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MUZO PRESUME CIFRAS, PERO EN LA CALLE PERSISTE LA EXTORSIÓN Y EL MIEDO EN EL ORIENTE MEXIQUENSE

*La reducción de algunos delitos no basta para hablar de una región segura; comerciantes y ciudadanos denuncian que la violencia cambió de rostro mientras la extorsión sigue siendo uno de los principales problemas

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 7 de agosto de 2026.- Quinientos días después de la puesta en marcha del llamado Mando Unificado de la Zona Oriente (MUZO), el gobierno federal y el Estado de México presentan un balance optimista sustentado en estadísticas oficiales que hablan de una reducción de 36 por ciento en los homicidios dolosos y de 53 por ciento en el robo de vehículos. Sin embargo, fuera de los informes institucionales, la percepción de miles de habitantes de la zona oriente dista de ser la de una región pacificada.

 

En municipios como Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Ciudad Nezahualcóyotl, Ecatepec, San Vicente Chicoloapan y Chalco, es innegable que algunos indicadores delictivos muestran una tendencia descendente. La pregunta es si esa disminución refleja una recuperación del Estado de derecho o simplemente es una transformación en la forma en que opera la delincuencia.

 

Para numerosos comerciantes y empresarios, el problema ya no es únicamente el robo de vehículos o la violencia visible, sino la extorsión permanente. Cuando el llamado "derecho de piso" se normaliza y las víctimas dejan de denunciar por miedo a represalias, determinados delitos pueden disminuir en las estadísticas sin que ello implique una mejora real en las condiciones de seguridad.

 

Desde esta perspectiva, el desafío no consiste únicamente en contar menos homicidios o menos robos de automóviles, sino en garantizar que las personas puedan desarrollar sus actividades económicas sin pagar cuotas ilegales y sin vivir bajo amenazas. Mientras ese fenómeno continúe, resulta difícil sostener que la seguridad se encuentra plenamente recuperada.

 

El propio boletín oficial reconoce que la extorsión sigue siendo uno de los delitos que requieren fortalecimiento en las labores de investigación. Ese reconocimiento resulta relevante porque, precisamente, la extorsión es señalada desde hace años como uno de los principales mecanismos de control criminal en diversas regiones del Estado de México.

 

Otro aspecto que permanece sin respuesta es la situación de las policías municipales. En numerosos ayuntamientos, los elementos perciben salarios cercanos a los ocho mil pesos mensuales. Ese nivel de ingresos abre un debate legítimo sobre las condiciones laborales, la profesionalización policial y la capacidad de las corporaciones para resistir los intentos de corrupción por parte de organizaciones criminales.

 

Sin duda los bajos salarios son una de las principales causas de la existencia de policías que colaboren con grupos delictivos, esto obliga a investigar si las condiciones institucionales favorecen o dificultan la integridad de los cuerpos de seguridad.

 

Además, Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad en el Edomex es señalado por haber estado al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre 2018 y 2023, por lo que vivió dos “Culiacanazos”.

 

El teniente coronel Castañeda Camarillo, ha estado señalado de tener nexos con el Cártel de Sinaloa y ahora es el encargado de brindar protección a las y los mexiquenses. Castañeda históricamente ha sido señalado de trabajar para el Cártel de Sinaloa durante su cargo como titular de la SSP de Sinaloa. Lo que sin duda genera muchas dudas sobre el combate a la delincuencia y la disminución de delitos de alto impacto en la entidad mexiquense.

 

Las cifras oficiales pueden representar un avance en determinados rubros, pero la experiencia cotidiana de la población continúa marcada por el miedo, el cobro de extorsiones y la desconfianza hacia las instituciones. En ese contexto, los números, por sí solos, difícilmente bastan para convencer a quienes todos los días enfrentan una realidad distinta.

 

Más allá de los porcentajes presentados por el MUZO, la verdadera prueba del éxito de cualquier estrategia de seguridad será que los comerciantes puedan trabajar sin pagar cuotas ilegales, que los ciudadanos denuncien sin temor y que el Estado recupere plenamente el control del territorio mediante instituciones fuertes, transparentes y sujetas a la ley. Hasta que esos objetivos se materialicen, el debate sobre la eficacia del modelo seguirá abierto y las estadísticas oficiales continuarán siendo motivo de contraste con la percepción y la experiencia de una parte de la ciudadanía.