dejado decenas de asesinatos en apenas unos meses.

 

Si realmente, como afirma en su texto, su gobierno representa un rompimiento con las viejas prácticas del PRI, entonces la exigencia ciudadana es simple: que él y Martha Guerrero se deslinden públicamente de cualquier relación o acuerdo con grupos criminales. Principalmente con el “Sindicato 22 de Octubre”, pero, el silencio, en este contexto, solo alimenta las sospechas.

 

Porque mientras Lagos Buenabad presume alumbrado, senderos seguros y limpieza de camellones, la realidad cotidiana de muchas colonias sigue marcada por ejecuciones, extorsiones, cobro de piso, desapariciones y una creciente disputa territorial entre organizaciones criminales.

 

Hablar de “transformación” en medio de una guerra sangrienta resulta, para muchos habitantes, una burla.

 

Y como si el pasado no pesara lo suficiente, existe un episodio que vuelve todavía más incómoda su narrativa actual: el atentado que sufrió el 5 de noviembre de 2008, cuando era director del OPDAPAS.

 

Aquella tarde, tres sicarios intentaron asesinarlo frente a su domicilio en la colonia Ejidal El Pino. Lagos Buenabad sobrevivió con heridas en el hombro izquierdo. Sin embargo, de acuerdo con versiones surgidas entonces desde la Procuraduría mexiquense, la agresión habría estado relacionada con presuntos incumplimientos de acuerdos pactados con un grupo criminal. El caso nunca fue esclarecido públicamente y el propio Lagos Buenabad evitó profundizar en el tema.

 

Por eso resulta contradictorio que hoy pretenda presentarse como víctima del viejo régimen, cuando su trayectoria política está llena de episodios oscuros, alianzas cuestionadas y participación directa en las estructuras de poder que ahora condena.

 

La Paz no necesita discursos de superioridad moral ni columnas redactadas desde la conveniencia política. Necesita respuestas claras sobre la violencia, el control territorial del crimen y el verdadero papel que juegan quienes hoy gobiernan el municipio.

 

Porque al final, el problema no es solamente la memoria selectiva de Tranquilino Lagos Buenabad.

 

El problema es que los ciudadanos comienzan a concluir que, detrás del discurso de Morena, siguen operando las mismas prácticas, los mismos grupos y los mismos intereses que durante años hundieron a Los Reyes La Paz.