BLACK HAWK: UN HELICÓPTERO QUE VUELA ENTRE
LA OPACIDAD Y EL ESCÁNDALO
*El Black Hawk de Delfina Gómez acumula dudas sobre su costo,
origen de los recursos, matrícula, pilotos y adquisición; el gobierno
mexiquense guarda silencio mientras crecen las sospechas de opacidad
Por: EXPEDIENTE SECRETO
El pasado 22 de junio, la gobernadora, el secretario general
de gobierno Horacio Duarte, el secretario de Seguridad Cristóbal Castañeda
Camarillo y otros funcionrios presentaron el Sikorsky UH-60 como una nueva
herramienta para combatir al crimen. El costo anunciado fue de 170 millones de
pesos.
Pero fuentes internas de la Secretaría de Seguridad, que
pidieron anonimato, aseguran que el costo real habría sido cercano a 190
millones de pesos ¿Dónde están los 20 millones de diferencia?
La pregunta es todavía más incómoda porque el 26 de mayo, La
Revista Expediente Secreto ya había revelado que dentro del propio gobierno
estatal existían dudas sobre una aeronave que presuntamente había sido
adquirida desde enero de este año y que no aparecía por ningún lado: no había
evidencia pública de su entrega, ubicación u operación, aunque incluso se
hablaba de pagos relacionados con su resguardo. Después apareció el
helicóptero. Y con él, nuevas dudas.
De acuerdo con fuentes de la dependencia, el gobierno
mexiquense no cuenta con pilotos para operar esta aeronave, por lo que dos días
antes de su presentación habría sido tripulada durante vuelos en Toluca por dos
pilotos estadounidenses.
Si es así, las autoridades tienen que explicar quién los
contrató, quién les pagó y bajo qué autorización realizaron esas operaciones. Pero
el asunto no termina ahí.
También existen señalamientos de que no hay claridad
documental sobre quién pagó la aeronave ni sobre el origen de los recursos
utilizados para adquirirla. Las fuentes sostienen que un empresario cercano a
Castañeda Camarillo habría intervenido como intermediario.
Hasta ahora, esta versión no ha sido acreditada públicamente.
Precisamente por eso, el gobierno debería demostrar con documentos que no
existe ninguna irregularidad.
Y hay otro dato todavía más delicado: las mismas fuentes
aseguran que el Black Hawk no cuenta con matrícula.
Si una aeronave destinada a tareas de seguridad pública
realmente carece de una identificación aeronáutica regular, la pregunta es
brutalmente sencilla:
¿Qué está haciendo en el cielo del Estado de México? Aquí no
sirven los discursos de combate al crimen ni las fotografías oficiales.
Una operación de casi 190 millones de pesos debe tener
contratos, facturas, comprobantes de pago, procedimiento de adquisición,
proveedor, intermediarios, registro, matrícula, permisos, pilotos y
responsables perfectamente identificados. Todo debe estar en los expedientes.
Por eso, Delfina Gómez y Cristóbal Castañeda tienen una
obligación política y administrativa: mostrar los documentos y despejar todas
las dudas.
Porque si los 170 millones anunciados son reales, deben
demostrarlo. Si costó casi 190 millones de pesos, deben explicar la diferencia.
Si hubo un intermediario, deben identificarlo. Si existieron, o existen pilotos
extranjeros, deben transparentar su contratación. Si tiene matrícula, deben
mostrarla.
Y si todo está legalmente en regla, ¿por qué tanta opacidad? El
problema ya no es el helicóptero. El problema es lo que parece estar
ocultándose detrás de él.
Un gobierno que presume combatir a quienes operan en la
oscuridad no puede permitir que una adquisición multimillonaria de su propia
administración vuele envuelta en sombras.
El Black Hawk necesita algo más que combustible para despegar:
necesita transparencia para no convertirse en otro escándalo de la
administración de Delfina Gómez.
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