EL COBRO DE PISO COBRA UNA VIDA DE 10 AÑOS: ERANDI DAYLIN,
VÍCTIMA DEL TERROR EN LA PAZ
*Sicarios atacan a balazos una unidad de la Ruta 69; matan a
una niña y dejan a sus padres gravemente heridos. Transportistas acusan a “Los
Vallarta” de imponer extorsiones y advierten que volverán a paralizar las
carreteras del oriente si no hay detenidos
Por: EXPEDIENTE SECRETO
LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 11 de agosto de 2026.- El cobro de piso dejó de ser una amenaza telefónica, una cuota clandestina o una extorsión más para convertirse en una sentencia de muerte. Esta vez la víctima fue una niña de apenas 10 años de edad.
Se llamaba Erandi Daylin y el pasado domingo, alrededor de las
seis de la mañana, acompañaba a su padre a trabajar cuando sicarios que
viajaban en motocicleta atacaron a balazos, de manera directa, una unidad de la
Ruta 69, en la base ubicada en el cruce de las avenidas Pantitlán y Texcoco, en
Los Reyes La Paz.
Dentro de la cabina principal de la vagoneta viajaban el
conductor, su esposa —quien trabajaba como checadora de las unidades— y la
pequeña Erandi Daylin.
Los primeros reportes señalan que el ataque habría ocurrido
después de que el conductor se negara a continuar pagando las extorsiones
exigidas por grupos delictivos que operan en la zona.
Los agresores dispararon de frente contra la unidad. Las balas
alcanzaron a la niña.
Erandi fue trasladada para recibir atención médica, pero las
heridas fueron mortales. La menor murió víctima de un ataque que, de acuerdo
con los propios transportistas, estaría relacionado con el cobro de piso que
desde hace años padecen.
Su padre recibió impactos de bala en la cabeza y la espalda y
permanece en estado grave, con riesgo para su vida. Su madre resultó herida en
los brazos.
Una familia destrozada. Una niña asesinada. Y detrás de la
tragedia, la denuncia de un gremio que asegura llevar años viviendo bajo el
régimen de la extorsión.
“LOS VALLARTA”, SEÑALADOS POR LOS TRANSPORTISTAS
Operadores de la Ruta 69 sostienen que el ataque fue ordenado
por un grupo delictivo autodenominado “Los Vallarta”, al que responsabilizan de
exigir cuotas a los trabajadores del transporte.
Según los propios transportistas, las extorsiones no son
nuevas y forman parte de una estructura que ha convertido el miedo en una forma
cotidiana de operación.
Las cuotas, denunciaron, oscilan entre 100 y 150 pesos diarios
por unidad. Pero quienes se niegan a pagar, aseguran, enfrentan consecuencias
mucho más graves.
El gremio afirma que durante este periodo 20 unidades de
pasajeros han sido incendiadas y tres choferes han sido asesinados, además del
homicidio de quien fuera su anterior presidente, ocurrido el año pasado.
Es decir, para los transportistas de la Ruta 69, el cobro de
piso no es una percepción ni un rumor: es una amenaza que, aseguran, lleva años
cobrando vidas y destruyendo su patrimonio. Y ahora cobró la vida de una niña.
CINCO HORAS DE CAOS: EL GRITO DE LOS TRANSPORTISTAS
La muerte de Erandi Daylin provocó una reacción inmediata. Durante
las primeras horas del lunes 10 de agosto, cientos de transportistas salieron a
las calles y bloquearon las principales vías de comunicación del oriente
mexiquense.
La protesta alcanzó la carretera federal México-Texcoco, donde
fue cerrada completamente la circulación en ambos sentidos a la altura de la
zona de bancos de Los Reyes La Paz.
También fue bloqueada la autopista México-Puebla, cerca de
Santa Martha Acatitla.
Durante más de cinco horas, una parte importante de la
movilidad de la zona oriente quedó prácticamente paralizada.
Kilómetros de vehículos, conductores atrapados y un caos vial
que evidenció, una vez más, la fragilidad de la seguridad y la movilidad en una
de las regiones más pobladas del Estado de México.
Pero el mensaje de los transportistas no fue solamente contra
la extorsión. También fue directamente contra las autoridades municipales.
“LA POLICÍA SÓLO SIRVE PARA LAS REDES SOCIALES”
Los manifestantes acusaron públicamente a la Policía Municipal
de Los Reyes La Paz de mostrar una “absoluta incapacidad” para combatir a los
grupos criminales que operan en el municipio.
Los transportistas cuestionaron que los patrullajes y
operativos sean utilizados para difundir en redes sociales detenciones de
presuntos sospechosos, mientras —afirmaron— los puntos donde realmente operan
los extorsionadores y narcomenudistas y asesinos permanecen prácticamente sin
vigilancia.
La pregunta que queda en el aire es brutalmente sencilla: ¿De
qué sirven las fotografías de detenidos si los extorsionadores continúan
cobrando piso y una niña de 10 años termina muerta dentro de una unidad de
transporte?
La protesta solamente fue levantada de manera temporal después
de que se iniciaran carpetas de investigación ante la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México (FGJEM). Pero el conflicto está lejos de
terminar.
Los transportistas lanzaron un ultimátum: si las autoridades
no esclarecen el asesinato de Erandi Daylin, detienen a los responsables y
frenan el cobro de piso, volverán a las calles y amenazan con realizar bloqueos
permanentes en las tres principales carreteras de la zona oriente.
LA PAZ: ENTRE EL DISCURSO OFICIAL Y LA REALIDAD
Mientras en los discursos oficiales se insiste en que los
delitos de alto impacto van a la baja, en las calles de Los Reyes La Paz la
percepción de los ciudadanos parece contar una historia completamente
diferente.
Homicidios dolosos, ejecuciones, extorsiones, robo con
violencia, narcomenudeo y ataques armados forman parte de las denuncias que
cotidianamente se escuchan en distintos sectores del municipio.
La alcaldesa Martha Guerrero Sánchez ha sostenido que los
delitos de alto impacto presentan una tendencia descendente.
Pero el asesinato de una niña de 10 años, ocurrido en una
unidad de transporte público, vuelve a colocar esa narrativa oficial frente a
una realidad que difícilmente puede maquillarse con estadísticas.
Porque una estadística puede decir que un delito bajó. Una
familia sabe que Erandi murió. Y los transportistas saben cuánto les cuesta
trabajar bajo amenaza.
EL PODER DETRÁS DEL PODER
En medio de este escenario también aparecen señalamientos
políticos que el gobierno municipal tendría que aclarar.
De acuerdo con acusaciones realizadas por integrantes del
propio entorno morenista, Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa
Martha Guerrero, tendría una influencia determinante en las decisiones del
gobierno municipal.
Asimismo, existen señalamientos —que deberán ser investigados
y acreditados por las autoridades competentes— sobre presuntos acuerdos con el
grupo criminal que durante años ha sido identificado en la zona como “Sindicato
22 de Octubre”, actualmente denominado Federación Unida 22 de Octubre.
El punto central no es solamente político. Es criminal. Si
existen acuerdos, pactos, tolerancia o cualquier tipo de entendimiento entre
funcionarios públicos y grupos dedicados a la extorsión, deben ser investigados
y, en su caso, sancionados.
Porque un gobierno que permite que un grupo cobre cuotas a los
trabajadores deja de ser simplemente un gobierno ineficiente. Se convierte en
un gobierno rebasado.
Y cuando ese cobro de piso termina con una niña asesinada, la
responsabilidad política adquiere otra dimensión.
EL “ÉXITO” QUE NO SE VE EN LAS CALLES
Desde el gobierno del Estado de México también se ha insistido
en que los homicidios presentan una tendencia descendente.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha difundido avances en materia
de seguridad.
Sin embargo, el problema aparece cuando las estadísticas
oficiales chocan con lo que sucede en municipios donde, según denuncias de
ciudadanos, transportistas, comerciantes y empresarios, el miedo se ha
convertido en mecanismo de supervivencia.
En algunas zonas, la gente no denuncia. No porque el delito no
exista. No denuncia porque tiene miedo.
Paga. Se calla. Cierra su negocio. Cambia de ruta. Deja de
trabajar de noche. Y aprende a convivir con el delincuente porque siente que la
autoridad no puede o no quiere protegerla.
Ese fenómeno puede producir una aparente disminución de las
denuncias, pero no necesariamente significa que haya desaparecido el delito.
Puede significar algo mucho más grave: que la ciudadanía dejó
de confiar en las instituciones. Y mientras las autoridades hablan de reducción
de homicidios, en las calles del oriente mexiquense los transportistas hablan
de cuotas, amenazas, unidades incendiadas y compañeros asesinados. Ahora hablan
de una niña muerta.
ERANDI NO DEBIÓ MORIR
La tragedia de Erandi Daylin vuelve a colocar a Los Reyes La
Paz frente a una realidad que ningún comunicado oficial puede esconder. Una
menor de 10 años salió de casa para acompañar a su padre a trabajar.
No regresó. Su padre permanece gravemente herido. Su madre
también resultó lesionada. Y cientos de trabajadores del transporte tuvieron
que tomar las carreteras para exigir algo que debería ser elemental en
cualquier sociedad: el derecho a trabajar sin pagarle tributo a la delincuencia
y regresar vivos a casa.
Ahora corresponde a la FGJEM determinar quién disparó, quién
ordenó el ataque, quién financia las extorsiones y quiénes dentro del gobierno local
forman parte de la estructura criminal señalada por los transportistas.
Pero también corresponde a las autoridades municipales y estatales
responder una pregunta que ya no puede ser evadida:
¿Quién protege a los trabajadores de Los Reyes La Paz cuando
quienes deberían protegerlos parecen incapaces de hacerlo?
Porque si la respuesta es que los ciudadanos deben bloquear
carreteras para ser escuchados, entonces el problema ya no es únicamente la
inseguridad. Es el fracaso de la autoridad.
Y si después del asesinato de una niña de 10 años los
extorsionadores siguen cobrando piso, entonces el mensaje para los delincuentes
será devastadoramente claro:
en Los Reyes La Paz, la ley puede tener uniforme, oficina y
presupuesto, pero el miedo sigue teniendo dueño.
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