DEL COBRO DE PISO A “REPARTIR MOCHILAS”: EL CINISMO DE “EL PERRO”
*Entre señalamientos de extorsión, presuntos vínculos con
grupos delictivos y cercanía con Morena en Chicoloapan, “El Perro” busca ahora
construir una imagen de benefactor repartiendo mochilas en colonias marginadas
Por: EXPEDIENTE SECRETO
La escena resulta, cuando menos, políticamente incómoda. El
personaje señalado por comerciantes por presuntamente exigirles dinero de
manera violenta aparece ahora convertido en benefactor social, repartiendo
apoyos entre familias de bajos recursos.
“El Perro” es identificado por comerciantes fijos y semifijos
de Chicoloapan como presunto dirigente de un grupo delictivo denimnado “Los Talibanes”
al que atribuyen el cobro del llamado “derecho de piso”. Se trata de
acusaciones graves que deberían ser investigadas por las autoridades
correspondientes y no simplemente ignoradas por las instituciones políticas.
Pero el asunto adquiere todavía mayor relevancia por su
cercanía con la estructura política de Morena en Chicoloapan.
Reinaldo Ruiz Castaneyra es padre de Edgar Ruiz Aguilar, quien
ocupa la primera regiduría del Ayuntamiento de San Vicente Chicoloapan. Además,
padre e hijo han sido vistos públicamente junto al presidente municipal
morenista Javier Mendoza Vázquez, participando en actos políticos y lanzando
consignas relacionadas con la defensa de la soberanía.
Aquí aparece una contradicción que Morena tendría que explicar
con absoluta claridad: ¿Dónde termina la política y dónde comienza la
tolerancia hacia personajes señalados por actividades criminales?
Porque no basta con hablar de “el pueblo”, de soberanía o de
transformación mientras, en los municipios, personajes cuestionados adquieren
espacios de influencia política y construyen estructuras sociales.
LA FACHADA DE LA “AYUDA SOCIAL”
La entrega de mochilas no puede analizarse de manera aislada. Históricamente,
diversos grupos criminales han recurrido a la creación de organizaciones
sociales, sindicales o de comerciantes para construir una imagen de cercanía
con las comunidades, ganar simpatías y generar una base social que
posteriormente pueda servir como escudo político.
En este caso, “El Perro” encabeza la denominada Confederación
de Agricultores y Comerciantes Fijos y Ambulantes de la República Mexicana
(CACFARMEX), desde donde ha buscado proyectarse como dirigente social.
El problema es que una organización social no puede
convertirse en patente de impunidad ni en mecanismo para lavar políticamente la
imagen de quienes son señalados por actividades delictivas.
EL EXPEDIENTE DE OTROS PERSONAJES DEBERÍA SERVIR COMO
ADVERTENCIA
Años antes de su detención, EXPEDIENTE SECRETO señaló a Christian
Jesús Castillo Grimaldo, “El Jimmy”, entonces identificado públicamente como
líder sindical y exregidor de Chalco, por sus presuntos vínculos con el
denominado Sindicato 22 de Octubre y con actividades de extorsión y despojo.
“El Jimmy” también sabía construir una imagen social: entregaba
juguetes durante el Día de Reyes y el Día del Niño, repartía despensas en
colonias marginadas y tenía cientos de seguidores.
Con el tiempo, aquella imagen de supuesto benefactor terminó
contrastando brutalmente con las acusaciones y el proceso penal que enfrenta.
El mensaje es sencillo: repartir juguetes, despensas o
mochilas no convierte a nadie en honorable.
“EL PERRO”, ENTRE LA POLÍTICA Y LOS SEÑALAMIENTOS
Lo verdaderamente preocupante es que Morena anunció que rumbo
a las elecciones de 2027 establecería filtros para evitar que personas con
antecedentes cuestionables llegaran a las candidaturas.
Sin embargo, en Chicoloapan ya existe un caso que obliga al
partido a explicar qué filtros funcionaron y cuáles no.
Edgar Ruiz Aguilar ya ocupa una regiduría. Y su padre,
Reinaldo Ruiz Castaneyra, aparece públicamente en actos políticos al lado de
funcionarios emanados de Morena.
Mientras tanto, comerciantes sostienen presuntos señalamientos
de extorsión contra el grupo que encabeza.
Las acusaciones incluso apuntan a sujetos conocidos como “Los
Pelones”, a quienes se atribuye el cobro cotidiano del llamado derecho de piso.
Si esas acusaciones son falsas, que la Fiscalía las investigue
y las descarte. Pero si son ciertas, entonces la pregunta resulta todavía más
grave:
¿Cómo es posible que un personaje señalado por comerciantes
pueda tener presencia política, construir una estructura social y aparecer
públicamente al lado de funcionarios municipales?
¿Y EL CASO DE JUANA?
También está pendiente una investigación profunda sobre el
homicidio de Juana, dirigente del tianguis instalado en el kilómetro 27 de la
carretera federal México-Texcoco.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México debería
esclarecer quién ordenó y quién ejecutó ese crimen y, en su caso, investigar
cualquier relación que pudiera existir entre ese homicidio y quienes tenían
intereses dentro de la zona comercial.
De la misma manera, deberían revisarse las versiones que han
circulado respecto de la supuesta relación de Reinaldo Ruiz Castaneyra con la
extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), así como el origen y
utilización de una camioneta que, según dichos y versiones difundidas, habría
pertenecido a esa corporación y todo el tiempo era conducida por “El Perro”.
Porque cuando existen señalamientos reiterados, presencia
política, organizaciones sociales, grupos de comerciantes y acusaciones de
extorsión, lo mínimo que debe existir es una investigación seria, independiente
y transparente.
MORENA TIENE QUE ESCOGER
Morena no puede pretender que el discurso de “primero el
pueblo”, “primero Los pobres” y “la defensa de la soberanía” sea compatible con
la presencia política de personajes sobre los que pesan señalamientos tan
graves.
La defensa de la soberanía no se demuestra solamente
marchando, gritando consignas o levantando banderas. También se demuestra
combatiendo la extorsión. Se demuestra protegiendo a los comerciantes. Se
demuestra evitando que grupos criminales construyan bases sociales.
Y, sobre todo, impidiendo que el dinero, la intimidación o las
estructuras de organizaciones sociales terminen convirtiéndose en pasaportes
para acceder al poder político.
Por eso, Morena tiene una pregunta que responder antes de
llegar a 2027: ¿Su compromiso está realmente con el pueblo o está dispuesto a
convivir políticamente con quienes son señalados por vínculos con estructuras
de extorsión?
Porque una mochila puede aliviar temporalmente la economía de
una familia.
Pero ninguna mochila borra los señalamientos de extorsión,
ninguna despensa limpia un expediente y ningún acto político convierte
automáticamente a un personaje cuestionado en representante legítimo del
pueblo.
La Fiscalía debe investigar. Morena debe explicar. Y los
ciudadanos tienen derecho a saber quiénes están buscando convertir la necesidad
de las comunidades en una plataforma de poder.
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