GENERAL MÉRIDA SALE DE PRISIÓN EN EU Y CRECE LA ALARMA
POR SU POSIBLE COOPERACIÓN
*General Mérida “salió” de prisión en Estados Unidos y negocia
con fiscales, su testimonio podría hundir a Rocha Moya y a la elite de Morena
Por: EXPEDIENTE SECRETO
Su nombre desapareció de los registros ordinarios del Buró
Federal de Prisiones justo después de que la audiencia que estaba prevista para
el 4 de agosto fuera retirada del calendario judicial y quedara sin nueva
fecha. La Corte del Distrito Sur de Nueva York confirmó que la diligencia no se
realizaría, pero tampoco explicó públicamente cuándo volvería a celebrarse.
La combinación de ambos movimientos —salida del centro
penitenciario y ausencia de una nueva audiencia— alimenta una hipótesis que,
aunque no ha sido confirmada oficialmente por el Departamento de Justicia
estadounidense, resulta difícil de ignorar: Mérida podría haber sido trasladado
a un esquema de custodia diferente mientras negocia su situación jurídica y su
eventual cooperación con los fiscales.
De hecho, desde mayo ya existían reportes de que el general
había sido aceptado como testigo cooperante y que había proporcionado
información inicial a las autoridades estadounidenses. EL UNIVERSAL reportó
entonces que una fuente del Departamento de Justicia confirmó esa condición,
aunque todavía estaba pendiente determinar si recibiría protección especial.
Por eso, lo ocurrido el 11 de agosto no necesariamente
significa que Mérida haya quedado libre. El escenario que cobra fuerza es otro:
que el hombre que alguna vez estuvo en las entrañas de la inteligencia militar
mexicana pueda estar siendo manejado bajo condiciones distintas a las de un reo
federal convencional.
Y ahí comienza el verdadero problema para México. Mérida no es
un funcionario cualquiera.
Es un general de división en retiro con formación
especializada en inteligencia militar, que llegó a ocupar posiciones de enorme
relevancia dentro del aparato castrense antes de convertirse en secretario de
Seguridad Pública de Sinaloa entre 2023 y 2024.
La acusación estadounidense, hasta ahora, está concentrada en
su actuación como funcionario civil. El Departamento de Justicia lo acusa de
conspiración para importar narcóticos, delitos relacionados con armas y de
haber recibido sobornos para brindar protección y filtrar información sobre
operativos de seguridad. La acusación formal incorpora a Mérida junto con otros
funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos el gobernador con
licencia Rubén Rocha Moya.
Pero su valor para los fiscales estadounidenses podría estar
precisamente en aquello que no aparece necesariamente en el pliego acusatorio: lo
que sabe por su trayectoria militar.
Porque un general formado en inteligencia no solamente conoce
nombres, expedientes o procedimientos. Conoce estructuras, protocolos,
mecanismos de obtención y análisis de información, cadenas de mando y formas de
coordinación entre instituciones.
Y si efectivamente está cooperando con Washington, la pregunta
ya no es solamente qué puede declarar sobre Sinaloa.
La pregunta es hasta dónde llega la información que posee.
Durante su carrera militar, Mérida estuvo relacionado con
áreas de inteligencia y posteriormente dirigió la Escuela Militar de
Inteligencia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Es decir, no únicamente
recibió formación en esa materia: también participó en la preparación de
personal encargado de obtener y procesar información estratégica.
Por eso, su eventual cooperación representa un riesgo político
e institucional mucho mayor que el de cualquier funcionario policial de menor
rango.
EL PROBLEMA PARA ROCHA MOYA
Para Rubén Rocha Moya y los demás señalados por Washington,
una eventual cooperación plena de Mérida podría modificar radicalmente el
escenario.
Hasta ahora, la acusación estadounidense se apoya en elementos
financieros, registros, comunicaciones y otros indicios que los fiscales
aseguran tener en abundancia. En la audiencia del 1 de junio, la jueza
Katherine Polk Failla incluso señaló que la evidencia contra Mérida era
abundante.
Pero un testigo con conocimiento directo de las estructuras de
seguridad puede aportar algo diferente: la reconstrucción de decisiones,
reuniones, instrucciones y cadenas de mando desde dentro.
No es lo mismo presentar una transferencia bancaria que tener
a un funcionario explicando quién pidió determinada información, quién ordenó
determinado operativo o quién sabía de determinada protección.
Eso es precisamente lo que convierte a un eventual cooperante
de este perfil en una pieza potencialmente devastadora.
LA ALERTA PARA PALACIO NACIONAL
El problema tampoco termina en Sinaloa. Si Mérida está
colaborando con las autoridades estadounidenses, el gobierno federal mexicano
tendría que preguntarse qué información institucional puede estar aportando un
general que conoció desde dentro los mecanismos de inteligencia y seguridad del
Estado.
No se trata de afirmar que Mérida vaya a revelar secretos
militares ni de dar por hecho que exista información comprometedora sobre otros
mandos. No hay confirmación pública de algo semejante.
Pero sería ingenuo minimizar el valor estratégico que puede tener
para una fiscalía extranjera el testimonio de un militar de alto rango con años
de experiencia en inteligencia.
La salida de Mérida del penal de Brooklyn, por tanto, no debe
interpretarse como el final del caso.
Puede ser exactamente lo contrario. Puede significar que el
caso entró en una etapa mucho más reservada.
Y mientras en México se discute si las acusaciones
estadounidenses contra funcionarios sinaloenses tienen motivaciones políticas,
en Nueva York el expediente continúa avanzando. La propia jueza ya había
advertido que existen numerosos acusados y que los casos podían avanzar “en
olas”.
Washington ya demostró que puede llevar ante sus tribunales a
funcionarios mexicanos acusados de colaborar con organizaciones criminales sin
esperar a que México los procese primero.
Ahora podría estar demostrando algo todavía más incómodo: que
un general mexicano formado en inteligencia puede convertirse en una de las
piezas más valiosas de una investigación estadounidense contra una estructura
política y de seguridad.
Si Mérida solamente está negociando una reducción de condena,
el golpe será judicial.
Pero si su cooperación es amplia y alcanza información
institucional obtenida durante décadas de servicio militar, el problema para
México dejará de ser exclusivamente el expediente penal de un exsecretario de
Seguridad de Sinaloa y se convertirá en una crisis de confianza sobre qué
información estratégica del Estado mexicano está hoy en manos de Washington.
Y esa es la pregunta que, hasta ahora, nadie en Palacio Nacional
parece responder públicamente.
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